Venley

Sentencia N.º 1695

Sentencia
N.º 1695
Fecha
12/09/2001
Sala
Constitucional
Expediente
00-2548
Ponente
Pedro Bracho Grand
Procedimiento
Recurso de Revisión


SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente:  PEDRO BRACHO GRAND

 

El 31 de agosto de 2000, los ciudadanos JESÚS R. QUINTERO y Fernando Quintero C., abogados, titulares de las cédulas de identidad núms. 2.947.900 y 10.524.347, respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 5.508 y 58.858, en ese mismo orden, actuando el primero en su propio nombre y en el ejercicio de sus propios derechos y, conjuntamente con el segundo, como apoderados judiciales de los ciudadanos JOSÉ ÁLVAREZ STELLING y CARLOS ERNESTO STELLING PÉREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad núms. 1.874.377 y 1.748.502, respectivamente, interpusieron Recurso de Revisión Constitucional contra las siguientes decisiones: 1) sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa, publicada el 20 de enero de 2000; 2) auto del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, publicado el 2 de marzo de 2000.

 

El 29 de marzo de 2000, el mencionado Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar dicha solicitud de amparo. Posteriormente, el 9 de agosto del mismo año, mediante oficio n° 799, fue remitido a esta Sala copia certificada del expediente respectivo, visto que la parte actora recurrió en apelación contra el mencionado fallo.

 

 El 31 de agosto de 2000 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor José M. Delgado Ocando.

 

El 13 de agosto de 2001 por ausencia temporal del Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando, se nombró al Magistrado Suplente doctor Pedro Bracho Grand, quien suscribe como ponente la presente decisión.

 

Con base en los elementos que cursan en autos, siendo la oportunidad procesal para ello, se pasa a decidir sobre el recurso propuesto en los términos siguientes:

 

I

DE LA COMPETENCIA

 

Previo a la solución del recurso planteado, es necesario dilucidar la competencia de la Sala para conocer del mismo.

 

Sobre el particular, basta en este caso con reiterar la inveterada jurisprudencia sentada por esta Sala, la cual puede reducirse a la afirmación de que la misma es competente para revisar decisiones de las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y, cuando proceda, declarar la nulidad de aquéllas que contraríen la Constitución o las interpretaciones que sobre sus normas o principios haya fijado este Máximo Intérprete Constitucional.

 

Ello es así, en primer lugar, desde que dichos operadores judiciales están también, a tenor de lo que expresa el primer párrafo del artículo 334 de la Constitución, “...en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución”. De igual modo, están obligadas las demás Salas, conforme al primer párrafo del artículo 335 constitucional, a garantizar “...la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales”, y serán, en sus respectivas jurisdicciones y según sus competencias, los máximos y últimos intérpretes de esta Constitución. Asimismo, en sus respectivas jurisdicciones y según sus competencias, velarán por su uniforme interpretación y aplicación. Ello significa que las demás Salas están vinculadas directamente a los principios y normas de su competencia, por lo que su tarea interpretativa la cumplen conforme a la potestad que les confiere la Constitución; del mismo modo, a esta Sala Constitucional corresponde la jurisdicción constitucional y la protección de la Constitución, como lo disponen los artículos 266.1, 334.1, 335 y 336.1 eiusdem.

 

En segundo término, dicha potestad de revisión se deduce positivamente del artículo 335 de la Carta Magna, conforme al cual las “interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República”. Nuestra Constitución, al vincular a las demás Salas de este Tribunal Supremo a la doctrina de la Sala Constitucional (artículo 334, primer párrafo y articulo 335, segundo párrafo) -según el principio de supremacía de la Constitución- y al dar potestad a esta Sala Constitucional para tutelar la Carta Magna como cúspide de la Jurisdicción Constitucional -en ejercicio del Poder de Garantía Constitucional- deviene, pues, autorizada para revisar tanto las decisiones que dicten las demás Salas en contravención de la Norma Fundamental, como en oposición a las interpretaciones que de la Constitución asiente la Sala Constitucional.

 

En definitiva, la Sala estima que el ejercicio de la jurisdicción constitucional, conforme lo prevé el artículo 266.1 y el Título VIII sobre la Protección de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no implica superioridad jerárquica de la Sala Constitucional, sino potestad para garantizar la supremacía Constitucional conforme al Estado de derecho y de justicia proclamado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La doctrina constitucional clásica ha asignado al Máximo Tribunal la atribución de dirimir los conflictos dentro de los poderes públicos ex auctoritate, pese al principio de la división del poder y la propiedad de las potestades que corresponden a cada rama del Poder Público. De modo que cuando el artículo 335 citado atribuye a la Sala Constitucional competencia para revisar las sentencias de las otras Salas, no afecta al artículo 136 eiusdem, sino que consagra una atribución exigida por la racionalidad del sistema democrático, a saber, la de la garantía jurisdiccional de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, conforme lo dispone el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En suma, la competencia revisora de la Sala Constitucional no es jerárquica sino potestativa.

En este orden de ideas, esta Sala declara su competencia respecto al recurso planteado.

 

II

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

En primer lugar, la Sala observa que, no obstante que el medio de revisión incoado resulta admisible, incluso por lo que respecta al órgano judicial que dio origen a la sentencia impugnada; el mismo no será objeto del trámite procesal que le corresponde, y que fue definido en la sentencia n° 93/2001 de 6 de febrero, caso: Corpoturismo; esto es: el procedimiento de apelación de sentencias de amparo constitucional establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Ello debido a que, no obstante que esta Sala ha admitido la posibilidad de revisar fallos anteriores a la Constitución de 1999, no se desprende de las decisiones recurridas ninguna violación constitucional que afecte gravemente el orden público, aunado a que la pretensión formulada no se acomoda al fin que persigue dicho medio de impugnación, cual es, en términos expresados en la referida decisión, contribuir “a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales”.

 

En consecuencia, la solicitud de revisión de las presentes actuaciones no ha lugar en derecho. Así se decide.

 

III

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa, publicada el 20 de enero de 2000; y del auto del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, publicado el 2 de marzo de 2000, interpuesto por los ciudadanos  JESÚS R. QUINTERO, JOSÉ ÁLVAREZ STELLING y CARLOS ERNESTO STELLING PÉREZ.

 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 12  días del mes de SEPTIEMBRE del dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 
 
IVÁN RINCÓN URDANETA

                            El Vicepresidente (E)

                                        

                                                                     

                                                                                ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

PEDRO BRACHO GRAND                                        CARMEN ZULETA MERCHAN

       Suplente Ponente                                                                   Suplente

                                                                                                    

 

 

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

PBG/ns.

Exp. n° 00-2548

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