Sentencia N.º 1637
- Sentencia
- N.º 1637
- Fecha
- 05/12/2012
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 12-0547
- Ponente
- Arcadio Delgado Rosales
- Procedimiento
- Solicitud de Revisión
- Enlace fuente oficial
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SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales
Expediente: 12-0547
El 8 de mayo de 2012, los abogados Ernesto José Zoghbi y Orlando Aníbal Álvarez Arias, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 8.783 y 31.364, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CLÍNICA EL ÁVILA C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda del 17 de diciembre de 1986, tomo N° 81-A-Sgdo, N° 9, presentaron solicitud de revisión de la sentencia N° 151, dictada el 12 de marzo de 2012 por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo, que declaró sin lugar el recurso de casación ejercido por su representada contra la sentencia definitiva dictada el 14 de febrero de 2011 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión emitida el 18 de diciembre de 2008 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial que declaró parcialmente con lugar la demanda por daños y perjuicios, daño moral y lucro cesante incoada en su contra por los ciudadanos Ana Teresa Celis de Palazzi y Alberto José Palazzi Octavio, titulares de las cédulas de identidad números V-8.037.447 y V-5.299.410, respectivamente, padres de la niña fallecida cuyo nombre se omite por disposición del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
El 23 de mayo de 2012, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales.
El 16 y 30 de julio de 2012, los abogados Alberto José Palazzi Octavio y Ana Teresa Celis de Palazzi, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 8.783 y 31.364, actuando en nombre propio presentaron escritos de oposición a la admisión de la revisión solicitada por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Clínica El Ávila C.A., de la sentencia N° 151 dictada el 12 de marzo de 2012 por la Sala de Casación Civil.
I
DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
Los apoderados judiciales de la solicitante esgrimieron como fundamento de la solicitud de revisión, los siguientes argumentos:
Que la sentencia objeto de revisión plantea una serie de criterios claramente inconstitucionales que tergiversan la esencia de distintas instituciones procesales que por su aplicabilidad a casos futuros, requieren de la actuación procesal de la Sala Constitucional mediante el establecimiento de una doctrina uniforme con los principios y derechos fundamentales consagrados en (la) Carta Magna .
En primer término, denunciaron la la violación del derecho al acceso a los órganos de administración de justicia, la tutela judicial efectiva ( ) (artículo 26 eiusdem), la infracción del derecho a la defensa, del derecho al debido proceso y del derecho de presentar pretensiones contra la parte actora, por vía reconvencional, en virtud [de] que se negó la admisibilidad de la contrademanda propuesta, a través de la creación de causales de inadmisibilidad no previstas en la ley y contrarias a las consecuencias jurídicas expresamente consagradas en el ordenamiento jurídico para el supuesto de hecho que esgrimió la Sala de Casación Civil .
Que la sentencia de la Sala de Casación Civil impugnada, plantea una novedosa fórmula de interpretación de las causales de admisibilidad previstas en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, claramente violatoria del derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual a su vez supone una violación del derecho a la defensa, del derecho al debido proceso y del derecho a la igualdad, ya que se estipula que la falta de cumplimiento de cualquiera de los requisitos de la demanda consagrados en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, que en el caso concreto supone la falta de acompañamiento de los instrumentos fundamentales, produce la inadmisibilidad de la reconvención propuesta .
Que dicho requerimiento no se encuentra establecido en ninguna disposición legal. Por el contrario, el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, lejos de consagrar la imposibilidad del conocimiento de una pretensión (inadmisibilidad de la acción), lo que estatuye es simplemente la mera pérdida de oportunidad para la incorporación eficaz del instrumento al proceso .
Que el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil es claro, sin necesidad de interpretaciones, en que la falta de producción del instrumento fundamental no tiene como correlativo ni siquiera una oposición de una cuestión previa de defecto de forma, por incumplimiento del ordinal 6° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, sino la preclusión de la oportunidad procesal para promover o evacuar la prueba instrumental. Más nada .
Que en lo relacionado con la reconvención el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil señala expresamente dos causas para inadmitirla, a saber: a) si ella versare sobre cuestiones para cuyo conocimiento carezca de competencia por la materia el juez ante quien se incoa la reconvención; y b) que la reconvención deba ventilarse por un procedimiento incompatible con el ordinario .
Que fuera de esas dos causas la reconvención no puede declararse inadmisible, ya que ellas son las causas expresas señaladas en la ley, a menos que la reconvención sea contraria al orden público o las buenas costumbres. Sólo son esas causas las que permiten al reconvenido oponerse a su admisión, en una materia donde este no puede oponer cuestiones previas (artículo 368 del Código de Procedimiento Civil) .
Que la sentencia impugnada plantea un criterio restrictivo sobre las causales de inadmisibilidad de una pretensión, que puede aplicarse tanto para pretensiones contenidas en una demanda, como para las pretensiones contenidas en una reconvención, ya que ella se cimenta en la interpretación arbitraria del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, donde se desnaturaliza la esencia de los llamados presupuestos procesales y se vacía el contenido del derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales, cuando se estipula como causal de inadmisibilidad, la falta de consignación de los llamados instrumentos fundamentales .
Que la admisibilidad de una reconvención está condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, cuya interpretación debe estar orientada en función al favorecimiento de la admisibilidad de la acción (principio pro actione) a los fines de no infringir valores y principios fundamentales, ya que, la admisibilidad de las pretensiones está vinculado a uno de los principios fundamentales básicos en el orden procesal, que se refiere a la tutela judicial efectiva .
Que la Sala de Casación Civil violó el principio de proporcionalidad cuando castiga con la inadmisibilidad de la reconvención, la falta de acompañamiento de los llamados instrumentos fundamentales, ya que no tomó en consideración, la entidad del defecto señalado ni la finalidad perseguida por el ordenamiento jurídico, que en el caso concreto de los llamados instrumentos fundamentales se refería a la preclusividad de la oportunidad para incorporar el documento al proceso .
Que la Sala de Casación Civil viola el derecho a la tutela judicial efectiva cuando declara la inadmisibilidad de la reconvención propuesta bajo un argumento contrario a las consecuencias jurídicas establecidas en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. ( ). El establecimiento por vía jurisprudencial de causales de inadmisibilidad contrarias a las consecuencias jurídicas establecidas en una norma expresa de ley, supone una violación del derecho de acceso a la jurisdicción, derecho a la defensa y al debido proceso de las partes .
Expresaron que no existe ninguna norma legal que imponga como obligación (no carga procesal) la presentación de los instrumentos fundamentales a la reconvención, ya que la remisión del artículo 365 al artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, no se refiere a pruebas, sino que el artículo 365 exige que se exprese con toda claridad y precisión el objeto y fundamentos de la pretensión, objeto y fundamentos que son los señalados en los ordinales 4 y 5 (sic) del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil: en relación a los hechos y fundamentos en los que se basa la pretensión, no exigiendo para nada las menciones referentes al instrumento fundamental; mientras si la reconvención versare sobre objeto distinto al juicio principal, lo que pide el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil es que el objeto se determine como se indica en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, es decir, como lo pide el ordinal 4 (sic) del artículo 340 que es específico en lo relacionado con el objeto de la pretensión (el ordinal 5 [sic] de dicha norma, no se refiere al objeto sino a los fundamentos) .
Que si la reconvención nace del derecho a la defensa y a la igualdad procesal, mal puede la Sala de Casación Civil, justificar la creación de una causal de inadmisibilidad contraria a la solución expresa prevista en el Código de Procedimiento Civil, bajo el argumento [de] que la inadmisión de la reconvención no impide la interposición de dicha demanda en vía principal en otro proceso, ya que ello supone la violación del derecho a la igualdad que el demandado y el actor tienen para acumular en el mismo proceso cuantas pretensiones le competan contra la parte contraria. La posibilidad de intentar la pretensión en que se fundamenta la reconvención por vía autónoma es una opción del demandado que no puede ser compelida por la autoridad jurisdiccional mediante la declaratoria de inadmisibilidad de la reconvención, no fundamentada en disposición expresa de ley. El juez no puede restringir el derecho del demandado a reconvenir, utilizando causas de inadmisibilidad no previstas en disposición expresa de ley .
Que el juez no puede inadmitir de oficio una demanda por falta del instrumento fundamental, simplemente, lo único que pudiera sería declararla sin lugar, si este fuera el caso, por falta de pruebas. En el caso de la reconvención, la situación es idéntica, si no acompañó el reconviniente el instrumento fundamental no podrá probar sus alegatos con dicho documento. Más nada. De allí que carezca de lógica y de correcta hermenéutica la afirmación del fallo impugnado, que la negativa legal de oponer cuestiones previas 'generaría una ventaja indebida a favor del demandado reconviniente pues se le admitiría una mutua petición sin sustento documental alguno ( ) y el demandado quedaría en estado de indefensión' .
Que las cuestiones previas por defecto de forma o por preclusión de oportunidades no son presupuestos procesales, son asuntos procedimentales que nunca pueden ser considerados de orden público porque las partes pueden bien renunciar o convalidar las infracciones, y de ello se trata lo referente a la producción de una prueba o al incumplimiento de los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil .
Que el fallo impugnado en revisión constitucional resulta violatorio del artículo 26 de la Constitución Nacional, por las siguientes razones: a) porque impide al reconviniente el acceso a la administración de justicia para hacer valer sus derechos o intereses, cuando su interés es que se le administre justicia en la oportunidad requerida, que sería la que surge con motivo de la reconvención; b) porque justicia idónea es la que se administre en tiempo útil, expedita, sin dilaciones indebidas, y todo lo contrario ocurre cuando se niega una reconvención por causas ajenas a la (sic) del artículo 366 del Código de Procedimiento Civil; c) porque se ha acudido para no admitir la reconvención a un argumento muy grave: a un formalismo (incumplimiento del ordinal 6 [sic] del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil) no señalado en la ley en tal sentido, con lo que se infringe el citado artículo 26 de (la) Ley Fundamental que prohíbe los formalismos que causan dilaciones indebidas; d) porque darle un significado distinto al que surge del Código de Procedimiento Civil, al artículo 366 citado y con ello inadmitir la reconvención, no sólo viola el artículo 26 constitucional en cuanto a justicia expedita y sin dilaciones, sino al artículo 257 de (la) Carta Magna que persigue la simplificación en los trámites procesales y que ordena al juez no sacrificar la justicia por omisión de las formalidades no esenciales .
En segundo lugar, denunciaron la violación del derecho a la defensa, el debido proceso y el derecho a la igualdad procesal, ocurrida en la tramitación del procedimiento durante la primera instancia, lo cual no fue subsanado por la Sala de Casación Civil, pese a la gravedad de la denuncia, a su propia doctrina (violación del principio de confianza legítima), que se circunscribía a que habiéndose admitido una apelación en ambos efectos, el Tribunal de la Causa, sin que haya mediado el ejercicio de un medio de impugnación específico contra los efectos de la apelación oída (recurso de hecho), reasumió el conocimiento de la causa de la cual había perdido jurisdicción al revocar por contrario imperio el auto que ordenó oír la apelación en ambos efectos .
Que el Tribunal de la Causa había perdido jurisdicción sobre el procedimiento, encontrándose impedido de innovar en la causa, máximo (sic) cuando cualquier controversia sobre los efectos del recurso de apelación admitido, estaba sujeta al ejercicio de los medios de impugnación específicos, como es el recurso de hecho .
Que la prohibición de innovar consagrada en el artículo 296 del Código de Procedimiento Civil constituye una disposición de orden público de carácter absoluto en virtud de que el efecto suspensivo de la apelación, supone el desprendimiento del conocimiento de la causa por el tribunal, mientras esté pendiente el recurso .
Expresaron que la revocatoria del efecto suspensivo al recurso de apelación oído en violación a la prohibición de innovar, produjo un caos en el cómputo de los lapsos procesales que trajo como consecuencia, y afectó las etapas subsiguientes del proceso y en específico el lapso de promoción de pruebas, trayendo las consecuencias adversas a (su) representada derivadas de la inadmisión por extemporaneidad del escrito de promoción de pruebas presentado por la parte demandada .
Que no era potestativo de la Sala de Casación Civil considerar ajustado (sic) a derecho los efectos de la apelación fijada, cuando ya el tribunal de la causa no tenía jurisdicción sobre la causa. La reposición de la causa es procedente y necesaria por cuanto se trata de una clara subversión del procedimiento materializada por la revocatoria por contrario imperio de la decisión que acordó oír la apelación en ambos efectos, es decir, cuando ya no tenía jurisdicción, máximo cuando habían transcurrido mas (sic) de doscientos noventa y ocho (298) días continuos desde que la representación judicial de la parte demandada intentó el recurso de apelación, hasta la fecha que (sic) en que Tribunal de la Causa se pronunció con respecto a la admisibilidad de este medio de impugnación .
Indicaron que se trata de una clara subversión de formas sustanciales del procedimiento en violación al derecho de la defensa, ( ), estableciéndose preferencias y desigualdades en detrimento de (su) representada, en virtud a (sic) que se le dispensa a la parte actora del ejercicio del medio de impugnación específico contra la disconformidad de los efectos establecidos a la apelación oída, y se le impone al apelante de (sic) una carga adicional, como sería la impugnación del acto revocatorio de los efectos establecidos a la apelación oída, el cual en definitiva debería de (sic) ser considerado inexistente por la prohibición absoluta de innovar .
Que la reposición de la causa constituía un imperativo hacía (sic) el Juez de Alzada, quien debió declarar que las actuaciones cumplidas por el a quo con posterioridad a la admisión de ambos efectos de la apelación ejercida por la parte actora carecían de validez .
Que la Sala de Casación Civil, incurrió en violación del derecho a la defensa y tutela judicial efectiva por incongruencia omisiva, ya que no analizó los argumentos centrales de la infracción alegada, referidos a la imposibilidad del juez de reasumir el conocimiento de una controversia, en virtud de haberse desprendido previamente del conocimiento de la causa, al haber admitido libremente, una apelación interpuesta .
En tercer lugar, invocaron la violación del derecho a la defensa y del proceso producido por la singular forma de cómputo de los lapsos procesales debido al criterio de la Sala de Casación Civil, al considerar que la suspensión de los lapsos procesales del juicio principal, se verifica con la admisión de la reconvención, y no con la interposición de la reconvención, lo cual contradice el principio de unidad del proceso y de los lapsos procesales, que deriva de la necesidad de tramitar en un solo procedimiento la demanda y la reconvención hasta la sentencia definitiva .
Que si según el artículo 388 del Código de Procedimiento Civil, al día siguiente del vencimiento del lapso del emplazamiento para la contestación de la demanda, quedaría el juicio abierto a pruebas, sin necesidad de decreto o providencia del Juez, considerar que la suspensión del proceso por causa de la incidencia surgida por la reconvención se verifica con la admisión de la reconvención, es ignorar la consecución automática de los lapsos procesales, por lo tanto, se viola el principio de seguridad jurídica, el derecho a la defensa, el debido proceso, cuando se condiciona la suspensión del procedimiento a la admisión de la reconvención, ya que en tal caso, se está permitiendo iniciar el lapso de promoción de pruebas, sin tener certeza del destino de la reconvención y pese a que por la naturaleza propia de la reconvención, que requiere se continúe en un solo procedimiento la demanda y la reconvención hasta la sentencia definitiva, la cual deberá comprender ambas cuestiones .
Que se viola el principio de unidad del proceso ( ) cuando se permite avanzar el lapso de promoción de pruebas, sin tener certeza del destino de la reconvención, máximo (sic) que la admisión de la reconvención, por no tener un término fijo para su pronunciamiento, debe hacerse dentro de los tres días siguientes al vencimiento del lapso de emplazamiento. (Código de Procedimiento Civil, artículo 10) .
En cuarto lugar, denunciaron la violación del derecho a la defensa y del debido proceso por cuanto la Sala de Casación Civil, no tomó en consideración que la causa estaba paralizada al momento en que hubo el pronunciamiento sobre la inadmisibilidad de la reconvención propuesta, y por ende, mal podía declararse extemporáneo el escrito de promoción de pruebas .
Que, después [de] que se interpuso la reconvención, no existen en autos actuaciones relativas a ella ni al fondo de la causa, porque las partes estaban a la espera del auto que declare (sic) admisible o inadmisible la reconvención, prevista en el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, y que, al no tener en el Código señalada fecha específica para ser dictado, por aplicación del artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal debería hacerlo dentro de los 3 días siguientes a aquél en que se hizo la solicitud correspondiente .
Que los motivos de suspensión están señalados en el Código adjetivo, no siendo uno de ellos el que sobre una petición atinente a las cuestiones de fondo, como lo sería una reconvención, no se dicte temporariamente la providencia, y ni siquiera de inmediato al vencimiento del lapso para hacerlo. Una situación como esta no conduce a la suspensión de la causa, ya que ni está prevista en la ley, ni las partes pueden saber en cuál estado se encuentra al momento en que cese la inactividad procesal, sin que ella se reanude en el estado en que se encontraba. Ante tal inactividad las partes necesariamente pierden la condición de estar a derecho .
Que no interpretar las normas en este sentido, es burlarse de lo que significa la justicia idónea, equitativa, responsable, expedita y sin dilaciones inútiles, y es prohijar el desconocimiento al derecho de defensa de las partes ya que ellas (o al menos una) no actúan, porque tienen la expectativa legítima que la causa esté paralizada y además tienen derecho a conocer con exactitud cuál es su situación dentro del proceso, lo que corresponde señalarlo el tribunal, al reanudarse la causa .
Señalaron que continuar un proceso paralizado a espalda (sic) de las partes, o al menos de una de ella, y pretender castigar a un litigante por actuaciones incumplidas cuando el proceso se encontraba paralizado, es atentar contra el debido proceso (contra formas esenciales previstas en la ley) y contra el derecho de defensa de las partes, que se ven sorprendidas al considerar, con razón, que el juicio está detenido por falta de impulso judicial (en este caso sentencia oportuna) y más si se le decide fuera del lapso retrotrayendo los efectos sobre actuaciones que han debido cumplirse, previa notificación del tribunal sobre el estado del proceso, a fin de que los litigantes supieran dónde este continuaría .
Que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en el fallo impugnado en su capítulo III, dedicado a resolver el recurso por defecto de actividad se limitó a examinar los artículos 37 y 369 del Código de Procedimiento Civil, sin analizar los nexos de dichas normas con la Constitución vigente y la situación de las partes: (sic) y así señaló que de existir reconvención, la causa principal se suspendía después de admitida ésta, por lo que una vez admitida la reconvención continuaría en un solo procedimiento el relativo a la acción principal y al de la reconvención, y por tanto sus términos, entre ellos el probatorio, empezarían a correr a partir de la contestación de la reconvención .
Que con gran simpleza la Sala de Casación Civil en el fallo impugnado, señaló que, como la reconvención se negó, el juicio principal nunca se detuvo, por lo que las pruebas propuestas por la demandada resultaron extemporáneas, ya que el término probatorio se contó y comenzó a correr a partir del 30 de marzo del 2006, fecha en que la demandada apeló de la inadmisibilidad de la reconvención .
Que tratándose de un proceso que estaba paralizado, el auto del 22 de marzo del (sic) 2006 negando la reconvención, le tenía que ser notificado expresamente a la demandada, lo que no se hizo; pero a partir de que ella, Motu (sic) propio apeló (sin que existiera notificación previa), el proceso tenía que suspenderse hasta que se decidiera la apelación sin que corriera lapso alguno de prueba, ya que para el demandado, promover pruebas sin conocer lo que establecería el tribunal de la alzada, dentro de un término probatorio incierto por no estar diáfanamente establecido en la ley ante la situación producto de la paralización, y que tal como ocurrió, quedaba al arbitrio del juez sin base legal alguna, era una temeridad .
Que al no dictarse tal decisión dentro de los términos legales, se violó el debido proceso y se subvirtió el procedimiento, situaciones que son de orden público constitucional y que desembocan en un escenario como el indicado, que varios meses después de una reconvención se dicte un fallo, y a partir de que una de las partes se da por enterada del mismo y apela, se reputa que había comenzado a correr un término de pruebas que no nace de la ley sino de la voluntad del juez .
En quinto lugar, denunciaron la violación del derecho a la defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva de (su) representada que se produjo por la contradicción habida entre el tratamiento dado a las pruebas evacuadas en un procedimiento final (traslado de pruebas) y el trato conferido a la sentencia derivada del procedimiento donde se evacuaron dichas pruebas, donde se le niega valor a las pruebas evacuadas en un proceso penal seguido entre diferentes partes, pero se le reconoce el valor incontrovertible derivado de la cosa juzgada a la sentencia dictada en dicho procedimiento .
Que constituye una grave contradicción que enerva el derecho a la tutela judicial efectiva, lo planteado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, cuando reconoce requisitos para que prospere el traslado de la prueba 'I.-Que las pruebas simples practicadas en un juicio primigenio son admisibles en otro posterior habido entre las mismas partes', pero a su vez le otorga valor incontrovertible e incuestionable a la confesión hecha por un tercero en sede penal, al establecer que 'lo declarado por la Dra. YUMAIRA JOSEFA ARIAS IBARRA, ante el juez de Control Penal en la audiencia preliminar de juicio, es un hecho incontrovertible e incuestionable, pues ésta confesó ante un Juez de la República haber cometido el delito de homicidio culposo (destacado del escrito).
Que la admisión de los hechos en el proceso penal, sin duda constituye un modo de prueba de confesión regulada en el Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto, mal puede reconocerse la imposibilidad del traslado de las pruebas evacuadas en un proceso penal seguido entre diferentes partes y al mismo tiempo darle valor a la prueba de confesión hecha en un proceso penal donde (su) representada no participó .
Que el juez en su sentencia analiza los hechos narrados por las partes sobre la base de las pruebas incorporadas en el procedimiento por lo tanto, resulta claramente contradictoria la motivación que distingue y da un tratamiento diferenciado a la sentencia con respecto a las pruebas que sirvieron como fuente de convicción: si las pruebas no pueden trasladarse a un proceso seguido entre distintas partes, tampoco puede serlo la sentencia dictada en un proceso seguido entre distintas partes donde el tercero, a quien ahora se le pretende hacer sus efectos, no tuvo participación ni oportunidad alguna de defenderse .
Adujeron que la Sala de Casación Civil, viola el derecho a la tutela judicial de (su) representada cuando tergiversa el contenido de la sentencia recurrida en casación, determinando un valor probatorio específico que se supone había dado el Tribunal de Alzada a la sentencia penal, calificando como correcta 'la apreciación de la copia certificada de la sentencia del tribunal penal como un indicio', cuando esa calificación jamás fue establecida por el Tribunal de Alzada y ella se contradice con el valor de incontrovertible e incuestionable que en virtud de la cosa juzgada, tiene la sentencia penal y la prueba de confesión en que se fundamenta la misma .
Que la Sala de Casación Civil incurre en otras tergiversaciones cuando utiliza a modo de fundamentación, citas parciales de jurisprudencia que de analizarse o citarse en forma suficiente se evidenciaría que no guardan ningún tipo de relación con la materia controvertida .
En sexto lugar, adujeron que la sentencia de alzada planteada (sic) graves e irreconocibles contradicciones, que violan el derecho a la tutela judicial efectiva de (su) representada, las cuales no fueron subsanadas por la Sala de Casación Civil, ya que por una parte determina que según la historia clínica 'al momento del fallecimiento la víctima presentaba una lesión anal', pero luego al momento de valorar el daño moral condenado como circunstancias en la ocurrencia del daño 'el atribuirle el hecho de su muerte a una lesión anal' que se considera falso (destacado del escrito).
Que no habiéndose efectuado ninguna referencia a la condición clínica de la paciente en la sentencia penal, el Tribunal de Alzada no podía considerar falso, el hecho que consideró (sic) a su vez había considerado demostrado la citada historia médica referido a que 'al momento del fallecimiento la víctima presentaba una lesión anal'. Decimos que tal aseveración, esconde la valoración de la experticia e informe de exhumación evacuado en sede penal, pese a [que] formalmente se declaró la imposibilidad de su traslado, ya que eran pruebas de experticia e informe de exhumación evacuados en sede penal, las pruebas que según los demandantes contradecían, lo dictaminado en la historia clínica .
Que la respuesta dada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, no satisface el derecho a la tutela judicial efectiva de (su) representada, ya que no ofrece una razón fundada del por qué las apreciaciones del juez de alzada no son contradictorias. La Sala de Casación Civil no analiza en modo alguno, la existencia o no de las contradicciones aducidas, sino que mediante argumentaciones genéricas se consideró aceptable en lo que se refiere al requisito de motivación, afirmando que el Tribunal de Alzada no había incurrido en contradicciones, sin expresar cual (sic) fue el tratamiento dado por el juez de alzada a la historia médica en cuanto al hecho que consideró demostrado de la misma y su vinculación con la determinación del quantum del año (sic) moral expresado en la misma sentencia de alzada .
Que la Sala de Casación Civil incurri(ó) en inmotivación que afecta el derecho de (su) representada a la tutela judicial efectiva, ya que omitió toda referencia a uno de los aspectos sustanciales de la denuncia esgrimida, que era el elemento de comparación necesario para demostrar la contradicción, referido a que en la valoración del daño se tomó como circunstancias en la ocurrencia del daño 'el atribuirle el hecho de su muerte a una lesión anal' .
Expresaron como séptima denuncia la violación de criterios interpretativos de la Sala Constitucional referido (sic) a la institución (garantías) de la cosa juzgada que se manifiesta cuando la Sala de Casación Civil en el fallo impugnado en revisión constitucional le otorga valor de cosa juzgada a la sentencia dictada por el juzgado (sic) Cuadragésimo Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, pese a que se trata de una sentencia que no fue dictada en (sic) dentro del contexto de un juicio oral y público y que en dicho procedimiento (su) representada no fue parte y por ende no tuvo oportunidad de defenderse .
Que en el presente caso, resalta a primera vista, que el fallo en que funda la Casación Civil la cosa juzgada contra la dependiente, no emana de un Juez de Juicio sino de uno de Control, y no es producto de un juicio oral (cual [sic] es el prevenido por el artículo 1 COPP [sic]), regido por los artículos 332 al 367 del Código Orgánico Procesal Penal (sic), ni reúne los requisitos de la sentencia del artículo 364 del mismo código .
Que aceptar como cosa juzgada que prueba un hecho, un fallo que no puede producirlo, que es lo que la Casación Civil está declarando, no sólo es violar el debido proceso (artículo 49.1 constitucional), al darle tal valor de cosa juzgada a una sentencia que no podía producirla y en base a ella decidir conforme al artículo 1395 ordinal 3° del Código Civil, sino que al otorgarle valor de cosa juzgada a una sentencia que no la tiene está otorgando efectos a actos de una autoridad que no podía producirlos, y con ello infringe por igual al artículo 138 constitucional, porque los efectos se convierten en el producto de una usurpación .
Que el fallo impugnado al decidir el recurso por infracción de ley, en su capítulo único, señaló que la Dra. YUMAIRA JOSEFINA ARIAS IBARRA, a los fines de la suspensión condicional del proceso, admitió los hechos que tipifican la comisión del delito de homicidio culposo .
Que grave error comete el fallo cuya revisión se pide, al considerar que la sentencia de suspensión de la causa, equivale a una cosa juzgada sobre la responsabilidad del imputado. Grave error que afecta el derecho de defensa del demandado como civilmente responsable, porque a él le exige el fallo impugnado cargas probatorias que no le correspondían, y en su contra se le declara con lugar una acción de daños y perjuicios (artículo 1191 del Código Civil) sin pruebas sobre la veracidad de los hechos que se atribuyen al sirviente o dependiente, y sin que exista una condena que determine la responsabilidad de éste que puede obrar como cosa juzgada erga omnes. La admisión de los hechos por el imputado o por el acusado no significa que ellos sean verdad, máxime cuando dicha admisión no se concatena con el juzgamiento de las pruebas sobre los mismos .
Que las declaraciones ante el Juez de Control, realizadas por la Dra. Yuraima Josefina Arias, dentro de un proceso civil, se convertirán en prueba de confesión contra ella o sus herederos o causahabientes que ocuparan su puesto procesal, pero jamás contra el civilmente responsable .
Que esta circunstancia, que quien no ha sido parte en un juicio, no debe verse, alcanzado por lo que en él se decida, ya que su derecho de defensa ha quedado disminuido con respecto al fallo que se le opone proveniente de una causa donde no se le llamó, fue el argumento decisivo para que la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 2210 del 21 de septiembre del 2004 anulara por inconstitucional, el segundo párrafo del artículo 427 del COPP en lo referente a la acción civil ante un tribunal penal contra el civilmente responsable .
Indicaron que la admisión unilateral de hechos por el imputado o el acusado, sin juzgamiento por parte del juez sobre la verosimilitud de los mismos provenientes de otra fuente distinta a la admisión en sí, no puede ser controlada por el tercero civilmente responsable, ya que la única manera de revocar la sentencia penal firme sería la revisión prevista en el artículo 178 del COPP (sic), y tal planteamiento, según el artículo 471 del COPP (sic), no le corresponde a quien no fue parte en el proceso penal ni a quien no está contemplado en el artículo 471 citado, sin que pueda, dentro del proceso civil donde se le demanda, este tercero demandado, invocar el fraude revocatorio de la cosa juzgada que se le opone. Tal circunstancia es totalmente inhibitoria del derecho a la defensa que contempla en artículo 49.1 de la Constitución Nacional y (sic) cuya protección fue la base para que la ( ) sentencia No 2210 anulara parcialmente el artículo 427 del COPP (sic) .
Que se conden(ó) a (su) poderdante al pago de unos daños morales, la cual debería estar signada por los criterios de razonabilidad, lo que obliga al sentenciador de instancia y a la Casación Civil a señalar en el fallo porqué (sic) se condena al civilmente responsable a la suma de cinco (5) millones de bolívares por daño moral. Es cierto que el artículo 1196 del Código Civil deja a criterio del juez conceder la reparación por el dolor sufrido en caso de muerte de la víctima, pero para que tal suma no resulte injusta y caprichosa, es necesario que el juez señale los parámetros mínimos distintos a su arbitrio por lo cual (sic) se llego (sic) a ella .
Que no basta señalar que hubo culpa en la elección del sirviente o dependiente, como lo hace el fallo cuya revisión se solicita, sino la razón del porqué (sic) se llega a tal monto por daños morales, tomando en cuenta diversos valores cual es la edad del difunto, la prestación del servicio que realiza el civilmente responsable, etc .
Por último, denunciaron la violación del principio de jerarquía normativa del principio de legalidad que orienta toda la actividad de los órganos del poder (sic) público (sic), prevista en el artículo 137 de la Constitución Nacional (sic), del cual deriva el principio de la prelación de la ley especial con respecto a la ley general, ya que la Sala de Casación Civil pese a reconocer la vigencia del artículo 118 del Código Penal del 30 de junio de 1964, 'para el momento del lamentable fallecimiento de la niña, hija de los demandantes, en fecha 14 de octubre de 1999', mantiene la aplicación de la norma general contenida en el artículo 1191 del Código Civil, pese a que a lo largo de la sentencia está claramente reconocido que la demanda tiene por objeto, la reclamación de los daños y perjuicios derivados de un delito (homicidio culposo) .
Que la Sala de Casación Civil incurr(ió) en un patente error de interpretación al equiparar el artículo 118 del Código Penal con el artículo 1191 del Código Civil, al diferenciarlo solo con respecto a la posibilidad de permitir la prueba 'que los responsables no han podido evitar el hecho cometido por sus discípulos, oficiales o aprendices en el desempeño de su obligación o servicio', ya que se trata de todos (sic) tipos de responsabilidad distintos: la responsabilidad subsidiaria y la responsabilidad solidaria .
Que la responsabilidad subsidiaria prevista en la ley especial vigente para el momento del fallecimiento de la menor plantea un problema en la conformación de las partes dentro del proceso, que evidentemente constituye un presupuesto procesal que debe controlarse de oficio, en virtud [de] que para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria del civilmente responsable debe demandarse inexorablemente al agente material del daño y si éste no responde, la acción judicial se encamina hacia el civilmente responsable, lo cual suponía que la responsabilidad de la clínica sólo opera una vez que se hubiera agotado la persecución de la responsabilidad del agente material del daño .
Adujeron que la determinación de la norma legal aplicable a un caso concreto, jamás puede considerarse un hecho nuevo, sujeto a los lapsos preclusivos de alegación, ya que deriva del principio iura novit curia, lo cual puede estar incluso fundamentado en la negación del derecho aplicable efectuado en una contestación de la demanda a modo de infitiato .
Con fundamento en las anteriores consideraciones, solicitaron se declare con lugar la solicitud de revisión incoada y, en consecuencia, se anule la sentencia N° 151, dictada el 12 de marzo de 2012 por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo.
II
DE LA COMPETENCIA
Debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto observa que, conforme lo establece el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
Por su parte, en el fallo Nº 93/2001 del 6 de febrero (caso: Corpoturismo), esta Sala determinó su potestad extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, la cual fue recogida en la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo artículo 25, cardinales 10 y 11, dispone lo siguiente:
Artículo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
( )
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; por falta de aplicación de algún principio o nomas constitucionales.
11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos señalados en el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales .
Ahora bien, visto que en el caso de autos se solicitó la revisión de una sentencia emanada de la Sala de Casación Civil, a la que se imputa la violación del derecho a la igualdad, al acceso a los órganos de administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y al principio de legalidad contenidos en los artículos 21, 26, 49, cardinal 1 y 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala se considera competente para conocerla; y así se declara.
III
DEL FALLO OBJETO DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
En su decisión del 12 de marzo de 2012, la Sala de Casación Civil declaró sin lugar el recurso de casación ejercido por la sociedad mercantil Clínica El Ávila C.A., contra la sentencia definitiva dictada el 14 de febrero de 2011 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión emitida el 18 de diciembre de 2008 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial que declaró parcialmente con lugar la demanda por daños y perjuicios, daño moral y lucro cesante incoada en su contra por los ciudadanos Ana Teresa Celis de Palazzi y Alberto José Palazzi Octavio, respectivamente, padres de la niña fallecida cuyo nombre se omite por disposición del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Ahora bien, visto lo extenso del fallo objeto de la solicitud de revisión y tomando en cuenta que ella no va dirigida a efectuar una impugnación general de todas las consideraciones expuestas por la Sala de Casación Civil, sino sólo a cuestionar aspectos puntuales de la decisión in commento, esta Sala procede a hacer referencia exclusivamente a los razonamientos objetados.
Al respecto, la Sala de Casación Civil esgrimió como fundamento del recurso de casación incoado por la solicitante, las siguientes consideraciones:
Advirtió la referida Sala, dentro del capítulo correspondiente al Recurso por Defecto de Actividad, que el formalizante le imputa a la recurrida la infracción de los artículos 15 y 208 del Código de Procedimiento Civil, al no decretar la reposición de la causa al estado en que se encontraba en fecha 6 de abril de 2006, cuando se revocó por contrario imperio el auto de fecha 5 de abril de 2006, que admitió en ambos efectos la apelación ejercida contra la decisión dictada el 22 de marzo de 2006, que declaró inadmisible la reconvención propuesta.
Ante esta situación se observa, que dada la naturaleza del recurso que permite a la Sala descender al análisis de las actas del expediente, y en razón de estar resolviendo una denuncia por defecto de actividad, cuyos supuestos hacen necesario escudriñar las actas procesales, luego de realizar un detenido y cuidadoso análisis de las mismas, aprecia lo siguiente:
(omissis)
El tribunal a quo declaró inadmisible la reconvención propuesta en la contestación de la demanda, y en contra de dicha declaratoria de inadmisibilidad, la parte demandada interpuso recurso ordinario de apelación, y dicha apelación fue admitida en ambos efectos por auto expreso, siendo posteriormente revocado por contrario imperio y se admitió nuevamente la apelación en un solo efecto.
Al respecto cabe señalar, que la decisión que declara inadmisible la reconvención es una decisión interlocutoria, dado que la negativa de admisión no supone el rechazo de tal pretensión, sino la determinación de que ésta debe resolverse en un proceso distinto .
Seguidamente, la Sala de Casación Civil observó, bajo los principios de expectativa plausible y confianza legítima, que la demanda fue presentada en fecha 23 de febrero de 2005, y la reconvención fue propuesta en fechas 8 y 16 de diciembre de 2005 tomando en cuenta lo expuesto en sus fallos de fechas 6 de abril de 1994, 18 de febrero de 1997, 12 de agosto de 1998, 9 de junio de 1999, 14 de marzo de 2000, 15 de noviembre de 2000, Exp. N° RC-1999-883, Sent. N° 368, y del 13 de noviembre de 2007, Exp. N° 2007-596, Sent. N° RH-829 , y el contenido de los artículos 289, 291 y 295 del Código de Procedimiento Civil, concluyó que la admisión de la apelación en este caso, se encuentra ajustada a derecho al haberse hecho en el solo efecto devolutivo o en un solo efecto, por lo cual no existe el quebrantamiento de formas sustanciales del proceso delatado por el formalizante ni es procedente la reposición de la causa invocada.
Por otra parte, el formalizante alegó que al presentarse la reconvención el juicio se suspende, y por lo cual no transcurrió el lapso de promoción de pruebas de la forma en que lo computó el tribunal de la causa. Solicitándose la reposición de la causa, al estado de admisión de las pruebas, que considera promovió tempestivamente y no de manera extemporánea como alega lo declaró el tribunal de primera instancia, con la consecuente violación de los artículos 15 y 208 del Código de Procedimiento Civil ..
La Sala de Casación Civil, advirtió, con relación a esta denuncia que el formalizante basó su afirmación en lo establecido en los artículos 367 y 369 del Código de Procedimiento Civil, y una vez analizados los mismos concluyó lo siguiente: De las normas antes citadas se desprende, que una vez admitida la reconvención, el demandante la contestará en el quinto día siguiente, suspendiéndose entre tanto el procedimiento respecto de la demanda y que contestada la reconvención, o si hubiere faltado a ello el reconvenido, continuarán en un solo procedimiento la demanda y la reconvención hasta la sentencia definitiva,
Véase claramente la suspensión de la causa se verifica con la admisión de la reconvención, y no como lo alega el formalizante, con la presentación de la reconvención, hasta que el tribunal se pronuncie sobre la admisibilidad de la reconvención. Y como en el presente caso la reconvención fue declarada inadmisible, resulta obvio que el formalizante entendió como supuesto abstracto de la norma, uno que no contempla y en base a ese razonamiento fue que solicitó la reposición de la causa. Por lo tanto es necesario concluir en la improcedencia de la presente delación, al no existir el quebrantamiento de una forma sustancial del proceso, como lo señala la parte recurrente.
También analizó la referida Sala la denuncia de la infracción de los artículos 15 y 208 del Código de Procedimiento Civil, presentada por el formalizante con fundamento en el cardinal 1 del artículo 313 eiusdem.
Al respecto, observó lo siguiente: La Sala ha indicado que para determinar si un instrumento es un documento fundamental, debe encajar dentro del supuesto del ordinal 6° artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe examinarse si está vinculado o conectado con la relación de los hechos narrados en el escrito de la demanda, y en consecuencia, debe producirse junto con el libelo.
Así, ha sostenido que son documentos fundamentales de la pretensión aquellos de los cuales emana el derecho que se invoca y cuya presentación no ofrezca dificultad para que el demandado conozca los hechos en que el actor funda su pretensión y la prueba de la que intenta valerse. (Cfr. Fallo N° RC-81 del 25 de febrero de 2004. Exp. N° 2001-429, caso: Isabel Álamo Ibarra y otras contra Inversiones Mariquita Pérez, C.A.).
De igual forma se observa, que la reconvención o mutua petición es un recurso que la ley confiere al demandado por razones de celeridad procesal, en virtud del cual se le permite plantear a su vez en el acto de la litis contestación, cualquier pretensión que pueda tener contra el actor primitivo, incluso referidas (sic) a situaciones diferentes a las que se plantean en el juicio principal.
Así mismo, esta Sala ha dicho, que el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, establece que el juez a solicitud de parte y aún de oficio, declarará inadmisible la reconvención si esta versare sobre cuestiones para cuyo conocimiento carezca de competencia por la materia, o que deben ventilarse por un procedimiento incompatible con el ordinario. Estas causales de inadmisibilidad obligatoriamente deben entenderse concatenadas con el artículo 341 del mismo Código, de acuerdo al cual presentada la demanda el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley; pues se trata de una demanda solo acumulada a la principal por obra de mutua petición.
(omissis)
Ahora bien, si es presentada la reconvención y esta no cumple los requisitos a que se contrae el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil antes transcrito, y el juez observa este defecto, este claramente puede en aplicación concatenada de los artículos 341 y 366 eiusdem, declarar la inadmisibilidad de la reconvención por la falta de consignación del documento fundamental de la pretensión, dado que dicho defecto de forma no es oponible por la parte demandante reconvenida, (Ex art. 340 Ord. 6°) y en ese caso se generaría una ventaja indebida a favor del demandado reconviniente, pues se le admitiría una mutua petición sin sustento documental alguno, dado que no es admisible la oposición de cuestiones previas a la demanda reconvencional, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 368 ibídem, y en consecuencia el demandante quedaría en estado de indefensión.
En consideración a lo antes expuesto, esta Sala concluye, que el juez de la causa si podía declarar inadmisible la reconvención, si ésta no es acompañada del documento fundamental en la que se sustenta, por ser una consecuencia legal de la concatenación de las normas antes citadas,[artículos 340, 341, 346, 366 y 368 del Código de Procedimiento Civil] relativas a la admisibilidad de la demanda y la reconvención y de la naturaleza misma del procedimiento reconvencional que no permite la oposición de cuestiones previas por defecto de forma.
(omissis)
Dicho lo anterior, es menester señalar que el juez de la recurrida actuó conforme a derecho, por cuanto forma parte de la activad oficiosa del juez, revisar en cualquier estado y grado del proceso la conformidad en los requisitos de admisión de la demanda y declarar la inadmisibilidad de la misma por cualquiera de los motivos establecidos en la ley, pues el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad constituye materia de orden público.
A este respecto, es necesario mencionar lo decidido por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, en fallo N° 1618 del 18 de abril de 2004, caso: Industria Hospitalaria de Venezuela 2943, C.A., expediente N° 03-2946, que estableció:
'.para verificar el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, tanto las partes como el Juez, están autorizados para controlar la válida instauración del proceso, con la advertencia de los vicios en que haya incurrido el demandante respecto de la satisfacción de los presupuestos procesales y la falta de oposición por el demandado de las cuestiones previas a que se refiere el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil o de cualquier otro mecanismo de defensa de cuestiones procesales, no obsta para que el Juez, que conoce el derecho y dirige el proceso, verifique en cualquier estado y grado de la causa v.g.: en la ejecución o en la alzada-, el cumplimiento de los presupuestos procesales, aunque al momento en que fue admitida la demanda por el Juez de la causa, no se hubiere advertido vicio alguno para la instauración del proceso.'
El anterior criterio jurisprudencial es claro al señalar, que en la etapa de admisión de la demanda, el juez de la causa debe evidenciar la falta de cumplimiento de los presupuestos procesales, y declararlo de oficio, aún sin intervención de los sujetos demandados.
Lo anterior está concatenado con el principio constitucional consagrado en el artículo 26 de nuestra actual y vigente Carta Magna cuando consagra que ' el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.'
De manera que la actividad del juez no puede estar sujeta a que las partes eventualmente aleguen la causal de inadmisibilidad de la acción, cuando desde el inicio éste ha advertido de la existencia del vicio, más aún cuando tal desatino puede ser declarado en cualquier estado y grado del proceso.
Ahora bien, la Sala observa que en este caso la demanda reconvencional es inadmisible, por no cumplir con los presupuestos procesales necesarios para su interposición, conforme a la interpretación jurisprudencial que ha dado la Sala Constitucional y es acogida por esta Sala, antes citada, que se corresponde con el tercer supuesto que expresa: '...3) Cuando la acción no cumple con los requisitos de existencia o validez que la ley o los principios generales del derecho procesal le exigen...', por cuanto 'algunos de los requisitos de existencia y validez de la acción están señalados en la propia ley, cuyo incumplimiento la hace rechazable o inadmisible, mientras que otros provienen de los principios generales del derecho.'
Por último cabe señalar, como ya se explicó en este fallo, que la decisión que declara inadmisible la reconvención es una decisión interlocutoria, dado que la negativa de admisión no supone el rechazo de tal pretensión, sino la determinación de que ésta debe resolverse en un proceso distinto, lo que determina que dicha inadmisión no impide la interposición de dicha demanda en vía principal en otro proceso, y por ende es obvio concluir que no causa gravamen alguno a la parte demandada reconviniente, dado que no se le prohíbe el ejercicio de la acción.
Es de concluir, que el juez de primera instancia actuó ajustado a derecho al declarar la inadmisibilidad de la reconvención propuesta, por no cumplir con los presupuestos procesales necesarios para su interposición.
( )
En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala declara improcedente la presente denuncia de infracción, a fin de evitar incurrir en una casación inútil o en excesivas formalidades, dando así cumplimiento a lo previsto en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.
En lo que respecta a la denuncia de infracción del cardinal 4 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por inmotivación, presentada por el formalizante con fundamento en el cardinal 1 del artículo 313 eiusdem, la Sala expresó: el formalizante le imputa a la recurrida la comisión del vicio de inmotivación ( )al considerar que el juez no podía desechar unas pruebas trasladadas del juicio penal a este juicio civil, y apreciar la sentencia que se emitió en dicho juicio penal.
Ahora bien, es oportuno señalar con respecto al principio de traslado de pruebas, el fallo de la Sala Político Administrativo (sic) de este Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 27 de marzo 1990, expediente N° 538, caso: Procter & Gamble de Venezuela C.A., que remite a sentencias de esta Sala de Casación Civil del 7 de agosto de 1963, 23 de abril de 1980 y 30 de mayo de 1984, que dispuso lo siguiente:
(omissis)
De dicho fallo se desprende la doctrina de esta Sala de Casación Civil, que en referencia al traslado de prueba señala lo siguiente:
I.- Que las pruebas simples practicadas en un juicio primigenio son admisibles en otro posterior habido entre las mismas partes.
II.- Que esto sólo es posible si se han cumplido a cabalidad todas las formalidades procesales para su establecimiento en el juicio primigenio, esto quiere decir que fueron practicadas válidamente en el primer juicio.
III.- Por lo cual, de no constar la inobservancia de esas formalidades, bien pueden apreciarse en un juicio distinto.
IV.- Que dicha posibilidad legal de traslado de prueba de un juicio primigenio a otro posterior, se encuentra respaldada en lo dispuesto en el artículo 204 del Código de Procedimiento Civil derogado de 1916 y actualmente está prevista en el artículo 270 del vigente código adjetivo civil.
V.- Que las pruebas evacuadas en un juicio, no tienen ningún valor cuando se presentan en otro juicio, si las partes del primer juicio son diferentes a las partes del otro en que se quieren hacer valer.
VI.- La prueba para que tenga validez en su traslado, debió haber sido practicada en contradicción y control de las mismas partes.
VII.- Que su aducción al nuevo proceso sea en copia autenticada.
VIII.- Que para su valoración, al juez se le asigna una doble función crítica, que consiste en el examen del medio de prueba trasladada, en cuanto a su correcto establecimiento en el juicio primigenio, y en cuanto a la autenticidad de las copias certificadas consignadas como pruebas.
IX.- Que al cumplir con los requisitos para el traslado de prueba, no se hace necesario su ratificación en el proceso donde se llevan.
X.- Que estén en juicio los mismos hechos, y
XI.- Que los pedimentos sean idénticos.
Ahora bien, en cuanto a la validez de una copia certificada de una sentencia de un juicio, que se pretenda hacer valer en otro juicio, la Sala ha dicho lo siguiente:
Sobre ese particular, es oportuno indicar que la Sala Constitucional hizo referencia a la cosa juzgada, por cuanto se trata de acciones y recursos ejercidos en el mismo proceso, contra actuaciones producidas en éste, lo cual evidencia la triple identidad, no así cuando se trata de otro juicio, en el que dicho instituto solo opera si están dados los supuestos exigidos en el artículo 1.395 del Código de Procedimiento Civil. ( )
Ahora bien, en cuanto al traslado de prueba, referente a las distintas actas del expediente penal, consignadas en copia certificada, en este caso no se cumple con los requisitos necesarios para su procedencia, pues los pedimentos hechos en ambos juicios son distintos, en uno el Ministerio Público en el juicio penal punitivo e inquisitorio, se limita al establecimiento de la responsabilidad penal subjetiva individual del procesado, y en el juicio civil, se busca el resarcimiento de los daños y perjuicios y daños morales, que considera el demandante le fueron causados por el demandado.
En relación a la apreciación de la copia certificada de la sentencia del tribunal penal como un indició (sic), al obrar el carácter de cosa juzgada, conforme a la doctrina de esta Sala antes citada, se observa que dicha apreciación es correcta, dado que la cosa juzgada penal, referida a una sentencia penal condenatoria, tiene carácter de efecto general, dada la naturaleza de orden público del juicio penal, en aras de la seguridad jurídica como elemento de preservación de la paz social, y en contra de ésta el juez civil no puede negar la existencia del hecho, ni la imputabilidad, tanto material como moral de la culpa que el juez penal ha tipificado como delito o infracción. La cosa juzgada penal obra como un límite a la jurisdicción del juez civil, por cuanto no puede admitir hechos que sean contradictorios con los constatados en el juicio penal.
Por todo lo antes expuesto concluye esta Sala, que las apreciaciones hechas por el juez de alzada no son contradictorias, como lo señala el recurrente, sino por el contrario palmariamente coherentes, lo que determina la improcedencia de la presente delación. Así se declara.
Igualmente señaló la Sala de Casación Civil que el formalizante le imputa a la recurrida la comisión del vicio de inmotivación por contradicción, con la infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, al considerar que según la historia médica 'al momento del fallecimiento la víctima presentaba una lesión anal' desestimando la experticia e informe de exhumación evacuada en sede penal que lo contradecía y luego, considerar como falso tal argumento antes fijado, por el hecho que la sentencia penal basada en la misma prueba no admitida por imposibilidad de traslado, consideró como falso tal hecho .
Al respecto, luego de citar el fallo de esta Sala Constitucional N° 1619, del 24 de octubre de 2008, expediente N° 2008-774, caso: AGENCIA DE FESTEJOS SAN ANTONIO C.A., hizo referencia a las modalidades que puede asumir la falta absoluta de motivos según criterios doctrinales y jurisprudenciales reiterados, destacando el relativo a la contradicción en los motivos estos es Que los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables. Generando una situación equiparable a la falta de fundamentación .
Así, agregó que tal vicio se produce siempre que, naturalmente, la contradicción verse sobre un mismo considerando, lo cual conducirá, irremediablemente, a la destrucción recíproca de los mismos, e impedirá con ello el control de la legalidad del fallo, y en este sentido se ha pronunciado esta Sala en su fallo N° RC-704 del 27 de noviembre de 2009, expediente N° 2009-242, caso: Manuel Alfredo Padra Rivodó contra Giacoma Cuius Cortesía y otro , y concluyó lo siguiente: leído el fallo impugnado antes transcrito, se observa, que es aceptable en lo que se refiere al requisito de motivación; en otras palabras, el juez de alzada realizó una actividad de justificación de su decisión sin incurrir en contradicción en sus fundamentos, independientemente de la certeza de dichas afirmaciones, dado que se pronunció en cuanto a la validez de las pruebas bajo el principio de traslado de pruebas, en torno a una experticia y exhumación del cadáver hechas en el juicio penal, y en torno a la validez de la historia clínica como documento privado, fijando el valor que consideró a cada prueba.
De igual forma se observa, que si lo que pretende el formalizante es manifestar su inconformidad con el establecimiento de los hechos o la valoración de las pruebas hechas por el juez, bajo una denuncia por defecto de actividad por inmotivación, no le sería posible a la Sala, revisar dicho pronunciamiento, el cual sólo es revisable bajo la formulación de una denuncia de casación sobre los hechos, en la cual se impugne el establecimiento de los hechos o de las pruebas o la valoración de los hechos o de las pruebas realizado por el juez, cumpliendo con los requisitos de una denuncia por infracción de ley, que demuestre entre otros de sus requisitos, la influencia determinante de dicho vicio de lo dispositivo del fallo.
En consideración a todo lo antes expuesto, se declara improcedente la presente denuncia .
En lo relativo al Recurso por Infracción de Ley, la Sala de Casación Civil señaló: el formalizante le imputa a la recurrida, la infracción del artículo 118 del Código Penal de '1964', por falta de aplicación y del artículo 1191 del Código Civil, por falsa aplicación, alegando que la responsabilidad de los galenos por sus actos es personalísima, y por ende se excluye la aplicación del artículo 1191 del Código Civil, al establecer un régimen de responsabilidad subsidiario cuando se trata de hechos calificados como delitos o faltas.
Al respecto cabe señalar, lo dispuesto en el libro primero, 'Disposiciones generales sobre los delitos y las faltas, las personas responsables y las penas', título XI 'De la responsabilidad civil, su extensión y efectos' del Código Penal Venezolano del 30 de junio de 1915, reformado mediante publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 915 extraordinaria, año XCII, mes IX, del martes 30 de junio de 1964, que estuvo en vigencia hasta el día viernes 20 de octubre del año 2000, conforme a la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5494 extraordinaria, año CXXVIII, en su artículo 118, normativa penal vigente para el momento del lamentable fallecimiento de la niña, hija de los demandantes, en fecha 14 de octubre de 1999, que dispone lo siguiente:
(omissis)
De la norma antes citada se desprende, que son responsables subsidiariamente los maestros y las personas dedicadas a cualquier género de industria por las faltas o delitos en que incurran sus discípulos, oficiales o aprendices en el desempeño de su obligación o servicio. Y que no incurren en esta responsabilidad si prueban que no han podido evitar el hecho de sus discípulos oficiales o aprendices.
Es claro para esta Sala, que esta norma establece una responsabilidad civil subsidiaria o secundaria, que tiene como eximente de responsabilidad el hecho, de que se pruebe, que los responsables no han podido evitar el hecho cometido por sus discípulos, oficiales o aprendices en el desempeño de su obligación o servicio.
Lo que determina para su aplicación, que exista previamente la declaratoria de responsabilidad penal y por tanto se genera una responsabilidad civil principal. Que exista una relación de dependencia, subordinación o parentesco entre el responsable criminal (responsable civil principal) y el responsable civil subsidiario o secundario. Y por ende, nacería en favor del responsable por relación de dependencia, subordinación o parentesco, el derecho de repetición, en contra del responsable principal.
Ahora bien, en el presente caso, se demandó a un centro asistencial de salud por daño moral y lucro cesante, señalándose que existe una responsabilidad especial o compleja de los dueños, principales o directores por el hecho ilícito de sus sirvientes y dependientes, en el ejercicio de sus funciones en que los han empleado, estableciéndose también que dicha responsabilidad civil objetiva es consecuencia de los servicios prestados por dicha institución dispensadora de salud, en donde se le ocasionó a su niña, como consecuencia de la negligencia médica la muerte.
Esto es ratificado por las pruebas cursantes en autos, y en especial, dado que la Dra. Yumaira Josefa Arias Ibarra, en la audiencia preliminar celebrada en fecha 13 de junio de 2002, que corre inserta en copia certificada a los folios 320 al 328 de la pieza uno de este expediente, ante el Juzgado Cuadragésimo Octavo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, expediente N° C-48-981-02, médico tratante de la niña en la emergencia pediátrica de la clínica, admitió la comisión del delito de homicidio culposo, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal, al '...haber ocasionado la muerte de la niña (identidad omitida conforme a lo estatuido en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) (), de nueve días de nacida, dada su conducta negligente y descuidada en brindarle atención y tratamiento médico a la misma niña .
( )
Lo que constituye un hecho irrebatible judicialmente, y por lo cual, a juicio de esta Sala, determina palmariamente, la responsabilidad solidaria de la clínica demandada, dado que no existió por su parte (la clínica) la supervisión necesaria, para darse cuenta de que la médico que supuestamente estaba de guardia esa noche, no cumplía con sus funciones porque se acostó a dormir, pues no existió un supervisor de dichos servicios médicos, el cual de existir se hubiera dado cuenta de la falta cometida en la prestación del servicio médico asistencial de vital importancia.
De igual forma, cuando un ciudadano concurre a un centro de salud, y en éste se le indica donde (sic) queda el servicio de emergencia o especialidad en el cual va a ser atendido y quien (sic) es el médico tratante o el médico de guardia, según el caso, posteriormente pasa a la administración y paga los servicios de la clínica, así como los honorarios médicos, sin lo cual no es atendido.
Esto determina, a juicio de la Sala, la vinculación innegable entre el centro de salud y el personal médico que en él labora, no pudiendo pensarse que no existe responsabilidad solidaria entre ambos.
A este respecto cabe señalar, que no basta únicamente alegar la responsabilidad de los dueños o principales o directores por el hecho ilícito de sus sirvientes y dependientes en el ejercicio de sus funciones en que los han empleado, sino que es necesario demostrar, entre otros requisitos, que el daño ha sido causado por el agente material del ilícito en el ejercicio de sus funciones propias, para las cuales fue empleado, pues si bien en doctrina se acepta que existe una presunción de culpa por parte del dueño o principal en relación con el daño cometido por el sirviente o dependiente, tal presunción sólo funciona cuando se ha logrado evidenciar los extremos antes mencionados: vale decir, que si el dependiente es a su vez culpable, que actuó en el ejercicio de las funciones, entonces el principal responde del hecho ilícito, atribuyéndosele culpa en la elección o vigilancia de su dependiente.
Esta es la doctrina diuturna, pacífica, consolidada y permanente de esta Sala, por lo menos desde su fallo del año 1973, ratificado el 7 de diciembre de 1988 y el 18 de noviembre de 1998, entre otras, y nuevamente reiterado en fallo N° RC-340, expediente N° 2000-1015, del 2 de noviembre de 2001, caso: María Ysmelda Méndez Carreño y otros contra la sociedad mercantil Expresos La Guayanesa, C.A., donde está Sala interpretó el alcance y contenido del artículo 1.191 del Código Civil, ( )
Por lo cual, la aplicación del artículo 1.191 del Código Civil, que señala: 'Los dueños y los principales o directores son responsables del daño causado por el hecho ilícito de sus sirvientes y dependientes, en el ejercicio de las funciones en que los han empleado.', por parte del juez de la recurrida, fue la correcta, no incurriendo en la falsa aplicación que se le imputa, ni incurriendo falta de aplicación del artículo 118 del Código Penal de 1915, señalado por el formalizante como del año 1964, al estar claro que la responsabilidad civil subsidiaria o secundaria, descrita en dicha norma, sólo tiene como eximente de responsabilidad el hecho, de que se pruebe, que los responsables no han podido evitar el hecho cometido por sus discípulos, oficiales o aprendices en el desempeño de su obligación o servicio. Y en este caso, con la simple supervisión de que el personal médico de la clínica cumpliera con sus deberes en sus guardias, es más que suficiente para demostrar que los responsables si habían podido evitar el hecho que causó el daño cometido.
Por último en cuanto a la aplicación del criterio establecido en la sentencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, N° 484 de fecha 12 de abril de 2011, se observa que, bajo los principios de expectativa plausible y confianza legítima, que la demanda fue presentada en fecha 23 de febrero de 2005, y la reconvención fue propuesta en fechas 8 y 16 de diciembre de 2005, con anterioridad a la existencia de dicho criterio, por lo cual no le es aplicable al presente caso, siendo el que le corresponde, el criterio de esta Sala antes citado, del fallo N° RC-340, Exp. N° 2000-1015, del 2 de noviembre de 2001, el cual era el vigente para el momento de interposición de la demanda y su contestación.
En el mismo sentido también se observa, que dicho alegato esgrimido por primera vez ante esta Sala, en base a la sentencia N° 484 antes citada, en cuanto a la responsabilidad personal, constituye palmariamente el alegato de un hecho nuevo, que modificaría sustancialmente los extremos en que se fijó la litis (demanda y contestación), creando una clara desventaja a la parte demandante, de acogerse dicho criterio, al modificarse sustancialmente el thema decidendum, cuestión que no es permitida en el proceso civil ordinario, al ser violatorio de las garantías constitucionales del derecho a la defensa y del debido proceso, que generaría una clara desigualdad de las partes en el proceso, infringiendo lo previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
(omissis)
En definitiva, admitir lo contrario, sería violar y contrariar los principios constitucionales de expectativa plausible y confianza legítima, conforme a la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contenida en su fallo N° 521, de fecha 3 de junio de 2010, Exp. N° 2010-135, en la revisión constitucional incoada por Heberto José Ferrer Castellano, que remite a la doctrina sentada por la Sala Constitucional en fecha 1° de junio de 2001, mediante decisión N° 956, caso: Frank Valero González, entre otros, doctrina esta que resulta aplicable al caso de autos.( )
Por todo lo antes expuesto, esta delación es improcedente. Así se declara.-
Bajo el capítulo Quaestio Facti, la Sala de Casación Civil analizó la denuncia del formalizante relativa a la infracción del artículo 1.395 cardinal 3° del Código Civil, por falsa aplicación, por considerar que se violó la presunción legal de cosa juzgada extendiendo su aplicación a este caso, con la aprobación de los dichos explanados en el juicio penal, como prueba del daño en este juicio civil, siendo que la parte demandada no formó parte de la relación procesal penal y por ende no se cumple (sic) los requisitos necesarios para considerar que se puede aplicar el carácter de cosa juzgada, a la copia certificada que contiene la sentencia emitida en el juicio penal .
La referida Sala señaló al respecto lo siguiente el juez de alzada valoró como prueba de la cosa juzgada penal, de forma irrefutable, a la sentencia de auto composición procesal que se generó con la aceptación de los hechos y de los cargos imputados en el juicio penal, en la audiencia preliminar de juicio, estableciendo el carácter de cosa juzgada no desvirtuable, para cualquier otro proceso, dado el carácter de cosa juzgada criminal cuando se deriva en una sentencia de condena, que tiene carácter irrefutable en cualquier otro proceso judicial, inclusive en el juicio civil, dado su carácter de interés general a toda la colectividad.
De igual forma señaló, que la decisión definitiva de la jurisdicción penal no puede ser contradicha oficialmente por un juez del orden civil, y que poco importa quién invoque la autoridad de la sentencia penal, ya sea el propio procesado, la víctima del delito penal o cualquier otro tercero que haya resultado afectado civilmente por el mismo.
Al respecto, cabe señalar en primer lugar, que visto que los documentos certificados (sentencia penal) constituyen copia fotostática de un (1) expediente judicial, dicha prueba tiene pleno valor de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil ( ).
En segundo lugar, lo discutido en esta denuncia por parte del formalizante, ya fue objeto de análisis por parte de esta Sala, explanándose la doctrina del principio de traslado de pruebas y señalando que en el presente caso, está ratificado por las pruebas cursantes en autos, que la Dra. Yumaira Josefa Arias Ibarra, en la audiencia preliminar celebrada en fecha 13 de junio de 2002, que corre inserta en copia certificada a los folios 320 al 328 de la pieza uno de este expediente, ante el Juzgado Cuadragésimo Octavo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, expediente N° C-48-981-02, médico tratante de la niña en la emergencia pediátrica de la clínica,[quien] admitió la comisión del delito de homicidio culposo, previsto y sancionado en el artículo 411 del Código Penal .
Lo que constituye un hecho irrebatible judicialmente, y por lo cual, a juicio de esta Sala, determina palmariamente la responsabilidad solidaria de la clínica demandada, dado que no hubo por su parte (la clínica) la supervisión necesaria para darse cuenta que la médico que supuestamente estaba de guardia esa noche, no cumplía con sus funciones porque se acostó a dormir, pues no existió un supervisor de dichos servicios médicos que se diera cuenta de la falta cometida en la prestación del servicio médico asistencial de vital importancia, para tomar los correctivos del caso, tal como disponer que los pacientes que se encuentren bajo su resguardo no estuvieren sin la debida supervisión médica.
Y por ende no entiende esta Sala, como el formalizante señala, que el juez superior no podía dar 'por ciertos (sic) es la negligencia médica y en especifico: 'que la médico neonatóloga YUMAIRA JOSEFA ARIAS IBARRA incurrió en un hecho ilícito; que el mismo tuvo lugar en la ubicación de la CLÍNICA EL ÁVILA; y, que el mismo tuvo ocasión durante su jornada laboral como médico del mencionado centro clínico'.
En tercer lugar, lo declarado por la Dra. YUMAIRA JOSEFA ARIAS IBARRA, ante el Juez de Control Penal en la audiencia preliminar de juicio, es un hecho incontrovertible e incuestionable, pues ésta confesó ante un Juez de la República haber cometido el delito de homicidio culposo, al quedarse dormida durante la guardia que le correspondía en la Clínica El Ávila, cumpliendo con el requisito esencial de validez para que dicha declaración cumpla efecto, conocido por la doctrina de esta Sala como animus confitendi, pues la acusada penalmente, compareció a juicio como confesante de haber cometidos los hechos que se le imputaron de forma expresa, libremente y sin coacción alguna, ante un órgano jurisdiccional competente, aunque el sujeto activo o agente, es decir la acusada en el juicio penal no tenía el animus necandi, ni siquiera animus nocendi, por cuanto en ningún momento tuvo la intención de matar o de causar lesión en el sujeto pasivo, la víctima en la causa penal, (de identidad omitida conforme a lo estatuido en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) (), pero la muerte es producto de la impericia en la profesión, arte o industria (culpa profesional), la negligencia (culpa in omitiendo); y la inobservancia de los reglamentos, órdenes o instrucciones, y potísima prueba es que, en aras del luminoso principio de justicia del Derecho Penal liberal, se le interrogó sin juramento; justamente para que no pesara sobre élla coacción alguna y tuviera libertad absoluta para defenderse lo mejor que pueda: de allí que sea imposible que un imputado cometa el delito de falso testimonio, así como, que su confesión expresa de haber cometido los hechos por los cuales se le imputó en causa penal, puedan ser objeto de contradicción en otro juicio, pues adminiculada a las demás pruebas promovidas por la vindicta pública en la audiencia preliminar, hacen plena prueba de la perpetración del delito, así sea culposo, el cual está indefectiblemente ligado a la relación de causalidad en este juicio civil. Así se decide.
Por último, para esta Sala, la cosa juzgada penal referida a una sentencia penal condenatoria, tiene carácter de efecto general, dada la naturaleza de orden público del juicio penal, en aras de la seguridad jurídica como elemento de preservación de la paz social, y en contra de ésta, el juez civil no puede negar la existencia del hecho, ni la imputabilidad, tanto material como moral de la culpa que el juez penal ha tipificado como delito o infracción. La cosa juzgada penal obra como un límite a la jurisdicción del juez civil, por cuanto no puede admitir hechos que sean contradictorios con los constatados en el juicio penal.
(omissis)
En relación a este punto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido lo siguiente:
' La eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, según lo ha establecido la doctrina de este máximo tribunal ( ) se traduce en tres aspectos: a) inimpugnabilidad, según la cual la sentencia con autoridad de cosa juzgada no puede ser revisada por ningún juez cuando ya se hayan agotado todos los recursos de ley, inclusive el de invalidación (non bis in eidem); b) inmutabilidad, según la cual la sentencia no es atacable indirectamente, porque no es posible la apertura de un nuevo proceso sobre el mismo tema; no puede otra autoridad modificar los términos de una sentencia pasada en cosa juzgada; y c) coercibilidad, que consiste en la eventualidad de ejecución forzada en los casos de sentencias de condena; esto es, 'la fuerza que el derecho atribuye normalmente a los resultados procesales' se traduce en un necesario respeto y subordinación a lo dicho y hecho en el proceso '. (Decisión Nº 3.622 del 6 de diciembre de 2005)
Por lo cual, mal podría el juez civil de alzada, infringir lo estatuido en el artículo 1395 ordinal 3 del Código Civil, pues dicha norma se refiere a la cosa juzgada civil, más no a la cosa juzgada penal, que por su (sic) características de orden público, resulta de permanente inalterabilidad e irrefutabilidad, y es oponible a las partes del juicio penal, así como a cualquier tercero, en cualquier juicio, pues su autoridad de cosa juzgada en cuanto al hecho criminal mismo, no puede ser nuevamente discutida en otro juicio, y mucho menos en juicio civil.
Por todo lo antes expuesto, esta Sala desecha la presente delación, por supuesta infracción del artículo 1.395 ordinal 3° el Código Civil. Así se decide .
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Delimitada como ha sido la competencia para conocer de la presente revisión, esta Sala pasa a decidir y, para ello, observa:
La vía extraordinaria de revisión ha sido concebida como un medio para preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, o para corregir graves infracciones a sus principios o reglas (vid. sentencia. 1760/2001), lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia o no.
En efecto, la propia Sala dejó sentado en la sentencia N°1.862 del 6 de febrero de 2001 (caso: Corporación Turismo de Venezuela CORPOTURISMO), que la potestad de revisión consagrada en el artículo 336, cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puede ser ejercida de manera discrecional; por lo tanto, la misma no debe ser entendida como una nueva instancia, puesto que su procedencia está limitada a los casos de sentencias definitivamente firmes, esto es, decisiones amparadas por el principio de la doble instancia judicial.
En el caso de autos, el fallo judicial sometido a revisión de esta Sala es la sentencia N° 151 dictada el 12 de marzo de 2012 por la Sala de Casación Civil, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de casación ejercido por la sociedad mercantil Clínica El Ávila. C.A., contra la sentencia definitiva dictada el 14 de febrero de 2011 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión emitida el 18 de diciembre de 2008 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial, que declaró parcialmente con lugar la demanda por daños y perjuicios, daño moral y lucro cesante incoada en su contra por los ciudadanos Ana Teresa Celis de Palazzi y Alberto José Palazzi Octavio, respectivamente, padres de la niña fallecida cuyo nombre se omite por disposición del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Al respecto, la solicitante alegó la violación de los criterios e interpretaciones de las normas y principios constitucionales relacionados con el derecho a la igualdad, al acceso a los órganos de administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y al principio de legalidad, en razón de que la referida Sala plantea una serie de criterios claramente inconstitucionales que tergiversan la esencia de distintas instituciones procesales que por su aplicabilidad a casos futuros, requieren de la actuación procesal de la Sala Constitucional mediante el establecimiento de una doctrina uniforme con los principios y derechos fundamentales consagradas en (la) Carta Magna .
En este sentido, es preciso reiterar que para proceder a la revisión de una sentencia, vale decir, para que esta Sala Constitucional haga uso de la facultad que le confieren los artículos 336, cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 25, cardinales 10 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, es menester no sólo el carácter definitivo de la sentencia, sino que la misma incurra en alguno de los supuestos que esta Sala ha ido elaborando y desarrollando, recogidos en los preceptos antes citados, a partir de la sentencia N° 93/2001 del 6 de febrero (caso: Corpoturismo) y de lo que disponía el artículo 5, cardinales 4 y 16 de la derogada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Vid. 1.103/2007, caso: Tommaso Puglisi Platana).
Así, la Sala ha sostenido que dicha facultad puede sólo ser ejercida de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional. Asimismo, ha dejado establecido que ello se impone a los fines de salvaguardar la garantía de la cosa juzgada judicial, cuya inmutabilidad es característica de la sentencia. De tal manera que, para que prospere una solicitud de este tipo, es indispensable que el fallo cuya revisión se solicita haya realizado un errado control de la constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional; o haya incurrido en un error grave en cuanto a la interpretación de la Constitución, haya obviado por completo la interpretación de la norma constitucional o haya violado de manera grotesca los derechos constitucionales.
Ahora bien, aprecia esta Sala luego de examinar el fallo objeto de la presente solicitud de revisión a la luz de lo precedentemente expuesto, que aquel no encuadra en ninguno de los supuestos en que resulta procedente la revisión constitucional, toda vez que no se advierte el desconocimiento de algún criterio interpretativo de normas constitucionales que haya sido asentado por esta Sala Constitucional, es decir, no puede señalarse que la Sala de Casación Civil incurrió en el caso de autos en una interpretación contraria a algún criterio jurisprudencial previamente establecido por esta Sala Constitucional, así como tampoco se observa que dicha decisión haya vulnerado principios fundamentales del Texto Constitucional, ni conculcado los derechos y las garantías constitucionales de la hoy solicitante. Asimismo, también se observa que la revisión de esa decisión en nada contribuiría a alcanzar la finalidad de la revisión constitucional, cual es, como se indicó precedentemente, uniformar la interpretación de normas y principios constitucionales.
En el caso de autos, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Clínica El Ávila, C.A., pretenden cuestionar el juzgamiento realizado por la Sala de Casación Civil para declarar sin lugar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada el 14 de febrero de 2011 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, induciendo a este órgano jurisdiccional para que considere aspectos propios del juicio primigenio, tales como la interpretación que realizó la Sala de Casación Civil, como si se tratara de una tercera instancia, lo cual resulta ajeno al mecanismo extraordinario de revisión de sentencias definitivamente firmes, consagrado en el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Es importante insistir en que ha sido criterio reiterado, que esta Sala no sustituye la apreciación soberana del juzgador, toda vez que la revisión no constituye un recurso ejercido ante un órgano judicial superior con la pretensión de que se analice nuevamente la controversia, sino que procede en casos excepcionales de errada interpretación y violación de principios y normas constitucionales (ver sentencia de esta Sala N° 1.790 del 5 de octubre de 2007).
La pretensión antes descrita, se insiste, busca obtener un nuevo juzgamiento sobre la procedencia de las denuncias esgrimidas a través del recurso de casación ejercido por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Clínica El Ávila C.A., así como también sobre el mérito de la causa principal (demanda por daños y perjuicios, daño moral y lucro cesante) siendo ellos, sin lugar a dudas, asuntos de mera legalidad que escapan de las potestades de esta Sala Constitucional.
Con base en las consideraciones expuestas, resulta forzoso para esta Sala Constitucional declarar que no ha lugar la solicitud de revisión planteada por los abogados Ernesto José Zoghbi y Orlando Aníbal Álvarez Arias, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Clínica El Ávila. C.A., contra la sentencia N° 151, dictada el 12 de marzo de 2012, por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que NO HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por los abogados Ernesto José Zoghbi y Orlando Aníbal Álvarez Arias, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CLÍNICA EL ÁVILA. C.A., ya identificados, de la sentencia N° 151, dictada el 12 de marzo de 2012 por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 05 días del mes de diciembre de dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
La Presidenta,
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Magistrado
Carmen Zuleta de Merchán
Magistrada
Arcadio Delgado Rosales
Magistrado-Ponente
Juan José Mendoza Jover
Magistrado
Gladys Gutiérrez Alvarado
Magistrada
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 12-0547
ADR/
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