Venley

Sentencia N.º 1667

Sentencia
N.º 1667
Fecha
19/08/2004
Sala
Constitucional
Expediente
03-2502
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

El 23 de septiembre de 2003, fue remitido por la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la apelación de la sentencia dictada el 8 de septiembre de 2003, por dicha Corte, que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta el 7 de agosto de 2003, por los abogados Francisco Mujica Boza y Elissett Ibarra, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 17.143 y 89.487, respectivamente, actuando en representación del ciudadano ROBERTO GUTIERREZ BRITO, titular de la cédula de identidad No.4.086.994, contra el auto dictado el 15 de abril de 2003, por la Sala XI del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el procedimiento de divorcio seguido por la ciudadana Gianna María Lodi Ibarra y su representado, con el cual se modificó la sentencia dictada por dicho tribunal el 18 de julio de 2002, que había declarado disuelto el vinculo matrimonial.

 

En la misma oportunidad, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

El 23 de octubre de 2003, el apoderado de la ciudadana Gianna María Lodi Ibarra, presentó escrito exponiendo sus argumentos para apelar de la sentencia dictada en el amparo, escrito que fue agregado a los autos en la misma fecha.

 

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

El accionante en amparo, consideró que el auto dictado el 15 de abril de 2003, por la Sala XI del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, no solamente modificó, de manera sustancial, la sentencia que había dictado el 18 de julio de 2002, “lo cual no podía por impedírselo la inmutabilidad de la cosa juzgada”, sino que además, violentó el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, y además revocó el auto, que ese mismo tribunal había dictado en esa misma fecha, mediante el cual se había declarado definitivamente firme la sentencia.

 

Argumentó el accionante, que en la sentencia del 18 de julio de 2002, se había dictado sentencia definitiva que declaraba, no solamente la disolución del vinculo matrimonial, sino que había decidido todo lo relativo al régimen de patria potestad, régimen de visitas, régimen de guarda y custodia y obligación alimentaria del menor hijo del matrimonio.

 

Que ese mismo tribunal, el 13 de marzo de 2003, había negado la aclaratoria o ampliación de dicha sentencia y que ese auto era susceptible de ser apelado por la parte que se viera afectada, pero no podía ser revocado por contrario imperio, como lo había hecho la Juez de la Sala XI.

 

            Manifestó el accionante, que al revocar por contrario imperio mediante auto del 15 de abril de 2003, una decisión que se encontraba definitivamente firme, la Juez de la Sala XI del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, violentó la inmutabilidad de la cosa juzgada, con lo cual también vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa.

 

            Que esos vicios en los que incurrió la Juez de la Sala XI, han tenido consecuencias jurídicas importantes, toda vez que la ciudadana Gianna María Lodi Ibarra, en “ejecución de dicho auto” se ha dado a la tarea de interponer varios procedimientos relacionados con el fondo de la sentencia, tales como revisión del régimen de visitas y el procedimiento de cumplimiento de obligación alimentaria y que dichos procesos, al originarse de decisiones que se encuentran viciadas de nulidad, no pueden pretender una tutela judicial efectiva, pues todo procedimiento posterior derivado de él será igualmente nulo.

 

Consideró el accionante, que el Tribunal actuó fuera de su competencia, pues desaplicó las leyes y normas procedimentales  relativas a la inmutabilidad de la cosa juzgada y el debido proceso, garantías constitucionales, en un procedimiento que ya había concluido, con lo cual no solamente había perdido jurisdicción, sino que no podía modificar los supuestos de derecho señalados en la sentencia del 18 de julio de 2002, pues ésta se encontraba definitivamente firme.

 

Que la Juez de la Sala XI, en su decisión del 15 de abril de 2003, incurrió en el vicio de abuso de poder o abuso de autoridad, equiparable a la incompetencia que requiere la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en su artículo 4, al violentar el debido proceso y la cosa juzgada, garantías constitucionales señaladas en los numerales 1 y 7 del artículo 49 de la Constitución.

 

Solicitó como medida cautelar, la suspensión de los efectos de la sentencia que se recurre en amparo, hasta tanto se decida la presente acción, así como también se ordene la suspensión de los procedimientos que cursan ante la Sala XI, expediente 48.819, contentivo del cumplimiento de obligación alimentaria y ante la Sala VIII, expediente Nº 47.592, por revisión de régimen de visitas, ambas interpuestas contra el accionante por su ex cónyuge, medida que le fue negada.

 

DE LA SENTENCIA APELADA

 

            El 8 de septiembre de 2003, la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente y Nacional de Adopción Internacional que conoció de la acción de amparo, la declaró con lugar por estimar:

 

Que, el apoderado judicial del accionante invocó para sustentar su acción, la inmutabilidad de la cosa juzgada, que se le había violado el derecho a la defensa y; por ende, el debido proceso, y que no podía invocarse el interés superior del niño y del adolescente, para modificar de manera indebida e ilícita la sentencia y revocar por contrario imperio, el auto del 13 de marzo de 2003.

 

La Corte consideró, que si bien era cierto que existe en todo ordenamiento jurídico la inmutabilidad de la cosa juzgada, tal como lo contempla la doctrina y la jurisprudencia, no era menos cierto que la jurisdicción de protección de niños y adolescentes se caracterizaba, porque aun cuando las sentencias emitidas en cuanto a algunos temas, tales como guarda, obligación alimentaria, régimen de visitas hubiesen quedado firmes; es decir, que se hubieren agotados los recursos ordinarios y transcurrido el lapso correspondiente para solicitar su nulidad o invalidación, las mismas eran modificables a través de un nuevo procedimiento generado como consecuencia del recurso de revisión consagrado en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por lo que la cosa juzgada material no tenía estricta aplicabilidad tal y como era concebida en la justicia ordinaria.

 

Que, lo que se pretende significar, es que la inmutabilidad de la cosa juzgada en materia de niños y adolescentes aplica sólo en cuanto a la cosa juzgada material “...siendo entonces la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada formal, perfectamente modificable a través de un nuevo proceso ordinario en esta jurisdicción”. Que, esto no le confiere a juez alguno en esta jurisdicción, transgredir el orden procesal de nuestro ordenamiento jurídico, puesto que, una sentencia sólo podrá ser modificada, mediante un nuevo juicio que intente la parte interesada en la vía ordinaria.

 

Que, en cuanto a los argumentos de la supuesta juez agraviante, sobre la inadmisibilidad de la acción por improcedencia de la acción ejercida, por cuanto la parte accionante no agotó la vía procesal ordinaria existente antes de intentar el amparo, dejó sentado la Corte, que por ser la materia que se debate de estricto orden público, no puede ser relajado ni subvertido el ordenamiento jurídico en el cual nos sustentamos, por cuanto la causal invocada no puede prosperar, al existir una grave y evidente violación de derechos constitucionales, que subvierten la adecuada y proba actuación de toda jurisdicción, que debe garantizar la tutela judicial efectiva aplicable al caso, a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa y al debido proceso.

 

Que, en cuanto al argumento esgrimido por el abogado de la tercera coadyuvante, sobre el interés del niño y a favor de la certeza jurídica e inteligibilidad que debe privar respecto a sus derechos, y por ello haber solicitado la sustanciación del error material del tribunal, que alteró la sintáxis de los acuerdos explanados por las partes en la solicitud de divorcio, tal interés no puede ser óbice para que, se tomen decisiones que lleguen a configurar estado de indefensión a las partes intervinientes.

 

Que, los beneficiarios no deben confundir la intención del legislador en lo atinente al artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en el sentido de que si bien es cierto que la premisa fundamental sobre la cual gira esta jurisdicción, es el “INTERES SUPERIOR DEL NIÑO”, como principio general de interpretación y aplicación de la misma, y tomando en cuenta que los niños y los adolescentes son seres en pleno desarrollo de su integridad, entendida ésta en el sentido más amplio, también debe velar porque tengan acceso a principios sólidos y que mal puede utilizarse, la normativa dictada por el legislador para la protección de estos niños y adolescentes, para fines distintos de los que quiso plasmar desvirtuando el espíritu de la ley.

 

La Corte agregó que, “...no implica que la prioridad absoluta de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se pueda interferir en las demás leyes establecidas para el control de la sociedad, aunque la referida ley establece líneas de acción de carácter obligatorio para todas las instancias y para el conglomerado, aplicarla a ultranza acarrearía la violación de los límites de la discrecionalidad de cada jurisdicción y el relajamiento del resto del ordenamiento jurídico ...”.

 

La Corte, señaló igualmente que, al aseverar el tribunal de la primera instancia que revoca por contrario imperio el auto dictado el 15 de abril de 2003 actuando en beneficio e interés del menor, por ser un auto de mero trámite de conformidad con el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, lo calificó mal, y realizó una mala interpretación, porque al señalar que se trata en el caso presente de un auto de mera sustanciación, no se ajustó a los hechos, ya que evidentemente el proceso había culminado, estando definitivamente firme la decisión y ejecutada la sentencia proferida, por lo cual mal podía actuar como lo hizo, siendo necesario un nuevo procedimiento para revisar el caso que debía intentar la parte interesada, tal como lo prevé la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

 

Que, además, se ordenó ejecutar la sentencia el mismo día que se hizo pública, por lo que no se le permitió a las partes ejercer recurso alguno.

 

Por todo ello, se configuró evidentemente una grave violación a la cosa juzgada material y por ende al debido proceso, lo que consecuentemente acarreó la violación del derecho a la defensa, principios de rango constitucional que deben ser garantizados por todo juez en la instancia judicial, y concluyó declarando con lugar la acción de amparo incoada, el 8 de septiembre de 2003.

 

De esta decisión apeló la tercera coadyuvante el 9 de septiembre de 2003.

 

DE LA APELACIÓN

 

Argumentó el apoderado de la apelante ciudadana Gianna María Lodi Ibarra que:

 

La Juez de la Sala XI del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al reproducir en la sentencia, la homologación de lo convenido por los cónyuges, respecto a los componentes y modalidades de cumplimiento de la prestación alimentaria a la cual quedaba obligado el padre, expuso al menor a una situación de grave inseguridad jurídica, al resultar dicha decisión ininteligible en cuanto a su objeto, por lo que la nueva decisión sólo subsanó el error, reproduciendo fielmente los acuerdos, que libre de todo apremio y coacción, habían convenido las partes, e invocó al efecto la exposición de motivo, y los artículos 26, 78 y 257 de la Constitución y los artículos 7, 8 y 450 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y artículo 4 del Código Civil.

 

Que no es posible, dado que la legislación especial en esta materia establece principios de operación que deben responder y favorecer al interés superior del niño, que el menor se vea en la necesidad de incoar una nueva y autónoma acción de revisión de pensión de alimentos, cuando no es verdad que se hayan modificado los supuestos bajo los cuales se dictó una decisión sobre alimentos, puesto que no se dictó tal decisión y el juez no intervino en la configuración de los componentes y modalidades de cumplimiento de la prestación alimentaria a la que se obligó libremente el padre del niño.

 

Que el error subsanado por la Juez, no impuso un nuevo gravamen al obligado alimentario distinto al convenido por él mismo en la solicitud de divorcio, cuyo objeto -la disolución del vínculo matrimonial con su representado-, goza de la inmutabilidad de la cosa juzgada.

 

Que, en cuanto a la acción autónoma de revisión de la pensión de alimentos que se ha intentado ante la Sala de Juicio Nº XI, ella se fundamentó en el titulo ejecutivo que a ese efecto engendran los acuerdos contenidos en la solicitud de divorcio, porque a partir de ese momento, el menor es legítimo acreedor de una prestación cierta, liquida y exigible, como es la alimentaria, que le adeuda su padre conforme a lo convenido por él mismo.

 

Que, por otra parte, no fue sino hasta dos (2) meses después de tener conocimiento del acto que recurre en amparo, cuando el actor inició este proceso, y que podía lograr su objetivo de revisión de la pensión, conforme al procedimiento establecido en la ley. Por lo que contando con una vía ordinaria y eficiente, para esa finalidad, la situación planteada en nada constituye una amenaza cierta y directa al ejercicio de sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso.

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

En primer lugar, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la apelación de la sentencia de amparo dictada por la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.

 

Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) esta Sala es competente para conocer las apelaciones y las consultas de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como lo es la apelación, se rigen por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.

 

De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es esta Sala, como Tribunal Superior de la primera instancia, cuando esta corresponda a los Juzgados Superiores, el Tribunal competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos, y así se declara.

 

No existe en esta materia, debido a lo expuesto, necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala en materia de amparo, ya que la Ley especial de amparo no ha sido derogada, y es esta Sala la competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos de primera instancia de amparo, conforme la jurisprudencia vinculante emitida en fallo de 2 febrero de 2000 (caso: José Amando Mejías).

 

En el presente caso la decisión apelada ha sido dictada por la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.  Siendo ello así, esta Sala resulta competente para conocer de la misma.  Así se declara.

 

Pasa ahora la Sala a pronunciarse sobre la sentencia apelada y al respecto observa:

 

La Corte Superior decidió la acción de amparo, declarándola con lugar por considerar que, efectivamente si se subvirtió el orden procesal en el procedimiento de divorcio que se siguió ante la Sala XI del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, al dictar la Juez de esta primera instancia, un auto el 15 de abril de 2003, revocando por contrario imperio otro auto, dictado el 13 de marzo de 2003, mediante el cual se había declarado definitivamente firme la decisión publicada el 18 de abril de 2002.

 

Los argumentos que expuso la Corte, los comparte esta Sala, por cuanto efectivamente considera que se trataba:

 

a.- En primer lugar, de una sentencia que ya había quedado definitivamente firme, no podía la juez modificar su propia decisión, y el hecho de que estén en juego intereses de menores, sólo establece la posibilidad de que puedan ser modificadas, conforme a lo establecido en el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, pero mediante el inicio de un juicio ordinario cuando se trate de pensión alimentaria, régimen de visitas y otros similares.

 

b.- En segundo lugar, que no se trató de un auto de mero trámite, como lo catalogó la juez presuntamente agraviante, el que se dictó para dejar sin efecto el otro auto que ordenaba la ejecución de la decisión, por lo cual, no le era aplicable lo establecido en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, que permite la modificación de ciertos actos o providencias de mera sustanciación por el tribunal que los haya dictado, mientras no se haya pronunciado la sentencia definitiva.

 

Los actos de mera sustanciación se caracterizan porque no contienen decisión de algún punto, ni de procedimiento ni de fondo, son ejecuciones de facultades otorgadas por la ley al juez para la dirección y sustanciación del proceso y por no producir gravamen alguno a las partes son inapelables y esencialmente revocables por contrario imperio, de oficio por el juez o a solicitud de  parte.

 

c.- En tercer lugar, observa la Sala, que la decisión se dictó el 18 de julio de 2002, y en la misma fecha se ordenó la ejecución, obviándose los lapsos, para que, si así lo consideraban las partes, se solicitara la aclaratoria o la apelación de la misma.

 

Llama la atención a la Sala, que la sentencia se publicó el 18 de julio de 2002, y es solo el 13 de marzo de 2003, cuando se solicita por primera vez, la corrección de la decisión, es decir, ocho meses después de publicada, aunque como no aparece ninguna objeción al respecto, debe suponer, que es sobre esa fecha cuando se hicieron las notificaciones para el conocimiento de la decisión publicada, ya que no se explica que en un supuesto normal, las partes o el tribunal no hubiese atacado o desechado la solicitud por ser extemporánea.

 

d.- En cuanto a la argumentación que hace el accionante, sobre que las acciones promovidas con posterioridad a esa modificación, deben ser declaradas nulas, por ser consecuencia de esa decisión lesiva, la Sala considera que no es totalmente cierta, por cuanto aun cuando no se hubiese modificado la decisión, si el padre incumple con su obligación alimentaria o de otro tipo, el hijo que tiene derecho a ello, puede, a través de su representante, intentar las acciones que la ley le permita, sin que ello pueda impedírselo una sentencia de divorcio. Ello sin tomar en cuenta que, si bien existe la violación constitucional en cuanto a la decisión definitiva y su posterior modificación, también es cierto, como lo afirmó el apelante, que la modificación que se produce no crea ningún gravamen nuevo, ni obligación distinta a aquellas a las cuales se obligó el padre voluntariamente, tal como quedó asentado en el acuerdo que formó parte de su solicitud de divorcio, por lo cual no cree necesario la Sala que su decisión llegue hasta afectar a juicios que, por otros conceptos relacionados con el menor, se lleven a cabo.

 

La Sala, en numerosas decisiones, ha determinado que el derecho a la defensa sólo se vulnera cuando se priva a las partes del uso de los medios que les proporciona la ley para hacer valer sus derechos. La interposición de una acción de amparo debe implicar, además de que existan violaciones constitucionales, que el medio establecido en la ley, sea insuficiente para solventarlo.

 

En tal sentido y dado los argumentos expuestos, la Sala comparte la decisión del Superior en la acción de amparo, y por cuanto se procedió a modificar la decisión que había quedado firme, sin utilizar los procedimientos que la ley permitía, efectivamente se violó el debido proceso, y en consecuencia el derecho a la defensa, por lo que declara sin lugar la apelación, ratifica la sentencia impugnada y la confirma en todas sus partes. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación intentada por el abogado Miguel Ángel Pocaterra Martínez, actuando en representación de la ciudadana GIANNA MARÍA LODI IBARRA, tercera coadyuvante, contra la sentencia dictada el 8 de septiembre de 2003, por la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta el 7 de agosto de 2003, contra el auto dictado el 15 de abril de 2003, por la Sala XI del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, CONFIRMA la decisión apelada.

 

Publíquese y regístrese. Remítase copia de la presente decisión a la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional. Devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada,  firmada  y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en Caracas, a los 19 días del mes de agosto de dos mil cuatro. Años 194° de la  Independencia y 145° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

 

 

 

                                    El Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

 

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp. Nº03-2502 ap.

JECR/

 

En virtud de la potestad que le confiere el artículo 53 del Reglamento de Reuniones de este Alto Tribunal, quien suscribe, Magistrado Antonio J. García García, consigna su opinión concurrente al contenido decisorio del presente fallo, en los siguientes términos:

Si bien quien suscribe el presente voto está de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría sentenciadora, encuentra desacertado el criterio empleado para asumir la competencia de la Sala. En efecto, la mayoría sentenciadora se declaró competente para conocer el caso de acuerdo con lo dispuesto en el literal “b” de la disposición derogatoria, transitoria y final única de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sin atender a la verdadera lectura que de la Ley en su conjunto se desprende.

En criterio de quien concurre la lectura que debió atribuírsele al mencionado literal merecía: a) determinar si la competencia, como presupuesto del proceso, debía considerarse un elemento integrante del procedimiento y, por tanto, aceptar que la Ley habilita a aplicar los criterios competenciales vinculantes; b) contrastar los criterios de especialidad y temporalidad para fijar el alcance de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales luego de la vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; y, c) atender a la lógica del legislador, no a presumir su inadvertencia, para realizar una labor de “ingeniería constitucional” y precisar cómo se articulan, con la nueva Ley, el amparo constitucional y la revisión constitucional.

            Según el literal “b” de la disposición derogatoria, transitoria y final única de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción Constitucional, Contencioso Administrativa y Contencioso Electoral, la tramitación de los recursos y solicitudes que se intenten ante la Sala Constitucional, Político Administrativa y Electoral, se regirán por los procedimientos dispuestos en esa Ley y demás normativas especiales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes expresamente indicadas en el artículo 335 constitucional.

            Tal dispositivo plantea tres escenarios.  El primero, casado con la lógica, excluye la aplicación de cualquier interpretación en materia de competencia de la Sala porque ya el artículo 5 de la Ley Orgánica indicó expresamente cuál iba a ser la distribución competencial.  No acepta, pues, que se establezca un catalogo expreso de competencia para luego excepcionarlo mediante una disposición transitoria.

El segundo arriba a la misma conclusión sólo que desde un análisis más jurídico formal.  Si la competencia es un presupuesto del proceso, ¿debe entenderse que cuando la Ley indica “procedimiento” en este concepto está inmerso el de “competencia” así contradiga lo dispuesto en su artículo 5?

Finalmente, el tercero, que se ganó la inclinación de la Sala: la habilitación mencionada alcanza a los criterios competenciales y, por tanto, la distribución de competencia en materia de amparo constitucional establecida por la jurisprudencia de la Sala se mantiene incólume, no obstante la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

En criterio de quien concurre en su voto el primero de los supuestos es, a corta pisa, el más natural de los escenarios que sobreviene a la entrada en vigencia de la Ley, ya que, cuando una ley neo-regula a una institución se debe presumir que en ese nuevo orden está recogida toda la experiencia normativa vinculada al precepto, por lo que el operador jurídico no puede defender la subsistencia del orden modificado, salvo que se trate de cuestionar la constitucionalidad del dispositivo; antes más, la interpretación debe seguir la línea futurista del legislador: si modificó la institución -lo que también comprende omitir figuras- es porque ese es el orden que el legislador quiere que exista y debe ser el orden que el operador debe aplicar.

El argumento expuesto adquiere solidez si se tiene en cuenta que para el supuesto de que la Asamblea Nacional hubiese querido que la distribución de competencia en materia de amparo constitucional continuase operando como hasta la entrada en vigencia de la Ley sucedía, con no hacer señalamiento alguno a la materia tenía, ya que la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia en nada regulaba, como es cronológicamente lógico, la materia de amparo constitucional -lo que hacía su mención en la novísima Ley innecesaria-.  De allí, que el señalamiento expreso de esa materia no encuentra más justificación que el deseo de regularla en los términos en que se hizo.

De hecho, si se observa cómo se imbrica bajo la nueva Ley el amparo constitucional y la revisión extraordinaria según se asuma una u otra tesis, se evidencia que procesalmente no tiene sentido que el legislador haya ampliado la posibilidad de que los ciudadanos soliciten la revisión constitucional de un fallo para otorgarle, simultáneamente, la posibilidad de que cuestione ese mismo fallo a través del amparo, de manera que la tesis que defiende el fallo concurrido conlleva a una dualidad de mecanismos para tutelar el mismo objeto, circunstancia que no se compadece con la intención del legislador de modificar, seguramente en aras de la celeridad, los instrumentos con los cuales cuenta esta Sala para garantizar la supremacía de la Constitución.

No puede perderse de vista que el mayor número de amparos constitucionales que cursan ante esta Sala son en segunda instancia, lo que ha conllevado a que los casos que conoce en única instancia sean tramitados con lentitud, perdiendo el amparo su naturaleza expedita.  Para paliar tal circunstancia el legislador recogió los criterios jurisprudenciales desarrollados por esta Sala en materia de revisión extraordinaria, consolidando a dicha institución como el mecanismo ideal para revisar los fallos atendiendo a la clara ventaja que ello representa, de concebirse a dicha figura en términos similares al certiorary originario del commaw law.

La opción que, en criterio de quien concurre en su voto, fue plasmada por el legislador, le permitía a la Sala garantizar un ritmo de trabajo acorde con su estructura dedicándose a resolver únicamente aquellos procesos de amparo en los que el dictamen de los tribunales ordinarios no era acertado o en los que, por sus características, era de utilidad el caso para sentar o uniformar la jurisprudencia constitucional.

Por otra parte, se debe agregar que la competencia es un presupuesto del proceso, y aunque en la práctica son instituciones que se presentan indisolublemente unidas, en la teoría son conceptos que, inclusive, temporalmente puede ubicarse.

La competencia, según se ha enseñado en nuestras Facultades, es la medida de la función jurisdiccional del juez y el procedimiento el aspecto exterior del fenómeno procesal, el método propio para la actuación ante ese juez (Couture).  Conforme lo expresado, existe una idea primera de competencia y una noción segunda de procedimiento, lo que sucede es que tales instituciones se entremezclan en las variadas actividades que deben realizarse en el proceso para que avance hasta su meta final, requiriéndose constantemente en el devenir procedimental pronunciamientos del tribunal; sin embargo ello no da pie a que se incluya en la idea de procedimiento la noción de competencia pues esta la precede.  En conclusión, el señalamiento que hace el literal “b” de la disposición derogatoria, transitoria y final única de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no abarca a ninguna de las sentencias dictadas por esta Sala para determinar su competencia, lo que la obligaba a plegarse plenamente a la distribución competencial realizada por el artículo 5 de la Ley.

Tal situación forzaba entonces a la Sala a precisar cómo se articula la normativa de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales con la distribución de competencia realizada por el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

En tal sentido se debe tener en cuenta que desde que en el año 1988 entró en vigencia, luego de décadas de espera, la ley reguladora del amparo constitucional, uno de los aspectos que generó mayor incertidumbre fue el de la competencia para conocer de la pretensión contenida en el libelo, ya sea cuando la acción se ejercía de manera autónoma o cuando se hacía como parte de un proceso más amplio, en el que la protección se convierte en una especie de medida cautelar.

En tal virtud, se han repartido los casos siguiendo un principio general, no siempre fácil de precisar, como es el de la afinidad de los derechos, junto a supuestos muchos más sencillos, en los que la atribución de competencia no genera dudas, como puede ser el caso del amparo contra altas autoridades del Estado, entregado directamente al Máximo Tribunal.

Ahora, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales sigue siendo la misma; no así la ley sobre este Máximo Tribunal.  La nueva ley sobre el Máximo Tribunal de la República, cónsona con la ya conocida competencia de amparo en poder de todos los tribunales, incluido el Supremo, incorporó normas sobre esta materia. Por ello, desde el 20 de mayo de este año la Sala Constitucional sólo tiene competencia para conocer de los casos de amparo expresa y taxativamente enumerados en la ley.  Antes, la competencia de la Sala se derivaba de la Ley de Amparo más los complementos y adaptaciones jurisprudenciales, producto de la inexistencia de ley posterior a 1999. Ahora esa explicación cede ante el Derecho Positivo. 

            Con base en lo anterior y vista la distribución competencial realizada por el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en criterio de quien concurre en su voto la Sala es competente para conocer de los amparos constitucionales en los siguientes supuestos:

  1. Amparos autónomos y cautelares, mientras que las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia sólo conocen de los cautelares, no en razón de la Ley del Tribunal Supremo sino por la previsión genérica del amparo como medida provisional contenida en la Ley de Amparo.
  2. Esas acciones de amparo autónomo están circunscritas a dos casos: cualquiera que se ejerza contra funcionarios y órganos de rango constitucional y la que se ejerza contra sentencias.
  3. Las acciones contra sentencia sólo están previstas en dos casos: contra sentencias de tribunales contencioso administrativos y contra sentencias de tribunales que deciden la acción de reclamo en el supuesto ya indicado.
  4. Fuera de los amparos en primera (y única) instancia -es decir, contra las altas autoridades y las sentencias mencionadas- existe la posibilidad de que la Sala Constitucional conozca de amparo por vía de apelación, justamente en los dos casos enumerados (sentencias de tribunales contencioso administrativos y sentencias que deciden la acción de reclamo), con lo que coinciden los supuestos de amparo contra sentencias y apelación de las mismas sentencias. Obviamente, las pretensiones son distintas en uno u otro caso.
  5. Las consultas quedan también dentro de la competencia de esta Sala, sólo para el caso ya mencionado de las sentencias respecto de los cuales cabría apelación ante ella, en aplicación del artículo 35 de la Ley de Amparo, según el cual toda sentencia es consultable si no se apela dentro del lapso, ante el juez que debería conocer de la apelación. La sanción de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia no ha eliminado la posibilidad de consulta, pese a no decir nada al respecto; sólo ha precisado cuáles son los supuestos de apelación. Si esta Sala es tribunal de apelación en dos casos –y sólo ellos- será también tribunal para las consultas correspondientes. 

 

La enumeración anterior trae importantes consecuencias:

  1. No cabrá ante el Tribunal Supremo de Justicia más amparo autónomo que los mencionados: contra los funcionarios de rango constitucional, sea por acción u omisión; y contra las sentencias en el caso especialísimo –y novedoso- de la acción de reclamo y contra las sentencias de los tribunales contencioso administrativos. Con ello, no existe posibilidad de amparo contra sentencias de otros tribunales, cualquiera que sea el ámbito de sus competencias.
  2. No cabe apelación sino contra las sentencias enumeradas: una vez más los casos de la acción de reclamo y de los fallos de los tribunales contencioso administrativos.
  3. Excepción hecha de esos casos expresamente previstos, la Sala Constitucional no conoce de apelación (y consulta) respecto de ninguna sentencia de tribunales superiores. Tampoco cabe la apelación de sentencias de amparo ante las Salas de Casación, en vista de que ellas –como esta misma Sala- no es en ningún caso tribunal de instancia y –a diferencia de esta Sala- no se les ha encomendado por vía excepcional ningún caso de apelación. Tampoco procede la apelación de sentencias de amparo ante la Sala Político-Administrativa, aunque esa Sala sí pueda ser vista como tribunal superior en ciertos casos, porque los casos que le hubieran correspondido (el de los tribunales contencioso administrativos) han sido atribuidos a esta Sala Constitucional.

 

Ciertamente, lo expuesto no implicaba que la Sala se desprendiera de las causas que hasta la fecha de la entrada en vigencia de la Ley conocía, pues, según  el principio perpetuatio loci -artículo 3 del Código de Procedimiento Civil-, la competencia se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento de la interposición del recurso o amparo, y no tienen efecto respecto  de  ella los cambios posteriores de dicha situación, circunstancia   que

 

 

justifica, vale acotar, que el presente voto sea concurrente y no salvado.

Queda así expresado el criterio del Magistrado concurrente.

Fecha ut supra.

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

                                   

                                                     El Vicepresidente,

 

 

 

 

JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

 

JOSE M. DELGADO OCANDO                    ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA

                Concurrente

  

 

  

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

Exp: 03-2502

 

AGG.-

 

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