Sentencia N.º 1713
- Sentencia
- N.º 1713
- Fecha
- 10/12/2009
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 09-0933
- Ponente
- Marcos Tulio Dugarte Padrón
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
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SALA CONSTITUCIONAL
Exp 09-0933
Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón
Mediante Oficio Nº TS1/257-2009 del 22 de julio de 2009, el Juzgado Superior Primero del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Tommy José Dugarte Monsalve, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 68.283, en representación de INDUSTRIAS JADE C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 4 de febrero de 2000, bajo el Nº 64, Tomo 14-A Pro., contra las actuaciones judiciales del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma circunscripción judicial, con ocasión del juicio por calificación de despido incoado por el ciudadano Alvin Castillo Bonalde, titular de la cédula de identidad Nº 8.877.762, contra la hoy accionante.
Tal remisión obedeció al recurso de apelación interpuesto el 17 de julio de 2009, por la representación de la parte actora, contra el fallo dictado el 16 del mismo mes y año, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, que declaró inadmisible la presente acción de amparo constitucional.
El 5 de agosto de 2009, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 14 de agosto de 2008, compareció la representación de Industrias Jade C.A. y consignó escrito contentivo de los fundamentos de la apelación de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.
Efectuada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a emitir decisión, previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
Del escrito libelar presentado por la parte accionante y de los recaudos contenidos en el expediente, se desprende:
En el juicio por calificación de despido incoado por el ciudadano Alvin Castillo contra Industrias Jade C.A., el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, dictó sentencia definitiva 5 de junio de 2006, mediante la cual declaró EXTINGUIDO EL PROCESO, conforme a las previsiones de la parte in fine del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ( ) dada la incomparecencia de las partes en juicio ni por si (sic) ni por medio de apoderado judicial alguno al acto de la Audiencia Oral y Pública de Juicio.
Contra esta decisión, la representación de la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue declarado con lugar mediante sentencia dictada el 31 de julio de 2006, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, cuyo dispositivo fue el siguiente:
PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandante recurrente, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primea Instancia de Juicio del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado (sic) Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, en fecha 05 de junio de 2006; en consecuencia, se REVOCA la referida decisión por las razones antes expuestas.
SEGUNDO: Se ordena remitir el presente expediente al Tribunal de origen, una vez vencido los lapsos de ley, a los fines que el Juzgado Segundo de Juicio supra identificado, fije por acto expreso nueva oportunidad para la celebración de la Audiencia Oral y Pública de Juicio en la presente causa, previa notificación de la parte accionada, toda vez, que la parte actora se encuentra a derecho dada su comparecencia a la presente audiencia de apelación.
TERECERO (sic): No hay condenatoria en costas dadas las características del presente fallo.
La anterior decisión está fundamentada en los artículos 2, 19, 26, 257 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 2, 5, 7, 151, 165 Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los artículos 12, 15, 242, 243, 251, 254, del Código de Procedimiento Civil.
El 19 de septiembre de 2006, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, remitió el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma circunscripción judicial.
El 17 de octubre de 2006, el mencionado tribunal ordena exhorto a la ciudad de Caracas a los fines de notificar a la parte demandada.
El 21 de marzo de 2007, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, se abocó al conocimiento de la causa, y ordenó la notificación de la parte demandada. En tal sentido, el 18 de abril de 2007, libró exhorto a los Tribunales de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ya que el domicilio procesal de la parte demandada se encuentra en la 2DA TRANSVERSAL DE LOS CORTIJOS DE LOURDES, EDIFICIO LEE, PISO 2 Y 3 frente a GALLETAS PUIG Y MAVEMPA DE VENEZUELA.
El 1 de octubre de 2007, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, recibió la resultas del exhorto librado, la cual resultó negativa, e insta a la parte actora a consignar nueva dirección de la demandada.
El 31 de octubre de 2007, el demandante solicitó al tribunal de la causa, ordenara la notificación de la demandada mediante carteles en la sede del tribunal, pedimento que fue negado mediante auto del 9 de noviembre de 2007.
Contra esta decisión, el 14 de noviembre de 2007, la representación de la parte actora interpuso recurso de apelación.
El 21 de noviembre de 2007, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, admitió la apelación de la parte actora en un solo efecto y, En cuanto a la solicitud de notificación por el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, niega lo solicitado y se insta al solicitante señalar nueva dirección para que se notifique a la demandada por medio de carteles en la sede del Tribunal.
El 28 de noviembre de 2007, la parte actora ejerció recurso de apelación contra el precitado auto.
El 3 de diciembre de 2007, el juzgado a quo admitió la apelación en un solo efecto y ordenó su remisión a los Juzgados Superiores Laborales.
El 18 de febrero de 2008, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, declaró improponible el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, por lo que se remitió el expediente al tribunal de la causa.
El 28 de febrero de 2008, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, instó a la parte actora a señalar nueva dirección de la empresa demandada a los fines de practicar su notificación.
El 16 de mayo de 2008, la juez temporal del referido Juzgado se abocó al conocimiento de la causa y solicitó al demandante señalara nueva dirección a los efectos de la notificación de la demandada.
El 28 de mayo de 2008, la representación de la parte actora solicitó se practicara la notificación de la demandada por medio de boleta de notificación en la cartelera del Tribunal en virtud que se desconoce la nueva dirección o ubicación de la empresa demandada, lo cual fue acordado mediante auto dictado el 12 de junio de 2008.
El 10 de julio de 2008, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, dictó auto en el cual fijó para el día 18 de noviembre del mismo año, la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y pública.
El 18 de noviembre de 2008, se llevó a cabo la referida audiencia, en la cual se dejó constancia de la incomparecencia de la parte demandada, motivo por el cual, el tribunal de la causa pronunció el dispositivo del fallo en el cual declaró la confesión ficta de la demandada, con lugar la demanda por calificación de despido ejercida por el ciudadano Alvin Castillo Bonalde contra Industrias Jade C.A., y ordenó el reenganche del trabajador así como el pago de los salarios caídos desde la fecha de notificación de la demanda hasta el cumplimiento definitivo de la sentencia. El texto íntegro de la decisión fue publicado el 24 de noviembre de 2008.
El 29 de enero de 2009, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, decretó la ejecución voluntaria de la sentencia dictada el 24 de noviembre de 2008, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma circunscripción judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 180 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El 9 de julio de 2009, la representación de ciudadano Alvin Castillo Bonalde solicitó la entrega de las cantidades de dinero depositadas en la cuenta llevada por este Circuito Laboral a favor de su representado, lo cual fue acordado por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.
El 10 de julio de 2009, el abogado Tommy José Dugarte Monsalve, en representación de Industrias Jade C.A., ejerció acción de amparo constitucional contra las actuaciones judiciales del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.
El 13 de julio de 2009, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, dictó auto mediante el cual ordenó a la accionante consignara copia certificada de las actuaciones judiciales cuestionadas, toda vez que no constaba en autos copia simple ni certificada de las mismas.
El 16 de julio de 2009, el aludido Juzgado Superior declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta.
El 17 de julio de 2009, el abogado Tommy José Dugarte Monsalve, en representación de Industrias Jade C.A., apeló de la anterior decisión, motivo por el cual, se remitieron los autos a esta Sala Constitucional de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
II
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Señaló la representación de la parte accionante como fundamento de la presente acción de amparo constitucional, los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Que su representada solicitó los servicios de recuperaciones de cobranzas a Recuperaciones Oriente C.A., inscrita el 4 de noviembre de 2004, ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 64, Tomo 187-A Sgdo.
Que dicha empresa prestaba servicios con personal propio bajo su propia responsabilidad conforme a lo acordado por la partes contratantes en la Cláusula Sexta del Contrato de Prestación de Servicio.
Que en ese sentido, contrató al ciudadano Alvin Castillo Bonalde, para que gestionara -bajo su dirección y subordinación- las cobranzas que eran remitidas por su representada a la precitada empresa de cobranzas.
Que tal situación no significaba que el referido ciudadano prestara servicios personales bajo la subordinación de su representada.
Que el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, no dio cumplimiento al fallo dictado por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar el 31 de julio de 2006, ya que fijo (sic) la fecha de la celebración de la Audiencia oral de Juicio sin percatarse de que la parte accionada haya sido debidamente notificada conforme lo establece el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Que el tribunal de la causa debió efectuar la revisión del cartel de notificación practicado y la diligencia suscrita por el ciudadano Alguacil pudiendo observar que dicha notificación no cumple con los extremos establecidos en el artículo 126, toda vez que el domicilio procesal de la demandada se encontraba en la Urbanización Industrial del Este Av. 1 y 2 Manzana G, Parcela A-2, Guarenas, Estado Miranda.
Alegó, que la notificación debió practicarse a través del procedimiento del exhorto de conformidad a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil ordenando librar nuevo cartel de notificación con comisión a los Tribunales del Estado Miranda.
Que el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, exhortó a los Tribunales de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, a que practicara la notificación de Industrias Jade C.A., en un domicilio procesal inexistente, pero este mismo Tribunal ( ) El Secretario ( ) cambia de manera errada y desacertada la razón comercial de la demandada a INVERSIONES JADE C.A. ( ) haciéndoles saber a otra sociedad mercantil distinta a la demandada la notificación del objeto de la demanda distinta a la incoada el libelo de la demanda, trayendo como consecuencia equivocación en el verdadero domicilio procesal de la accionada.
Que el mencionado tribunal, debió corregir dicho error antes de emitir y remitir dicha Boleta de Notificación de Exhorto a los Tribunales de Juicio de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, todo en cumplimiento al debido proceso, ya que con esta (sic) ( ) acto procesal coloca a la parte accionada en un Estado de Indefensión, ya que nunca fue notificada la accionada de la continuación del proceso conforme lo ordeno (sic) la Alzada en Sentencia de fecha 31 de Julio de 2006.
Que Visto tal irregularidad, aun así la representación de la parte actora incurriendo en violaciones procedimentales del debido proceso ( ) solicita en sendo escrito que se notifique a (su) mandante por Carteles en la sede del Tribunal sin mencionar en su escrito la razón social de la accionada, cuando el A (sic) quo, actor y sus apoderados judiciales están en conocimiento que el domicilio procesal donde ejerce la actividad económica (su) mandante se encuentra establecida (sic) en la ciudad de Caracas.
Que la parte actora violentó aun más el debido proceso, al solicitar al tribunal de la causa la notificación de la parte demandada a través del Código de Procedimiento Civil, no obstante que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece un procedimiento particular para la práctica de las notificaciones en materia laboral.
Que la representación de la parte demandante, señala que desconoce el domicilio procesal de la empresa INDUSTRIAS JADE C.A., cuando bien es cierto es una empresa que vende productos a través de catálogos ( ), que circula a nivel nacional, por lo que mal puede alegar la representación de la actora en tratar de convencer al a quo que desconoce su domicilio procesal y que se hace imposible materializar la notificación.
Que Visto el fraude procesal de los litigantes de la parte actora, el 12 de junio de 2008, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, acordó la notificación de la parte demandada, incurriendo en el error de cambiar la denominación de la razón social de (su) mandante ( ) siendo negada por el a quo en dos oportunidades en fecha 09/11/2007 y 21/11/2007 ( ) cuando bien pudo el A (sic) quo en su máxima experiencia verificar ciertamente el domicilio procesal de la accionada a través de Internet por google y no poner a la accionada en un estado de indefensión a través de un procedimiento que no está establecido en nuestra Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Que en la sentencia que riela en el folio 29 y 30 de la tercera pieza a (sic) igual que en la publicación de la sentencia que riela en los folios 31 al 40 ( ) si (sic) pudieron señalar correctamente la verdadera razón social de (su) mandante ( ) y no como lo señalaron de manera desacertada en las distintas Boleta (sic) de Notificación y en el Cartel de Notificación y en la actuación procesal del ciudadano Alguacil.
Que la sentencia mediante la cual se declara la confesión ficta de su representada ordena el reenganche y pago de los salarios caídos del demandante que nunca fue subordinado de la empresa INDUSTRIAS JADE, C.A..
Que el 29 de enero de 2009, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, decretó la ejecución voluntaria del fallo dictado el 24 de noviembre de 2008, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma circunscripción judicial.
Que el 2 de julio de 2009, de manera arbitraria cercenándole el derecho a la defensa a la Empresa INDUSTRIAS JADE, C.A., y en violación al debido proceso practican la ejecución forzosa de medida de embargo en una cuenta bancaria del Banco de Venezuela a nombre de (su) mandante por la cantidad de BsF. 57.041,96.
Que tales actuaciones judiciales, lesionaron los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso de su representada, por una mala actuación fraudulenta procesal y si se quiere decir un terrorismo procesal por parte de la parte actora que nunca fue trabajador de la accionada.
Que la actuación del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en dejar de verificar el acto procesal del ciudadano Alguacil que no cumplió con lo previsto en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, e incumplir con lo ordenado por el tribunal superior, colocó a su representado en estado de indefensión.
Por las razones expuestas, solicitó se declarara con lugar la acción de amparo interpuesta.
III
DE LA COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer del presente caso y, a tal efecto, observa:
Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, literal b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia esta Sala es competente para conocer las apelaciones de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como lo es la apelación, se rige por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.
De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es esta Sala, como tribunal superior de la primera instancia, cuando ésta corresponda a los Juzgados Superiores (con excepción de los Contencioso Administrativo), las Cortes de Apelaciones y Cortes de lo Contencioso Administrativo, el tribunal competente para conocer las apelaciones de sus fallos.
En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala la apelación de la sentencia dictada el 16 de julio de 2009, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, que conoció en primera instancia de la acción de amparo constitucional interpuesta contra las actuaciones judiciales del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma circunscripción judicial, motivo por el cual, la Sala se declara competente para resolver la presente apelación, y así se decide.
IV
DEL FALLO APELADO
El fallo objeto de la presente apelación declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Tommy José Dugarte Monsalve, en representación de Industrias Jade C.A., contra las actuaciones judiciales del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. Para ello tuvo como fundamento lo siguiente:
En el presente caso, luego de un análisis exhaustivo del enrevesado escrito de amparo presentado por el accionante, se observa que el ciudadano TOMMY JOSE DUGARTE MONSALVE, actuando en representación de la empresa INDUSTRIAS JADE,C.A., parte actora y presunta agraviada en la presente causa, aduce que el Juez a cargo del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de este Circuito Laboral, ha desplegado en el expediente, sin identificar, contentivo de la causa seguida por el ciudadano ALVIN CASTILLO BONALDE en contra de su representada, una serie de actuaciones que a su juicio- atentan en contra de las garantías constitucionales del derecho a la defensa y el debido proceso consagradas en nuestra carta magna, y al respecto consideró que el Juez presuntamente agraviante incurre en una conducta violatoria del derecho a la defensa de su representada al no haber dado cumplimiento al mandato del Tribunal Superior Primero del Trabajo de fecha 31 de julio de 2006; mediante el cual se ordena al Tribunal a-quo la fijación de una nueva oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, previa la notificación de la parte demandada, a fin de garantizarle igualmente la certeza jurídica de dicho acto.
Asimismo, indico que el Tribunal Quinto exhorta a los Tribunales de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Distrito Capital a que practique la notificación de la empresa INDUSTRIAS JADE, C.A en un domicilio procesal inexistente, toda vez que el secretario el Tribunal Comisionado, ciudadano OSCAR JAVIER ROJAS, cambia de manera errada y desacertada la razón comercial de la demandada INVERSIONES JADE, C.A, y suscribe la BOLETA DE NOTIFICACIÓN a nombre de otra Sociedad Mercantil distinta a la demandada, generando como consecuencia una equivocación en cuanto a la ubicación del verdadero domicilio procesal de la accionada.
Así las cosas, observa esta Alzada que el apoderado judicial del accionante en amparo manifestó, que el Juez de la causa procedió a practicar la notificación de su representada INVERSIONES JADE, C.A, por carteles en la Sede del Tribunal, conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil, cuando la norma procesal del trabajo señala su propio procedimiento para efectuar las notificaciones en materia laboral a cualquiera de las partes, conforme a lo establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Planteados así los argumentos de la parte accionante en amparo, es menester resaltar que esta Alzada mediante auto de fecha 13 de Julio del 2009 y previa revisión de los alegatos expuestos en el escrito que dio inicio a este procedimiento, emplazó a la parte recurrente a consignar las copias certificadas de las actuaciones judiciales cuestionadas por el Juzgado accionado en la causa de la cual ni siquiera aportó nomenclatura, consignación ésta que según lo ordenado por este Tribunal, debía llevarse a cabo durante las horas de despacho correspondientes a los días 14 y 15 de Julio del año en curso, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo y Garantía Constitucionales y los más recientes criterios jurisprudenciales emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el entendido que si la parte accionante no consignaba las copias certificadas de las actuaciones objeto de la presente acción, sería declarada su inadmisibilidad.
En este orden de ideas, es imperativo para esta Juzgadora, transcribir el contenido de los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, los cuáles disponen lo siguiente:
(omissis)
De igual manera, vale la pena destacar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció como criterio reiterado a partir de su Sentencia de fecha 02-03-2000, Caso Magaly Álvarez Vs. sentencia dictada en fecha 8 de diciembre de 1999 por la Sala Número 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la obligatoriedad para el accionante en amparo de acompañar a dichos recursos, todos aquellos instrumentos o documentos fundamentales que constituyan la lesión del derecho o garantía constitucional presuntamente transgredido, so pena de ser declarada la inadmisibilidad del recurso de amparo en caso de no ser consignados dentro del lapso establecido en la norma contenida en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Así las cosas y en estricta aplicación del marco normativo y jurisprudencial supra indicado, se desprende de las actas procesales que el ciudadano TOMMY JOSE DUGARTE MONSALVE, no consignó a los autos las actuaciones emanadas del Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de este Circuito Judicial contenidas en la causa seguida por el ciudadano ALVIN CASTILLO BONALDE en contra de su representada, empresa INDUSTRIAS JADE, C.A., que presuntamente lesionaron y/o violaron las garantías constitucionales al debido proceso y el derecho a la defensa de la hoy accionante en amparo, ello pese haber transcurrido íntegramente el lapso concedido por esta Alzada mediante auto de fecha 13 de Julio de los corrientes a tales fines; todo lo cuál indefectiblemente conduce a esta Alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a declarar la presente acción de amparo INADMISIBLE IN LIMINE LITIS. ASÍ SE DECIDE.
V
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La representación judicial de la accionante señaló en su escrito de fundamentación del recurso de apelación lo siguiente:
Que en la acción de amparo constitucional ejercida contra las actuaciones del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, denunció entre otras violaciones del debido proceso el acto procedimental en la (sic) que incurrió el A quo, al haber acordado en fecha nueve (09) de Noviembre de 2007 que se notifique a (su) mandante por carteles en la Sede del Tribunal, cambiando de tal forma la denominación social del accionado a INVERSIONES JADE,C.A. ( ) cuando el A quo, el actor y sus apoderados judiciales están en conocimiento el (sic) domicilio procesal donde ejerce la actividad económica (su) mandante.
Que aun así, el A quo acuerda tal violación procesal ordenando que se notifique a la Accionada INVERSIONES JADE, C.A., en vez a la Sociedad Mercantil INDUSTRIAS JADE, C.A. por lo que ( ) coloca a la accionada en un estado de indefensión cercenándole de tal forma el derecho a la defensa.
Señaló, que cuando el legislador procesal del trabajo sustituyó el término CITACIÓN por el de NOTIFICACIÓN, lo hizo de tal forma de evitar el formalismo de la citación establecida en el Código de Procedimiento Civil, ya que con la sola notificación se establece un procedimiento más sencillo que le permita a la accionada y se le impone al Juez el deber de garantizarle el derecho a la defensa y el cumplimiento al debido proceso en juicio, por lo que debió impedir en forma absoluta el A quo que el apoderado actor incurriera en su solicitud en fraude procesal en este estado del proceso.
Que la notificación es de rango constitucional, ya que surge como garantía del derecho a la defensa, y es opinión de esta defensa que al haber acordado el Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar ( ), un procedimiento que no se encuentra establecido en nuestro ordenamiento procesal jurídico vulneró en perjuicio de la accionada ( ) el derecho a la defensa, por el solo hecho de haber acordado de manera desacertada en fijar la notificación por carteles de la sede del A quo, cuando bien es cierto el domicilio de la accionada es en la ciudad de Caracas y más aun haberle cambiado deliberadamente la denominación a la Empresa por INVERISONES JADE, C.A..
Que con este acto indebido se tiene que la notificación fue efectuada de manera irregular lo que conllevaría a que esta Respetada (sic) Sala Constitucional ( ) ordene la reposición de la causa al estado de practicar de nuevo la notificación, en vista de que existe una falta absoluta de notificación por ser ésta de rango constitucional, ya que surge como garantía del derecho a la defensa y la omisión de esta formalidad lesiona el orden público.
Que como consecuencia de lo anterior, el Juzgado presunto agraviante dictó sentencia mediante la cual declaró la confesión ficta de su representada.
Que por otra parte, el fallo dictado por la primera instancia constitucional incurre en una agravante contradicción al señalar que no consta a los autos copia simple ni certificada de las actuaciones judiciales a que hace referencia el accionante, ni siquiera menciona el recurrente en amparo la nomenclatura del Expediente donde cursan las mismas (Resaltado de la parte actora).
Sostuvo, que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en sus seis ordinales no consagra la sacrificación de justicia como así lo planteó, en que el recurrente debe acompañar copia certificada o copia simple de las actuaciones cuestionadas denunciadas, más bien, para ser expedita la solicitud debe (sic) es una obligación del recurrente describir la narrativa de los hechos, actos, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud de amparo.
Que mal puede la Alzada señalar que el recurrente no contravino a (sic) lo establecido en el artículo 19 de la norma de Garantías Constitucionales, ya que el Escrito de amparo constitucional es muy claro al desplegar esta defensa su denuncia de las violaciones incurrida (sic) por la recurrida ( ) en la misma se identificó cada una de las actas procedimentales del Juicio de Calificación de Falta, así mismo se identificó la nomenclatura tal como consta en el escrito de Amparo.
Que la estructura física de la Sede del Circuito Judicial Extensión Puerto Ordaz la Alzada y el Archivo se encuentran en la misma Planta Baja, lo que nada impediría a la Alzada en virtud del principio de la celeridad del proceso y de haber conocido de la misma causa ( ) solicitar el expediente ( ) con sus respectivas piezas y constatar lo denunciado por el recurrente en su Amparo Constitucional.
Por lo anterior, solicitó se declarara con lugar el recurso de apelación interpuesto.
VI
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Visto lo anterior, pasa esta Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la representación de Industrias Jade C.A., contra la sentencia dictada el 16 de julio de 2009 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, para lo cual resulta ineludible aclarar, como punto previo, que la representación antes mencionada consignó el escrito de fundamentación el 14 de agosto de 2009, es decir, dentro del lapso de los treinta (30) días establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que la Sala estima que dicho resulta tempestivo (Vid. sentencia No. 442/2001 caso: Estación de Servicios Los Pinos S.R.L).
Establecido lo anterior, pasa la Sala a pronunciarse sobre la apelación sometida a su consideración y, al respecto, observa:
La acción de amparo constitucional fue intentada por la representación de Industrias Jade C.A., contra las actuaciones judiciales del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma circunscripción judicial, con ocasión del juicio por calificación de despido incoado por el ciudadano Alvin Castillo Bonalde, contra la actual accionante.
Al respecto, la parte actora denunció la violación de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, por presuntas irregularidades por parte del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, al momento de practicar la notificación de la parte demandada, lo cual ocasionó la declaratoria de confesión ficta, en virtud de su incomparecencia a la audiencia de juicio.
Ahora bien, evidencia esta Sala que la presente acción de amparo fue declarada inadmisible al constatar el Juzgado Superior Primero del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, que la parte accionante no consignó copia simple ni certificada de las actuaciones judiciales presuntamente violatorias de sus derechos constitucionales.
En este sentido, la Sala observa que el 13 de julio de 2009, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, dictó auto mediante el cual ordenó a la accionante consignara dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, copia certificada de las actuaciones judiciales cuestionadas, toda vez que no constaba en autos copia simple ni certificada de las mismas. Así, transcurrido el lapso supra indicado dicho tribunal procedió a dictar sentencia en la cual declaró inadmisible la acción de amparo ejercida, por cuanto la parte actora no consignó la información solicitada.
Ahora bien, luego de la revisión y análisis de las actas que conforman el expediente se desprende que, la parte presuntamente agraviada se limitó a denunciar una serie de actuaciones procesales llevadas a cabo en el juicio por calificación de despido incoado en su contra, y no consignó copia, ni siquiera simple, de dichas actuaciones judiciales presuntamente violatorias de su situación jurídica.
En este sentido, esta Sala considera oportuno señalar que según la doctrina asentada en el fallo Nº 778 del 3 de mayo de 2004 (caso: Keivis José Suárez), la cual se reitera en el presente proyecto, las pretensiones de amparo constitucional dirigidas contra decisiones judiciales devienen en inadmisibles, cuando no se acompañe copia, aunque sea simple, del fallo cuestionado. En la mencionada decisión, se estableció lo siguiente:
En el presente caso, el defensor del accionante intentó el amparo constitucional contra el Tribunal N° 1 de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, que decretó la privación preventiva de libertad de su defendido.
Se evidencia de autos que, el accionante, en el momento en el cual interpuso la acción de amparo constitucional, únicamente consignó el escrito libelar, sin aportar copia simple o certificada de la decisión que accionó ni ninguna otra prueba que considerara pertinente.
Esta Sala señaló, en la sentencia del 1° de febrero de 2000 (Caso: José Amando Mejía), lo siguiente:
Cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más y por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la causa donde se emitió el fallo, inmediatamente a su recepción, se notificará al juez o encargado del Tribunal, así como a las partes en su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia. (Subrayado de la Sala).
Como toda carga procesal, su incumplimiento acarrea una situación desfavorable para aquél sobre quien recae la misma, que en el presente caso es la declaratoria de inadmisibilidad de la acción. Igualmente debe señalar esta Sala, que al no haber consignado ningún tipo de copia de la sentencia accionada, la Corte de Apelaciones carecía de pruebas e indicios suficientes que dieran fe de la existencia de dicha decisión, por lo que resultaría inútil admitir una acción contra un fallo, cuya existencia se encuentra en duda, y que de existir desconoce su contenido.
En ese sentido considera la Sala que la acción de amparo ha debido ser declarada inadmisible por la razón antes apuntada y no improcedente in limine litis como lo declaró erróneamente el a quo en el dispositivo del fallo consultado, por lo cual se modifica la decisión sometida a consulta.
Con relación a las cargas procesales de los accionantes en amparo, esta Sala Constitucional en su sentencia del 1 de febrero de 2000, caso: José Amado Mejías, dispuso lo siguiente:
...el accionante además de los elementos prescritos en el citado artículo 18 deberá también señalar en su solicitud oral o escrita, las pruebas que desea promover, siendo ésta una carga cuya omisión produce la preclusión de la oportunidad, no sólo la de la oferta de la pruebas omitidas, sino la de la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos, con que cuenta para el momento de incoar la acción y que no promoviere y presentare con su escrito o interposición oral ...omissis...
Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirá las copias previstas en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia. (negrillas de la presente decisión).
En efecto, en el escrito de fundamentación del recurso de apelación, la representación de Industrias Jade C.A. indicó que la estructura física de la Sede del Circuito Judicial Extensión Puerto Ordaz la Alzada y el Archivo se encuentran en la misma Planta Baja, lo que nada impediría a la Alzada en virtud del principio de la celeridad del proceso y de haber conocido de la misma causa ( ) solicitar el expediente ( ) con sus respectivas piezas y constatar lo denunciado por el recurrente en su Amparo Constitucional, , no siendo una carga del tribunal que conoce del amparo recabar las copias de las actuaciones y decisiones que se impugnan, ya que ello, como se indicó, corresponde a la parte quien solicita la tutela constitucional, salvo las excepciones establecidas en los fallos supra indicados, que no se dan en el presente caso.
De igual manera, se observa que la parte actora, en la oportunidad de fundamentar el recurso de apelación ante la Sala, consignó copia certificada de las actuaciones llevadas en primera instancia por ante el Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio Laboral del Circuito Judicial sede Puerto Ordaz, lo cual resulta a todas luces extemporáneo por cuanto ello debió realizarse ante la primera instancia constitucional, máxime cuando ésta lo solicitó por auto expreso el 13 de julio de 2009.
Así las cosas, visto que en el caso bajo estudio la parte accionante no consignó copia, ni simple ni certificada, de las actuaciones judiciales impugnadas, así como no alegó y menos probó la imposibilidad para la obtención de las mismas, sino que pretendió delegar esa carga en el a quo constitucional, es por lo que esta Sala declara sin lugar la apelación interpuesta por la parte accionante y confirma en lo términos expuestos la sentencia dictada el 16 de julio de 2009 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, que declaró inadmisible la presente acción de amparo constitucional. Así se decide.
Finalmente, debe advertirse el error cometido por la primera instancia constitucional cuando utilizó el término inadmisible in limine litis, toda vez que el empleo de la frase ha sido manejado innecesariamente, pues resulta evidente que la inadmisibilidad se refiere a la intramitabilidad ab initio del proceso debido a la falta de cumplimiento de los presupuestos procesales (ver sentencias 1.915/2005, del 22 de julio; y 1.198/2006, del 16 de junio). En razón de ello, se insta a ese sentenciador evitar el manejo de fórmulas redundantes para la declaración de dispositivos que obedezcan a la modalidad de inadmisibilidad. Así se apercibe.
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley:
1.- Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Tommy José Dugarte Monsalve, en representación de INDUSTRIAS JADE C.A., contra la sentencia dictada el 16 de julio de 2009 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.
2.- CONFIRMA en los términos expuestos el mencionado fallo dictado por el Juzgado Superior Primero del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, que declaró INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 10 días del mes de diciembre de dos mil nueve. Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
La Presidenta
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Los Magistrados,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
PONENTE
ARCADIO DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. 09-0933
MTDP/
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