Venley

Sentencia N.º 172

Sentencia
N.º 172
Fecha
11/04/2024
Sala
Casación Penal
Expediente
A24-39
Ponente
Maikel José Moreno Pérez
Procedimiento
Avocamiento

Magistrado Ponente Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

En fecha diez (10) de enero de 2024, el abogado Ángel Darío Soler Ramírez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Núm. 139.924, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano EXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO, titular de la cédula de identidad V- 11.410.902, quien es víctima en la presente causa, consignó ante la Secretaría de esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, SOLICITUD DE AVOCAMIENTO de la causa signada con el alfanumérico 49°C-20.314-2023, que cursa ante el Tribunal Cuadragésimo Noveno (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contentiva del proceso penal seguido contra los ciudadanos: MARGARITA DÍAZ DE APONTE, por la presunta comisión de los delitos de SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN PACÍFICA, previsto y sancionado en el artículo 472 ejusdem, y HURTO CALIFICADO, tipificado y sancionado en el artículo 453, numerales 1 y 5 ibidem, y PEDRO APONTE, por la presunta comisión de los  delitos de PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN PACÍFICA DE LA PROPIEDAD, establecido en el artículo 472 y HURTO CALIFICADO, sancionado en el artículo 453, numerales 1 y 5, ambos del Código Penal.

 

El 25 de enero de 2024, la Secretaría de la Sala de Casación Penal, dio entrada al expediente, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2024-000039, y en igual data, se asignó la ponencia al Magistrado Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

En virtud de ello, en la oportunidad de emitir pronunciamiento sobre la pretensión de avocamiento, con el referido carácter se resuelve en los términos siguientes:

I

COMPETENCIA DE LA SALA

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 266, establece las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, señalando en el numeral 9 “…Las demás que establezca la Ley…”.

 

En este sentido, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en sus artículos 31, numeral 1 y en el artículo 106, establece la competencia de cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal, para solicitar y avocarse al conocimiento de una causa, en los términos siguientes:

 

“Competencia comunes de las Salas”

Artículo 31:

“(…) Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo   de Justicia: 1. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta Ley (…)”.

 

“Competencia”

Artículo 106:

“(…) Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal (…)”.

 

 

Desprendiéndose de los fundamentos expuestos en la solicitud de avocamiento, que lo pretendido por el solicitante en el caso examinado, es que esta Sala de Casación Penal, se avoque a analizar las actuaciones concernientes al procedimiento judicial seguido en contra de la ciudadana  MARGARITA DÍAZ DE APONTE, en su condición de imputada, ante el Tribunal Cuadragésimo Noveno (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN PACÍFICA y HURTO CALIFICADO, previstos y sancionados en los artículos 239, 472 y 453, numerales 1 y 5, en ese orden, todos del Código Penal. Por lo que esta Sala de Casación Penal, vista la materia sobre la cual versa el planteamiento sometido a su conocimiento, se declara competente para conocer y decidir sobre dicho asunto. Así se decide. 

 

II

 

DE LOS HECHOS

 

La Sala hace constar que en el escrito de solicitud de avocamiento, el solicitante no indica los hechos, sin embargo, de los anexos consignados se verifica copia certificada del auto interlocutorio emitido por el Tribunal Cuadragésimo Noveno (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, marcada con la letra Ñ, de la cual se desprende lo siguiente:

 

“…La presente averiguación se inicia a propósito de una denuncia presentada por el ciudadano AXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO, titular de la cédula de identidad V- 11.410.902, ante la Unidad de Atención a la Victima del Ministerio Publico, en contra de los ciudadanos MARGARITA DIAZ DE APONTE, titular de la cédula de identidad V-
4.428.935
y PEDRO APONTE, titular de la cédula de identidad V.4.428.935. En este sentido, el Ministerio Publico, consideró pertinente en razón de los hechos denunciados, ordenar el inicio de la investigación con base a lo establecido en los artículos 265 y 282 del Código Orgánico Procesal Penal, acumulándose en un mismo expediente la totalidad de las actuaciones practicadas con ocasión a tres situaciones planteadas por el denunciante, por una parte, la presunta comisión del delito de SIMULACIÓN DE HECHO P
UNIBLE respecto de una denuncia por violencia psicológica y amenazas establecida en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia que atribuyera el denunciante como cometido por su tía, ciudadana identificada como MARGARITA DİAZ DE APONTE; por otra parte, la PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN PACIFICA DE LA PROPIEDAD producida por los tíos del denunciante ciudadanos MARGARITA DIAZ DE APONTE Y PEDRO APONTE, Con ocasión a un presunto intento de desalojo del lugar en el cual residía el denunciante y por la otra, el HURTO CALIFICADO llevado a cabo por los tíos del denunciante ciudadanos MARGARITA DIAZ DE APONTE y PEDRO APONTE, con ocasión al presunto apoderamiento de bienes que el denunciante mantenía en el lugar en el Cual residía. En el año 2006 inicia la relación sentimental entre los primos ciudadanos AXSSEL ALI (sic) BETANCOURT OROZCO de 34 años de edad y la ciudadana ROXAN A MARGARITA APONTIE de 14 años de edad, quedando en estado la ciudadana ROXAN A MARGARITA APONTE. Es en ese momento cuando entra la participación de los ciudadanos MARGARITA DỊAZ DE APONTE y PEDRO APONTE, decidiendo la abuela de la pareja del denunciante Margarita Díaz, ayudarles cediéndoles un anexo de su vivienda, la cual el ciudadano AXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO decidió acondicionar de manera voluntaria. Pasados un par de años la relación de la pareja AXSSEL- ROXANA inicio problemas (sic), decidiendo la ciudadana ROXANA abandonar a su pareja AXSSEL, quedándose el mismo con la hija en común por un periodo de un mes, retornando  la niña con su madre, llevándose consigo toda la ropa de la niña. A raíz de tales circunstancias, la ciudadana MARGARITA DIAZ DE APONTE comenzó a tener inconvenientes con el denunciante, puesto que la misma le solicitó le entregara el anexo porque lo necesitaba, negándose el ciudadano AXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO a desalojar a pesar de estar en cuenta que dicho inmueble no le pertenecía, iniciándose igualmente una relación descortés entre ambos, en este sentido el denunciante acudió ante la SUNAVI con la finalidad de asesorarse respecto a la situación habitacional que estaba presentando, tornándose muy agresivo respecto a tales hechos habitacional ya que de acuerdo a la ex pareja del denunciante ciudadana ROXANA MARGARITA APONTE, presencio la oportunidad en la que el ciudadano AXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO ofendió a la ciudadana MARGARITA DIAZ DE APONTE y la amenazó. En virtud de los hechos antes narrados la ciudadana MARGARITA DIAZ DE APONTE, tía  del ciudadano AXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO acudió ante funcionarios Nacional Bolivariana ubicada en la parroquia San Pedro, comando aledaño a la residencia de la misma, con la finalidad de denunciarlo, presentándose dichos funcionarios en lugar de quienes al verificar la (sic) situación aprehendieron al ciudadano AXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO la noche del 16 de Abril del año 2013, siendo presentado en los lapsos legales correspondientes ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia de Violencia contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, audiencia mediante la cual se emitieron entre otros los siguientes pronunciamientos: ‘...Se estima acreditado en flagrancia el delito de amenaza previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de amenaza previsto y Violencia, en virtud de que la denuncia interpuesta por la ciudadana MARGARITA DİAZ DE APONTE de años de edad la cual refiere que se presento su sobrino ofenderla y amenazarla...’ se impone las medidas de protección y seguridad a favor de la victima...en consecuencia se dictan las medidas establecidas en los numerales: 3.- Se ordena la salida inmediata del presunto AXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO de la residencia en común, independientemente de su titularidad…” (sic).

 

III

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD 

 

El ciudadano Ángel Darío Soler Ramírez, abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 139.924, en su carácter de apoderado Judicial del ciudadano EXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO, quien es víctima, interpuso solicitud de avocamiento, en los términos siguientes:

 

“(…)Ciudadanos Magistrados, quienes suscribimos desde la fecha 31 de agosto de 2023, nos sometimos al mandato del TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, quien llamó a una Audiencia Preliminar para la fecha 28 de agosto de 2023, por presumir que esa era la vía de la cual el prenombrado juzgado iba a resolver la disposición de la SALA 2 DE LA CORTE DEL APELACIONES DE ESE CIRCUITO JUDICIAL PENAL de fecha 09 de junio de 2023. Así lo plasma el TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en boletas de notificación que rielan en los folios del dos (02) al (08) de la pieza número 4 del expediente signado con el alfanumérico 49°C-20.314-23, donde se refleja claramente la notificaciones expedidas a FISCALÍA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA (42°) DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, DEFENSOR PÚBLICO CUARTO (4o) PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, a los imputados ciudadanos MARGARITA DÍAZ DE APONTE y PEDRO APONTE, a mi persona como abogado defensor y a mi representado, quien firmó debidamente la boleta de notificación con se podrá apreciar en el respectivo folio. Ahora bien, una vez llegada la fecha 28 de agosto de 2023, la audiencia fue diferida por ausencia del representante del Ministerio Público, los imputados y la Defensa Pública y la misma se difirió. Así se repitió el escenario en las fechas 4, 12, 28 de septiembre, y 3 y 10 de agosto del 2023. En esas 6 fechas acudimos puntual a las audiencias, que todas fueron diferidas por la misma causa que la primera, y en los diferimientos el TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, nos hizo firmar las respectivas Actas de Diferimiento firmadas por el ciudadano Juez CARLOS ENRIQUE LIENDO ACOSTA y las Secretarias abogados ALEJANDRA BARRERA y OKARINA ACOSTA, sin embargo, inexplicablemente en el expediente solo están incluidas las Actas de Diferimiento de fechas 26 de septiembre y 06 de octubre, (Folios 83 y 90 de la pieza 4 del expediente), y no se reflejan las de las fechas 28 de agosto, 4 y 12 de septiembre, todas firmadas por nosotros en presencia de la prenombrada Secretaria; audiencias que fueron convocadas y luego diferidas sin que en ninguna de ellas pese a muestra presencia se nos informó ninguna novedad con respecto al fondo de la decisión. Ciudadanos Magistrados, en nuestra buena fe, asistiendo a todas las audiencias, en fecha 05 de septiembre de 2023 posterior a la tercera convocatoria fallida y considerando que estábamos en un momento procesal idóneo, presentamos ante el tribunal un escrito de querella, tal como consta en el folio 30 de la pieza 4 expediente. De igual forma, en fecha 13 de septiembre de 2023, habiéndose convocado cuatro audiencias y diferido las mismas decidimos presentar ante dicho tribunal una solicitud de Control Judicial para que ese despacho pudiera hacer lo conducente para que las partes ausentes se presentaran al llamado, tal como consta en el folio 72 de la pieza 4 del expediente.

Entonces, consecuencia de lo que considerábamos una inacción del TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ya que habíamos acudido a seis audiencia todas diferidas, y no nos habían respondido el escrito de Querella ni la solicitud de Control Judicial, ante la presunción y temor de vernos sometido a un extendido proceso sin resultado alguno, decidimos en fecha 06 de octubre 2023, presentar ante la Corte de Apelaciones del Circuito Penal una Acción de Amparo Constitucional por Denegación de Justicia, Retardo Procesal y Violación a la Tutela Judicial Efectiva, siendo luego conocida nuestra solicitud por la SALA UNO DE LA CORTE DE APELACIONES DE LOS TRIBUNALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, asignándole a la causa el Número 4720.

Ciudadanos Magistrados, lo narrado hasta los momentos responde a la realidad procesal que transitamos según el guión del Tribunal 49° de Control que siempre dimos por hecho, razón por la cual se justifican todas las acciones que emprendimos ante la Corte de Apelaciones, ya que el panorama se nos hacía cada vez más intransitable sumado al hecho que los delitos del cual fue víctima mi representado ocurrieron hace diez años y ocho meses y el absoluto silencio e indiferencia del Tribunal de Control implicaba más tiempo en el cual los hechos iban a quedar impunes. Es el hecho, que en la tercera semana del mes de octubre, al revisar lo contenido en el expediente que reposaba en la Sala Uno de la Corte de Apelaciones, con estupefacción y sorprendidos en nuestra buena fe nos encontramos con un Oficio del TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, de fecha 25 de octubre de 2023 donde éste le informaba en su informe de ley a la SALA UNO DE LA CORTE DE APELACIONES DE LOS TRIBUNALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, que en fecha 31 de agosto de 2023 había decretado el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de la causa, que además, en fecha 05 de septiembre de 2023 declaró IMPROCEDENTE la Querella y adicionalmente en fecha 18 de septiembre declaró SIN LUGAR el Control Judicial, tal como consta en el anexo que marcamos con la letra "J". Es decir ciudadanos Magistrados, que mientras el TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS nos estuvo convocando durante tres meses y diez días a unas audiencias que nunca se realizaron, ya éste en un universo paralelo había resuelto la orden de la SALA DOS DE LA CORTE DE APELACIONES DE LOS TRIBUNALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS del 9 de junio de 2023, y decidido nuestros escritos del 05 y 13 de septiembre de 2023, todo esto sin nunca habernos informado de las decisiones a pesar que hicimos presencia física en la sede del tribunal 49° de Control durante esas fechas como podrían testificarlo las Secretarias del mismo las Abogados ALEJANDRA BARRERA y OKARINA ACOSTA.

Visto el inexplicable salto cuántico reflejado en la fechas del informe del TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ante la SALA UNO DE LA CORTE DE APELACIONES DE LOS TRIBUNALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, que para nada coincidían con los tiempos procesales que vivimos durante dos meses v diez días, presentamos en fecha 15 de noviembre de 2023 ante dicha Sala Uno un escrito de alerta tal como consta en el anexo que marcamos con la letra K. En nuestro libelo le exhortábamos que solicitaran al Tribunal 49° de Control el expediente original y copia del Libro Diario, pues en su informe este Tribunal no había anexado copia de las tres decisiones, razón por la cual acusamos nuestra duda razonable, por lo que ya sospechábamos no existían dichas sentencias. Nuestra teoría es que el TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, para no verse descubierto de un posible desorden procesal, o inclusive en una praxis equivocada del procedimiento a seguir según el mandato de la Sala Uno de fecha 9 de junio de 2023, y en vista de verse en la necesidad de no enfrentar un juicio por denegación de justicia, retardo procesal y violación a la tutela judicial efectiva, mintió en el informe ante la Sala y sobrevenidamente fabricó las tres decisiones anunciadas, y esto lo afirmamos, pues solo se nos permitió el acceso al expediente el 12 de diciembre de 2023, después de dos meses sin poder revisarlo, pues la última vez había sido el 10 de octubre de 2023, donde no había inserta ninguna de las tres decisiones según lo asegura el Tribunal 49° de Control ante su informe a la Sala Uno de la Corte de Apelaciones.

Ciudadanos Magistrados, cuando pensábamos que la Sala Uno de la Corte de Apelaciones iba a encender las alarmas por lo denunciado, para nuestra congoja ni por lo lejos tomó en cuenta los graves argumentos esgrimidos, y más bien de forma inmutable en fecha 17 de noviembre de 2023 declaró INANDMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional, tal como consta en anexo que marcamos con la letra "M". Es así que sin estudiar el nuevo fondo del asunto basado en lo denunciado dicha Sala Uno no quiso darse por entendido que con la dantesca acción del Tribunal 49° de Control, todavía estaban vigentes y de forma agravada la denegación de justicia, el retardo procesal y violación a la tutela judicial efectiva. Como ya referimos, solo pudimos acceder al expediente el 10 de octubre de 2023, fecha de la última Audiencia; y luego de dos meses, es decir, el 12 de diciembre de 2023 es que pudimos tener acceso de nuevo al mismo, período de oscuridad procesal suficiente para que se pudieran anexar las decisiones hechas sobrevenidamente a raíz de la presión por el Amparo ante la Sala Uno de la Corte de Apelaciones, y así poder encuadrar de alguna forma el expediente para darle alguna lógica jurídica. Sin embargo, en una exhaustiva revisión de todos los folios de la pieza número 4 del expediente, ese despacho no puede justificar de cómo no fuimos notificados oportunamente y de forma inmediata de las decisiones de fecha del 31 de agosto, 08 y 18 de septiembre de 2023, cuando es irrebatible, y testigos son las Secretarias abogados ALEJANDRA BARRERA y OKARINA ACOSTA, que acudimos durante dos meses y diez días en persona a las Audiencias convocadas y que coinciden en sus fechas con las presuntas decisiones, más cuando en el expedientes se encuentran las Boletas de Notificaciones hacia todas las partes, tal como se puede evidenciar en los folios 28, 67 y 80 de la pieza número 4 del expediente. Otro hecho irregular es la inexplicable desaparición de las Actas de Diferimiento de fechas 28 de agosto; 04 y 12 de septiembre de 2023, que dejamos claro y juramos fueron firmadas por nosotros en presencia de las Secretarias del Tribunal abogados ALEJANDRA BARRERA y OKARINA ACOSTA, y solo incluyeron en el expediente las Actas de Diferimiento de fechas 26 de septiembre y 03 de octubre, que por casualidad son las dos únicas que después de mucha insistencia logramos accedieran a damos copias simples después de ser firmadas, tal cual se refleja en los Folios 83 y 90 de la pieza número 4 del expediente. La última audiencia el Tribunal la convocó para la fecha 10 de octubre de 2023, que al igual que todas las anteriores fue diferida, pero en esa oportunidad no nos hicieron firmar el Acta de Diferimiento, sino que la Secretaria verbalmente nos dijo que no había nueva fecha y teníamos que esperar qué decisión al respecto iba a tomar el juez, y a pesar de estar presentes no nos informaron y menos entregaron las boletas de notificación de las sentencias del 31 de agosto, 08 y 18 de septiembre de 2023, por lo que presumimos que ese día, 10 de octubre de 2023, no existían las sentencias que según le dijo el Tribunal 49° de Control a la Sala Uno de la Corte de Apelaciones estaban publicadas.

Es importante lo referido en el párrafo anterior, pues al poder nosotros revisar la pieza 4 del expediente el día 12 de diciembre de 2023, nos encontramos con un auto de fecha 11 de octubre de 2023, es decir, al día siguiente de la última audiencia, con el siguiente tenor: ‘(…) Ahora bien, observa este Juzgador que en fecha treinta y uno (31) de Julio del presente año, se fij[ó] acto de Audiencia Preliminar de conformidad con lo establecido en el artículo 309 de Código Orgánico Procesal Penal y de la revisión integra de las actuaciones se percató] este Tribunal de la inexistencia en autos de Escrito Acusatorio emitido por parte de la Vindicta Pública y Escrito de acusación particular propia por parte de la victima por cuanto cursa solicitud de sobreseimiento en la cual este Despacho se pronunció] en fecha treinta y uno (31) de Agosto del años (sic) que discurre sobre dicha solicitud, es por lo que este Órgano Jurisdiccional por vía de saneamiento y en aras de salvaguardar el Derecho a la Defensa y las Garantías Constitucionales de conformidad con lo establecido en los artículos 176 y 177 del Código Orgánico Procesal Penal, procede a DEJAR SIN EFECTO la fijación del acto de audiencia preliminar y por ente todos los actos subsiguientes que deriven de la misma, tales como boletas de notificación y actas de diferimiento. Notifíquese a las partes correspondientes. Cúmplase. EL JUEZ DR. CARLOS E. LIENDO A: LA SECRETARIA, ABG: ALEJANDRA BARRERA.’

Ciudadanos Magistrados, en el mencionado auto, el TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS admite sin complejo el faraónico desorden procesal que patrocinó durante dos meses y diez días, y trata de oficio corregirlo tardía o extemporáneamente invocando lo establecido en los artículo 176 y 177 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando debió haberlo hecho de forma inmediata en la primera convocatoria de Audiencia Preliminar de fecha 31 de julio de 2023. Por lo tanto resulta inoficiosa aparte de ligera la intención del juez de sanear un procedimiento que estuvo viciado desde el principio, y en el convenientemente acomodado expediente que trata de reflejar una presunta verdad procesal para nada se refleja en la realidad vivida por nosotros, pues todavía no nos explicamos cómo no fuimos notificados de ese saneamiento extemporáneo el día 12 de diciembre de 2023 cuando después de dos meses pudimos poder tener acceso al mismo e hicimos presencia en la sede del tribunal, que ese día para colmo, se nos negó copia certificada completa de la pieza número 4 del expediente, ya que verbalmente una de las secretarias nos informó que el ciudadano juez, nos había acordado exclusivamente copia certificada de la sentencia y copia simple del resto de esa pieza del expediente, ya que según la Secretaria el juez argumentó que tener nosotros una copia certificada completa era como que ‘hubiesen dos expedientes iguales’. Ante tal desparpajo no le quedó mas remedio a mi representado a acudir a denunciar ese derecho constitucional ante la Inspectoría de Tribunales, tal como consta en el anexo marcado con la letra ‘Ñ’. Tan absurdo es este escenario, que la celebérrima violación a la Tutela Judicial Efectiva de la cual fuimos víctimas nos subsume en la incertidumbre de no saber a ciencia cierta en qué estado procesal nos encontramos al momento de presentar ante esta Digna Sala del Tribunal Supremo de Justicia nuestra solicitud de avocamiento. Finalmente y como coralario, tan imprudente e irresponsable fue el Tribunal 49° de Control en todo el proceso, que ni siquiera revisó en el expediente el acta de defunción del imputado ciudadano PEDRO APONTE, que ya estaba fallecido al momento del juzgado conocer la causa, y aún así siguió en todo momento generando Boletas de Notificación a su nombre. Para cerrar este capítulo, anexamos un gráfico donde se reflejan la discrepancia de fechas en las actuaciones en paralelo del Tribunal 49° de Control y lo accionado por nosotros en la Sala Uno de la Corte de Apelaciones. Dicho gráfico lo anexamos marcado con la letra "P".

CAPITULO III

DE LA APRESURADA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023

Respetados Magistrados, en ningún momento pretendemos una tercera instancia y que esta Digna Sala se pronuncie con respecto al fondo de la sentencia de fecha 31 de agosto de 2023 que decretó el sobreseimiento definitivo, contenida desde el folio 09 al folio 24 de la pieza número 4 del expediente. Pero, como muestra de nuestra firme convicción de que dicha sentencia fue elaborada posterior al informe de fecha 25 de octubre de 2023 que dirigió el TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS a la SALA UNO de la CORTE DE PELACIONES DE LOS TRIBUNALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN PENAL DEL ÁREA METROPOLTANA DE CARACAS, es que deseamos con el análisis de la misma poder demostrar, como el mencionado Tribunal 49° de Control tuvo que elaborar apresuradamente una sentencia para poder justificar lo informado a la Corte de Apelaciones, y a consecuencia de la prisa inobservó pruebas fundamentales, o en todo caso las ignoró adrede para pode justificar un sobreseimiento definitivo que anunció sin examen previo. En resumen, el caso primario ocurrido en marzo del año 2013, y se trató de un desalojo arbitrario hecho por una falsa denuncia de violencia de género por parte de la propietaria, que uso fraudulentamente la vía penal para tal fin a través de la simulación de un hecho punible, luego perturbando la propiedad pacífica sin orden judicial, lo que devino finalmente en un hurto calificado y masivo de parte de los propietarios y sus familiares en contra de mi representado Entonces, en el pobre análisis que el tribunal plasma en su motivación para sentenciar el sobreseimiento definitivo de fecha 31 de agosto 2023, se denota una pobreza de empeño en estudiar o por lo menos leer las pruebas contenidas en las piezas 1, 2 y 3 del expediente, y en los menesterosos nueve párrafos en que el tribunal a la carrera quiso presentar una sentencia de sobreseimiento definitivo, se contradice y en la práctica confiesa que no tuvo la más mínima intención de explorar la ingente cantidad de pruebas que en su momento aportamos al Ministerio Público para demostrar la Simulación del hecho punible, la perturbación de la propiedad pacífica y el hurto calificado, y para ello damos los siguientes ejemplos:

El tribunal para justificar sobreseer el delito del hurto calificado refiere en el tercer párrafo de su análisis, que la Fiscalía 42° en su momento presentó el testimonio de la "exconcubina" de mi representado quien admitió, mientras éste se encontraba impedido de ingresar a la vivienda, haberse llevado algo más de una docena de objetos, pero, el tribunal no leyó que en el expediente que siempre estuvo al alcance de sus manos, que dicha ciudadana ya no vivía en esa vivienda, y que los objetos que se llevó estaban a nombre de mi representado, algunos con fecha anterior a su unión estable de hecho. Además, a la ciudadana el Tribunal 49° de Control le atribuye la cualidad de concubina cuando en ninguna parte del expediente riela una sentencia mero declarativa de concubinato aportada por ella, ligereza jurídica no entendible de parte de un juez que se supone debió haber sentenciado a puro derecho. Además el tribunal ignora por completo los otros testimonios contenidos en el expediente que demostrarían el hurto masivo y total del cual fue objeto mi representado. Entre otras pruebas también ignora las facturas originales que se encuentran en los folios 47 al 135 de la pieza número 1 del expediente; los folios 191 al 201 de la pieza número 2 del expediente, y folios 09 al 36 y folios 78 al 93 de la pieza número 3 del expediente, que en total suman 293 objetos de los cuales, salvo los referidos anteriormente por la ex pareja, hasta la fecha de hoy no se sabe de su paradero, y que para añadidura las facturas fueron objetos de un informe pericial hecho el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS y que está contenido en el folio 97 de la pieza número 3 del expediente. Entonces, cómo es que el TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, pudo ignorar tan importantes pruebas y testimonios que pudieran haber demostrado un posible hurto calificado por parte de los imputados en ese momento, además con cooperadores inmediatos y cómplices necesarios. Sin embargo, el tribunal decidió despachar el delito con los mismos fallidos argumentos de la Fiscalía sin ni siquiera hojear las contundentes pruebas.

Con referencia al delito de Simulación del hecho punible, el TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en el cuarto párrafo de su análisis para sentenciar en unas extraordinarias galimatías, el tribunal refiere que en los denunciados hechos de violencia de género, si bien es cierto se demostró que mi representado no fue autor de ninguno, tampoco se demostró que el no haya sido responsable de dichas actos, pero, menciona unas "cuestiones incidentales del proceso" que eventualmente generaron el sobreseimiento de la causa a mi representado; y quizás esas cuestiones incidentales a las cuales se refiere el tribunal, es que el Ministerio Público en su oportunidad dejó claro que la denuncia de la presunta víctima en contra de mi representado se debió a un "tema de arrendamiento", y nunca hubo violencia alguna, pues la arrendadora uso fraudulentamente la vía penal, en este caso la especial de violencia de género, para sacar a mi representado de la vivienda alquilada, que además, no era de uso común entre ambos, por lo que claramente simuló un hecho punible para tal fin, pues, efectivamente el tribunal de control de ese año decretó la salida del inmueble a mi representado, que a la final era el fin que buscaba la presunta víctima, en este caso la arrendadora con su esposo. Entonces, cómo es que el tribunal 49° de Control no se percató de la sentencia de sobreseimiento a favor de mi representado que demostraría palmariamente un delito de simulación de hecho punible, y todo esto se comprueba en la sentencia de sobreseimiento del año 2014 que está contenida en el folio 175 de la pieza 2 del expediente, y que el tribunal inexplicablemente pasó por alto.

Y finalmente sobre el delito de Perturbación a la posesión pacífica, nos da estupor el olímpico argumento del TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS , cuando en el quinto párrafo de su desatinado análisis asegura que "no se cuenta con ningún elemento que demuestre la cualidad a el denunciante (sic) alega tener como supuesto inquilino". Y aquí una vez más demostramos el desgano por la prisa en resolver el asunto, pues si el ciudadano juez hubiese leído ligeramente el expediente, de seguro se hubiese tropezado con el "CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA", que le daba plena cualidad de inquilino a mi representado y que está contenido en el folio 22 de la pieza número 1 del expediente. Además, abundan los testimonios en el expediente el hecho que los propietarios una vez logrado el objetivo de sacar por la vía penal a mi representado de la vivienda, en cuestión de horas soldaron la reja de entrada para impedir que los familiares de mi representado ingresaran a la misma, y luego a los días devastaron las cerraduras e ingresaron a la vivienda para saquear todos sus bienes, sin ningún mandato legal, pues el caso ya estaba en etapa de investigación y el Ministerio Público nunca se pronunció sobre la disposición de los propietarios sobre los bienes de mi representado que se encontraban en la vivienda, y menos el tribunal a cargo acordó nada al respecto. Entonces, aquí se comprueba la perturbación a la posesión pacífica que fue víctima mi representado, y que el tribunal 49° de Control se negó a examinar.

Ciudadanos Magistrados, lo aquí analizado como mera referencia producto de la sentencia de sobreseimiento definitivo de fecha 31 de agosto de 2023, dictada por TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, es sobre un escenario en donde dicho juzgado descuidó su análisis mínimo para motivar su sentencia, pero seriamos dadivoso en admitir esta teoría, pues seguimos convencidos que el tribunal fabricó sobrevenidamente y con prisa la sentencia de sobreseimiento definitivo que había anunciado a la Sala Uno de la Corte de Apelaciones, y en consecuencia, adrede ignoró la ingente cantidad de pruebas contenidas en todas las piezas del expediente para deshacerse del caso, porque de haber examinado concienzudamente todo el expediente hubiese en pleno derecho anulado la primera sentencia de sobreseimiento del año 2017, pero, muy a nuestro pesar decidió accionar de la forma denunciada, dejando en su maniobrar lagunas de fondo y de forma elaborando sobrevenidamente la sentencia que se traducen a nuestro parecer en un escandaloso desorden procesal, que de ser respaldado sentaría un nefasto precedente y un apocalíptico guión en el cual los jueces para encubrir vicios usarían entre otros el recurso del sobreseimiento para darle tintes de legalidad a procedimientos corrompidos de raíz.

Sobre el decreto de Improcedencia de la querella de fecha 05 de septiembre de 2023 y la declaración de Sin Lugar del la solicitud de Control Judicial de fecha 18 de septiembre de 2023, consideramos que no es necesario ahondemos en las mismas, pues pertenecen a los fruto del árbol envenenado que generó el TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES   DE   CONTROL   DEL   CIRCUITO   JUDICIAL   DEL   ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS .

CAPITULO IV DEL DERECHO

Consignamos la presente solicitud de Avocamiento ante esta digna Sala del Tribunal Supremo de Justicia, amparados en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que establecen:

"Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática".

"Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independiente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida".

Nuestra solicitud, se justifica por la grave violación del ciudadano Juez y las Secretarias del TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en convocar seis (06) Audiencias Preliminares que eran innecesarias para luego en paralelo y a espaldas nuestras sentenciar un sobreseimiento definitivo y otras dos decisiones de las cuales solo tuvimos acceso dos (02) meses después sin nunca habernos notificado a pesar de haber estado presente en diversas oportunidades en la sede del tribunal. Estos actos alteraron el orden del proceso en detrimento de nuestro derecho a la defensa, pues hasta la presente no sabemos en qué estado procesal nos encontramos, por lo cual cualquier acción ya sería declarada extemporánea e inoficiosa. Para ello deseamos invocar las Sentencia Número 2821 del 28 de octubre de 2003 de la Sala Constitucional que refiere: "En sentido estricto el desorden procesal, consiste en la subversión de los actos procesales, lo que produce la nulidad de las actuaciones, al desestabilizar el proceso, y que en sentido amplio es un tipo de anarquía procesal, que se subsume en la teoría de las nulidades procesales".

ADMISIBILIDAD

Con respecto a la admisibilidad del presente Avocamiento la Sala de Casación Penal ya ha establecido reiteradamente los requisitos de admisibilidad concurrentes del avocamiento como institución jurídica excepcional, que son:

 A) QUE LA SOLICITUD NO SEA CONTRARIA AL ORDEN JURÍDICO INTERNO: En este sentido, nuestro particular caso de ninguna manera es contrario al orden jurídico interno pues nuestra solicitud no va en contra de las normas o principios que rigen el funcionamiento del Estado.

B) QUE SEA DE UN PROCESO JUDICIAL. Nuestra causa es un proceso judicial que tiene diez años y ocho meses en busca de justicia a través de los órganos jurisdiccionales.

C) QUE EL SOLICITANTE ESTÉ LEGITIMADO PARA ACTUAR: Mi representado se encuentra legitimado por ser víctima de la causa desde hace diez años y ocho meses

D) QUE SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES LEGALES PARA SU INTERPOSICIÓN: En ese sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha considerado que para que se estime procedente hacer uso de la facultad excepcional de avocamiento, es necesario que concurran los siguientes requisitos:

I) Que el objeto de la solicitud de avocamiento sea de aquellas materias que estén atribuidas ordinariamente por la ley al conocimiento de los tribunales: En este sentido, la propia Ley orgánica del Tribunal Supremo establece que el avocamiento es una atribución del máximo Tribunal, en cada una de sus Salas, otorgada legalmente para atraer una causa que se está desarrollando en un tribunal inferior, constituyendo una institución jurídica que le confiere a este máximo órgano judicial, la facultad para conocer y decidir, de oficio o a petición de parte, sobre cualquier expediente o causa.

II)Que el asunto judicial curse ante otro tribunal de la República: Efectivamente, por las razones expuestas la causa sigue dentro del TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

III) Debe tratarse de un caso de manifiesta injusticia, o cuando a juicio de la Sala existan razones de interés público o social que justifiquen la medida o cuando sea necesario restablecer el orden de algún proceso judicial que lo requiera en razón de su trascendencia e importancia: Con la mala praxis del juez CARLOS ENRIQUE LIENDO ACOSTA y sus Secretarias las abogados ALEJANDRA BARRERA y OKARINA ACOSTA, en mantener un juicio inoficioso, ocultar decisiones judiciales hechas sobrevenidamente y sin análisis jurídico, desaparcar documentos como las Actas de Diferimientos ya señaladas, y posiblemente manipular el Libro Diario, nos han puesto en un franco escenario de injusticia, más cuando con la indolencia e indiferencia del actuar de los miembros del Tribunal 49° de Control se corre el riesgo que quede ilusoria la solución legal a los delitos a los cuales fue víctima mi representado.

IV) Que en el juicio cuya avocación se solicite, exista un desorden
procesal de tal magnitud que exija su intervención, si se advierte que bajo los parámetros en que se desenvuelve no se garantiza a las partes el debido equilibrio a sus pretensiones:
La magnitud del
desorden procesal del TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DEPRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITOJUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS es de tal dimensión que mientras nos encontrábamos esperando la realización de una presunta Audiencia Preliminar, nos enteramos por informe del Tribunal a la Corte de Apelaciones de la existencia de una sentencia de sobreseimiento definitivo a favor de los imputados, pero no pudimos acceder al texto de las misma sino dos meses después por culpa del mismo tribunal que no publicaba la misma, pues como hemos advertido quizás no existía; por lo que no sería extraño que si quisiéramos apelar nos aplicarían la notificación tácita y extemporánea la apelación dejando impune los delitos a los cuales fue víctima mi representado, siendo así, tal confusión patrocinada por el mencionado Tribunal rompió el equilibrio procesal que nos garantizaba la obtención de la justicia.

V) Que las garantías o medios existentes resulten inoperantes para la adecuada protección de los derechos e intereses jurídicos de las partes intervinientes en determinados procesos: Por el dantesco desorden procesal del cual fuimos víctima, nos resulta vano poder recurrir a la vía ordinaria que en este caso sería la apelación, pues, cómo explicamos a la Corte de Apelaciones nuestra tardío accionar y desglosamos todo el desorden vivido, corriendo el riesgo de que se nos rechace la apelación por extemporánea, siendo además que el TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, repitió los falaces argumentos de la fiscalía que sobreseyó a los imputados en el año 2016, cayendo de nuevo en el vicio de inmotivación, para tener que esperar por otro largo periodo a que se declare con lugar la apelación y de nuevo se ordene que otro Tribunal de Control se pronuncié a puro derecho sobre el sobreseimiento que reclamamos. Pero lo neurálgico del asunto es que no deseamos que el chasco procesal al cual fuimos sometidos quede impune, so pena de que se repita descaradamente en otros casos, haciéndose práctica común sin complejo alguno. Consideramos entonces que volver a la rueda infinita de las apelaciones por el mal proceder y tropelía del Tribunal 49° de Control iría en estas circunstancias contra nuestros derechos y el no denunciar abriría un brecha por donde puedan tomar atajos ilegales los jueces de la república.

VI) Que se hayan agotado las vías ordinarias: Por otro lado,
consideramos que en su momento agotamos las vía ordinaria, pues como ya narramos presentamos una Acción de Amparo ante la Corte de Apelaciones en contra del Tribunal pensando que se trataba la conducta del ciudadano Juez en un simple retardo procesal, y en su informe ante esta Sala informó de la publicación de tres decisiones de las cuales no estábamos enterados, y a partir de allí consideramos que comenzó el desorden procesal, razón por la cual advertimos a la Sala en cuestión tomara acciones mínimas para salvaguardar nuestros derechos, pero ignoró nuestro llamamiento.

E) QUE EN EL JUICIO EXISTAN GRAVES DESÓRDENES PROCESALES O ESCANDALOSAS VIOLACIONES AL ORDEN JURÍDICO QUE ORIGINEN UN PERJUICIO CONTRA LA IMAGEN DEL PODER JUDICIAL. LA PAZ PÚBLICA O LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA VENEZOLANA: Sobre este particular consideramos que las graves violaciones denunciadas de los deberes del Juez CARLOS ENRIQUE LIENDO ACOSTA y las Secretarias abogados ALEJANDRA BARRERA y OKARINA ACOSTA, en someternos a un juicio paralelo generando caos procesal, ocultarnos decisiones y desaparecer Actas de Diferimientos, nos llevaron a un estado tal de indefensión que en la actualidad no sabemos en qué momento procesal nos encontramos, y pronosticamos que si quisiéramos usar el recurso de apelación de la nefasta sentencia de sobreseimiento definitivo de fecha 31 de agosto de 2023, obligatoriamente nos las declararían extemporánea o fuera de lapso por el desorden en los que nos subsumió el referido tribunal.

Siendo así ciudadanos Magistrados, consideramos que el caso que solicitamos su estudio y pronunciamiento reúne los requisitos exigidos para que pueda ser procesado conforme a la ley y a la doctrina de este alto Tribunal Supremo.

Finalmente consideramos que el Juez CARLOS ENRIQUE LIENDO ACOSTA y las Secretarias abogados ALEJANDRA BARRERA y OKARINA ACOSTA, miembros del TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO NOVENO (49°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, actuaron de mala fe al publicar de forma falaz una sentencia de sobreseimiento definitivo, mientras nos sometían a un juicio paralelo, en detrimento al debido proceso, silenciando la tutela judicial efectiva y subvirtiendo el orden procesal. Por tal nos negamos a consentir que dicha conducta y lo vivido durante todo el proceso sea considerado como normal, o que pueda justificarse con argumento legal alguno, pues de admitirse o tolerarse sería darle una patente de corso para que los jueces puedan actuar a espaldas de las parte irrespetando su dignidad y credibilidad en el andamiaje legal venezolano. No exageramos al afirmar que la mala praxis procesal del mencionado tribunal daña funestamente la imagen del Poder Judicial, razón fundamental de acudir a esta digna instancia para que pueda conjurar esta falencia procesal denunciada y no pueda repetirse más nunca en la historia de la República.(…)” (sic). (Mayúsculas, negrillas y subrayado del texto).  

 

Cabe destacar, que el solicitante anexo a la presente petición de avocamiento una serie de recaudos, los cuales guardan relación con las actuaciones del expediente, identificados con las letras “A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P,”, insertos en la pieza identificada “Anexo”, así denominada, las cuales se detallan:

 

1.-Anexo marcado “A”, copia certificada del Poder Amplio y Suficiente al abogado Ángel Darío Soler, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 139.924, ante la Notaria Pública Octava de Caracas Municipio Libertador, como apoderado judicial del ciudadano EXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO (víctima).

 

2.- Anexo signado como “B”, relacionado con la copia simple, de la boleta de notificación al ciudadano EXSSEL ALÍ BETANCOURT OROZCO, de la decisión emitida por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 3 de marzo de 2017, declarando con lugar el recurso de apelación, y ordena que “otro tribunal al que dicto la decisión anulada por esta corte, emita nuevo pronunciamiento signada con el expediente número “2Aa-4850-2017”.

 

3.- Anexo distinguido con la letra “C”, contentivo de la copia simple del auto dictado por el Tribunal Cuadragésimo Noveno (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, donde acordó fijar Acto de Audiencia Preliminar.

 

4.- Anexo signado “D”, referido a la copia simple de la boleta de notificación de fecha 31 de julio de 2023, dirigida al ciudadano EXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO (víctima), convocándolo para la celebración de la audiencia preliminar.

 

5.-Anexo “E”, contentivo de la copia simple del escrito de querella, presentado por el abogado Ángel Darío Soler Ramírez, apoderado Judicial del ciudadano EXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO, de fecha 5 de septiembre de 2023, ante el Tribunal Cuadragésimo (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 

6.-Anexo “F”, copia simple del escrito de Control Judicial, de fecha 19 de septiembre de 2023, consignado ante el Tribunal Cuadragésimo Noveno (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 

7.-Anexos “G y H”, contentivos de las copias simples de las actas de diferimientos de la audiencia preliminar de fecha 3 de octubre y 10 de octubre, ambas del 2023, a realizarse ante el Tribunal Cuadragésimo Noveno (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 

8.- Anexo “I”, contentivo del escrito original de fecha 6 de octubre de 2023, relacionado con la solicitud de Acción de Amparo Constitucional, ejercido por el abogado Ángel Darío Soler Ramírez, apoderado Judicial del ciudadano EXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO, ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 

9.-Anexo “J”, copia simple del auto de fecha 23 de octubre de 2023, emanado de la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual acuerda solicitar información sobre la querella y el Control Judicial, consignados por el abogado Ángel Dario Soler Ramírez.

 

10.- Anexo “K”, escrito de fecha 15 de noviembre de 2023, presentado por el

abogado Ángel Darío Soler Ramírez, apoderado Judicial del ciudadano EXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO, ante la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, relacionado con las diferentes decisiones dictadas por el Tribunal de Instancia.

 

11.- Anexo “L”, boleta de notificación de fecha 17 de noviembre de 2023, librada por la Sala Uno de la Corte de Apelaciones, dirigida al abogado Ángel Darío Soler Ramírez, apoderado Judicial del ciudadano EXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO, sobre la declaratoria de inadmisibilidad de la Acción de Amparo propuesta.

 

12.- Anexo “M”, original del escrito de fecha 4 de diciembre de 2023, suscrito por el abogado Ángel Darío Soler Ramírez, apoderado Judicial del ciudadano EXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO, donde solicita ante el Tribunal Cuadragésimo Noveno (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, copias certificadas desde el “auto de avocamiento” hasta la última decisión.

 

13.- Anexo “N” original de la denuncia N° IGT22-23-02402, de fecha 14 de diciembre de 2023, presentada por el abogado Ángel Darío Soler Ramírez, apoderado Judicial del ciudadano EXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO, ante la Inspectoría General de Tribunales contra el Tribunal Cuadragésimo Noveno (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, alegando desorden procesal y la negativa de la expedición de copias certificadas del expediente signado con el alfanumérico 49°C-20.314-2023.

 

14.- Anexo “Ñ” copia certificada de la decisión dictada el 31 de agosto de 2023, por el Tribunal Cuadragésimo Noveno (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declarando con lugar la solicitud de sobreseimiento de la causa.

 

15.- Anexo “O” copias simples del expediente signado con el alfanumérico 49°C-20.314-2023.

 

16.- Anexo “P” Copia simple de la Cronología de las actuaciones del Tribunal Cuadragésimo Noveno (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y de la Sala Uno de la Corte de Apelaciones, del referido Circuito Judicial Penal.

 

17.- Copia simple del auto dictado por el Tribunal Cuadragésimo Noveno (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 11 de octubre de 2023, en el cual dejó sin efecto las notificaciones para la celebración de la audiencia preliminar y las actas de diferimiento levantadas, en virtud de haber sido un error material del tribunal.

 

 

 

IV

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

 

Determinada la competencia de esta Sala de Casación Penal para conocer de la solicitud de avocamiento incoada por el abogado Ángel Darío Soler Ramírez, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Núm. 139.924, actuando como apoderado judicial del ciudadano EXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO, le corresponde en consecuencia pronunciarse sobre la admisibilidad o no de su solicitud y, en tal sentido, observa lo siguiente:

 

El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas, y en las materias de su respectiva competencia, la facultad de solicitar bien de oficio o a instancia de parte, en cualquier estado de la causa el expediente de cuyo trámite esté conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad y, una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

 

Es por ello que, debido a su carácter especial y excepcional, la solicitud que al respecto se realice debe ser examinada bajo los parámetros exigidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, so pena de la declaración de su inadmisibilidad. 

 

En tal sentido, la referida Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en los artículos 106, 107, 108 y 109, respectivamente, regula la figura en análisis, de la manera siguiente:

 “Competencia

Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal. 

  

Procedencia

Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

Procedimiento

Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independiente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida.

 

Sentencia

Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro tribunal competente en la materia, así como adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido.”

 

En consonancia con las normas transcritas, el avocamiento será ejercido solo en caso de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, además, de la violación del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Ha sido criterio reiterado de esta Sala de Casación Penal, que la solicitud de avocamiento debe ser ejercida previo agotamiento de los recursos y medios ordinarios oportunamente interpuestos ante el órgano jurisdiccional competente, pues las partes deben agotar los trámites, incidencias y recursos determinados por la Ley en el curso del proceso, para reclamar las infracciones que consideren han sido cometidas y no pretender acudir a la vía del avocamiento para separar momentáneamente la causa de su juez natural, subvirtiendo así las formas del proceso, en virtud que la solicitud de avocamiento “…no constituye una nueva instancia judicial o administrativa, para emitir un nuevo pronunciamiento a las partes, en cuanto a la resolución de una causa que no le favorezca…” [Cfr. Sentencia N° 313 del 17 de octubre de 2014 de la Sala de Casación Penal].

 

De igual modo, para su procedencia se exige el cumplimiento, entre otros, de los requisitos siguientes:

 

1) Que el solicitante esté legitimado para pedir el avocamiento por tener interés en la causa, o en su defecto, salvo que esta Sala de Casación Penal lo hiciere de oficio.

 

2) Que el proceso cuyo avocamiento se solicite curse, ante un tribunal cualquiera sea su jerarquía y especialidad, con independencia de la etapa o fase procesal en que se encuentre.

 

3) Que la solicitud de avocamiento no sea contraria al orden jurídico, vale decir, no debe ser contraria a las normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

4) Que la solicitud se interponga una vez ejercidos los recursos ordinarios ante la autoridad competente y sin éxito; esto es, que las irregularidades que se alegan deben haber sido oportunamente reclamadas sin el resultado esperado.

 

Dichos requisitos deben ser evaluados y apreciados concurrentemente para considerar si la solicitud de avocamiento puede ser admitida, pues de notarse la ausencia de alguno de estos, conllevaría necesariamente a la declaratoria de su inadmisibilidad.

 

De allí, que esta Sala de Casación Penal ha establecido reiteradamente que “(…) el juicio de admisibilidad se dirige a verificar si la pretensión es jurídicamente apta para que el juzgador pase a estudiar el fondo del asunto, ya que, si la materia o el objeto contenido en los planteamientos del solicitante no se adaptan a las exigencias del ordenamiento jurídico, el juez no podrá enjuiciar el fondo de la causa (…)” [vid. sentencia N° 672, del 17 de diciembre de 2009].

 

Ahora bien, del análisis de los recaudos presentados conjuntamente con la solicitud de avocamiento, la Sala procede a revisar los referidos requisitos, y sobre los particulares allí descritos se observa lo siguiente:

 

1)     Que la pretensión avocatoria fue interpuesta por el ciudadano Ángel Darío Soler Ramírez, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Núm. 139.924, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano EXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO titular de la cédula de identidad V-11.410.902, quien es víctima en la presente causa; según consta de la copia certificada del poder otorgado en fecha 19 de diciembre de 2023, ante la Notaría Pública Octava del Municipio Libertador, del Distrito Capital, razón por la cual, se encuentra demostrada su cualidad y, por ende, su legitimación para formular la pretensión.

     

 2) En cuanto al segundo requisito, referido a que el asunto curse ante un Tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en la cual se encuentre, se evidencia que el proceso seguido contra los ciudadanos MARGARITA DÍAZ DE APONTE y PEDRO APONTE, actualmente es desarrollado por el Tribunal Cuadragésimo (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, signado con el alfanumérico “49°-C-20.314-2023” (nomenclatura de dicho juzgado), siendo verificable que se cumple con la exigencia prevista.

 

3) Asimismo de la revisión exhaustiva del asunto planteado, esta Sala de Casación Penal observa que, el solicitante pretende con dicha solicitud corregir el “grave desorden procesal” el cual, según su decir, constituyen irregularidades que afectan el debido proceso, el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, no evidenciándose que tal planteamiento sea contrario al ordenamiento jurídico.

 

4) Sobre el último de los requisitos, referido al ejercicio de los recursos ordinarios ante la autoridad competente y sin éxito, se observa lo siguiente:

 

Consta en los folios 9 al 25 de la pieza denominada ANEXO, la copia certificada de la sentencia emanada por el Tribunal Cuadragésimo Noveno (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 31 de agosto de 2023, mediante la cual se decretó el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida en contra de los ciudadanos MARGARITA DIAZ DE APONTE y PEDRO APONTE, sin que hasta la fecha pueda verificase el ejercicio del correspondiente recurso de apelación.

 

En efecto, aun y cuando el peticionante alegó “…que en su momento agotamos las vía ordinaria...”, la Sala advierte que en el presente caso, no se evidencia que se encuentre satisfecho tal requisito de admisibilidad ya que para la fecha de la interposición de la solicitud, no se había  agotado el recurso de apelación contra la sentencia definitiva emitida por el Tribunal Cuadragésimo Noveno (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, incumpliéndose en consecuencia, con la exigencia contenida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establece: “La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún Tribunal de la República (…) así como las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios (…)”.

 

Cabe destacar que en el desarrollo de la presente causa, el Tribunal Cuadragésimo Noveno (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a solicitud del Ministerio Público, determinó el sobreseimiento por aplicación del artículo 300, (numeral 4), por no existir razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación; en consecuencia, lo procedente en derecho es recurrir de la decisión de sobreseimiento a través del recurso de apelación y no considerar el avocamiento como una vía ordinaria para reclamar situaciones que deben ser advertidas y corregidas por los tribunales de instancias, en caso de no haber trascurrido el lapso para la interposición del recurso de apelación, la decisión adquiriría carácter de cosa juzgada.

 

En este contexto, resulta prudente indicar, que la Sala de Casación Penal, mediante en Sentencia número 77 del 1 de abril de 2013, en relación con el previo ejercicio de los medios y recursos ordinarios establecidos en la ley, asentó lo siguiente:

 

“...la figura jurídica del avocamiento, procede cuando no exista otro medio procesal idóneo y eficaz, capaz de restablecer la situación jurídica infringida, por lo que las partes deben agotar y ejercer todos los recursos procesales existentes...”.

 

Asimismo, en sentencia número 26 del 14 de febrero de 2013, indicó que la figura del avocamiento es excepcional, y por ello no puede ser utilizada como un recurso ordinario para impugnar decisiones desfavorables:

 

“…Esta excepcionalidad no puede convertirse en la regla y pretenderse el avocamiento ante cualquier violación del ordenamiento jurídico que pueda ser reparada mediante el planteamiento de una incidencia o de un recurso ante cualquier instancia competente. Tal excepción al procedimiento ordinario, que ocupe al Máximo Tribunal en materia de instancia, debe ser por lo demás ejercido prudencialmente en los casos extremos y siempre que se den los requisitos concurrentes a que hace referencia la ley, por ello, debe prevalecer un sano criterio restrictivo, que respete ese carácter extraordinario e impida desafueros en el uso de dicha figura procedimental”.

 

 

Visto lo anterior, la Sala de Casación Penal concluye, en aras de preservar las garantías constitucionales y legales del proceso penal, conforme a lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que resulta forzoso para esta Sala de Casación Penal declarar INADMISIBLE la presente solicitud de avocamiento, por no cumplir con lo establecido en el artículo 107 en relación con el artículo 108, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la solicitud de avocamiento interpuesta por el abogado Ángel Darío Soler Ramírez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Núm. 139.924, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano EXSSEL ALI BETANCOURT OROZCO, titular de la cédula de identidad V-11.410.902, quien es víctima en la causa identificada con el alfanumérico 49°C-20.314-2023, desarrollada ante el Tribunal Cuadragésimo Noveno (49°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en contra los ciudadanos: MARGARITA DÍAZ DE APONTE, por  la presunta comisión de los delitos de SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN PACÍFICA, previsto y sancionado en el artículo 472 ejusdem, y HURTO CALIFICADO, tipificado en el artículo 453 numerales 1 y 5 ibidem, y PEDRO APONTE, por la presunta comisión de los  delitos de PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN PACÍFICA, establecido en el artículo 472, y HURTO CALIFICADO, sancionado en el artículo 453, numerales 1 y 5, ambos del Código Penal, al no cumplir con lo previsto en los artículos 107 y 108 de la Ley orgánica del tribunal Supremo de Justicia.

 

Publíquese, regístrese, ofíciese lo conducente. Remítase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los once (11) días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024). Años 213 de la Independencia y 165 de la Federación.

 

 

 

La Magistrada Presidenta,

 

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

 

 

 

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,                                                            

 

 

 

CARMEN MARISELA CASTRO GILLY  

 

 

 

El Magistrado,

 

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

                                                             (Ponente)

 

 

 

La Secretaria,

 

 

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

Exp. Núm. AA30-P-2024-00039

MJMP

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