Sentencia N.º 164
- Sentencia
- N.º 164
- Fecha
- 23/03/2010
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 08-0781
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Solicitud de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El 18 de junio de 2008, se recibió en la Secretaría de esta Sala Constitucional escrito contentivo de la solicitud de revisión constitucional presentada por el abogado Francisco Jiménez Gil, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 98.526, actuando con la condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil POLICLÍNICA METROPOLITANA, C.A., domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita el 17 de septiembre de 1970 ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, bajo el número 48, Tomo 77-A; contra la sentencia número 01085, dictada, el 19 de junio de 2007, y publicada el 20 de junio de 2007, por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia.
El 20 de junio de 2008, esta Sala Constitucional dio cuenta del expediente y designó ponente a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 18 de septiembre de 2008, el abogado Francisco Jiménez Gil, antes identificado, solicitó respetuosamente se proceda a la admisión en la presente causa e igualmente se acuerde la providencia cautelar solicitada. Solicitud que reiteró los días 31 de octubre y 13 de noviembre de 2008 y 5 de marzo de 2009.
El 5 de marzo de 2009, el abogado Francisco Jiménez Gil otorgó, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, poder apud acta a los abogados David Goncalves Fernández y Claudio Turola García, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 118.752 y 137.782, respectivamente.
El 23 de julio de 2009, el abogado Francisco Jiménez Gil, antes identificado, solicitó pronunciamiento en la presente causa y un (1) juego de copias certificadas de las actuaciones realizadas en esta causa.
El 3 de febrero de 2010, el abogado David Concalves Fernándes, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 118.752, con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Policlínica Metropolitana C.A., ratificó su interés en la decisión de la presente solicitud de revisión.
Efectuado el estudio de la presente solicitud de revisión constitucional, esta Sala procede a dictar decisión, previas a las consideraciones siguientes:
I
SOLICITUD DE REVISIÓN
La solicitud de revisión constitucional interpuesta contra la sentencia número 01085, dictada, el 19 de junio de 2007, y publicada, el 20 de junio de 2007, por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, se fundamentó en las siguientes consideraciones:
1. Antecedentes
El Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), hoy Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), mediante providencia administrativa número 013-02-483, del 2 de octubre de 2002, autorizó la realización de una fiscalización a la sociedad mercantil Policlínica Metropolitana, C.A., a los fines de estimar el gravamen correspondiente al período comprendido entre el cuarto trimestre del año 1996 y el tercer trimestre del año 2002".
Los resultados de dicha fiscalización fueron asentados en las Actas de Reparo números 050297 (sic) (léase núm. 050267) y 050268, del 10 de octubre de 2002, en las cuales se estableció un reparo por concepto de aportes insolutos y con los siguientes montos: a) Por aportes del 2% (ordinal 1° del artículo 10 de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa), la cantidad [régimen monetario anterior] de TRESCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 315.566.634,00) [trescientos quince mil quinientos sesenta y seis con sesenta y tres céntimos en el régimen monetario actual]; b) Por aportes del ½ % (ordinal 2° del artículo 10 eiusdem), la cantidad [régimen monetario anterior] de SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS BOLÍVARES ES SIN CÉNTIMOS (Bs. 7.530.776,00) [siete mil quinientos treinta con setenta y siete céntimos en el régimen monetario actual].
El 10 de marzo de 2003, la sociedad mercantil POLICLÍNICA METROPOLITANA, C.A., consignó, en el procedimiento administrativo, el correspondiente escrito de descargos.
El 12 de enero de 2004, el entonces Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), dictó la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo número 3363, declarando improcedente los argumentos contenidos en el escrito de descargos, ratificando el contenido de las actas de reparo, e imponiendo a la contribuyente una multa de cuatrocientos cuarenta y dos millones seiscientos sesenta y tres (sic) cuatrocientos sesenta y seis bolívares (Bs. 442.566.634) (sic), supuestamente atendiendo a lo dispuesto por el Código Orgánico Tributario en materia de concurso de infracciones (f. 3 del expediente).
El 27 de febrero de 2004, la sociedad mercantil POLICLÍNICA METROPOLITANA, C.A. interpuso recurso jerárquico.
El 13 de agosto de 2004, el Comité Ejecutivo del entonces Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), mediante acto CJ-210.100-488-671, declaró inadmisible el recurso jerárquico interpuesto, ratificando en todas sus partes, la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo número 3363, del 12 de enero de 2004, dictada por la entonces Gerencia General de Finanzas, adscrita a la Gerencia de Ingresos Tributarios del INCE. Tal declaratoria se dictó de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243 y 250 numeral 4 del Código Orgánico Tributario, que establecen que para la interposición del recurso jerárquico el contribuyente debe estar representado o asistido de abogado.
El 15 de octubre de 2004, la sociedad mercantil POLICLÍNICA METROPOLITANA, C.A., interpuso recurso contencioso tributario de nulidad contra los siguientes actos: (i) Actas de Reparo números 050267 y 050268, dictadas, el 10 de diciembre de 2002, por la Unidad de Ingresos Tributarios del entonces Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE); (ii) Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo número 3363, del 12 de enero 2004, dictada por la Gerencia General de Finanzas, Gerencia de Ingresos Tributarios del INCE; (iii) acto CJ-210.100-488-671, del 13 de agosto de 2004, dictado por el entonces Comité Ejecutivo del INCE que decidió el recurso jerárquico interpuesto. En dicho recurso contencioso tributario, la contribuyente solicitó como punto previo al fondo, que con base en el control difuso de la constitucionalidad inherente a todo órgano jurisdiccional de la República, según dispone el artículo 334 constitucional, se desapliquen al caso concreto los artículos 243 y 250, numeral 4, del Código Orgánico Tributario, en lo que respecta a la asistencia o representación de abogado, por colidir con el derecho a la defensa y a ser oído, previsto en el artículo 49 de la Constitución; por constituir un obstáculo a la realización de la justicia; contrariando la prohibición de formalismos inútiles previstos en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna.
El 17 de mayo de 2006, el tribunal que conoció del recurso contencioso, Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario, dictó decisión declarando sin lugar la impugnación del acto CJ-210.100-488-671, del 13 de agosto de 2004, dictado por el entonces Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) ...únicamente confirmando la inadmisibilidad del recurso jerárquico intentado en sede administrativa, sin analizar el funcionamiento de fondo de la pretensión de nulidad; y condenando en costas a mi representada. (f. 4 del expediente). La contribuyente ejerció el recurso de apelación, el cual fue oído en ambos efectos, siendo remitido el expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la cual, le dio entrada el día 22 de junio de 2006, bajo el expediente número 2006-1101. El escrito de fundamentación de la apelación fue presentado el 2 de agosto de 2006, realizándose el acto oral de informes, el 15 de marzo de 2007.
El 19 de junio de 2007, la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia ratificando la inadmisibilidad del recurso jerárquico, y por tal razón declaró sin lugar el recurso contencioso tributario de anulación.
2. Fundamento de la Revisión.
Se denuncia que la sentencia número 01085, dictada, el 19 de junio de 2007, y publicada, el 20 de junio de 2007, por la Sala Político Administrativa, en el proceso instado por la sociedad mercantil POLICLÍNICA METROPOLITANA, C.A., conculcó la doctrina vinculante estatuida por esta Sala Constitucional, en lo que respecta, a los siguientes puntos: (i) el principio pro actione reconocido en sentencias como la núm. 1064 del 19 de septiembre de 2000; núm. 2229 del 20 de septiembre de 2002, y la núm. 1626 del 30 de julio de 2007, entre otras; (ii) violación del principio de congruencia, al incurrir en incongruencia omisiva, proscrita por la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, en fallos como el núm. 3706 del 6 de diciembre de 2005; (iii) violación de la doctrina vinculante según la cual la actividad realizada por personas naturales o jurídicas relativa al carácter civil y no comercial o industrial de las profesiones liberales, no son sujetos pasivos de las contribuciones parafiscales previstas en la derogada aplicable ratione temporis Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) de 1970, establecida en decisiones como la núm. 3241 del 12 de diciembre de 2002; núm. 781 del 6 de abril de 2006; núm. 1175 del 13 de junio de 2006 y en la decisión núm. 1678 del 3 de agosto de 2007.
Respecto a la violación del principio pro actione, denuncia la solicitante de la revisión, que, tanto la sentencia de primera instancia, como la dictada por la Sala Político Administrativa, han determinado que habiendo sido declarado inadmisible el recurso administrativo intentado por la contribuyente, le estaba vedado al órgano jurisdiccional conocer el recurso contencioso administrativo, y por ende, lo declaró sin lugar.
Considera que tal interpretación es contraria al principio pro actione, ya que si bien la administración proscribió la admisión del recurso intentado en sede administrativa, por considerarlo incurso en una causal de inadmisibilidad, a saber, la falta de asistencia en la interposición del recurso jerárquico por parte del abogado o profesional afín a la materia tributaria; el recurso contencioso tributario no estaba incurso en ninguna causal de inadmisibilidad, por lo cual, en modo alguno se encuentran los órganos de administración de justicia impedidos de conocer el fondo del recurso intentado (f. 8 del expediente).
Asimismo, sostiene que el hecho de que la decisión que puso fin a la vía administrativa haya sido una declaratoria de inadmisibilidad del recurso jerárquico en modo alguno presupone que el recurso contencioso tributario debía ser declarado sin lugar, como erróneamente fue decidido.
En su criterio, para el fallo objeto de la presente solicitud de revisión, la inmediata consecuencia de establecer que la autoridad administrativa se vio impedida de conocer el fondo del recurso administrativo, vista la interposición sin asistencia de abogado u otro profesional del derecho afín a la materia tributaria, es la declaratoria sin lugar de la pretensión ejercida en sede jurisdiccional.
Alega que la interpretación efectuada por la Sala Político Administrativa se limita a indicar que por el solo hecho de la declaratoria administrativa de inadmisibilidad del recurso jerárquico, ocasiona que la acción judicial intentada contra ese pronunciamiento administrativo la cual no está incursa en ninguna causa que la haga inadmisible- se hace igualmente improcedente (f. 10 del expediente).
Manifiesta que tal criterio contraría la interpretación más favorable al jurisdicente ya que en lugar de entenderse que el recurso contencioso tributario interpuesto debe propender a obtener un control jurisdiccional de la actividad administrativa, a través de un pronunciamiento de fondo, se desecha la acción bajo el simple argumento de que fue procedente la declaratoria de inadmisibilidad del recurso jerárquico que puso fin a la vía administrativa, lo cual tiene por consecuencia que el contribuyente no ha obtenido en ninguna de las instancias ni administrativas no judiciales un pronunciamiento que acoja o deseche sus alegatos y defensas en cuanto a los tributos y multas exigidos (f. 10 del expediente).
Acotó que de ser correcta la interpretación realizada por la Sala Político Administrativa, la decisión judicial en esos casos siempre estaría vinculada a lo que hubiere decidido la Administración, no teniendo sentido ni razón de ser su control por el contencioso administrativo.
Contrariamente a lo dispuesto por la decisión, las sentencias referidas debieron interpretarse que la decisión del recurso contencioso tributario interpuesto no debía limitarse a la verificación de la inadmisibilidad o no del recurso jerárquico en sede administrativa, sino que la interpretación más favorable al justiciable, y acorde con los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la jurisdicción, era la de dictar decisión sobre el fondo del asunto, máxime si se toma en cuenta que en sede administrativa nunca hubo pronunciamiento sobre los alegatos y defensas del contribuyente (f. 10 del expediente).
De ese modo, concluyó que la sentencia N° 01085, dictada el 20 de junio de 2007 por la Sala Político Administrativa, en el proceso contencioso tributario instado por la Policlínica Metropolitana C.A., ha violado la doctrina vinculante estatuida por esta Sala Constitucional ( ) en sentencias como la N° 1064 de fecha 19 de septiembre de 2000; N° 2229 del 20 de septiembre de 2002 y 1626 del 30 de julio de 2007 ( ) y así solicitamos sea declarado.
3. Incongruencia omisiva
En este punto sostiene la representación de la sociedad mercantil solicitante, que la Sala Político Administrativa al limitarse a declarar inadmisible el recurso jerárquico ejercido en sede administrativa, y establecer como consecuencia directa e inmediata de ello la improcedencia del recurso contencioso tributario desvía injustificadamente los aspectos que debieron ser dilucidados y decididos por el órgano jurisdiccional, ya que evita y excluye pronunciarse sobre si efectivamente la recurrente es sujeto pasivo de la contribución parafiscal en cuestión o no (f.13 del expediente); evitando pronunciarse si la determinación del tributo y la imposición de sanciones se efectuó conforme a la ley.
Que a los fines de demostrar la incongruencia omisiva en la que incurrió la sentencia objeto de revisión constitucional, trajeron a colación los alegatos esenciales contenidos en la fundamentación de la apelación, presentando copia certificada del escrito, de la cual, se verifica que se alegó lo siguiente: 1. Que fue errónea la declaratoria de inadmisibilidad del recurso jerárquico dictado por el ente administrativo; 2. Que el hecho imponible del impuesto exigido era inexistente, ya que la sociedad mercantil POLICLÍNICA METROPOLITANA, C.A., no es sujeto pasivo de la contribución especial establecida en el artículo 10 de la entonces aplicable Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), por no tratarse de un establecimiento comercial o industrial, ya que la prestación de los servicios médico-asistenciales, es una actividad de carácter netamente civil; 3. Que existe jurisprudencia reiterada, inclusive dictada por esta Sala Constitucional, que delimita y diferencia lo que debe entenderse por actividades civiles, en contraposición a las mercantiles e industriales; 4. Que el acto administrativo objeto del recurso de nulidad, aplica erróneamente el artículo 10 de la entonces aplicable Ley del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), así como infringe la definición de actividades mercantiles; 5. Que aún para el supuesto negado de que pudiera considerársele como sujeto pasivo de la contribución especial, la determinación del tributo fue errónea, ya que se pretendió incluir las utilidades pagadas a los trabajadores, como parte de la base imponible, en contraposición a lo establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, que dispone que el salario cuando sea fuente de cálculo de un tributo se empleará el salario normal, posición amparada por la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa; 6. Que las multas pretendidas son improcedentes, por cuando la sociedad mercantil POLICLÍNICA METROPOLITANA, C.A., no causó una disminución ilegítima de ingresos tributarios. Que no existe dolo o culpa, elemento necesario conforme al artículo 73 del Código Orgánico Tributario para la procedencia de sanciones; que el INCE pretendió la inclusión de circunstancias agravantes sin motivación que las sustente y utiliza un falso supuesto de derecho para el cálculo de los supuestos aportes dejados de cancelar, y que ello se extiende y afecta la determinación de las sanciones.
No obstante los alegatos presentados, denuncian que [l]a sentencia cuya revisión se solicita se limita a pronunciarse sobre únicamente el alegato identificado anteriormente con el N° 1, sin proceder a efectuar una decisión expresa, positiva y precisa que abarque los restantes puntos controvertidos, esenciales para la correcta resolución de fondo del tema objeto del proceso (f. 13 del expediente).
Que, [a]l limitarse la Sala Político-Administrativa ha (sic) afirmar que era procedente la declaratoria de inadmisibilidad del recurso jerárquico ejercido en sede administrativa, y establecer falazmente (sic) como consecuencia directa e inmediata de ello la improcedencia del recurso contencioso tributario, desvía injustificadamente los aspectos que debieron ser dilucidados y decididos por el órgano jurisdiccional, ya que evita y excluye pronunciarse sobre si efectivamente la recurrente es sujeto pasivo de la contribución parafiscal en cuestión o no, y para el supuesto negado de que lo encontrare caso (sic) pronunciarse si la determinación del tributo y la imposición de sanciones se efectuó conforme a la ley (f. 13 del expediente).
Considera que tal omisión supone para el recurrente la imposición de un elevado tributo y multa, que ascienden a varios centenares de millones de bolívares sin haberse en ningún caso ofrecido resolución motivada a sus peticiones y defensas, y por ende, la sentencia cuya revisión se requiere ha incurrido en el vicio de incongruencia omisiva proscrito por la jurisprudencia vinculante de esta Sala Constitucional (f. 13 y 14 del expediente).
Finalmente, previa referencia a la jurisprudencia de esta Sala en materia del vicio de incongruencia omisiva; concluyó al respecto que [p]or las razones antedichas, y en aplicación de la doctrina constitucional antes citada, se debe anular la decisión objeto de la presente revisión constitucional, y así solicitamos sea decidido (f.16 del expediente).
4. Violación de doctrina vinculante que establece que el ejercicio de profesiones liberales es una actividad de carácter civil.
4.1. Denuncia la representación de la sociedad mercantil, que el fallo de la Sala Político Administrativa cuya revisión se solicita, evitó aplicar, aún cuando le fue alegado, el precedente vinculante que esta Sala Constitucional adoptó, al establecer que la actividad realizada por personas naturales o jurídicas relativas a profesiones liberales es de carácter civil y no comercial o industrial; en atención a las decisiones núms. 3241/2002; 781/2006; 1175/2006 y 1678/2007.
4.2 Bajo esta consideración, se señaló que es reconocido por la Administración Tributaria, además de ser público y notorio, que la sociedad mercantil POLICLÍNICA METROPOLITANA, C.A., presta servicio médico asistencial, es decir, ejerce actividades propias de la profesión liberal de medicina, y por ende, no es sujeto pasivo de la contribución parafiscal a la que se refiere el artículo 10 de la Ley del INCE (f. 21 del expediente).
4.3 Denunció que la sentencia cuya revisión se solicita, al eximirse de pronunciarse sobre tales puntos controvertidos se sustrae inconstitucionalmente de la aplicación de tal criterio vinculante y obligatorio para todos los tribunales de la República, a tenor del artículo 335 de la Constitución, en consecuencia se hace patente la necesaria declaratoria de procedencia de la revisión, a los fines de uniformar y unificar la jurisprudencia ofrecida por la Administración de Justicia, y por ende, debe ser anulado el fallo aquí objetado.
5. Medida cautelar
La sociedad mercantil peticionó medida cautelar, en los siguientes términos:
De conformidad con lo establecido en el artículo 19, párrafo undécimo, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, solicitamos se acuerde medida preventiva innominada de suspensión de efectos de la sentencia N° 01085 dictada por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 20 de julio de 2007, objeto de la presente revisión.
6. Petitorio
La sociedad mercantil Policlínica Metropolitana, solicita se declare procedente la solicitud de revisión, en los términos siguientes:
De conformidad con las razones de hecho y derecho expuestas, solicitamos:
1.-Se admita la presente solicitud de revisión constitucional, decretándose la medida innominada de suspensión de efectos de la sentencia objeto de la solicitud.
2.- Se declare procedente la revisión, ordenándose la nulidad de la sentencia N° 01085 dictada por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 20 de julio de 2007, ordenándose la consecuencia reposición de la causa.
II
DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
La Sala Político Administrativa, mediante sentencia número 01085, dictada, el 19 de junio de 2007, y publicada, el 20 de junio de 2007, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto, el 23 de mayo de 2006, por la contribuyente POLICLÍNICA METROPOLITANA, C.A., contra la sentencia número 913, dictada, el 17 de mayo de 2006, por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario; en consecuencia, declaró sin lugar el recurso contencioso tributario; firmes los actos administrativos objeto de impugnación; y ratificó la condena en costas procesales a la contribuyente por el cinco por ciento (5%) de la cuantía del recurso contencioso tributario; decisión que fue dictada en los términos siguientes:
Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto de la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la contribuyente, contra la sentencia Nº 913 dictada por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 17 de mayo de 2006, que declaró sin lugar el recurso contencioso tributario interpuesto contra las Actas de Reparo Nos. 050267 y 050268 de fecha 10 de diciembre de 2002, emanadas de la Unidad de Ingresos Tributarios del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE); la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº 3363 de fecha 12 de enero de 2004, dictada por la Gerencia de Ingresos Tributarios adscrita a la Gerencia General de Finanzas del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE); y el acto identificado con el Nº CJ-210.100-488-671 de fecha 13 de agosto de 2004, dictado por el Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), que declaró inadmisible el recurso jerárquico interpuesto.
A tal efecto, la controversia queda circunscrita a decidir, en primer término, sobre la solicitud de desaplicación de las normas contenidas en el artículo 250 numeral 4 y en el artículo 243 primer aparte del Código Orgánico Tributario, por supuestamente colidir los mismos con el derecho a la defensa y a ser oído, previstos en el artículo 49 de la Constitución y, subsecuentemente, pasará la Sala a resolver el asunto de fondo planteado.
Visto lo anterior, la Sala pasa a decidir y, a tales efectos, observa:
El sistema del control difuso de la constitucionalidad de normas está expresamente previsto en nuestro ordenamiento positivo en la forma siguiente:
En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así:
Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.
Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella.
En el Código de Procedimiento Civil, en estos términos:
Artículo 20.- Cuando la ley vigente, cuya aplicación se pida, colidiere con alguna disposición constitucional, los jueces aplicarán ésta con preferencia
De los presupuestos normativos anteriormente transcritos se observa, que tal mecanismo de control se basa en el carácter supremo de nuestra Carta Magna respecto de todas las otras normas de rango distinto que conforman el ordenamiento jurídico venezolano, y opera cuando el juez frente a un caso concreto sometido a su conocimiento advierte que la norma de rango legal o sub-legal, relacionada con la resolución del asunto contraría directamente una norma constitucional; en cuyo caso debe proceder a la desaplicación de la primera.
Tal mecanismo de control constitucional puede y debe ser ejercido por todos los tribunales de la República cuando se encuentren frente a una norma incompatible con otra de la Constitución, y que sea de aplicación directa.
En este contexto el Tribunal a quo negó la solicitud de la recurrente de desaplicación de las normas contenidas en los artículos 243 primer aparte y 250 numeral 4 del Código Orgánico Tributario, por considerar que las mismas no contradicen los principios constitucionales, pues dichas normas establecen los requisitos esenciales para la interposición del recurso y desarrollan el contenido de los principios constitucionales denunciados como violados, siendo la inobservancia o desaplicación del contenido de los artículos 243 y 250 numeral 4º del Código Orgánico Tributario una violación en sí misma, de principios como el debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque las causales de inadmisibilidad del recurso son taxativas y de eminente orden público .
En virtud de ello, procedió a confirmar la inadmisibilidad del recurso jerárquico interpuesto sin la debida asistencia o representación de abogado , considerando inoficioso pronunciarse sobre los demás pedimentos contenidos en el escrito recursivo .
Como consecuencia de esta declaratoria la parte apelante insistió en la desaplicación de los artículos 243 y 250 numeral 4 del Código Orgánico Tributario vigente, por presuntamente colidir los mismos con el derecho a la defensa y a ser oído, previstos en el artículo 49 de la Constitución, así como por servir en el presente caso como obstáculo a la realización de la justicia, contrariando así la prohibición de formalismos inútiles previstos en los artículos 26 y 257 también de la Carta Magna y, que en este caso la indefensión se produce al no haberse pronunciado la administración sobre las razones de fondo, vale decir, los fundamentos de nulidad por razones de ilegalidad interpuestos .
Ante tales afirmaciones, estima oportuno la Sala precisar los siguientes aspectos:
Dispone el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente:
Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: ( )
( ) 1. La defensa y la asistencia jurídicas son inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. ( )
( ) 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. ( ).
En tal sentido, es preciso señalar que esta Sala ha sentado en reiteradas oportunidades que el derecho a la defensa, pilar fundamental de nuestro sistema constitucional de derechos y garantías, se manifiesta en el procedimiento administrativo a través de las siguientes formas: cuando se garantiza el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna, si el administrado no cuenta con esta posibilidad; el derecho a ser notificado de la decisión administrativa, a los efectos de que le sea posible al particular presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento; el derecho a tener acceso al expediente, justamente con el propósito de que el particular pueda examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen, permitiendo un real seguimiento de lo que acontece en su expediente administrativo; el derecho que tiene el administrado de presentar pruebas que permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración; y finalmente, el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa, a objeto de ejercer esta última frente a los actos dictados por la Administración.
Por su parte, el debido proceso constituye una garantía constitucional aplicable también a todas las actuaciones judiciales y administrativas, y definitivamente orientado a la protección jurídica de los particulares, proporcionándoles, entre otros, el acceso a la justicia y a los recursos legalmente establecidos, así como al derecho a un tribunal competente, a la presunción de inocencia y a la ejecución del procedimiento correspondiente.
El derecho al debido proceso no se violenta por el hecho que la manifestación de voluntad concretizada en el acto administrativo que afecta al administrado, haya sido dictada luego de instruido un procedimiento, pues ello depende de las garantías y derechos que en el transcurso de éste se hayan otorgado al administrado, tales como el derecho a alegar y a promover pruebas, entre otros. Son estos derechos los que comprenden el derecho al debido proceso y los que conllevan a sostener que éste no es una simple forma procedimental. A tal efecto, cuando la Administración aplica un procedimiento distinto al legalmente establecido y ello trae como consecuencia que se atenúen sustancialmente garantías relativas a la defensa de los administrados, el acto que culmine el procedimiento debe ser declarado nulo.
De los argumentos expuestos en el escrito recursivo, aprecia la Sala que la contribuyente fue informada de los recursos que debía ejercer para la defensa de sus derechos, que ejerció en tiempo hábil los correspondientes recursos administrativos, que sus defensas fueron analizadas por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) de acuerdo con los hechos ocurridos y las normas legales aplicables, por lo que a juicio de la Sala no se configura en este caso violación alguna de los derechos al debido proceso, a la defensa y al derecho a ser oído.
Sin embargo, y como consecuencia de la declaratoria del a quo confirmando la inadmisibilidad del recurso jerárquico -expresada por el Comité Ejecutivo del INCE- por falta de asistencia o representación de abogado, el apoderado judicial de la contribuyente solicitó la desaplicación de los artículos 243 y 250 numeral 4 del Código Orgánico Tributario vigente, por presuntamente colidir los mismos con el derecho a la defensa y a ser oído, previstos en el artículo 49 de la Constitución, así como por servir como obstáculo a la realización de la justicia, contrariando así la prohibición de formalismos inútiles previstos en los artículos 26 y 257 también de la Carta Magna y, que en este caso la indefensión se produce al no haberse pronunciado la administración sobre las razones de fondo, vale decir, los fundamentos de nulidad por razones de ilegalidad interpuestos .
Vinculado a lo anterior, considera la Sala pertinente destacar que los referidos artículos 243 y 250 numeral 4 del Código Orgánico Tributario, cuya desaplicación se solicita, establecen lo siguiente:
Artículo 243.- El recurso jerárquico deberá interponerse mediante escrito razonado en el cual se expresarán las razones de hecho y de derecho en que se funda, con la asistencia o representación de abogado o de cualquier otro profesional afín al área tributaria. Asimismo deberá acompañarse el documento donde aparezca el acto recurrido o, en su defecto, el acto recurrido deberá identificarse suficientemente en el texto de dicho escrito. De igual modo, el contribuyente o responsable podrá anunciar, aportar o promover las pruebas que serán evacuadas en el lapso aprobatorio (Destacado de la Sala).
Artículo 250.- Son causales de inadmisibilidad del recurso:
1. La falta de cualidad o interés del recurrente.
2. La caducidad del plazo para ejercer el recurso.
3. Ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado o representante del recurrente, por no tener capacidad necesaria para recurrir o por no tener la representación que se atribuye, o porque el poder no esté otorgado en forma legal o sea insuficiente.
4. Falta de asistencia o representación de abogado.
omissis . (Destacado de la Sala).
En este orden de ideas, se observa que el acto identificado en el Nº CJ-210.100-488-671 de fecha 13 de agosto de 2004, fue dictado a los fines de decidir el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código Orgánico Tributario vigente, en contra de la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo Nº 3363 de fecha 12 de enero de 2004 dictada por la Gerencia de Ingresos Tributarios adscrita a la Gerencia General de Finanzas del INCE.
También se constata que este acto administrativo, identificado con las letras y números CJ-210.100-488-671, representa la última decisión de la Administración Tributaria respectiva, una vez culminado el procedimiento del sumario administrativo, dictado con ocasión del recurso jerárquico que fuera interpuesto por el apoderado judicial de la contribuyente.
Igualmente, se evidencia que dicho acto administrativo declaró inadmisible el recurso jerárquico interpuesto por la POLICLÍNICA METROPOLITANA, C.A., aportante INCE Nº 756621, de conformidad con el artículo 250, numeral 4 del Código Orgánico Tributario, quedando en consecuencia ratificada en todas sus partes la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº 3363 de fecha 12 de enero de 2004, dictada por la Gerencia General de Finanzas, Gerencia de Ingresos Tributarios del INCE, que a su vez ratificó el contenido de las Actas de Reparo Nos. 050267 y 050268 de fecha 10 de octubre de 2002, emitidas por la Unidad de Ingresos Tributarios del INCE, mediante las cuales se formularon reparos a la contribuyente por aportes insolutos, de acuerdo a las previsiones contenidas en el artículo 10 numerales 1 y 2 de la Ley sobre el INCE.
Sobre tales actuaciones debe precisarse que constituyen actos administrativos de efectos particulares y de contenido tributario, enmarcados dentro de los aludidos en el artículo 242 del Código Orgánico Tributario vigente, lo que permite concluir que el procedimiento que se debió seguir para su admisibilidad y tramitación es el estipulado en el texto adjetivo antes mencionado, como en efecto ocurrió.
En tal sentido es preciso destacar que el mecanismo de admisión del recurso jerárquico en vía administrativa constituye el análisis previo mediante el cual la máxima autoridad de la Administración Tributaria examina lo relativo a la juridicidad de la pretensión y su adecuación al orden público y a las buenas costumbres, lo que significa que la interposición de la acción y su admisión posterior constituyen el inicio formal de todo proceso, una vez verificada la viabilidad de la propia pretensión; y, fue con fundamento en las normas antes transcritas que el Comité Ejecutivo del INCE resolvió declarar la inadmisibilidad del recurso jerárquico interpuesto, siendo esta decisión posteriormente confirmada por el tribunal a quo.
En este contexto y, específicamente, en cuanto a la solicitud formulada por la contribuyente de desaplicación de los artículos 243 y 250 del Código Orgánico Tributario vigente, considera la Sala que los requisitos para la interposición del recurso jerárquico derivan de una concatenación de normas contenidas en el Capítulo II del Título V del Código Orgánico Tributario vigente y no de una sola norma en forma aislada, pues los derechos constitucionales encuentran límites precisos a su ejercicio en la ley y es en este contexto que el artículo 250 del Código Orgánico Tributario vigente, antes transcrito, establece las causales de inadmisibilidad del recurso jerárquico, que son taxativas y de estricto orden público.
En efecto, el mecanismo de admisión del recurso jerárquico en vía administrativa y del recurso contencioso tributario en vía judicial, representa el límite legítimo del derecho fundamental al libre acceso a la justicia, en el entendido de que sólo la ley determina y regla los extremos básicos que apuntalan la viabilidad del proceso.
De manera que, las previsiones contenidas en los artículos 243 y numeral 4 del artículo 250 del Código Orgánico Tributario, constituyen las exigencias legales para la interposición del recurso jerárquico, y de ningún modo contravienen el espíritu del Constituyente de 1999, ya que cuando en su artículo 49 establece el alcance del derecho al debido proceso en los ámbitos judicial y administrativo, también consagra, en su numeral 1, la defensa y asistencia jurídica como derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso, así como el reconocimiento de excepciones, tanto constitucionales como legales, respecto al derecho de recurrir del fallo.
Por lo antes expuesto, mal puede considerarse que la exigencia del requisito de estar asistido o representado por abogado o cualquier otro profesional afín en el área tributaria para la interposición del recurso jerárquico, constituya violación alguna del derecho a la defensa y a ser oído; por el contrario, tal requisito es un desarrollo del texto constitucional y configura más bien una garantía para el particular en la defensa de sus derechos, el que esté asistido de un profesional del derecho o afín al área tributaria, que redundará en su propio beneficio. A esto se aúna el hecho de que tales causales de inadmisibilidad pueden ser consideradas como los límites o excepciones que la ley ha establecido para el ejercicio del referido recurso.
En relación a la aseveración de la contribuyente de que en este caso la indefensión se produce al no haberse pronunciado la administración sobre las razones de fondo, vale decir, los fundamentos de nulidad por razones de ilegalidad interpuestos , cabe acotar que el reconocer si proceden o no los vicios de los actos que se impugnan en un recurso interpuesto, implica para la máxima autoridad jerárquica respectiva un juicio de valor del cual se vió impedida, ya que la contribuyente no cumplió con la carga de asistirse por un profesional del derecho o cualquier otro profesional afín al área tributaria, estando en conocimiento de que su omisión acarrearía la inadmisibilidad del recurso interpuesto.
Con fundamento en las consideraciones que anteceden, estima la Sala que los referidos artículos 243 y 250 numeral 4 del Código Orgánico Tributario vigente, no contrarían las normas constitucionales invocadas que ameriten su desaplicación por inconstitucionalidad mediante control difuso. Por tal motivo, debe confirmar la decisión dictada por el Tribunal a quo. Así se decide.
En consecuencia, debe esta Sala declarar sin lugar la apelación interpuesta por la representación judicial de la contribuyente contra la sentencia Nº 913 dictada por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas en fecha 17 de mayo de 2006 y, por ende, confirmar la declaratoria de inadmisibilidad emitida por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), y confirmada por el a quo, respecto al recurso jerárquico; y por lo tanto, debe declarar sin lugar el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente.
III
COMPETENCIA
El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica respectiva.
Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes abarca tanto fallos que hayan sido dictados por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) como los que pronuncien los demás Tribunales de la República (artículo 5.16 eiusdem), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.
Sobre la competencia para conocer de las solicitudes de revisión de sentencias definitivamente firmes se pronunció esta Sala el 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo), dejando establecido que según lo pautado en el artículo 336 cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela son susceptibles de revisión:
1) Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional, de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier Juzgado o Tribunal del País.
2) Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los Tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
3) Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal Supremo de Justicia o por los demás Tribunales o Juzgados del País, apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
4) Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás Tribunales o Juzgados del País, que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional.
Ahora bien, por cuanto se solicitó la revisión de la sentencia de la Sala Político Administrativa número 01085, dictada, el 19 de junio de 2007, y publicada, el 20 de junio de 2007, esta Sala Constitucional se declara competente para conocer la solicitud de revisión. Así se declara.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Expuestos los términos en que se estableció la sentencia objeto de revisión, esta Sala para decidir, observa:
Los tribunales contenciosos tributarios forman parte de la jurisdicción contencioso administrativa en los términos del artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual tienen las mismas potestades de control de la actividad en su ámbito especial, con el pleno ejercicio de los poderes jurisdiccionales asignados constitucionalmente para el resguardo de los particulares frente a las diferentes formas de manifestación del poder de la Administración:
Artículo 259. La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.
El artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 establece los parámetros actuales del contencioso administrativo en nuestro país, sintetizando la evolución habida en la materia, migrando de un modelo único de control objetivo de los actos administrativos, como ocurría en sus inicios, hacia la implementación de una auténtica función de plena jurisdicción con potestad para tutelar derechos subjetivos e intereses particulares. En tal sentido, esta Sala en sentencia núm. 559, del 17 de marzo de 2003 (caso: Ricardo Zandegiacomo Cella y otros), dictaminó, con respecto a la amplitud de control de la jurisdicción contencioso administrativa, lo siguiente:
El artículo 206 del derogada Constitución de 1961, con base en el cual fue dictada la disposición contenida en el artículo 131 de la vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, así como el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, otorgan al juez contencioso-administrativo una amplia potestad para, con base en su prudente arbitrio de los alegatos y pruebas presentados durante el proceso, disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.
Sin embargo, al no ser ejercida tal potestad por aplicación directa de normas que en forma casuística señalen expresamente cuáles medidas son las que puede adoptar el Juez contencioso-administrativo a fin de restablecer la situación afectada por el ilegal o inconstitucional actuar de la Administración, sino con base en su arbitrio judicial (Cfr. Alejandro Nieto, El Arbitrio Judicial, Barcelona, Ariel, 2000, p. 201 y ss.), la doctrina y la jurisprudencia nacional y comparada han examinado con detenimiento los alcances y límites de los llamados poderes de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, a fin de establecer si las disposiciones constitucionales y legales antes referidas le permiten, por ejemplo, sustituir en determinados casos a la Administración en sus funciones típicas, cuando ello sea necesario para garantizar una tutela judicial efectiva, o si ello implica usurpación o extralimitación de funciones, así como una vulneración del principio de separación en ramas del Poder Público.
Tal debate, ha tenido por interlocutores, de un lado, a quienes defienden el modelo tradicional del contencioso-administrativo, atendiendo a su origen en Francia, como instancia revisora de la legalidad de la actuación administrativa, limitada a anular y devolver lo decidido a la Administración para que ésta actúe nuevamente (concepción objetiva) y, de otro, a quienes justifican, con base en los principios y valores del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, la plena jurisdicción del contencioso-administrativo para no sólo declarar la nulidad de la actuación o de la abstención, sino también de proveer lo necesario para tutelar los derechos e intereses de quienes han visto cercenados sus derechos por el arbitrario proceder de la Administración (concepción subjetiva).
Ahora bien, contemporáneamente, la doctrina especializada (Ver entre otros, a Juan R. Fernández, Jurisdicción Administrativa Revisora y Tutela Judicial Efectiva, Madrid, Civitas, 1998, y Marta García Pérez, El Objeto del Proceso Contencioso-Administrativo, Pamplona, Aranzadi, 1999) ha sostenido que la consagración en las Constituciones democráticas del derecho a la tutela judicial efectiva, en los términos establecidos en el artículo 26 de nuestro Texto Fundamental, terminó de desmontar la concepción puramente objetiva o revisora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que junto a los demás órganos de la rama Judicial del Poder Público, tienen la obligación de brindar protección a los derechos e intereses de los particulares cuando en el proceso quede probado que la actuación de la Administración efectivamente vulneró los derechos o intereses personales, legítimos y directos, ya sea que deriven de su enunciación en la Constitución, en leyes, reglamentos o por estipulación contractual, sin que pueda aceptarse tal menoscabo a efecto de resguardar el interés público tutelado por el órgano o ente demandado, bajo razonamientos de corte utilitarista.
De allí que se afirme que el proceso contencioso-administrativo pasó a ser así inequívocamente subjetivo, de defensa de esos derechos e intereses frente a la actuación administrativa en general (art. 106.1 de la propia Constitución) y no precisamente sólo frente a actos administrativos formales. La tutela de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos no puede reducirse a la fiscalización abstracta y objetiva de la legalidad de unos actos administrativos formales; derechos e intereses que resultan de los complejos ordenamientos jurídicos a que el ciudadano se hoy se ve sometido, y su tutela efectiva (...) impondrá extenderse necesariamente a todos los aspectos de la actuación administrativa, sea formal o informal, por procedimientos tipificados o por vía de hecho, reglados o discrecionales, típicamente administrativos o con eventuales contenidos políticos anejos, por acción o por omisión, que puedan llegar a afectar dichos derechos o intereses (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, Tomo II, Madrid, Civitas, 2000, p. 621).
Dicha concepción amplia del contencioso-administrativo como jurisdicción protectora no sólo del interés público que tutela la Administración sino también de los derechos e intereses de los particulares, que es compatible con el sentido, propósito y razón del artículo 259 de la Constitución vigente, tal y como esta Sala lo indicó en su decisión n° 82/2001, del 1 de febrero, caso: Amalia Bastidas Abreu, permite comprender que necesariamente el Juez contencioso-administrativo deberá realizar pronunciamientos de condena a hacer o no hacer en contra de la Administración, a ordenar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, y otras veces, inclusive, a sustituirse en el órgano o ente autor del acto anulado, a fin de proveer en sede judicial aquello a que tenía derecho el particular y que le fue negado o limitado en contrariedad con el Derecho, por lo que mal pueden disposiciones de rango legal, ajenas a las competencias de la rama Judicial del Poder Público para ejercer el control legal y constitucional de las actuaciones u omisiones de las demás ramas del Poder Público y para tutelar los derechos y garantías de los justiciables, limitar o eliminar el ejercicio de tales atribuciones, como lo hace la disposición contenida en el artículo 79 del Decreto-Ley de Arrendamientos Inmobiliarios ( ).
Esta condición de plena jurisdicción del contencioso administrativo expresamente prevista por el Constituyente de 1999, ha sido interpretada por esta Sala Constitucional como un sistema amplio, integral, con plenos poderes para el juez de la materia a fin de restablecer, e incluso, indemnizar situaciones constitucionalmente tutelables, tanto desde el punto de vista objetivo de control de la Administración, como desde el ámbito subjetivo de los derechos basada en la pretensión del ciudadano; inclusive, más allá de lo requerido por éste, mediante el ejercicio de los poderes inherentes al juez contencioso administrativo (s.S.C. 23 de octubre de 2002; caso: Gisela Anderson y otros; 6 de abril de 2004, caso: Ana Beatriz Madrid; 27 de mayo de 2004, caso: Elizabeth Morini Morandini). Corolario de la doctrina vinculante dictada por la Sala en esta materia, corresponde a la decisión núm. 93, del 1 de febrero de 2006 (caso: Asociación Civil BOKSHI BIBARI KARAJA AKACHINANU [BOGSIVICA]), la cual, indicó:
La constitucionalización de la justicia administrativa, a partir de la Constitución de 1961, implicó la adición de su función subjetiva o de tutela judicial de los administrados a su función tradicional u objetiva de control de la legalidad de la Administración Pública. De conformidad con esa premisa y la correcta lectura de las normas constitucionales que se transcribieron, la justicia contencioso-administrativa venezolana debe garantizar los atributos de integralidad y efectividad del derecho a la tutela judicial. De esa manera, y en lo que se refiere a la integralidad, toda pretensión fundada en Derecho Administrativo o que tenga como origen una relación jurídico-administrativa, debe ser atendida o amparada por los tribunales con competencia contencioso-administrativa, pues el artículo 259 constitucional no es, en modo alguno, taxativo, sino que, por el contrario, enumera algunas las más comunes- de las pretensiones que proceden en este orden jurisdiccional (pretensión anulatoria y pretensión de condena a la reparación de daños) y enunciativamente permite, como modo de restablecimiento de las situaciones que sean lesionadas por la actividad o inactividad administrativa, la promoción de cuantas pretensiones sean necesarias para ello. Integralidad o universalidad de procedencia de pretensiones procesales administrativas que, además, son admisibles con independencia de que éstas encuadren o no dentro del marco de medios procesales tasados o tipificados en la Ley, pues, se insiste, es el Texto Constitucional el que garantiza la procedencia de todas ellas. Pero en atención a la cláusula constitucional de la jurisdicción contencioso-administrativa (artículo 259), ésta no sólo ha de dar cabida a toda pretensión, sino que, además, debe garantizar la eficacia del tratamiento procesal de la misma y en consecuencia, atender al procedimiento que más se ajuste a las exigencias de la naturaleza y urgencia de dicha pretensión.
En materia tributaria, desde el primer Código Orgánico Tributario de 1982, hasta el vigente Código de 2001, se ha mantenido la preconización de un sistema mixto de control de las decisiones dictadas en materia fiscal, dada la no preceptividad del agotamiento de la vía administrativa, estableciéndose expresamente el carácter facultativo que tienen los contribuyentes para recurrir ante el Fisco de los actos cuestionados, sin que su ejercicio implique una causal de inadmisión del recurso contencioso tributario; atribuyéndose la facultad de elegir entre interponer el recurso administrativo y acudir al contencioso tributario, conforme así lo disponen los artículos 193, 242 y 259 del Código Orgánico Tributario:
Artículo 193: El afectado podrá interponer contra la resolución culminatoria del sumario los recursos administrativos y judiciales que este Código establece.
Artículo 242: Los actos de la Administración Tributaria de efectos particulares, que determinen tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados, podrán ser impugnados por quien tenga interés legítimo personal y directo, mediante la interposición del recurso jerárquico regulado en este Capítulo.
( ).
Artículo 259: El recurso contencioso tributario procederá:
1. Contra los mismos actos de efectos particulares que pueden ser objeto de impugnación mediante el recurso jerárquico, sin necesidad del previo ejercicio de dicho recurso.
2. Contra los mismos actos a que se refiere el numeral anterior, cuando habiendo mediado recurso jerárquico éste hubiere sido denegado tácitamente conforme al artículo 255 de este Código.
3. Contra las resoluciones en las cuales se deniegue total o parcialmente el recurso jerárquico, en los casos de actos de efectos particulares.
Parágrafo Primero: El recurso contencioso tributario podrá también ejercerse subsidiariamente al recurso jerárquico en el mismo escrito, en caso de que hubiese expresa denegación total o parcial, o denegación tácita de éste.
( )
En este sentido, los artículos en referencia, previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Tributario, determinan que la jurisdicción contencioso administrativa, y en lo especial, sus tribunales contenciosos tributarios, comparten una amplia potestad para tutelar los derechos subjetivos de los particulares, además de permitirle analizar los términos objetivos sobre los cuales se dictaron los actos administrativos susceptibles de impugnación, por lo que no es sólo un control del proveimiento conforme a la ley, sino también con respecto a los derechos abarcados dentro de la pretensión, comprendiendo un control superior a los simples parámetros legales sobre los cuales se fundamenta el acto cuestionado.
Siendo ello así, los tribunales contenciosos tributarios tienen atribuida la plena jurisdicción para dictar sus pronunciamientos abarcando la totalidad de la pretensión sin limitarse a analizar el control objetivo del acto administrativo, garantizando al justiciable el derecho a la tutela judicial efectiva que establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, se encuentran en la obligación de pronunciarse sobre todas las defensas que, conforme a derecho, interpongan los recurrentes, incluyendo aquéllas que, dada la particularidad de la función jurisdiccional, no hayan sido propuestas en sede administrativa.
En definitiva, el contencioso administrativo y la rama especial del contencioso tributario como actividad jurisdiccional se encuentran determinadas por el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que todas sus decisiones deben estar apegadas al principio de congruencia y exhaustividad de la sentencia, procurando además la justa equiparación entre las pretensiones expuestas por las partes y el fallo que dirima su resolución. Desconocer tal principio originaría que toda decisión estaría inficionada por el vicio de incongruencia al no precisar la debida relación del fallo con la totalidad del thema decidendum; conformándose, en caso de insuficiencia, la denominada incongruencia negativa al no decidirse sobre todo lo alegado y probado por las partes.
En tal sentido, el vicio de incongruencia omisiva no debe considerarse únicamente como una causal de impugnación de sentencias de la casación; pues comprende un deber ineludible de todo tribunal de emitir sus decisiones cabalmente por mandato expreso del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva y, por ende, la posibilidad de acceder a la jurisdicción. De allí que, la deficiencia en la sentencia, resulta controlable mediante los medios procesales de protección constitucional, como la acción de amparo y la solicitud de revisión constitucional.
Precisamente, este ha sido el criterio reiterado y pacífico de esta Sala Constitucional (sentencia núm. 885 del 13 de mayo de 2004; caso: Raúl Estéfano Morillo Yépez), cuyo desarrollo es el siguiente:
Al respecto, esta Sala en sentencia del 15 de octubre de 2002, (Caso: José Pascual Medina Chacón), precisó:
Conviene entonces señalar que la tendencia jurisprudencial y doctrinaria contemporánea en materia constitucional, es considerar la violación del derecho a la tutela judicial efectiva por lo que se denomina como incongruencia omisiva del fallo sujeto a impugnación.
La jurisprudencia ha entendido por ´incongruencia omisiva como el ´desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosas distintas de lo pedido, (que) puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia (sentencia del Tribunal Constitucional Español 187/2000 del 10 de julio). (Subrayado y resaltado de este fallo).
Para este Supremo Tribunal, la incongruencia omisiva de un fallo impugnado a través de la acción de amparo constitucional, debe ser precedida de un análisis pormenorizado y caso por caso de los términos en que ha sido planteada la controversia, a los fines de constatar que la cuestión que se dice imprejuzgada fue efectivamente planteada.
Constatada la omisión de juzgamiento, debe precisarse si era el momento oportuno para que ese juzgado se pronunciase sobre tal alegato.
Pero no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones, puesto que estas últimas no requieren un pronunciamiento tan minucioso como las primeras y no imponen los límites de la controversia, ello en consonancia con lo preceptuado en el numeral 8 del artículo 49 de la vigente Constitución que exige una incongruencia omisiva.
Finalmente, debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldría a la no vulneración del derecho reclamado.
omissis
Asimismo la referida omisión de pronunciamiento lesiona el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso. En este sentido, esta Sala Constitucional, en sentencia Nº 1340 del 25 de junio de 2002 señaló:
Asimismo sostuvo en sentencia del 19 de agosto de 2002 (Caso: Plaza Suite I C.A.), que:
...la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.
Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento.
Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil:
Artículo 15
Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.
Artículo 243
Toda sentencia debe contener:
...(omissis)...
5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.
Artículo 244
Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.
Ahora bien, la consideración anterior se establece por observarse que la pretensión de nulidad de la sociedad mercantil en el recurso contencioso administrativo (vid. f. 25 y ss.; 160 y ss.) estuvo conformada por los siguientes alegatos: (i) que la declaratoria de inadmisibilidad del recurso jerárquico es inconstitucional; (ii) la solicitud de desaplicación por control difuso de los artículos 243 y 250 numeral 4 del Código Orgánico Tributario; (iii) la inaplicabilidad de la obligación tributaria establecida en el artículo 10, ordinales 1° y 2°, de la Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE); (iv) la improcedencia del reparo formulado por el INCE al aplicar las alícuotas y la base imponible para la determinación de las contribuciones especiales y; vi) la improcedencia de las multas en contra de la contribuyente. En un sentido más específico, la Sala observa que la sociedad mercantil recurrente denunció otros alegatos de nulidad además del cuestionamiento objetivo del acto que declaró inadmisible el recurso jerárquico, solicitando adicionalmente la nulidad de la determinación fiscal arrojada en las actas de reparo números 050567 y 050268, del 10 de diciembre de 2002, dictadas por la Unidad de Ingresos Tributarios del INCE; confirmadas a su vez por el acto administrativo contenido en la denominada Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo número 3363, del 12 de enero de 2004, dictada por la entonces Gerencia General de Finanzas, Gerencia de Ingresos Tributarios del INCE, que impuso la multa en contra de la contribuyente; así como del propio acto CJ-210.100-488-671, del 13 de agosto de 2004, dictado por el entonces Comité Ejecutivo del INCE, alegando no tener la condición de contribuyente y la inaplicabilidad de la alícuota que ha pretendido imponerse, así como la impugnación de una sanción, como fue la multa impuesta a la recurrente. En este sentido, existe una diversa enunciación de alegatos y actos impugnados correlacionados destinados a dejar sin efecto la totalidad del procedimiento de exacción tributaria, y que conforman, tanto objetiva como subjetivamente, la completa pretensión de nulidad que debe ser resuelta en vía jurisdiccional.
No obstante la amplitud de denuncias expuestas por la parte hoy solicitante, tanto con la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario como con la decisión núm. 01085 proferida por la Sala Político Administrativa el 19 de junio de 2007 objeto de revisión- analizaron únicamente la improcedencia de la desaplicación por control difuso de los artículos 243 y 250, numeral 4, del Código Orgánico Tributario, considerando únicamente lo decidido por el acto administrativo, reiterando que las causales de inadmisibilidad son de orden público.
Cabe señalar que el control difuso de la constitucionalidad es una potestad de los tribunales de la República, por lo que su ejercicio no puede ser constreñido por esta Sala Constitucional. No obstante, la carga procesal que imponen los artículos 243 y 250 numeral 4 del Código Orgánico Tributario debió ser considerada con mayor detenimiento a los fines de valorar la desaplicación por control difuso solicitada de cara a los artículos 26, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; ante todo, debido a la imposibilidad que tienen los órganos administrativos de ejercer dicho control, toda vez que el mismo es inherente y exclusivo de la jurisdicción, tal como expresamente lo ha mantenido esta Sala (s.S.C. núm. 1737 del 25 de junio de 2003; caso: José Benigno Rojas), en la cual se enfatizó que el control difuso es inherente de los jueces de la República y solo puede ejercerse exclusivamente sobre normas jurídicas, que sean susceptibles de aplicación general y abstracta (Vid. Sent. N° 1178/2008) y que hayan sido dictadas por los órganos del Estado (Vid. Sent. N° 701/2009); lo que excluye disposiciones de otra índole, tales como: reglas estatutarias de una asociación civil (vid. Sent. N° 19/2009); o convenciones celebradas o aceptadas entre particulares (vid. Sent. N° 967/2009).
No obstante lo anterior, la sentencia objeto de revisión obvió alegatos que formaron parte del thema decidendum, que debieron ser resueltos para la estimación o desestimación del recurso contencioso tributario; sin embargo, el fallo cuestionado sólo procedió a analizar el referido aspecto objetivo del acto con respecto a uno solo de los aspectos expuestos por la sociedad mercantil recurrente, como fue, la solicitud de aplicación de control difuso sobre las causales de admisibilidad del recurso contencioso tributario, sin considerar los otros argumentos indicados al inicio del presente fallo y que se relacionan con la vulneración de la supuesta condición de no ser contribuyente frente a esta modalidad de tributo, la indebida aplicación de las normas de derecho para la exigencia de las contribuciones especiales, y la impugnación de la multa, la cual, también debió ser objeto de pronunciamiento por parte de la decisión por cuanto comprende un acto administrativo que también fue objeto de impugnación.
El fallo objeto de revisión, a pesar de declarar sin lugar el recurso contencioso tributario, equiparó la falta de asistencia de abogado en vía administrativa como una especie de causal de inadmisibilidad del recurso contencioso tributario, asimilable a la falta de agotamiento de la vía administrativa no prevista en la ley, sin adentrarse a considerar los demás alegatos de fondo presentados por el recurrente en sede jurisdiccional y obviando todos los fundamentos por los cuales se solicitó la nulidad de los actos que conformaron el procedimiento de determinación tributaria, incluyendo la multa impuesta al recurrente.
Esta Sala observa que la decisión administrativa que versó sobre el recurso jerárquico no se pronunció sobre el fondo del asunto, por lo que en este caso el contribuyente disponía, dada la negativa de la Administración, de una mayor amplitud de la pretensión para la tutela de sus derechos subjetivos en vía judicial como sujeto pasivo de la relación tributaria; medio judicial que puede interponerse sin que se agote la vía administrativa y sin sujetarse a lo decidido por ésta, dadas las disposiciones del Código Orgánico Tributario y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que eliminaron el agotamiento de la vía gubernativa como un presupuesto necesario para la admisión de la pretensión contencioso administrativa de nulidad contra actos administrativos de efectos particulares, normas expresamente invocadas por la jurisprudencia de esa Sala Político Administrativa (s.S.P.A. núms. 786/2004; 944/2004 y 1609/2004). De forma tal, el jurisdicente puede acudir a cualquier vía, sin que los alegatos presentados en los recursos administrativos constriñan la amplitud de control por parte de la jurisdicción (vid. s.S.C. núm. 957 del 9 de mayo de 2006; caso: Luis Eduardo Moncada Izquierdo).
Ello así, estima la Sala que la sentencia en cuestión incurrió en el vicio de incongruencia omisiva, contrario al principio de la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; razón por la cual, esta Sala, conforme a los criterios expuestos anteriormente, y atendiendo a su doctrina en materia de revisión constitucional (vid. s. S.C. núm. 93/2001, del 6 de febrero; caso: Corpoturismo; 1992/2004, del 8 de septiembre de 2004; caso: Meter Hofle Szabo; 2216/2004, del 21 de septiembre de 2004; caso: Caso: Claudia Turchetti Bonfanti; 325/2005, del 30 de marzo de 2005; caso: Álcido Parra Ferreira) estima procedente la presente revisión constitucional.
Por lo antes expuesto, resulta forzoso para esta Sala declarar ha lugar la presente solicitud de revisión constitucional interpuesta por la sociedad mercantil POLICLÍNICA METROPOLITANA, C.A., contra la sentencia núm. 01085, dictada el 19 de junio de 2007, y publicada, el 20 de junio de 2007, por la Sala Político Administrativa; en consecuencia, declara nula la sentencia objeto de revisión y nulos los efectos que de la misma hayan podido derivar. En virtud de lo anterior, se repone la causa al estado que se dicte nuevo fallo abarcando la totalidad del contradictorio expuesto por las partes en el juicio contencioso tributario de nulidad. Así se decide.
A los fines de garantizar los efectos de la presente decisión, se considera pertinente, acordar de oficio, medida cautelar de suspensión de efectos de los actos administrativos emitidos por el entonces Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), actual Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), dictados con ocasión al procedimiento de fiscalización y recaudación objeto de control en vía contencioso tributaria. A tal efecto, esta Sala verifica que la situación jurídica de la sociedad mercantil Policlínica Metropolitana, C.A., cumple con el requerimiento del fumus boni iuris por cuanto se constata, inclusive más allá de una presunción, la existencia de una decisión que no abarcó la totalidad de la pretensión del recurrente que versó sobre el control de los actos de contenidos tributarios dictados en su contra; asimismo, se determina que durante el lapso de tiempo que se dicte nueva decisión, el ente Fiscal al ejecutar los actos impugnados, dejaría a la contribuyente en una situación de minusvalía al momento de dictarse la decisión de fondo; razón por la cual, se ordena la suspensión de los actos administrativos dictados por el Ente Fiscal, la cual se mantendrá hasta tanto la Sala Político Administrativa dicte nueva decisión de fondo con base en lo expuesto en el presente fallo. Así finalmente se decide.
V
DECISIÓN
Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:
PRIMERO: HA LUGAR la revisión constitucional interpuesta por el abogado Francisco Jiménez Gil, antes identificado, actuando con la condición de representante judicial de POLICLÍNICA METROPOLITANA, C.A., contra la sentencia número 01085, dictada, el 19 de junio de 2007, y publicada, el 20 de junio de 2007, por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia.
SEGUNDO: ANULA la sentencia número 01085, dictada, el 19 de junio de 2007, y publicada, el 20 de junio de 2007, por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia y REPONE la causa al estado que la Sala Político Administrativa dicte nueva decisión atendiendo a lo expuesto en el presente fallo.
TERCERO: ACUERDA DE OFICIO MEDIDA CAUTELAR de suspensión de los actos administrativos dictados por el entonces Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), actual Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) objeto de impugnación por parte de la sociedad mercantil Policlínica Metropolitana, C.A., la cual se mantendrá hasta tanto la Sala Político Administrativa dicte nueva decisión en esa causa. A tal efecto, se suspenden las Actas de Reparo números 050267 y 050268 del 10 de octubre de 2002; la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo número 3363 del 12 e enero de 2004; y el acto administrativo CJ-210.100-488-671 del 13 de agosto de 2004, dictado por el entonces denominado Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) hoy Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).
CUARTO: ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional remita copia certificada del presente fallo a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
QUINTO: ORDENA, a la Secretaría de esta Sala Constitucional notificar al Presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 23 días del mes de marzo de dos mil diez (2010). Años: 199° de la Independencia y 151° de la Federación.
La Presi/
/denta,
Luisa EstelLa Morales Lamuño
Vicepresidente,
Francisco A. Carrasquero López
Los Magistrados,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secre/
/tario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp.- 08-0781
CZdeM/9
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias