Sentencia N.º 1661
- Sentencia
- N.º 1661
- Fecha
- 31/10/2008
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 08-1074
- Ponente
- Francisco Antonio Carrasquero López
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Mediante escrito presentado ante esta Sala Constitucional el 6 de agosto de 2008, la ciudadana ROSALÍA DANGELO VIUDA DE PALMIERI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n° 6.033.743, asistida por los abogados ERNESTO FERRO URBINA y MIGUEL NIEVES SIFONTES, venezolanos, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 59.510 y 91.673, respectivamente, de conformidad con el artículo 27 de
El 13 de agosto de 2008, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES DEL CASO
1.- El 1 de julio de 2008, se llevó a cabo ante el Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la celebración de la audiencia preliminar en el marco del proceso penal que se le sigue a la ciudadana Beatriz Corina de Castro Arroyo, por la presunta comisión del delito de frustración de pago de cheque, previsto y sancionado en el artículo 494 del Código de Comercio, y en el cual funge como parte querellante la ciudadana Rosalía DAngelo viuda de Palmieri. En esa oportunidad, el señalado órgano jurisdiccional, entre otras cosas, emitió los siguientes pronunciamientos: a) Declaró sin lugar, por extemporáneo, el escrito de excepciones presentado por la defensa técnica de la acusada; b) Admitió en su totalidad la acusación y los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público; y c) Ordenó la apertura correspondiente juicio oral y público.
2.- Contra los anteriores pronunciamientos, la defensa técnica de la acusada ejerció, el 8 de julio de 2008, recurso de apelación.
3.- El 25 de julio de 2008,
II
DE
Del escrito presentado se extraen las siguientes afirmaciones:
Que
Que
Que
Que
Que el Código Orgánico Procesal Penal no contempla la posibilidad de la admisión parcial del recurso de apelación, y por ende, el mismo no puede ser declarado parcialmente admisible. Para sustentar esta afirmación, invocó la sentencia n° 187, del 12 de mayo de 2005, dictada por
Que
Que las denuncias referidas a la infracción de los artículos 12 y 18 del Código Orgánico Procesal Penal
están dirigidas a impugnar la actuación del Juez de Control durante el desarrollo de la anterior audiencia tendiente a poner orden en la misma y no el auto dictado por el Juez de Control mediante el cual se decidió lo relativo a la audiencia preliminar
.
Que
Que las actuaciones o las incidencias atribuidas a los jueces tendientes a poner orden en la audiencia no son atacables a través del recurso de apelación de autos, y por ende, las denuncias correspondientes a este aspecto
debieron ser declaradas INADMISIBLES por no estar referidas al AUTO apelado sino a una ACTUACIÓN DEL JUEZ, A UNA INCIDENCIA ocurrida durante la celebración de la audiencia preliminar, tendiente a poner orden en la misma, de conformidad con el último aparte del artículo 329 del texto adjetivo penal y la doctrina de
Que
En lo que respecta a la admisión de la denuncia referida a la declaratoria de extemporaneidad del recurso de apelación, la parte actora señaló que
Que
Que esta actuación del presunto agraviante vulneró el derecho a la defensa de la víctima-querellante, toda vez que tal argumentación sobre la inadmisibilidad del recurso no pudo ser rebatida por aquélla en el escrito de contestación del recurso de apelación, esto último, en virtud de que tal punto no fue planteado por la defensa técnica de la acusada en el escrito contentivo de dicho recurso, sino que, por el contrario, tal aspecto fue traído a los autos por
Con base en lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, la parte actora solicitó, como medida cautelar innominada, que se ordene a
Así las cosas, denunció la accionante la vulneración del debido proceso y del derecho a la defensa, consagrados en el artículo 49 de
En consecuencia, la hoy quejosa solicitó la admisión de la presente acción de amparo constitucional, y su declaratoria con lugar en la definitiva y, en consecuencia, que se le restablezca la situación jurídica infringida.
III
DE LA COMPETENCIA
Esta Sala, al delimitar su competencia en materia de amparo constitucional, a través de su sentencia n° 1/2000, de 20 de enero, se declaró competente para conocer de las acciones de amparo constitucional contra sentencias dictadas por los juzgados superiores, en los siguientes términos:
Igualmente, corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia de los Tribunales o Juzgados Superiores de
Por otra parte, el artículo 5.20 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que esta Sala es competente para conocer de las acciones autónomas de amparo constitucional contra las sentencias de última instancia dictadas por los tribunales contenciosos administrativos, cuando su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal.
Ahora bien, no establece la señalada norma, la competencia de
Aunado a lo anterior, debe invocarse lo establecido en la letra b) de la disposición derogatoria, transitoria y final de la señalada Ley del Tribunal Supremo de Justicia, la cual dispone:
...b) Hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción Constitucional, Contencioso Administrativa y Contencioso Electoral, la tramitación de los recursos y solicitudes que se intenten ante
Por tanto, considera esta Sala, que la referida omisión del señalado artículo 5, no le impide mantener su competencia con base en la interpretación vinculante del artículo 335 Constitucional.
Ahora bien, en el caso de autos, la decisión contra la cual se ejerce la presente acción de amparo, ha sido dictada por una Corte de Apelaciones en lo Penal, concretamente,
IV
DE
La sentencia dictada, el 25 de julio de 2008, por
A) Como primer punto de impugnación, aducen los apelantes en el título IV de la acusación penal del escrito recursivo, lo siguiente:
(omissis)
En cuanto a la presente denuncia advierte esta Alzada Colegiada, luego de realizar una minuciosa lectura del escrito de apelación, que lo que se pretende enervar en este punto, son los efectos del pronunciamiento emitido por el Tribunal Vigésimo Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control, mediante el cual admite la acusación fiscal presentada en contra de la ciudadana Beatriz de Castro Arroyo, toda vez que atribuye al juzgador la falta de pronunciamiento respecto al alegato defensivo de ausencia de elementos para fundar la acusación, lo cual definitivamente conforme lo ha establecido
(omissis)
En consecuencia, y atendiendo al carácter vinculante de la sentencia supra transcrita, -acertadamente invocada por la víctima- que declara inapelables los pronunciamientos dictados en la audiencia preliminar referidos a la admisión de la acusación, lo procedente conforme lo prevé el artículo 437 literal c de
B) En el título V del libelo impugnativo, denominado De la falta de motivación de la decisión, arguyen los defensores de la ciudadana Beatriz de Castro Arroyo como segundo punto de apelación, lo que de seguidas se transcribe:
(omissis)
En cuanto al vicio de inmotivación denunciado, se observa que la falta de fundamentación se materializa según los recurrente, cuando el Juez de Control admite la acusación y las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal, de lo que se desprende que los recurrentes pretenden que
C) Seguidamente, en el epígrafe VI le imputan a la decisión recurrida, la violación de la ley por inobservancia del artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal en la audiencia preliminar, fundamentando la denuncia en los siguientes términos:
(omissis)
D) Posteriormente, y en términos similares, denuncian en el capítulo VII, la violación de la ley por inobservancia del artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal en la audiencia preliminar, realizando para ello las siguientes consideraciones:
(omissis)
En cuanto a los motivos contenidos en los epígrafes C y D supra transcritos, este Tribunal de Alzada procede a pronunciarse sobre la admisibilidad, en forma conjunta por emerger de tales planteamientos la denuncia de vicios en el procedimiento, específicamente durante la celebración de la audiencia preliminar, cuya procedencia puede resolverse bajo los mismos criterios.
En tal sentido observa este Despacho, que según señalan los apelantes, el Juez de la recurrida durante la celebración del mencionado acto, vulneró los principios de igualdad y contradicción consagrados en los artículos 12 y 18 del texto adjetivo penal, respectivamente.
Al respecto es preciso advertir que, como se desprende del texto del artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal: (omissis), de esta forma, las incidencias suscitadas en la audiencia preliminar, que eventualmente se concreten en violaciones legales y/o constitucionales, y que por atribuírsele al Juez su menoscabo respecto a la forma como se celebró el acto, constituyen vicios in procedendo; las referidas providencias serán apelables en tanto y en cuanto, le causen un agravio al imputado y no se configure ninguno de los supuestos de inadmisibilidad previstos en el artículo 437 eiusdem codex y
E) En el acápite VIII del escrito recursivo, denuncian los defensores la violación de los artículos 49 y 257 de
(omissis)
Esta Sala observa del acta de la audiencia preliminar celebrada ante el Tribunal 22° de Primera Instancia en función de Control, que el pronunciamiento emitido respecto a las excepciones opuestas, según lo estableció el Juez, es el siguiente:
por lo cual este Tribunal no puede emitir pronunciamiento alguno en cuanto a sus alegatos por cuanto a criterio de quien aquí decide se interpusieron de forma extemporánea, razón por la cual se declara sin lugar de conformidad con el artículo 328 COPP
Ahora bien, se observa que conforme lo dispone el numeral 2° del artículo 447 del texto adjetivo penal, la decisión será irrecurrible cuando el Juez dentro de la audiencia preliminar declare sin lugar las excepciones opuestas; en el caso de marras, no nos encontramos frente a este supuesto, -como lo pretende la víctima en el escrito de contestación- toda vez que a pesar de haber declarado sin lugar las excepciones propuestas por la defensa, las razones que tuvo para hacerlo constituyen motivos de inadmisibilidad y no como desacertadamente lo indicó el sentenciador.
Es harto sabido dentro del foro, que una decisión que declara sin lugar un pedimento, involucra de suyo un análisis sobre el fondo de lo plateado, negando lo requerido; por el contrario la inadmisibilidad impide esta revisión de fondo, entonces, el Juez cuando señaló que se encuentra impedido de emitir pronunciamiento alguno en cuanto a tales excepciones, por considerarlas extemporáneas, debió declararlas inadmisibles.
Así las cosas, es necesario advertir que la inadmisibilidad -por extemporaneidad- del escrito de excepciones decretada por el Juez de Control, no se encuentra incluida dentro de las decisiones que tiene impedimentos legales para ser impugnadas, de modo que al no configurarse ninguno de los supuestos de inadmisibilidad previstos en el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal y
V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Para decidir,
Una vez declarada la competencia de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la pretensión de amparo interpuesta, se evidencia que no se opone a ella ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de
Al respecto, resulta necesario destacar que: a) no existe recaudo alguno que haga a esta Sala concluir que haya cesado la injuria constitucional denunciada; b) la lesión en caso de existir es inmediata, posible y, efectivamente, pudo ser cometida por el órgano judicial accionado; c) aún es posible restablecer la situación jurídica que pudiera haber resultado infringida; d) la solicitud de tutela fue presentada en tiempo oportuno, y no aparece de los autos que los accionantes hayan consentido expresa o tácitamente la denunciada violación; e) no existe otra vía judicial distinta al amparo para restablecer la situación denunciada; f) no se trata de una petición de amparo contra un fallo dictado por alguna Sala de este Máximo Tribunal de
Constatado lo anterior, y visto además que en la solicitud de amparo se ha cumplido también con las exigencias del artículo 18 de
Ahora bien, debe señalarse que la acción de amparo contra actos jurisdiccionales, ha sido concebida en nuestra legislación como un mecanismo procesal de impugnación de decisiones judiciales, con particulares características que lo diferencian de las demás acciones de amparo, así como de las otras vías existentes para atacar los actos emanados de los órganos jurisdiccionales. En este orden de ideas, para dicha acción, se han establecido especiales presupuestos de procedencia, cuyo incumplimiento acarrea la desestimación de la pretensión, incluso in limine litis, pues resulta inoficioso y contrario a los principios de celeridad y economía procesal, sustanciar un procedimiento cuyo único resultado final es la declaratoria sin lugar.
En este sentido, el artículo 4 de
Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.
Del análisis de la disposición transcrita, en función de salvaguardar la integridad de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, nuestra jurisprudencia ha señalado que para que proceda la acción de amparo contra actos jurisdiccionales deben concurrir las siguientes circunstancias: a) Que el juez que emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); aunado a ello, b) que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional (acto inconstitucional), lo que implica que no es recurrible por amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal; y, finalmente como requisito adicional c) que se hayan agotado todos los mecanismos procesales existentes, o que los mismos resulten no idóneos para restituir o salvaguardar el derecho lesionado o amenazado; es decir, que la acción de amparo puede intentarse contra decisiones judiciales, pero sólo procede en estos casos.
Precisado lo anterior, y a los fines de delimitar el objeto de la pretensión aquí analizada, se observa que ésta se encuentra dirigida a impugnar la sentencia dictada, el 25 de julio de 2008, por
Dicha Corte de Apelaciones estableció, en primer lugar, que los motivos que cimentaban la impugnación de la admisión de la acusación y de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, debían ser declarados inadmisibles, al considerar dicha alzada penal que tales pronunciamientos son inimpugnables, según lo dispuesto en los artículos 331 y 437.c del Código Orgánico Procesal Penal, y en el criterio vinculante asentado por esta Sala Constitucional en sentencia n° 1.303/2005, del 20 de junio.
En segundo lugar, señaló que las denuncias relativas a las infracciones de los artículos 12 y 18 del Código Orgánico Procesal Penal cometidas en el transcurso de la audiencia preliminar, a saber, la violación de los principios de igualdad de las partes y contradicción en el proceso, eran admisibles, ya que tales infracciones imputadas al Juez de Control, constituyeron, en criterio de esa alzada, vicios in procedendo que se concretaron en una lesión constitucional, siendo por ello apelable el acto que se viera irradiado por dichos vicios, sustentado tal afirmación en el único aparte del artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que El imputado podrá siempre impugnar una decisión judicial en los casos en que se lesionen disposiciones constitucionales o legales sobre su intervención, asistencia y representación, aunque haya contribuido a provocar el vicio objeto del recurso.
Por último, en cuanto al motivo que motorizó la impugnación de la declaratoria sin lugar, por extemporáneas, de las excepciones opuestas,
De igual forma, de la lectura del escrito contentivo de la acción de amparo, se infiere que la parte accionante ha delatado la violación del debido proceso y del derecho a la defensa, consagrados en el artículo 49 de
Ahora bien, observa esta Sala, que
En primer lugar, la parte actora alega en su escrito que
Esta Sala discrepa de tal afirmación de la parte actora, toda vez que dentro de las normas y principios que rigen el sistema de recursos en el Código Orgánico Procesal Penal, no existe ninguna disposición que proscriba la posibilidad de admitir un recurso de apelación, sólo en cuanto a alguna o algunas de las denuncias o motivos que en él han sido planteados, y desechar, por inadmisibles, otras denuncias o motivos -que también hayan sido planteados en ese mismo recurso- sobre los cuales recaiga alguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal.
Así, respecto a los pronunciamientos que el Juez de Control puede emitir al final de la audiencia preliminar, cabe señalar que el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal le confiere una amplia gama de potestades en este sentido, entre las cuales se encuentra la de pronunciarse sobre la admisión total o parcial de la acusación del Ministerio Público o del querellante y ordenar la apertura a juicio (numeral 2); así como también decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para el juicio oral (numeral 9), estableciéndose en el artículo 331 eiusdem la figura del auto de apertura a juicio, a los fines de canalizar ulteriormente tales pronunciamientos, entre otros aspectos.
Al finalizar la audiencia preliminar, el Juez, al admitir la acusación y una vez que haya analizado la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para el juicio oral, puede declarar admisibles todos los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público; o bien puede declarar admisibles algunos medios de prueba ofrecidos por la representación fiscal, pero otros no. En estas dos hipótesis, el Juez de Control dictará el auto de apertura a juicio.
Ante tales hipótesis, esta Sala ha establecido que el acusado no puede apelar del auto de apertura a juicio, ya que de la lectura de la última frase del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual reza Este auto será inapelable, puede evidenciarse que el legislador no consagró el recurso de apelación contra la decisión por la cual el juez admite la acusación fiscal, por lo que las demás providencias que dicte el Juez en el auto que contiene la admisión de la acusación, forma parte de la materia propia de la apertura a juicio y, en consecuencia, no pueden ser impugnadas por la vía de la apelación, dado que se trata de una sola decisión que fue excluida expresamente del ejercicio de este recurso (Sentencia n° 1.303/2005, del 20 de junio).
Ahora bien, lo anterior no obsta a que el acusado sí pueda recurrir de otros pronunciamientos dictados al finalizar la audiencia preliminar, con base en el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, y que sean distintos a los pronunciamientos contenidos en el auto de apertura a juicio, como podrían ser, por ejemplo, el decreto de una medida de coerción personal (artículo 330.5 eiusdem), o la declaratoria de inadmisibilidad de los medios de prueba ofrecidos por el acusado dentro del plazo que fija el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal (Sentencia n° 1.303/2005, del 20 de junio).
Sostener, como lo hace la parte actora, que en el supuesto de que el acusado haya impugnado la admisión de la acusación y de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, así como también otros pronunciamientos distintos a éstos y que sí sean apelables,
En consecuencia, se estima que en este primer aspecto, la decisión del 25 de julio de 2008, dictada por
En segundo lugar, la hoy quejosa también alegó que
Igualmente, la accionante destacó que
Sobre estas dos denuncias de la parte actora, las cuales serán analizadas en forma conjunta, debe afirmarse, a título preliminar, que la sentencia constituye el punto culminante del proceso penal -y de todo proceso-, siendo el acto judicial por excelencia, mediante el cual el órgano jurisdiccional construye la solución jurídica al conflicto social que originó la realización de tal proceso.
Así, se observa entonces que la sentencia ostenta una gran relevancia dentro de la relación jurídico-procesal, en el sentido de ser el acto procesal del cual dimanan los efectos jurídicos de mayor importancia, y por ende, la misma debe estar sometida a revisión o control, lo cual se materializa a través del ejercicio, por parte de los sujetos procesales, de los mecanismos impugnativos de decisiones judiciales, a saber, los recursos (sentencia n° 1.023/2006, del 11 de mayo).
El ejercicio de los recursos puede ser visto desde dos puntos de vista, en primer lugar, como una facultad que se integra en el contenido propio del derecho a la tutela judicial efectiva del justiciable, el cual se ve plasmado en el artículo 26 de
No obstante lo anterior, debe reiterar esta Sala, que la tutela judicial efectiva -de la cual se deriva el derecho al recurso-, lejos de consistir en el derecho a acceder a los tribunales en el tiempo, forma y modo que se le antoje al ciudadano, y al margen de las pretensiones legales, se trata muy por el contrario, de un derecho de configuración legal; de allí que deban observarse los requisitos establecidos en la ley para su acceso, sin que estos requisitos puedan ser tildados de formalidades no esenciales (sentencias 403/2005, del 5 de abril; y 1.386/2008, del 13 de agosto).
El derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 26 de
Así, los preceptos legales que regulan el ejercicio de los recursos, son necesarios, tomando en cuenta la naturaleza y finalidad del proceso, debiendo respetarse algunas formas procesales donde se determine que ciertas consecuencias no se tendrán por producidas cuando no se observen los requisitos de admisibilidad o procedibilidad, todo esto en aras de la certeza y la seguridad jurídica (sentencias 403/2005, del 5 de abril; y 1.386/2008, del 13 de agosto).
Tales exigencias formales, que cumplen por lo general una misión trascendente en la organización del proceso, sólo deben causar la grave consecuencia de inadmisión del recurso cuando no son perfectamente observadas por el recurrente, a fin de que éstas no se conviertan en un obstáculo insalvable que no permita la continuación del proceso (sentencias 403/2005, del 5 de abril; y 1.386/2008, del 13 de agosto).
Algunas de esas formas procesales cuyo cumplimiento es necesario para la tramitación de los recursos en el proceso penal, están referidas a lo que en la teoría general de los recursos se denominan presupuestos de la impugnación. Tal como lo señala VÉSCOVI, esos presupuestos o requisitos se traducen en los siguientes: a) El agravio o gravamen, tal como lo exige el artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal (presupuesto subjetivo); b) La legitimación del recurrente (ligado íntimamente al primer presupuesto), el cual se vislumbra en el texto del artículo 433 eiusdem (presupuesto subjetivo); c) Que se trate de un acto impugnable, requisito éste que se encuentra recogido en el artículo 432 de dicha ley procesal penal (presupuesto objetivo); y d) El plazo, es decir, que el recurso haya sido interpuesto en la oportunidad fijada por la ley (presupuesto objetivo).
Estos presupuestos o requisitos antes reseñados, serán revisados, en el supuesto del recurso de apelación de autos en el proceso penal, por el tribunal ad quem (Corte de Apelaciones), en la fase de admisibilidad del recurso, ello según el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal. Dicha fase implica la verificación de los requisitos formales antes descritos, y condiciona la entrada del recurso a su consideración de fondo. En este contexto, los requisitos antes señalados deben ser adminiculados con las causales generales de inadmisibilidad de los recursos, previstas el artículo 437 eiusdem, el cual dispone lo siguiente:
Artículo 437. Causales de Inadmisibilidad.
a) Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo;
b) Cuando el recurso se interponga extemporáneamente;
c) Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley.
Fuera de las anteriores causas,
Entonces, en el supuesto que alguno de los cuatro presupuestos o requisitos antes reseñados no se configure en el caso concreto, el recurso deberá ser declarado inadmisible por
Precisado lo anterior, y en cuanto a estos dos alegatos de la parte actora, esta Sala debe destacar que es un tema de legalidad ordinaria la decisión sobre el cumplimiento o no de los requisitos procesales para poder recurrir. En efecto, el ejercicio de los recursos se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en las correspondientes normas procesales, y por ende, la apreciación y valoración de la concurrencia de aquéllos pertenece exclusivamente a los órganos judiciales ordinarios, no pudiendo esta Sala Constitucional examinar si tales requisitos se configuran o no en el caso concreto.
En este orden de ideas, se reitera que en virtud de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, los mismos, si bien deben ajustarse a
Así, por ejemplo, la inadmisión de un recurso podrá ser objeto de revisión por el Juez Constitucional, si el órgano jurisdiccional no fundamenta tal pronunciamiento en una causa legalmente prevista, o que existiendo ésta, la ha apreciado de forma arbitraria o inmotivada, o cuando haya basado su decisión en un error de relevancia constitucional, o que la misma sea fruto de una interpretación rigorista o meramente formal, que quiebre la proporcionalidad exigible entre la finalidad del requisito y las consecuencias para el derecho fundamental del que se trate (Sentencia n° 170/1999, del 27 de septiembre, del Tribunal Constitucional español). En estos supuestos resulta obvia la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que en ellos se le restringe ilegítimamente al justiciable el acceso al recurso.
Por su parte, la admisión de un recurso podría infringir el derecho a la tutela judicial efectiva, y concretamente, el derecho a obtener una decisión fundada en derecho, cuando tal pronunciamiento ha sido efectuado a través de una decisión carente de toda motivación. Podría darse también cuando una de las partes haya solicitado, en su escrito de contestación del recurso, la inadmisión de éste, y
En efecto, del exhaustivo análisis de la decisión emitida por
En realidad, lo que refleja la pretensión de la parte actora es, simplemente, su disconformidad con una decisión que abarcó una exégesis racional de las reglas legales sobre los presupuestos de admisibilidad de los recursos, y que no ha tenido ninguna incidencia constitucional. Vale resaltar, siguiendo el criterio del Tribunal Constitucional español, que en el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva no se integra un derecho a la inadmisión en cualquier caso de los recursos interpuestos por la parte contraria cuando ese recurso esté legalmente establecido, sin que le corresponda al Juez Constitucional depurar la corrección de la operación interpretativa del Juez ordinario que lo admitió, ya que, como se indicó anteriormente, ello constituye una cuestión de pura legalidad ordinaria (Sentencia n° 293/1994, del 27 de octubre). Siendo así, se estima que, en este segundo aspecto, la sentencia accionada también se encuentra ajustada a derecho y, por ende, se desechan estas dos denuncias formuladas por la hoy quejosa.
Así las cosas, se concluye que
En consecuencia, y con base en los planteamientos expuestos a lo largo del presente fallo, es menester para esta Sala declarar, y así lo declara, IMPROCEDENTE in limine litis la solicitud de amparo constitucional propuesta por la ciudadana ROSALÍA DANGELO VIUDA DE PALMIERI, asistida por los abogados ERNESTO FERRO URBINA y MIGUEL NIEVES SIFONTES, contra la sentencia dictada, el 25 de julio de 2008, por
En virtud de la anterior declaratoria de improcedencia in limine, esta Sala estima inoficioso emitir pronunciamiento respecto a la medida cautelar innominada solicitada por la parte accionante.
VI
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Publíquese, regístrese y archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Ponente
Los Magistrados,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FACL/
Exp. n° 08-1074
El Magistrado que suscribe, Pedro Rafael Rondón Haaz, manifiesta su voto concurrente con el dispositivo del presente fallo que se refiere a la declaración de improcedencia in limine litis de la demanda de amparo que incoó la ciudadana Rosalía DAngelo viuda de Palmieri, contra el fallo que dictó, el 25 de julio de 2008,
El ciudadano Andrés Eloy Dielingen Lozada intentó amparo constitucional contra el fallo que pronunció
De autos se desprende que la apelación que se incoó contra la decisión que dictó, el 30 de abril de 2004, el Juzgado Cuadragésimo Noveno de Primera Instancia en funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, se propuso contra la admisión de las pruebas que presentó la representación del Ministerio Público -actas que se levantaron con motivo de la investigación- y contra la negativa del tribunal al otorgamiento en su favor, de una medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad.
Por su parte,
el único caso en que el acusado puede recurrir de las decisiones que se dicten al final de la audiencia preliminar, y que se encuentren referidas a los medios de prueba, son aquéllas que declaren la inadmisibilidad de los medios que aquél haya ofrecido dentro del plazo que fija el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal siempre y cuando sean lícitos, necesarios y pertinentes-, ya que tal inadmisibilidad podría constituir una violación del derecho a la defensa consagrado en el artículo 49.1 de
(
)
Entonces, partiendo de que el auto de apertura a juicio es inapelable, debe afirmarse que el acusado no podrá impugnar ninguno de los pronunciamientos que establece el numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, y por ende, tampoco los que declaren la admisión de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público; pudiendo apelar de las demás decisiones que el señalado artículo 330 le permite le permite dictar al Juez de Control al finalizar la audiencia preliminar, claro está siempre que constituyan decisiones susceptibles de ser encuadradas en el catálogo que establece el artículo 447 eiusdem.
(
)
En consecuencia, esta Sala modifica su criterio, y así se establece con carácter vinculante, respecto a la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la primera parte del auto de apertura a juicio admisibilidad de la acusación-, y contra la admisión de los medios de prueba que se indiquen en dicho auto, ajustándolo a la ratio legis del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, que apunta a no admitir el recurso de apelación contra el auto de apertura a juicio, ya que se trata de una decisión que no causa gravamen irreparable al acusado, y cuya inimpugnabilidad no implica una vulneración de la garantía del debido proceso, ni mucho menos del derecho a la defensa consagrada en el artículo 49.1 Constitucional, ni con el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 26 constitucional.
Respecto de la precedente argumentación este magistrado disiente porque, efectivamente, la admisión de la acusación y los demás pronunciamientos sustanciales que contenga el auto de apertura a juicio, entre ellos la admisión de las pruebas, son materia de fondo que, de ninguna manera, pueden calificarse como de mero trámite razón por la cual deben estar sometidos, necesariamente, al enunciado general de la garantía constitucional de la apelabilidad de las decisiones jurisdiccionales, con base en el artículo 49.1 de la Constitución , así como en instrumentos normativos de Derecho Internacional que han sido suscritos y ratificados por la República , como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (artículo 8.2.h.). La conclusión de que las decisiones de fondo, que aparezcan en el auto de apertura a juicio, forman parte de un acto jurisdiccional inapelable, significaría la existencia de una disposición legal que impone un evidente y grave menoscabo al derecho constitucional a la defensa.
Las providencias inapelables que contenga el auto de apertura a juicio serían, en todo caso, la orden de abrir el juicio oral y público y el emplazamiento de las partes para que, en el plazo común de cinco días, concurran ante el juez de juicio y la instrucción al secretario para que se remita tribunal competente la documentación de las actuaciones, ya que son previsiones de mero procedimiento que no causan ningún tipo de gravamen o perjuicio a las partes; ello porque se trata de un auto de mero trámite o de mera sustanciación, no susceptible de afectar ni lesionar los derechos e intereses de los interesados.
Por otro lado, la admisión de las pruebas es el acto procesal por el cual el juez accede a que un medio de prueba determinado sea considerado como elemento de convicción en ese proceso y ordena agregarlo o practicarlo, según el caso. Si en ese caso la probanza que sea presentada o que haya sido practicada carece de valor legal, y no puede ser tenida en cuenta para la decisión de la causa o incidente a que se refiera, la consecuencia directa de ello es la lesión a los derechos e intereses de la parte perjudicada con tal proceder.
En ese sentido, si el derecho común ha aceptado la apelación contra la admisión o negativa de alguna prueba que sea promovida en el proceso (ex artículo 402 del Código de Procedimiento Civil), con más razón el Código Orgánico Procesal Penal, como conjunto normativo más garantista, debería aceptarse la interposición de dicho recurso, por cuanto, ya sea admisivo o negativo el auto, siempre una de las partes sufrirá un gravamen que justifica la apelación.
Por último, el Magistrado que suscribe debe apuntar que esta Sala, contradictoriamente con lo que dispone en el fallo del que se difiere, en los mismos supuestos ha aceptado la apelación contra los pronunciamientos de fondo que aparezcan en el auto de apertura a juicio, actitud que, en criterio del salvante, atenta contra la seguridad jurídica, en tanto en cuanto conspira contra el cometido de uniformación en las interpretaciones, que tiene atribuido esta sentenciadora (vide, entre otras, ss. nos 560 del 6 de abril de 2004, 349 del 26 de febrero de 2002, 100 del 6 de febrero de 2003, 904 del 20 de mayo, 1.132 del 3 de junio y 1.151 del 9 de junio de 2005).
Queda así expuesto el criterio del Magistrado concurrente.
Fecha retro.
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
/
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Disidente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar
Exp. 08-1074
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias