Venley

Sentencia N.º 1716

Sentencia
N.º 1716
Fecha
10/12/2009
Sala
Constitucional
Expediente
09-0992
Ponente
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

 

 

Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

Expediente Nº 09-0992

Mediante Oficio Nº 485, del 7 de agosto de 2009, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano TAREK ABOASSI EL NIMER, titular de la cédula de identidad No. 14.092.798, asistido por el abogado Emad Aboaasi El Nimer, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 88.605, con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 2, 7, 19, 26, 27,46, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 4, 13 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra la decisión dictada el 12 de junio de 2009, por el Juzgado Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, mediante el cual corrigió el auto de suspensión condicional de la pena que le fuera impuesta por haber sido condenado por el delito de concusión previsto y sancionado en el artículo 60 de la Ley Contra la Corrupción, por error en la fecha del vencimiento del lapso establecido.

Dicha remisión obedece a la apelación interpuesta, tempestivamente, el 4 de agosto de 2009, por el ciudadano Tarek Aboassi El Nimer, asistido por el abogado Emad Aboaasi El Nimer, contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, el 21 de julio del mismo año, en la que declaró inadmisible la pretensión de amparo constitucional.

El 14 de agosto de 2009, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Realizado el estudio correspondiente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

Del escrito presentado por el accionante y de los recaudos contenidos en el expediente, se desprende:

El 30 de junio de 2005, el hoy accionante, fue aprehendido por la presunta comisión del delito de concusión, previsto y sancionado en el artículo 60 de la Ley Contra la Corrupción, el cual fue calificado como delito  flagrante el 2 de junio de 2005, por el Juzgado Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas.

El 22 de mayo de 2006, el Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, condenó al ciudadano Tarek Aboassi El Nimer, a cumplir la pena de tres (3) años de prisión por encontrarlo responsable del delito de concusión previsto y sancionado en el artículo 60 de la Ley Contra la Corrupción.

El 10 de mayo de 2007, el Tribunal Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, concede al penado el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena, fijándole un plazo de prueba por el lapso de dos (2) años, once (11) meses y veintiséis (26) días, indicando que el mismo vence el 4 de abril de 2009.

El 13 de abril de 2009, el hoy accionante, consigna ante el Juzgado Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, escrito señalando el cumplimiento del régimen de prueba y, solicitando el archivo del caso.

El 12 de junio de 2009, el Juzgado Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, dictó auto mediante el cual acordó corregir el auto de suspensión condicional de la ejecución de la pena, por error en la fecha del vencimiento del plazo establecido.

El 14 de julio de 2009, el ciudadano Tarek Aboassi El Nimer, asistido por el abogado Emad Aboaasi El Nimer, intentó acción de amparo constitucional, contra la decisión dictada el 12 de junio de 2009, por el Juzgado Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas.

El 21 de julio de 2009, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo propuesta de conformidad con lo establecido en el ordinal 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En 4 de agoto de 2009, el ciudadano Tarek Aboassi El Nimer, asistido por el abogado Emad Aboaasi El Nimer, apeló de la decisión supra indicada.

El 6 de agosto de 2009, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, acordó la remisión de las actuaciones a esta Sala Constitucional.

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

Señaló el accionante, que el auto dictado el 12 de junio de 2009, por el Juzgado Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, vulneró sus derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en tal sentido, alegó:

Que intenta acción de amparo constitucional contra el Tribunal Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, a cargo de la Jueza abogada Ana María Labriola.

Que la denunciada como agraviante, el 12 de junio de 2009, dictó un auto mediante el cual corrigió el emanado de ese mismo tribunal el 10 de mayo de 2007, modificando el lapso establecido para la suspensión condicional de la pena, ello por un error en el vencimiento del referido lapso.

 Que a juicio del accionante, se le pretende aumentar el lapso de condena hasta el 7 de mayo de 2010, siendo que a su decir, el mismo culminó el 04 de abril de 2009, tal como quedó establecido en el primer auto emanado de tribunal de ejecución, en ese entonces, a cargo del Juez Abogado Miguel Ángel Vidal.

Que adicionalmente, la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario del Estado Barinas (UTASP) certificó en constancia emitida el 4 de mayo de 2009, que ya culminó su presentación del hoy accionante.

Que no obstante a ello, la Jueza Ana María Labriola, mediante el auto denunciado como lesivo, dictado el 12 de junio de 2009, pretende corregir el del 10 de mayo de 2009, modificándolo de manera sustancial y, a su decir, generándole un perjuicio por cuanto le aumenta el lapso de condena, atentando contra las normas de orden público y violenta los lapsos establecidos legalmente.

En tal sentido solicitó “…que de manera inmediata deje sin efecto el auto del 12 de junio de 2009, aquí impugnado y se anule el mismo”.

III

DEL FALLO APELADO

El fallo objeto de la presente apelación dictado el 21 de julio de 2009, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, sobre la base de las siguientes consideraciones:

“Se evidencia de la Acción de Amparo interpuesta, por el ciudadano Tarek Aboaassi El Nimer, el cual manifiesta que le fue otorgado el Beneficio de la suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena por el Tribunal de Ejecución N° 02 de este Circuito Judicial Penal en fecha 10 de mayo de 2007, fijándose el cumplimiento de un régimen de prueba cuyo vencimiento sería el 04 de abril de 2009, ósea (sic), por un lapso de dos (02) años, once (11) meses y veintiséis (26) días ya que había sido condenado a cumplir la pena de tres (03) años.

Luego en fecha 12 de junio del presente año, la Jueza Segunda de Ejecución dictó auto de corrección del auto de suspensión condicional en la ejecución de la Pena por error en la fecha del vencimiento del lapso establecido por el mismo tribunal en fecha 10 de mayo de 2007, estableciendo en ese auto de corrección que la fecha de vencimiento del Beneficio de la Suspensión Condicional en la Ejecución de la Pena es en fecha 07 de mayo de 2010 y no en la fecha del 04 de abril de 2009 que inicialmente fijó el Tribunal Segundo de Ejecución de este Circuito Judicial.

En este sentido, la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Ejecución de fecha 12 de Junio de 2009, señaló:

‘…Visto el Beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, acordado por este Tribunal en fecha 10 de Mayo de 2007, observa que el Penado TAREK ABOAASSI EL NIMER, titular de la Cédula de Identidad N° 14.092.798, quién (sic) actualmente se encuentra bajo Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de Libertad; fue condenado por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Función de Juicio N° 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, a cumplir la pena de TRES (03) AÑOS DE PRISION, por la comisión del delito de CONCUSION, previsto y sancionado en el artículo 60 de la Ley Contra la Corrupción, así como las penas accesorias establecidas en el Art. 16 del Código Penal Vigente y las establecidas en el Art. 96 de la Ley especial que rige la materia, en perjuicio del Estado Venezolano.

El mencionado penado fue detenido preventivamente en fecha: 29-05-2005 y en fecha 02/06/2005 le fue otorgada una Medida Cautelar Sustitutiva, permaneciendo detenido CUATRO (04) DIAS de la pena impuesta, faltándole por cumplir: DOS (02) AÑOS, ONCE (11) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS DE PRISIÓN, el cual se fija como plazo de régimen de prueba, a partir de la fecha en que se da por notificado al penado la cual fue el día 11-05-2007, es decir que el vencimiento de la misma es el día 07/05/2010, fecha en que cumple la totalidad del lapso establecido en la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena…’

Ahora bien, fijadas así las cosas por el Tribunal Segundo de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, se podrá observar del estudio hecho a la presente acción de amparo, que el accionante no ejerció los recursos ordinarios preexistentes, contra el auto de fecha 12 de Junio de 2009, dictado por la referida Instancia (…).

…omissis…

Desde esta perspectiva, esta Instancia Constitucional considera que el quejoso tenía a su alcance y no lo ejerció, los recursos judiciales preexistentes; y que podía a través del medio apelativo y la solicitud de Nulidad, satisfacer su pretensión; en consecuencia no se puede procurar por la vía de amparo tratar de enmendar la falta del ejercicio oportuno de los recursos más expeditos como el de apelación y de la Nulidad. Así se decide”. (resaltados del original)

IV

DE LA COMPETENCIA

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer del presente caso y, a tal efecto, observa:

Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, literal b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a la sentencia del 20 de enero de 2000 (Caso: Emery Mata Millán), esta Sala es competente para conocer de las apelaciones de los fallos de los Tribunales Superiores que actuasen como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de tales medios procesales, como el de apelación, se rige por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.

De acuerdo con estas últimas interpretaciones y con lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es esta Sala, como tribunal superior de la primera instancia, cuando ésta corresponda a los Juzgados Superiores (con excepción de los Contencioso Administrativo), Cortes de Apelaciones y Cortes de lo Contencioso Administrativo, el tribunal competente para conocer las apelaciones de sus fallos.

En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala, una decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, que conoció en primera instancia de una acción de amparo constitucional interpuesta contra la decisión dictada por un juzgado de ejecución de ese mismo Circuito Judicial Penal, motivo por el cual, esta Sala, congruente con lo reseñado supra, se declara competente para resolver la presente apelación, y así se decide.

V

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

El 4 de agosto de 2009, el recurrente consignó ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, su escrito de apelación, contra la decisión que dictó el 21 de julio del mismo año, la referida Corte de Apelaciones, el cual es tempestivo conforme a lo dispuesto en la sentencia No. 442, del 4 de abril de 2001 (Caso: Estación de Servicios Los Pinos).

En el referido escrito alegó:

Que el tribunal que actuó en sede constitucional verificó, a su juicio, un evidente quebrantamiento del derecho constitucional denunciado como violentado, al reconocer como ocurrieron los hechos en el presente caso.

Que no obstante ello, señaló que la acción era inadmisible por cuanto se disponía de una vía judicial preexistente.

Que a juicio del recurrente, la vía más expedita para restablecer la situación jurídica infringida es la acción de amparo, por cuanto es un mecanismo breve, sumario y eficaz, por lo que decidió recurrir a éste esperando ser amparado.

Que a juicio del apelante, su caso no encuadra dentro de las causales de inadmisibilidad ya que, a su decir, la decisión denunciada, viola normas de orden público, por lo que no se puede declarar su inadmisión por un simple formalismo.

En definitiva solicitó que la sentencia apelada sea revocada y se restablezca la situación jurídica infringida.

VI

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Determinada la competencia, entra la Sala a conocer la apelación ejercida y, al respecto observa:

Evidencia la Sala que el acto presuntamente lesivo está constituido por el auto dictado el 12 de junio de 2009, por el Juzgado Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas mediante el cual acordó corregir el auto de suspensión condicional de la ejecución de la pena, por error en la fecha del vencimiento del plazo establecido.

A decir del accionante, la violación constitucional se configuró al pretenderse aumentar el lapso de condena hasta el 7 de mayo de 2010, siendo que a su decir, el mismo culminó el 04 de abril de 2009, tal quedó establecido en el primer auto emanado del referido tribunal de ejecución.

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, fundamentó su decisión en una de las causales de inadmisibilidad, a saber, la prevista en el numeral 5 del artículo 6 de Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al estimar que el accionante no ejerció los recursos ordinarios preexistentes, contra el auto denunciado como lesivo dictado por el Tribunal Segundo de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, el 12 de Junio de 2009.

En este contexto, precisa la Sala en armonía con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que para la admisibilidad de la acción de amparo, no sólo debe verificarse la existencia de una injuria inconstitucional, sino además que el quejoso no pudo disponer de la vía ordinaria que restituyera la situación jurídica infringida.

Así pues, no puede considerarse a la acción de amparo constitucional como la única vía idónea para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica alegada como infringida, toda vez que, como se ha sostenido y así lo ha reiterado la Sala en diversos fallos, no toda trasgresión de derechos y garantías constitucionales está sujeta de inmediato a la tutela del amparo, ya que para ello existen las vías procesales ordinarias, en las cuales todos los jueces de la República pueden restituir la situación jurídica infringida, antes que la lesión se haga irreparable.

En el presente caso, tal como se señaló, el acto que se identificó como lesivo de derechos constitucionales, es el auto dictado el 12 de Junio de 2009, por el Tribunal Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, mediante el cual corrigió el auto de suspensión condicional de la pena, emanado de ese mismo tribunal el 10 de mayo de 2007, por un error en la fecha del vencimiento del lapso establecido, indicando lo siguiente:  “El mencionado penado fue detenido preventivamente en fecha: 29-05-2005 y en fecha 02/06/2005 le fue otorgada una Medida Cautelar Sustitutiva, permaneciendo detenido CUATRO (04) DÍAS de la pena impuesta, faltándole por cumplir: DOS (02) AÑOS, ONCE (11) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS DE PRISIÓN, el cual se fija como plazo de régimen de prueba, a partir de la fecha en que se da por notificado al penado la cual fue el día 11-05-2007, es decir que el vencimiento de la misma es el día 07/05/2010, fecha en que cumple la totalidad del lapso establecido en la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena”.

En efecto, tal como lo indicó la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, la referida decisión denunciada como lesiva, era impugnable mediante el uso del recurso de apelación en el artículo 483 del Código Orgánico Procesal Penal.

En razón de lo expuesto, estima esta Sala que dicha situación se subsume en el supuesto normativo contenido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que resulta forzoso declarar sin lugar el recurso de apelación, y confirmar la sentencia apelada, que declaró inadmisible la acción de amparo propuesta. Así se declara.

 

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

1. SIN LUGAR la apelación interpuesta el 4 de agosto de 2009, por el ciudadano TAREK ABOASSI EL NIMER, asistido por el abogado Emad Aboaasi El Nimer, contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, el 21 de julio del mismo año, en la que declaró inadmisible la pretensión de amparo constitucional.

2. CONFIRMA la referida sentencia que declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo propuesta contra la decisión dictada el 12 de junio de 2009, por el Juzgado Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 10 días del mes de diciembre  de dos mil nueve. Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

La Presidenta,

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

El Vicepresidente,

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

Los Magistrados

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

Ponente

 

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

09-0992

MTDP/

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