Venley

Sentencia N.º 1704

Sentencia
N.º 1704
Fecha
18/12/2015
Sala
Constitucional
Expediente
13-0606
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Solicitud de Revisión

 

 

EN SALA CONSTITUCIONAL

Exp. N° 13-0606

                        MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

          Mediante escrito presentado, el 11 de julio de 2013, ante esta Sala Constitucional, la ciudadana AMALIA CLEMENCIA CORDIDO SANTANA, titular de la cédula de identidad N° 3.667.423, asistida por el abogado José Ramón Escobar Vaamonde, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 51.103; solicitó la revisión constitucional de las sentencias N° 000374 dictada, el 4 de agosto de 2011, por la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal; mediante la cual, declaró sin lugar el recurso de casación por ella ejercido contra la sentencia de reenvío dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy el 16 de septiembre de 2010, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte querellada, en el curso del juicio de interdicto por perturbación seguido por la hoy solicitante, contra el ciudadano Andrés Von Fedak, y contra la sentencia N° 000095 del 26 de febrero de 2009, dictada por la referida Sala, a través de la cual se declaró con lugar el recurso de casación propuesto, previamente, por la parte querellada contra la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior en fecha 14 de mayo de 2008.

El 12 de julio de 2013, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán.

El 17 de octubre de 2013, en virtud de la incorporación del Magistrado Suplente Luis Fernando Damiani Bustillos por el Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, tuvo lugar la reconstitución de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Juan José Mendoza Jover, Vicepresidente; y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani Bustillos.

El 5 de febrero de 2014, en virtud de la reincorporación del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López por haber finalizado la licencia que le fue concedida, esta Sala Constitucional quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados Doctores Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover, ratificándose la ponencia a la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En reunión de Sala Plena del 11 de febrero de 2015, se eligió la Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia, quedando la Sala Constitucional constituida de la siguiente manera: Gladys M. Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta, Arcadio Delgado Rosales como Vicepresidente, y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen A. Zuleta de Merchán y Juan José Mendoza Jover; ratificándose en la ponencia a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Efectuado el estudio de la causa, esta Sala procede a dictar decisión, previas las siguientes consideraciones:

 

 

 

 

I

PRETENSIÓN DE LA PARTE SOLICITANTE

            La ciudadana Amalia Clemencia Cordido Santana, debidamente asistida de abogado, fundamentó la solicitud de revisión constitucional mediante los alegatos que se indican a continuación:

Que, se “interpone el presente Recurso de Revisión por considerar que las decisiones dictadas por la Sala de Casación Civil, atentan contra los criterios y la jurisprudencia de esta honorable Sala Constitucional, toda vez, que no se tomaron en consideración, elementales violaciones constitucionales y argumentos defensivos alegados tanto durante la secuela del proceso en primera instancia y segunda instancia, así como ante la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, conllevando ello, a una decisión que violó precedentes dictados por esta Sala en materia del resguardo y protección a los Principios y Derechos Constitucionales, apartándose de manera flagrante y sistemática de su doctrina al obviar el análisis de Normas Constitucionales contentivas de mandato expreso a todos los ciudadanos, lo que atenta contra la constitución y por otro lado tenemos violaciones a la uniformidad de la interpretación de las normas, ya que en el referido fallo se violentaron preceptos Constitucionales establecidos expresamente para garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la defensa y la obligación de todo ciudadano de preservar el medio ambiente en beneficio de si (sic) misma y resguardo de generaciones futuras, lo que establece una obligación de tutelaje fundamental para el Estado, con la activa participación de la sociedad para garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los bosques, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean específicamente protegidas, de conformidad con la Constitución y demás leyes, sin embargo, a pesar del mandato constitucional y con una errónea interpretación del Código de Procedimiento Civil, los testigos presentados en respaldo del interdicto por perturbación, ("perturbación" que tanto la Recurrida como la Sala de Casación Civil, en la página 38 de la sentencia 2008-000366. con ponencia de la Maqistrada Isbelia Pérez Velásquez reconocen expresamente como presupuesto procesal para que prospere la acción interdictal) subrayado mío; quienes fueran declarados testigos inhábiles relativos por tener un supuesto interés en la conservación de las nacientes del Río Guama, en que se respeten las zona ambiental boscosa y por ser vecinos de la población de Guama, sentencia vinculante entre las partes del presente recurso de revisión, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia el día 26 de febrero de 2009, expediente signado con la nomenclatura № 2008-000366, Sentencia № R.C.00095; con ponencia de la Magistrado Dra. ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ, todo ello, en evidente contravención con lo establecido en la Constitución y demás leyes ambientales, fundamentos, que con razones de hecho y derecho ampliaré más adelante”.

          Que, “[e]n el presente caso, nos encontramos frente a fallos dictados por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que conoció los Recursos de Casación debidamente anunciados y formalizados, tal como fue expuesto al inicio de estas páginas, de tal forma, que no existe ningún tipo de recurso por vía ordinaria, habiéndose agotado la doble instancia, y casación, y producto de las violaciones constitucionales que aún persisten y que procedo a denunciar detalladamente; lo que me ubica en un evidente estado de indefensión, por ello, se hace necesario recurrir a esta vía jurisdiccional no como una nueva instancia, sino como la vía constitucional y excepcional mediante la cual se restablecerá la situación jurídica que se encuentra en riesgo, por lo cual solicito resguardo de los legítimos derechos e intereses que me amparan y que conducirían además a la protección de las zonas donde nacen los manantiales que originan las cabeceras del Río Guama afluente medio del Río Yaracuy, que al ser destruidas por talas, deforestaciones, caminatas de personas, animales y movimientos de tierra, representan un atentado contra el medio ambiente y de las poblaciones de GUAMA, QUIGUA, CAICARA, SAN PABLO y COCOROTE, quienes en forma directa, producto de la referida deforestación se verán afectados en sus diversas formas de vida”.

          Como hechos previos a la interposición de la presente solicitud, señaló lo siguiente:

Se inició la causa que conllevó a la sentencia sobre el cual estoy solicitando la revisión constitucional por parte de esta Honorable Sala Constitucional, a través de la interposición de un INTERDICTO POR PERTURBACIÓN que ejercí contra el ciudadano ANDRÉS VON FEDAK, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad № V.- 6.103.786, en fecha 29 de marzo de 2007, En el fallo de primera instancia, se declaró con lugar el INTERDICTO DE PERTURBACIÓN, fallo de fecha 29 de marzo de 2007, contra esta decisión se ejerció apelación ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, quien en fecha 14 de mayo de 2008, declaró sin lugar la apelación; contra este fallo del Juzgado Superior se anunció y formalizó Recurso de Casación el cual fue declarado Con Lugar el día 26 de febrero de 2009, se ANULA el fallo recurrido y se ORDENA al Juez de Reenvío acoger la Doctrina establecida, es decir declarando inhábiles a los testigos, correspondiendo conocer en Reenvío al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, quien en fecha 16 de septiembre de 2010, declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte Querellada, contra la sentencia dictada el 19 de marzo de 2007 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, contra dicha sentencia se anunció y formalizó Recurso de Casación ante la Sala de Casación Civil, siendo declarado Sin Lugar en fecha 04 de agosto de 2011, expediente 2010-000563, sentencia № R.C.000374; con ponencia del Magistrado Dr. LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ.. Sentencia, que a mi criterio violó de forma flagrante: a) Mis derechos constitucionales al violar la tutela judicial efectiva, cuando omite y expresamente señalar que no es competente para conocer violaciones constitucionales, tal como lo expresa a los folios 25 y 26 del propio fallo donde señaló:

En otro orden, ha establecido reiteradamente esta Sala de Casación Civil que la violación o quebrantamiento de normativas de carácter constitucional, no es competencia material de la Sala de Casación Civil, por cuanto ello compete a la Sala Constitucional, por consiguiente, es importante ratificar que, el recurso de casación es un medio de impugnación dirigido a controlar la legalidad del fallo, no su constitucionalidad, en ese sentido, ante esta Sala de Casación Civil no podría caber como denuncia, la infracción de una disposición constitucional como vicio delatado, ocurriendo en el presente caso que, el formalizante ha denunciado la infracción del artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por falta de aplicación. Y en este sentido, de antemano resulta improcedencia (sic) tal denuncia delatada por desprender en ella, el apoyo a un vicio del recurso de casación presentado. Así se establece.

 

          Con relación a la sentencia N° 000095/09 dictada por la Sala de Casación Civil, indicó que:

Se declaró inhábiles a los testigos presentados, contradiciendo lo que establece el Código de Procedimiento Civil en lo que respecta a la inhabilidad de un testigo, simplemente por ser naturales de la zona y tener interés en la conservación ambiental de un territorio del cual son nativos y además, tener conciencia ciudadana de lo que representa el río Guama para generaciones presentes y futuras, pese a que el 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua y el 97% de esa agua es salada y sólo 2,5% es agua dulce de todo el planeta, cabe agregar, que uno (1) de cada seis (6) personas en el mundo carece de agua potable y unas 2.600 millones de personas no tienen acceso ni siquiera a las formas más rudimentarias al agua y por ende al saneamiento y según se ha visto, hacer frente a la escasez del agua, requiere ocuparnos desde la protección del ambiente y calentamiento global, hasta el reparto equitativo del agua ya que incluso gente que vive en áreas con abundante agua potable, no tiene acceso al liquido (sic) para cubrir sus necesidades básicas tal como lo afirma el PNUD, ya que tenemos sistemas fluviales que ya no llegan al mar, lagos cada vez más reducidos, agotamiento de las capaz (sic) freáticas (aguas subterráneas poco profundas), síntomas inequívocos de la obligación de todos de proteger el medio ambiente, por lo cual, en el presente caso, se vulneró el debido proceso, el derecho a (sic) defensa y la garantía a una tutela judicial efectiva, en este sentido, la Sala de casación (sic) en fallo que involucra las partes sobre la inhabilitación de los testigos dijo:

Lo anterior, lleva a esta Sala a evidenciar que el sentenciador de alzada no aplicó los artículos 508 y 478 del Código de Procedimiento Civil, al dictar su sentencia, habida cuenta que sobre los testigos promovidos y evacuados por la parte querellante pesaba una de las causales de inhabilidad relativa, en virtud de haber expresado en sus deposiciones tener un interés, aún cuando este hubiese sido indirecto, (Subrayado mío) motivo por el cual, le estaba prohibido al juez ad-quem acoger sus testimonios, por considerárseles testigos inhábiles. Aunado a lo anterior, cabe acotar, que este proceder verificado en la recurrida, fue determinante en el dispositivo del fallo pues, la suerte del contradictorio ha podido ser modificado de no haberse tomado como válidos los testimonios antes aludidos.

Con base en ello, sostuvo que la Sala de Casación Civil “se aparta de manera directa de lo que debe entenderse por testigo inhábil y de lo regulado por nuestro Código de Procedimiento Civil, al tomar en cuenta para descalificar al testigo, un supuesto interés relativo, que en el presenta (sic) caso no tiene cabida y que igualmente, más adelante se desarrollará.

 

          Continuó señalando que, “estamos obligados a indicar a este Alto Tribunal que, de ejecutarse la sentencia del tribunal "Superior", (…) con el alegato de que no conoce denuncias constitucionales y por ende, desechando mis argumentos dirigidos a la protección ambiental de las poblaciones de GUAMA, QUIGUA, CAICARA, SAN PABLO y COCOROTE entre otras y declarando inhábiles relativos (sic) a los testigos, se está creando un caos en la población del Estado Yaracuy y regiones aledañas por el momento, pero que luego producirá un gran daño nacional e internacional, de tal manera, que nos colocamos en las manos de en uno de los poderes públicos más sabios del Estado, en este caso, el Poder Judicial, específicamente la Sala Constitucional, con la finalidad de que se corrijan los errores y las violaciones recurrentes de los principios constitucionales y más concretamente la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, que nos garantizan a todos, que las leyes deben ser conocidas por el juez en virtud del principio jurídico ‘iura novit curia’.

          Afirmó que, la Sala de Casación Civil violentó importantes principios, “…por cuanto señala, por un lado que no conoce violaciones constitucionales y por el otro, declarando inhábiles a unos testigos, con argumentos distintos a la razón de ser y existir de lo establecido en el Código de Procedimiento Civil con relación a su interpretación de las inhabilitaciones, debiéndose señalar además, el rompimiento de la uniformidad jurisprudencial, con lo que se está permitiendo que varias poblaciones sean atropelladas y en definitiva afectadas en un punto vital, como es el medio ambiente, elemento de vida y conservación que el Estado a través de los artículos constitucionales extiende al planeta como medio de protección; derecho que se encuentra amparado por nuestra Constitución, Capítulo IX de los Derechos Ambientales, en sus artículos 127 y siguientes y más específicamente, como ya se ha aclarado, podemos hablar del agua dulce que representa un porcentaje tan pequeño en su existencia en el planeta y por otro lado la tala de bosques que afecta el medio de vida de todo ciudadano, tanto de la (sic) generaciones presentes como futuras, hecho que a pesar de haber sido correctamente denunciado, no fue resuelto por la Sala de Casación Civil, tal como ha sido expuesto en el desarrollo de la presente solicitud.”.

          Precisó, con respecto a la sentencia N° 000095/09 dictada por la Sala de Casación Civil, lo siguiente:

Los testigos al ser repreguntados afirmaron que no tenían interés en la causa y que sólo han declarado porque son de Guama y les interesa la conservación de los nacimientos del río Guama, que se encuentran y se conservan en el fundo EL TRIGAL. Ciertamente es notorio en el estado Yaracuy que el ingeniero José Antonio Cordido W., ilustre conservacionista y ambientalista, al enajenar su fundo el Zinc, conservó y se reservó en la parte alta denominada desde que los españoles sembraron allí trigo, con el hermoso nombre de EL TRIGAL, también denominado Hoja Negra, cuatrocientas hectáreas, donde se encuentra el bosque que protege numerosos nacimientos del río Guama y sus herederos a la muerte de su padre, han mantenido con esa función ambientalista dicho fundo El trigal, que ha sido lesionado por actos pertúrbatenos del vecino demandado. Es de plantear, si se permite convertir la Sala de Casación Civil (como en efecto se convirtió desviándose la figura del proceso debido por violación a una justicia regular e idónea ) en una Tercera Instancia lo que se califica como Interés en los testigos que demuestran ser de Guama y tener interés en que se conserven los nacimientos que conforman el caudal del río Guama y esa opinión que emitieron en sus declaraciones lo que revela es el grado estimable de su "conciencia ciudadana y del mandato constitucional", y por lo cual se justifica el ser mejor estimados de testigos de los actos de posesión legítima de la accionante y los actos pertúrbatenos del demandado que posiblemente por su origen, no ha logrado por sus intereses, por no haber recibido en su formación escolar en el área, no le interesa la conservación de los nacimientos del río Guama y que no ha formado esa conciencia ciudadana que es normal y natural en los residentes de Guama. Ese interés loable y mandato constitucional, no es el interés por el cual el Código de Procedimiento Civil hace INHÁBIL a un testigo para no apreciarlo en un juicio. Por tanto los razonamientos en los cuales se funde la improcedencia de esa testimonial no son aceptables ni válidos en nuestra realidad, ni menos aún se corresponde al interés directo en las resultas del juicio que inhabilita a un testigo. (Subrayado de este fallo).

Al destruirse la prueba testimonial se usurpan con este accionar de la Sala de Casación Civil, la libertad y autonomía en materia de apreciación de la prueba (testimonial e inspección ocular) sin llenar los extremos previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que permite entrar a la Sala en la apreciación de las testimoniales, porque a tenor de lo consagrado en la primera parte del referido artículo 320 del ejusdem, para entrar a conocer y decidir conforme a esa estructura probatoria, tenía que basarse, en el pedimento y alegado por el demandado o querellado, en ese sentido, se cumplirían los requisitos que el mismo artículo exigía para que esa Sala no se convirtiera en una Tercera Instancia, sino que haga un análisis como instrumento idóneo , la regularidad del procedimiento de la prueba normada o uno de los tres (3) casos en lo que ahora se denomina "SUPOSICIÓN FALSA" por la reforma del Código de Procedimiento Civil, obra e influjo del hoy fallecido e ilustre procesalista JOSÉ ANDRÉS FUENMAYOR , donde se eliminó el concepto y enfoque de lo que se llamaba Falso Supuesto, para ser reducida e incidir en los hechos en si (sic), e ir a un concepto de suposición falsa, de naturaleza y conceptuación diferenciada y más restringida, para no lesionar la autonomía de las Instancias, (no planteándose en su oportunidad el formalizante el punto propio de esa denuncia y por tanto fue deficiente en su planteamiento que finalmente y a pesar de ese abandono por su propia torpeza fue apreciado por la Sala en su fallo )

Por lo que al solicitarse esta Revisión se procura que esa Casación Inútil que se impugna contraria (sic) el espíritu , propósito y razón de los artículos 26, y 257 de la Constitución Nacional (sic) que define el proceso civil como un instrumento de hacer justicia sin usarse aspectos formalistas ni nulidades inútiles. De aquel proceso lleno de formalismos donde se daban como lo afirmaba el gran y brillante procesalista patrio MIGUEL SANTANA MUJICA: ...se daban CINTARAZOS de esgrimistas, ya que en la Constitución de 1999, se consagró el proceso civil como herramienta para hacer justicia. Afirmación que cambió toda la estructura y naturaleza de la administración de Justicia que se desea implantar como un sucedáneo de la Justicia progresiva y social.

Esa conciencia ambientalista de los testigos oriundos de Guama desvinculada de la voraz y desaforada capacidad del hombre de hacer desaparecer lo que la Naturaleza ha querido compartido con los hombres para conservar el ambiente, donde además, el demandado no vive en esa área, es incluso un atributo que los llamados derechos de tercera generación protegen y consideran como garantías universales e inmanentes a la persona, tal como lo consagra el artículo 127 de la Constitución no levantable ni en los estados de suspensión de garantías.

Pero se infringe esa garantía en la sentencia recurrida, porque al desestimarse y destruir la prueba testimonial basado en una errónea y equivoca percepción contra el fundo EL TRIGAL, que no tiene actividad agrícola justamente para no entorpecer ni afectar las cabeceras de los manantiales y que desde siempre y con su propietario el ingeniero JOSÉ ANTONIO CORDIDO, para quien era su más grande sueño, como oriundo de ese pequeño pueblo, que en forma tenaz y admirable siempre lucho (sic) por velar primero en conservar y mantener las cabeceras del río Guama y siempre cuidó la no destrucción de esas cabeceras para que el río de Guama no desapareciera y siguiera con su caudal. Un empeño patriótico, ciudadano y ejemplar que siguen sus herederos directos así como el mismo pueblo de Guama, de la que no se pueden sustraer los testigos increíblemente sancionados por asumir en su conciencia ciudadana e histórica, la defensa del río de Guama, como lo ha hecho en otras tantas oportunidades con manifestaciones en forma pública tal como ha sido recogido en diversos Diarios locales y nacionales que por esta vía anexo en 35 folios.

 

          En lo que atañe a la sentencia N° 000374 dictada, el 4 de agosto de 2011, por la Sala de Casación Civil, añadió los siguientes señalamientos:

En el caso de marras, resulta evidente que el sentenciador de segunda instancia y la Sala de Casación omitieron un pronunciamiento sobre las consecuencias de las excepciones perentorias, independientemente de que los argumentos jurídicos contenidos en ellos, resultaren o no procedentes, no obstante que fueron suministrados al Juez los instrumentos jurídicos necesarios para su correcta aplicación, como fueron los artículos 12, 361 y 506 del mismo Código, y del artículo 1.401 del Código Civil, todos por falta de aplicación.

 

          Se refiere la solicitante a que, en su criterio, cuando el querellado al momento de contestar la demanda alegó la caducidad, ello implicaba un claro reconocimiento de los hechos en los que se fundamentaba la acción, esto es, la perturbación misma; indicando que las consecuencias de tal excepción no fueron analizadas por el juez de alzada, ni por la Sala de Casación Civil al resolver la denuncia de falta de aplicación de normas, motivo por el cual denunció la existencia del vicio de incongruencia en la sentencia que declaró sin lugar el recurso de casación que interpuso.

          Contra el argumento empleado por la Sala de Casación Civil al pronunciarse sobre la denuncia de falta de aplicación del artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, adujo lo siguiente:

La justicia constitucional en su aplicación más sana, surge necesariamente contra aquellos fallos obligados al resguardo constitucional y que de alguna forma se apartan de ellos, de lo contrario ésta sería una simple declaración de principios sin aplicabilidad. En este sentido, la Constitución más bien es consecuencia del principio de supremacía, sólo posible en los Estados democráticos y social de derecho y justicia, donde descansan la defensa de los derechos fundamentales de las personas, y donde además, se permite la regulación de los mecanismos de protección a través de la tutela judicial efectiva (…)

(…) el Estado de la mano con la sociedad debe proteger y resguardar el medio ambiente, es decir, nuestra constitución establece un mandato directo del cual el particular no puede sustraerse y mal podría, en una declaración ante un tribunal de la República, un ciudadano decir que no tiene interés en que sean protegidas las aguas de la Nación, pensar o actuar de forma diferente, significaría un desacato a la Constitución y una mentira de un tamaño incalculable e inocultable.

En este sentido, yerra la Sala Civil, cuando no aplica el mandato contenido en el artículo 127 de la Constitución, a través de un formalismo inadecuado, como es, no entrar a conocer violaciones constitucionales, con lo cual se pone al margen de la misma y al ser un acto que menoscaba el derecho garantizado en la Constitución, debe traer como consecuencia que el mismo es nulo de nulidad absoluta, como lo establece el artículo 25 ejusdem y así pido sea declarado.

 

           Concluyó señalando que, “[d]e los fundamentos legales y doctrinales enunciados, cuya unificación ha sido constante por parte de nuestro máximo tribunal de justicia, se puede afirmar sin temor a equivocación, que las sentencias proferidas por la Sala de Casación Civil en fecha 26 de febrero de 2009 y 04 de agosto de 2011, expedientes números 2008-000366 y 2010-000562, mediante las cuales se declaró: 1.- Con lugar el recurso de casación del querellado. 2.- Declarando inhábiles relativos a los testigos. 3.- Violando la uniformidad jurisprudencial y 4.- No entrando a conocer violaciones constitucionales. Permiten concluir, que todas estas denuncias son susceptibles de revisión por esta digna Sala, ello en conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”.

II

DE LAS SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN

Mediante decisión N° 000095/09 dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia el 26 de febrero, se declaró: “CON LUGAR el recurso de casación propuesto por la parte querellada, contra la sentencia dictada el 14 de mayo de 2008, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. En consecuencia, ANULA el fallo recurrido, y ordena al Juez Superior que resulte competente, dictar nueva decisión acogiendo la doctrina aquí establecida. Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada”. Tal decisión fue dictada teniendo como base la siguiente argumentación:

PUNTO PREVIO

En el escrito de impugnación a la formalización del presente recurso de casación, la representación de la parte demandante solicita se revise la cuantía de la demanda, a los fines de determinar la admisibilidad del mencionado recurso, con base en la siguiente argumentación:

…Omissis…

Conforme a la precedente transcripción, la Sala observa que la parte impugnante solicita a este Alto Tribunal se pronuncie sobre la procedencia de la admisibilidad del recurso de casación ejercido por el apoderado judicial de la parte querellada, Abogado Pascualino Di Egidio Vitalone, con base en que el recurrente pretende acceder a casación de acuerdo con la cuantía establecida en la sentencia dictada por la Sala Constitucional, de fecha 12 de julio de 2005, la cual  exige que el interés principal del juicio exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), sentencia ésta que en su criterio, aún no está vigente, por cuanto no se ha demostrado que haya sido publicada en Gaceta Oficial, y en ese sentido señala, que la parte recurrente no puede beneficiarse de la cuantía -cien millones de bolívares- que ella misma impugnó en su momento por exagerada y que luego no probó, razón por la cual, pide que se aplique el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, léase, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aduciendo que conforme a esta norma legal el recurrente no tendría acceso a casación, en atención a la cuantía establecida según el cómputo de la unidad tributaria actual.

  

Para decidir, la Sala observa:

 

            En ese sentido, en sentencia Nº 814, de fecha 9 de noviembre de 2007, Exp. 2007-000356, caso: Aunar Alberto Kamel Ache contra Ricardo Darío Lugo Lasser, la Sala estableció lo siguiente:

…Omissis…

Conforme a lo señalado en la sentencia que de manera parcial ha sido transcrita precedentemente, el criterio dispuesto en el fallo N° 1573, dictado por la Sala Constitucional en fecha 12 de julio de 2005, invocado por el impugnante, donde quedó establecido que el momento a partir del cual debería comenzar a aplicarse la cuantía requerida en las causas que se encontraban en curso para la fecha de dicha decisión, para acceder a esta Sede Casacional, cuyo interés principal del juicio ha de ser superior a tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), había quedado determinado por aquellas “…demandas que se inicien con posterioridad a la publicación en la Gaceta Oficial del presente fallo y para las causas que se encuentren en trámite siempre que el tribunal correspondiente aún no hubiere emitido pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso de casación…”, fue abandonado, estableciendo en su lugar, que ese momento quedó supeditado a la fecha de la interposición de la demanda, independientemente de que haya habido o no pronunciamiento del juez con relación al anuncio del recurso  de casación.

            Ahora bien, a los folios 1 al 3 de la primera pieza de este expediente, cursa escrito libelar, del cual la Sala ha podido constatar que la demanda que dio inicio al presente juicio, fue interpuesta en fecha 4 de agosto de 2005, y que en ella se estimó su cuantía en cien millones de bolívares (Bs.100.000.000,oo).

            Del mismo modo, advierte la Sala, que para el 4 de agosto de 2005, fecha en que se introdujo la demanda, la unidad tributaria se encontraba en veintinueve mil cuatrocientos bolívares con 00/100 (Bs. 29.400,oo), que multiplicado por tres mil (3.000) unidades tributarias, equivalían a la cantidad de ochenta y ocho millones doscientos mil bolívares con 00/100 (Bs. 88.200.000,oo), monto éste inferior a los cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,oo) estimados por el demandante en su libelo.                         De modo que, a los efectos de la admisibilidad del recurso de casación, no constituye relevancia alguna ni la fecha de publicación de la sentencia de la Sala Constitucional en cuestión -12 de julio de 2005-, ni la fecha en que la misma fue publicada en Gaceta Oficial -12 de agosto de 2005-, ya que el criterio imperante sobre la cuantía fijada en tres mil (3.000) unidades tributarias para acceder en casación, ha quedado determinado, conforme a lo establecido, como se mencionó anteriormente, en la decisión de la Sala de Casación Civil, de fecha 10 de noviembre de 2005, reiterada entre otras, el 9 de noviembre de 2007, es decir, al momento de interponerse la demanda. En consecuencia, esta Sala concluye, que el recurso bajo análisis es admisible en casación. Así se establece.

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

ÚNICO

Con fundamento en lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia que la recurrida infringió los artículos 12, 15, 208, 243 y 244 del mencionado Código, por considerar que el juzgador de alzada incurrió en quebrantamiento y omisión de las formas sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa, así como en el vicio de incongruencia negativa, previsto en el ordinal 5 del artículo 243 eiusdem, con base en lo siguiente:
…Omissis…

Como puede observarse de la transcripción anterior, el recurrente alega que el juzgador superior incurrió en el vicio de quebrantamiento u omisión de las formas sustanciales que menoscaban el derecho de defensa, con infracción de los artículos 12, 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto, en su criterio, la alzada no se pronunció sobre los señalamientos efectuados en el escrito de informes presentado por él ante la segunda instancia, donde entre otras cosas advirtió que se le transgredió “…el derecho al debido proceso y el derecho de la defensa… en virtud de haber suspendido la practica (sic) de la inspección judicial y emitir opinión y apreciaciones, las cuales le son prohibidas al Juez, de conformidad con el artículo 475 del Código de procedimiento civil…”.

El formalizante, agregó además, que con ocasión a las referidas circunstancias, la recurrida quebrantó el ordinal 5º del artículo 243 eiusdem, incurriendo en incongruencia negativa, dado que no resolvió en forma expresa, positiva y precisa, con arreglo a las excepciones y defensas opuestas, y que por ello violó asimismo el artículo 12 del mencionado Código Adjetivo, aduciendo que el juez no decidió conforme a lo alegado y probado en autos, atenido a las normas de derecho; razones éstas que lo llevaron a solicitar “…que repusiera la causa al estado de practicarse dicha inspección judicial, conforme al artículo 208…”, eiusdem.

De lo anterior, se desprende que el recurrente no cumplió con las normas legales exigidas para la formalización del recurso de casación, previstas en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto en su delación, mezcla distintos vicios en la misma denuncia, sin llegar a acertar la denominación del vicio por el cual pretende acusar a la recurrida. En otras palabras, los alegatos del recurrente no se corresponden propiamente con alguno de los vicios por él señalados, sino al vicio de reposición preterida o reposición no decretada.

            Para decidir, la Sala observa:

La Sala, en decisión No. 307, de fecha 23 de mayo de  2008, caso: Hugo Antonio Andrade Núñez y otra  contra Noemí Corradini, señaló la necesidad de que el recurso de casación sea claro y preciso, con base en las siguientes consideraciones:

…Omissis…

Conforme al criterio jurisprudencial previamente transcrito, la Sala observa que la falta de pronunciamiento del juez de alzada sobre los alegatos expuestos por el formalizante en el escrito de informes en segunda instancia referidos a la falta de reposición de la causa, no constituye el vicio de incongruencia negativa, pues en ese caso lo correcto es denunciar la reposición no decretada, la cual tiene lugar cuando el recurrente, a través de su denuncia, solicita que se reponga la causa para que se renueve un acto que la recurrida no declaró nulo pese a su petición, aun efectuada en el acto de informes.  

Con base en las consideraciones expuestas, se evidencia que la denuncia que se examina contraviene los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, pues el formalizante, en primer lugar no denunció de manera separada, el vicio de incongruencia negativa del vicio de quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que menoscaban el derecho de defensa, y en segundo lugar, yerra al atribuir los razonamientos por los cuales consideraba infringida las normas señaladas, al vicio de incongruencia negativa, pues del análisis llevado a cabo por la Sala, se observa que la delación del formalizante realmente está dirigida a denunciar el vicio de reposición no decretada o reposición preterida.  

            En ese sentido, la Sala debe aclarar que la reposición no decretada, aunque constituye una de las modalidades de denunciar el vicio de quebrantamientos de formas sustanciales de los actos procesales, debe además estar fundamentada en los artículos 206,  208 y 15 del Código de Procedimiento Civil, dado que a través de ellos se establece el sistema de nulidades, la obligación que impone al juez de alzada para corregir los vicios procesales que detecte en la decisión del juez de la cognición, y la demostración del menoscabo al derecho de defensa, respectivamente. Asimismo, requiere que se señale, en qué consiste el quebrantamiento, con indicación de las normas jurídicas que contienen la regulación del acto viciado, de lo cual se apartó el formalizante al incluir en su denuncia los artículos 243 ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil, atribuyendo el sustento de sus alegatos al vicio de incongruencia negativa, el cual, persigue que haya un pronunciamiento expreso del juez sobre el punto debatido, sin que necesariamente sea obligatorio que se repita el acto relacionado, de conformidad con el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, como sí ocurre inexorablemente en el caso de haberse denunciado reposición no decretada.  

Por consiguiente, esta Sala desestima la denuncia, que con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denunciara el formalizante por  infracción de los artículos 12, 15, 208, 243 ordinal 5º y 244 del mismo Código Adjetivo. Así se establece.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

 

I

 

Al amparo de lo previsto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 508 y 478 del mencionado Código, por falta de aplicación de éstos y por violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  

            Para demostrar la existencia de la infracción, la recurrente formula las siguientes consideraciones:

…Omissis…

            Como puede observarse de la transcripción anterior, la formalizante alega que el juzgador de alzada incurrió en el vicio de falta de aplicación de los artículos 508 y 478 del Código de Procedimiento Civil, y que como consecuencia de ello, violó el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

En ese sentido, el formalizante plantea que la recurrida se encuentra incursa en el mencionado vicio, por cuanto no desechó las declaraciones de los ciudadanos Dalila Consuelo Brizuela Álvarez, José Rafael Villegas Chirinos y Ángel López Montoya, a quienes considera son testigos inhábiles, toda vez que en el debate probatorio del proceso de cognición, frente a las repreguntas efectuadas por su apoderado, los tres testigos promovidos por la parte querellante, cada uno en su momento de delación, refirieron expresamente tener un “…interés en el resultado final de la presente querella…”, lo cual, en su criterio, era determinante en el dispositivo del fallo, aduciendo al respecto, que de haber aplicado los artículos 508 y 478 del Código de Procedimiento Civil, el juez superior “…hubiese sentenciado de otra manera…”.

  

Para decidir, la Sala observa:

 

            El ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, prevé como uno de los casos de declaratoria con lugar del recurso de casación, por errores de juzgamiento, la falta de aplicación cometida por el sentenciador al dictar su decisión, siempre y cuando, esta infracción de fondo sea determinante en el dispositivo del fallo. 

Respecto a esta infracción legal previamente referida, la Sala, mediante  sentencia Nº 016, de fecha 25 de enero de 2008, caso: Diego Orozco Bernal contra Diego Orozco Arria y otros, proferida por esta Sala, estableció el siguiente criterio: 

“…de manera reiterada la doctrina de casación ha sostenido que, la falta de aplicación de una norma que esté vigente, tiene lugar cuando el juzgador se niega a aplicar la norma a una relación jurídica que está bajo su alcance…”.

            De acuerdo con la normativa legal citada y con el criterio jurisprudencial anteriormente transcritos, esta Sala, ratifica las consideraciones allí expresadas, y al efecto deja sentado, que si la denuncia está referida a la falta de aplicación de una norma jurídica, es porque ésta, aún cuando regula un determinado supuesto de hecho, niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien por considerarla inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque se presume que no se encontraba vigente, aún cuando ella estuviese promulgada. Esta omisión conduce a la transgresión directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente aporta la solución y que el juez no aplicó.

            Del mismo modo, mediante el desarrollo jurisprudencial, el supuesto de falta de aplicación, se ha extendido a aquellos casos en los cuales el juez no aplica una norma jurídica que el recurrente considere como determinante en la resolución de la controversia y más favorable a sus intereses, lo que también puede dar lugar a una sentencia injusta y en consecuencia, susceptible de nulidad.

Tal como fue mencionado anteriormente, el formalizante denuncia con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, que la sentencia de alzada incurrió en el vicio de falta de aplicación de los artículos 508 y 478 eiusdem, en razón de que el juez ad-quem no desechó por inhábiles a los tres testigos promovidos por la parte querellante, aun cuando todos respondieron afirmativamente al preguntárseles en el debate probatorio, a cada uno de ellos, si tenían algún interés en las resultas del juicio.

            A propósito de lo señalado anteriormente, los artículos 508 y 478 del Código de Procedimiento Civil, disponen lo siguiente:

  

“Artículo 508.

Para la apreciación de la prueba de testigos, el juez examinará… la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya              por otro motivo, aunque no hubiese sido      tachado, expresándose el fundamento de tal determinación.”.

 

“Artículo 478.

No puede tampoco testificar el magistrado en la causa en que esté conociendo, el abogado o apoderado por la parte a quien represente; el vendedor, en causas de evicción, sobre la cosa vendida; los socios en asuntos que pertenezcan a la compañía. El heredero presunto, el donatario, el que tenga interés, aunque sea indirecto, en las resultas de un pleito, y el amigo íntimo, no pueden testificar en favor de aquéllos con quienes les comprenda estas relaciones. El enemigo no puede testificar contra su enemigo.”. (Negritas de la Sala)

 

Respecto a las normas legales previamente transcritas, la Sala observa que el mencionado artículo 508, además de regular la actividad del juez en el examen de la prueba en general, le impone a éste en su labor sentenciadora, la obligación de descartar la deposición de aquel testigo que considere inhábil, por existir una dificultad objetiva de probar los hechos.

En ese sentido, lo previsto en el artículo 478 antes indicado, establece como una de las causales de inhabilidad relativa, que el testigo tenga algún interés, independientemente de que éste sea directo o indirecto. Bajo esta circunstancia, el testigo calificado como inhábil se encuentra impedido para declarar en juicio.

Ahora bien, a los efectos de verificar la existencia del vicio por falta de aplicación, denunciado por el recurrente, a continuación esta Sala pasa a detallar parte de los fundamentos sobre los cuales el juez de alzada centró su análisis para pronunciar la dispositiva de su fallo:

 

…Omissis…

De la anterior transcripción parcial del texto de la recurrida, se desprende que el sentenciador de alzada dedujo que la parte actora sí tenía más de un año en la posesión legítima del bien inmueble que se discute y que sí se cometieron los actos perturbatorios denunciados, a partir de la prueba de testigos promovida por el querellante, así como de otros medios suministrados por la querellada.

 

Al respecto, la Sala observa que ciertamente la posesión legítima por más de un año sobre el bien objeto de la acción, así como la demostración de la ocurrencia de la perturbación, que el actor haya ejercido contra el mencionado bien, constituyen presupuestos procesales necesarios para que prospere la acción interdictal de amparo por perturbación, y que si bien, no existe límite alguno en cuanto a los medios de prueba para demostrar tanto el hecho posesorio como la perturbación, es bien conocido por el foro que el medio de prueba por excelencia en estos casos es la prueba testifical.

            En ese sentido, el testigo llevado a juicio a los fines de probar los mencionados hechos, debe ser hábil, lo que implica, que éste no se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad relativas o absolutas previstas en el Código de Procedimiento Civil; de lo contrario, la declaración del testigo debe ser desechada por el juez, lo que no ocurrió en el caso que se examina, pues aún cuando el juez de alzada se percató de que los testigos Dalila Consuelo Brizuela Álvarez, José Rafael Villegas Chirinos y Ángel López Montoya, al ser repreguntados por el apoderado de la parte querellada, la primera, respondió: “…que no tiene interés alguno en las resultas del presente juicio, sino sólo conservar las nacientes del Río Guama…”; el segundo respondió “…que su único interés es que se respete la zona ambientalista boscosa, como vecino de la ciudad de Guama…”; y el tercero respondió “…que su único interés en las resulta del presente juicio era la conservación del Río Guama…”, lo que quiere decir, que respondieron afirmativamente tener algún interés, no descartó estas declaraciones, pese a que en su decisión expresó que el análisis de las mismas lo efectuaría con base en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil.

            Lo anterior, lleva a esta Sala a evidenciar que el sentenciador de alzada no aplicó los artículos 508 y 478 del Código de Procedimiento Civil, al dictar su sentencia, habida cuenta que sobre los testigos promovidos y evacuados por la parte querellante pesaba una de las causales de inhabilidad relativa, en virtud de haber expresado en sus deposiciones tener un interés, aún cuando este hubiese sido indirecto, motivo por el cual, le estaba prohibido al juez ad-quem acoger sus testimonios, por considerárseles testigos inhábiles. Aunado a lo anterior, cabe acotar, que este proceder verificado en la recurrida, fue determinante en el dispositivo del fallo pues, la suerte del contradictorio ha podido ser modificado de no haberse tomado como válidos los testimonios antes aludidos.

Ello encuentra su justificación, en razón de que aquella declaración de testigo en la que éste haya manifestado tener un interés sobre lo que se debate en el litigio, puede arrastrar una influencia en el ánimo del deponente que lo induzca a parcializarse con una de las partes, dando lugar al beneficio de ésta, cuyos resultados pueden ser determinantes en la validez de la prueba, en la convicción judicial, y en definitiva, constituir un obstáculo en la búsqueda de la verdad, y consecuencialmente, en el logro de una sentencia justa.

            Por lo antes expuesto, la Sala concluye, que el ad quem, infringió por falta de aplicación, los artículos 508 y 478 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, declara procedente la presente denuncia del formalizante. Así se establece.

II

            De conformidad con lo previsto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia que la recurrida infringió el artículo 508 eiusdem, señalando que no aplicó correctamente el mencionado artículo, lo que a su vez interpreto (sic) como “…la negación de su aplicación…”, y que como consecuencia de ello, violó el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Como fundamento de la infracción que el recurrente pretende poner en evidencia en su escrito de formalización, señaló lo siguiente:

            …Omissis…

 

Como puede observarse de la transcripción anterior, en el contexto de una denuncia del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante alega que el juzgador de alzada infringió el artículo 508 eiusdem, por cuanto, en su criterio, “…no aplicó correctamente el referido artículo, traduciéndose en la negación de su aplicación…”, es decir, por falsa aplicación, indicando además, que en consecuencia violó el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

En ese sentido, el recurrente expone como argumento de su denuncia, que el juez ad-quem, al pronunciarse sobre las declaraciones de los tres testigos promovidos y evacuados por la parte querellante, manifestó que éstos no se contradijeron al ser repreguntados por la “contraparte”, aun cuando no examinó, no transcribió ni estimó esas repreguntas, a los fines de constatar si en sus deposiciones se contradijeron o si eran concordantes entre si, cuando en realidad, consideraba que dichos testigos sí incurrieron en dicha contradicción. Agregó además, que por tal circunstancia en la sentencia no se aplicó debidamente el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

            Sobre el particular que se examina, mediante sentencia Nº 236, de fecha 11 de abril de 2008, caso: Josefa Gregoria Pérez Álvarez y otros, contra Silverio Antonio Pérez Álvarez, la Sala ha establecido que el supuesto de falsa aplicación “…ocurre cuando el juez aplica una norma jurídica, a una situación fáctica que no está comprendida en el precepto. Es decir, la falsa aplicación ocurre cuando un hecho que ha sido establecido por el sentenciador se califica mal y en consecuencia, se subsume en una norma jurídica, la cual no debía regular la situación planteada en el proceso…”.

            Asimismo, en criterio sostenido por la Sala en sentencia del 12 de agosto de 2005, caso: Banco Latino S.A.C.A. y otro contra  Inversiones Fococam, C.A., expresó que “…en cuanto a los motivos que generan la denuncia por infracción de ley, el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 2° prevé, …la falsa aplicación de una norma jurídica supone la aplicación efectiva de una norma que ha realizado el juez, a una situación de hecho que no es la que ésta contempla…”.

            De acuerdo con los precedentes criterios jurisprudenciales anteriormente transcritos, esta Sala de Casación Civil reitera su contenido y observa en consecuencia, que lo expuesto en esta oportunidad por el recurrente en su escrito de formalización, no obedece a una denuncia por falsa aplicación de una norma jurídica como él lo pretende hacer valer, pues, los argumentos que empleó para sustentar la misma, no se corresponden con el mencionado vicio, sino que configuran un error en la valoración de las pruebas, la cual, en todo caso, ha debido estar soportada en los artículos 313 ordinal 2º y 320 del Código de Procedimiento Civil, por haber infringido el juez el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, norma jurídica expresa que regula la valoración de la prueba, e indicar además, el precepto legal que en todo caso debió aplicar, así como lo determinante que resultó la mencionada infracción en el dispositivo del fallo.

En atención a las anteriores consideraciones, cabe advertir, que si bien es cierto que con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ha venido moderando la rigidez que con relación al cumplimiento de los extremos legales exige el Código de Procedimiento Civil, en la formalización del recurso de casación, ello no significa que tal flexibilización llegue al punto de apartar por completo la técnica jurídica requerida en la composición del respectivo escrito, esencial a los fines de permitir su entendimiento y facilitar así una adecuada respuesta, de parte del Máximo Tribunal.

            En ese sentido, la Sala de manera pacífica y reiterada, ha dejado establecido entre otras decisiones, mediante sentencia Nº 668, de fecha 21 de octubre de 2008, caso: Joaquín Mouriz Beceiro contra Alejandro Terán Martínez y otro, lo siguiente:

…Omissis…

          De lo anterior se desprende, que para formular una denuncia por infracción de ley, se deben encontrar satisfechas las exigencias previstas en el ordinal 2º del artículo 313 y del artículo 317, lo cual pasa por utilizar una adecuada calificación jurídica junto a argumentos que guarden una pertinente relación entre el vicio delatado y la infracción presuntamente cometida por la recurrida, carga ésta propia del formalizante que no puede ser suplida por la Sala, pues, al pretender interpretar las razones que el  formalizante haya vagamente presentado, pudiese dar lugar a una solución distinta a la que realmente se ajuste a lo solicitado.

            En ese orden de ideas, la Sala observa que el recurrente delata el vicio de falsa aplicación, con infracción del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, obviando que esta norma jurídica constituye, como fue reiterado en sentencia No. 874, de fecha 29 de noviembre de 2007, caso: Freddy Hernán Bencomo Archila contra Grupo San Miguel, C.A., “…una regla de valoración de la prueba…”, susceptible de revisión dentro de los errores de hecho al juzgar los hechos, toda vez que determina el mérito que debe atribuírsele a un medio probatorio, como lo es, en el caso que se examina, la prueba de testigo, ya que indica al sentenciador qué debe hacer o cómo debe proceder para valorar la prueba; en tanto que el vicio que se denuncia por  falsa aplicación, se encuentra contenido en los errores de derecho propiamente dicho, que supone, entre otras cosas, que el juez haya calificado erradamente la situación de hecho analizada y como consecuencia de ello, que la subsuma en una norma jurídica que no le es aplicable, dando como resultado que esa norma no sería la apropiada para regular ese hecho sino otro distinto.

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que si el propósito del formalizante era cuestionar la valoración de las declaraciones de los testigos promovidos por la parte querellante, al presumir que contrario a lo apreciado por la alzada, ellas resultaron contradictorias, ha debido formular una denuncia que permitiera a la Sala descender a las actas del expediente y extender su examen a la valoración de tales pruebas, sustentándola en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, como corresponde en una denuncia por error en el juzgamiento de los hechos.

De manera que, conforme a las consideraciones antes señaladas, se pone de manifiesto que la denuncia que se analiza no cumple con los requisitos exigidos  para realizar este tipo de delaciones, previstos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, dada su inadecuada fundamentación, habida cuenta que esa deficiencia impide a la Sala obtener los elementos necesarios para entrar a conocerla. En consecuencia, esta Sala declara improcedente la denuncia, que con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, sustentara el formalizante por  infracción del artículo 508 del mismo Código Adjetivo. Así se establece.

 

III

 

Con apoyo en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción de los artículos 12, 15, 208, 474, 475 y 509, eiusdem, por considerar que el juez ad-quem incurrió en el vicio de falta de aplicación de los referidos artículos, y que por consiguiente, violó el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no “considerar” los alegatos que en su defensa hiciere en el escrito de informes presentado por él en Alzada, mediante el cual manifestó, lo ilegal que consideraba la suspensión de la inspección judicial promovida por el querellado, y en atención a ello, sugiere la necesidad de la reposición de la causa.

            En efecto, el recurrente expresó mediante su escrito de formalización lo siguiente:

…Omissis…

Como se aprecia de la denuncia parcialmente transcrita up supra, con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante delata que la sentencia de alzada se encuentra viciada por falta de aplicación de los artículos 12, 15, 208, 474, 475 y 509, del mencionado Código, “…y que por consiguiente se transgredió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”, por cuanto en su criterio, el juzgador de segunda instancia no tomó en consideración los alegatos expuestos por la parte querellada en su escrito de informes presentado en la Alzada, a través del cual, advirtió que la suspensión de la inspección judicial promovida por el querellado, que hiciere el juez a-quo al momento de su práctica, fue ilegal y que en tal sentido, el juez ad-quem debió ordenarle a aquél practicar nuevamente dicha inspección.

Asimismo, señaló el formalizante que la recurrida “…no se basó en lo alegado y probado en autos y en atenerse a las normas de derecho…”, aludiendo al respecto que incurrió en falta de aplicación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, y que al no aplicar el articulo (sic) 15 del referido Código, no mantuvo a las partes en igualdad de condiciones ni respetó el derecho de defensa del querellado.

Para decidir, la Sala observa:

            Al igual que en la denuncia anterior, se aprecia una manifiesta ausencia de los extremos requeridos por el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el recurrente señala que la sentencia recurrida incurrió en el vicio de falta de aplicación de normas jurídicas, y sin embargo, los fundamentos de su delación tales como: “…no tomó en consideración los alegatos expuestos por la parte querellada en su escrito de informes…”, corresponden al vicio de incongruencia negativa, propio de una denuncia por defecto de actividad, que ha debido ser planteada de conformidad con el ordinal 2° (sic) del artículo 313 del mencionado Código Adjetivo.

Aun más, al delatar infringido el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, implica la pretensión, por parte del formalizante, de que se reponga la causa, lo cual se ve confirmado cuando en sus respectivos argumentos expresa que el juez de alzada “…sin duda hubiese repuesto la causa al estado de practicarse la inspección judicial promovida por el querellado al considerar la aplicación obligatoria de los artículos 475 y 476, ambos del Código de Procedimiento Civil…”, lo que en este caso daría lugar a denunciar, en lugar de la falta de aplicación, el vicio de reposición no decretada, tal como se explicó en la única denuncia de forma inicialmente examinada por la Sala.

            De manera pues que, con base en las anteriores consideraciones, ha quedado claro para la Sala, que el recurrente ha dejado al margen la técnica para la formalización de este tipo de denuncias. Ese sentido, en aras de evitar repeticiones inútiles y el desgaste jurisdiccional, respecto de los fundamentos que le llevan a proveer su pronunciamiento, se dan aquí por reproducidos los argumentos señalados en la denuncia anterior, a los fines de su declaratoria de improcedencia. Por lo tanto, conforme a todo lo expuesto, la presente denuncia formalizada por supuesta falta de aplicación de los artículos 12 y 15, 208, 474, 475 y 509 del Código de Procedimiento Civil, resulta improcedente. Así se establece.

IV

 

De conformidad con lo previsto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia que la sentencia recurrida infringió el artículo 476, del mencionado Código, por falsa aplicación del mismo, y que en consecuencia, transgredió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

            Como argumento de su denuncia, el recurrente expresó las siguientes aseveraciones:

…Omissis…

De la precedente trascripción se observa, que el formalizante denuncia que la sentencia de alzada está viciada por falsa aplicación del artículo 476 del Código de Procedimiento Civil, ya que al expresar, con relación a la suspensión de la experticia judicial solicitada por la parte accionada,  “…que los expertos propuestos eran trabajadores de la parte querellada, "situación que podría (sic) en duda la parcialidad que debía tener en el asesoramiento de la Juez tal como lo prevé el artículo 476 del Código de Procedimiento Civil…”,  (Subrayado del recurrente), aplicó este artículo que contiene un supuesto de hecho distinto al tratado, y que en su lugar, ha debido aplicar el artículo 453, que según su parecer, era el que correspondía al caso. 

Para decidir, la Sala observa 

Sobre el particular, la Sala, ha dejado establecido mediante sentencia Nº 248, de fecha 29 de abril de 2008 caso: Arquidipro 1366, C.A. contra Luís Otero y otra, lo siguiente:

…Omissis…

De lo expresado en la cita anterior, se colige que existe el vicio por falsa aplicación de una norma jurídica, cuando el juzgador incurre en una falsa relación entre los hechos contenidos en las actas del expediente y los supuestos de la norma jurídica que se aplica, en otras palabras, cuando el juez aplica una determinada norma jurídica a una situación de hecho que no es la contemplada en ella.  

Además, se aprecia de la aludida sentencia, que para que la Sala pueda entrar a conocer el referido vicio, es necesario que el recurrente haya cumplido con una serie de requisitos, de conformidad con lo establecido en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, en el que entre otros, se menciona, el deber de expresar las razones que demuestren la existencia de la infracción, explicando de forma clara y precisa cómo, cuándo y en qué sentido ésta se produjo; se exige también, la demostración de que dicha infracción haya sido determinante en el dispositivo del fallo, de acuerdo con lo previsto en el único aparte del artículo 313 eiusdem.

            Asimismo, es necesario, que tras especificar las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, se indiquen las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.

Ahora bien, como puede apreciarse de las anteriores consideraciones, las pautas exigidas para formalizar el recurso de casación, en especial, la denuncia por falsa aplicación del artículo 476, no fueron cumplidas por el recurrente, pues, en el caso concreto, éste se limitó a indicar la norma supuestamente infringida y la que debía aplicarse, sin ofrecer razonamiento alguno que pudiera conducir a esta Sala a entender cómo, cuándo y en qué sentido la misma se produjo, y la aplicación que tendría la norma por él sugerida en el caso que se examina. Tampoco demostró de qué forma tal infracción resultaba determinante en el dispositivo del fallo, ni siquiera señaló de qué modo se vio lesionado su derecho.

En tal sentido observa la Sala, que el recurrente, en un intento por querer hacer valer su impugnación, una vez más insiste en proporcionar argumentos inapropiados para este tipo de denuncias. Lo que da cuenta de que no empleó la técnica casacionista requerida.

En ese orden de ideas, tal como ocurrió en el capítulo anterior, y a los fines de evitar repeticiones inútiles, esta Sala da por reproducido los fundamentos utilizados para desechar la denuncia anterior, por falta de técnica. Así se establece.

Con base a lo anteriormente expresado, esta Sala declara improcedente la presente denuncia, fundamentada en la supuesta falsa aplicación del artículo 476 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

Por último, con relación a la reiterada denuncia que hace el formalizante en cada una de sus delaciones, en las que señala que la recurrida ha conculcado el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe la Sala precisar, que si bien es cierto que nuestra Constitución contempla como una garantía de la justicia, el debido proceso, consagrado en el citado artículo, éste debe considerarse implícito dentro del contenido y alcance de las normas legales previstas en el ordenamiento jurídico venezolano. Lo que implica, que de advertirse una violación a una norma de orden Constitucional, no le es dable a esta Sede Casacional resolverla, a menos que se trate de reestablecer el orden público y constitucional infringido, ante lo cual, sólo a través del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se le extienden a esta Sala de Casación Civil, facultades para su control. Por tanto, en el caso que se comenta, su conocimiento y decisión, le está atribuido a la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal. En consecuencia, se desestima lo denunciado con fundamento del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  Así se establece.

 

La segunda de las decisiones objeto de revisión, fue dictada por la Sala de Casación Civil el 4 de agosto de 2011, y se distingue con el número 000374/2011, en la cual se declaró: “SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por el profesional del derecho José Ramón Escobar Vaamonde, apoderado judicial de la ciudadana AMALIA CLEMENCIA CORDIDO SANTANA, parte demandante, contra la sentencia de reenvío proferida en fecha 16 de septiembre de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.

Se condena en costas del recurso a la parte demandante recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil”.

Dispositivo al cual se arribó luego de realizar la siguiente motivación:

En el juicio de interdicto por perturbación, seguido por la ciudadana AMALIA CLEMENCIA CORDIDO SANTANA, representada judicialmente por el profesional del derecho José Ramón Escobar Vaamonde, contra el ciudadano ANDRÉS VON FEDAK, representado judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión Nelson León y Pascualino Di Edigio Vitalone, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, dictó sentencia de reenvío en fecha 16 de septiembre de 2010, declarando con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte querellada en contra de la sentencia dictada en fecha 29 de marzo de 2007 por el Tribunal A Quo.  Resultando con ello, la declaratoria sin lugar de la demanda.

Contra la citada decisión la parte accionante perdidosa ejerció el recurso extraordinario de casación. Hubo formalización.

Cumplidas las formalidades legales, pasa la Sala a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe y lo hace previa las siguientes consideraciones:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

 

De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12, 243 ordinal 5° eiusdem, bajo el vicio de incongruencia negativa.

En tal sentido, el formalizante indicó:

…Omissis…

Para decidir, la Sala observa:

El formalizante considera en la actual denuncia que el Juez de la recurrida ha incurrido en el vio de incongruencia negativa al dilucidar que el juez Ad Quem al pronunciarse sobre la improcedencia de la caducidad, no continuó el análisis total que obliga el alegato de defensa y sus consecuencias.

Ante el presente alegato, a los fines de establecer la solución a que haya lugar, es menester citar lo establecido por el Juez de la recurrida al respecto:

“…De la caducidad

En la oportunidad de la contestación de la demanda el querellado alegó la caducidad como materia de orden público, por lo que debe este tribunal pronunciarse al respecto en punto previo pues de proceder dicha defensa haría inoficioso el estudio de la materia de fondo.

Así, de conformidad con el artículo 782 del Código Civil, el querallante puede, dentro del año a contar desde la perturbación, pedir amparo a la posesión. En tal sentido, consta en el libelo de la demanda que la actora adujo que los hechos perturbatorios se produjeron en el mes de agosto de 2004. También se aprecia en los instrumentos de pruebas, específicamente la misiva que corre al folio 125 que la parte actora reclamó al querellado por comunicación fechada el 7 de agosto de 2004 la construcción de una cerca en su propiedad. También se aprecia en la declaración rendida por los testigos, que éstos señalaron que los hechos perturba torios (Sic) tuvieron lugar en agosto de 2004. Finalmente, consta al vuelto del folio 3 y al folio 4 del expediente nota de presentación de la querella ante el órgano jurisdiccional de fecha 4 de agosto de 2005, de lo cual se evidencia con meridiana claridad que la acción fue presentada oportunamente (dentro del mes de agosto de 2005). Razón por la cual se desestima la defensa de caducidad alegada. Así se decide.

No habiendo prosperado este asunto corresponde ahora examinar la materia de fondo…” (Negrillas de la sentencia en cita)

 

De la anterior cita, determina claramente esta Sala de Casación Civil, que el Juez de la recurrida determinó la desestimación de la caducidad alegada por el querellado al sostener que la acción fue presentada oportunamente, y por consiguiente, al quedar planteada tal desestimación, procedió a analizar toda la materia que constituye el fondo de la actual controversia, referido a la pretensión  del interdicto por perturbación. Así bien, no comprende la Sala cuando el formalizante afirma que existe incongruencia negativa al respecto, pues, contrario a lo sostenido por el recurrente, se observa que el Juez de la recurrida al desestimar la defensa de caducidad producida en el presente juicio, se encuentra pronunciando acerca de tal alegato, no existiendo en consecuencia, omisión de pronunciamiento alguno. En ese sentido, tal y como lo establece nuestro legislador, procedió a conocer el fondo del asunto. Bajo estos parámetros, afirma la Sala que el Juez Ad Quem, sobre el punto establecido, no ha dejado de pronunciarse acerca de la caducidad alegada, no considerando en consecuencia que se haya perpetrado bajo estos parámetros el vicio de incongruencia negativa. Así se establece.

Señalado lo anterior, determina esta Sala de casación Civil que la actual denuncia por defecto de actividad, basada en el vicio de incongruencia negativa, debe ser declarada improcedente. Así se establece.

II

De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 6°, eiusdem, bajo el vicio de indeterminación objetiva de la decisión.

En tal sentido, el formalizante estableció:

…Omissis…

Para decidir, la Sala observa:

En esta nueva denuncia por defecto de actividad, el formalizante considera que el juez de la recurrida ha incurrido en el vicio de indeterminación objetiva  al no determinar cómo queda la sentencia apelada, es decir, si ha quedado revocada o no, considerando en ese sentido que la misma carece de claridad en el dispositivo.

Ante el presente planteamiento, es importante citar lo establecido en la sentencia recurrida:

…Omissis…

En la presente cita, denota esta Sala de Casación Civil que el juez de la recurrida determinó la declaratoria con lugar del recurso de apelación presentado por la parte querellada en contra de la sentencia del Tribunal A Quo emitida en fecha 29 de marzo de 2007. Estableciendo previamente que no se encuentran demostrados en autos los requisitos exigidos por la ley para admitir la pretensión del interdicto de amparo por perturbación.

Así bien, en cuanto al vicio de indeterminación objetiva, la Sala ha dejado sentado entre otras, mediante decisión de fecha 21 de mayo de 2010, bajo el expediente número AA20-C-2009-000692, el siguiente criterio jurisprudencial:

…Omissis…

Basada en la cita jurisprudencial ut supra, afirma una vez mas esta Sala de Casación Civil, que el vicio de indeterminación objetiva no se concreta cuando en la sentencia recurrida establece la cosa u objeto de la sentencia en cualquier parte de la decisión. En efecto, cuando en el fallo, bien sea en la parte narrativa o en la motiva se determina con claridad la cosa u objeto de la sentencia, ello no impide que el fallo se vuelva inejecutable.

Bajo estos parámetros, al quedar evidenciada parte de la motiva y la dispositiva de la sentencia recurrida antes citada, se delata claramente que el juez de la recurrida, en base a los alegatos ventilados en la actual controversia, determinó claramente que la acción interdictal de amparo por perturbación no puede ser declarada con lugar, al dejar asentando que en autos no quedó demostrado los requisitos exigidos por la ley para admitir tal pretensión. Por consiguiente, declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por la parte querellada en contra de la sentencia dictada en fecha 29 de marzo de 2007 por el juzgado Tercero de Primera Instancia, Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, que había declarado con lugar la acción.

Bajo este orden de ideas, no observa esta Sala que se encuentra configurado el vicio de indeterminación objetiva de la controversia, por cuanto quedó evidenciado que el objeto de la decisión se encuentra reflejado en la improcedencia de la acción de interdicto por perturbación, producto de haberse declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte querellada, por no haber quedado demostrada la pretensión del querellante, y por consiguiente, al haber quedado establecido en esos términos la sentencia recurrida, es evidente que la sentencia del Tribunal A Quo quedó revocada, que cabe destacar, aunque no quedó expresamente establecido en la sentencia recurrida, produciría una casación inútil la revocatoria del fallo recurrido, para que solamente la revocatoria del fallo apelado se ceñiría en la orden de un nuevo pronunciamiento de la sentencia en los mismos términos en que ya fue dictado, con la sola acotación de que se cite la revocatoria del fallo apelado, por lo que considera esta Sala que Casar el Fallo por ese motivo atentaría evidentemente contra el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que enmarca la prohibición de sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, constituyendo en este sentido la falta del establecimiento de la revocatoria del fallo apelado una omisión de formalidad no esencial que evidentemente causaría una reposición inútil basado en el sacrificio de una justicia que ya quedó impartida en el fallo recurrido, pues, tal revocatoria subsiste con la declaratoria ha lugar de la apelación ejercida por la parte querellada, y la improcedencia de la acción de interdicto por perturbación intentada por el querellante, en consecuencia, considera esta Sala de casación Civil, que con tal pronunciamiento el juez de la recurrida no ha infringido el ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tal y como lo quiere hacer notar el formalizante. Así se establece.

Se concluye, que la actual denuncia por defecto de actividad, bajo los parámetros antes establecidos, debe ser declarada Improcedente. Así se decide.

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

I

De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12, 361 y 506, todos del citado Código de Procedimiento Civil y del artículo 1.401 del Código Civil, todos por falta de aplicación.

En tal sentido, el formalizante estableció:

…Omissis…

Para decidir, La Sala observa:

 

 El formalizante en primer orden, enmarca la actual denuncia bajo la Casación sobre los Hechos, al ser apoyada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo seguidamente encuadra la actual denuncia bajo la premisa configurada en la falta de aplicación de los artículos 12, 361 y 506 del Código de Procedimiento Civil, y 1.401 del Código Civil, al considerar que el juez de la recurrida se abstuvo en entrar a analizar las consecuencias de la excepción opuesta por el querellado al dar contestación a la demanda, consistente en la caducidad. Así bien considera el formalizante que “el querellado admite expresamente la existencia de la perturbación, por lo tanto son hechos admitidos que no permiten que exista ningún tipo de duda o incertidumbre respecto de que el ejercicio de la caducidad trae como consecuencias la admisión del alegado demandado”.

En ese sentido, considera el formalizante que la violación del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil se produce porque si la recurrida hubiese reconocido que el querellado al contestar la demanda admitió la perturbación, hubiera podido constatar la existencia de la misma y por consiguiente no habría podido declarar sin lugar la demanda. Igualmente considera que se produjo la falta de aplicación del artículo 506 eiusdem, por cuanto en el acto de contestación de la demanda el querellado además de admitir la validez de la perturbación, la invocó como un mecanismo de defensa que de acuerdo con la mencionada norma debió probar en la secuela del juicio por imperativo de la norma denunciada y que no fueron analizadas por la recurrida. Y finalmente considera que la violación del artículo 1.401 del Código Civil se produjo ya que en la parte transcrita de la contestación de la demanda, consta que el querellado confesó sin lugar a dudas que en la perturbación había operado la caducidad y que el querellante no podía accionar por esta vía por cuanto su representado había sido liberado por el transcurso del tiempo. Considerando con todo ello, que el juez de la recurrida quebrantó el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, al no haberse atenido a lo alegado y probado en autos.

Bajo estos aspectos, denota esta Sala que el formalizante, al denunciar el quebrantamiento de las disposiciones legales antes señaladas, insistentemente basa la presente denuncia en una supuesta admisión expresa de los hechos perturbatorios por parte del querellado por el hecho de haber alegado la caducidad de la acción, entendiéndose con dicho alegato que el mismo se encontraba inmerso en el hecho perturbatorio y por consiguiente, cuando el juez de la recurrida consideró que la acción interdictal intentada no se encontraba caduca, debió de haber declarado con lugar la querella, por una supuesta admisión de los hechos perturbatorios por parte del querellado. Insiste la Sala, que bajo estos aspectos, pretende en este sentido el formalizante que el juez de la recurrida, en virtud del alegato de caducidad plasmasdo (sic) por el querellado, éste se encontraba admitiendo dicho hecho de perturbación por el cual ha sido demandado, y por consiguiente, debió de haberse declarado con lugar la querella propuesta.

Considera esta Sala de Casación Civil que un alegato de caducidad de la acción, bajo ningún aspecto puede considerar por vía de consecuencia la admisión de la acción demandada, no podría en ese caso el juez de que se trate, considerar la admisión de los hechos objeto de la pretensión cuando no ha sido expresamente alegado por la parte.

Bajo estos aspectos, esta Sala de Casación Civil debe dejar claramente establecido que el recurrente confunde la falta de aplicación de las disposiciones legales en denuncia con un dispositivo que según su entender, el juez de la recurrida debió establecer, porque así le convenía, no pudiendo en este sentido confundir el formalizante que el plantear una excepción de caducidad de la acción, puede conllevar a la admisión de los hechos objeto de la pretensión del actor. El legislador patrio bajo ningún aspecto establece esa premisa. En este sentido, la actual denuncia por infracción de ley debe ser declarada Improcedente. Así se decide.

II

De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12, 486, 507 y 508 ibídem, y 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos por falta aplicación y de los artículos 498 ordinal 3° y 508 del citado Código de Procedimiento Civil, ambos por falsa aplicación.

En tal sentido, el formalizante estableció:

…Omissis…

Para decidir, la Sala Observa:

En la actual denuncia, el formalizante, tal y como sucede en la anterior, pareciera en primer orden enmarcarla bajo la Casación sobre los Hechos, al ser apoyada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo seguidamente determina la denuncia de los artículos 12, 486, 507, y 508 eiusdem, y el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos por falta de aplicación; y los artículos 498 (Sic) ordinal 3° y 508 (nuevamente) del Código de Procedimiento Civil, ambos por falsa aplicación.

Ante la presente denuncia, es importante para la Sala establecer los siguientes parámetros:

El formalizante de manera errada, denuncia al mismo tiempo y por los mismos motivos, la falta y falsa aplicación de una disposición normativa, en el presente caso, ha ocurrido con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, en este sentido, es importante recalcar que el vicio de falta aplicación de una disposición legal se produce cuando el juzgador no aplica una determinada norma vigente a una relación jurídica que se encuentra bajo su análisis, de manera pues, que el juez debió aplicar una normativa vigente en específico para el caso en concreto. Por su parte, la falsa aplicación de una disposición legal se produce cuando se establece de una errónea la relación entre los hechos y la norma, resultante de una defectuosa calificación de aquéllos, o de cualquier otro error que conduzca al establecimiento de esa falsa relación, lo cual conduce a que se utilice una norma jurídica no destinada a regir en el hecho concreto.

Bajo el análisis anterior, y tomando en cuenta que los vicios de falta de aplicación y falsa aplicación son dos vicios distintos y por lo tanto incompatibles, es decir, en el primero el juez dejó de aplicar una normativa vigente a un caso en concreto, y en el segundo, el juez aplicó una norma jurídica no destinada a regir en el hecho concreto; ello debe conducir a esta Sala de Casación Civil a dejar sentado que el formalizante, erradamente denunció al mismo tiempo los vicios de falta y falsa aplicación del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, pues se pregunta la Sala ante tal evento: El Juez de la Recurrida no aplicó dicha disposición normativa en la valoración del medio probatorio arriba descrito? o Utilizó dicha normativa jurídica antes señalada, la cual no estaba destinada a regir la valoración del medio probatorio en concreto?.  Así bien, se reitera, estos vicios son incompatibles, y por lo tanto es imposible ser denunciados al mismo tiempo en base a una misma disposición normativa y por los mismos motivos, como lo pretende enmarcar el formalizante, en el presente caso, basado en la valoración de unos testigos a que hace alusión en la denuncia precedentemente trascrita. Así se establece.

En otro orden, ha establecido reiteradamente esta Sala de Casación Civil que la violación o quebrantamiento de normativas de carácter constitucional, no es competencia material de la Sala de Casación Civil, por cuanto ello compete a la Sala Constitucional, por consiguiente, es importante ratificar que, el recurso de casación es un medio de impugnación dirigido a controlar la legalidad del fallo, no su constitucionalidad, en ese sentido, ante esta Sala de Casación Civil no podría caber como denuncia, la infracción de una disposición constitucional como vicio delatado, ocurriendo en el presente caso que, el formalizante ha denunciado la infracción del artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por falta de aplicación. Y en este sentido, de antemano resulta improcedencia (sic) tal denuncia delatada por desprender en ella, el apoyo a un vicio del recurso de casación presentado. Así se establece.

En torno a la denuncia de las demás disposiciones legales, referidas a los artículos 12, 486 y 507, todos del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación; de la trascripción de la presente denuncia se desprende que el formalizante señala la falta de aplicación de las citadas disposiciones legales, pero no establece de qué manera se dejaron de aplicar, se ciñe sin embargo a criticar el criterio que sostuvo el juez de la recurrida para declarar por ejemplo a los ciudadanos Dalila Consuelo Brizuela Álvarez, José Rafael Villegas Chirinos y Ángel López Montoya, como testigos inhábil por considerar que ellos mantienen interés indirecto en el caso.

Ante el presente planteamiento, debe esta Sala recordar que la sentencia recurrida se encuentra en calidad de reenvío, en vista de que la anterior sentencia producida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy en fecha 14 de mayo de 2008, fue recurrida en Casación, y por consiguiente, mediante decisión de fecha 26 de febrero de 2009 esta Sala de Casación Civil, bajo la ponencia de la Magistrada Isbelia Pérez Velásquez, declaró con lugar el recurso de casación ejercido en ese momento, precisamente bajo el fundamento de la valoración que en esa oportunidad el juez de la recurrida le había otorgado a los ciudadanos antes mencionados, siendo que los mismos, y así quedó establecido en la decisión casacional, se encontraban en una de las causales para ser considerados testigos inhábil, cuestión que no observó el juez de la recurrida para ese momento. En ese sentido, para ratificar el punto, es importante citar la motivación de la referida decisión casacional que se encuentra enmarcada en el expediente número AA20-C-2008-000366:

…Omissis…

Bajo estos parámetros, es evidente que la fundamentación de la presente denuncia en la falta de aplicación de los artículos 12, 486 y 507, todos del Código de Procedimiento Civil, y por ende, las demás disposiciones legales denunciadas, no tiene sentido, en vista de que evidentemente, el juez de la recurrida encontrándose en reenvío, y en acatamiento a lo decidido por esta Sala de Casación Civil en la decisión antes citada, determinó que los testigos antes identificados se encuentran dentro de una causal para ser declarados inhábil y por ende no ser apreciados en el presente juicio. Bajo estos parámetros, la denuncia de tales disposiciones legales es indudablemente improcedente. Así se establece.

Finalmente, vale la pena destacar que el formalizante delata al principio de su denuncia, la infracción del artículo 498 ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, por falsa aplicación, y en el desarrollo de la misma señala la infracción del artículo 492 ordinal 3° eiusdem por el mismo motivo, pareciera que existe una errónea trascripción del articulado que la Sala no logra comprender, tomando en cuenta que el recurrente no estableció de qué manera el juez de la recurrida falsamente estableció la relación entre los hechos, y el supuesto de hecho de la normativa jurídica denunciada, y en qué sentido la aplicó, siendo que tal normativa no se encontraba destinada a regir en la valoración de los testigos a que hace referencia en su denuncia. El formalizante se limita en afirmar en todo caso que, el juez de la recurrida restó valor probatorio a la declaración de los testigos, aplicando falsamente el contenido de la citada disposición legal, fundamento éste que no le transmite a esta Sala de Casación Civil, de qué manera se ha producido tal vicio, porque de haber aplicado falsamente tal dispositivo legal, aunado a que ya, se estableció previamente que ninguna de las disposiciones legales denunciadas tienen cabida bajo el presente fundamento de valoración de unos testigos que fue el objeto de una casación previa. Así se establece.

Bajo los fundamentos de hecho y de derecho antes señalados, debe esta Sala de casación Civil, determinar que la actual denuncia debe ser declarada improcedente. Así se decide.

 

CASACIÓN SOBRE LOS HECHOS

ÚNICO

 

De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 509 ibídem, bajo el vicio de silencio de pruebas y 429 ídem,  por falta y falsa aplicación.

En tal sentido, el formalizante estableció:

La Sala observa para decidir:

En la presente denuncia enmarcada bajo silencio de prueba, el formalizante denuncia la falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, y a su vez, la falta y falsa aplicación del artículo 429 eiusdem.

En este orden, el recurrente afirma que la recurrida silenció por completo las pruebas aportadas, generalizando en ese aspecto todos los medios probatorios, que constituyen en gran parte del sustento de la pretensión de la querella. Y trae a colación, según su entender la falta de valoración del documento público protocolizado ante el Registro Subalterno del Distrito Sucre  de Yaracuy, de fecha 2 de noviembre de 1972, protocolizado bajo el número 12, folios 21 al 24 del P.P., 4to. Trimestre de 1972. Y ante la sostenida falta de análisis, el formalizante determina que se desconoce en su integridad qué hechos trascendentes y pertinentes a la causa se desprenden de estos instrumentos fundamentales silenciados en su integridad y que impidieron una justa resolución de la controversia.

En primer orden, ante lo alegado, y tomando en cuenta que reiteradamente la Sala ha determinado que el vicio de Silencio de Prueba se produce cuando el sentenciador ignora por completo el medio probatorio, o hace mención de él pero no expresa su mérito probatorio, ya que el órgano jurisdiccional se encuentra en la obligación de analizar juzgar todas y cada una de las pruebas presentadas por las partes con independencia de quien la promovió.

Ante tal alegato, es oportuno traer a colación, lo establecido por el juez de la recurrida al respecto:

…Omissis…

De la trascripción anteriormente sostenida por el Juez de la Recurrida, y aunado a ello lo sostenido por el formalizante, debe esta Sala determinar en primer lugar, que contrariamente a lo que alega el recurrente, el Ad Quem analizó todos y cada uno de los medios probatorios a los cuales hizo alusión, medios que fueron promovidos por las partes y admitidos en su oportunidad procesal, ello en síntesis general, y en específico, cuando el formalizante se refiere a la falta de valoración de la copia certificada expedida por el Registro Subalterno del Distrito Sucre de Yaracuy el 06 de octubre de 1994 de documento del 2 de noviembre de 1972, protocolizado bajo el número 12, folios 21 al 24 del P.P., 4to., Trimestre de 1972, tal y como se evidencia de la citada transcripción, contrario nuevamente a lo que alega el recurrente, el juez de la recurrida sí lo analizó y le dio el valor probatorio respectivo al dejar sentado que: “Tal documento (folio 116 al 121) constituye un documento público por estar registrado ante la Oficina Subalterna de Guama, y como quiera que no fue impugnado se valora de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. De el (sic) se desprende que el ciudadano Antonio Cordido W., adquirió por medio del referido documento todos los derechos ubicados en el Cerro Buena Vista, en la Jurisdicción del estado (Sic) Sucre de este estado, donde se describen sus linderos y así se decide”. Bajo estos parámetros, es evidente que tal medio probatorio fue debidamente mencionado, analizado y valorado de conformidad con el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, dejándose establecido en este aspecto, que la citada normativa legal no fue quebrantada bajo la presente denuncia por falta de aplicación. Así se establece.

Por otra parte, es importante destacar, tal y como se dejó establecido en la segunda denuncia por infracción de ley, pero con otra disposición legal, que el formalizante denuncia al mismo tiempo, la falsa aplicación y la falta de aplicación del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, al considerar la falta de valoración de los medios probatorios. En este sentido, es importante recalcar que el vicio de falta aplicación de una disposición legal se produce cuando el juzgador no aplica una determinada norma vigente a una relación jurídica que se encuentra bajo su análisis, de manera pues, que el juez debió aplicar una normativa vigente en específico para el caso en concreto. Por su parte, la falsa aplicación de una disposición legal se produce cuando se establece de una errónea la relación entre los hechos y la norma, resultante de una defectuosa calificación de aquéllos, o de cualquier otro error que conduzca al establecimiento de esa falsa relación, lo cual conduce a que se utilice una norma jurídica no destinada a regir en el hecho concreto.

Bajo el análisis anterior, y tomando en cuenta que los vicios de falta de aplicación y falsa aplicación son dos vicios distintos y por lo tanto incompatibles, es decir, en el primero el juez dejó de aplicar una normativa vigente a un caso en concreto, y en el segundo, el juez aplicó una norma jurídica no destinada a regir en el hecho concreto; ello debe conducir a esta Sala de Casación Civil a dejar sentado que el formalizante, erradamente denunció al mismo tiempo los vicios de falta y falsa aplicación del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, pues se pregunta la Sala ante tal evento: El Juez de la Recurrida no aplicó dicha disposición normativa en la valoración del medio probatorio arriba descrito? o Utilizó dicha normativa jurídica antes señalada, la cual no estaba destinada a regir la valoración del medio probatorio en concreto?. Ante tal circunstancia, y habiendo ya quedado previamente establecido que, contrariamente a lo señalado por el recurrente, el Ad Quem si analizó y valoró correctamente el ya tantas veces citado medio probatorio, se complementa ahora que lo propio fue valorado en base a lo establecido en el citado artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. De manera que en primer orden, la falta de aplicación denunciada por el formalizante se desvirtúa en primer orden, y con respecto a la falsa aplicación de la misma, el recurrente no determinó de qué manera pudo haber incurrido el juzgador en la supuesta infracción; aunado a que, simultáneamente se encuentra denunciado (sic) dos vicios que por demás son comprobadamente incompatibles. Así se establece.

Bajo los parámetros antes delatados, es evidente que esta Sala de Casación Civil, debe declarar la actual denuncia de silencio de pruebas improcedente. Así se establece.

III

DE LA COMPETENCIA

El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de “…revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica respectiva…”.

Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes está contenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en sus numerales 10 y 11, en los siguientes términos:

 

“Artículo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

(...omissis…)

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales.

11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales.

(…omissis…)”.

 

Ahora bien, por cuanto fue propuesta ante esta Sala la solicitud de revisión de dos sentencias dictadas por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales antes citadas, esta Sala se declara competente para conocerla. Así se decide.

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

          La parte solicitante cuestionó la constitucionalidad de dos sentencias dictadas por la Sala de Casación Civil, por un lado, señaló la N° 000374/2011 dictada el 4 de agosto de 2011, y seguidamente, solicitó la revisión constitucional de la sentencia N° 000095/2009 publicada el 26 de febrero de 2009.

          Esta Sala, a fines prácticos, comenzará el análisis de las denuncias de manera cronológica, motivo por el cual, se pasa de seguidas a analizar la sentencia N° 000095 del 26 de febrero de 2009, dictada por la Sala de Casación Civil.

          Con respecto a dicha sentencia, se cuestiona básicamente que la Sala de Casación Civil declaró con lugar el recurso de casación que en su momento interpusiera la parte querellada dentro del proceso principal, ciudadano Andrés Von Fedak, (contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy el 14 de mayo de 2008, que confirmó la declaratoria con lugar de la querella interdictal, que a su vez había declarado el tribunal de Primera Instancia), con base a la supuesta existencia del vicio de falta de aplicación de los artículos 508 y 478 del Código de Procedimiento Civil, por no haber desechado el juez de alzada a los tres testigos promovidos por la parte querellante, en virtud del supuesto interés que, cada uno de ellos manifestó en las resultas del juicio.

          Con relación a ello, indica la parte solicitante que, los suyos, fueron “declarados testigos inhábiles relativos por tener un supuesto interés en la conservación de las nacientes del Río Guama, en que se respeten las (sic) zona ambiental boscosa y por ser vecinos de la población de Guama”.

          En efecto, de la sentencia bajo análisis se extrae la siguiente argumentación:

En ese sentido, el testigo llevado a juicio a los fines de probar los mencionados hechos, debe ser hábil, lo que implica, que éste no se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad relativas o absolutas previstas en el Código de Procedimiento Civil; de lo contrario, la declaración del testigo debe ser desechada por el juez, lo que no ocurrió en el caso que se examina, pues aún cuando el juez de alzada se percató de que los testigos Dalila Consuelo Brizuela Álvarez, José Rafael Villegas Chirinos y Ángel López Montoya, al ser repreguntados por el apoderado de la parte querellada, la primera, respondió: “…que no tiene interés alguno en las resultas del presente juicio, sino sólo conservar las nacientes del Río Guama…”; el segundo respondió “…que su único interés es que se respete la zona ambientalista boscosa, como vecino de la ciudad de Guama…”; y el tercero respondió “…que su único interés en las resulta del presente juicio era la conservación del Río Guama…”, lo que quiere decir, que respondieron afirmativamente tener algún interés, no descartó estas declaraciones, pese a que en su decisión expresó que el análisis de las mismas lo efectuaría con base en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil.

 Lo anterior, lleva a esta Sala a evidenciar que el sentenciador de alzada no aplicó los artículos 508 y 478 del Código de Procedimiento Civil, al dictar su sentencia, habida cuenta que sobre los testigos promovidos y evacuados por la parte querellante pesaba una de las causales de inhabilidad relativa, en virtud de haber expresado en sus deposiciones tener un interés, aún cuando este hubiese sido indirecto, motivo por el cual, le estaba prohibido al juez ad-quem acoger sus testimonios, por considerárseles testigos inhábiles.  

           

Ahora bien, esta Sala Constitucional estima necesario para emitir un pronunciamiento sobre lo debatido, precisar que el juicio principal se trata de una querella interdictal por perturbación, a través de la cual, la ciudadana Amalia Clemencia Cordido Santana, hoy solicitante, denunció la ocurrencia de ciertos actos perturbatorios a la posesión que ejerce sobre la Hacienda El Trigal, ubicada en la cabecera del Río Guama del Estado Yaracuy, y que los mismos, implican poner en peligro los manantiales que originan las cabeceras del referido Río, “que al ser destruidos, por probables talas o movimientos de tierra o por el simple caminar de personas y bestias se atenta contra el medio ambiente”.

Así entonces, considerando que la sentencia objeto de revisión se fundamentó en un supuesto interés en las resultas del juicio, por parte de los testigos promovidos por la parte querellante, y en que no se habían aplicado en ese sentido, los artículos 508 y 478 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala estima necesario considerar que, en los procesos interdictales, las testimoniales constituyen un medio de prueba de suma importancia para que, tanto querellante como querellado, intenten demostrar la veracidad o falsedad en torno a los hechos que hayan sido señalados como perturbatorios o constitutivos de despojo, por lo que indudablemente se trata de una prueba cuya valoración ha de ser compleja, toda vez que implica la adminiculación de una serie de circunstancias que rodean la situación fáctica señalada por las partes, así como las condiciones particulares de cada testigo, cuya deposición “no es una declaración de voluntad, sino una manifestación del pensamiento” (Jiménez Salas. 2000. Los Interdictos en la Legislación Venezolana).

Ello así, la norma procesal contenida en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, en la cual se fundamentó la Sala de Casación Civil para el dictado de la sentencia cuya constitucionalidad se cuestiona a través de la presente solicitud, debe ser analizada prudentemente, sin juicios apriorísticos y atendiendo a las particularidades de cada caso.

En este sentido es pertinente citar lo expuesto por la profesora Rondón García (2008), en su obra “La Prueba de Testigos. Análisis jurídico, psicológico e histórico”, quien afirma que: “En estos casos, tratándose de una prueba compleja, porque la misma es el resultado de un proceso psicológico en el que intervienen factores físicos, sociales, culturales, económicos, etc., el legislador no debe sustituirse en el juez, pues no puede plantear de forma apriorística una solución para los problemas que puede implicar un testigo. Es el juez, luego de verificar los argumentos y contra-argumentos de las partes expuestos dentro de un proceso revestido con las debidas garantías, quien podría determinar el grado de imparcialidad y verosimilitud de una declaración” (p. 161).  

De allí que, en el presente caso, en donde se interpone un interdicto por una supuesta perturbación constituida por hechos de posible tala y deforestación de zonas boscosas que conforman la cabecera del Río Guama, la limitación contemplada por el legislador adjetivo en el referido artículo 478, consistente en que “[n]o puede tampoco testificar (…) el que tenga interés, aunque sea indirecto…” tiene que atenuarse, o al menos interpretarse de manera cautelosa, ya que de lo contrario, estaría violentándose, como ocurrió en el presente caso, el derecho a la prueba, como manifestación del derecho a la defensa.

 

En esa línea se inscribe Taruffo (2008), quien señala que otro criterio importante, “se basa en el interés que el testigo pueda tener en el desarrollo o en el resultado final de la causa. En realidad, los sistemas más modernos no consideran el interés del testigo en la causa como una razón para excluir su testimonio. Por lo general, un testigo con algún interés puede ser interrogado y su interés será tomado en cuenta como factor relevante en la valoración de su credibilidad. Sólo en el caso de Italia, un testigo con cierto interés en la causa sobre cuya base pudiera intervenir en el proceso es considerado no competente para testificar y, por lo tanto, se tiene que excluir su testimonio” (La Prueba).

 La referida limitación legislativa al derecho a la defensa, no puede ser pétrea, más aún cuando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone de manera clara y enfática en su artículo 127 lo siguiente:

Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

 

No puede ignorarse en consecuencia, que la protección al medio ambiente constituye un mandato constitucional del que todos somos destinatarios, por lo que las expresiones de los testigos Dalila Consuelo Brizuela Álvarez, José Rafael Villegas Chirinos y Ángel López Montoya, consistentes en que “…no tiene interés alguno en las resultas del presente juicio, sino sólo conservar las nacientes del Río Guama…”; “…que su único interés es que se respete la zona ambientalista boscosa, como vecino de la ciudad de Guama…”; y “…que su único interés en las resultas del presente juicio era la conservación del Río Guama…”, no pueden inhabilitar a los testigos para emitir sus declaraciones, puesto que no se trata de tener interés en las resultas del juicio propiamente, o de ser parte de la relación material o procesal; de esos dichos no puede inferirse que los testigos hayan tomado una determinada posición dentro del proceso y que pretendan la declaratoria con lugar de la querella, realmente lo que denota su testimonial es una preocupación, totalmente legítima, en cuanto a la continuidad de unos hechos que supuestamente atentan contra el medio ambiente en general y contra la cabecera del Río Guama en particular.

Conforme a lo expuesto hasta el momento, no cabe duda a esta Sala Constitucional de que la sentencia bajo análisis, identificada con el número 000095/2009, desconoció principios constitucionales como el del derecho a la prueba, contenido dentro del derecho a la defensa, así como también implicó una violación al debido proceso, al sostener que:

Lo anterior, lleva a esta Sala a evidenciar que el sentenciador de alzada no aplicó los artículos 508 y 478 del Código de Procedimiento Civil, al dictar su sentencia, habida cuenta que sobre los testigos promovidos y evacuados por la parte querellante pesaba una de las causales de inhabilidad relativa, en virtud de haber expresado en sus deposiciones tener un interés, aún cuando este hubiese sido indirecto, motivo por el cual, le estaba prohibido al juez ad-quem acoger sus testimonios, por considerárseles testigos inhábiles. Aunado a lo anterior, cabe acotar, que este proceder verificado en la recurrida, fue determinante en el dispositivo del fallo pues, la suerte del contradictorio ha podido ser modificado de no haberse tomado como válidos los testimonios antes aludidos.

 

Así entonces, estima esta Sala que, ordenar en consecuencia, el dictado de una nueva decisión atendiendo a tal argumentación, significó además una reposición innecesaria, motivos suficientes para la declaratoria ha lugar de la solicitud de revisión, tal como se hará en el dispositivo del presente fallo.

Analizada como fue la primera de las sentencias cuya constitucionalidad se cuestionó, la Sala pasa de seguidas a examinar el segundo fallo que se produjo en sede casacional en el marco del proceso interdictal, el día 4 de agosto de 2011, producto precisamente, de la reposición que se ordenó de manera innecesaria, y que conllevó a que contra la decisión dictada en reenvío, la parte querellante perdidosa, hoy solicitante, ejerciera recurso de casación.

Es necesario señalar primeramente, que esta nueva decisión dictada por la Sala de Casación Civil, identificada con el N° 000374/2011, ratificó el criterio antes examinado relativo a la inhabilitación de los testigos, lo cual se aprecia mediante la siguiente cita:

 Ante el presente planteamiento, debe esta Sala recordar que la sentencia recurrida se encuentra en calidad de reenvío, en vista de que la anterior sentencia producida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy en fecha 14 de mayo de 2008, fue recurrida en Casación, y por consiguiente, mediante decisión de fecha 26 de febrero de 2009 esta Sala de Casación Civil, bajo la ponencia de la Magistrada Isbelia Pérez Velásquez, declaró con lugar el recurso de casación ejercido en ese momento, precisamente bajo el fundamento de la valoración que en esa oportunidad el juez de la recurrida le había otorgado a los ciudadanos antes mencionados, siendo que los mismos, y así quedó establecido en la decisión casacional, se encontraban en una de las causales para ser considerados testigos inhábil, cuestión que no observó el juez de la recurrida para ese momento. En ese sentido, para ratificar el punto, es importante citar la motivación de la referida decisión casacional…(Subrayado del presente fallo)

 

Tal ratificación por parte de la Sala de Casación Civil, del criterio que ya había expuesto en la sentencia N° 000095/2009, sería suficiente para que procediera la revisión solicitada con respecto a la última de las decisiones dictadas, sin embargo, se estima necesario pasar a efectuar las siguientes consideraciones:

La segunda de las sentencias cuya constitucionalidad se cuestiona, contiene adicionalmente la siguiente afirmación:

En otro orden, ha establecido reiteradamente esta Sala de Casación Civil que la violación o quebrantamiento de normativas de carácter constitucional, no es competencia material de la Sala de Casación Civil, por cuanto ello compete a la Sala Constitucional, por consiguiente, es importante ratificar que, el recurso de casación es un medio de impugnación dirigido a controlar la legalidad del fallo, no su constitucionalidad, en ese sentido, ante esta Sala de Casación Civil no podría caber como denuncia, la infracción de una disposición constitucional como vicio delatado, ocurriendo en el presente caso que, el formalizante ha denunciado la infracción del artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por falta de aplicación. Y en este sentido, de antemano resulta improcedencia (sic) tal denuncia delatada por desprender en ella, el apoyo a un vicio del recurso de casación presentado. Así se establece.

 

De más está decir, que el referido criterio no se encuentra en sintonía con los nuevos postulados constitucionales, ni con las interpretaciones que de manera constante ha realizado esta Sala Constitucional, con base en lo contemplado en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo tenor es el siguiente:

Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.

En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.

 

La propia Sala de Casación Civil, había señalado que:

En garantía del legitimo (sic) derecho que poseen las partes a la defensa y libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva de los mismos y el de petición, consagrado en los artículos 49, numeral 1, 26 y 51, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala en sentencia número 22 de fecha 24 de febrero del 2000, expediente número 99-625, caso Fundación para el Desarrollo del estado Guárico (FUNDAGUÁRICO) contra José Milagro Padilla Silva, determinó que conforme a la disposición legal prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional establecido en el artículo 257 de la precitada Constitución, referido a que "El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia...", tiene la prerrogativa para extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando se detecte la infracción de una norma de orden público o constitucional.

 

En este sentido, con el fin de aplicar una recta y sana administración de justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en aplicación del criterio vinculante sentado por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 1353  de fecha 13 de agosto de 2008, expediente número 07-1354, caso CORPORACIÓN ACROS, C.A., según el cual, la casación de oficio, más que una facultad discrecional, constituye un verdadero imperativo constitucional, porque “asegurar la integridad de las normas y principios constitucionales es una obligación de todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias (ex artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)”, esta Sala procede a obviar las denuncias articuladas en el presente recurso, por cuanto si bien el vicio detectado no fue denunciado en casación por el recurrente, el mismo tiene incidencia constitucional. De allí que, con fundamento en lo anterior y autorizada por la facultad establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala de Casación Civil hará pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en infracciones de orden público y constitucional, encontradas en el caso bajo estudio. (Sentencia N° 00462 del 13 de agosto de 2009, ratificada el 20 de junio de 2011 mediante sentencia N° 000258).

 

De tal manera que, no puede apartarse ningún tribunal de la República del estudio o análisis de algún tipo de denuncia sobre inconstitucionalidad, en virtud que existe un mandato constitucional a velar por la integridad de la carta magna y sus disposiciones, tal como lo ha señalado de manera reiterada esta Sala.

En este sentido, es pertinente citar lo expuesto en sentencia N° 1674 del 29 de noviembre de 2013 (Caso: Vale Canjeable Ticketven C.A.), en la que se estableció lo siguiente:

Ahora bien, se alega y así reconoce la representación de la tercera interviniente, que la Sala de Casación Civil se apartó de la jurisprudencia vinculante de esta Sala Constitucional al desestimar la denuncia de infracción de los artículos 98 y 115 de la Constitución por no ser materia propia del recurso extraordinario de casación, señalando que el mismo es un medio de impugnación dirigido al control de la legalidad de los fallos y no de su constitucionalidad, para lo cual existen otro tipo de medios que deben intentarse ante esta Sala Constitucional.

Al respeto esta Sala ha señalado que todos los jueces o juezas de la República son garantes de la Constitución y están en la obligación de asegurar su integridad, en el ámbito de sus competencias, tal como lo dispone el artículo 334 del Texto Fundamental. En tal sentido, la Sala de Casación Civil conforme al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil tiene la potestad, aún de oficio, para casar un fallo que se recurra con base en infracciones de orden público o de orden constitucional y, en consecuencia, hacer pronunciamiento expreso en su sentencia (véase sentencia n.° 1353 del 13/08/2008, caso: Corporación Acros, C.A.).

En el presente caso se observa que la Sala de Casación Civil se apartó del criterio vinculante de esta Sala respecto a su obligación de tutelar el orden constitucional en relación a los vicios delatados respecto al error de interpretación de los artículos 98 y 115 de la Constitución. Por tanto, debe declararse ha lugar la presente solicitud de revisión constitucional…

 

Así las cosas, es evidente que la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil, identificada con el N° 000374/2011, se apartó de interpretaciones efectuadas por esta Sala sobre el contenido y alcance de las normas constitucionales, en detrimento de los derechos de la hoy solicitante, motivos por los que esta Sala Constitucional declara ha lugar la solicitud de revisión interpuesta y anula en consecuencia las decisiones N° 000095/2009 y 000374/2011, dictadas por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia.

          Se establece de manera expresa, que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la sentencia N° 000095/2009 dictada por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, los actos posteriores a ella quedan sin ningún efecto, incluida la propia sentencia N° 000374/2011, la cual fue abordada en el presente análisis en virtud de la importancia que reviste lo contemplado en el artículo 334 constitucional, sin embargo, el restablecimiento de la constitucionalidad en el presente caso se alcanzará con el dictado de un nuevo fallo por parte de la Sala de Casación Civil con respecto al recurso de casación intentado por el ciudadano Andrés Von Fedak, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy el 14 de mayo de 2008, atendiendo a lo expuesto en la presente decisión. Así se decide.

V

DECISIÓN

          Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara: 1) HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional, interpuesta por la ciudadana AMALIA CLEMENCIA CORDIDO SANTANA, asistida por el abogado José Ramón Escobar Vaamonde, de las sentencias N° N° 000095 del 26 de febrero de 2009, y la N° 000374 dictada, el 4 de agosto de 2011,  por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, en el curso del juicio de interdicto por perturbación seguido por la hoy solicitante, contra el ciudadano Andrés Von Fedak, las cuales se anulan, al igual que todos los actos posteriores a ellas. 2) Se ORDENA el dictado de un nuevo fallo por parte de la Sala de Casación Civil con respecto al recurso de casación intentado por el ciudadano Andrés Von Fedak, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy el 14 de mayo de 2008, atendiendo a lo expuesto en la presente decisión. 3) Se ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional, oficiar a la Sala de Casación Civil remitiéndole copia certificada de la presente decisión.

          Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los         18 días del mes de diciembre de dos mil quince (2015). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

La Presidenta,

 

GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO

                           Vicepresidente,        

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

Los Magistrados,

 

 

 

Francisco A. Carrasquero López

 

 

 

 

 

                                                                    Luisa EstelLa Morales Lamuño

 

 

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

 

 

                                                                           CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                                                Ponente

 

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

 

 

 

 

 

El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

Exp. 13-0606

CZdeM/

 

 

 

 

Quien suscribe, Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, conforme a la atribución que le reconoce el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, presenta voto salvado respecto del fallo que antecede, en los siguientes términos:

 

Para quien disiente, la Sala coherente con su pacífica y reiterada jurisprudencia debió considerar que, si bien es cierto el juicio de interdicto por perturbación fue decidido con fundamento en las disposiciones propias del derecho civil, no se puede pasar por alto que se desprende del contenido del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, el 14 de mayo de 2008, elementos que generaban un fuero atrayente hacia la especialidad consagrada en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como lo son, las circunstancias relacionadas con “movimientos de tierra”, “bestias”, “bosques”, “manantiales” y sucesos vinculados al ambiente, “la propiedad y posesión” agraria de la denominada hacienda “El Trigal”, ubicada en el cerro Buena Vista, en el municipio Sucre del estado Yaracuy.

 

De ello resulta pues, que cuando de alguna forma pueda afectarse de manera real y efectiva la seguridad agroalimentaria, el ambiente o las bases del desarrollo rural integral y sustentable, ante la existencia de actividades agrícolas, tiene aplicación preferente la legislación agraria (Cfr. Sentencia Nº 1.710 del 29 de noviembre de 2013, (caso: “Miguel Omar Valera”) para conocer de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión a tales actividades, en concreto, la competencia en primera fase de cognición del proceso corresponde a los juzgados primera instancia agraria para decidir y ejecutar las sentencias definitivamente firmes o cualquier otro acto equivalente que tenga fuerza de cosa juzgada y, en apelación, al Juzgado Superior Agrario correspondiente –Cfr. Artículos 186, 197, 229 y 230 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario-, con adecuación a los principios rectores del Derecho Agrario. Asimismo, cuando este involucrados derechos ambientales y derechos que comprendan la afectación a la actividad agraria, debe indudablemente ser el juez especializado en la materia el competente para conocer todas las causas vinculadas donde se encuentren verificados los derechos antes mencionados, ya que el derecho agrario se encuentra sometido en mayor o menor grado a un régimen estatutario de derecho público, que ha sido objeto de tutela especial por parte del legislador y de la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Vid. Fallos Nros. 262/2005, 962/2006, 1.457/2008, 1.080/2011, 444/2012 y 1.843/2014)

 

En este contexto, en atención al contenido del interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de las presentes y futuras generaciones, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia nº 1.337 del  27 de octubre de 2015, (caso: “Joel Gustavo Pérez García”), estableció:

 

“…la naturaleza de la actividad agraria ha sido objeto de tutela por parte del legislador a través de un entramado de disposiciones normativas relacionadas directamente con el régimen sustantivo de los derechos, a las que se adiciona la creación de una competencia especial que permite a los particulares un acceso directo a órganos jurisdiccionales especializados; que estén en capacidad de atender con criterios técnicos, tomando en consideración el interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de las presentes y futuras generaciones (Cfr. Artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario).

De ello, resulta que la competencia especial agraria es la llamada a amparar los principios constitucionales previstos en los artículos 2, 26, 49, 305 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que el legislador concentró en el referido artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como la consolidación de los mismos dentro de un Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia, en la búsqueda de la profundización de los valores constitucionales de desarrollo sustentable, inherentes a la seguridad agroalimentaria y a la justa disponibilidad suficiente de alimentos de calidad, distribución de la riqueza y planificación estratégica, democrática y participativa; así como la mejora de la calidad de vida de la población campesina y, el logro de un desarrollo armónico y viable en el contexto de la justicia social que toda actividad agraria persigue...”.

 

 

Asimismo, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia n° 563 del 21 de mayo de 2013, (caso: “Miguel Omar Valera Vásquez”), señaló: “En  las tierras reconocidas a los indígenas (...) que podrían manifestarse en usos no compatibles con la zona, ocasionando impacto ambiental a la biodiversidad de la misma, el juez agrario es el llamado a conocer de dicha causa, en aras de constituirse como garante de la consecución del bien común y, particularmente, de la seguridad jurídica, solidez y sustentabilidad, del crecimiento de la actividad agrícola para garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria, que se concretan en la declaratoria del propio constituyente de promover las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar mayor bienestar, con el uso óptimo de la tierra. En estos casos, los particulares deben tener un acceso directo a órganos jurisdiccionales especializados, tomando en consideración el interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Por lo cual se reafirma, la existencia de un fuero atrayente con respecto a la competencia agraria para ventilar conflictos que se produzcan con motivo de dicha actividad; todo ello, en resguardo del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, incluyendo dentro de este último el derecho a ser juzgado por el juez natural, los cuales están garantizados por nuestra Carta Magna”. (Destacados de la disidente).

 

En este contexto, con base al principio de exclusividad agraria, los órganos jurisdiccionales con competencia en la materia, tienen un fuero especial atrayente que en virtud de criterios subjetivos y atendiendo a la naturaleza agraria de los asuntos, extraen de la jurisdicción ordinaria el conocimiento a los tribunales especializados en la materia.  Con respecto al punto referido al fuero atrayente, esta Sala en decisión número 5.047 del 15 de diciembre de 2005 (caso: “Humberto Lobo Carrizo”),  estableció:  “la jurisdicción especial agraria es la llamada a amparar los principios constitucionales previstos en los artículos 2, 26, 49, 305 y 307 y que el legislador concentró en el artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como la consolidación de los mismos dentro de un estado democrático y social de derecho y de justicia, en la búsqueda de la profundización de los valores constitucionales de desarrollo sustentable, inherentes a la seguridad agroalimentaria y a la justa disponibilidad suficiente de alimentos de calidad, distribución de la riqueza y planificación estratégica, democrática y participativa; así como la mejora de la calidad de vida de la población campesina, y el logro de un desarrollo armónico y viable en el contexto de la justicia social que toda actividad agraria persigue”.

 

En virtud de lo expuesto, y visto que en las actuaciones que dieron lugar en el juicio primigenio de interdicto por perturbación se indicaron circunstancias relacionadas con “movimientos de tierra”, “bestias”, “bosques”, “manantiales” y sucesos vinculados al ambiente, “la propiedad y posesión” de la denominada hacienda “El Trigal”, atendiendo a la garantía constitucional del juez natural consagrada en el artículo 49.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima quien aquí disiente, que la mayoría sentenciadora ha debido aplicar preferentemente las normas de la legislación agraria que le atribuyen la competencia a los juzgados agrarios, para conocer de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión a tales actividades, sin dejar de atender la especialidad del procedimiento y con adecuación a los principios rectores del Derecho Agrario.

 

Queda así expresado el criterio de la Magistrada disidente.

 

La Presidenta de la Sala

 

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

El Vicepresidente,

 

 

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                                                                      Magistrada Disidente

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN                                                                                                               

                                                                                        Ponente

 

                                                               

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

                   

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

Exp. Nº 13-0606

LEML/

 

 

 

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