Sentencia N.º 1689
- Sentencia
- N.º 1689
- Fecha
- 30/10/2008
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 08-1652
- Ponente
- Alfonso Rafael Valbuena Cordero
- Procedimiento
- Recurso de control de la legalidad
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Caracas, treinta (30) de octubre de 2008. Años: 198° y 149°.
En el juicio que por cobro de prestaciones sociales sigue la ciudadana DAYSY JOSEFINA ROCA SALAZAR, representada judicialmente por el abogado Meyckerd Abad contra la empresa CONSTRUCTORA PROCALCO, representada judicialmente por el abogado Manuel Erasmo Gómez Rojas; el Juzgado Primero Superior del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con sede en la ciudad de Maturín, conociendo en alzada, dictó sentencia en fecha 17 de septiembre del año 2008, mediante la cual declaró inadmisible el recurso de apelación ejercido por la parte demandada contra el auto dictado por el Tribunal de la causa, que ordenó la ejecución forzosa de la sentencia definitivamente firme y condenó en costas de ejecución.
Contra esta decisión de alzada, la representación judicial de la parte demandada, propuso recurso de control de la legalidad.
Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social, se dio cuenta en fecha 16 de octubre del año 2008, correspondiendo la ponencia al Magistrado Alfonso Valbuena Cordero.
Siendo la oportunidad legal para ello, pasa esta Sala de Casación Social a pronunciarse sobre su admisibilidad en los siguientes términos:
ÚNICO
El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece los requisitos de admisibilidad del recurso de control de la legalidad, en los siguientes términos:
El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aún y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.
En estos casos, la parte recurrente podrá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del fallo ante el Tribunal Superior del Trabajo correspondiente, solicitar el control de la legalidad del asunto, mediante escrito, que en ningún caso excederá de tres (3) folios útiles y sus vueltos.
El Tribunal Superior del Trabajo deberá remitir el expediente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de manera inmediata; la cual, una vez recibido el expediente, decidirá sumariamente con relación a dicha solicitud. En el supuesto que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social decida conocer del asunto, fijará la audiencia, siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo anterior. La declaración de inadmisibilidad del recurso se hará constar en forma escrita por auto del Tribunal, sin necesidad de motivar su decisión. De igual manera, estará sujeto a multa el recurrente que interponga el recurso maliciosamente, hasta un monto máximo equivalente a ciento veinticinco unidades tributarias (125 U.T.). En este último caso, el auto será motivado. Si el recurrente no pagare la multa dentro del lapso de tres (3) días, sufrirá arresto en jefatura civil de quince (15) días.
Al respecto, esta Sala de Casación ha señalado según sentencia de fecha 20 de febrero del año 2003 que al ser el recurso de control de la legalidad un medio de impugnación excepcional, a los fines de asegurar su admisibilidad, debe cumplirse con las exigencias antes transcritas, las cuales son:
1.- Que se trate de sentencias emanadas de Juzgados Superiores laborales;
2.- Que no sean impugnables en casación;
3.- Que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público; o
4.- Que resulten contrarias a la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social.
Además de ello para su admisibilidad se requiere verificar:
1.- La oportunidad para su interposición, es decir, que sea solicitado el recurso de control de la legalidad dentro de un lapso preclusivo de cinco (5) días, contado por días de despacho, siguientes a la fecha en que sea dictada la sentencia sujeta a revisión; y
2.- La extensión del escrito, es decir, que no exceda de tres (3) folios útiles y sus vueltos.
Ahora bien, observa esta Sala que el presente recurso de control de la legalidad, es ejercido contra una decisión dictada por un Juez Superior, que conociendo en alzada, declaró inadmisible el recurso de apelación ejercido por la parte demandada contra el auto dictado por el Tribunal de la causa, que ordenó la ejecución forzosa de la sentencia definitivamente firme, ordenando la condenatoria en costas de ejecución.
Al respecto, esta Sala se ha pronunciado sobre el carácter excepcional de la admisibilidad del recurso de control de la legalidad contra los autos dictados en ejecución de sentencia, según decisión de fecha 30 de julio del año 2003, en la que se estableció:
Pues bien, de los hechos narrados precedentemente, se constata que la decisión objeto del presente recurso de control de la legalidad, fue dictada con posterioridad a la sentencia definitiva y antes de haber culminado la ejecución del fallo, la cual conoció y resolvió sobre un auto dictado en ejecución de sentencia, entendiéndose estos, como aquellos necesarios para el cabal cumplimiento de lo ordenado en la sentencia firme o para hacer efectiva las providencias y medidas que aseguren la ejecución de lo decidido.
En este sentido, considera esta Sala que dichos autos o sentencias dictadas en un procedimiento de estabilidad laboral en la etapa de ejecución se le otorgará excepcionalmente, por aplicación extensiva del ordinal 3° del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de control de la legalidad, cuando estos resuelvan puntos esenciales no controvertidos en juicio, ni decididos en él, o que provea contra lo ejecutoriado o modifique de manera sustancial lo decidido, siempre que contra ellos se hayan agotado todos los recursos ordinarios y que se traten de actos que violen o amenacen con violentar alguna norma de orden público, o resulten contrarias a la jurisprudencia de esta Sala de Casación Social. Así se establece.
En el presente caso, de las copias certificadas que rielan a los autos se desprende el carácter definitivamente firme de la sentencia dictada en fecha 27 de noviembre del año 2007, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas en el presente caso por cobro de prestaciones sociales. Posteriormente, riela a los autos que en fecha 21 de julio del año 2008, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial decretó la ejecución del referido fallo, a los fines del cumplimiento voluntario de la sentencia definitivamente firme dictada por el Tribunal de la causa.
Igualmente consta en autos recurso de apelación incoado por la demandada (folios 1 y 2) de donde se desprende que ejerció tal medio ordinario de impugnación contra el auto de fecha 30 de julio del año 2008, según el cual el cual el Tribunal de Primera Instancia, antes identificado, ordena la ejecución forzosa de la sentencia definitiva y condena en costas de ejecución.
Por su parte, la sentencia ahora recurrida al conocer y decidir sobre la apelación interpuesta por la parte demandada contra dicho auto la declaró inadmisible por no constar en autos copia certificada del auto objeto del referido recurso de apelación, carga procesal ésta que le corresponde al recurrente, a los fines de hacer valer su recurso desde el momento de su interposición, hasta la resolución del mismo.
Ahora bien, efectivamente, tal como lo señaló el ad-quem, no consta en ninguna parte del expediente, constante de 28 folios útiles, el auto contra el que se ejerció el recurso de apelación, para verificar si estamos o no en presencia de un auto -dictado en ejecución de sentencia- que modificó o no los términos establecidos en la sentencia definitiva, o provea o no contra lo ejecutoriado o lo modifique, razón por la que, resulta a todas luces inadmisible el presente recurso de control de la legalidad. Así se resuelve.
DECISIÓN
En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad propuesto por la representación judicial de la parte demandada contra la decisión de fecha 17 de septiembre del año 2008 emanada del Juzgado Primero Superior del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con sede en la ciudad de Maturín.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con sede en la ciudad de Maturín.
El Presidente de la Sala,
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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente, Magistrado Ponente,
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JUAN RAFAEL PERDOMO ALFONSO VALBUENA CORDERO
Magistrado, Magistrada,
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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
El Secretario,
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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA
R.C.L. Nº AA60-S-2008-001652
Nota: Publicada en su fecha a las
El Secretario
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