Venley

Sentencia N.º 1661

Sentencia
N.º 1661
Fecha
31/10/2008
Sala
Constitucional
Expediente
08-1074
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ 

 

Mediante escrito presentado ante esta Sala Constitucional el 6 de agosto de 2008, la ciudadana ROSALÍA D’ANGELO VIUDA DE PALMIERI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n° 6.033.743, asistida por los abogados ERNESTO FERRO URBINA y MIGUEL NIEVES SIFONTES, venezolanos, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 59.510 y 91.673, respectivamente, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ejerció acción de amparo constitucional, conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, contra la sentencia dictada, el 25 de julio de 2008, por la Sala n° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la cual admitió parcialmente el recurso de apelación ejercido por la defensa técnica de la ciudadana BEATRIZ CORINA DE CASTRO ARROYO, contra la decisión dictada, el 1 de julio de 2008, por el Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, en el marco del proceso penal que se le sigue a esta última por la presunta comisión del delito de  “frustración de pago de cheque”, previsto y sancionado en el artículo 494 del Código de Comercio.

 

El 13 de agosto de 2008, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES DEL CASO

 

1.- El 1 de julio de 2008, se llevó a cabo ante el Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la celebración de la audiencia preliminar en el marco del proceso penal que se le sigue a la ciudadana Beatriz Corina de Castro Arroyo, por la presunta comisión del delito de “frustración de pago de cheque”, previsto y sancionado en el artículo 494 del Código de Comercio, y en el cual funge como parte querellante la ciudadana Rosalía D’Angelo viuda de Palmieri. En esa oportunidad, el señalado órgano jurisdiccional, entre otras cosas, emitió los siguientes pronunciamientos: a) Declaró sin lugar, por extemporáneo, el escrito de excepciones presentado por la defensa técnica de la acusada; b) Admitió en su totalidad la acusación y los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público; y c) Ordenó la apertura correspondiente juicio oral y público.

 

2.- Contra los anteriores pronunciamientos, la defensa técnica de la acusada ejerció, el 8 de julio de 2008, recurso de apelación.

 

3.- El 25 de julio de 2008, la Sala n° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al resolver el señalado recurso de apelación, declaró, en primer lugar, inadmisibles las denuncias relativas a la admisión de la acusación y de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público; y, en segundo lugar, admitió dicho recurso en cuanto a las denuncias vinculadas a la declaratoria de extemporaneidad de la excepción opuesta por la defensa, y a la infracción de los artículos 12 y 18 del Código Orgánico Procesal Penal por parte del Juez de Control durante la celebración de la audiencia preliminar.

 

II

DE LA PRETENSIÓN

 

Del escrito presentado se extraen las siguientes afirmaciones:

Que la Sala n° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su decisión del 25 de julio de 2008, vulneró el debido proceso, al admitir parcialmente el recurso de apelación ejercido por la defensa técnica de la acusada.

 

Que la Corte de Apelaciones, para decidir sobre la admisibilidad del recurso de apelación, desglosó dicho recurso en varias denuncias, admitiendo o negando cada denuncia por separado.

 

Que la Corte de Apelaciones declaró inadmisibles las impugnaciones referidas a la admisión de la acusación y de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, y admitió las impugnaciones relativas a la supuesta violación de la ley, por inobservancia de los artículos 12 y 18 del Código Orgánico Procesal Penal, cometidas por el Juez de Control en el transcurso de la audiencia preliminar, y a la declaratoria de extemporaneidad del escrito de excepciones presentado por la defensa.

 

Que la Corte de Apelaciones admitió parcialmente el recurso de apelación ejercido contra el auto contenido en el acta del 1 de julio de 2008, en el cual consta lo decidido en la audiencia preliminar celebrada en esa oportunidad.

 

Que el Código Orgánico Procesal Penal no contempla la posibilidad de la admisión parcial del recurso de apelación, y por ende, el mismo no puede ser declarado parcialmente admisible. Para sustentar esta afirmación, invocó la sentencia n° 187, del 12 de mayo de 2005, dictada por la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal.

 

Que la Corte de Apelaciones accionada, al haber admitido parcialmente el recurso de apelación ejercido por la defensa técnica de la encartada, subvirtió el orden procesal preestablecido en el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, vulnerando así el derecho constitucional al debido proceso de la víctima-querellante, toda vez que el Código Orgánico Procesal Penal no contempla en dicho artículo la posibilidad de la admisión parcial del recurso de apelación.

Que las denuncias referidas a la infracción de los artículos 12 y 18 del Código Orgánico Procesal Penal “… están dirigidas a impugnar la actuación del Juez de Control durante el desarrollo de la anterior audiencia tendiente a poner orden en la misma y no el auto dictado por el Juez de Control mediante el cual se decidió lo relativo a la audiencia preliminar…”.

 

Que la Corte de Apelaciones accionada, a pesar de advertir que se impugnan decisiones judiciales, admitió un recurso de apelación de autos en contra de unas incidencias, ocurridas durante el desarrollo de la audiencia preliminar, atribuidas al Juez de Control.

 

Que las actuaciones o las incidencias atribuidas a los jueces tendientes a poner orden en la audiencia no son atacables a través del recurso de apelación de autos, y por ende, las denuncias correspondientes a este aspecto “… debieron ser declaradas INADMISIBLES por no estar referidas al AUTO apelado sino a una ACTUACIÓN DEL JUEZ, A UNA INCIDENCIA ocurrida durante la celebración de la audiencia preliminar, tendiente a poner orden en la misma, de conformidad con el último aparte del artículo 329 del texto adjetivo penal y la doctrina de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, referida al carácter no contradictorio de la audiencia preliminar. Se apelan AUTOS NO INCIDENCIAS o ACTUACIONES DE JUEZ dirigidas a ordenar el desarrollo de la audiencia” (Resaltado del escrito).

 

Que la Corte de Apelaciones, al haber admitido el recurso de apelación contra una actuación del Juez de Control o de una incidencia ocurrida durante la celebración de la audiencia preliminar, destinada a poner orden en la misma, infringió los artículos 432, 444, 445 y 446 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a la impugnabilidad objetiva “… subvirtiendo así el orden procesal existente, vulnerándome por ende el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que las actuaciones del Juez o las incidencias ocurridas durante la audiencia preliminar que tiene como fin poner orden en la misma, no son atacables por vía de recurso de apelación de ‘autos’, sino por otras vías expresamente establecidas en el texto adjetivo penal, como lo sería el recurso de revocación u otros, el cual además no fue ejercido”. (Resaltado del escrito).

 

En lo que respecta a la admisión de la denuncia referida a la declaratoria de extemporaneidad del recurso de apelación, la parte actora señaló que la Corte de Apelaciones, a pesar de haber señalado que el Juez de Control declaró sin lugar las excepciones opuestas (lo cual acarrea la inadmisibilidad de dicha impugnación por mandato expreso de la ley adjetiva penal), admitió dicha impugnación por considerar que el a quo debió declararlas inadmisibles y no sin lugar.

 

Que la Corte de Apelaciones llevó a cabo un juicio de interpretación muy personal acerca de lo que decidió el Juez de Control en la audiencia preliminar “… para poder ellos entrar a admitir el recurso de apelación en contra de la EXPRESA declaratoria SIN LUGAR de la excepción en la audiencia preliminar” (Resaltado del escrito).

 

Que esta actuación del presunto agraviante vulneró el derecho a la defensa de la víctima-querellante, toda vez que tal argumentación sobre la inadmisibilidad del recurso no pudo ser rebatida por aquélla en el escrito de contestación del recurso de apelación, esto último, en virtud de que tal punto no fue planteado por la defensa técnica de la acusada en el escrito contentivo de dicho recurso, sino que, por el contrario, tal aspecto fue traído a los autos por la Corte de Apelaciones, incorporando así nuevos elementos que no fueron alegados por las partes, pero que favorecen a una de ellas en detrimento de la otra.

 

Con base en lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, la parte actora solicitó, como medida cautelar innominada, que se ordene a la Sala n° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas que no entre a conocer el fondo del recurso de apelación, hasta tanto esta Sala Constitucional no se pronuncie sobre el fondo de la presente acción de amparo constitucional.

 

Así las cosas, denunció la accionante la vulneración del debido proceso y del derecho a la defensa, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En consecuencia, la hoy quejosa solicitó la admisión de la presente acción de amparo constitucional, y su declaratoria con lugar en la definitiva y, en consecuencia, que se le restablezca la situación jurídica infringida.

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Esta Sala, al delimitar su competencia en materia de amparo constitucional, a través de su sentencia n° 1/2000, de 20 de enero, se declaró competente para conocer de las acciones de amparo constitucional contra sentencias dictadas por los juzgados superiores, en los siguientes términos:

 

 “…Igualmente, corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones  de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales…”.

 

Por otra parte, el artículo 5.20 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que esta Sala es competente para conocer de las acciones autónomas de amparo constitucional contra las sentencias de última instancia dictadas por los tribunales contenciosos administrativos, cuando su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal.

 

Ahora bien, no establece la señalada norma, la competencia de la Sala para conocer de los amparos cuando la sentencia de última instancia la dicte otro juzgado superior distinto a los contenciosos administrativos; sin embargo, como quiera que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no ha sido derogada y ella en su artículo 4 consagra el amparo contra sentencia, el cual debe interponerse ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, estima la Sala, que igualmente le compete conocer de dichas acciones de amparo, en virtud de ser el tribunal superior de las cortes de apelaciones con competencia en materia penal.

 

Aunado a lo anterior, debe invocarse lo establecido en la letra b) de la disposición derogatoria, transitoria y final de la señalada Ley del Tribunal Supremo de Justicia, la cual dispone:

“...b) Hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción Constitucional, Contencioso Administrativa y Contencioso Electoral, la tramitación de los recursos y solicitudes que se intenten ante la Sala Constitucional, Político Administrativa y Electoral, se regirán por los procedimientos previstos en esta Ley y demás normativas especiales, en cuanto sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculadas, expresamente indicadas en el artículo 335 constitucional. En cuanto a la jurisdicción especial para estas materias, la Sala Plena deberá dictar un Reglamento Especial que regule el funcionamiento y la competencia de los tribunales respectivos, en un plazo de treinta (30) días continuos, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley…”. (Resaltado de este fallo).

 

Por tanto, considera esta Sala, que la referida omisión del señalado artículo 5, no le impide mantener su competencia con base en la interpretación vinculante del artículo 335 Constitucional.

 

Ahora bien, en el caso de autos, la decisión contra la cual se ejerce la presente acción de amparo, ha sido dictada por una Corte de Apelaciones en lo Penal, concretamente, la Sala n° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Siendo ello así, esta Sala resulta competente para conocer de la misma, y así se declara.

 

IV

DE LA DECISIÓN IMPUGNADA

 

La sentencia dictada, el 25 de julio de 2008, por la Sala n° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la cual resolvió el recurso de apelación ejercido por la defensa técnica de la ciudadana Beatriz Corina de Castro Arroyo, decidió en los siguientes términos:

 

 “A) Como primer punto de impugnación, aducen los apelantes en el título “IV de la acusación penal” del escrito recursivo, lo siguiente:

(omissis)
En cuanto a la presente denuncia advierte esta Alzada Colegiada, luego de realizar una minuciosa lectura del escrito de apelación, que lo que se pretende enervar en este punto, son los efectos del pronunciamiento emitido por el Tribunal Vigésimo Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control, mediante el cual admite la acusación fiscal presentada en contra de la ciudadana Beatriz de Castro Arroyo, toda vez que atribuye al juzgador la falta de pronunciamiento respecto al alegato defensivo de ausencia de elementos para fundar la acusación, lo cual definitivamente conforme lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Vinculante distinguida con el N° 1303, dictada en fecha 20 de junio de 2005, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, es inimpugnable, a saber:

(omissis)

En consecuencia, y atendiendo al carácter vinculante de la sentencia supra transcrita, -acertadamente invocada por la víctima- que declara inapelables los pronunciamientos dictados en la audiencia preliminar referidos a la admisión de la acusación, lo procedente conforme lo prevé el artículo 437 literal c de la Ley Adjetiva Penal, es declarar INADMISIBLE este punto de impugnación. Y así se decide.

B) En el título V del libelo impugnativo, denominado ‘De la falta de motivación de la decisión’, arguyen los defensores de la ciudadana Beatriz de Castro Arroyo como segundo punto de apelación, lo que de seguidas se transcribe:

(omissis)
En cuanto al vicio de inmotivación denunciado, se observa que la falta de fundamentación se materializa según los recurrente, cuando el Juez de Control admite la acusación y las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal, de lo que se desprende que los recurrentes pretenden que la Sala pase a resolver un vicio de inmotivación sobre un pronunciamiento que como se explicara en el punto ‘A’ del presente fallo, es inimpugnable; de modo que está impedido este órgano jurisdiccional de entrar a analizar actuaciones jurisdiccionales que legalmente se encuentran excluidas de ser revisados por la Corte de Apelaciones por ser inapelables, de tal suerte que el presente motivo ha de ser declarado INADMISIBLE, a tenor de lo pautado en el artículo 437, literal c del Instrumento Rector del Procedimiento Penal y la Sentencia Vinculante Nº 1303, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 20 de junio de 2005, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, otorgándose razón a la víctima en cuanto a su pedimento. Y así se decide.-

C) Seguidamente, en el epígrafe VI le imputan a la decisión recurrida, la ‘violación de la ley por inobservancia del artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal en la audiencia preliminar’, fundamentando la denuncia en los siguientes términos:

(omissis)

D) Posteriormente, y en términos similares, denuncian en el capítulo VII, la violación de la ley por inobservancia del artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal en la audiencia preliminar, realizando para ello las siguientes consideraciones:

(omissis)
En cuanto a los motivos contenidos en los epígrafes ‘C’ y ‘D’ supra transcritos, este Tribunal de Alzada procede a pronunciarse sobre la admisibilidad, en forma conjunta por emerger de tales planteamientos la denuncia de vicios en el procedimiento, específicamente durante la celebración de la audiencia preliminar, cuya procedencia puede resolverse bajo los mismos criterios.

En tal sentido observa este Despacho, que según señalan los apelantes, el Juez de la recurrida durante la celebración del mencionado acto, vulneró los principios de igualdad y contradicción consagrados en los artículos 12 y 18 del texto adjetivo penal, respectivamente.

Al respecto es preciso advertir que, como se desprende del texto del artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal: (omissis), de esta forma, las incidencias suscitadas en la audiencia preliminar, que eventualmente se concreten en violaciones legales y/o constitucionales, y que por atribuírsele al Juez su menoscabo respecto a la forma como se celebró el acto, constituyen vicios in procedendo; las referidas providencias serán apelables en tanto y en cuanto, le causen un agravio al imputado y no se configure ninguno de los supuestos de inadmisibilidad previstos en el artículo 437 eiusdem codex y la Sentencia Vinculante Nº 1303, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 20 de junio de 2005, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en consecuencia SE ADMITEN los motivos de impugnación identificados por la Sala como C y D de este fallo, correspondiendo resolver sobre el fondo de la cuestión planteada, dentro del lapso establecido en el primer aparte del artículo 450 de la Ley Adjetiva Penal, no asistiéndole la razón a la víctima en cuanto a la inadmisibilidad de estos planteamientos. Y así se decide.-

E) En el acápite VIII del escrito recursivo, denuncian los defensores la violación de los artículos 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al declarar extemporáneo el escrito de excepciones, al señalar que:

(omissis)
Esta Sala observa del acta de la audiencia preliminar celebrada ante el Tribunal 22° de Primera Instancia en función de Control, que el pronunciamiento emitido respecto a las excepciones opuestas, según lo estableció el Juez, es el siguiente: ‘…por lo cual este Tribunal no puede emitir pronunciamiento alguno en cuanto a sus alegatos por cuanto a criterio de quien aquí decide se interpusieron de forma extemporánea, razón por la cual se declara sin lugar de conformidad con el artículo 328 COPP…’

Ahora bien, se observa que conforme lo dispone el numeral 2° del artículo 447 del texto adjetivo penal, la decisión será irrecurrible cuando el Juez dentro de la audiencia preliminar declare sin lugar las excepciones opuestas; en el caso de marras, no nos encontramos frente a este supuesto, -como lo pretende la víctima en el escrito de contestación- toda vez que a pesar de haber declarado sin lugar las excepciones propuestas por la defensa, las razones que tuvo para hacerlo constituyen motivos de inadmisibilidad y no como desacertadamente lo indicó el sentenciador.

Es harto sabido dentro del foro, que una decisión que declara sin lugar un pedimento, involucra de suyo un análisis sobre el fondo de lo plateado, negando lo requerido; por el contrario la inadmisibilidad impide esta revisión de fondo, entonces, el Juez cuando señaló que se encuentra impedido de emitir pronunciamiento alguno en cuanto a tales excepciones, por considerarlas extemporáneas, debió declararlas inadmisibles.

Así las cosas, es necesario advertir que la inadmisibilidad -por extemporaneidad- del escrito de excepciones decretada por el Juez de Control, no se encuentra incluida dentro de las decisiones que tiene impedimentos legales para ser impugnadas, de modo que al no configurarse ninguno de los supuestos de inadmisibilidad previstos en el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal y la Sentencia Vinculante Nº 1303, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 20 de junio de 2005, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, la Sala ADMITE la apelación ejercida en contra del pronunciamiento que declara extemporáneo el escrito a que se contrae el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal e identificado como E en esta decisión”.

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Una vez declarada la competencia de esta Sala Constitucional  del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la pretensión de amparo interpuesta, se evidencia que no se opone a ella ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Al respecto, resulta necesario destacar que: a) no existe recaudo alguno que haga a esta Sala concluir que haya cesado la injuria constitucional denunciada; b) la lesión –en caso de existir– es inmediata, posible y, efectivamente, pudo ser cometida por el órgano judicial accionado; c) aún es posible restablecer la situación jurídica que pudiera haber resultado infringida; d) la solicitud de tutela fue presentada en tiempo oportuno, y no aparece de los autos que los accionantes hayan consentido expresa o tácitamente la denunciada violación; e) no existe otra vía judicial distinta al amparo para restablecer la situación denunciada; f) no se trata de una petición de amparo contra un fallo dictado por alguna Sala de este Máximo Tribunal de la República; y g) no está pendiente de decisión otra causa relacionada con los mismos hechos.

 

Constatado lo anterior, y visto además que en la solicitud de amparo se ha cumplido también con las exigencias del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y que no se opone a ella ninguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en el quinto aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, e igualmente, se ha anexado copia certificada de la sentencia accionada, se concluye que la presente acción reúne los requisitos de admisibilidad previstos en la ley.

 

Ahora bien, debe señalarse que la acción de amparo contra actos jurisdiccionales, ha sido concebida en nuestra legislación como un mecanismo procesal de impugnación de decisiones judiciales, con particulares características que lo diferencian de las demás acciones de amparo, así como de las otras vías existentes para atacar los actos emanados de los órganos jurisdiccionales. En este orden de ideas, para  dicha acción, se han establecido especiales presupuestos de procedencia, cuyo incumplimiento acarrea la desestimación de la pretensión, incluso  in limine litis, pues resulta inoficioso y contrario  a los principios de celeridad y economía procesal, sustanciar un procedimiento cuyo único resultado final es la declaratoria sin lugar.

 

En este sentido, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señala:

 

“Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.

En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.”

 

Del análisis de la disposición transcrita, en función de salvaguardar la integridad de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, nuestra jurisprudencia ha señalado que para que proceda la acción de amparo contra actos jurisdiccionales deben concurrir las siguientes circunstancias: a) Que el juez que emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); aunado a ello, b) que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional (acto inconstitucional), lo que implica que no es recurrible por amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal; y, finalmente como requisito adicional c) que se hayan agotado todos los mecanismos procesales existentes, o que los mismos resulten no idóneos  para restituir o salvaguardar el derecho lesionado o amenazado; es decir, que la acción de amparo puede intentarse contra decisiones judiciales, pero sólo procede en estos casos.

 

Precisado lo anterior, y a los fines de delimitar el objeto de la pretensión aquí analizada, se observa que ésta se encuentra dirigida a impugnar la sentencia dictada, el 25 de julio de 2008, por la Sala n° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la cual admitió parcialmente el recurso de apelación ejercido por la defensa técnica de la ciudadana BEATRIZ CORINA DE CASTRO ARROYO, contra la decisión dictada, el 1 de julio de 2008, por el Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, en la audiencia preliminar celebrada el 1 de julio de 2008, en el marco del proceso penal que se le sigue a aquélla por la presunta comisión del delito de “frustración de pago de cheque”, previsto y sancionado en el artículo 494 del Código de Comercio, siendo que dicha solicitud de tutela constitucional ha sido intentada por la ciudadana ROSALÍA D’ANGELO VIUDA DE PALMIERI, en su condición de parte querellante en ese proceso penal.

 

Dicha Corte de Apelaciones estableció, en primer lugar, que los motivos que cimentaban la impugnación de la admisión de la acusación y de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, debían ser declarados inadmisibles, al considerar dicha alzada penal que tales pronunciamientos son inimpugnables, según lo dispuesto en los artículos 331 y 437.c del Código Orgánico Procesal Penal, y en el criterio vinculante asentado por esta Sala Constitucional en sentencia n° 1.303/2005, del 20 de junio.

 

En segundo lugar, señaló que las denuncias relativas a las infracciones de los artículos 12 y 18 del Código Orgánico Procesal Penal cometidas en el transcurso de la audiencia preliminar, a saber, la violación de los principios de igualdad de las partes y contradicción en el proceso, eran admisibles, ya que tales infracciones imputadas al Juez de Control, constituyeron, en criterio de esa alzada, vicios in procedendo que se concretaron en una lesión constitucional, siendo por ello apelable el acto que se viera irradiado por dichos vicios, sustentado tal afirmación en el único aparte del artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que “El imputado podrá siempre impugnar una decisión judicial en los casos en que se lesionen disposiciones constitucionales o legales sobre su intervención, asistencia y representación, aunque haya contribuido a provocar el vicio objeto del recurso”.

 

Por último, en cuanto al motivo que motorizó la impugnación de la declaratoria sin lugar, por extemporáneas, de las excepciones opuestas, la Corte de Apelaciones argumentó que el Juez de Control no debió declarar sin lugar dichas excepciones, sino inadmisibles –en virtud de la extemporaneidad-, y por tanto, el recurso de apelación también debía ser admitido en este aspecto, al no configurarse la hipótesis prevista en el artículo 447.2 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

De igual forma, de la lectura del escrito contentivo de la acción de amparo, se infiere que la parte accionante ha delatado la violación del debido proceso y del derecho a la defensa, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del órgano jurisdiccional accionado, sustentando tales denuncias en los siguientes argumentos medulares: a) Que la legislación procesal penal no le permitía a la Corte de Apelaciones admitir parcialmente el recurso de apelación ejercido por la defensa; b) Que las denuncias relativas a la presunta infracción de los artículos 12 y 18 del Código Orgánico Procesal Penal, debieron ser declaradas inadmisibles por la Corte de Apelaciones, ya que se trata de incidencias que no son susceptibles de ser impugnadas a través del recurso de apelación de autos; y c) Que la Corte de Apelaciones no debió admitir la impugnación relativa a la declaratoria de extemporaneidad de las excepciones opuestas, ya que las mismas fueron declaradas sin lugar en la audiencia preliminar por el Juez de Control, lo cual hacía inapelable la referida decisión del Juez de Control.

 

Ahora bien, observa esta Sala, que la Sala n° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su sentencia del 25 de julio de 2008, no ha incurrido en violación constitucional alguna, ya que actuó dentro del ámbito de su competencia, al emitir su pronunciamiento como órgano jurisdiccional, decidiendo dentro de los límites establecidos para ello y actuando sin abuso de poder, ni extralimitación de atribuciones, por las razones que a continuación se expondrán:

 

En primer lugar, la parte actora alega en su escrito que la Sala n° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su decisión del 25 de julio de 2008, subvirtió el orden procesal y lesionó el debido proceso, al admitir parcialmente el recurso de apelación ejercido contra los pronunciamientos emitidos por el Juez Vigésimo Segundo de Primera instancia en funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, al término de la audiencia preliminar celebrada el 1 de julio de 2008. Al respecto, la parte actora adujo que “… al haber la Sala 5 de Corte de Apelaciones (sic) admitido parcialmente el recurso de apelación subvirtió el orden procesal preestablecido en el artículo 437, vulnerándome a la víctima –parte querellante- el derecho constitucional al debido proceso ya que el Código Orgánico Procesal Penal no contempla en dicho artículo la posibilidad de la admisión parcial del recurso de apelación”.

 

Esta Sala discrepa de tal afirmación de la parte actora, toda vez que dentro de las normas y principios que rigen el sistema de recursos en el Código Orgánico Procesal Penal, no existe ninguna disposición que proscriba la posibilidad de admitir un recurso de apelación, sólo en cuanto a alguna o algunas de las denuncias o motivos que en él han sido planteados, y desechar, por inadmisibles, otras denuncias o motivos -que también hayan sido planteados en ese mismo recurso- sobre los cuales recaiga alguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Así, respecto a los pronunciamientos que el Juez de Control puede emitir al final de la audiencia preliminar, cabe señalar que el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal le confiere una amplia gama de potestades en este sentido, entre las cuales se encuentra la de pronunciarse sobre la admisión total o parcial de la acusación del Ministerio Público o del querellante y ordenar la apertura a juicio (numeral 2); así como también decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para el juicio oral (numeral 9), estableciéndose en el artículo 331 eiusdem la figura del auto de apertura a juicio, a los fines de canalizar ulteriormente tales pronunciamientos, entre otros aspectos.

 

Al finalizar la audiencia preliminar, el Juez, al admitir la acusación y una vez que haya analizado la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para el juicio oral, puede declarar admisibles todos los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público; o bien puede declarar admisibles algunos medios de prueba ofrecidos por la representación fiscal, pero otros no. En estas dos hipótesis, el Juez de Control dictará el auto de apertura a juicio.

 

Ante tales hipótesis, esta Sala ha establecido que el acusado no puede apelar del auto de apertura a juicio, ya que de la lectura de la última frase del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual reza “Este auto será inapelable”, puede evidenciarse que el legislador no consagró el recurso de apelación contra la decisión por la cual el juez admite la acusación fiscal, por lo que las demás providencias que dicte el Juez en el auto que contiene la admisión de la acusación, forma parte de la materia propia de la apertura a juicio y, en consecuencia, no pueden ser impugnadas por la vía de la apelación, dado que se trata de una sola decisión que fue excluida expresamente del ejercicio de este recurso (Sentencia n° 1.303/2005, del 20 de junio).

 

Ahora bien, lo anterior no obsta a que el acusado sí pueda recurrir de otros pronunciamientos dictados al finalizar la audiencia preliminar, con base en el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, y que sean distintos a los pronunciamientos contenidos en el auto de apertura a juicio, como podrían ser, por ejemplo, el decreto de una medida de coerción personal (artículo 330.5 eiusdem), o la declaratoria de inadmisibilidad de los medios de prueba ofrecidos por el acusado dentro del plazo que fija el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal (Sentencia n° 1.303/2005, del 20 de junio).

 

Sostener, como lo hace la parte actora, que en el supuesto de que el acusado haya impugnado la admisión de la acusación y de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, así como también otros pronunciamientos distintos a éstos y que sí sean apelables, la Corte de Apelaciones deba declarar en su totalidad la inadmisibilidad del recurso de apelación, aun y cuando hayan motivos o denuncias respecto a las cuales sí quepa un pronunciamiento de admisibilidad, constituiría, en criterio de esta Sala, un desacertado entendimiento de las instituciones procesales, además de, en algunos casos, una violación del derecho a la defensa consagrado en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no permitirle al acusado llevar al juicio elementos que podrían coadyuvar a desvirtuar la imputación fiscal, tal como ocurre en el supuesto de la declaratoria de inadmisibilidad de los medios de prueba que aquél haya ofrecido para sustentar su defensa.

 

En consecuencia, se estima que en este primer aspecto, la decisión del 25 de julio de 2008, dictada por la Sala n° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se encuentra ajustada a derecho y, en consecuencia, se desecha esta primera denuncia de la parte actora. Así se declara.

En segundo lugar, la hoy quejosa también alegó que la Corte de Apelaciones, al admitir las denuncias relativas a la presunta infracción de los artículos 12 y 18 del Código Orgánico Procesal Penal, subvirtió “… el orden procesal existente, vulnerándome por ende el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que las actuaciones del Juez o las incidencias ocurridas durante la audiencia preliminar que tiene como fin poner orden en la misma, no son atacables por vía de recurso de apelación de ‘autos’, sino por otras vías expresamente establecidas en el texto adjetivo penal, como lo sería el recurso de revocación u otros, el cual además no fue ejercido”.

 

Igualmente, la accionante destacó que la Corte de Apelaciones lesionó el derecho a la defensa, al admitir el recurso de apelación bajo el argumento de que la declaratoria de extemporaneidad de las excepciones es una decisión de inadmisibilidad -haciéndola por ello apelable-, toda vez que “… tal argumentación sobre la inadmisibilidad, no nos fue permitida rebatir en el escrito de contestación de la apelación, por no haber sido planteado por el recurrente en su escrito de apelación, sino que fue traída a los autos por la Sala 5 de la Corte de Apelaciones…”.

 

Sobre estas dos denuncias de la parte actora, las cuales serán analizadas en forma conjunta, debe afirmarse, a título preliminar, que la sentencia constituye el punto culminante del proceso penal -y de todo proceso-, siendo el acto judicial por excelencia, mediante el cual el órgano jurisdiccional construye la solución jurídica al conflicto social que originó la realización de tal proceso.

 

Así, se observa entonces que la sentencia ostenta una gran relevancia dentro de la relación jurídico-procesal, en el sentido de ser el acto procesal del cual dimanan los efectos jurídicos de mayor importancia, y por ende, la misma debe estar sometida a revisión o control, lo cual se materializa a través del ejercicio, por parte de los sujetos procesales, de los mecanismos impugnativos de decisiones judiciales, a  saber, los recursos (sentencia n° 1.023/2006, del 11 de mayo).

 

            El ejercicio de los recursos puede ser visto desde dos puntos de vista, en primer lugar, como una facultad que se integra en el contenido propio del derecho a la tutela judicial efectiva del justiciable, el cual se ve plasmado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el contenido del derecho a la defensa, consagrado este último en el artículo 49.1 eiusdem; y en segundo lugar, como una forma a través de la cual el Estado y la sociedad demuestran su interés en que el Derecho sea aplicado de forma uniforme o equitativa, es decir, el interés en normalizar la aplicación del Derecho (vid. BINDER, Alberto. introducción al derecho procesal penal. Segunda edición actualizada y ampliada. Editorial ad-hoc. Buenos Aires, 2002, p. 286).

 

No obstante lo anterior, debe reiterar esta Sala, que la tutela judicial efectiva -de la cual se deriva el derecho al recurso-, lejos de consistir en el derecho a acceder a los tribunales en el tiempo, forma y modo que se le antoje al ciudadano, y al margen de las pretensiones legales, se trata muy por el contrario, de un derecho de configuración legal; de allí que deban observarse los requisitos establecidos en la ley para su acceso, sin que estos requisitos puedan ser tildados de formalidades no esenciales (sentencias 403/2005, del 5 de abril; y 1.386/2008, del 13 de agosto).

 

El derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 26 de la Constitución de la República, es el que garantiza la libertad de acceso de todos los ciudadanos a los tribunales de justicia, de conformidad con lo pautado en la ley, que a su vez ofrece distintas vías procesales. Estas normas de procedimiento que regulan esas vías, son preceptos que establecen los medios de impugnación a través de los cuales tal derecho ha de ejercerse (sentencias 403/2005, del 5 de abril; y 1.386/2008, del 13 de agosto).

 

Así, los preceptos legales que regulan el ejercicio de los recursos, son necesarios, tomando en cuenta la naturaleza y finalidad del proceso, debiendo respetarse algunas formas procesales donde se determine que ciertas consecuencias no se tendrán por producidas cuando no se observen los requisitos de admisibilidad o procedibilidad, todo esto en aras de la certeza y la seguridad jurídica (sentencias 403/2005, del 5 de abril; y 1.386/2008, del 13 de agosto).

 

Tales exigencias formales, que cumplen por lo general una misión trascendente en la organización del proceso, sólo deben causar la grave consecuencia de inadmisión del recurso cuando no son perfectamente observadas por el recurrente, a fin de que éstas no se conviertan en un obstáculo insalvable que no permita la continuación del proceso (sentencias 403/2005, del 5 de abril; y 1.386/2008, del 13 de agosto).

 

Algunas de esas formas procesales cuyo cumplimiento es necesario para la tramitación de los recursos en el proceso penal, están referidas a lo que en la teoría general de los recursos se denominan presupuestos de la impugnación. Tal como lo señala VÉSCOVI, esos presupuestos o requisitos se traducen en los siguientes: a) El agravio o gravamen, tal como lo exige el artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal (presupuesto subjetivo); b) La legitimación del recurrente (ligado íntimamente al primer presupuesto), el cual se vislumbra en el texto del artículo 433 eiusdem (presupuesto subjetivo); c) Que se trate de un acto impugnable, requisito éste que se encuentra recogido en el artículo 432 de dicha ley procesal penal (presupuesto objetivo); y d) El plazo, es decir, que el recurso haya sido interpuesto en la oportunidad fijada por la ley (presupuesto objetivo).

 

Estos presupuestos o requisitos antes reseñados, serán revisados, en el supuesto del recurso de apelación de autos en el proceso penal, por el tribunal ad quem (Corte de Apelaciones), en la fase de admisibilidad del recurso, ello según el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal. Dicha fase implica la verificación de los requisitos formales antes descritos, y condiciona la entrada del recurso a su consideración de fondo. En este contexto, los requisitos antes señalados deben ser adminiculados con las causales generales de inadmisibilidad de los recursos, previstas el artículo 437 eiusdem, el cual dispone lo siguiente:

 

“Artículo 437. Causales de Inadmisibilidad. La Corte de Apelaciones, sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:

 

a) Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo;

b) Cuando el recurso se interponga extemporáneamente;

c) Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley.

Fuera de las anteriores causas, la Corte de Apelaciones, deberá entrar a conocer el fondo del recurso planteado y dictará la decisión que corresponda”.

Entonces, en el supuesto que alguno de los cuatro presupuestos o requisitos antes reseñados no se configure en el caso concreto, el recurso deberá ser declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones, con base en alguna de la causales de inadmisibilidad previstas en la norma antes citada.

 

Precisado lo anterior, y en cuanto a estos dos alegatos de la parte actora, esta Sala debe destacar que es un tema de legalidad ordinaria la decisión sobre el cumplimiento o no de los requisitos procesales para poder recurrir. En efecto, el ejercicio de los recursos se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en las correspondientes normas procesales, y por ende, la apreciación y valoración de la concurrencia de aquéllos pertenece exclusivamente a los órganos judiciales ordinarios, no pudiendo esta Sala Constitucional examinar si tales requisitos se configuran o no en el caso concreto.

 

En este orden de ideas, se reitera que en virtud de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, los mismos, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole notoriamente derechos o principios constitucionales.

 

Así, por ejemplo, la inadmisión de un recurso podrá ser objeto de revisión por el Juez Constitucional, si el órgano jurisdiccional no fundamenta tal pronunciamiento en una causa legalmente prevista, o que existiendo ésta, la ha apreciado de forma arbitraria o inmotivada, o cuando haya basado su decisión en un error de relevancia constitucional, o que la misma sea fruto de una interpretación rigorista o meramente formal, que quiebre la proporcionalidad exigible entre la finalidad del requisito y las consecuencias para el derecho fundamental del que se trate (Sentencia n° 170/1999, del 27 de septiembre, del Tribunal Constitucional español). En estos supuestos resulta obvia la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que en ellos se le restringe ilegítimamente al justiciable el acceso al recurso.

Por su parte, la admisión de un recurso podría infringir el derecho a la tutela judicial efectiva, y concretamente, el derecho a obtener una decisión fundada en derecho, cuando tal pronunciamiento ha sido efectuado a través de una decisión carente de toda motivación. Podría darse también cuando una de las partes haya solicitado, en su escrito de contestación del recurso, la inadmisión de éste, y la Corte de Apelaciones haya admitido el recurso, sin dar respuesta motivada a tal solicitud de inadmisión. En el caso de autos, ninguna de estas hipótesis ha sido detectada por esta Sala.

 

En efecto, del exhaustivo análisis de la decisión emitida por la Sala n° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y contrariamente a lo señalado por la hoy quejosa, se desprende que los razonamientos contenidos en dicha decisión judicial, implicaron un análisis motivado y racional de los presupuestos o requisitos procesales para recurrir, tanto objetivos (tempestividad del recurso e impugnabilidad de la decisión) como subjetivos (agravio y legitimación), y a través de los mismos justificó el resultado decisorio aquí analizado, evidenciándose en el texto de aquélla, que la alzada penal examinó todas las circunstancias fácticas que rodearon el ejercicio del recurso, y que ha contrastado todos estos elementos, de forma detallada, con el contenido de los artículos 436, 437 y 450 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo que tal análisis no ha ocasionado, en forma alguna, la lesión de derechos constitucionales de la hoy accionante.

 

En realidad, lo que refleja la pretensión de la parte actora es, simplemente, su disconformidad con una decisión que abarcó una exégesis racional de las reglas legales sobre los presupuestos de admisibilidad de los recursos, y que no ha tenido ninguna incidencia constitucional. Vale resaltar, siguiendo el criterio del Tribunal Constitucional español, que en el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva no se integra un derecho a la inadmisión en cualquier caso de los recursos interpuestos por la parte contraria cuando ese recurso esté legalmente establecido, sin que le corresponda al Juez Constitucional depurar la corrección de la operación interpretativa del Juez ordinario que lo admitió, ya que, como se indicó anteriormente, ello constituye una cuestión de pura legalidad ordinaria (Sentencia n° 293/1994, del 27 de octubre). Siendo así, se estima que, en este segundo aspecto, la sentencia accionada también se encuentra ajustada a derecho y, por ende, se desechan estas dos denuncias formuladas por la hoy quejosa.

 

Así las cosas, se concluye que la Sala n° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal, en su sentencia del 25 de julio de 2008, no generó ninguna lesión al derecho a la tutela judicial efectiva, ni tampoco al debido proceso ni al derecho a la defensa de la hoy quejosa, al declarar, por una parte, inadmisible el recurso de apelación ejercido por la defensa técnica de la acusada, en cuanto a las impugnaciones relativas a la admisión de la acusación y de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, y por otra parte, admisible dicho recurso en cuanto a las impugnaciones relativas a la declaratoria de extemporaneidad de las excepciones opuestas y a las infracciones de los artículos 12 y 18 del Código Orgánico Procesal Penal en el transcurso de la audiencia preliminar. Así también se declara.

 

En consecuencia, y con base en los planteamientos expuestos a lo largo del presente fallo, es menester para esta Sala declarar, y así lo declara, IMPROCEDENTE in limine litis la solicitud de amparo constitucional propuesta por la ciudadana ROSALÍA D’ANGELO VIUDA DE PALMIERI, asistida por los abogados ERNESTO FERRO URBINA y MIGUEL NIEVES SIFONTES, contra la sentencia dictada, el 25 de julio de 2008, por la Sala n° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide.

 

En virtud de la anterior declaratoria de improcedencia in limine, esta Sala estima inoficioso emitir pronunciamiento respecto a la medida cautelar innominada solicitada por la parte accionante.

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE in limine litis la solicitud de amparo constitucional propuesta por la ciudadana ROSALÍA D’ANGELO VIUDA DE PALMIERI, asistida por los abogados ERNESTO FERRO URBINA y MIGUEL NIEVES SIFONTES, contra la sentencia dictada, el 25 de julio de 2008, por la Sala n° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 31 días del mes de octubre   de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                    El Vicepresidente,

 

 

      FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ       

                                                         Ponente

 

Los Magistrados,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

FACL/

Exp. n° 08-1074

 

 

El Magistrado que suscribe, Pedro Rafael Rondón Haaz, manifiesta su voto concurrente con el dispositivo del presente fallo que se refiere a la declaración de improcedencia in limine litis de la demanda de amparo que incoó la ciudadana Rosalía D’Angelo viuda de Palmieri, contra el fallo que dictó, el 25 de julio de 2008, la Sala n.° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual admitió parcialmente la apelación que ejerció la defensa técnica de la acusada Beatriz Corina Castro de Arroyo, contra el pronunciamiento que hizo, el 1° de julio de 2008, el Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia en funciones de control del mismo Circuito Judicial Penal; no obstante, no comparte las afirmaciones que se hacen en el referido pronunciamiento, respecto de los cuales, este Magistrado, ha manifestado su disidencia, por cuanto mantiene criterio discrepante de la Sala en relación con inapelabilidad de los pronunciamientos que contenga el auto de apertura a juicio (vid: sentencia n.° 1303 de 20 de junio de 2005, caso: ANDRÉS ELOY DIELINGEN LOZADA), el cual se estima necesario ratificar en la presente oportunidad:

El ciudadano Andrés Eloy Dielingen Lozada intentó amparo constitucional contra el fallo que pronunció la Sala n° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el 25 de junio de 2004, mediante el cual declaró inadmisible el recurso de apelación que interpuso “en contra de los pronunciamientos Tercero y Cuarto emitidos por el Juzgado Cuadragésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal del mismo Circuito Judicial Penal, en la oportunidad de la audiencia preliminar celebrada entre las fechas 29 y 30 de abril de 2004”.

De autos se desprende que la apelación que se incoó contra la decisión que dictó, el 30 de abril de 2004, el Juzgado Cuadragésimo Noveno de Primera Instancia en funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, se propuso contra la admisión de las pruebas que presentó la representación del Ministerio Público -actas que se levantaron con motivo de la investigación- y contra la negativa del tribunal al otorgamiento en su favor, de una medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad.

Por su parte, la Sala declaró sin lugar la pretensión de amparo interpuesta en los siguientes términos:

 

“…el único caso en que el acusado puede recurrir de las decisiones que se dicten al final de la audiencia preliminar, y que se encuentren referidas a los medios de prueba, son aquéllas que declaren la inadmisibilidad de los medios que aquél haya ofrecido dentro del plazo que fija el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal –siempre y cuando sean lícitos, necesarios y pertinentes-, ya que tal inadmisibilidad podría constituir una violación del derecho a la defensa consagrado en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no permitirle llevar al juicio elementos que coadyuvarían, por una parte, a los fines de desvirtuar la imputación fiscal, y por la otra- y como consecuencia de la anterior-, a reafirmar su inocencia.

(…)

Entonces, partiendo de que el auto de apertura a juicio es inapelable, debe afirmarse que el acusado no podrá impugnar ninguno de los pronunciamientos que establece el numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, y por ende, tampoco los que declaren la admisión de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público; pudiendo apelar de las demás decisiones que el señalado artículo 330 le permite le permite dictar al Juez de Control al finalizar la audiencia preliminar, claro está siempre que constituyan decisiones susceptibles de ser encuadradas en el catálogo que establece el artículo 447 eiusdem.

(…)

En consecuencia, esta Sala modifica su criterio, y así se establece con carácter vinculante, respecto a la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la primera parte del auto de apertura a juicio –admisibilidad de la acusación-, y contra la admisión de los medios de prueba que se indiquen en dicho auto, ajustándolo a la ratio legis del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, que apunta a no admitir el recurso de apelación contra el auto de apertura a juicio, ya que se trata de una decisión que no causa gravamen irreparable al acusado, y cuya inimpugnabilidad no implica una vulneración de la garantía del debido proceso, ni mucho menos del derecho a la defensa consagrada en el artículo 49.1 Constitucional, ni con el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 26 constitucional.”

 

Respecto de la precedente argumentación este magistrado disiente porque, efectivamente, la admisión de la acusación y los demás pronunciamientos sustanciales que contenga el auto de apertura a juicio, entre ellos la admisión de las pruebas, son materia de fondo que, de ninguna manera, pueden calificarse como de mero trámite razón por la cual deben estar sometidos, necesariamente, al enunciado general de la garantía constitucional de la apelabilidad de las decisiones jurisdiccionales, con base en el artículo 49.1 de la Constitución, así como en instrumentos normativos de Derecho Internacional que han sido suscritos y ratificados por la República, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (artículo 8.2.h.). La conclusión de que las decisiones de fondo, que aparezcan en el auto de apertura a juicio, forman parte de un acto jurisdiccional inapelable, significaría la existencia de una disposición legal que impone un evidente y grave menoscabo al derecho constitucional a la defensa.

Las providencias inapelables que contenga el auto de apertura a juicio serían, en todo caso, la orden de abrir el juicio oral y público y el emplazamiento de las partes para que, en el plazo común de cinco días, concurran ante el juez de juicio y la instrucción al secretario para que se remita tribunal competente la documentación de las actuaciones, ya que son previsiones de mero procedimiento que no causan ningún tipo de gravamen o perjuicio a las partes; ello porque se trata de un auto de mero trámite o de mera sustanciación, no susceptible de afectar ni lesionar los derechos e intereses de los interesados.

Por otro lado, la admisión de las pruebas es el acto procesal  por el cual el juez  accede a que un medio de prueba  determinado sea considerado como elemento de convicción en ese proceso y ordena agregarlo o practicarlo, según el caso. Si en ese caso la probanza que sea presentada o que haya sido practicada carece de valor legal, y no puede ser tenida en cuenta para la decisión de la causa o incidente a que se refiera, la consecuencia directa de ello es la lesión a los derechos e intereses de la parte perjudicada con tal proceder.

En ese sentido, si el derecho común ha aceptado la apelación contra la admisión o negativa de alguna prueba que sea promovida en el proceso (ex artículo 402 del Código de Procedimiento Civil), con más razón el Código Orgánico Procesal Penal, como conjunto normativo más garantista, debería aceptarse la interposición de dicho recurso, por cuanto, ya sea admisivo o negativo el auto, siempre una de las partes sufrirá un gravamen que justifica la apelación.

Por último, el Magistrado que suscribe debe apuntar que esta Sala, contradictoriamente con lo que dispone en el fallo del que se difiere, en los mismos supuestos ha aceptado la apelación contra los pronunciamientos de fondo que aparezcan en el auto de apertura a juicio, actitud que, en criterio del salvante, atenta contra la seguridad jurídica, en tanto en cuanto conspira contra el cometido de uniformación en las interpretaciones, que tiene atribuido esta sentenciadora (vide, entre otras, ss. nos 560 del 6 de abril de 2004, 349 del 26 de febrero de 2002, 100 del 6 de febrero de 2003,  904 del 20 de mayo, 1.132 del 3 de junio y 1.151 del 9 de junio de 2005).  

 

Queda así expuesto el criterio del Magistrado concurrente.

 

Fecha retro.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

Los Magistrados,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

…/

…

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Disidente                    

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.sn.ar

Exp. 08-1074

 

 

 

 

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