Sentencia N.º 1689
Sentencia N.º 1689
- Sentencia
- N.º 1689
- Fecha
- 10/12/2009
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 09-1104
- Ponente
- Arcadio Delgado Rosales
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales
Expediente N° 20091104
El 23 de septiembre de 2009, se recibió en esta Sala el Oficio N° CA-826-2009 del 18 de septiembre de 2009, remitido por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, anexo al expediente contentivo de la pretensión de amparo constitucional interpuesta el 4 de septiembre de 2009 por el abogado César Enrique Mavo Yagua, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 33.138, actuando con el carácter de defensor privado del ciudadano LEONARDO RENÉ ARIAS LUGO, titular de la cédula de identidad N° 18.700.625, en su condición de imputado en el procedimiento penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de simulación de secuestro en grado de cooperador inmediato, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, contra la decisión dictada el 31 de agosto de 2009 por el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, que declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto contra el acto vertida (sic) en el acta de AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN PARA OÍR AL IMPUTADO, celebrada en fecha OCHO (8) DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2.999 (sic) por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.
Dicha acción fue ejercida de conformidad con lo establecido en el cardinal 5 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la presunta violación del derecho al debido proceso en la cual incurrió la sentencia accionada al no advertir la presunta omisión del Tribunal de Control aludido de imponer a la víctima, ciudadano Irene Salvador Arias Petit en su condición de padre del imputado, del contenido del precepto constitucional señalado relativo al derecho de negarse a declarar contra su hijo en la audiencia de presentación celebrada el 8 de agosto de 2009.
Dicha remisión se realizó en virtud de la apelación interpuesta el 17 de septiembre de 2009 por la defensa del accionante y por el ciudadano Irene Salvador Arias Petit, titular de la cédula de identidad N° 7.528.945, actuando en su nombre y en su condición de tercero interesado como padre del imputado, contra la sentencia dictada el 10 de ese mes y año por la Corte de Apelaciones remitente que declaró inadmisible in limine litis la pretensión de amparo propuesta, que fue notificada el 14 del mismo mes y año.
El 2 de octubre de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS
DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO
De la lectura del escrito contentivo de la acción de amparo y de los documentos acompañados a ésta, se desprenden fundamentalmente los siguientes hechos y argumentos alegados por el defensor privado del accionante:
El 8 de agosto de 2009, se celebró la audiencia de presentación del ahora accionante y de otros imputados ante el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, el cual decretó medida de privación judicial preventiva de libertad contra el primero, por estimar que existen elementos de convicción sobre su autoría o participación en la comisión del delito de simulación de secuestro en grado de cooperador inmediato, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión en perjuicio del Estado venezolano y del ciudadano Irene Salvador Arias Petit, padre del imputado; también decretó la libertad para los otros imputados y acordó el procedimiento ordinario para tramitar la causa.
El 13 de agosto de 2009, el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón publicó el extenso de la sentencia contentiva de la decisión pronunciada en la audiencia de presentación de los imputados.
El 22 de agosto de 2009, la defensa del imputado solicitó la nulidad del acto vertida (sic) en el acta de audiencia de presentación para oír al imputado celebrada el 8 de agosto de 2009, alegando injuria constitucional al haberle cedido la palabra al padre del imputado sin haberle informado sobre el derecho a negarse a declarar contra su hijo y también por no haber existido flagrancia, por lo que solicitó la libertad plena de su representado. Dicha solicitud fue ratificada el 24 del mismo mes y año.
El 25 de agosto de 2009, el ciudadano Irene Salvador Arias Petit, actuando como padre del imputado se adhirió a la solicitud de nulidad formulada por la defensa de su hijo.
El 31 de agosto de 2009, el Tribunal de Control aludido declaró sin lugar la solicitud de nulidad formulada por el imputado, hoy accionante, por no existir violación a derecho o garantía alguna y acordó mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad.
Contra esa decisión, ejerció acción de amparo la defensa del imputado, hoy accionante, denunciando que en la audiencia de presentación de su defendido el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón oyó la declaración del ciudadano Irene Salvador Arias Petit, en su condición de padre del imputado, sin que se le hiciere la acotación de que tenía el derecho a negarse a declarar en contra de su hijo, por disposición expresa del cardinal 5 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Alegó que los hechos referidos por el padre del imputado en la declaración que hiciera ante el Tribunal de Control afectaron directamente a su representado, pues le imputó la comisión de un hecho punible, lo que en su criterio se hubiese evitado si le hubieran informado del derecho a negarse a declarar contra su hijo, en razón de lo cual denunció que se lesionó el derecho al debido proceso en la causa penal seguida contra su defendido.
Arguyó que la decisión accionada que declaró sin lugar la nulidad solicitada es ilógica, contradictoria y, además, carece de motivación, ya que se basó en el falso supuesto de que dicha solicitud no tenía fundamento legal cuando, por el contrario, en el escrito invocó la normativa procesal penal que rige las nulidades.
Señaló que su defendido fue aprehendido en flagrancia aun cuando en el auto del 13 de agosto de 2009, que acordó la privación de libertad, se declaró sin lugar la solicitud de flagrancia formulada por el Ministerio Público y se acordó que la causa se siguiera mediante el procedimiento ordinario, por estimar que los imputados, entre ellos el accionante, no fueron sorprendidos en flagrancia y se les lesionó su derecho al debido proceso.
Arguyó que su defendido fue detenido en un inmueble allanado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, sin orden judicial alguna, lo que lesionó sus derechos constitucionales, específicamente los previstos en el artículo 47 de la Constitución, ya que el imputado no se encontraba cometiendo delito alguno que permitiera la aplicación del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal o la excepción contenida en el artículo 210 eiusdem.
Finalmente, la parte accionante solicitó se restablezca la situación jurídica infringida, se declare la nulidad del procedimiento policial, de la audiencia de presentación de su defendido, de la decisión pronunciada en audiencia el 8 de agosto de 2009, que decretó la medida de privación judicial preventiva de libertad en perjuicio de su defendido, y de la consecuente sentencia publicada el 13 de agosto de 2009, por lo que solicitó que se ordenara la libertad plena del mismo.
Anexó la copia certificada de la sentencia accionada, del acta de nombramiento y juramentación del defensor privado y de otros documentos relacionados con la causa.
II DE LA COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala pronunciarse sobre la competencia para conocer de la presente apelación y al respecto observa que, en virtud de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y de lo dispuesto en la sentencia Nº 1 del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán, le corresponde conocer las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de la República -salvo los Tribunales Superiores contencioso administrativos-, las Cortes de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, en tanto su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal, cuando ellos conozcan la pretensión de amparo en primera instancia.
En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala las apelaciones interpuestas el 17 de septiembre de 2009, por la defensa del accionante y por el tercero interviniente contra la sentencia dictada el 10 de septiembre de 2009 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón que, conociendo en primera instancia constitucional, dictó sentencia mediante la cual declaró inadmisible in limine litis la pretensión de amparo interpuesta contra la sentencia dictada el 31 de agosto de 2009 por el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón; motivo por el cual, esta Sala, congruente con el fallo mencionado supra, se declara competente para decidir la presente apelación; y así se decide.
III
DE LA SENTENCIA APELADA
El 10 de septiembre de 2009 la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón dictó sentencia -notificada el 14 del mismo mes y año- mediante la cual declaró inadmisible in limine litis la pretensión de amparo propuesta por estimar, entre otras consideraciones, lo siguiente:
La Sala evidencia que el abogado defensor del imputado Leonardo Arias Lugo, reclama a través de la presente acción de amparo la presunta afectación de los derechos de la víctima identificada como Irene Salvador Petit, ya que, como se señaló ut supra, sostiene que en la audiencia de presentación para oír a su defendido a éste la víctima- no se le impuso del contenido del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Sin embargo a todo ello, no se evidencia en el relato de la presunta violación que reseña en su demanda, la reclamación de derechos o garantías establecidas a favor de su patrocinado, de quien posee, sin lugar a dudas, la cualidad y legitimidad suficiente para actuar en amparo, más (sic) no así posee la legitimidad para actuar en nombre y representación de los derechos de la víctima, ergo, no consignó ningún instrumento legal que sea idóneo, como por ejemplo sería un poder especial para actuar a (sic) favor de los derechos del ciudadano Irene Salvador Arias Petit, quien supuestamente es el único afectado por la omisión en la que presuntamente incurrió el Tribunal denunciado como agraviante, es decir, la situación denunciada por el quejoso no le es propia o lo que es igual decir, no le corresponde y por el simple hecho de que él como demandante y representante judicial del imputado (sobre quien no alega violación constitucional en su perjuicio) tengan un simple interés en que la acción constitucional sea procedente, no les brinda o proporciona la condición de legitimidad para actuar en nombre del ciudadano Irene Salvador Arias, quien funge como víctima en el asunto principal que por el delito de Secuestro Simulado en grado de Cooperador Inmediato, se le sigue al ciudadano Leonardo Arias Lugo, no verificándose que en el presente caso, se denuncie (sic) derechos relativos a la libertad y seguridad personal habeas corpus- en cuyo caso cualquier persona tiene la legitimidad para interponer la acción constitucional.
De modo que al reclamar el accionante una violación o situación constitucional perjudicial que no le es propia sino ajena y no poseer o consignar poder eficaz y suficiente emanado del ciudadano Irene Salvador Arias Petit, tal situación la reputa la Sala como falta de legitimidad activa para intentar el ejercicio de la acción constitucional presentada por el abogado Cesar Mavo, quien actúa en nombre y representación del ciudadano Leonardo Arias Lugo, y no así en nombre de la víctima, razón suficiente para declarar de oficio, inadmisible in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta sobre este primer motivo de denuncia o reclamación.
Omissis
En otro orden de ideas, el accionante en amparo, denunció como segundo y tercer motivo de su demanda la violación del debido proceso en razón de que el Tribunal denunciado como agraviante en la audiencia oral para oír al imputado y la determinación judicial publicada in extenso en fecha 13 de agosto de 2.009, señaló por una parte, que la detención del ciudadano Leonardo Arias Lugo, no se produjo en estado de flagrancia conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, pero que sin embargo, en dicha decisión judicial le decretó la privación judicial preventiva de libertad, lo cual calificó, en su opinión, como una usurpación de funciones por parte de la Juzgadora ya que no le era dable analizar el contenido del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y tampoco se estaba bajo el supuesto del séptimo aparte del proferido artículo, toda vez que el Ministerio Público no lo pidió así en la audiencia oral para oír al imputado.
Por otra parte, denunció (tercer punto), que la detención policial del ciudadano Leonardo René Arias Lugo, se produjo en un inmueble (
) allanado por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, sin orden judicial alguna, violando el contenido del artículo 47 de la norma Constitucional (sic), ya que, su patrocinado no se encontraba cometiendo delito alguno que permitiera la aplicación del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal o la excepción contenida en el artículo 210 eiusdem.
Al respecto observa esta Instancia Superior actuando en sede Constitucional que el quejoso en relación a estos dos puntos anteriormente señalados, no justifica de forma alguna por qué optó a la vía extraordinaria de amparo sin agotar previamente los recursos ordinarios que al efecto le brinda y pone a su disposición el Código Orgánico Procesal Penal, como sería el recurso de apelación, que es una vía lo suficientemente expedita y rápida para reparar la situación alegada por el accionante, si en efecto sucedió así como lo relata en su demanda, ello considerando que el recurso de apelación además de ser la vía idónea para atacar los puntos referidos e igualmente expedita considerando que los lapsos se comprimen cuando se trata de una privación judicial de libertad o de la imposición de una medida cautelar sustitutiva de libertad, ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 450, tercer aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, sin que le valga como excusa el receso judicial decretado por el más Alto Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, ya que los Tribunales de Control se encuentran laborando bajo el sistema de guardia para atender todos los casos que se encuentren en fase preparatoria, como lo está el asunto principal del cual deriva la presente acción de amparo constitucional, e igualmente los Circuitos se encuentran organizados de modo tal que las Cortes de Apelaciones garanticen la resolución de los recursos ordinarios y extraordinarios que se interpongan durante el lapso del receso judicial, verbigracia es la atención y resolución de la presente demanda en garantía del principio constitucional de la Tutela Judicial Efectiva, prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De manera que, estima esta Sala que el quejoso tiene abierta la vía ordinaria como mecanismo lo suficientemente eficaz para obtener la protección de sus derechos que presuntamente le han sido vulnerados y por lo tanto no debió despreciar tal posibilidad o medio que la ley le otorga, por lo tanto no debió acudir directamente a la vía de amparo que es de carácter extraordinario y residual y opera sólo cuando las demás vías hayan sido agotadas o no sean lo suficientemente efectivas o eficaz (sic) para reparar la lesión presuntamente cometida por el infractor denunciado.
Como sustento y anclaje de estas consideraciones debemos citar lo dispuesto en el artículo 6 ordinal 5º (sic) de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que establece que:
No se admitirá la acción de amparo: (
) 5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes
.
Omissis
Finalmente, y en relación al argumento aducido por el accionante en relación a que el Tribunal Tercero de Control de Punto Fijo, en la audiencia oral para oír al imputado Leonardo Arias Lugo, celebrada el 8 de agosto de 2.009, usurpó funciones al decretarle la privación judicial preventiva de libertad a tenor del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, no comparte la Sala tal opinión, ya que, contrariamente a lo afirmado por el demandante, es deber del Tribunal de Control analizar todos los presupuestos establecidos en dicha norma para poder dictar la medida de coerción personal de privación judicial preventiva de libertad.
Así las cosas, es forzoso concluir que la acción de amparo constitucional resulta inadmisible in limine litis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 ordinal 5º (sic) de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la jurisprudencia reiterada, pacífica y coherente del máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, en relación al segundo y tercer punto denunciado en la demanda de amparo interpuesta. Y así se decide.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinada la competencia y luego del análisis de autos, esta Sala pasa a pronunciarse sobre la apelación interpuesta contra la sentencia dictada el 10 de septiembre de 2009 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, que declaró inadmisible in limine litis la pretensión de amparo interpuesta contra la sentencia dictada el 31 de agosto de 2009 por el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, que declaró sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta por la defensa del imputado, hoy accionante, contra la omisión de ese mismo Tribunal de imponer a la víctima, en su condición de padre del imputado, el derecho constitucional previsto en el cardinal 5 del artículo 49 del Texto Fundamental, relativo a la posibilidad de negarse a declarar en contra de su hijo, por tratarse de un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, durante la audiencia de presentación del imputado y con antelación a ser oído, lo cual, en criterio del defensor del accionante, lesionó el derecho al debido proceso de su defendido, pues tal omisión vició de nulidad la declaración de la víctima y aun así fue valorada en perjuicio de su defendido. Asimismo, denunció que fue aprehendido en una vivienda que fue allanada sin una orden judicial.
Al respecto, observa esta Sala que el fallo apelado declaró inadmisible in limine litis la pretensión de amparo propuesta, con fundamento en que el defensor del accionante no poseía legitimación para actuar en defensa de los derechos de la víctima, por no haber consignado instrumento legal alguno que le facultara para actuar en nombre del ciudadano Irene Salvador Arias Petit, y además en que disponía del recurso de apelación para atacar y denunciar los presuntos vicios cometidos en la aprehensión de su representado y para impugnar la decisión mediante la cual posteriormente fue privado de la libertad.
Asimismo, observa esta Alzada constitucional que, en el caso de autos, la parte accionante apeló tempestivamente del fallo de primera instancia, en cuya oportunidad denunció que el a quo constitucional no consideró el orden público alegado, puesto que la víctima al adherirse a la solicitud de nulidad declarada sin lugar por la sentencia accionada pasa a ser un tercero interesado en el presente amparo, por lo que debió admitirse y ordenarse su notificación para ser impuesta del precepto constitucional que consagra su derecho a negarse a declarar en contra de su hijo.
De igual forma observa la Sala que la víctima, ciudadano Irene Salvador Arias Petit, de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 26, 19, 2 y 257 de la Carta Magna y cardinales 3 y 4 del Código de Procedimiento Civil por expresa remisión de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ejerció recurso de apelación de forma tempestiva contra la sentencia dictada por el a quo constitucional el 9 de ese mes y año, alegando que, habiéndose adherido a la solicitud de nulidad interpuesta contra la decisión del referido Tribunal de Control por la omisión en la que incurrió durante la audiencia de presentación celebrada el 8 de agosto de 2009, de informarle, antes de cederle la palabra, el derecho que le asistía de negarse a declarar contra su hijo, se lesionó su derecho constitucional previsto en el cardinal 5 del artículo 49 de la Constitución, pues dicho tribunal debió considerar su pretensión por el interés que manifestó en la protección de su derecho y declarar la nulidad de su declaración por encontrarse viciada, por lo cual solicitó a esta alzada constitucional que decidiera conforme a derecho su pretensión de apelación, en tanto que no ha sido restituida la situación jurídica lesionada.
Como punto previo la Sala aprecia que el ciudadano Irene Salvador Arias Petit, como titular de un derecho constitucional presuntamente lesionado, tiene interés en la resolución del presente amparo, lo que le otorga legitimación para interponer el recurso de apelación, aun sin asistencia de abogado dada la naturaleza de este procedimiento, contra la sentencia de primera instancia que declaró inadmisible la pretensión de amparo interpuesta, en tanto que la presunta vulneración de su derecho aún persiste, pues la solicitud de nulidad de su declaración fue considerada sin lugar por el Tribunal presuntamente agraviante; razón por la cual sus alegatos serán considerados en esta instancia; y así se decide.
Ahora bien, resuelto lo anterior pasa esta Sala a analizar las pretensiones de apelación interpuestas contra la sentencia de la primera instancia constitucional y, al respecto, advierte que se fundamentan en que el juez constitucional no advirtió que el fallo accionado, al declarar sin lugar la solicitud de nulidad, consintió la omisión de imponer el precepto constitucional previsto en el cardinal 5 del artículo 49 de la Constitución, sobre el derecho de no confesar contra sí mismo o contra los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo cual lesionó la esfera de derechos del padre del imputado, a quien se le dio el derecho de palabra como víctima de la presunta comisión de un hecho punible por parte de su hijo, durante la audiencia de presentación celebrada el 8 de agosto de 2009, en la cual el Tribunal de Control decidió dictar medida privativa de libertad conforme a los elementos aportados en dicha audiencia, incluyendo la referida declaración.
En este sentido, se observa que la sentencia apelada declaró la inadmisibilidad de la pretensión de tutela constitucional por falta de legitimación del defensor privado del imputado para ejercer la defensa de los derechos del padre de éste, ante la ausencia de un poder que acreditara tal facultad.
Al respecto la Sala considera conveniente reiterar que, como señaló el a quo, la legitimación para interponer el amparo ciertamente la tiene el titular del derecho lesionado, quien puede actuar en su nombre hasta la audiencia oral, asistido o representado por abogado.
Sin embargo, en el caso de autos la Sala aprecia que el defensor accionó en amparo en representación y defensa no de los derechos del padre del imputado como señaló el a quo en la sentencia apelada, sino del derecho al debido proceso de su defendido presuntamente lesionado por el Tribunal de Control en la audiencia de presentación, al valorar la declaración del progenitor -rendida en presunta violación del derecho al debido proceso de éste por no haberle advertido su derecho a negarse a declarar contra su hijo- en conjunción con otros elementos, para decretar medida de privación judicial preventiva de libertad en su contra, por lo que la omisión denunciada como lesionadora del derecho al debido proceso del padre del imputado no es ajena al proceso en el cual a la declaración presuntamente viciada de nulidad se le dio plena validez causando un efecto directo respecto del imputado, por lo que esta Sala verifica la legitimación de defensor privado para interponer la pretensión de amparo y, en consecuencia, estima que en el caso de autos no opera la causal de inadmisibilidad por falta de legitimación declarada por el a quo; y así se decide.
En cuanto a la inadmisibilidad declarada con fundamento en que el accionante debió agotar el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal de Control que declaró la medida de privación judicial preventiva de libertad contra el imputado, respecto de las denuncias de violación del debido proceso por la aprehensión del imputado en situación de flagrancia por no haber existido, en su criterio, tal flagrancia y por haberse allanado la vivienda donde éste se encontraba sin la orden judicial correspondiente, esta Sala debe enfatizar lo siguiente:
La obligación de agotar los recursos ordinarios como supuesto de inadmisibilidad de la pretensión de amparo, previsto en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, aplica sólo respecto de la decisión accionada la cual, en este caso, es la dictada el 31 de agosto de 2009 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, que declaró sin lugar la solicitud de nulidad formulada por la defensa del imputado, la que no podía ser impugnada mediante el recurso de apelación, según lo previsto en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para esa fecha, hoy reformado mediante la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Caracas el 4 de septiembre de 2009, por lo que siendo el amparo la vía idónea para impugnar ese fallo, la inadmisibilidad in limine litis de la pretensión de amparo declarada por el a quo en la sentencia apelada no resulta ajustada a derecho, además que el uso de la expresión in limine litis resulta redundante en ese estado de la causa; y así se declara.
Por otro lado, en cuanto a la pretensión aducida por el ciudadano Irene Salvador Arias Petit, tercero interviniente, en su escrito de apelación, aprecia la Sala que se desprende de autos que podría estarse violentando su derecho al debido proceso, ya que en el acta de la audiencia de presentación del imputado celebrada el 8 de agosto de 2009, no consta que el Tribunal de Control referido haya informado al declarante en su condición de padre del imputado, su derecho de abstenerse de declarar en contra de su hijo, según lo previsto en el cardinal 5 del artículo 49 de la Constitución como garantía del debido proceso, antes de otorgarle el derecho a la palabra; por lo que la Sala considera que, al menos en el caso de autos, el amparo es la vía adecuada para impugnar la sentencia accionada que declaró sin lugar la solicitud de nulidad formulada por la defensa del imputado a la cual se adhirió el tercero interviniente en apelación.
En atención a lo expuesto es forzoso para esta Sala declarar con lugar las apelaciones interpuestas contra la sentencia dictada el 10 de septiembre de 2009 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, revocar dicha sentencia y ordenar a la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón que se constituya a la brevedad posible y proceda a pronunciarse sobre la admisibilidad de la pretensión de amparo propuesta, con exclusión de la causal prevista en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y darle trámite al presente amparo, en atención a lo expuesto en el presente fallo. Así se declara.
DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
1. CON LUGAR las apelaciones interpuestas contra la sentencia dictada el 10 de septiembre de 2009 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón.
2. REVOCA la sentencia apelada.
3. ORDENA a la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón que se constituya a la brevedad posible y proceda a pronunciarse sobre la admisibilidad de la pretensión de amparo propuesta, con exclusión de la causal prevista en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado. Remítase el expediente al Tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 10 días del mes de diciembre de dos mil nueve. Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
La Presidenta,
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Magistrado
Pedro Rafael Rondón Haaz
Magistrado
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Magistrado
Carmen Zuleta de Merchán
Magistrada
Arcadio Delgado Rosales
Magistrado Ponente
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 09-1104
ADR/
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