Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentenciasSALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA
El 16 de mayo de 2002 se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el oficio N° 226-02 del 14 de mayo de 2002, librado por la Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por el cual remitió el expediente N° 811, (nomenclatura de dicha Sala), contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta, bajo la modalidad de hábeas corpus, por el abogado MICHEL BRIONNE, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 52.897, actuando con el carácter de defensor privado del ciudadano ELY FABIO HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N° 11.665.003, contra la omisión de celebración de la audiencia de juicio oral y público por parte del Tribunal Undécimo de Juicio de ese Circuito Judicial Penal y de la presentación de la acusación fiscal dentro del lapso de diez (10) a quince (15) días, en el procedimiento especial de flagrancia.
Tal remisión obedece a la apelación interpuesta por el referido abogado, contra la decisión dictada el 13 de mayo de 2002, por la mencionada Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones, que declaró inadmisible la acción de amparo propuesta.
En la misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio José García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
El 2 de septiembre de 2001, el Tribunal Vigésimo Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó la privación judicial preventiva de libertad al ciudadano ELY FABIO HERNÁNDEZ, por la presunta comisión del delito de robo agravado, tipificado en el artículo 460 del Código Penal. Igualmente, estimó la flagrancia del delito y ordenó la prosecución del proceso penal por el procedimiento abreviado.
El 11 de septiembre de 2001, el Tribunal Undécimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con el entonces artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable rationae temporis, acordó fijar para el 25 de septiembre de 2001, la oportunidad para que se celebrase la audiencia de juicio oral y público.
El 4 de octubre de 2001, el Fiscal Quincuagésimo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas presentó acusación contra el ciudadano ELY FABIO HERNÁNDEZ, por la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de frustración.
El 19 de diciembre de 2001, el ciudadano ELY FABIO HERNÁNEZ solicitó al Tribunal Undécimo de Juicio, previo traslado del Internado Judicial El Rodeo I, que le otorgase la libertad. En esa misma oportunidad, la defensa técnica del acusado solicitó igualmente que se le acordase a su defendido una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, en virtud de que ...se ha diferido en varias oportunidades el Acto del Juicio Oral y Público (sic) sin culpa del mismo...
El 27 de diciembre de 2001, el Tribunal Undécimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas negó la concesión de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad al ciudadano ELY FABIO HERNÁNDEZ.
El 25 de abril de 2002, el referido Tribunal Undécimo de Juicio acordó diferir la celebración de la audiencia de juicio oral y público para el 7 de mayo de 2002, en virtud de que el Ministerio Público había señalado que la víctima no pudo asistir a dicha audiencia.
El 6 de mayo de 2002, el abogado MICHEL BRIONNE, actuando con el carácter de defensor privado del ciudadano ELY FABIO HERNÁNDEZ, interpuso la presente acción de amparo, bajo la modalidad de hábeas corpus, ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
El 6 de mayo de 2002, la Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas ordenó la corrección del libelo del amparo, conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. El defensor privado dio cumplimiento a lo ordenado, el 9 de mayo de 2002, en virtud de que había sido notificado el 7 de mayo de 2002.
El 13 de mayo de 2002, la referida Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible la acción de amparo propuesta, siendo esta decisión contra la cual se interpuso el recurso de apelación.
El defensor privado del ciudadano ELY FABIO HERNÁNDEZ señaló que se violaron los derechos al debido proceso y a la defensa, lo que lo motivó a interponer la acción de amparo, bajo la modalidad de hábeas corpus, con los alegatos que esta Sala, a continuación, resume:
Arguyó, que desde el 2 de septiembre de 2001, oportunidad en que el Tribunal Vigésimo Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictó la medida judicial privativa de libertad a su defendido, hasta el 9 de mayo de 2002, habían transcurrido doscientos cuarenta y dos (242) días sin que se hubiese celebrado la audiencia de juicio oral y público, lo que constituía, a su juicio, ...UNA FLAGRANTE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y A LAS NORMAS TANTO LEGALES COMO CONSTITUCIONALES VIGENTES EN VENEZUELA....
Precisó, que se cercenó el entonces artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal que disponía que si el juez estimara que concurrían las circunstancias previstas en el artículo 257 eiusdem, debía remitir las actuaciones al tribunal unipersonal, el cual debía convocar directamente a juicio oral y público para que se celebrase dentro de los diez (10) a quince (15) días.
Sostuvo igualmente, que se constataba del acta levantada con ocasión de la celebración de la audiencia de presentación del imputado, que el Tribunal de Control no convocó a la víctima, quien previamente estaba identificada en un acta policial y, además, que lo más grave era que el Fiscal Quincuagésimo del Ministerio Público precalificó los hechos como robo agravado, sin especificar la identidad del sujeto pasivo de la comisión del presunto delito. Asimismo, que el Tribunal de Control decretó la privación judicial preventiva de libertad a un ciudadano que no sabía leer ni escribir.
La sentencia objeto de la presente apelación, dictada el 13 de mayo de 2002, por la Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, tuvo como fundamento las siguientes consideraciones:
Señaló, que se desprendía del contenido de la sentencia N° 113 del 17 de marzo de 2000, dictada por esta Sala Constitucional y ratificada el 19 de febrero de 2002 y el 26 de febrero de 2002, que el procedimiento de hábeas corpus procedía en aquellos casos en los cuales existían detenciones arbitrarias de carácter administrativo o detenciones de carácter judicial, y que en éste último caso procedía la acción únicamente cuando dichas decisiones no contasen con un medio ordinario de impugnación, o dicho recurso no estuviese acorde con la protección constitucional que se pretendía.
Indicó, que igualmente esta Sala Constitucional sostuvo, el 19 de febrero de 2002, en el expediente N° 01-1633, que la acción de amparo operaba en su tarea específica de encauzar las demandas contra actos, actuaciones, omisiones o abstenciones lesivas de derechos constitucionales, bajo las siguientes condiciones: a) una vez que los medios judiciales ordinarios habían sido agotados y la situación jurídico constitucional no fuese satisfecha; o b) ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de la urgencia, no daba satisfacción a la pretensión deducida.
Precisó, que en el presente caso se pretendía la obtención de la libertad del ciudadano ELY FABIO HERNÁNDEZ dejando de lado el uso del medio idóneo para ello, como era el previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal vigente; que esa vía ordinaria prevista por el legislador no fue agotada por el defensor del accionante a los fines de poder optar a la vía del hábeas corpus.
Por tal motivo, declaró inadmisible la acción de amparo, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
El defensor privado del ciudadano ELY FABIO HERNÁNDEZ interpuso recurso de apelación contra la decisión dictada por el Tribunal a quo, en atención a los alegatos que esta Sala señala a continuación:
Alegó, que habían transcurrido doscientos cuarenta y dos (242 ) días, contados desde la oportunidad en que el Tribunal de Control remitió el expediente para ser distribuido a un Tribunal de Juicio, sin que se hubiese celebrado la audiencia de juicio oral y público.
Señaló, que el entonces artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal disponía que si transcurrido veinte (20) días, el Fiscal del Ministerio Público no formulaba acusación, el Juez debía poner en libertad al imputado bajo una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad. Además, que el artículo 553 del Código Orgánico Procesal Penal vigente señalaba el principio de extraactividad y dispone que a los acusados o a los penados sentenciados conforme a la ley anterior entiéndase Código Orgánico Procesal Penal reformado-, le sería aplicado el código vigente, si éste era más favorable.
Precisó, que según el artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para el momento de los hechos y de la privación de libertad, el lapso para que el Fiscal del Ministerio Público formulase acusación era de veinte (20) días y no treinta (30), pero que en vista del referido artículo 553 y de los artículos 374 o 375 del Código Orgánico Procesal Penal reformado, el lapso de presentación de la acusación por parte del Fiscal del Ministerio Público era de diez (10) a quince (15) días.
Por tanto, alegó que el Tribunal de Juicio debía decretar una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad a su defendido.
V
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la apelación interpuesta, para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto, se observa:
En el presente caso, la decisión contra la cual apeló el defensor privado del quejoso, emanó de la Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la cual conoció en primera instancia de un amparo constitucional ejercido por la presunta violación de derechos y garantías constitucionales por parte de un Tribunal jerárquicamente inferior.
Por tales motivos, esta Sala congruente con los criterios establecidos en los fallos del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) y del 8 de diciembre de 2000 (caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), se declara competente para conocer de la presente apelación. Así se decide.
Determinada la competencia, esta Sala observa que la acción de amparo fue interpuesta bajo la modalidad de hábeas corpus, al sostenerse que se le habían cercenados derechos fundamentales al ciudadano ELY FABIO HERNÁNDEZ, en virtud de que el Ministerio Público no presentó la acusación dentro del lapso de diez (10) a quince (15) días, previsto en el procedimiento especial de flagrancia para que se celebrase la audiencia de juicio oral y público, una vez que el Tribunal de Juicio unipersonal recibe el expediente del Tribunal de Control. Asimismo, se alegó que se habían vulnerado igualmente derechos constitucionales al quejoso, por cuanto habían transcurrido doscientos cuarenta y dos (242) días, sin que el Tribunal Undécimo de Juicio hubiese celebrado la audiencia de juicio oral y público. Todo lo anterior significaba, a juicio del abogado del accionante, que se le debía acordar a su defendido una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad.
En ese orden de ideas, esta Sala debe precisar en primer lugar, tal como lo sostuvo el Tribunal a quo, que la acción de amparo no debe entenderse como un hábeas corpus. En efecto, el Tribunal Vigésimo Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó el 2 de septiembre de 2001, la privación judicial preventiva de libertad del ciudadano ELY FABIO HERNÁNDEZ, por lo que al poder interponerse contra dicha medida tanto el recurso de apelación, previsto en el artículo 439, ahora artículo 447, del Código Orgánico Procesal Penal, así como el recurso de revisión de esa medida, dispuesto en el entonces artículo 273, ahora artículo 264, eiusdem, se precisa que la acción de amparo debe ser entendida a la luz del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (vid. sentencia del N° 113, del 17 de marzo del 2000, la cual fue citada en la sentencia apelada).
Ahora bien, la Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas consideró, al conocer en primera instancia el presente amparo, que la acción era inadmisible, conforme lo previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dado que al haberse dictado contra el quejoso la privación judicial preventiva de libertad, tuvo que acudirse al recurso de revisión de dicha medida, previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Por tanto, citando jurisprudencia de esta Sala señaló que la acción de amparo operaba en su tarea específica de encauzar las demandas contra actos, actuaciones, omisiones o abstenciones lesivas de derechos constitucionales, bajo las siguientes condiciones: a) una vez que los medios judiciales ordinarios hayan sido agotados y la situación jurídico constitucional no fuese satisfecha; o b) ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no diera satisfacción a la pretensión deducida.
En esos términos, señaló en vista de que no había sido acompañada prueba alguna que demostrase lo contrario- que al no haberse interpuesto el referido recurso de revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad, no podía admitirse la acción de amparo.
En efecto, esta Sala en anteriores oportunidades ha ratificado ese supuesto de inadmisibilidad, por lo que bajo la premisa sostenida por el Tribunal a quo era posible decretar dicha inadmisión de la acción. No obstante, se observa que el defensor del quejoso consignó en la oportunidad en que interpuso el recurso de apelación contra la declaratoria de inadmisibilidad, una serie de recaudos en copia certificada, en donde se constata que el 19 de diciembre de 2001, posteriormente a la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público, el acusado ELY FABIO HERNÁNDEZ había solicitado ante el Tribunal Undécimo de Juicio que le otorgase su libertad. Asimismo, su defensa técnica solicitó en esa misma oportunidad, que se le otorgase una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, la cual fue negada el 27 de diciembre de 2001.
Así las cosas, esta Sala hace notar que ante la imposibilidad de interponer recurso de apelación contra la decisión que le negó al accionante la medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad, por mandato del artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, y al constatarse que efectivamente se acudió al Tribunal Undécimo de Juicio a solicitar la revisión de la medida privativa de libertad, como vía ordinaria, en contradicción a lo señalado por la Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones que estimó que no había sido interpuesta, esta Sala observa que se hace necesario un nuevo pronunciamiento sobre la admisión o de la acción con prescindencia de los motivos que tomó en cuenta el Tribunal a quo para declarar la inadmisibilidad, dado que lo alegado por el defensor del quejoso, referido a que han transcurrido doscientos cuarenta y dos (242) días sin que se celebre la audiencia de juicio oral y público en el procedimiento especial de flagrancia y que el Ministerio Público no presentó la acusación dentro del lapso de diez (10) a quince (15) días, presuntamente puede constituir violaciones de derechos constitucionales.
En consecuencia, esta Sala debe declarar con lugar la apelación interpuesta por el defensor privado del ciudadano ELY FABIO HERNÁNDEZ y, en efecto, revocar la decisión dictada el 13 de mayo de 2001, por la Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la acción de amparo, conforme al numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Asimismo, debe reponerse la causa al estado de que otra Sala de dicha Corte de Apelaciones se pronuncie nuevamente sobre la admisibilidad o no de la acción, prescindiendo de los motivos que se tomaron en cuenta para declarar la inadmisibilidad que aquí se revoca. Así se decide.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por el defensor del ciudadano ELY FABIO HERNÁNDEZ, contra la sentencia proferida el 13 de mayo de 2001, por la Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas;
SEGUNDO: REVOCA la mencionada decisión proferida por el mencionado Tribunal Colegiado, que declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo, conforme al numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales;
TERCERO: se REPONE la causa al estado de que otra Sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas se pronuncie nuevamente sobre la admisibilidad o no de la acción de amparo propuesta, prescindiendo de los motivos que se tomaron en cuenta para decretar la inadmisibilidad que aquí se revoca.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente a la Oficina Distribuidora de Expediente Penales del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que lo distribuya a una Sala de la Corte de Apelaciones de ese Circuito Judicial Penal, distinta a la Sala N° 4.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 17 días del mes de julio del año dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.
El Presidente,
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
Ponente
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
El Secretario,
Exp. 02-1166
AGG/jarm