Sentencia N.º 163
- Sentencia
- N.º 163
- Fecha
- 09/03/2004
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 01-293
- Ponente
- Nora Vásquez de Escobar
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN SOCIAL
SALA ESPECIAL AGRARIA
Ponencia de la Conjueza NORA VÁSQUEZ DE ESCOBAR
En el juicio que por cobro de bolívares por concepto de honorarios profesionales sigue la ciudadana XIOMARA DELMAR TRUJILLO GIL asistida en este Alto Tribunal por el abogado Francisco Nicolosi, contra el ciudadano JESÚS ALBERTO YÁNEZ representado judicialmente por los abogados César Igor Brito DApollo y Julio César Zambrano Contreras; el Juzgado Superior Tercero Agrario por decisión de fecha 5 de abril de 2001, ordenó la reposición de la causa al estado de evacuar nuevamente la Experticia Complementaria del Fallo (sic).
Contra el fallo emitido por la Alzada anunció recurso de casación la parte demandante, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. No hubo impugnación.
En fecha 17 de julio de 2003 se dio cuenta en Sala, y en virtud de la creación de la Sala Especial Agraria por mandato expreso del artículo 166 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se asigna el conocimiento de la presente causa al Conjuez designado como Ponente Permanente de la creada Sala Especial, de conformidad con el artículo 200 eiusdem. Quedando constituida ésta de la forma siguiente: Presidente: Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ, Vicepresidente: Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO y como Ponente el Conjuez Dr. FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ; siendo que éste último, por ausencia temporal, fue suplido por el Dr. REINALDO DE JESÚS AZUAJE, quien por renuncia, ha sido sustituido por la Dra. NORA VÁSQUEZ DE ESCOBAR, designada por los Magistrados de la Sala de Casación Social a los efectos de cubrir tal falta; por lo tanto el día 19 de enero de 2004 se aboca al conocimiento del presente asunto.
Así, recibido el expediente en la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, la Conjuez Ponente Permanente, pasa a decidir el presente recurso de casación, en los siguientes términos:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se acusa:
(...) el vicio de indefensión, igualdad y la violación al Orden Público Procesal en virtud de la infracción de los artículos 26, 49.1 Constitucional y violación del artículo 243.5 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 15 eiusdem, generando la nulidad de la sentencia por mandato del artículo 244 ibidem.
El Juez Ad quem violentó el derecho al debido proceso de la hoy peticionaria, por cuanto, a los efectos de la impugnación de la experticia y a pesar de haber sido advertido de ello, tomó como lapso el previsto en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil y dejó de aplicar el 23 de la Ley Orgánica Tribunales y de Procedimientos Agrarios, norma ésta específica en materia de apelaciones agrarias, generando de esta forma una indefensión, desigualdad y violación al orden público, al otorgarle a la parte contraria una situación de privilegio, que le permitió entrar a conocer el fondo de la decisión de Primera Instancia, cuando ésta, por virtud de la falta de impugnación oportuna, quedó firme y el Juez a quo, no podía entrar a decidir, como lo decidió, ya que el lapso de impugnación había transcurrido(...).
Luego, el formalizante argumenta que la recurrida no hizo pronunciamiento expreso sobre la tempestividad de la impugnación que hiciera la parte demandada sobre la experticia complementaria del fallo, indicando:
(...) el juez ad quem, no declaró en forma expresa, positiva y precisa con arreglo a las pretensiones deducidas, relativa a la apelación que se intentara sobre la tempestividad de la impugnación, incurriendo de tal forma en violación del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil por la carencia en la decisión correspondiente, (...) el vicio aducido es de orden público, implicando una violación a la tutela judicial efectiva, que es garantía constitucional prevista entre otros, en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Para decidir, la Sala observa:
Bajo el contexto de un recurso por error in procedendo, la parte recurrente denuncia: la violación de normas constitucionales, la falta de aplicación de normativa adjetiva agraria, y la infracción de artículos contenidos en el Código de Procedimiento Civil Venezolano.
Con el fin de resolver el asunto planteado, esta Sala Especial Agraria debe señalar, en primer lugar, el criterio sostenido reiteradamente por la Sala de Casación Social para desestimar una denuncia similar a la que se examina -en lo tocante al quebrantamiento de normas constitucionales- en el cual se indica:
En cuanto a la denuncia de infracción del artículo 85 de la Constitución de la República de 1961, se le advierte al formalizante que no es posible para esta Sala de Casación Social revisar violaciones de normas de rango constitucional, por cuanto ello es competencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 266 ordinal primero de la Constitución publicada en 1999; y por cuanto sólo son objeto del recurso de casación aquellas normas que resulten directamente infringidas, es decir, las normas de naturaleza infraconstitucional, que resulten violadas de forma inmediata en el caso concreto (Sentencia de la Sala de Casación Social del 14 de junio de 2000).
Es por lo antes expuesto, que las acusadas infracciones de los artículos 26 y 49 en su numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, resultan improcedentes, por ser ello competencia de la Sala Constitucional de este Alto Tribunal. Así se decide.
Con respecto a que el ad quem dejó de aplicar el artículo 23 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos Agrarios, se observa que se pretende denunciar la falta de aplicación de la precitada norma, cuestión que ha debido ser acusada conforme a un recurso por infracción de ley y no dentro del recurso por defecto de forma que nos ocupa, dada la naturaleza del vicio indicado. En consecuencia, y al no cumplirse con una debida técnica casacional, este punto es improcedente. Así se declara.
En relación con la denuncia de indefensión, es propicia la oportunidad para evocar lo que por vía de jurisprudencia se ha señalado en torno a cuando ocurre el vicio de indefensión, menoscabo o violación del derecho a la defensa; y es así como se recuerda:
"La indefensión ocurre cuando alguna conducta del Juez le impida a las partes la utilización efectiva de los medios o recursos que la ley pone a su alcance para la defensa de sus derechos e intereses."
(Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 18 de octubre de 2000)
Para el asunto que nos ocupa, la recurrente, conforme a su escrito de formalización, no señala cual ha sido la actividad del sentenciador que le impidió el ejercicio de algún mecanismo para la protección de sus derechos e intereses, que derive en indefensión, menoscabo o violación de este derecho a la defensa. Por consecuencia, debe desecharse la cuestión planteada. Así se decide.
Por último, se indica que la recurrida incurre en la infracción del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no hizo pronunciamiento en su parte dispositiva, sobre la tempestividad de la impugnación que hiciera la parte accionada a la experticia complementaria del fallo.
Luego de una revisión del texto que contiene la sentencia cuya nulidad se pretende, esta Sala observa que allí se resuelve lo siguiente:
SIENDO LA OPORTUNIDAD PARA DECIDIR
EL TRIBUNAL OBSERVA:
PUNTO PREVIO
De la tempestividad en el ejercicio del recurso de impugnación contra la experticia: En ninguna forma puede apreciar este tribunal la copia certificada del Libro Diario que consigna el apoderado de la parte demandante, por cuanto el mismo no tiene motivación alguna que haga tan siquiera presumir a que se refiere el lapso acordado según la nota, razón por la cual se desecha la prueba promovida.
Se observa que por auto cursante al folio 339, la ciudadana Juez (...) concede al Experto un plazo de tres días hábiles, contados desde el día 28 de noviembre del año 2000 para la consignación del informe respectivo, hecho que aconteció el día 5 del mismo mes y año (f. 341 al 348), es decir, al segundo día conforme al cómputo cursante al folio 354.
Habiéndose cumplido en forma anticipada con la obligación por el experto, debe dejarse transcurrir el lapso completo para el inicio del término útil para la impugnación, hecho sucedido el día 6 de diciembre del año 2000, como lo señala el Juez de la causa en su decisión del 19 de enero de 2001, objeto de la apelación. No cursa en autos un cómputo de los días hábiles transcurridos entre el 7 de diciembre y el 15 de diciembre ambos del año 2000, pero siendo que esas son las fechas extremas establecidas por el ciudadano Juez de la causa para llegar a la conclusión que la impugnación fue oportuna, debe esta Alzada determinar que el ejercicio del recurso lo fue dentro del lapso jurisprudencialmente establecido, ya que en ningún texto legal se indica el término para el ejercicio de este medio recursivo, en efecto, ante la ausencia de previsión legislativa de la oportunidad para impugnación la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, estimó que el lapso más acorde con la naturaleza de la Institución es el de apelación o reclamo, el cual normalmente es de 5 días, conforme al artículo 298 del Código de Procedimiento Civil (...). Así se decide.
Una vez realizada la extensa transcripción que antecede, verifica esta Sala que la recurrida si se pronuncia y decide, en la parte motiva, sobre la tempestividad de la impugnación a la experticia complementaria del fallo, razón que conlleva a desechar la cuestión que por infracción del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil esgrime la recurrente. Así se decide.
II
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delata:
(...) el vicio de indefensión, igualdad y la violación al Orden Público Procesal en virtud de la infracción de los artículos 26, 49.1 Constitucional y 15 298, 208, 249.5 todos estos últimos del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 23 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos Agrarios. (Sic)
La recurrente, luego de reproducir el párrafo del fallo de Alzada en donde se resuelve lo relativo a la tempestividad de la impugnación a la experticia complementaria, aduce:
De la anterior transcripción se observa claramente, que el juez ad quem dejó de aplicar la normativa específica agraria en materia de apelaciones, que lo es el artículo 23 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos Agrarios (...).
Se dice que no aplicó correctamente el artículo 23 arriba citado (...).
Luego se advierte que la recurrida:
(...) al establecer que la impugnación fue tempestiva por haber sido hecha el quinto día de despacho siguiente, está incurriendo en una violación a la igualdad procesal prevista en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil y el juez incurrió en la violación por falta de aplicación del artículo 208 eiusdem, ya que al observar que el a quo había declarado tempestivo un acto que no lo era, debió declarar la nulidad de dicho acto y declarar firme la experticia complementaria del fallo.
Pero esta actitud de ambos jueces, permitió que se reabriera un lapso que se encontraba precluido por vencimiento y en este sentido, se violó el principio procesal de preclusión de los actos procesales, que por vía de consecuencia, generó en la parte actora un estado de indefensión y de desigualdad, al no declarar firme la experticia en referencia y como consecuencia de ello tener la posibilidad de solicitar la ejecución del fallo, todo lo cual le violentó el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil a que se ha hecho referencia.
Continúa la recurrente, e indica cuál es la forma correcta de computar los días a los fines de efectuar la impugnación a la experticia complementaria del fallo, señalando que en el caso de autos, la misma se efectúo de manera extemporánea, por lo que el ad quem (...) viola nuevamente el articulo 15 del Código de Procedimiento Civil, dejando a la parte en indefensión y generándole a la contraria un privilegio no previsto por ley y esta desigualdad generada a la hoy recurrente conlleva la falta de aplicación de la firmeza del dictamen pericial y por vía de consecuencia una errónea aplicación del artículo 298 del Código de Procedimiento Civil e igualmente, la falta de aplicación por el ad quem del 208 eiusdem.
Para decidir, la Sala observa:
Nuevamente se plantean infracciones de normas constitucionales, siendo que ello, tal y como se expresó al resolver la denuncia anterior, es competencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia no hay materia sobre la cual decidir al respecto. Así se declara.
De igual forma se indica el quebrantamiento del artículo 249.5 (sic) del Código de Procedimiento Civil; norma ésta que no se refleja en el texto legal indicado, lo cual motiva a señalar que no existe asunto sobre el cual decidir. Así se declara.
En relación con la alegada indefensión, esta Sala no verifica del texto de la delación que se esgrime ni del contenido de la recurrida, que se haya impedido a la parte recurrente el ejercicio de algún recurso o mecanismo para la defensa de sus derechos e intereses. Por lo tanto debe desecharse este punto de la presente cuestión. Empero, debe indicarse que si la formalizante considera que la Alzada concedió una ventaja procesal a la parte contraria, al interpretar erróneamente una norma, aplicarla o no emplearla, ha debido proyectar una denuncia por infracción de ley que permitiera a la Sala decidir sobre ello. Así se declara.
También se plantea, dentro del marco del presente recurso por defecto de actividad, la infracción del artículo 23 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos Agrarios por falta de aplicación, pero indicando que la recurrida no aplicó correctamente dicha norma, es decir, falsa aplicación; cuestión que, aunado a la mezcla indebida de denuncias, es improcedente, puesto que debe ser formalizado conforme a un recurso por error in iudicando.
En este mismo sentido, se indica que la recurrida quebranta el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil por falta de aplicación y el artículo 298 eiusdem por errónea interpretación, infracciones éstas que deben ser esbozadas en el contexto de un recurso por infracción de ley, por ser vicios de esta naturaleza. Por consiguiente, debe declararse la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.
D E C I S I Ó N
En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación formalizado por la ciudadana XIOMARA DELMAR TRUJILLO GIL asistida por el abogado Francisco Nicolosi, en contra de la sentencia dictada el 5 de abril de 2001 por el Juzgado Superior Tercero Agrario.
En atención a los artículos 320 y 274 ambos del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte recurrente.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente directamente al Tribunal de la causa, es decir, al Juzgado de Primera Instancia Agrario de la Región Agraria del Estado Lara. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado; todo en observancia a lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (09) días del mes de marzo de dos mil cuatro. Años: 193º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
____________________________
OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente de la Sala,
______________________________
ALFONSO VALBUENA CORDERO
La Conjuez Ponente Permanente,
____________________________
NORA VÁSQUEZ DE ESCOBAR
El Secretario,
_____________________________
JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA
R.C. Nº AA60-S-2001-000293
NOTA: Publicada en su fecha a las
El Secretario
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