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Sentencia N.º 1692

Sentencia
N.º 1692
Fecha
15/07/2005
Sala
Constitucional
Expediente
04-1445
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Mediante oficio n° 469-04 del 25 de mayo de 2004, la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente signado con el n° 2AA.2202-04, contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Gerardo José Peña Abreu y Sixto Ramón Borges, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 61.965 y 52.615, respectivamente, actuando en su carácter de defensores del ciudadano ALEJANDRO JOSÉ HERNÁNDEZ SERRANO, titular de la cédula de identidad nº 17.247.611, contra el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Dicha remisión se realizó para la consulta de la sentencia dictada el 17 de mayo de 2004, que declaró inadmisible el amparo incoado, conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El 31 de mayo de 2004 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado, quien, con tal carácter suscribe el presente fallo.

Efectuada la lectura del expediente, pasa la Sala a decidir sobre la consulta de Ley, previas las siguientes consideraciones:

I

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO

Mediante escrito libelar presentado el 14 de mayo de 2004, los defensores del presunto agraviado plantearon la pretensión en los siguientes términos:

Alegaron que el 11 de mayo de 2004, incoaron ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia acción de amparo constitucional contra el Juzgado Tercero de Control del referido Circuito Judicial Penal, por cuanto desde el 11 de enero de 2004, día en que se celebró la audiencia de presentación de su defendido, no han podido tener acceso al expediente, hecho que, a su parecer, menoscaba los derechos al debido proceso y al trabajo.

Que el referido Juzgado Tercero de Control hasta la fecha de interposición del amparo, no había fijado la audiencia preliminar, “...la cual debe fijarse después de presentada la acusación fiscal dentro de un lapso no menor de diez (10) días, ni mayor de veinte (20) días; y hasta la presente fecha han transcurrido cuatro (4) meses...”.

Que al amparo en referencia le correspondió para su conocimiento a la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, siendo que “...muy diligentemente...”, el 12 de mayo de 2004, solicitó al Juzgado Tercero de Control de dicha Circunscripción Judicial copia del expediente y, el 13 del mismo mes y año, encontrándose en la sede del Circuito Judicial Penal del referido Estado, fueron abordados por un alguacil quien les manifestó que tenían una notificación por firmar, de cuyo contenido se desprendía que la audiencia preliminar de su defendido se celebraría el 14 de mayo de 2004, es decir, al día siguiente, hecho este que, a su parecer, violentó de manera flagrante los derechos a la defensa y al debido proceso de su defendido, en concordancia con los artículos 327 y 328 del Código Orgánico Procesal Penal.

En consecuencia, solicitó el restablecimiento de la situación jurídica infringida, a fin de que cesen los actos perturbatorios y el estado de indefensión absoluta en el que se encuentra su defendido.

II

SENTENCIA CONSULTADA

El 17 de mayo de 2004, la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, declaró inadmisible el amparo interpuesto con fundamento en las razones que siguen:

 “...Observa esta Sala que en la acción de amparo interpuesta en fecha 14 de Mayo de 2004, coincide con la interpuesta por ante la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en fecha 12 de Mayo de 2004, con un único alegato diferente, pero que guarda relación directa con la acción de amparo intentada por ante la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que consiste en la violación del debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto fueron informados de la celebración de la audiencia preliminar un día antes de su realización en contravención con los artículos 327 y 328 del Código Orgánico Procesal Penal, no obstante de las actas que conforman esta causa se evidencia que en fecha 14 de Mayo de 2004, el abogado Sixto Ramón Borges Sánchez interpuso escrito solicitando se suspenda la audiencia y se fije para una nueva fecha, no constando en actas las resultas de su solicitud, por tanto este Tribunal Colegiado observa que los accionantes pretenden obtener un pronunciamiento de este Despacho aún cuando está pendiente la decisión de la acción de amparo ejercida ante la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de manera que lo ajustado a derecho es que los Abogados defensores debían esperar la respuesta a su pretensión por ante la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones, antes de interponer una nueva acción de amparo

(...)

En consecuencia, la Acción de Amparo resulta INADMISIBLE IN LIMINE LITIS de conformidad con lo previsto en el numeral 8º (sic) del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales...”.

III

COMPETENCIA

Previo a la solución de la presente consulta, siendo la competencia el primer aspecto a dilucidarse, acerca de un asunto sometido al conocimiento de esta Sala, se observa:

Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia esta Sala es competente para conocer las apelaciones y las consultas de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como lo es la apelación, se rigen por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.

De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es ésta Sala, como Tribunal Superior de la primera instancia, cuando esta corresponda a los Juzgados Superiores, el Tribunal competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos, y así se declara.

No existe en esta materia, debido a lo expuesto, necesidad de dictar Reglamentos Especiales que regulen el funcionamiento y competencia de esta Sala en materia de amparo, ya que la Ley especial de amparo no ha sido derogada, y es esta Sala la competente para conocer las apelaciones y consultas de los fallos de primera instancia de amparo, conforme la jurisprudencia vinculante emitida en fallo de 2 febrero de 2000 (caso:  José Amando Mejías).

En el presente caso, se sometió al conocimiento de esta Sala la consulta de una sentencia dictada por la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, el 17 de mayo de 2004, actuando como primera instancia constitucional, motivo por el cual, esta Sala, congruente con lo antes señalado, se declara competente para resolver la presente consulta, y así se declara.

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

En primer término, resulta menester determinar el objeto de la acción de amparo constitucional interpuesta por los defensores del ciudadano Alejandro José Hernández Serrano; y al respecto, esta Sala observa que se impugna la actuación desplegada por el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dado que fueron notificados de la celebración de la audiencia preliminar un día antes, lo cual, a su decir, le violentó de manera flagrante los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso de su defendido, en concordancia con los artículos 327 y 328 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, la sentencia consultada declaró inadmisible la presente acción de amparo por encontrarla incursa en el supuesto de inadmisibilidad establecido en el numeral 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al haber apreciado la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia que en la Sala Nº 3 de dicha Corte, cursaba otra acción de amparo, sobre los mismos hechos y fundamentada en idéntico derecho, pendiente de decisión.

A tal efecto, observa esta Sala que ciertamente en la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones cursaba otra acción de amparo que habían interpuesto los abogados Gerardo José Peña Abreu y Sixto Ramón Borges, a favor del ciudadano Alejandro José Hernández Serrano, referida a los mismos hechos alegados en el presente caso y que se encontraba pendiente de decisión. Ello se evidenció de la “...información telefónica sostenida con la Secretaría de la Sala Nº 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia...”, la cual informó que efectivamente los referidos abogados incoaron acción de amparo constitucional el 12 de mayo de 2004 contra el Juzgado Tercero de Control del referido Circuito Judicial Penal.

Lo anterior significa, que debe aplicarse en el caso sub examine el numeral 8 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece:

 “Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo.

...

8. Cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un Tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta.”

En ese sentido, esta Sala colige que el juez, al dictar sentencia, tiene la posibilidad de apreciar los hechos que le son judicialmente notorios y que tienen incidencia en la litis planteada, como ha ocurrido en el presente caso en que los integrantes de la Corte de Apelaciones han tomando en cuenta, al sentenciar, el conocimiento cierto de que en otra Sala de dicha Corte se encontraba pendiente por decisión otra causa idéntica, lo que efectivamente constituye el supuesto de inadmisibilidad previsto en el artículo 6, numeral 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En virtud de las anteriores consideraciones, esta Sala debe confirmar la decisión dictada el 17 de mayo de 2004, por la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados del ciudadano Alejandro José Hernández Serrano. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

Por las motivaciones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada el 17 de mayo de 2004 por la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que declaró inadmisible el amparo constitucional interpuesto por los abogados Gerardo José Peña Abreu y Sixto Ramón Borges, actuando en su carácter de defensores del ciudadano ALEJANDRO JOSÉ HERNÁNDEZ SERRANO contra el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 15 días del mes de julio de dos mil cinco (2005). Años: 195 ° de la Independencia y 146° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

 

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

 

Luis Velázquez Alvaray

 

Francisco Carrasquero López

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

Arcadio Delgado Rosales

 

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

JECR/

Exp: 04-1445

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