Venley

Sentencia N.º 1673

Sentencia
N.º 1673
Fecha
02/12/2009
Sala
Constitucional
Expediente
09-1076
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Solicitud de Avocamiento

SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

El 29 de septiembre de 2009, el abogado Miguel Ángel Flores Meneses, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 18.833, en su condición de defensor privado de un adolescente, cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, interpuso ante esta Sala Constitucional solicitud de avocamiento del proceso penal que se le sigue al prenombrado ciudadano ante el Juzgado de Juicio del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional, a título de dolo eventual, previsto en el artículo 405 del Código Penal, en perjuicio del de cujus Daniel Enrique Roa Chacón, y lesiones leves intencionales, a título de dolo eventual, tipificado en el artículo 416 eiusdem, en perjuicio del ciudadano Yohel Hernán Angulo Pastrán.

El 1 de octubre de 2009, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

 

 

I

DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

 

El defensor privado del peticionario fundamentó su solicitud de avocamiento en los siguientes términos:

Que la investigación penal se inició por “…un hecho ocurrido frente a la instalación deportiva conocida como Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, el día 30 de septiembre de 2007, siendo aproximadamente las 4:10 de la mañana, cuando mi representado, conducía debidamente autorizado por la autoridad administrativa correspondiente, un vehículo propiedad de su padre…, marca Toyota, modelo Prado, año 2001, color  Blanco, Clase Camioneta, Tipo Sport Wagon, Serial de Carrocería 9FH11Vj9519004423, serial del motor 5VZ1226679…, en sentido sur-norte de la vía que conduce desde el estadio de baseball de San Cristóbal hacia la Avenida España de la misma ciudad, a velocidad moderada, sobre una calzada carente de señalización vial, cuando al llegar a la semi-curva que conecta la Avenida España con la vía que conduce al sitio antes señalado, fue embestido por un vehiculo (sic) con placas FR775T, marca Fiat, modelo Sienna, año 2002, color Blanco, clase Automóvil, Tipo Sedán, uso Transporte Publico (sic), serial de carrocería 9BD172162230033228, serial del motor 5272730, haciéndolo girar sobre su eje, quedando el vehiculo (sic) de mi representado sobre la acera de dicha vía, con sus ejes apuntando hacia el punto cardinal este quedando el vehículo taxi con su frente sobre sus cuatro ruedas apuntando hacia el punto cardinal sur”.

Que “[c]omo consecuencia de dicho hecho, resultó muerto el conductor del vehículo taxi identificado, ciudadano Daniel Enrique Roa Chacon (sic)…, y con excoriaciones y traumatismos generalizados, que ameritaron un tiempo de curación de ocho (8) días el ciudadano José Hernán Angulo Pastrán…”.

Que “…la Fiscalía Décimo Séptima del Ministerio Público del Estado Táchira…, procedió a dictar el correspondiente auto de inicio de la investigación, señalando a mi patrocinado como responsable de tal hecho, por lo que resolvió en fecha 20/04/09 presentar acto conclusivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 570 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente…, el cual fue admitido a tramite (sic) por el Juzgado de Primera Instancia Penal en Función de Control N° 3 de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, cuya audiencia preliminar se llevó a cabo en fecha 2 de julio de 2009, en la cual, la ciudadana abogada ADRIANA LOURDES BAUTISTA JAIMES, en su carácter de Juez (sic) Provisoria resolvió DECLARAR SIN LUGAR, la excepción propuesta por la defensa relativa al artículo 28 numero (sic) 4 letra ‘e’ del Código Orgánico Procesal Penal…, así como, la declaratoria sin lugar de la excepción, del artículo 28 numero (sic) 4 letra ‘i’ del COPP, admitiendo la acusación presentada por la Fiscalía antes mencionada, junto con los medios probatorios ofrecidos por las partes; imponiendo a mi defendido, las medidas cautelares previstas en los literales c, d y g del artículo 582 de la LOPNA, ordenando su enjuiciamiento y la intimación de las partes para hacerse presente ante el Juzgado de Primera Instancia Penal en Función de Juicio de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 578 de la LOPNA”.

Que “…en el proceso seguido contra mi defendido, por los hechos narrados al principio…, seguido por la Fiscalía Diecisiete del Ministerio Publico (sic) especializada en el Sistema Penal de Responsabilidad, de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, se han obviado todas las formalidades señaladas por la ley, que le protegen frente al ius puniendi del Estado, y que se encuentran relacionadas con su derecho constitucional de defensa e intervención en el proceso, los cuales fueron debidamente reclamadas, ante el órgano jurisdiccional correspondiente, quien hizo caso omiso a este reclamo y desatendió su obligación de controlar la investigación y de hacer respetar sus derechos como adolescente en conflicto con la Ley, sometido a proceso penal”.

Que los derechos fundamentales infringidos en el presente caso son “…los relativos al debido proceso, al ser quebrantados de manera flagrante su derecho de defensa e intervención, así como, de tutela judicial efectiva, en el proceso penal seguido en su contra, de conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 49.1 de la CRBV”.

Que “…el acto conclusivo Fiscal de Acusación Penal presentado en contra de mi representado…, adolece de vicios que trascienden el mero orden procesal, al tratarse de una Acción No Promovida Conforme a la Ley, conforme a lo previsto en el artículo 28, ordinal 4° (sic), literal ‘e’ del Código Orgánico Procesal Penal, por Incumplimiento de los Requisitos de Procedibilidad para Intentar la Acción, pues en la misma se obviaron requisitos y principios básicos que conforman el Debido Proceso y que garantizan el efectivo respeto al Derecho a la Defensa de mi defendido, razón esta, que hace totalmente procedente la Declaratoria de Nulidad Absoluta del Escrito de Acusación Fiscal, conforme a lo expuesto por esta SALA PENAL (sic), fecha 02 de diciembre de 2003, con ponencia del Magistrado (sic) Blanca Rosa Mármol de León, expediente 03-0177, la cual establece la posibilidad y motivos por los cuales se puede anular la Acusación Penal, entre ellos la violación del Debido Proceso y Derecho a la Defensa, por falta de imputación formal, y la sentencia de la SALA CONSTITUCIONAL, de fecha 14 de febrero de 2002, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, expediente 01-2181, la cual establece la posibilidad de que una petición de inconstitucionalidad atinente a la acusación, fundada en la indefensión de los imputados por haberle el Ministerio Público negado el acceso a la investigación, se convierte, a juicio de la Sala Constitucional, en el incumplimiento de un requisito de procedibilidad de la acción, ya que ésta, -diferente a la acusación- pero incoada mediante ella-, no debería proceder, si se basa en actividades inconstitucionales de quien la ejerce”.

Que “[e]n fecha 25/10/07, la Fiscal (sic) Decimoséptima del Ministerio Público del Estado Táchira especializada en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, citó a mi representado a su sede ubicada en la Avenida García de Hevia…, para informarle de los hechos por los cuales se le investigaba, relacionados con la causa 20F17-412/2007, sin la presencia de un abogado de su confianza, a lo que mi defendido respondió, solicitando que se le designara un defensor público, procediendo dicha Fiscal a remitir a mi patrocinado al Tribunal de Control de la sección Penal de Adolescentes, a los fines de la designación de un abogado de su confianza”.

Que “…el día 20 de noviembre de 2007, acudí en compañía de mi representado a la Sede de la Fiscalía Decimoséptima del Ministerio Público con el objeto de rendir declaración en la causa No. 20F17-412/2007, en la que mi defendido aparecía como imputado; al llegar a dicha Fiscalía, mi patrocinado fue conminado a declarar”.

Que “[c]onlleva dicha imputación, la advertencia e información del contenido de las actas de la investigación, circunstancia de tiempo, lugar y modo del hecho investigado, el dispositivo penal que se adecua a la conducta desplegada por el investigado, y lo más importante, el contenido del artículo 125 del COPP, que le confiere al imputado la posibilidad de proponer diligencias de investigación para afirmar su estado de inocencia”.

Que “…el llamado realizado a mi defendido por la Fiscalía Diecisiete del Ministerio Público del Estado Táchira, no cumplió con lo ordenado en la ley y en la doctrina señalada en los antecedentes jurisprudenciales…, toda vez que como ha quedado claro de la lectura del acta de entrevista de fecha 20 de noviembre de 2007, mi patrocinado no fue impuesto de los derechos que le asisten, como imputado en una causa penal, ya que de ningún modo se le permitió el acceso al expediente”.

Que “[t]al conducta denota la mala fe con que actuó la Fiscal (sic) investigadora, que habiendo firmado el acta en cuestión, y a sabiendas de esta situación, pues estaba presente cuando se realizó tal advertencia, procedió a presentar el acto conclusivo que fue objetado por inconstitucionalidad e ilegalidad, por ser un acto irrito (sic) en su totalidad, ya que se ha visto (sic) violentado de manera grosera y flagrante, los derechos constitucionales de mi representado, relativos al debido proceso, derecho de defensa y tutela judicial efectiva, pues no ha tenido oportunidad de defenderse, por desconocer desde el inicio de la investigación de las circunstancias de tiempo, lugar y modo del hecho punible, que presuntamente cometió, de la adecuación típica de la actividad por el desplegada, y los más importante de la posibilidad de proponer diligencias de investigación que puedan desvirtuar esos hechos investigados, que para él hasta el presente momento son desconocidos, con el agravante de que las actuaciones que se le permitieron observar el día de su declaración no eran las originales, se encontraban tachadas y que las originales se encontraban fuera de la sede de la cual se le había citado”.

Que “[s]in embargo, la Fiscalía del Ministerio Público, aún conociendo de esta situación, realizó y presentó la acusación”.

Que “…consideramos verificado el vicio de OMISIÓN DE FORMA SUSTANCIAL DEL ACTO QUE CAUSA INDEFENSIÓN…, y como consecuencia de ello, solicitamos, en la oportunidad correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 y siguientes del COPP, la nulidad absoluta de la misma, y la reposición de la causa al estado de que el Ministerio Público haga tal imputación, mediante la declaratoria con lugar de la excepción prevista en el artículo 28 numero (sic) 4 literal i el (sic) mencionado código, por haber promovido ilegalmente la acción por haber obviado la Fiscalía del Ministerio Público, un requisito de forma para intentar la acusación”.

Que “…nunca se le advirtió de conformidad con el artículo 125 del COPP, que podía solicitar diligencias de investigación que permitieran desvirtuar los elementos recabados hasta ese momento en su contra, los cuales eran y son desconocidos por él, por cuanto, no le fueron informados, así como, elementos de prueba para firmar su estado de inocencia, sus defensores técnicos, procedieron a solicitar de manera verbal, quedando asentado en el acta respectiva, la realización de dos diligencias de investigación, referidas a: 1) Una inspección con fijación fotográfica, sobre las puertas derechas del vehículo Toyota prado, color blanco, placas SAS-18K, con el objeto de establecer si sobre la misma existe abolladuras o cualquier otro signo violento realizado por un vehículo y de determinar que tipo de vehículo y objeto realizó tales abolladuras, y 2) ordenar al órgano investigador practicar una inspección con fijación fotográfica y con presencia de la defensa en el sitio del suceso, con la finalidad de dejar constancia de la circulación de vehículos en doble sentido”.

Que “…la Fiscal (sic) no PROVIDENCIÓ NI MATERIALIZO (sic) ADECUADAMENTE lo correspondiente, y sólo se limitó a presentar el acto conclusivo, que objetamos en su debida oportunidad, es decir, la Fiscal del Proceso de Investigación Criminal, no realizó las diligencias de investigación solicitadas por la defensa en el acto de entrevista realizado el 20/11/2007, omitiendo todas las solicitudes, sin que exista pronunciamiento Fiscal”.

Que “…en toda investigación o judicialización de alguna persona por la comisión de un hecho punible, existe el Derecho a la Defensa y por ende el derecho a la aplicación del PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL, artículos 281 del COPP, 553 de la LOPNA y artículo  4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, es decir, que la Fiscalía del Ministerio Público, por si o por los Órganos de Policial de Investigación Penal, debe investigar tanto lo favorable como lo desfavorable para el imputado”.

Que “…se evidencia notablemente que la Fiscalía Decimoséptima del Ministerio Público no realizó los diligenciamientos solicitados que eventualmente constituirían las pruebas ofrecidas por la Defensa, para demostrar la inculpabilidad del imputado, y por ende vulneró el Principio de Investigación Integral y derechos mismos del imputado, a la Defensa y al Debido Proceso”.

Que, “[s]in embargo, no obstante que el Tribunal de Primera Instancia Penal en Función de Control N° 3 de la Sección Penal de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 571 de la LOPNA, procedió luego de recibir el acto conclusivo –acusación- emitido por la Fiscalía Diecisiete del Ministerio Público del Estado Táchira, en contra de mi representado, a fijar día y hora para la celebración la audiencia preliminar; citando a todas las partes, la cual, se llevó a término el día 2 de julio de 2009, habiendo procedido los defensores técnicos del acusado, conforme previsto (sic) conforme a lo señalado en el artículo 573 de la LOPNA, a presentar por escrito las excepciones, cargas y facultades en el proceso en cuestión, haciendo especial énfasis en la solicitud de nulidad absoluta de la acusación, toda vez que su presentación es ilegal e inconstitucional, por haber violado la Fiscal acusadora, el acto primordial del proceso penal, esto es, el acto de imputación, impidiéndole al perseguido penal, el acceso al expediente, siendo ratificada de manera oral en dicha audiencia”.

Que “[a]sí mismo se solicitó la declaratoria de nulidad de la acusación presentada por la Fiscal investigadora, por cuanto, la misma obvió la materialización de dos pruebas solicitadas por los defensores técnicos del hoy agraviado” y que el Tribunal Tercero de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira “…procedió a desechar las solicitudes”.

Que “[e]s cierto que la excepción del artículo 28, numeral 4°, literal ‘e’ esta (sic) prevista en el COPP, para evitar el abusivo ejercicio de la acción penal, cuando se trate de delitos, que por su naturaleza deban ser impulsados por quienes se sienten ofendidos, para obtener del órgano detentador de la función de acusar, la orden de inicio de los procesos penales y la obtención de la sanción, que los mismos se pueda derivar”.

Que “[s]in embargo…, la Juez (sic) obvió lo resuelto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia No. 2181-02, mediante la cual procedió a ordenar el proceso penal ordinario, y que es aplicable al proceso penal de adolescentes, en materia de resolución de las solicitudes de nulidad de los escritos acusatorios, cuando el motivo de dicha nulidad, lo constituyan hechos atribuidos a la Fiscalía del Ministerio Público, mediante los cuales hubiere afectado, desmejorado o negado, los derechos constitucionales de los perseguidos penalmente, que causaren para ellos, indefensión”.

Que “…para que se pueda solicitar la nulidad de la acusación, conforme a las previsiones del artículo 190 y siguientes del COPP, en fase intermedia, es necesario proponer la misma mediante la excepción prevista en el tantas veces nombrado artículo 28, numeral 4°, literal ‘e’”

Que “…la actividad desplegada por la Juez (sic) provisorio (sic), consistente en negar a mi defendido la tutela judicial efectiva, al no resolver la cuestión previa planteada de conformidad con la ley, y lo dispuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, socavó los derechos que tiene mi defendido a tener un juicio justo sin que se violenten sus derechos constitucionales, por lo tanto, ciudadanos Magistrados la sentencia que se ataca con el presente recurso debe ser revocada, y así pido se declare”.

Que respecto de la falta de imputación por parte del representante del Ministerio Público, la referida Jueza de Control afirmó que “…tanto mi defendido como su defensor tenían conocimiento del hecho por el cual estaba siendo imputado, al afirmar que se desprende tal situación, de los folios 80 y 81 del expediente, donde consta una solicitud de prueba anticipada realizada al Juzgado de Primera Instancia Penal en Función de Control No. 2 de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente, que por cierto, fue tramitada por ese Tribunal, del cual, la hoy Juez (sic) era Secretaria, de manera que la misma estaba incursa en la causal de inhibición contenida en el artículo 85.7 del COPP, y no lo hizo, actividad esta que afecta su imparcialidad en el proceso”.

Que “…la Juez (sic) desconoce que la propuesta de una actividad probatoria no implica que se tenga conocimiento exacto del hecho sobre el que se imputa, porque para ello, tal como se dejó asentado con anterioridad, no fue sino hasta el día 20 de noviembre de 2009 (sic), cuando a mi defendido acudió de manera voluntaria, sin citación previa, para ser imputado, es decir, para que fuera informado de manera formal del hecho por el cual se le estaba investigando, y proceder a rendir su declaración y solo después de este hecho, que debe existir certeza de lo que se investiga y por tanto, ejercer con certitud su derecho a la defensa, solicitando lo necesario para desvirtuar las sospechas que sobre él pueda recaer”.

Que “[s]eñala igual manera, la Juez (sic) Provisorio, que mi defendido al momento de celebrarse una audiencia en el Juzgado que tramitaba la solicitud de prueba anticipada, se negó a declarar en la misma, afirmando que lo haría en la Fiscalía, y por tanto, ya tenía conocimiento del hecho imputado. Sin embargo, olvida la Juez (sic) de la recurrida, que es derecho del adolescente, conforme al artículo 49.5 de la CRBV, declarar o no, y así se lo hizo saber la Juez (sic) titular del Juzgado que estaba realizando la audiencia, y no podía declarar allí, porque lo correcto era hacerlo en la Fiscalía que lo investigaba, porque la audiencia solo perseguía resolver la solicitud de una prueba anticipada, conforme al artículo 307 del COPP, audiencia ésta que no se encuentra señalada en ninguna disposición legal, violentando el principio de legalidad procesal contenido en el artículo 530 de la LOPNA, y no del fondo del proceso que hasta esa fecha se encontraba en fase de instrucción, y correspondía a la Fiscalía del Ministerio Público, la realización del acto formal de imputación, y era allí y solo allí donde podía declarar respecto del posible hecho que se le imputara”.

Que “[s]in embargo, es necesario resaltar, que tal como lo dijo la Juez (sic) de la recurrida, el expediente no estaba en la sede Fiscal, porque ella como Secretaria del Juzgado de Primera Instancia en Función de Control N° 2 de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal, estaba tramitando las copias solicitadas, y si hasta esa fecha las entregó era su responsabilidad, y en todo caso, estas (sic) fueron entregadas dos días después que se realizara el acto de imputación, por lo cual, resulta falso de toda falsedad, que pudiera tener acceso al expediente, por el contrario se afirma que nunca pudo ver el original, porque solo (sic) se le presentaron copias simples que se encontraban tachadas con marcador negro, que impide la lectura de la misma, con lo que se encuentra demostrada la violación flagrante de acceso al expediente a mi defendido, por parte de la Fiscala investigadora”.

Que “...las arbitrariedades de las cuales fue objeto mi defendido, no quedaron en una injusta decisión carente de fundamento legal y de razonamiento jurídico, tal como se ha repetido en múltiples ocasiones…, el a quo, excediéndose de su competencia, le impuso medidas cautelares sustitutivas a la privación judicial privativa de libertad, que no fue solicitada por el director de la investigación, y que se encuentra referidas a las señaladas en los literales ‘c’, ‘d’ y ‘g’ del artículo 582 de la LOPNA, y especialmente la señalada en el literal ‘g’ conforme a la cual, mi representado debía presentar tres (3) fiadores, que reúnan los requisitos del artículo 258 del Código Orgánico Procesal Penal, vale decir; de reconocida buena conducta moral y solvencia económica quienes se obligarán a cancelar por vía de multa el equivalente en bolívares a DOSCIENTAS (200) UNIDADES TRIBUTARIAS CADA UNO, en caso que el imputado incumpla con las condiciones impuestas por el Tribunal, dichos fiadores debían consignar en éste (sic) Juzgado: A.- Constancia de residencia en el Estado Táchira, expedida por la autoridad civil del lugar donde residen, B.- Fotocopia de la cédula de identidad, C.- Certificación de ingresos debidamente visados por un Contador Público superiores o iguales a DOSCIENTAS (200) unidades tributarias cada uno, y/o constancia de trabajo, así como los documentos que soporten tales ingresos, ordenando la reclusión de mi defendido en el Cuartel de Prisiones de la Policía del Estado Táchira, no obstante estar en libertad plena, pues hasta ese momento no se le había impuesto ninguna medida de coerción personal, hasta tanto se verifiquen los documentos exigidos y se materialice la medida cautelar decretada a través del levantamiento de la respectiva acta de compromiso y de fianza por ante (sic) el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira”.

Que “…dejar a mi defendido, como en efecto ocurrió, detenido por un lapso de ocho (8) días, tal como consta en la pieza tres (3) del expediente que se acompaña en copia certificada, en los calabozos del Instituto Autónomo de Policía del Estado Táchira, aplicándole una pena adelantada, al serle privado de su libertad sin que ésta fuera declarada, o sin que estuviera sentenciado en audiencia de juicio, violando de esta manera, en forma grosera y flagrante, los derechos constitucionales de mi defendido, poniendo en tela de juicio la imagen del Poder Judicial, haciéndolo ver como un sistema persecutor que viola derechos fundamentales de los sometidos a proceso, lesionando el carácter democrático del proceso penal de adolescentes instaurado en la República Bolivariana de Venezuela; por tales motivos, solicito se proceda a informar a la Inspectoría de Tribunales, sobre el actuar de la Juez (sic) ADRIANA LOURDES BAUTISTA JAIMES, para que proceda a la apertura del procedimiento disciplinario a que de lugar”.

Que “…el día 3 de julio de 2009, el defensor técnico de mi patrocinado, se dirigió a la sede del Juzgado de Primera Instancia Penal en Funciones de Control No. 3 del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, con el objeto de pagar las copias fotostáticas certificadas, que fueran solicitadas en la audiencia de fecha 2/07/2009, y acordadas en el auto que hoy objeto, obteniendo como respuesta, primero de la funcionario (sic) que atiende el archivo judicial de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, que por instrucciones giradas por la Juez (sic) provisorio Adriana Lourdes Bautista Jaimes, el expediente signado con el No. 3C-2544/2009, no le iba a ser facilitado, y que realizara la solicitud de las copias ante el Juzgado de Juicio, no obstante que las mismas ya habían sido acordadas por ese Tribunal; y en ese mismo instante, el Secretario de tal Juzgado, procedió de manera personal a ratificar dicha información, por orden de la ya nombrada Juez (sic), no obstante que dichas copias certificadas, tenían el objeto de servir de instrumento fundamental para la interposición del recurso extraordinario de Amparo Constitucional, único medio para impugnar la decisión dictada por la referida Juez (sic), ya que el artículo 608 de la LOPNA, no permite apelaciones sino por los motivos en el contenido, de todo lo cual, se dejó constancia en el escrito presentado en la misma fecha en la Oficina del Alguacilazgo de la Sección Penal de Responsabilidad del Adolescente de este Circuito Penal”.

Que “[t]odas esta situaciones, no podían ser denunciadas ante una instancia superior por medio de un recurso ordinario de apelación, ya que el artículo 608 de la LOPNA, no permite apelaciones sino por los motivos en él señalados, por lo que, la defensa técnica…, no le quedó otro camino que denunciar dichas omisiones y conductas arbitrarias, a través del recurso extraordinario de Amparo Constitucional, el cual fue propuesto en el mes de agosto del presente año, ante la Sala Accidental del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, el cual fue recibido por la Secretaría de dicha Corte, acompañado de una copia fotostática certificada, totalmente tachada con marcador negro, que imposibilita la lectura de lo tachado, alterando totalmente la copia acompañada, denunciando ante esa instancia de nuevo el actuar arbitrario del Tribunal del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, que habría incurrido en un posible punible (sic), al expedir una copia certificada que no se corresponde con su original, por estar totalmente tachada en marcador negro; pero éste recurso, no ha sido ni siquiera admitido, toda vez, que esta Sala Accidental, se encuentra desmembrada por no existir Juez Especializado en la misma, ya que sólo cuenta con la presencia de dos (2) Magistrados de la Corte de Apelaciones del Sistema Ordinario o de adultos, lo que no permite su funcionamiento, y hasta la presente fecha, no ha sido posible, no obstante que he realizado todas las diligencias necesarias para que se oficie a la Comisión Judicial, con el fin de que nombre Juez Especializado para esta Sala y para obtener respuesta a mi solicitud”.

Que “[e]n consecuencia…, es evidente que se encuentra lleno el ultimo (sic) extremo previsto en la Ley para que tenga lugar un avocamiento de [esta] honorable Sala, con el objeto de corregir las omisiones graves que afectan el debido proceso y que hace que el Poder Judicial de la República se vea comprometido en su imagen, poniendo en tela de juicio su carácter democrático respetuoso de los derechos humanos de los perseguidos penalmente”.

            En virtud del anterior fundamento, la parte actora solicitó que se declare con lugar el avocamiento y se “…decrete la NULIDAD ABSOLUTA de la acusación presentada en contra de mi defendido, y ordene la reposición de la investigación al estado de imputar de manera correcta al ciudadano [C.E.O.C.], permitiéndole acceder al expediente al momento de que ocurra tal imputación, y se evacuen las pruebas solicitadas por sus defensores, previa la citación efectiva del procesado y su defensa”; asimismo, pidió que esta Sala solicite a la Corte de Apelaciones en Sala Accidental de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, “…información del recurso de amparo intentado por mi ante esa instancia para poder restituir la situación jurídica infringida, y que no ha sido posible siquiera que sea admitido a trámite, por no existir Sala que pueda resolverlo y sin expectativa de que esta pueda ser integrada a la brevedad posible para tal fin”.

 

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente solicitud de avocamiento y, a tal efecto, observa:

El avocamiento, siendo una potestad, faculta a este Máximo Tribunal para asumir el conocimiento de algún juicio que curse ante un Tribunal de inferior jerarquía, a fin de corregir desórdenes procesales que vulneren los derechos de los justiciables.

En ese sentido, el cardinal 48 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que es competencia de cada Sala de este Máximo Tribunal:

Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal, y avocarse al conocimiento del asunto cuando lo estime conveniente.

 

Por su parte, el primer aparte del citado artículo expresa que:

 

En los casos previstos en los numerales 47 al 52 su conocimiento corresponderá a la Sala afín con la materia debatida.

           

De lo anterior se colige, que las solicitudes de avocamiento deberán ser conocidas y decididas por aquella Sala a cuya competencia esté atribuido el conocimiento de la materia propia de la controversia y sea objeto del avocamiento. Ello así, para el conocimiento del caso sub lite, debe hacerse un examen de la naturaleza propia de cada pretensión y las materias que forman parte de la competencia de cada una de las Salas que constituyen este Máximo Tribunal.

En este sentido, establece el cardinal 4 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que esta Sala Constitucional podrá avocar el conocimiento de una causa determinada cuando:

 

…se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala.

 

En consonancia con lo expuesto, esta Sala podrá conocer de las peticiones de avocamiento que versen sobre juicios en los cuales se diriman asuntos concernientes a la jurisdicción constitucional, la cual como ya lo ha expresado la Sala (vid. sentencia N° 25/2003, caso: Carlos Alberto Gamarra) y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, comprende la revisión de las sentencias de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los demás tribunales de la República; el control concentrado de constitucionalidad de las leyes y demás actos dictados por los órganos del Poder Público en ejecución directa e inmediata de la Constitución; el control de la omisión del Poder Legislativo Municipal, Estadal o Nacional, así como de cualquier órgano que ejerza el Poder Público Nacional, respecto de las obligaciones o deberes establecidos directamente por la Constitución; resolver las colisiones de leyes; dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre los órganos del Poder Público; el control previo del carácter orgánico de las leyes; el conocimiento de las infracciones a derechos y garantías constitucionales a través de la acción de amparo constitucional y de las acciones tendientes a la protección de derechos e intereses difusos y colectivos, entre otros asuntos.

Asimismo, esta Sala ha sostenido que en determinados casos puede reservarse su conocimiento con carácter de exclusividad, siempre y cuando se verifiquen “ciertos desórdenes procesales que ameriten su control por la presunta vulneración de principios jurídicos fundamentales; es decir, la competencia de la Sala establecida en la referida disposición -artículo 5.4 eiusdem-, viene determinada en virtud de la situación de relevancia nacional que afecte de una manera grave al colectivo, y a la Sala le conviene regular en virtud de uniformar un criterio jurisprudencial, en aras de salvaguardar la supremacía del interés general” (vid. sentencia N° 750/2006, caso: Representaciones Renaint C.A.).

Ahora bien, en el presente caso se solicitó el avocamiento de esta Sala para que conozca de una causa llevada ante el Juzgado de Juicio del Sistema de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, que se encuentra actualmente conociendo en primera instancia del proceso penal incoado contra un adolescente, por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional, a título de dolo eventual, previsto en el artículo 405 del Código Penal, en perjuicio del de cujus Daniel Enrique Roa Chacón, y lesiones leves intencionales, a título de dolo eventual, tipificado en el artículo 416 eiusdem, en perjuicio del ciudadano Yohel Hernán Angulo Pastrán.

En efecto, la Sala observa que en el caso bajo estudio  la solicitud de avocamiento se circunscribe a una serie de presuntas “arbitrariedades” que alega el abogado solicitante ocurrieron durante las fases de investigación e intermedia, en el proceso penal incoado contra un adolescente, y que conoce actualmente el Juzgado de Juicio de Sistema de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. De manera que, la Sala precisa que el avocamiento solicitado se refiere a un proceso penal que no involucra competencias atribuidas a esta Sala de forma exclusiva, ni se encuentran involucrados intereses colectivos o difusos.

Así las cosas, la Sala advierte que no están llenos los extremos exigidos para que esta Sala Constitucional ejerza su facultad de avocamiento respecto del caso sub judice, toda vez que, al tratarse de una causa penal de la que se pretende el avocamiento, tal potestad queda circunscrita al ámbito penal y, por ende, a la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, la cual, en todo caso, le corresponderá analizar si procede o no la presente solicitud de avocamiento. Así se declara.

Como consecuencia de la anterior declaratoria, esta Sala Constitucional se declara incompetente para conocer de la solicitud de avocamiento planteada y declina el conocimiento de la misma en la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, a la cual se ordena remitir las presentes actuaciones. Así finalmente se declara.

III

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la solicitud de avocamiento presentada  por el abogado Miguel Ángel Flores Meneses, en su condición de defensor privado de un adolescente, cuya identidad se omite conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, del proceso penal que se le sigue al prenombrado ciudadano ante el Juzgado de Juicio del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional y lesiones leves intencionales. En consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer del presente avocamiento en la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal y notifíquese al abogado accionante de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 02  días del mes de diciembre de dos mil nueve (2009). Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

La Presidenta,

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

 Vicepresidente,            

 

Francisco A. Carrasquero López

Los Magistrados,

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                         Ponente

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp.- 09-1076

 CZdM/A5

 

 

 

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