Venley

Sentencia N.º 1736

Sentencia N.º 1736

Sentencia
N.º 1736
Fecha
17/12/2012
Sala
Constitucional
Expediente
12-0521
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Exp. N° 12-0521

 

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

El 30 de abril de 2012, mediante correo electrónico dirigido al buzón de internet de la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el abogado Jesús Alberto Dicurú Antonetti, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 73.581,  con el carácter de defensor, según consta en autos, del ciudadano LUIS EDUARDO MARCANO RUBIO, ejerció acción de amparo constitucional contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara del 31 de octubre de 2011, que declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación ejercido contra la sentencia dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio del referido Circuito Judicial que condenó a su defendido a cumplir la pena de un (1) año y nueve (9) meses de prisión más la accesoria de inhabilitación política por el lapso de cinco (5) años, con ocasión del proceso penal seguido por la comisión del delito de malversación específica de fondos públicos en grado de continuidad.

El 2 de mayo de 2012, la Secretaría de la Sala Constitucional dejó constancia de la recepción de la acción de amparo, a los fines del lapso de tres días para su respectiva ratificación.

El 3 de mayo de 2012, el abogado Jesús Alberto Dicurú Antonetti ratificó la acción de amparo constitucional interpuesta y consignó tres anexos.

El 7 de mayo de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

El abogado Jesús Alberto Dicurú Antonetti, actuando en su carácter de defensor del ciudadano Luis Eduardo Marcano Rubio, fundamentó la acción de amparo constitucional bajo los alegatos que, a continuación, esta Sala resume:

Que “…los motivos de impugnación en los que se baso (sic) la Apelación de Sentencia que se interpuso ante la Corte de Apelaciones del Estado Lara, fueron esencialmente por Falta (sic) Manifiesta (sic) en la Motivación de la Sentencia, por además ser una Sentencia Contradictoria, con Quebrantamiento (sic) u Omisión (sic) de Formas (sic) Sustanciales (sic) de los Actos (sic) Causan (sic) Indefensión (sic) y por Errónea (sic) Aplicación (sic) de las Normas (sic) Jurídicas (sic).”

Luego de citar los argumentos que expuso en su escrito de apelación, con respecto a la falta de motivación en la sentencia y transcribir parcialmente la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, prosiguió con lo siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Que “…el Magistrado Ponente José Rafael Guillen (sic) Colmenares, pareciese entender por motivación de una decisión las aseveraciones o más bien opiniones sin argumentos que él pueda realizar, esto lo indico porque cuando el citado Magistrado dice “Ahora bien, esta Alzada considera que no le asiste la razón al recurrente de autos, puesto que de una revisión efectuada por esta Corte de Apelaciones, a la decisión impugnada, se observa que la misma se encuentra basada en fundamentos lógicos…) (sic), pasando de inmediato argumentar (sic) no el cómo llegó él, a esa convicción, sino a explicar según sus criterios que significan fundamentos lógicos de una decisión judicial, en vez de explicar las razones de hecho y de derecho en las que se baso (sic) para considerar que no me asiste la razón en la denuncia de falta de motivación. Ese es el primer aspecto resaltante de la indicado por el magistrado Ponente de la Corte de Apelaciones del Estado Lara José Rafael Guillen (sic) Colmenares; el segundo aspecto es ya una especie de lugar común en los jueces de las distintas instancias, que no es más que el insólito hecho de querer argumentar, fundamentar, motivar con las transcripciones textuales de lo establecido en actas o sentencias como en el caso de marras, donde el Magistrado Ponente, parece no comprender que su deber su trabajo es expresar con una motivación propia, el porque (sic) considera que el fallo en estudio no adolece del vicio de inmotivación propia, a través de un ejercicio intelectual con base a los hechos y sus conocimientos de derecho fundamentados en el ordenamiento jurídico, jurisprudencias y doctrinas a una conclusión sobre lo solicitado aquí entra el tercer aspecto a resaltar de esta parte del fallo, que no es otra que observar que los fundamentos del Magistrado Ponente de la Corte de Apelaciones del Estado Lara José Rafael Guillen (sic) Colmenares, fue el vacío dejado por el Juez del Tribunal de Juicio, en el entendido de que el referido Magistrado Ponente, pasa a ser (sic) consideraciones propias del porque (sic) consideraba que el Sindico (sic) Procurador si podía tener cualidad como víctima en la presente causa, consideraciones que salen de la sentencia objeto del Recurso de Apelación, sino de inferencias propias y nuevas del propio Ponente.”

Que “Sin querer entrar a discutir sobre el inexcusable error que además realiza el Magistrado Ponente, cuando indica que la cualidad de víctima se puede encontrar no en el artículos (sic) 119 del Código Orgánico Procesal Penal, que nos define quienes pueden ser tenidos como tal, sino que haya (sic) su respuesta en una ley de Jurisdicción Administrativa (Ley Orgánica de Régimen Municipal), contraviniendo inclusive además la pacífica y reiterada posición de esta Sala Constitucional e inclusive la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con respecto a quienes deben ser tenido (sic) como víctimas en los delitos de Salvaguarda y el Patrimonio Público (sic), que fueron debidamente citadas en el Recurso (sic) de Apelación (sic) de Sentencia (sic), tenemos que señalar que esta motivación inexistente en la sentencia objeto de aquel Recurso de Apelación, lo que deja al descubierto es que el Magistrado Ponente de la Corte de Apelaciones del Estado Lara (sic) erróneamente en vez de motivar la falta de la misma declarando con lugar la denuncia por este motivo de impugnación, lo que hizo fue tratar de subsanar el error del A quo, motivando él, lo que le correspondía al Juez de Juicio hacer.”

Que “[E]ste hecho que se evidencia en el fallo realizado por la Corte de Apelaciones del Estado Lara con Ponencia del Magistrado José Rafael Guillen (sic) Colmenares, es sin lugar a dudas una violación flagrante al derecho a una Tutela (sic) Judicial (sic) Efectiva (sic), por ser una decisión que trastoca el Derecho a la Defensa (sic) a obtener una adecuada respuesta desde el punto de vista de la motivación que debe tener todo fallo, el Debido (sic) Proceso (sic) por incongruencia omisiva de conformidad con el artículo 49 ordinal 8° (sic) de nuestra Carta Magna, tal cual fueron desarrollados en los capítulos anteriores y que así debe declararse”.

En este orden, el accionante citó los argumentos que esgrimió en la segunda denuncia del recurso de apelación interpuesto en el proceso penal, con respecto a la falta de motivación de la sentencia emitida por el Juez de Juicio, indicando finalmente, a los efectos de la presente acción de amparo, que “…hubo una completa OMISION (sic) DE PRONUNCIAMIENTO en la sentencia realizada por el Magistrado Ponente José Rafael Guillen (sic) Colmenares, de la Corte de Apelaciones del Estado Lara (sic), nada dijo al respecto, lo cual evidentemente constituye sin lugar a equívoco una flagrante y grosera violación de los artículos 26 y 51 de la Constitución de la República de Venezuela (sic) en lo que respecta a la Tutela (sic) Judicial (sic) Efectiva (sic) y al Derecho a Peticionar (sic).”

Prosiguió el accionante reproduciendo textualmente los argumentos correspondientes a la tercera denuncia del recurso de apelación que interpuso ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, y de seguidas citó parcialmente la decisión de esa Alzada, después de lo cual continuó con los fundamentos de la acción de amparo en los siguientes términos:

Que “Resulta más que elocuente leer sobre todo el último párrafo de la cita anterior y que fue debidamente Resaltado (sic) y Subrayado (sic), porque es la síntesis de lo que en realidad hizo el Magistrado Ponente de la Corte de Apelaciones del Estado Lara (sic) José Rafael Guillen (sic) Colmenares, en el fallo que le toco (sic) realizar con motivos del Recurso (sic) de Apelación (sic) interpuesto, y que (sic) fue lo que hizo? Cito textual: “ya que con los párrafos citados se obtiene la convicción de que la recurrida si (sic) contiene motivación suficiente, clara y lógica, producto de la apreciación y valoración de los elementos de pruebas recibidos en el debate”, es decir, al igual que en la primera denuncia de este escrito, La (sic) Corte de Apelaciones del Estado Lara (sic), no hizo un análisis propio para determinar las razones por las cuales considera que el fallo si se encontraba Motivado (sic), lo que hizo porque se evidenciaba que estaba motivado, pasando a explicar teóricamente lo que en su parecer significa motivar.”

Que “No se le solicitó a la Alzada, que explicara o diera una clase magistral del significado de Motivar (sic) una Sentencia (sic) y mucho menos que nos la reprodujera en una nueva suscrita por la Corte de Apelaciones del Estado Lara (sic), se le solicitó de manera clara, precisa y detallada que revisara la sentencia del Tribunal de Juicio, e identificara que la misma era Inmotivada (sic), no es motivación indicar después de citas textuales, opiniones como: a) “se observa de la recurrida, que el Juez a quo, valoró debidamente las pruebas documentales incorporadas por su lectura al debate oral y público,” es que nos indique porque (sic) llego (sic) a esa conclusión con sus propios fundamento (sic) no con citas; b) “Por todo ello estima esta Corte, que las afirmaciones del recurrente como fundamento de la impugnación de la sentencia, no satisfacen los requerimientos de la causal invocada”, porque? (sic) Que encontró el Tribunal de Alzada para soportar esta afirmación?, en que (sic) parte de la sentencia del Tribunal de Alzada podemos visualizar un análisis propio con fundamntos (sic) de hecho y de derecho que nos lleve a esa conclusión?; c) “Es evidente que el Juez a quo, aprecia las declaraciones de estos ciudadanos, las cuales valora conforme al principio de inmediación,…”, esta afirmación no obstante de no haberse tampoco fundamentado es además totalmente falsa, el Juez de Juicio, jamás apreció las pruebas mucho menos las valoro (sic) observando las reglas de la lógica y la experiencia, simplemente las califico (sic) como buenas o malas, sin darnos una fundamentación del porque (sic) llego (sic) a esa conclusión y ojo (sic) no se pedía a la Alzada, que valorara prueba, solo se le pidió que verificara que ninguna se fundamento (sic) sobre el porqué se aceptaban o rechazaban, ya que simplemente como si se tratara de un método en cadena, el tribunal de Juicio fundamento (sic) su valoración haciendo cita textual del Acta (sic) de Juicio y La (sic) Corte de Apelaciones hizo lo propio citando textualmente la Sentencia del Tribunal de Juicio; pareciese que estos Jueces (Juicio y Magistrado Ponente) consideraran (sic) que las citas textuales son en sí misma una fundamentación, que no necesita de un ejercicio mental propio con sus elementos de hecho y de derecho para poder llegar a una conclusión, lo cual es evidentemente no solo una mala praxis jurídica, sino además que hace que todos los actos ceñidos de esta práctica sean inconstitucionales por violar de manera flagrante los principios de TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y por FALTA DE MOTIVACIÓN y por menoscabar el DEBIDO PROCESO, por estar el referido fallo, inmerso en lo que ha denominado la doctrina y jurisprudencia patria como “INCONGRUENCIA OMISIVA” al no haber tampoco coherencia o más bien un desajuste entre la decisión impugnada y las denuncias o pretensiones formuladas en el Recurso (sic) de Apelación (sic) de Sentencia (sic)…”.

En este orden, el accionante prosigue citando los argumentos que desarrolló en la cuarta denuncia del recurso de apelación que interpuso ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara y, luego de transcribir parcialmente la decisión de esa Alzada, continúa con los fundamentos de la presente acción de amparo en los siguientes términos:

Que “…en esta denuncia no obstante de que la Alzada insiste en querer motivar con solo hacer citas textuales de la Sentencia recurrida sin que medie una fundamentación lógica y jurídica, propia de un análisis intelectual del Magistrado Ponente, debemos indicar que ciertamente hay algo pedagógico en la misma, sobre lo que no se debe hacer, además de ser un ejemplo perfecto de lo que significa la INCONGRUENCIA OMISIVA, toda vez que el Magistrado Ponente, jamás pasa analizar los reales términos en que se realizó la Denuncia (sic), de que la sentencia impugnada, incurre en el vicio de contradicción manifiesta en su motivación, sino que comienza elucubrar y hacer citas de doctrinas y jurisprudencia sobre la Inmotivación (sic) de la sentencia, para concluir que la sentencia si está motivada, con lo cual no se dio (sic) respuesta a nuestra solicitud de que se revisase si dicha sentencia incurre o no en el vicio de contradicción manifiesta en su motivación; situación está (sic) de lo más parecido al anecdótico caso aquel del estudiante que tiene un examen de historia del derecho, para lo cual le dicen que estudie tres civilizaciones la egipcia, griega y la romana, pero que el (sic) estudia solo la romana, y cuando llega al día del examen le preguntan sobre la civilización griega, este (sic) como solo estudio (sic) la romana responde o desarrolla esa civilización, raspando lógicamente el examen, pues fue la civilización griega la que se le pregunto (sic)”.

Que “…paso (sic) exactamente lo mismo, se hace una denuncia por contradicción en la motivación y la Alzada contesta como si se tratara de inmotivación, lo cual sin (sic) se traduce en una flagrante VIOLACION (sic) del derecho a la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y por consiguiente al DEBIDO PROCESO, que ocasiono (sic) la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, por estar el referido fallo, inmerso en lo que ha denominado la doctrina y jurisprudencia patria como “INCONGRUENCIA OMISIVA” al no haber tampoco coherencia o más bien un desajuste entre la decisión impugnada y las denuncias o pretensiones formuladas en el Recurso de Apelación de Sentencia”.

En este punto, el accionante citó parcialmente la sentencia N° 2465 de fecha 15 de octubre de 2002 dictada por esta Sala Constitucional.

Luego,  transcribió el contenido de la quinta denuncia de su escrito de apelación y, seguidamente, citó parcialmente la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, después de lo cual continuó con los fundamentos de la presente acción de amparo en los términos siguientes:

Que “…en esta denuncia no obstante de que la Alzada sin que medie una fundamentación lógica y jurídica, propia de un análisis intelectual del Magistrado Ponente, que se indicó en esta denuncia, el quebrantamiento de las formas sustanciales de los actos, que causaron indefensión, al violárselos (sic) siguientes artículos: 1)Violación del numeral 1° del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en lo concerniente a que La (sic) defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho de acceder a las pruebas y disponer de los medios adecuados para ejercer su defensa. 2) Violación del Artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal, sólo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia, conforme a las disposiciones de este Código. 3) Violación del Artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, Los (sic) jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar, y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento 4) Violación del Artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal, El (sic) proceso tendrá carácter contradictorio y 5) Violación del Artículo 339 del Código Orgánico Procesal Penal, Sólo (sic) podrán ser incorporados al juicio por su lectura, experticias que se hayan recibido conforme a las reglas de la prueba anticipada, cualquier otro elemento de convicción que se incorpore por su lectura al juicio, no tendrá valor alguno”.

Que “[E]n donde encontramos que la Corte de Apelaciones del Estado Lara (sic), haya dado respuestas a los fundamentos de hecho y de derecho en los que se baso (sic) esta denuncia?, en ninguna parte del fallo, en virtud que al igual que en el caso anterior, La (sic) Alzada, se dedico (sic) a analizar situaciones y artículos que nada tenían que ver ni someramente con el planteamiento denunciado, tal como se evidencia de estos extracto (sic) de la sentencia: 1) “En primer lugar se observan que en fecha 02 de Julio del año 2008, fueron admitidas en su totalidad las pruebas ofrecidas por la Fiscalía del Ministerio Pública (sic)…omisis…(sic) “fueron presentadas por la Fiscalía del Ministerio Público en la Acusación (sic) Fiscal (sic), y se observa de las actas que cursan en el presente asunto que fueron admitidas en su totalidad por el A quo para ser incorporadas en el Juicio Oral (sic) y Público (sic), por lo que se evidencia que dichas pruebas fueron presentadas dentro del lapso que establece el Código Orgánico Procesal Penal para su exposición”, nadie objeto (sic) dicha situación, inclusive extemporánea para atacarla en la fase de Juicio; 2) “Del mismo modo, una vez revisadas y analizadas las presentes actuaciones, observa que en el acta de la audiencia de juicio de fecha 15 de Noviembre (sic) de 2010”, este argumento es de un Juicio (sic) que fue interrumpido, la sentencia apelada corresponde a un Juicio (sic), iniciado el diecisiete (17) de enero de dos mil once (2011). 3) “y siendo que el Juez agoto (sic) todas las vías a los fines de hacer comparecer a dichos expertos y estos nunca acudieron, el mismo prescindió de sus declaraciones, actuando ajustado a derecho de conformidad con lo establecido y el artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que no se evidencia en la presente denuncia tal violación alegada por el recurrente, lo que conlleva a declarar Sin Lugar la Denuncia…”, ante esto no nos queda que preguntarnos que (sic) denuncia estaba revisando la Alzada, evidentemente no era el escrito de Apelación de Sentencia realizado por este profesional del derecho, para lo cual se hace evidente que este fallo esta (sic) inmerso en INCONGRUENCIA OMISIVA, toda vez que el Magistrado Ponente, jamás pasa analizar los reales términos en que se realizó la Denuncia, con lo cual no se dio respuesta a nuestra solicitud, lo cual se traduce en una flagrante VIOLACION (sic) de derecho a la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y por consiguiente al DEBIDO PROCESO, que ocasiono (sic) la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, por estar el referido fallo, inmerso en lo que ha denominado la doctrina y jurisprudencia patria como “INCONGRUENCIA OMISIVA” al no haber tampoco coherencia o más bien un desajuste entre la decisión impugnada y las denuncias o pretensiones formuladas en el Recurso (sic) de Apelación (sic) de Sentencia (sic)…”.

En este orden, el accionante transcribió la sexta y última denuncia del recurso de apelación que interpuso ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, y de seguido citó parcialmente la decisión dictada por la referida Alzada, después de lo cual continuó con los fundamentos de la presente acción de amparo, que esta Sala resume a continuación.

Que “Ante esta motivación por parte de la Corte de Apelaciones del Estado Lara (sic), a una Denuncia (sic), seria, debidamente fundamentada y realizada en el tiempo y con las formas de ley, cabe preguntarse: Sera (sic) que el Magistrado Ponente de la Corte de Apelaciones del Estado Lara José Rafael Guillen (sic) Colmenares, se cansó de copiar y pegar?, porque no hay justificación alguna para que esta respuesta por parte de un Magistrado de un Tribunal de Segunda Instancia, ni siquiera para uno de Primera”.

Que “…ninguna de las denuncias son ni remotamente parecidas, aunque puedan sufrir todas de los mismos motivos de impugnación por estar presente los mismos vicios, sin embargo, teníamos derecho a que se nos fundamentara de manera motivada el porqué no nos asistía la razón, para eso el Estado Venezolano les paga a los Jueces, para que den respuesta a los peticionarios de manera motivada y basado en fundamentos de derecho de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, si nos asiste la razón o por el contrario sino (sic) nos asiste”.

Que “…en esta denuncia hubo una completa OMISION (sic) DE PRONUNCIAMIENTO en la sentencia realizada por el Magistrado Ponente José Rafael Guillen (sic) Colmenares, de la Corte de Apelaciones del Estado Lara (sic), nada dijo al respecto, lo cual evidentemente constituye sin lugar a equivoco (sic) una flagrante y grosera violación de los artículos 26 y 51 de la Constitución de la República de Venezuela (sic) en lo que respecta a la Tutela Judicial Efectiva y al Derecho a Peticionar”.

Finalmente, el accionante indicó las pruebas que promovió con la interposición de la presente acción de amparo y solicitó que la misma sea admitida y declarada con lugar en la definitiva.

II

DEL FALLO IMPUGNADO

 

El 31 de octubre de 2011, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Jesús Alberto Dicurú Antonetti actuando en su carácter de defensor del ciudadano Luis Eduardo Marcano Rubio, bajo los fundamentos siguientes:

“Esta Alzada, al estudiar exhaustivamente la argumentación del recurrente, utilizado en su escrito de apelación y al revisar las denuncias interpuestas, en el mismo, considera obligatorio e ineludible, hacer el siguiente análisis:

…omissis…

Ahora bien, del estudio del Recurso de Apelación expuesto ante esta alzada (sic), verificamos que el recurrente fundamenta su escrito, de conformidad con lo establecido en el artículo 452, numeral 2º del Código Orgánico Procesal Penal.

Señala el recurrente, como primera denuncia de conformidad con lo establecido en el artículo 452 ordinal 2º (sic) del Código Orgánico Procesal Penal, que en el presente caso la sentencia impugnada incurre en el vicio de falta de motivación manifiesta, en virtud de que no expresa las razones sobre todo de derecho de las cuales se agarra el Juez, para manifestar que le da valor a la cualidad del Representante (sic) del Municipio Carirubana, pues soporta su dicho con el escueto argumento de que el proceso es para ventilar un delito contra el tesoro municipal, ya que no determino si el Representante (sic) del Municipio Carirubana tenía o no Cualidad (sic) de Víctima y en segundo lugar si el mismo podía si estaba legitimado o no para constituirse como Acusador Particular Propio en un Delito (sic) de Salvaguarda y el Patrimonio Público (sic), en donde la víctima es el Estado Venezolano.

Lo antes denunciado constituye, sin lugar a dudas, una MANIFIESTA FALTA DE MOTIVACION que vicia de nulidad la sentencia impugnada, y la hace nula y de toda nulidad por INMOTIVADA, porque no podía el Juzgador arribar al aludido pronunciamiento sin un razonamiento jurídico de forma explícita y directa de los fundamentos de hecho y de derecho en que apoyó su decisión, todo esto, de conformidad con los principios constitucionales de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa..

La Sala, para decidir, respecto a la presente denuncia pasa a realizar las siguientes consideraciones:

La misión revisora del Tribunal A Quem (Sic) en esta primera denuncia, se limita a determinar si la sentencia dictada por el Juzgador A Quo está ajustada a la ley o por el contrario, tal como lo denuncia el recurrente adolece del vicio de falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, a tenor de lo previsto en el numeral 2º del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, señala el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:

"…Requisitos de la sentencia. La sentencia contendrá:

2. La enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio.

3. La determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el Tribunal estime acreditados.

4. La exposición concisa de hechos y de derechos.

5. La exposición expresa sobre el sobreseimiento, absolución o condena del acusado o acusada, especificándose en este caso con claridad las sanciones que se impongan…”

…omissis…

Ahora bien, esta Alzada considera que no le asiste la razón al recurrente de autos, puesto que de una revisión efectuada por esta Corte de Apelaciones, a la decisión impugnada, se observa que la misma se encuentra basada en fundamentos lógicos, siendo que los mismos en toda decisión judicial en la que se determina la inocencia o la culpabilidad de una persona en la comisión de un hecho punible, debe contener en primer lugar, la definición de los elementos de tipo penal y la valoración de cada uno de los elementos en las circunstancias dadas al caso. Es necesario, que el sentenciador obtenga de la totalidad de las pruebas del caso, un argumento sólido comprobable en el caso y desde ese punto de vista, ser ofrecido y determinado en la decisión.

Observa esta alzada, en cuanto a lo denunciado por el recurrente que el Tribunal recurrido estableció en su decisión los fundamentos de hecho y de derecho mediante los cuales determino (sic) la cualidad del síndico (sic) procurador en el presente caso siendo que el A Quo señalo lo siguiente:

“…Este Tribunal una vez oída las excepciones de las partes en cuanto al primer punto se observa que fue remitido oficio al Sindico Procurador, del cual no consta que fue recibido, no así las notificaciones de la defensa del representante del Ministerio Publico a través de la Fiscalía 30º del MP (nacional) y 22º del MP, de la defensa que si constan las resultas de su notificación, por lo que se declara sin lugar y el Síndico Procurador se considera parte en el presente asunto, en cuanto a que si en Síndico Procurador tiene o no cualidad en el presente juicio, este Tribunal le da valor a dicha cualidad como representante del Municipio Carirubana como quiera que se ventila un delito contra el tesoro municipal respecto a la excepción por la defensa conforme a lo establecido en el artículo 28.4 literal c) del COPP, vista la misma declara sin lugar motivado que se apertura el Juicio Oral y Público y en el transcurso del debate de juicio oral y público se verificará si el hecho por el cual se acuse se puede ser encuadrada o no en la conducta desplegada por el ciudadano Luís Eduardo Marcano Rubio…”

Del mismo modo, considera esta Alzada oportuno y necesario señalar lo establecido en el articulo (sic) 117 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en la cual se establecen cuales son las funciones de Sindico (sic)  Procurador de un municipio, las cuales son las siguientes:

“…Según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal corresponde al Síndico Procurador:

1. Representar y defender judicial y extrajudicialmente, los intereses del Municipio en relación con los bienes y derechos de la entidad, de acuerdo al ordenamiento jurídico e instrucciones del Alcalde o Alcaldesa o del Concejo;

2. Representar y defender al Municipio conforme a las instrucciones impartidas por el Alcalde o la Alcaldesa, o el Concejo en cuanto a los derechos relacionados con el Tesoro Municipal y conforme a lo determinado por las leyes y ordenanzas. Cumplirá las mismas funciones en los juicios contenciosos administrativos que involucren al Municipio.

3. Asesorar jurídicamente al Alcalde o Alcaldesa y al Concejo, mediante dictamen legal e informes que respondan a sus solicitudes;

4. Someter a la consideración del Alcalde o Alcaldesa proyectos de ordenanzas y reglamentos o de reforma de los mismos;

5. Asistir, con derecho de palabra, a las sesiones del Concejo en las materias relacionadas con su competencia o aquellas a las cuales sea convocado;

6. Denunciar los hechos ilícitos en que incurran los funcionarios o empleados en el ejercicio de sus funciones y, previa autorización del Alcalde o Alcaldesa, intentar las acciones jurídicas a que haya lugar; y

7. Asesorar jurídicamente y orientar a los ciudadanos y ciudadanas, organizados o no, en todos los asuntos de su competencia.

8. Cumplir con los demás deberes y atribuciones que le señalen las leyes y ordenanzas....”

De todo lo expuesto, y una vez revisada y analizada exhaustivamente la denuncia interpuesta por la defensa, en los términos expuestos con antelación, esta Alzada por considerarlo requisito sine qua non, transcribe textualmente fragmentos de la sentencia recurrida, donde de una manera acertada, responde ajustada a derecho de una manera motivada y asistida de la lógica, la presente denuncia efectuada por la Defensa (sic) Privada (sic) cuando se refiere a la cualidad que posee el Sindico (sic) Procurador del Municipio Carirubana en el presente caso, se evidencia de la norma anteriormente transcrita que el la Ley faculta al Sindico (sic) Procurador de cada Municipio para ejercer las funciones de Representar (sic) y defender judicial y extrajudicialmente, los intereses del Municipio en relación con los bienes y derechos de la entidad, de acuerdo al ordenamiento jurídico e instrucciones del Alcalde o Alcaldesa o del Concejo y Representar y defender al Municipio conforme a las instrucciones impartidas por el Alcalde o la Alcaldesa, o el Concejo en cuanto a los derechos relacionados con el Tesoro Municipal y conforme a lo determinado por las leyes y ordenanzas, cumplirá las mismas funciones en los juicios contenciosos administrativos que involucren al Municipio. En este sentido esta Corte avala la respuesta dada por el Tribunal en cuanto a la Defensa por ser legal y ajustada a derecho, o sea fundamentada no sobre supuestos ni presunciones iuris tantum sino sobre las bases de la leyes, a los efectos de estimar la cualidad de victima (sic) del ciudadano Nestor (sic) David Morales Revilla en su carácter de Sindico (sic) Procurador actuando en representación del Municipio, en el caso que nos ocupa por considerarlo ajustado a derecho el Juez A Quo le reconoció la cualidad como representante del Municipio Carirubana del Estado Falcón a dicho ciudadano, lo que esta Corte responsablemente comparte.

Por lo anteriormente expuesto se evidencia que el A Quo estableció en su decisión los motivos por los cuales se le dio la cualidad de victima (sic) al Sindico (sic) Procurador del Municipio Carirubana de Punto Fijo Estado Falcón. Por lo que esta Corte de Apelaciones declara Sin Lugar la presente denuncia, por cuanto no le asiste la razón al recurrente. Y ASI SE DECIDE.

Señala el recurrente como segunda denuncia de conformidad con lo establecido el articulo 452 ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal, que la sentencia impugnada incurre en el vicio de falta manifiesta en la motivación de la sentencia, porque no podía el Juzgador arribar al aludido pronunciamiento sin un razonamiento jurídico de forma explicita y directa de los fundamentos de hecho y de derecho en que apoyo su decisión, todo esto, de conformidad con los principios constitucionales de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa en virtud de que para el Tribunal quedo demostrado sin explicar porque llego a la convicción de esas aseveraciones, no es tan grave como la ausencia total en la Sentencia (sic) Definitiva (sic) de los supuestos fácticos constitutivos para el delito por el cual fue acusado su defendido y que fue el objeto de demostrar en el Juicio Oral (sic) y Público (sic).

Respecto a la presente denuncia, la Sala observa que no le asiste la razón al recurrente en su afirmación de que la recurrida adolece del vicio de inmotivación, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que se constata que en la misma se cumplieron con tales requisitos, en donde el Juez a quo expuso de manera precisa los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales basó su decisión y la explicación lógica y detallada de la valoración de las pruebas incorporada al debate, lo que se verifica en los siguientes párrafos de la recurrida:

En primer lugar, de la apreciación y valoración que hace el Juez a quo, del testimonio de los ciudadanos José Ramón Reye Fajardo que para el momento de los hechos se desempeño (sic) como Secretario de la Camara (sic) Municipal, Jesús Antonio Colina, Concejal para la fecha se demuestra que por vía de excepción, Mary Josefina Meléndez Romero, Directora de Recursos Humanos para el momento de los hechos, Orlin Gutierrez (sic) que para el momento de los hechos se desempeño (sic) como Secretario y Concejal, Marino Amado Gutierrez (sic) para el momento de los hechos era Concejal, Osmar Leidenz, Sindico (sic) Municipal para la fecha, Carlos Antonio Tremon, para el momento de los hechos era Concejal y Vicepresidente de la Camara, (sic) Ortuñez Fredis que para el momento se desempeñaba como contralor municipal, Hugo Rafael Arias, que se desempeñaba como contralor municipal posterior a los hechos, se aprobaron recursos económicos, en donde valora las mismas de la siguiente manera:

“…Del dicho de José Ramón Reyes Fajardo, que para el momento de los hechos se desempeño como Secretario de la Cámara Municipal, se da por demostrado de la existencia del acta numero 1544, yadminiculada se demuestra que hubo aprobación de recursos económicos, por parte del Concejo Municipal para el pago de unos cesta ticket.-

De la declaración de Jesús Antonio Colina, Concejal para la fecha se demuestra que por vía de excepción se aprobaron recursos económicos, quedando evidenciado además, según su dicho que había gente descontenta que reclamaba una remuneración contractual.-

De igual modo se oyó a Mary Josefina Meléndez Romero, Directora de Recursos Humanos para el momento de los hechos, donde se demuestra la contracción de obreros, y el pago se aprobó por Asamblea Extraordinaria del Concejo Municipal y se demostró que el pago de cesta ticket fue por una Resolución emanada del Alcalde.-

Seguidamente se oyó la deposición de Orlin Gutiérrez que para el momento de los hechos se desempeño como Secretario y Concejal, y da por demostrado el traslado de Partidas de Obreros Permanentes a Obreros no permanentes y la existencia de las actas números 1526 y 1544.-

De la declaración del testigo Marino Amado Gutiérrez para el momento de los hechos era Concejal, se desprende disconformidad entre los miembros de la Cámara con el contenido de la acta numero 1544, correspondiente a la sesión de cámara de fecha 19 – 12 – 2000; también señala que la mayoría calificada de la Cámara considero que los actos eran nulos, habiendo dejado constancia en el acta numero 1545, y que fueron sometidas al control Jurisdiccional por el Tribunal Supremo de Justicia-

Del dicho de Carlos Granadillo, Concejal para la fecha, se demuestra las irregularidades en el pago de cesta ticket, pagados por el Alcalde sin autorización de la Camara (sic) y de la existencia de las supra nombradas actas 1544 y 1545.-

Del dicho del testigo Osmar Leidenz, Sindico (sic) Municipal para la fecha, y presente en la sesión del 19 – 12 – 2000, no se le da valor alguno porque no se desprende elementos de culpabilidad o inculpabilidad en consecuencia se rechaza su dicho.-

Del dicho del testigo Carlos Antonio Tremon, para el momento de los hechos era Concejal y Vicepresidente de la Camara, (sic) se desprende disconformidad entre los miembros de la Cámara con el contenido de la acta numero 1544 y la mayoria (sic) no reconoció la validez de la misma por considerarla viciada, señalando a pregunta del ministerio publico (sic) “… todo eso tiene que pasar por la cámara municipal…” se aprecia de su dicho que hubo saboteo y que se suspendió la sesión porque no estaban dadas las condiciones.-

Del dicho del testigo Ortuñez Fredis que para el momento se desempeñaba como contralor municipal,se desprende lo siguiente: “… cuando me desempeñaba como contralor municipal, recibí 40 contratos de trabajo dedicados a la orden de limpieza, para cuando me fue solicitada la aprobación de esos contratos no tenia (sic) la disponibilidad lo que fue informado al alcalde mediante un oficio sin embargo el 25 de septiembre el alcalde me remite una información que por cuanto no tenían disponibilidad presupuestara se me remiten los contratos pero para darle vigencia desde el día cinco, razón por la cual en mi condición de contralor municipal objete (sic) este contrato y los pagos referentes a esos contratos de trabajo…” , “…así mismo en mi función de contralor negué unas ordenes (sic) de pago referente a cesta tickets, porque precisamente se presento (sic) una situación en la cámara municipal donde los concejales no aprobaron la anterior acta de cámara porque se había presentado alguna situación con el nombramiento del vicepresidente de la cámara, no fue aprobado en este caso el acta y fui informado que los créditos aprobados por 200 millones se habían dejado sin efecto y dos de los concejales negaban que ellos no habían aprobado unas cuestiones, de allí que se negó el pago de cesta tickets, sin embargo se produjo el pago de los mismos, faltando el control previo obligatorio, constituya de alguna manera un elemento poco obligante para el alcalde, ellos estaban mas (sic) que todo bajo un control posterior nosotros hacíamos todos años auditoria…”; este tribunal le da todo valor probatorio a lo dicho de este testigo.-

Del dicho de Hugo Rafael Arias, que se desempeñaba como contralor municipal posterior a los hechos, que si bien no fue testigo presencial de los hechos principales objeto de este jucio,(sic) no menos cierto es que tiene conocimiento referencial de los mismos, incluso a pregunta que si hubo alguna turba, contesto:(sic)  “… los trabajadores esperando los créditos que se le aprobaran, estaban calmados, todas las sesiones se desarrollaron de manera pacifica (sic) …” , contestando afirmativamente que si pudiese ser reclamada por via (sic) jurisdiccional alguna diferencia. De igual modo señalo que los cesta ticket eran un pasivo laboral acumulado, por lo que se le da valor de simple indicio, al cocatenarlos (sic) con otros dichos.-

Seguidamente este tribunal pasa a valor el dicho de Víctor Manuel González Bello, quien señala que en su periodo no hubo reclamos administrativos; este tribunal no le da ningún valor probatorio ni a favor ni en contra.
Del dicho del ciudadano Wilmer Paredes, quedo evidenciado que fue una de las personas contratadas y además se demuestra, que cuando comenzó a trabajar aun no había documento que demostrara la existencia de contrato de relación de trabajo con la Alcaldía que adminiculado con otros dichos un desorden administrativo que en definitiva llevo a la convicción a este tribunal de la responsabilidad penal del acusado…”

Es evidente que el Juez a quo, aprecia las declaraciones de estos ciudadanos, las cuales valora conforme al principio de inmediación, dándole valor probatorio al considerar su declaración conteste y sin conjeturas, estableciendo con ello el modo, lugar y tiempo de los hechos ocurridos. No estando dada a las Cortes de Apelaciones, analizar, comparar, ni valorar pruebas, ya que las determinaciones precisas y circunstanciadas de los hechos, corresponde a los Tribunales en función de Juicio, según el principio de inmediación; verificando esta Corte que la Jueza a quo al apreciar la testimonial de los ciudadanos José Ramón Reye Fajardo, Jesús Antonio Colina, Mary Josefina Meléndez Romero, Orlin Gutiérrez, Marino Amado Gutiérrez, Osmar Leidenz, Carlos Antonio Tremon, observó las reglas de la lógica y la experiencia, corroborando así que de su razonamiento no se evidencia ilogicidad, ni arbitrariedad, ni violación alguna.

Asimismo se observa de la recurrida, que el Juez a quo, valoró debidamente las pruebas documentales incorporadas por su lectura al debate oral y público, copia certificada de la resolución No 084, emanada del despacho del alcalde donde se aprecia que se ordenó el pago inmediato de todos y cada uno de los beneficios contemplados en la sesión de cámara de fecha 19-12-2000, lectura copia de los documentos que contiene la obligación del Municipio y de los obreros de una obra de servicio, del tiempo de la obligación en dinero de la contra prestación, documento No CM-040-2001, de fecha 29 de enero de 2001, suscrito por el contralor municipal, COMUNICACIÓN Nº CM-605-2000, de fecha 27 de Diciembre de 200, emanada de la contraloría del Municipio Carirubana, COMUNICACIÓN Nº CM-0435-2000, emanada de la contraloría del municipio de Carirubana, COMUNICACIÓN CM-444-2000, emanada de la contraloría del Municipio Carirubana del Estado Falcón, ACTA POLICIAL DE REGISTRO, levantada en fecha 06-02-2001, por funcionarios adscritos a la Brigada Territorial Nº 208, de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, con sede en Coro, INFORME Nº CM-093-2001, de fecha 14 de Febrero de 2001, emanado de la contraloría da Contraloría del Municipio de Carirubana del Estado Falcón, INFORME Nº 07-02-708, de fecha julio de 2001, emanado de la Dirección de Control de Municipios de la Contraloría General de la República, COPIA CERTIFICADA DE LA ORDENES DE PAGO Nº 88.366, 88.428, 88.429, 88.430, 88.431, 88.485, 88.489, 88.490, 88.503, 88.3515, 88.516, 88.519, 88.520, 88.521, 88.524, 88.617, 88.618, DIAGNOSTICO PRACTICADO EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CARIRUBANA DEL ESTADO FALCÓN, COPIA CERTIFICADA DE COMUNICACIÓN Nº CM-OF.519.2002, de fecha 02-08-02, suscrita por el ciudadano Hugo Arias, ACTA DE COMPROMISO tanto manuscrita como impresa, de fecha 17-05-2000, ACTAS DE BENEFICIO PERSONAL del ciudadano José ramo reyes,, secretario de la Cámara Municipal, COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA de la cámara del Municipio Carirubana del Estado Falcón Nº 1526, COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA de la cama del municipio Carirubana del Estado Falcón, Nº 1543, COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA de la cama del municipio Carirubana del Estado Falcón, Nº 1544, COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA de la cama del municipio Carirubana del Estado Falcón, Nº 1545 y EXPERTICIA CONTABLE de fecha 25-06-2001, practicada a la Alcaldía del Municipio de Carirubana del Estado Falcón, correspondiente al ejercicio económico Julio 2000- Febrero 2001, en donde la recurrida, señala darle valor probatorio, en virtud de ser de las procedentes para ser incorporadas al juicio oral y público por su lectura y haber sido ratificada por quien la suscribió, dándole a las partes la debida oportunidad para el contradictorio y en cumplimiento de los principios del proceso penal, observando de esta manera las reglas de la lógica y conocimientos científicos, corroborando así que de su razonamiento no se evidencia ilogicidad, ni arbitrariedad, ni violación alguna.

“…Se incorporo (sic) por su lectura copia certificada de la resolución No 084, emanada del despacho del alcalde donde se aprecia que se ordenó el pago inmediato de todos y cada uno de los beneficios contemplados en la sesión de cámara de fecha 19-12-2000, a los obreros y empleados dependientes de la administración municipal.- Como quiera que es un documento publico (sic) de carácter administrativo y con la condición, además de ser una resolución administrativa publicada en gaceta municipal ; en el manejo de los recurso, se le da todo el valor probatorio y se desprende que efectivamente se efectuó el pago., comprometiendo la responsabilidad penal de acusado.-

Se incorporo (sic) por la lectura copia de los documentos que contiene la obligación del Municipio y de los obreros de una obra de servicio, del tiempo de la obligación en dinero de la contra prestación, probándose de la existencia de tales hechos y que dieron origen a la denuncia y posterior enjuiciamiento del hoy acusado llegando al pleno convencimiento de este tribunal del hecho reñido con el derecho y en consecuencia la responsabilidad penal del acusado.-

Se produjo el contenido del documento No CM-040-2001, de fecha 29 de enero de 2001, suscrito por el contralor municipal y del mismo se desprende la certeza de la responsabilidad penal del acusado Luis Eduardo Marcano Rubio, cédula de identidad Nº 5.820.145.

Se incorpora al Juicio por su lectura COMUNICACIÓN Nº CM-605-2000, de fecha 27 de Diciembre de 200, emanada de la contraloría del Municipio Carirubana, digital al Alcalde de dicho Municipio, que riela inserta al F-480 de la PIEZA Nº 3, la cual es leída por el secretario de sala sin anuencia de las partes. COMUNICACIÓN Nº CM-0435-2000, emanada de la contraloría del municipio de Carirubana, dirigida al alcalde de dijo municipio donde le informan que no pueden ser conformados los contratos del operativo de limpieza. Que riela inserta al F-439 de la PIEZA Nº3, la cual es leída por el Juez de este Tribunal sin anuencia de las partes. COMUNICACIÓN CM-444-2000, emanada de la contraloría del Municipio Carirubana del Estado Falcón, dirigida al Alcalde de dicho municipio, mediante la cual le efectúa la devolución de los contratos de personal obrero, que riela al F-443 de la PIEZA Nº 3, la cual es leída por el Juez de este Tribunal sin anuencia de las partes. COMUNICACIÓN Nº CM-608-2000, emanada de la contraloría del municipio Carirubana, dirigida al alcalde de dicho municipio, mediante la cual le efectúa formal devolución de las ordenes (sic) de pago correspondiente al Beneficio de cesta ticte de obreros y empleados. Que riela al F-490 de la PIEZA Nº3, la cual es leída por el Juez de este Tribunal sin anuencia de las partes. ACTA POLICIAL DE REGISTRO, levantada en fecha 06-02-2001, por funcionarios adscritos a la Brigada Territorial Nº 208, de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, con sede en Coro, en virtud de registro e incautación practicado en las oficinas de la alcaldía del Municipio Carirubana. INFORME Nº CM-093-2001, de fecha 14 de Febrero de 2001, emanado de la contraloría da Contraloría del Municipio de Carirubana del Estado Falcón, dirigida al Ministerio Publico, suscrita por el contralor del Municipio Carirubana, que riela al F-410- de la PIEZA Nº 3, la cual es leída por el secretario de sala de este Tribunal sin anuencia de las partes, - INFORME Nº 07-02-708, de fecha julio de 2001, emanado de la Dirección de Control de Municipios de la Contraloría General de la República, dirigido al Ministerio Publico, (sic) suscrito por la ciudadana Marielba Jaua Milano, en su condición de Directora de Control de Municipios de la Contraloría General de la República, que riela inserto a los F-1042 al F-1064 de la PIEZA Nº5, la cual es leída por el secretario de sala sin anuencia de las partes. COPIA CERTIFICADA DE LA ORDENES DE PAGO Nº 88.366, 88.428, 88.429, 88.430, 88.431, 88.485, 88.489, 88.490, 88.503, 88.3515, 88.516, 88.519, 88.520, 88.521, 88.524, 88.617, 88.618 LAS CUALES RIELAN DEL F-01 AL F-20 DEL ANEXO 6 TOMO Nº 2, la cual es leída por el secretario de sala sin anuencia de las partes.. DIAGNOSTICO PRACTICADO EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CARIRUBANA DEL ESTADO FALCÓN, suscrito por la Directora de Control de Municipios Marielaba Jaua Milano, de fecha 25-05-2001, que refleja irregularidades existentes en la contraloría municipal, que riela F-740 PIEZA Nº 6, la cual es leída por el secretario de sala sin anuencia de las partes. COPIA CERTIFICADA DE COMUNICACIÓN Nº CM-OF.519.2002, de fecha 02-08-02, suscrita por el ciudadano Hugo Arias 1; documentales que fueron admitidos por el tribunal de control en su oportunidad y que tiene el carácter de documentos oficiales dado que son emanados de órganos oficiales que por su naturaleza no pueden ser contralos (sic) por las partes en un primer momento; pero que a posterioris (sic) si tuvieron las partes la oportunidad de controlar la prueba, en atención a ello se da por probado la existencia de los contratos de servicio, del pago posterior de la obligación dineraria, así como también el pago de obligaciones laborales como el bono alimentario que es cancelado por medio del instrumento que llamamos cesta ticket, así como hechos irregulares el procedimiento administrativos, sin dar certeza de la responsabilidad penal del acusado por esa razón el valor de las misma al ser adminiculadas con los dichos de los testigos y del dicho del propio acusado solo tiene el carácter de un simple indicio de la comisión del hecho penal.-

Se trajo al juicio por su lectura ACTA DE COMPROMISO tanto manuscrita como impresa, de fecha 17-05-2000, cursante en la Pieza Nº 7 F-237 al F-241, con la cual se pretende acreditar la existencia del compromiso laboral del pago de cesta ticket en el que se cuentan los meses que fueron cancelados, la cual es leída por el secretario de sala sin anuencia de las partes. ACTAS DE BENEFICIO PERSONAL del ciudadano José ramo reyes (sic), secretario de la Cámara Municipal, suministrada por este, en cuyo contenido se observa que el ciudadano Carlos Tremont en una da de ellas le cancelo (sic) a este la cantidad de 1.489..601.54 que riela inserta al F 774 de la PIEZA Nº 6, la cual es leída por el secretario de sala sin anuencia de las partes; documentales que dan por probado la responsabilidad del condenado, además se da por demostrado que los hechos fueron ejecutado de modo continuo

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA de la cámara del Municipio Carirubana del Estado Falcón Nº 1526, celebrada en fecha 22 de septiembre de 2000, cursante a los folios 25 al 61 de la PIEZA Nº 7, la cual es leída por el secretario de sala sin anuencia de las partes. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA de la cama del municipio Carirubana del Estado Falcón, Nº 1543, celebrada en fecha 12 de Diciembre de 2000, cursante a los folios 132 al 141 de la PIEZA Nº 1, la cual es leída por el secretario de sala sin anuencia de las partes. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA de la cama del municipio Carirubana del Estado Falcón, Nº 1544, celebrada en fecha 19 de Diciembre de 2000, cursante a los folios 142 al 166 de la PIEZA Nº 1, la cual es leída por el secretario de sala sin anuencia de las partes. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA de la cama del municipio Carirubana del Estado Falcón, Nº 1545, celebrada en fecha 28 de Diciembre de 2000, cursante a los folios 167 al 70 de la PIEZA Nº 1, la cual es leída por el secretario de sala sin anuencia de las partes. EXPERTICIA CONTABLE de fecha 25-06-2001, practicada a la Alcaldía del Municipio de Carirubana del Estado Falcón, correspondiente al ejercicio económico Julio 2000- Febrero 2001.- De todas estas documentales y del contradictorio de las personas que intervinieron en la formación de las misma y de los que depusieron en presencia de las partes desprende que efectivamente hubo la intención del condenado de realizar los hechos por los cuales el ministerio publico (sic) lo acuso…”

De igual forma, se constata de la decisión objeto de impugnación, que la jueza a quo, hizo el debido análisis a los fines de determinar la culpabilidad del ciudadano Luís Eduardo Marcano Rubio en la comisión de los hechos imputados y en tal sentido se observa que:

“…Nuestro derecho, ha reconocido constitucionalmente la presunción de inocencia, por lo cual no permite dictar una condena sin pruebas de cargo suficientes del delito que se le imputa a una persona, dado que sin tal evidencia el ejercicio del ius puniendi del Estado a través del proceso conduciría a un resultado constitucionalmente inadmisible.

Ahora bien, ésta presunción se configura de manera iuris tantum; esto es como una presunción que puede ser destruida mediante la concurrencia de lo que se conoce en doctrina como la “mínima actividad probatoria”, la cual debe practicarse, por supuesto, con todas las garantías procesales.

En el presente caso, esa “mínima actividad probatoria” debe ser de cargo, es decir que de la misma se pueda deducir la culpabilidad del acusado y que además ésta debe producirse en el juicio oral y público, lugar y momento para que la misma pueda ser controvertida y apreciada.

A tal respecto consideramos pertinente traer a colación las palabras de Fernando Quiceno Álvarez, quien en su obra Valoración Judicial de la Pruebas, Paredes Editores año 2000, expresa que el convencimiento judicial no puede tener su origen en una mera intuición del juzgador, o en simples sospechas o presentimientos, o en una especie de convicción moral, sino que debe estar basado en los elementos probatorios obtenidos en el proceso.

Luego entonces debe la mínima actividad probatoria, a los fines de catalogarse como de cargo, deberá atender sobre la existencia del hecho delictivo, la participación del acusado en ellos y la responsabilidad del mismo; y que una vez pasada por el tamiz de la valoración a través de la experiencia, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, ésta logre destruir la presunción de inocencia, a eliminar toda presencia de duda racional sobre la culpabilidad del acusado.

En el presente caso, al acusado, se le pudo acreditar conducta dolosa, que lo vincula con el resultado indeseado, con ocasión de los hechos ocurridos, narrados por la ciudadana Fiscal en su escrito acusatorio. Pues en ese sentido, el Ministerio Público, aporto (sic) elementos de prueba necesario, que dio por sentado que el acusado actuó bajo los supuestos que conforman la responsabilidad por dolo, por lo que se dicta una decisión condenatoria con base al acervo probatorio suficiente para demostrar la comisión del delito imputado.-

Por ello correspondió a este Tribunal Mixto de Juicio la importante función de valorar las pruebas que se llevaron a cabo en el Juicio Oral y Público y con ello determinar si han existido o no verdaderas pruebas para acreditar la culpabilidad o no del acusado de autos en la presente causa. Considera éste Tribunal Mixto de Juicio en base a lo anteriormente analizado que en el presente caso, que con los testimonios y declaraciones dadas por los testigos, así como, las experticias realizadas, se logró el convencimiento judicial por el cumulo probatorio para poder determinar la responsabilidad penal del acusado, es por lo que necesariamente este Tribunal Mixto de Primera Instancia en funciones de Juicio Nº 5º debe CONDENAR al acusado: Luis Eduardo Marcano Rubio, previamente identificado, por el cual se le imputo, por el delito de MALVERSACIÓN ESPECIFICA (sic) DE FONDOS PUBLICO (sic) EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 59 Ley Contra (sic) la Corrupción, en concordancia con el articulo (sic) 99 del código penal venezolano; por lo que le SE CONDENA a cumplir la PENA DE UN (01) AÑO Y NUEVE (09) MESES, mas las accesorias de ley tal cual es la Inhabilitación Política por el lapso de CINCO (5) AÑOS, luego de la suma de los términos de la pena mínima y de la máxima, aplicando la docimetría penal del articulo (sic) 37 del código penal, y al considerar la atenuante genérica del articulo 74 numeral ejusdem…”

Por lo que de la revisión y análisis de la decisión objeto de impugnación, observa esta Alzada, el debido análisis de las pruebas, al considerar el Juez a quo, los testimonios de los testigos, los cuales consideró como pruebas que desvirtuaron la presunción de inocencia del acusado. Siendo que del análisis de estas pruebas el Juez a quo, llegó a la convicción de que se cometió el hecho objeto del juicio y se determinó la responsabilidad penal del acusado Luís Eduardo Marcano, en la comisión del delito de Malversación Específica de Fondos Público (sic) en Grado de Continuidad, previsto y sancionado en el artículo 61 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público en concordancia con el artículo 99 del Código Penal.

Siendo importante señalar, que la motivación de una decisión implica explicar la razón en virtud de la cual se adopta una determinada resolución y es necesario discriminar el contenido de cada prueba, confrontándola con las demás existentes en autos, además en cada caso concreto las exigencias de la motivación son particulares, considerándose necesario destacar, que en el proceso penal venezolano, no existe una regla tarifada de valoración de las pruebas, el Juez debe relacionar las pruebas y valorarlas aplicando lo establecido en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece lo siguiente:

Artículo 22. Apreciación de las Pruebas. Las pruebas se apreciaran por el tribunal según la sana crítica observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia.

En tal sentido, lo que se denomina sana critica (sic), obliga al Juzgador a explicar de manera lógica como (sic) valora las pruebas. Cabe destacar que, el sistema de la sana crítica no sólo exige el análisis y valoración de todos y cada uno de los elementos de convicción, así como el resumen aislado y heterogéneo de cada uno de ellos, sino además el análisis, comparación y concatenación del acervo probatorio entre sí, que permita establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia por medio de la aplicación del derecho.

Al efecto tenemos, que en relación a los requisitos que debe contener toda sentencia, el numeral 4 del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

Artículo.364. “La sentencia contendrá:...omissis...

4. La exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho…”.

En este orden de ideas, se evidencia que el Juzgador a quo, realizó en el fallo objeto de apelación, una narrativa del modo, tiempo y lugar como ocurrió el hecho objeto del debate, justificando de esta manera el dispositivo del fallo, siendo este el producto de la actividad razonada, lo cual configura la debida motivación que debe tener toda sentencia, tal como lo establecen los criterios jurisprudenciales, y el cual se constato (sic) en el caso bajo estudio, garantizando de esta manera la Jueza a quo, la seguridad jurídica de las partes, así como el derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Aunado a ello, es importante señalar, que la estructura de la motivación de toda decisión judicial en la que se determina la inocencia o la culpabilidad de una persona en la comisión de un hecho punible, debe contener en primer lugar, la definición de los elementos de tipo penal y la valoración de cada uno de los elementos en las circunstancias dadas al caso. Es necesario, que el sentenciador obtenga de la totalidad de las pruebas del caso, un argumento sólido comprobable en el caso y desde ese punto de vista, ser ofrecido y determinado en la decisión, lo cual en el fallo objeto de apelación puede evidenciarse.

En atención a lo anteriormente expuesto, esta Alzada considera oportuno citar el criterio de nuestro máximo Tribunal, en relación a la necesidad de motivar debidamente las decisiones, y como corolario podemos señalar la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 279, de fecha 20 de marzo de 2009, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en donde se estableció lo siguiente:

“…Dentro de esas garantías procesales se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución, la cual tiene un contenido complejo, que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho. Este contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de dos (2) exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes.....(omissis)...Es por ello, que surge una exigencia para que los jueces expongan o expliquen con suficiente claridad las razones o motivos que sirven de sustento a la decisión judicial, y que no pueden ser obviadas en ningún caso, por cuanto constituyen para las partes garantía de que se ha decidido con sujeción a la verdad procesal…”. (Negrillas y subrayado de esta Corte).

                        …omissis…

Por todo ello estima esta Corte, que las afirmaciones del recurrente como fundamento de la impugnación de la sentencia, no satisfacen los requerimientos de la causal invocada, cual es el vicio de falta de motivación de la sentencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal; ya que con los párrafos antes citados se obtiene la convicción de que la recurrida si contiene motivación suficiente, clara y lógica, producto de la apreciación y valoración de los elementos de pruebas recibidos en el debate, cuyas resultas emergen debidamente apreciadas y valoradas, para que dicha sentencia sea entendida plenamente por las partes en cuanto a la expresada y lógica convicción acerca de la debida valoración los testimonios órganos de pruebas apreciados, lo que dio lugar a la sentencia condenatoria, por lo tanto, la apelación carece de sustento jurídico, por lo que no le asiste la razón al recurrente y en consecuencia, ésta debe ser declarada sin lugar. Y así se decide.

Señala el recurrente como tercera denuncia de conformidad con lo establecido en el numeral 2º (sic) del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, que la sentencia recurrida incurre en el vicio de contradicción manifiesta en su motivación, en virtud de que el Juez A quo establece que con el testimonio del ciudadano Carlos Grandillo (sic), se demostró irregularidades en el pago de cesta ticket, pagados por el sin autorización de la Cámara y de la existencia de las actas 1544 y 1545, sin embargo también indica que con el testimonio de los testigos José Ramón Reyes Fajardo, Jesús Antonio Colina, Mary Josefina Meléndez Romero, Orlin Gutiérrez y Hugo Rafael Arias, lo contrario cuando dice que se demostró la existencia de las Actas 1544 y 1545, y que en la sesión del diecinueve (19) de diciembre de dos mil se aprobaron los recursos para pagar los Cesta Ticket , lo cual consta en el acta 1.544, considera la defensa que se evidencia una contradicción en lo que dice haber demostrado el Tribunal de Juicio con estos testimonios, que además son también contradictorios a los dichos por los testigos Carlos Antonio Tremont y Ortuñez Fredis, quienes también refieren que dichas actas no existen y que la Cámara no había aprobado recurso para el pago de los Cesta Ticket.

A tal fin, esta Corte de Apelaciones considera pertinente a los efectos del carácter pedagógico que debe contener toda sentencia, definir la manifiesta falta de motivación o inmotivación de la sentencia, de conformidad con lo sostenido de manera constante y pacífica por la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de la República de Venezuela (sic), para determinar si ciertamente la recurrida adolece del vicio denunciado por el recurrente en la presente causa, conforme el cual solicita la declaratoria con lugar del recurso de apelación.

Así tenemos que, una decisión debidamente motivada debe contener la descripción de los hechos que se dan por probados según la calificación jurídica dada a los mismos y los medios de prueba utilizados para fundar el dispositivo el cual debe guardar coherencia con todos estos; motivar una sentencia es explicar la razón jurídica en virtud de la cual el Juez adopta determinada resolución, en este caso, una decisión absolutoria, analizando detenidamente el hecho delictivo y discriminando, sintetizando, comparando y concatenando el cúmulo probatorio e indicando de manera razonada los motivos por los cuales los mismos no logran demostrar la culpabilidad del acusado, esto observando las Reglas de la Lógica, los Conocimientos Científicos y las Máximas de Experiencia. Contrario sensu, constituye el vicio de inmotivación de la sentencia por falta de motivación.

Cabe destacar que, el sistema de la sana crítica no sólo exige el análisis y valoración de todos y cada uno de los elementos de convicción, así como el resumen aislado y heterogéneo de cada uno de ellos sino además el análisis, comparación y concatenación del acervo probatorio entre sí, que permita establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia por medio de la aplicación del derecho y es su omisión lo que inexorablemente vicia el fallo hasta el extremo de hacerlo susceptible de impugnación a tenor de las disposiciones contenidas en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal. Todo lo cuál quiere decir que el Sentenciador se encuentra facultado para apreciar las pruebas traídas a Juicio, según su convicción, pero con la obligación ineludible, de explicar y fundamentar las razones que lo llevan a esas consideraciones en su decisión, de modo tal que no queden dudas de la apreciación de los elementos de prueba.

…omissis…

No puede el juzgador llegar a un convencimiento propio sin explicar lógicamente a las partes y a la sociedad como arribó a tal pronunciamiento; lo contrario vicia la sentencia de INMOTIVACIÓN pues al omitir la exposición concisa y motivada de sus fundamentos de hecho y de derecho, infringe indudablemente lo establecido en el artículo 364 en su numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, en el entendido de que los fundamentos de hecho no son otra cosa que la valoración de las pruebas en las que se apoya la decisión y los fundamentos de derecho no son otra cosa que la calificación jurídica o el derecho que se declara aplicable.

Observa esta Alzada una vez realizado un razonamiento exhaustivo y minucioso del acervo probatorio, que conforma el presente juicio, y parte de la sentencia, que por apelación nos corresponde revisar, que el juez ad quo realizo (sic) de manera discriminada, cuales (sic) fueron los elementos probatorios que tomò en consideración para poder llegar a su conclusión, que se esta (sic) en presencia de una sentencia que fue producto de ese análisis y no permitió espacio que no sea otro, que el de condenar por los hechos dilucidados y debatidos por todas las partes que protagonizaron el debate oral celebrado con motivo en los hechos allí denunciados y enfrentados.

Respecto a esta denuncia, la Sala observa que no le asiste la razón al recurrente en su afirmación de que la recurrida adolece del vicio de inmotivación, toda vez que se constata que en la misma se cumplieron con tales requisitos, en donde el Juez a quo expuso (sic) de manera precisa los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales basó su decisión y la explicación lógica y detallada de la valoración de las pruebas incorporada (sic) al debate, tal como fueron los testimonios de los ciudadanos José Ramon (sic) Reyes, Jesús Antonio Colina Mary Josefina Melendez (sic), Orlin Gutierrez (sic) y Hugo Rafael Arias, cuando los mismos expusieron lo siguiente:

En primer lugar, de la apreciación y valoración que hace el Juez a quo, de las pruebas presentadas en el debate oral y público, siendo concatenadas unas con las otras, observándose que el A Quo para llegar a la conclusión tomo (sic) en cuenta, analizó y concatenó los siguientes medios probatorios, en donde valora las mismas de la siguiente manera:

“…Del dicho de José Ramón Reyes Fajardo, que para el momento de los hechos se desempeño como Secretario de la Cámara Municipal, se da por demostrado de la existencia del acta numero 1544, y adminiculada se demuestra que hubo aprobación de recursos económicos, por parte del Concejo Municipal para el pago de unos cesta ticket.-

De la declaración de Jesús Antonio Colina, Concejal para la fecha se demuestra que por vía de excepción se aprobaron recursos económicos, quedando evidenciado además, según su dicho que había gente descontenta que reclamaba una remuneración contractual.-

De igual modo se oyó a Mary Josefina Meléndez Romero, Directora de Recursos Humanos para el momento de los hechos, donde se demuestra la contracción de obreros, y el pago se aprobó por Asamblea Extraordinaria del Concejo Municipal y se demostró que el pago de cesta ticket fue por una Resolución emanada del Alcalde.-

Seguidamente se oyó la deposición de Orlin Gutiérrez que para el momento de los hechos se desempeño como Secretario y Concejal, y da por demostrado el traslado de Partidas de Obreros Permanentes a Obreros no permanentes y la existencia de las actas números 1526 y 1544.-

De la declaración del testigo Marino Amado Gutiérrez para el momento de los hechos era Concejal, se desprende disconformidad entre los miembros de la Cámara con el contenido de la acta numero 1544, correspondiente a la sesión de cámara de fecha 19-12-2000; también señala que la mayoría calificada de la Cámara considero que los actos eran nulos, habiendo dejado constancia en el acta numero 1545, y que fueron sometidas al control Jurisdiccional por el Tribunal Supremo de Justicia-

Del dicho de Carlos Granadillo, Concejal para la fecha, se demuestra las irregularidades en el pago de cesta ticket, pagados por el Alcalde sin autorización de la Cámara y de la existencia de las supra nombradas actas 1544 y 1545.-      
Del dicho del testigo Carlos Antonio Tremon, para el momento de los hechos era Concejal y Vicepresidente de la Camara (sic), se desprende disconformidad entre los miembros de la Cámara con el contenido de la acta numero 1544 y la mayoría no reconoció la validez de la misma por considerarla viciada, señalando a pregunta del ministerio publico (sic)“… todo eso tiene que pasar por la cámara municipal…” se aprecia de su dicho que hubo saboteo y que se suspendió la sesión porque no estaban dadas las condiciones.-

Del dicho del testigo Ortuñez Fredis que para el momento se desempeñaba como contralor municipal, se desprende lo siguiente: “… cuando me desempeñaba como contralor municipal, recibí 40 contratos de trabajo dedicados a la orden de limpieza, para cuando me fue solicitada la aprobación de esos contratos no tenia (sic) la disponibilidad lo que fue informado al alcalde mediante un oficio sin embargo el 25 de septiembre el alcalde me remite una información que por cuanto no tenían disponibilidad presupuestara se me remiten los contratos pero para darle vigencia desde el día cinco, razón por la cual en mi condición de contralor municipal objete este contrato y los pagos referentes a esos contratos de trabajo…” , “…así mismo en mi función de contralor negué unas ordenes (sic) de pago referente a cesta tickets, porque precisamente se presento una situación en la cámara municipal donde los concejales no aprobaron la anterior acta de cámara porque se había presentado alguna situación con el nombramiento del vicepresidente de la cámara, no fue aprobado en este caso el acta y fui informado que los créditos aprobados por 200 millones se habían dejado sin efecto y dos de los concejales negaban que ellos no habían aprobado unas cuestiones, de allí que se negó el pago de cesta tickets, sin embargo se produjo el pago de los mismos, faltando el control previo obligatorio, constituya de alguna manera un elemento poco obligante para el alcalde, ellos estaban mas (sic)  que todo bajo un control posterior nosotros hacíamos todos años auditoria…”; este tribunal le da todo valor probatorio a lo dicho de este testigo.-

Del dicho de Hugo Rafael Arias, que se desempeñaba como contralor municipal posterior a los hechos, que si bien no fue testigo presencial de los hechos principales objeto de este juicio, no menos cierto es que tiene conocimiento referencial de los mismos, incluso a pregunta que si hubo alguna turba, contesto: “… los trabajadores esperando los créditos que se le aprobaran, estaban calmados, todas las sesiones se desarrollaron de manera pacifica (sic)…” , contestando afirmativamente que si pudiese ser reclamada por vía jurisdiccional alguna diferencia. De igual modo señalo que los cesta ticket eran un pasivo laboral acumulado, por lo que se le da valor de simple indicio, al cocatnarlos (sic) con otros dichos.-

De lo anterior se observa la manera en que el A Quo estimó y valoró todo el arsenal probatorio que fue debatido en el juicio oral, que considerándolos validos (sic), legales y convincentes, los estimó por merecedores de toda fe, y sirvieron de base o piedra angular para sustentar la sentencia que esta Alzada analiza y revisa minuciosamente.

En este mismo orden de ideas el recurrido tomo (sic) un veredicto sin dudas al pronunciarse sobre todas y cada una de las pruebas que fueron ofrecidas por las partes, no incurriendo en la inmotivación, pues estimó y desestimó cuanto lo consideró pertinente, justo y sobretodo ajustado a derecho, sin la tentación de la subjetividad, de forma tal que dadas las pruebas analizadas y adminiculadas como lo hizo el juez ad (sic) quo, conformó una red, que le permitió llegar a la conclusión de condenar por los hechos que directamente fueron debatidos en el juicio oral.

Así las cosas, de la revisión pormenorizada se constató que el juez de la recurrida fue concatenando las otras evidencias probatorias con las declaraciones de los testigos; es la consecuencia de realizar las dos operaciones intelectuales concurrentes: la descripción del elemento probatorio y su valoración crítica, tendiente a evidenciar su idoneidad para fundar la conclusión que en él se apoya, operaciones éstas que se evidenciaron en la sentencia recurrida, A los efectos de esta revisión, es además vital precisar que para la cabal apreciación de una sentencia ésta debe analizarse en su integridad y no en un solo aspecto, por lo que tampoco puede atribuir la recurrente a la decisión del Tribunal A quo, carencia de motivación.

Así mismo, al examen de la sentencia confutada (sic), y tal como dimana de los analizados extractos, esta alzada constata que no existe violación alguna a la disposición contenida en el numeral 2 del artículo 452 del COPP, quedando demostrado que el juez no incurrió en la ya dilucidada denuncia.

 Finalmente y en atención a los razonamientos antes expuesto, es inexorable a este tribunal colegiado, inferir y concluir que la sentencia recurrida, no adolece del vicio indicado en el artículo 452, ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal, falta de Motivación de la Sentencia, por cuanto quedó plenamente demostrado que el Tribunal A-Quo tomó en cuenta todas y cada de las pruebas al momento de tomar la decisión, quedando evidenciado del análisis hecho al fallo impugnado, que el mismo si (sic) se encuentra debidamente motivado, ya que se tomaron en consideración además de los dichos anteriores, todos y cada unos de los elementos probatorios que le fueron presentados en el juicio oral y público por las partes, dando cumplimiento a la normativa prevista en los artículos el artículo 452, ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal. Por todo lo cual debe concluirse que no lo asiste la razón al recurrente en esta primera denuncia por cuanto la motivación del fallo proferido por Tribunal Segundo de Primera Instancia, es suficiente y por tanto no adolece del vicio de INMOTIVACIÓN, es por ello, que se declara SIN LUGAR la Tercera Denuncia. Y así se decide.

Señala el recurrente como cuarta denuncia de conformidad con lo establecido en el articulo (sic) 452 del Código Orgánico Procesal Penal ordinal 3º, el quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que causaron indefensión, en virtud de que una vez concluida la recepción de las pruebas Testimoniales y de Expertos el Tribunal A quo, ordena la incorporación de las Pruebas Documentales, para lo cual la Defensa solicitó la palabra para oponerse a la lectura de las Documentales ofrecidas para juicio por el Ministerio Público y el Acusador Particular Propio (sic), en virtud de que dichas documentales: copia certificada de la resolución No 084, (40) Contratos de Servicio, Comunicaciones Nº CM-040-2001, CM-605-2000, CM-0435-2000, CM-444-2000, CM-608-2000, CM-093-2001 y CM-OF.519.2002, Acta Policial de Registro, Copia Certificada de Las Ordenes de Pago Nº 88.366, 88.428, 88.429, 88.430, 88.431, 88.485, 88.489, 88.490, 88.503, 88.3515, 88.516, 88.519 88.520, 88.521, 88.524, 88.617, 88.618, Acta de Compromiso y la Experticia Contable de fecha 25-06-2001, practicada a la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, correspondiente al ejercicio económico Julio 2000- Febrero 2001, del mismo señala la defensa que para que se le de lectura a documentales distintas a las establecidas en el referido dispositivo legal, ninguna de las personas que suscribieron los documentos privados y comunicaciones asistieron a la Audiencia de Juicio Oral y Público para ratificar el contenido de los documentos suscrito y que reconocieran si era su firma o no lo que aparecía en los mismos, de igual forma tampoco comparecieron a Juicio Oral y Publico (sic) los Funcionarios Policiales ni los Expertos Contables, es decir, no hubo manera de que se pudiera conocer los detalles del cómo se realizaron cada uno de esos actos para poder ser apreciado por el tribunal de conformidad con el principio de la Inmediación, lo cual constituye sin duda una flagrante al Debido Proceso en lo relativo al Derecho a la Defensa, pero también violenta el Principio Oralidad (sic) concatenado con el artículo 339 último aparte ejusdem, en tanto y cuanto sólo se pueden apreciar las pruebas incorporadas en la audiencia, conforme a las disposiciones de Nuestra Ley Adjetiva Penal y aquellas documentales incorporadas a su lectura distintas a las legalmente permitidas no pueden ser valorada como evidentemente lo fueron por el Tribunal de Juicio, constituyendo este hecho evidente quebrantamiento de las formas sustanciales de los actos que no han causado un estado de indefensión.

Respecto a esta denuncia, la Sala una vez revisada la decisión recurrida y los argumentos explanados en la misma por el sentenciador de Primera Instancia, esta Alzada a los efectos dictar el respectivo pronunciamiento, pasa analizar las actas que conforman el presente asunto:

En primer lugar se observan que en fecha 02 de Julio del año 2008, fueron admitidas en su totalidad las pruebas ofrecidas por la Fiscalia (sic) del Ministerio Pública (sic) entre las cuales se observan fueron ofrecidas entre otras para ser evacuadas en Juicio Oral y Publico (sic) las siguientes:

Copia Certificadas de los Contratos de Servicios, Identificados con los Nros desde el 549 hasta el 591, celebrados con la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, representada por el imputado LUIS EDUARDO MARCANO RUBIO, por una parte, como contratante y por la otra los ciudadanos: GUANIPA TOMAS DAVID, ARIAS ABRAHAM, GUANIPA LAURO BERTO, PAREDES VILMER, BARRETO FREDDY Y OTROS, como obreros contratados, a partir de las fechas 05 y 18 de septiembre de 2000.

Segundo: Comunicación Nro. CM-040-2001, DE FECHA 29 DE ENERO DE 2001, emanada de la contraloría del Municipio Carirubana del Estado Falcón, dirigida a la Vicepresidencia y demás miembros de la Cámara Municipal de ese Municipio.

Tercero: Comunicación Nro. CM-605-2000, de fecha 27 de Diciembre de 2000, emanada de la contraloría del Municipio Carirubana del Estado Falcón, dirigida aI Alcalde de dicho Municipio, CAP. R LUIS MARCANO.

Cuarto: Comunicación Nro. CM-435-2000, de fecha 03 de Octubre de 2000, emanada de la contraloría del Municipio Carirubana del Estado Falcón, dirigida aI Alcalde de dicho Municipio, CAP. R LUIS MARCANO, mediante la cual le informan que no pueden ser conformados los contratos del operativo de limpieza.

Quinto: Comunicación Nro. CM-444-2000, de fecha 26 de Septiembre de 2000, emanada de la contraloría del Municipio Carirubana del Estado Falcón, dirigida aI Alcalde de dicho Municipio, CAP. R LUIS MARCANO, mediante la cual le efectúa la devolución de los contratos de personal obrero, cuya numeración esta comprendida desde el Nº 549 hasta el 591.

Sexto: Comunicación Nro. CM-608-2000, de fecha 29 de Diciembre de 2000, emanada de la contraloría del Municipio Carirubana del Estado Falcón, dirigida aI Alcalde de dicho Municipio, CAP. R LUIS MARCANO, mediante la cual le efectúa la formal devolución de las Ordenes (sic) Pago correspondiente al Beneficio de Cesta Ticket de obreros y empleados de IMASEO, INVICA, I.M.T.T Y I.M.D.C,.

Séptimo: Copia Certificadas de la Resolución Nº 084, emanada del Despacho del Alcalde del Municipio Carirubana, del Estado Falcón de fecha 26 de Diciembre de 2000, la cual fue publicada en la Gaceta Municipal Nº 035, de esa misma fecha.

Octavo: Acta Policial de Registro, levantada en fecha 06 de febrero de 2001, por funcionarios adscritos a la Brigada Territorial Nº 208 de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), con sede en Coro, Estado Falcón, en virtud de registro e incautación practicado en las Oficinas de la Alcaldía del Municipio Carirubana de ese Estado.

Novena: Copia Certificada del Acta de Sesión Extraordinaria de la Cámara del Municipio Carirubana del Estado Falcón Nº 1526, celebrada en fecha 22 de septiembre de 2000, cursante a los folios 25 al 61 de la pieza 7.

Décima: Copia Certificada del Acta de Sesión Ordinaria de la Cámara del Municipio Carirubana del Estado Falcón Nº 1543, celebrada en fecha 12 de Diciembre de 2000, cursante a los folios 132 al 141 de la pieza 1.

Décima Primera: Copia Certificada del Acta de Sesión Ordinaria de la Cámara del Municipio Carirubana del Estado Falcón Nº 1544, celebrada en fecha 19 de Diciembre de 2000, cursante a los folios 142 al 166 de la pieza 1.

Décima Segunda: Copia Certificada del Acta de Sesión Extraordinaria de la Cámara del Municipio Carirubana del Estado Falcón Nº 1545, celebrada en fecha 28 de Diciembre de 2000, cursante a los folios 167 al 170 de la pieza 1.

Décima Tercera: Experticia Contable de fecha 25 de junio de 2001, practicada a la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, correspondiente al ejercicio económico Julio 2000- febrero 2001, suscrita por los funcionarios CRUZ ECHENIQUE, FRANCISCO PORRAS Y DEYLIN PADILLA, Expertos Contables, adscritos a la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).

Décima Cuarta: INFORME Nº CM-093-2001, de fecha 14 de febrero de 2001, emanado de la Contraloría del Municipio Carirubana del Estado Falcón, dirigida al Ministerio Público, suscrita por el Contralor del Municipio Carirubana, cuyo original cursa al folio 410 de la pieza 3.

Décima Quinta: INFORME Nº 07-02-078, de fecha julio de 2001, emanado de la Dirección de Control de Municipios de la Contraloría General de la República, dirigido al Ministerio Público, suscrito por la Ciudadana MARIELBA JAUA MILANO, en su condición de Directora de Control de Municipios de la Contraloría General de la República, cuya copia certificada cursa al folio 1034 al 1057 de la pieza 5.

Décima sexta: Copia Certificada de la Orden de Pago Nº 88.366, emitida por la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 20 de Diciembre de 2000, a favor del Instituto Municipal de Transito (sic) y Transporte (I.M.T.T), por el monto de UN MILLON NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOIS BOLIVARES (Bs. 1.900.800,00) mediante cheque Nº 39506506 del Banco Federal.

Décima Séptima: Copia Certificada de la Orden de Pago Nº 88.428, emitida por la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 26 de Diciembre de 2000, a favor de la Alcaldía del Municipio Carirubana, por el monto de TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS BOLIVARES (Bs. 33.787.700,00), mediante la emisión del cheque Nº 02366524 del Banco Caribe.

Décima Octava: Copia Certificada de la Orden de Pago Nº 88.429, emitida por la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 26 de Diciembre de 2000, a favor de la Alcaldía del Municipio Carirubana, por el monto de VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS BOLIVARES (Bs. 25.388.900,00), mediante la emisión del cheque Nº 79841829 del Banco Caribe.

Décima Novena: Copia Certificada de la Orden de Pago Nº 88.430, emitida por la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 26 de Diciembre de 2000, a favor de la Alcaldía del Municipio Carirubana, por el monto de CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS BOLIVARES (Bs. 55.981.300,00), mediante la emisión del cheque Nº 30141828 del Banco Caribe.

Vigésima: Copia Certificada de la Orden de Pago Nº 88.431, emitida por la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 26 de Diciembre de 2000, a favor de la Alcaldía del Municipio Carirubana, por el monto de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs. 5.826.200,00), mediante la emisión del cheque Nº 98441827 del Banco Caribe.

Vigésima Primera: Copia Certificada de la Orden de Pago Nº 88.485, emitida por la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 28 de Diciembre de 2000, a favor de IMASEO, por el monto de SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs. 63.145.800,00), mediante la emisión del cheque Nº 65506516 del Banco Federal.

Vigésima Segunda: Copia Certificada de la Orden de Pago Nº 88.489, emitida por la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 28 de Diciembre de 2000, a favor de INVICA, por el monto de DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL CIEN BOLIVARES (Bs. 2.107.100,00), mediante la emisión del cheque Nº 22506517 del Banco Federal.

Vigésima Tercera: Copia Certificada de la Orden de Pago Nº 88.490, emitida por la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 28 de Diciembre de 2000, a favor de INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO (sic) Y TRANSPORTE, por el monto de QUINCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs. 15.054.400,00), mediante la emisión del cheque Nº 28506518 del Banco Federal.

Vigésima Cuarta: Copia Certificada de la Orden de Pago Nº 88.503, emitida por la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 28 de Diciembre de 2000, a favor de INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, por el monto de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS BOLIVARES (Bs. 4.295.600,00), mediante la emisión del cheque Nº 99506519 del Banco Federal.

Vigésima Quinta: Copia Certificada de la Orden de Pago Nº 88.515, emitida por la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 29 de Diciembre de 2000, a favor de ALVIS QUEVEDO RIGOBERTO, por el monto de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 333.500,00), mediante la emisión del cheque Nº 430418945 del Banco Caribe.

Vigésima Sexta: Copia Certificada de la Orden de Pago Nº 88.516, emitida por la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 29 de Diciembre de 2000, a favor de PEROZO ALI (sic) RAFAEL, por el monto de CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS BOLIVARES (Bs. 417.600,00), mediante la emisión del cheque Nº 58741846 del Banco Caribe.

Vigésima Séptima: Copia Certificada de la Orden de Pago Nº 88.519, emitida por la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 29 de Diciembre de 2000, a favor de ATACHO NIOVE, por el monto de VEINTISEIS MIL CIEN BOLIVARES (Bs. 26.100,00), mediante la emisión del cheque Nº 01541850 del Banco Caribe.

 Vigésima Octava: Copia Certificada de la Orden de Pago Nº 88.520, emitida por la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 29 de Diciembre de 2000, a favor de CASTRO INDIRA, por el monto de SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs. 63.800,00), mediante la emisión del cheque Nº 53841849 del Banco Caribe.

Vigésima Novena: Copia Certificada de la Orden de Pago Nº 88.521, emitida por la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 29 de Diciembre de 2000, a favor de MANAURE NHUR, por el monto de SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs. 63.800,00), mediante la emisión del cheque Nº 44141848 del Banco Caribe.

Trigésima: Copia Certificada de la Orden de Pago Nº 88.524, emitida por la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 29 de Diciembre de 2000, a favor de OCANDO CARMEN, por el monto de CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN BOLIVARES (Bs. 55.100,00), mediante la emisión del cheque Nº 52441847 del Banco Caribe.

Trigésima: Copia Certificada de la Orden de Pago Nº 88.524, emitida por la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 29 de Diciembre de 2000, a favor de OCANDO CARMEN, por el monto de CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN BOLIVARES (Bs. 55.100,00), mediante la emisión del cheque Nº 52441847 del Banco Caribe.

Trigésima Primera: Copia Certificada de la Orden de Pago Nº 88.617, emitida por la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 29 de Diciembre de 2000, a favor de LISCANO BERTHA, por el monto de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS BOLIVARES (Bs. 675.600,00), mediante la emisión del cheque Nº 79441857 del Banco Caribe.

Trigésima Segunda: Copia Certificada de la Orden de Pago Nº 88.618, emitida por la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, en fecha 29 de Diciembre de 2000, a favor de ARANGUREN MARIA EVA, por el monto de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS BOLIVARES (Bs. 675.600,00), mediante la emisión del cheque Nº 5741856 del Banco Caribe.

De lo anteriormente expuesto se evidencia que dichas documentales resolución No 084, (40) Contratos de Servicio, Comunicaciones Nº CM-040-2001, CM-605-2000, CM-0435-2000, CM-444-2000, CM-608-2000, CM-093-2001 y CM-OF.519.2002, Acta Policial de Registro, Copia Certificada de Las Ordenes (sic) de Pago Nº 88.366, 88.428, 88.429, 88.430, 88.431, 88.485, 88.489, 88.490, 88.503, 88.3515, 88.516, 88.519 88.520, 88.521, 88.524, 88.617, 88.618, Acta de Compromiso y la Experticia Contable de fecha 25-06-2001, practicada a la Alcaldía del Municipio Carirubana del Estado Falcón, correspondiente al ejercicio económico Julio 2000- Febrero 2001, fueron presentadas por la Fiscalia del Ministerio Público en la Acusación Fiscal, y se observa de las actas que cursan en el presente asunto que fueron admitidas en su totalidad por el A quo para ser incorporadas en el Juicio Oral (sic) y Público (sic), por lo que se evidencia que dichas pruebas fueron presentadas dentro del lapso que establece el Código Orgánico Procesal Penal para su exposición.

Del mismo modo, una vez revisadas y analizadas las presentes actuaciones, observa que en el acta de la audiencia de juicio de fecha 15 de Noviembre de 2010, el Juez a quo ordena la citación de los expertos que deben comparecer a la audiencia fijada para el día 25 de Noviembre de 2010, entre los cuales se encuentra los “…EXPERTOS CRUZ ECHENIQUE, FRANCISCO PORRAS, DEYLIN PADILLA, YUDITH RPDRIGUEZ (sic)…”; librando en esa misma fecha oficio Nº 22007-2010, dirigido al Jefe de la División General de Inteligencia Económica de la Dirección General del Servicio Bolivariana de Inteligencia antigua DISIP de Punto Fijo Estado Falcón, en donde solicita hacer comparecer para el día 25-11-2010, a las 09:30 horas de la mañana, a la celebración del juicio. Asimismo se evidencia en las actas de audiencia de juicios fijados para las fechas 29-11-2010, 09-12-2010, 10-01-2011, 17-01-2011, 25-01-2011, 03-02-2011 que el Juez ordeno (sic) la citación de dichos expertos, agotando todas la vías, ordenando hacer uso de la fuerza publico (sic) a los fines de que los mismos fueran presentados en el juicio Oral (sic) y Publico (sic), y visto que ninguno de los expertos anteriormente nombrados hizo acto de presencia en las audiencias pautadas, en fecha 11 de Febrero de 2011, la recurrida prescinde del testimonio de los expertos Cruz Echenique, Francisco Porras, Deylin Padilla y Yudith Rodríguez, de conformidad con lo establecido en el articulo (sic) 357 del Código Orgánico Procesal Penal el cual establece:”…Se podrá suspender el juicio por esta causa una sola vez conforme a lo previsto para las suspensiones, y si el o la testigo no concurre al segundo llamado o no pudo ser localizado o localizada para su conducción por la fuerza pública, el juicio continuara prescindiéndose de esa prueba.

Ante tales afirmaciones y circunstancias, esta Alzada considera necesario señalar, que de las actuaciones del presente asunto se constata que no se encuentran las resultas de las boletas de citaciones libradas a los expertos CRUZ ECHENIQUE, FRANCISCO PORRAS, DEYLIN PADILLA, YUDITH RPDRIGUEZ, por lo tanto las mismas no fueron efectivas. Por lo que, partiendo de la premisa de no haber sido debidamente citados los expertos CRUZ ECHENIQUE, FRANCISCO PORRAS, DEYLIN PADILLA, YUDITH RPDRIGUEZ (sic) y luego de la revisión de las presentes actuaciones, se observa que el Juez a quo, realizó todas las actuaciones necesarias a los fines de hacer comparecer por la fuerza pública a los expertos, dando cumplimiento de esta manera a lo establecido en el artículo 357 de la norma adjetiva penal, el cual facultad al Juez en los casos que los expertos oportunamente citados no hayan comparecido, para hacerlos conducir por la fuerza pública; así como también con lo establecido en el artículo 171 de la señalada normativa, el cual establece la comparecencia obligatoria de los expertos debidamente citados, y en caso de que no hayan comparecido en el lugar, día y hora indicado, le otorga al Juez la posibilidad de decretar su condición por la fuerza pública.

De lo anteriormente expuesto, se evidenció en las audiencias de juicios, que el Juez de Primera Instancia fue diligente al realizar, efectuar y gestionar todas las diligencias necesarias para hacer comparecer durante el desarrollo del debate oral y público, a los expertos que fueron debidamente promovidos y admitidos en su oportunidad, siendo que en el caso sub exámine el Juez a quo, como director del proceso ordeno (sic) hacer uso de la fuerza pública, a los fines de hacer comparecer a los expertos, quien para el caso en concreto representan la reproducción de un determinado medio probatorio, que se hace necesario en el proceso a fin de dilucidar los aspectos probatorios que corresponde al esclarecimiento de la verdad, y siendo que el Juez agoto (sic) todas las vías a los fines de hacer comparecer a dichos expertos y estos nunca acudieron, el mismo prescindió de sus declaraciones, actuando ajustado a derecho de conformidad con lo establecido y el articulo (sic) 357 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que no se evidencia en la presente denuncia tal violación alegada por el recurrente, lo que conlleva a declarar Sin Lugar la Denuncia. Así se decide.

Señala el recurrente como quinta denuncia de conformidad con lo establecido en el numeral 4º del articulo (sic) 452 del Código Orgánico Procesal Penal, la violación de la Ley por inobservancia por errónea aplicación de la ley aplicable por sentenciar a su defendido, en virtud de que el Tribunal A quo condena a su defendido por considerarlo culpable del Delito de Malversación Especifica (sic) de Fondos Públicos en Grado de Continuidad, pero dicha condena, la hace aplicando la Ley Contra la Corrupción, la cual no se encontraba en vigencia para el momento de los hechos objetos del Juicio Oral y Publico (sic), constituyendo este hecho sin lugar a inequivoco (sic) una errónea aplicación de la norma jurídica, en virtud de que la norma aplicable era la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, ley vigente para el momento en que sucedieron los hechos, del mismo modo el error el inexcusable del Tribunal A quo, no tiene su importancia en la pena de prisión impuesta a su defendido sino “mas (sic) las accesorias de ley tal cual es la Inhabilitación Política por el lapso de CINCO (5) AÑOS.”, accesoria que no indica el Tribunal A quo, en que artículo y en que (sic) ley se encuentra dicha pena accesoria. No obstante se observo (sic) que en el articulo (sic) 96 de la Ley Contra la Corrupción, establece la posibilidad de que el Juez de Juicio, inhabilite al condenado para el ejercicio de la función pública, por alguno de los delitos previstos en esa ley y hasta por cinco (5) años, debiendo en todo caso algo que evidentemente desconoce el Juez del A quo, y que no vamos a hondar (sic) sobre la evidente falta de motivación en la imposición de la referida inhabilitación como accesoria de la pena de prisión impuesta, ya que como lo expreso la defensa la Ley contra la Corrupción, no era aplicable a su defendido, en virtud de que esa Ley Penal, no estaba vigente para el momento en que se suscitaron los hechos objeto del Juicio Oral y Público, siendo aplicable solo la Derogada Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.

Analizados pormenorizadamente los argumentos planteados por el Abogado Jesús Dicuru (sic) en su condición de Defensor Privado del ciudadano Luís Eduardo Marcano Rubio, se observa lo siguiente:

El ciudadano Luís Eduardo Marcano Rubio, fue condenado mediante sentencia definitivamente firme, publicada en fecha 04 de Abril de 2011, producida por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio Nº 05 de este Circuito Judicial Penal, por la comisión del delito de Malversación Específica de Fondos Público en Grado de Continuidad, previsto y sancionado en el artículo 61 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente para la época, siendo que el mismo establecía una pena de UNO (01) A TRES (03) AÑOS DE PRISION.

Ahora bien, de la revisión efectuada a las actuaciones esta Alzada constató que efectivamente el penado fue condenado por el Delito de Malversación Específica de Fondos Público en Grado de Continuidad de conformidad con el Artículo 59 de la Ley Contra (sic) la corrupción aplicando las accesorias establecidas en el articulo 96 ejusdem, ley que entro en vigencia en fecha 07 de Abril de 2003, por lo que el alegato de la defensa, se encuentra ajustado a derecho, correspondiendo la aplicación del derogado artículo 61 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público debiendo aplicar el A quo la accesoria establecida en el articulo (sic) 104 de la mencionada ley, la cual estaba vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos.

El referido tipo penal se encuentra actualmente tipificado y penado en el artículo 59 de la Ley contra la Corrupción, y cuya pena se encuentra comprendida entre los límites de UNO (01) A TRES (03) AÑOS DE PRISIÓN, mas la accesoria establecida en el articulo (sic) 96 ejusdem la cual equivale a CINCO (05) AÑOS de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, optar a cargo de elección popular o a cargo público alguno.

En este orden de ideas, el encabezamiento del artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, obliga, como excepción al principio de la Irretroactividad de la Ley, a la aplicación de la retroactividad de la misma, cuando ésta imponga menor pena, como es el caso que nos atañe.

Tal regulación se encuentra igualmente contenida en Instrumentos Internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, específicamente la establecida en la disposición novena de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual fue ratificada por Venezuela el 14 de julio de 1.977 según Gaceta Oficial Nº 31.256 y que contempla la excepción al “PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY” que regula la situación en la que “…con posterioridad a la comisión del delito, la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

La aludida excepción al principio de irretroactividad se encuentra igualmente contemplada en el numeral 1° del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Venezuela el 28 de enero de 1978 según Gaceta Oficial N° 2.146, y que resulta de obligatorio cumplimiento, al igual que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de aplicación inmediata y directa por los Tribunales de Justicia, por mandato expreso del artículo 23 del Texto Democrático.

En este mismo contexto y como quiera que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ha promulgado una ley que le es más desfovaroble al reo, la cual aumenta el tiempo de la inhabilitación en el cumplimiento de la pena establecida para el mismo delito por el cual fuera sentenciado el ciudadano LUIS EDUARDO MARCANO RUBIO, lo conducente y ajustado a derecho en el caso sub-examine es proceder a corregir de la pena correspondiente. Y así se establece.

Considera importante esta Instancia Superior, hacer referencia a lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual reza:

“…Si la decisión de la Corte de Apelaciones declara con lugar el recurso, por alguna de las causales previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 452, anulará la sentencia impugnada y ordenará la celebración del juicio oral ante un Juez o Jueza en el mismo circuito judicial, distinto del que la pronunció.

En los demás casos, la Corte de Apelaciones dictará una decisión propia sobre el asunto con base en las comprobaciones de hecho ya fijadas por la decisión recurrida, siempre que la sentencia no haga necesario un nuevo juicio oral y público sobre los hechos, por exigencias de la inmediación y la contradicción, ante un Juez o Jueza distinto a aquel que dictó la decisión recurrida.

Si se trata de un error en la especie o cantidad de la pena, la Corte de Apelaciones hará la rectificación que proceda…”

De igual forma, cabe señalar lo establecido en el articulo (sic) 65 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual establece: “…No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo a la gravedad del delito…”

En consecuencia, visto que el Tribunal de Primera Instancia Condeno (sic) al ciudadano Luís Eduardo Marcano Rubio con la Pena de (01) AÑO Y NUEVE (09) MESES DE PRISIÓN mas (sic) las accesorias de la ley establecida en el articulo (sic) 96 de la Ley Orgánica de Salvaguarda de Patrimonio Publico (sic) consistente en 5 años de Inhabilitación Política, y siendo lo correcto aplicar la pena de UN (01) AÑO Y NUEVE (9) MESES DE PRISION (sic) , mas (sic) la inhabilitación para el ejercicio de la función pública una vez cesada la condena, por un tiempo igual a esta, establecida en el articulo (sic) 104 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, es por lo que en definitiva se Acuerda (sic) la aplicación del articulo (sic) 104 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, quedando en (sic) como pena a imponer la de UN (01) AÑO Y NUEVE (9) MESES DE PRISION (sic), mas la inhabilitación para el ejercicio de la función pública una vez cesada la condena, por un tiempo igual a esta, por la comisión el delito de Malversación Especifica (sic) de Fondos Públicos previsto y sancionado en el articulo (sic) 61 de La Ley Orgánica de Salvaguarda de Patrimonio Público en concordancia con el articulo 104 ejusdem.

Como corolario de lo anteriormente expuesto, es por lo que se declara Con Lugar la presente denuncia, de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal y 65 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quedando modificada la pena. Así de Decide

Señala el recurrente como sexta y ultima (sic) denuncia la infracción del numeral 2º del articulo (sic) 452 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación a la MANIFIESTA FALTA DE MOTIVACION (sic) que vicia de nulidad la sentencia impugnada, y la hace nula de toda nulidad por INMOTIVADA, porque no podía el Juzgador arribar al aludido pronunciamiento sin un razonamiento jurídico de forma explícita y directa de los fundamentos de hecho y de derecho en que apoyó su decisión, todo esto, de conformidad con los principios constitucionales de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.

En cuanto a la violación alegada por el recurrente de autos, respecto a la violación del numeral 2º (sic) del articulo (sic) 452 del Código Orgánico Procesal Penal con respecto a la Manifiesta Falta de Motivación que vicia de nulidad la sentencia impugnada, es preciso indicar que en capítulos anteriores esta Corte de Apelaciones se pronuncio (sic) sobre el mismo punto, cuando se pronuncio (sic) sobre la fundamentación de la sentencia y se determino (sic) que la sentencia recurrida esta (sic) debidamente fundamentada y ajustada a derecho en cuanto a los hechos establecidos en el debate oral y publico (sic). Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que se declara Sin Lugar la presente denuncia Y ASI SE DECIDE.

De todo lo antes expuesto se constata que el A quo, realizó el examen de las pruebas existentes en autos, comparándolas y confrontándolas con las mismas, llegando a la conclusión en base (sic) a los hechos dados por probados, sobre la culpabilidad del ciudadano Luís Eduardo Marcano Rubio, en la comisión del delito de Malversación Específica de Fondos Público en Grado de Continuidad, por lo que al no asistirle la razón al recurrente de autos, es por lo que considera esta Corte de Apelaciones, que lo mas (sic) ajustado a derecho es declarar Parcialmente Con Lugar el presente Recurso (sic) de Apelación, solo en lo que respecta a quinto vicio denunciado en cuanto a la aplicación de la Ley Orgánica de Salvaguarda de Patrimonio Publico (sic). Y ASI SE DECIDE.

Por las razones legales anteriormente expuestas, es por lo que esta colegiada DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación en lo que respecta a la quinta denuncia referente a la aplicación de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Y ASI FINALMENTE SE DECLARA.”

 

III

COMPETENCIA

 

Corresponde a esta Sala previamente determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, a tal efecto, observa:

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece en el artículo 25, numeral 20, que la Sala es competente para el conocimiento de las acciones autónomas de amparo constitucional contra las decisiones judiciales que dicten, en última instancia, los Juzgados Superiores de la República, y las Cortes de Apelaciones salvo de las que se incoen contra los Juzgados Superiores en materia contenciosa administrativa.

Ello así, visto que la acción de amparo tiene por objeto una decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, esta Sala Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se declara competente para conocer de la presente causa. Así se establece.

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

En el caso sometido al conocimiento de esta Sala, el abogado Jesús Alberto Dicurú Antonetti interpuso la acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 31 de octubre de 2011, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación ejercido por él, actuando en su carácter de defensor del ciudadano Luis Eduardo Marcano Rubio, contra la sentencia dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio del referido Circuito Judicial Penal que condenó a su defendido a cumplir la pena de un (1) año y nueve (9) meses de prisión más la accesoria de inhabilitación política por el lapso de cinco (5) años, con ocasión del proceso penal seguido por la comisión del delito de malversación específica de fondos públicos en grado de continuidad.

El accionante denunció la violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al precisar que la Corte de Apelaciones dictó una decisión inmotivada, por una parte, y por la otra alegó que el mismo fallo está inmerso en el vicio de incongruencia omisiva.

De la revisión efectuada a las actas procesales que integran el presente expediente, se desprende que desde el 3 de mayo de 2012, oportunidad en la que ratificó la acción presentada vía correo electrónico el accionante no efectuó más actuaciones o diligencias en el expediente, de modo que dejó transcurrir más de seis (6) meses sin manifestar su interés en que fuera decidida la presente causa.

Cabe destacar que el interés manifestado el accionante al solicitar la tutela a los derechos constitucionales debe ser mantenido a lo largo del proceso y, por ende, la ausencia de impulso procesal, una vez transcurridos seis (6) meses, indica que no existe la urgencia ni el interés de que sea resuelto el asunto planteado, lo cual debe entenderse como un abandono del trámite que obliga a la Sala a declarar terminado el procedimiento.

En efecto, la falta de impulso de una causa en que se tramite una acción de amparo por un período mayor a seis (6) meses, ha sido calificada por esta Sala como abandono del trámite. Tal criterio fue expuesto en su decisión No. 982 del 6 de junio de 2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres), en los siguientes términos:

“…En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constituciones puede asumirse -entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora.

(...)

Si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales.

(...)

La Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara…”.

 

De modo tal que, en el presente caso, se ha verificado la pérdida del interés de la parte accionante, y una vez verificado de autos que el asunto planteado no afecta el orden público constitucional, pues no incide en un bien colectivo o en el interés general, resulta imperioso para esta Sala Constitucional declarar el abandono del trámite y, en consecuencia, terminado el procedimiento. Así se decide.

Por último, y de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se impone a la parte accionante una multa por la cantidad de cinco bolívares (Bs. 5,oo), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en cualquier institución financiera receptora de fondos nacionales, lo cual deberá acreditar mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Se aplica la multa en su límite máximo, por cuanto la Sala juzga de suma gravedad el entorpecimiento de sus labores con la presentación de demandas posteriormente abandonadas, lo cual obliga a desviar su atención de asuntos que sí requieren de urgente tutela constitucional. Así se declara.

V

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: Se declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO POR ABANDONO DEL TRÁMITE en la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Jesús Alberto Dicurú Antonetti, actuando en su carácter de defensor del ciudadano Luis Eduardo Marcano Rubio, contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, el 31 de octubre de 2011.

SEGUNDO: Se IMPONE a la parte accionante una multa por la cantidad de cinco bolívares (Bs. 5,oo), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en cualquier institución financiera receptora de fondos nacionales, dentro de los cinco días siguientes a su notificación, lo cual deberá acreditar mediante la consignación del comprobante correspondiente ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara o ante la Secretaría de la Sala Constitucional.

Publíquese y regístrese. Notifíquese de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 17 días del mes de diciembre  de dos mil doce (2012). Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

 Vicepresidente,          

 

 

 

 

Francisco A. Carrasquero López

Los Magistrados,

 

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

 

                                                                      CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                        Ponente

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

 

 

GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

 

 

Exp.- 12-0521

CZdM/

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias