Sentencia N.º 168
- Sentencia
- N.º 168
- Fecha
- 13/02/2001
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 00-2572
- Ponente
- José M. Delgado Ocando
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: JOSÉ M. DELGADO OCANDO
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante memorándum de fecha 7 de septiembre de 2000, remitió a esta Sala Constitucional el expediente contentivo de la solicitud de amparo constitucional, interpuesta el día 4 de agosto del mismo año, por el abogado José Aníbal Rodríguez Motolongo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 14.002, en su carácter de defensor del ciudadano BROSMAN ALEXANDER MUJICA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nº 13.625.343, contra la boleta de encarcelación, signada con el nº 1, de fecha 4 de enero de 1999, emanada del extinto Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Ello, a propósito de la consulta que mediante oficio nº 416 en fecha 28 de agosto del año 2000, ordenara la Sala nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
La pretensión de tutela constitucional fue interpuesta en razón de que el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 4 de enero de 1999, libró boleta de encarcelación al prenombrado ciudadano, ejecutada el 1º de agosto de 2000; en el juicio que se le sigue por la presunta comisión del delito de lesiones personales menos graves, tipificado en el artículo 415 del Código Penal, no obstante estar prescrita la acción penal correspondiente.
Tal pronunciamiento, en concepto del accionante, vulneró sus derechos constitucionales a la libertad y seguridad personales, a la defensa, a la presunción de inocencia y la garantía al debido proceso, consagrados en los artículos 44 y 49.1.2, ambos de la Constitución vigente, así como la violación del artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal.
El día 7 de septiembre del año 2000, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al magistrado JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Los hechos relevantes en que se sustenta la solicitud efectuada, son en síntesis, los siguientes:
-I-
ANTECEDENTES
El día 4 de agosto de 2000, el Juzgado de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, recibió la solicitud de amparo constitucional interpuesta por el defensor del ciudadano Brosman Alexander Mujica. En la misma fecha, se declaró incompetente en razón de la materia y ordenó la remisión de las actuaciones a un Juzgado de Juicio del referido Circuito Judicial Penal.
A su vez, el 8 de agosto de 2000, el Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, se declaró igualmente incompetente en razón de la materia, bajo el argumento de que la acción de amparo constitucional fue dirigida contra una decisión judicial y, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la competencia correspondía a una Corte de Apelaciones. En consecuencia, remitió el expediente de la causa, vía distribución, a la referida instancia Superior.
El 10 de agosto de 2000, la Sala nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, recibió, proveniente del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en función de Juicio del mismo Circuito Judicial, la acción de amparo constitucional con sus respectivos recaudos, se dio cuenta al Juez Presidente del referido Circuito y se designó Ponente.
En la misma fecha, se admitió la solicitud. Se ordenó y fue librado oficio al accionado, Juzgado Primero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, solicitándole el informe respectivo, con indicación de acompañar al mismo, copia certificada de la orden de detención dictada en contra del imputado Brosman Alexander Mujica, en la causa nº 15601, nomenclatura de ese juzgado. Se ordenó asimismo, notificar al Ministerio Público, a fin de que se designara un Fiscal para su intervención en la causa.
En fecha 14 de agosto de 2000, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio, accionado, presentó tanto el informe respectivo, en el cual se dio respuesta a los particulares del caso, como la copia certificada de la orden de detención que le fuera requerida. En esa misma fecha se acordó agregar dichas actuaciones al expediente respectivo.
El mismo 14 de agosto de 2000, la Sala nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, acordó fijar para el día 17 de ese mes y año, la audiencia oral y pública. Se ordenaron las respectivas boletas de notificación.
En fecha 17 de agosto de 2000, a las 10:40 a.m., siendo el día y la hora fijados para celebrar la audiencia constitucional, la misma se llevó a cabo, habiéndose hecho presentes el accionante, la juez presuntamente agraviante y el Ministerio Público. Cada uno expuso sus alegatos en forma oral. El Juez en conocimiento informó a las partes que la Corte se retiraría a deliberar por espacio de una hora aproximadamente. Reanudada la audiencia y verificada la presencia de las partes, el Juez ponente de la Corte de Apelaciones, previas las consideraciones del caso, declaró con lugar la acción de amparo ejercida por el defensor del ciudadano Brosman Alexander Mujica. Advirtió, asimismo, que el texto íntegro de la sentencia sería publicado en la oportunidad legal respectiva y se harían las notificaciones del caso.
El 18 de agosto de 2000, siendo la oportunidad para la publicación de la decisión, la Sala nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, procedió a tal efecto. El texto del fallo expresa, en síntesis, lo que sigue:
[...] constata esta Sala, que durante el desarrollo del presente procedimiento, ha quedado demostrado de acuerdo a los recaudos que cursan en el mismo, así como los alegatos de las partes: Representante Judicial del Quejoso, Ente Agraviante y Representante del Ministerio Público, que efectivamente el auto de detención fue decretado al ciudadano BROSMAN ALEXANDER MUJICA, en el transcurso del año de 1.994, por el presunto delito de LESIONES PERSONALES MENOS GRAVES, previstas (sic) en el artículo 415 del Código Penal[...].
Continúa la Corte de Apelaciones y refiere con respecto al auto de detención que:
[...] cuando fue remitida la causa 15.601, en reiteradas oportunidades a la Fiscalía Primera del Ministerio Público, no se encontraba firme dicho pronunciamiento[...].
Con relación al imputado, agregó
[...] que el ciudadano en referencia se encuentra en la Penitenciaría de Tocuyito, privado de su libertad desde el primero de agosto del año en curso, encontrándose prescrita la acción penal del delito que se le imputa en la causa Nº 15.601, como lo es el de LESIONES PERSONALES MENOS GRAVES, considerando en consecuencia esta Sala que el Juez ha debido actuar diligentemente acatando las previsiones del artículo 507, ordinal segundo del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de no limitar al imputado para que ejerciera su recurso de apelación o bien que solicitase alguna medida sustitutiva de privación de libertad. En base al análisis efectuado, considera esta Sala Nº 1 que al ciudadano BROSMAN ALEXANDER Mujica, se le han violado derechos constitucionales, previstos en el artículo 49 de la Constitución Nacional de la República de Venezuela, el cual guarda relación con el debido proceso [...].
Transcurrido el lapso para que las partes hicieran uso del recurso de apelación, la aludida Corte de Apelaciones, mediante oficio nº 416 de fecha 28 de agosto de 2000, remitió la causa a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien a su vez, mediante memorándum de fecha 7 de septiembre del mismo año, remitió las presentes actuaciones a esta Sala Constitucional, a los fines de proveer sobre la consulta ordenada, a tenor de lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
-II-
ALEGATOS DEL ACCIONANTE
La pretensión de tutela constitucional fue interpuesta por el defensor del ciudadano Brosman Alexander Mujica, por la presunta violación de sus derechos a la libertad y seguridad personales, a la defensa, a la presunción de inocencia y la garantía al debido proceso, consagrados en los artículos 44 y 49.1.2, ambos de la Constitución vigente, así como la violación del artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal. Tal pedimento contiene las siguientes consideraciones:
1.- Que [...] en el año 1994 mi defendido, presuntamente cometió el delito de lesiones personales menos graves, previsto y sancionado en el artículo 415 del Código Penal, el cual establece una sanción de tres a doce meses de prisión, lo que arroja un término medio de 7 meses y quince días [...].
2.- Refiere que [...] el Juzgado que conoció de dicha causa, fue el Juzgado del Municipio Diego Ibarra del Estado Carabobo, quien remitió las actuaciones al hoy extinto Juzgado Primero Penal de esta Circunscripción Judicial al cual se le asignó el Nro. 15.601 en dicho Tribunal, actualmente Primero de Transición. En el año de 1999, se le dictó auto de detención a mi defendido, estando prescrita la acción penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 108, ordinal 5º del Código Penal y, con violación expresa del artículo 44, ordinal 8º del Código Orgánico Procesal Penal [...].
3.- Agrega que [...] dicho Tribunal violó el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece: Cuando el delito materia del proceso, merezca una pena privativa de libertad menor de cinco años en su límite máximo, y el imputado carezca de antecedentes penales, sólo procederán medidas cautelares sustitutivas [...].
4.- Que [...] el ciudadano Juez sin notificar del auto de detención al imputado, remitió el expediente al ciudadano Fiscal Superior del Ministerio Público del Estado Carabobo, quien a su vez lo remitió al ciudadano Fiscal Primero de esta Circunscripción Judicial. Mi defendido está privado de su libertad en el Centro Penitenciario Carabobo [...].
5.- Denuncia, con apoyo en el artículo 27 de la Constitución vigente, la violación [...] del debido proceso y del derecho a la defensa, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, el auto de detención es ilegal e inconstitucional por cuanto viola el ordinal 2º (sic) del artículo 49 de la Constitución, el cual establece: Toda persona se presume inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Igualmente es violatorio al derecho constitucional de la libertad personal, previsto en el artículo 44 de la Constitución [...].
6.-En razón de los anterior, solicitó [...] que la presente acción de amparo sea declarada con lugar y se ordene la inmediata libertad del imputado BROSMAN ALEXANDER MUJICA [...].
-III-
DE LA COMPETENCIA
Siendo la competencia el primer aspecto a dilucidarse de un asunto sometido a la consideración de este Alto Tribunal, se observa que la presente solicitud de amparo fue decidida por la Sala nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo. Dicha acción se interpuso contra la actuación del Juzgado Primero Primera Instancia en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio referido Circuito Judicial, por cuanto decretó la detención judicial preventiva en contra del ciudadano Brosman Alexander Mujica, por la presunta comisión del delito de lesiones personales menos graves, tipificado en el artículo 415 del Código Penal, no obstante, estar prescrita la acción penal correspondiente. Por tanto, la Sala considera que, aunque se denuncie como derecho lesionado, la libertad y seguridad personales, entre otros, al tratarse de un amparo contra una resolución judicial, debe analizarse bajo la óptica del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en concordancia con los artículos 38, 39 y 40, contenidos en el Título V de la mencionada Ley Orgánica, que regula los amparos contra la presunta violación de dicho derecho constitucional.
La Corte de Apelaciones declaró con lugar dicha solicitud y, no habiendo sido apelada, procedió a remitirla a este Supremo Tribunal, a los fines de la consulta legal, como tribunal superior respectivo, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En tal sentido, en la sentencia del 20 de enero de 2000, (caso: Emery Mata Millán vs. El Ministro y el Vice-Ministro del Interior y Justicia), se señaló que corresponde a esta Sala Constitucional, conocer de todas las apelaciones y consultas de las sentencias dictadas por los tribunales superiores de la República -que en materia penal son denominados Cortes de Apelaciones-, cuando éstos conozcan de la acción de amparo en primera instancia, criterio que por su reiteración ha pasado a constituir jurisprudencia de este Tribunal Supremo (Resaltado de la Sala).
Por todo lo antes dicho, esta Sala Constitucional se declara competente para conocer de la presente apelación. Así se declara.
-IV-
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
En el caso sub exámine, constata la Sala que, durante el desarrollo del proceso en primera instancia, quedó demostrado, de acuerdo a los recaudos que cursan en el mismo, así como de los alegatos dados por las partes, a saber, representante judicial del quejoso, Juzgado supuestamente agraviante y Representante del Ministerio Público, que efectivamente fue decretado en el transcurso del año 1994, el auto de detención aquí recurrido- al ciudadano Brosman Alexander Mujica, por la presunta comisión del delito de lesiones personales menos graves, tipificado en el artículo 415 del Código Penal.
Asimismo se desprende de la información suministrada con oficio nº 6943-A de fecha 16 de agosto de 2000, emanado del Juzgado Primero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, que el expediente nº 15.601 fue recibido por el extinto Juzgado Primero Penal en fecha 2 de junio de 1995, según los Libros de entrada y salida de causas. Dicho Juzgado le revocó el beneficio de sometimiento a juicio al prenombrado imputado en fecha 4 de enero de 1999, con lo cual libró la correspondiente boleta de encarcelación y remitió la misma a la Brigada de Captura del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Delegación del Estado Carabobo.
Posteriormente, en fecha 1º de agosto de 2000, dicho cuerpo policial participó al Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio, la efectiva detención del ciudadano Brosman Alexander Mujica y su reclusión en el Internado Judicial de Carabobo con sede en Tocuyito, Estado Carabobo, razón por la cual el antes mencionado tribunal, en fecha 2 de agosto de 2000, ofició al Ministerio Público, a los fines de solicitar el envío de la causa nº 15.601.
Resulta necesario, llegado a este punto, referirnos a la llamada prescripción judicial o extraordinaria de la acción penal, la cual opera de pleno derecho una vez iniciado un juicio penal. En tal sentido, el artículo 110 del Código Penal, dispone lo siguiente:
Artículo 110. [omissis]...
[...] pero si el juicio, sin culpa del reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal.
Por su parte, el artículo 108 eiusdem, en su ordinal 5º, preceptúa:
Artículo 108. Salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así:
[omissis]
5º. Por tres años, si el delito mereciere pena de prisión de tres años o menos [...].
Ahora bien, el delito de lesiones personales menos graves, tipificado en el artículo 415 del Código Penal, por el cual se le dictó auto de detención al ciudadano Brosman Alexander Mujica, tiene asignada una pena de tres (3) a doce (12) meses de prisión. Por tanto, la acción penal para ese delito prescribe ordinariamente a los tres (3) años, contados a partir de su comisión y, extraordinariamente, a los cuatro (4) años y seis (6) meses, una vez que hubiere comenzado el juicio.
Resulta claro para la Sala, entonces, que la causa penal que motivó a la defensa del imputado, hoy accionante, a interponer su acción de amparo constitucional, comenzó en el año 1994, con ocasión del auto de detención dictado a propósito de la comisión del delito antes mencionado. Que el auto de detención dictado, recobró sus efectos a consecuencia de la revocatoria del beneficio de sometimiento a juicio al imputado de autos, encontrándose prescrita extraordinariamente la acción penal correspondiente, al haber transcurrido holgadamente, más de cuatro (4) años y seis (6) meses, entre el año 1994, en el cual se dictó la detención preventiva, convertida en sometimiento a juicio, y el año 2000, en el cual se practicó la detención del imputado de autos; tal como se evidencia de las normas sustantivas supra transcritas. Acota la Sala que el ciudadano Brosman Alexander Mujica fue detenido el 1º de agosto de 2000 y recluido en el Internado Judicial de Carabobo con sede en Tocuyito, Estado Carabobo, vulnerándose así los derechos constitucionales del imputado, referidos a la defensa, a la presunción de inocencia y a la libertad y seguridad personales, consagrados en los artículos 44 y 49.1.2 de la Constitución vigente.
Considera esta Sala oportuno destacar que la prescripción de la acción penal puede plantearse en el momento inicial del proceso o surgir durante el juicio. En ambos casos, la institución dado su carácter público, obra de pleno derecho y el juez debe reconocerla y declararla aun contra la voluntad del imputado o acusado, en razón de que no ha sido establecida en el interés de las partes, sino en interés de la propia sociedad. Por ello, su declaratoria conlleva, necesariamente, la impunibilidad del encausado, aunque se hubiese comprobado la existencia del hecho punible y se hubiese determinado la responsabilidad penal del agente del delito.
Uno de los caracteres fundamentales de la acción de amparo es ser un medio procesal judicial restablecedor, tendente a restituir la situación jurídica infringida, esto es, a colocar de nuevo al solicitante en el goce de los derechos constitucionales que le han sido menoscabados. Igualmente ha sostenido la Sala que la indefensión o derecho a la defensa ocurre cuando en un determinado iter procesal, en este caso un proceso penal, hay una omisión o una negativa de alguno de los medios legales con que puedan hacerse valer los derechos de las partes que en él intervienen, es decir, porque no se haya podido ejercer algún recurso procesal, como resultado de una determinación o conducta del Juez que lo niegue o limite indebidamente.
Tal es el caso de autos, donde el órgano jurisdiccional penal, Juzgado Primero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, ordenó la detención del ciudadano Brosman Alexander Mujica, por la comisión del delito de lesiones personales menos graves, tipificado en el artículo 415 del Código Penal, encontrándose prescrita, en forma notoria, la acción penal correspondiente para perseguirlo. Esta circunstancia revela la falta de potestad de dicho juzgado para ello, lo cual derivó del transcurso del tiempo, con lo que se extralimitó en el ejercicio de sus funciones legales, configurándose así la pretendida violación a los derechos y garantías constitucionales alegados por el accionante.
En consecuencia, la Sala congruente con el fallo dictado por el a quo, debe confirmar la sentencia dictada por la Sala nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, mediante la cual, en fecha 18 de agosto de 2000, declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la defensa del ciudadano Brosman Alexander Mujica, por la violación los derechos constitucionales a la defensa, a la presunción de inocencia y a la libertad y seguridad personales, consagrados en los artículos 44 y 49.1.2 de la Constitución vigente. Así se declara.
-V-
ADVERTENCIA A LA INSTANCIA
Llegado a este punto y con el ánimo de unificar criterios en cuanto a la actuación de los jueces que conocen y deciden las causa penales, la Sala considera oportuno, ponderadas las circunstancias bajo las cuales fue detenido injustamente el ciudadano Brosman Alexander Mujica, advertir la obligación judicial de asegurar la integridad de las normas contenidas en la Constitución vigente que, en su artículo 334, le atribuye a todos los jueces, en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de asegurar la integridad de las normas fundamentales en cualquier proceso o causa que conozcan. Con ello, se evitarían detenciones preventivas, atentatorias contra el derecho a la libertad y seguridad personales, así como su prolongación injusta, ya que tal derecho está garantizado en la Carta Magna.
En consecuencia, se insta a los jueces de Primera Instancia en lo Penal en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, llamados por ley a decretar la privación judicial preventiva de libertad, para que en futuras oportunidades se abstengan de decretar detenciones judiciales preventivas, si previo a ello no han analizado cuidadosamente las normas sustantivas y adjetivas, referidas a la prescripción de la acción penal, institución de orden público, cuya consideración, análisis y posterior declaratoria, priva sobre cualquier otro pronunciamiento procesal. Así se advierte.
-VI-
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, la decisión dictada en fecha 18 de agosto de 2000, por la Sala nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional, interpuesta por el defensor del ciudadano Brosman Alexander Mujica, contra la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en fecha 1º de agosto de 2000, que ordenó la detención judicial preventiva al prenombrado ciudadano, por la presunta comisión del delito de lesiones personales menos graves, tipificado en el artículo 415 del Código Penal, no obstante, estar prescrita la acción penal correspondiente. En consecuencia, queda en estos términos resuelta la consulta ordenada.
Remítase el expediente a la aludida Corte de Apelaciones, instancia que deberá remitir copia certificada de la presente decisión al Juzgado Primero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.
Así mismo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordena remitir copia del presente fallo a la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial y a la Inspectoría de Tribunales con el objeto de que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar. Ofíciese lo conducente.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 13 días del mes de FEBRERO del año dos mil uno. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA JOSÉ M. DELGADO OCANDO
Ponente
PEDRO RONDÓN HAAZ
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
JMDO/ns.
Exp. Nº 00-2572
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