Sentencia N.º 1737
- Sentencia
- N.º 1737
- Fecha
- 25/06/2003
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 03-0817
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero
El 21 de abril de 2003, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados José Benigno Rojas Lovera y Gledys Josefina Carpio Chaparro, actuando como Fiscales del Ministerio Público, el primero a Nivel Nacional en materia de Salvaguarda, con competencia Especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales y la segunda, Fiscal Cuadragésima Novena del Área Metropolitana de Caracas, contra la decisión dictada por la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 17 de marzo de 2003.
Practicadas las notificaciones, por auto del 29 de mayo de 2003, se fijó la oportunidad para celebrar la audiencia oral de las partes, la cual se realizó el 10 de junio de ese mismo año, a la que comparecieron: abogado José Benigno Rojas Lovera, accionante en amparo; abogados Mario Poppoli y Clotilde Condado Rodríguez, con el carácter de Juez Presidente y Juez miembro de la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, en condición de presuntos agraviante; abogados Juan Martín Echeverría Prices, Juan Martín Echeverría Becerra, Jesús Alejandro Loreto, Carlos Alfredo Sanz Gómez, José Octavio Carrillo Heredia y Gregory Odremán, en representación de los ciudadanos Mireya Ripanti de Amaya, Gonzalo Feijóo Martínez, Juan Antonio Fernández Gómez, Juan Luis Santana López y Horacio Francisco Medina Herrera, terceros intervinientes; abogado Omar Vargas, acompañado por la abogada Carmen Romero, en representación de la Asociación Civil Víctimas del Paro (VIDELPA), actuando en nombre de los ciudadanos Aurelia Chirinos Specel y otros, terceros intervinientes. En la audiencia constitucional, las partes, luego de ser oídas, consignaron de manera escrita los alegatos y opiniones que fueron expresados en la audiencia constitucional.
Efectuada la lectura individual del expediente, para decidir se hacen las siguientes consideraciones:
Antecedentes
Según señalaron los Fiscales del Ministerio Público en su escrito, el 14 de enero de 2003, la Fiscalía de conformidad con el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal, dio inicio a una investigación penal, en virtud de las irregularidades ocurridas en Petroleos de Venezuela, S.A...., a raíz de la paralización de sus actividades.
Como consecuencia de esa investigación, el 24 de febrero de 2003, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Control de Guardia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se realizara una audiencia oral entre las partes para oír a los imputados ciudadanos JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ GÓMEZ, GONZALO FEIJÓO MARTÍNEZ, HORACIO MEDINA, EDGAR QUIJANO, MIREYA RIPANTI DE AMAYA, LINO JUAN CARRILLO URDANETA y JUAN LUIS SANTANA LÓPEZ.
Correspondió conocer al Juzgado Quincuagésimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, quien fijó para el 26 de febrero de 2003, la realización de la audiencia, acordando las citaciones correspondientes.
El 26 de febrero de 2003, se realizó la audiencia oral con la presencia únicamente de los representantes del Ministerio Público, en consecuencia, los fiscales solicitaron se dictara orden de aprehensión judicial y medida cautelar de prohibición de salida del país a los ciudadanos JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ GÓMEZ, GONZALO FEIJÓO MARTÍNEZ, HORACIO MEDINA, EDGAR QUIJANO, MIREYA RIPANTI DE AMAYA, LINO JUAN CARRILLO URDANETA y JUAN LUIS SANTANA LÓPEZ. Dicha solicitud fue acogida por el juzgado de control referido, por lo que, de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordenó la aprehensión de los ciudadanos anteriormente señalados.
En esa misma oportunidad, los abogados JUAN MARTÍN ECHEVERRÍA BECERRA, JESÚS ALEJANDRO LORETO y CARLOS ALFREDO SANZ GÓMEZ, se presentaron ante el Juzgado Quincuagésimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y fueron juramentados como defensores del imputado GONZALO FEIJÓO MARTÍNEZ. Asimismo, solicitaron al juzgado de control se anulara la audiencia oral para oír a las partes, convocada para el 26 de febrero de 2003; declarase la nulidad absoluta de las actuaciones y se remitiera el expediente, al Juzgado Décimo Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por ser éste el competente para conocer del proceso.
El 27 de febrero de 2003, el Juzgado Quincuagésimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas declaró no tener materia sobre la cual decidir, en relación a la solicitud de nulidad de la audiencia oral para oír a los imputados, y en relación al pedimento de remisión del expediente al Juzgado de juicio, declaró que era de imposible cumplimiento por infundado.
El 4 de marzo de 2003, los abogados defensores del imputado GONZALO FEIJÓO MARTÍNEZ, ejercieron recurso de apelación contra la sentencia anteriormente comentada del Juzgado Quincuagésimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, del 27 de febrero de 2003.
Correspondió conocer de la apelación ejercida, a la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, quien el 17 de marzo de 2003, declaró inadmisible el recurso, desaplicó los puntos 11 y 12 de la resolución administrativa No. 1429, del 16 de enero de 2003, emanada de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y declaró de oficio la nulidad absoluta de todas las actuaciones realizadas por la Juez Quincuagésima de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a partir del 24 de febrero de 2003.
Contra esa sentencia de la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, es que el Ministerio Público ejerció la presente acción de amparo.
Mediante Oficio No. 2003-145, del 21 de marzo de 2003, la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, le informó al Juzgado Décimo Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que de los recaudos revisados por esa Sala, se determinó que dicho juzgado es el juez natural competente para conocer de cualquier actuación relacionada con la investigación No. FBSNN-0138-2003, llevada por los Fiscales del Ministerio Público JOSÇÉ BENIGNO ROJAS LOVERA y GLEDYS JOSEFINA CARPIO CHAPARRO, ... por haber sido el primer acto de procedimiento en este caso llevado por un Juez de Control de este Circuito Judicial Penal, de acuerdo a la información recibida y en atención a la decisión dictada por esta Sala en fecha 17/03/03, en el expediente 2003-1383.... Contra dicho oficio, el 27 de marzo de 2003, los fiscales del Ministerio Público presentaron ...escrito de extensión de la acción de amparo....
De La Acción De Amparo
Según señalaron los Fiscales del Ministerio Público en su escrito, la presente acción de amparo fue ejercida contra la decisión del 17 de marzo de 2003, dictada por la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución vigente y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; por ser dicho fallo violatorio del derecho a la igualdad, a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva del Ministerio Público, consagrados en los artículos 21, 49 y 26 de la Constitución vigente.
En primer lugar, los fiscales accionantes señalaron como violados el derecho a la defensa y el debido proceso, violaciones estas que ocurren, por cuanto en su opinión, la sentencia atacada está inmotivada, y porque la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones mencionada incurrió en extralimitación de atribuciones al dictar su fallo. Seguidamente, los fiscales accionantes señalaron la violación por parte del presunto agraviante a la tutela judicial efectiva y al derecho a la igualdad de las partes en el proceso.
En relación al vicio de inmotivación denunciado, los fiscales accionantes manifestaron que en la sentencia atacada se declaró la nulidad absoluta de todas las actuaciones realizadas por el Juzgado Quincuagésimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, basándose en la supuesta violación de normas constitucionales por el acto administrativo contenido en la Resolución No. 1429, del 16 de enero de 2003, dictada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Igualmente señalaron los fiscales que la Sala No. 2 de la mencionada Corte de Apelaciones, se limitó a expresar en su análisis que en el presente caso, se produjo una supuesta usurpación de funciones y una usurpación de autoridad, al dictar la Dirección Ejecutiva de la Magistratura normas sobre las cuales, correspondía dictarlas a la Corte de Apelaciones.
Al respecto, los fiscales accionantes manifestaron que, en el presente caso no se produjo el vicio de usurpación de funciones que alegó la Corte de Apelaciones en su sentencia, ya que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura es parte integrante del Poder Judicial, de conformidad con el artículo 267 de la Constitución vigente, y en consecuencia, ...no invadió funciones de un órgano distinto perteneciente a otro Poder Público. Por tanto, nunca se produjo la violación del artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo argumentó la Sala Dos de la Corte de Apelaciones.
Por otro lado, señalaron los accionantes, que la sentencia recurrida estableció que existió usurpación de autoridad (artículo 138 de la Constitución vigente) por parte del Juzgado Quincuagésimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sin embargo, en opinión de los accionantes, esa usurpación de autoridad no pudo haber existido, ...por cuanto la Dirección Ejecutiva de la Magistratura es un órgano investido de autoridad pública, incluso por la propia Constitución que le atribuye la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial (artículo 267) lo que le confiere potestad para dictar normas de rango sublegal, tendentes a coadyuvar al Tribunal Supremo de Justicia en las funciones de control del Poder Judicial. Por los argumentos anteriores, los fiscales accionantes concluyeron, que la decisión atacada carece de motivación.
En torno a la denuncia de los accionantes relacionada con la extralimitación de atribuciones en las que presuntamente incurrió la Corte de Apelaciones, señalaron los accionantes que ésta surgió al fundamentar la Sala No. 2 de la mencionada Corte de Apelaciones, su fallo en una interpretación errónea, como lo fue, considerar que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura había incurrido en una usurpación de funciones y de autoridad, al dictar la Resolución No. 1429, y utilizar el control difuso de la constitucionalidad para anular de oficio las actuaciones del Ministerio Público y del Juzgado Quincuagésimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Asimismo, señalaron los accionantes, que la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con su decisión se extralimitó en sus atribuciones al declarar la nulidad absoluta, una vez declarada la inadmisibilidad del recurso de apelación, puesto que, en opinión de los accionantes, ...la declaratoria de inadmisibilidad supone que el órgano jurisdiccional determinó que el apelante no cumplió con las formalidades esenciales para hacer admisible su recurso, de allí que cumplido el trámite previo, el Tribunal considera innecesario entrar a revisar el fondo de la pretensión. En consecuencia, se produjo una evidente extralimitación de atribuciones por parte de la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal, que había agotado su competencia en la declaratoria de inadmisibilidad estándole vedado otro pronunciamiento.
Señalaron los fiscales accionantes, que existe una violación al derecho a la tutela judicial efectiva, cuando habiendo declarado la inadmisibilidad del recurso de apelación, se pasa a anular de oficio, sin tomar en cuenta que al no admitir el recurso de apelación la sentencia atacada quedaba firme, produciendo los efectos de la cosa juzgada. Igualmente, manifestaron en su escrito, que la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones señalada, desconoció la aplicación de principios constitucionales y legales, y con base en una interpretación judicial contra legem declaró la inaplicabilidad de un acto administrativo, que tiene su propio mecanismo de impugnación (recurso contencioso administrativo) y la hizo extensiva a los actos del Ministerio Público, que no estaban directamente vinculados con el acto administrativo que se pretendió desconocer.
Los fiscales accionantes manifestaron que existe violación al derecho a la igualdad de las partes en el proceso, por cuanto en el fallo atacado por el amparo, la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones se pronunció sobre aspectos no sometidos a su consideración en el petitorio de los apelantes, violando lo previsto en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, incurriendo así en el vicio de ultrapetita, ...al conceder a quienes no habían sido reconocidos como parte en el proceso, pretensiones que incluso no habían solicitado como lo fue la inaplicabilidad del acto administrativo que establece el sistema de distribución de causas y la declaratoria de nulidad de actuaciones desplegadas por el Ministerio Público, lo que refleja un trato mas favorable a los apelantes que al propio Ministerio Público, representante del Estado para el ejercicio de la acción penal.
Finalmente, el Ministerio Público a través de los fiscales accionantes solicitó de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, medida cautelar innominada, a los fines de suspender los efectos de los particulares Segundo y Tercero de la decisión dictada por la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, del 17 de marzo de 2003, mediante la cual declaró inaplicable los puntos 11 y 12 de la Resolución No. 1429, emanada de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, así como la declaración de nulidad de oficio de todas las actuaciones realizadas por el Juzgado Quincuagésimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a partir del escrito presentado por el Ministerio Público el 24 de febrero de 2003.
Alegatos de la parte presuntamente agravaiante, Jueces integrantes de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas
En síntesis, señalaron los integrantes del órgano presunto agraviante, lo siguiente:
Que, conforme al artículo 130 del Código Orgánico Procesal Penal, en la fase de investigación, la declaración del imputado debe hacerse ante el Fiscal del Ministerio Público en su sede cuando el imputado comparezca espontáneamente y así lo pida, o cuando el Fiscal del Ministerio Público lo cite a su sede y aquél decida declarar y sólo lo hará en presencia siempre del Fiscal del Ministerio Público pero ante el Juez, cuando el mismo imputado lo pida. Esto nunca ocurrió, por lo que el Ministerio Público, cercenó y desconoció el derecho de los imputados, quienes no solicitaron rendir declaración ante el Juez.
Que igualmente, tampoco podían rendir declaración pues ni siquiera habían sido impuestos, por parte del Ministerio Público, de que eran imputados en una investigación penal en la que nunca fueron llamados a declarar, ni como testigos ni como imputados, violándose así el debido proceso. Derechos que tampoco fueron respetados por la Juez de Instancia, razones estas que sirvieron de fundamento, entre otras para dictar la decisión que hoy se cuestiona....
Que, los accionantes al señalar que ante el Juzgado Quincuagésimo de Primera Instancia Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas se iba a realizar la audiencia entre las partes para oír a los imputados omiten deliberadamente informar cómo llegó al conocimiento dela juez este expediente, a sabiendas de que en la decisión que se cuestiona se declaró la nulidad absoluta de una incidencia, más no de la investigación que hasta la fecha llevaba la Fiscalía sin imputados.
Que la decisión de nulidad fue decretada por la evidente violación de normas constitucionales que no podían ser obviadas por la Sala, so pena de incurrir en un acto de injusticia y en atención, a que el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia....
Que, llama poderosamente la atención, el que inexplicablemente el Ministerio Público, y parece ser una rutina de algunos Fiscales del Ministerio Público, pretenda evadir el Control Judicial en la Fase de Investigación, al presentar solicitudes relacionadas con actuaciones en esta causa, y seguro en muchas otras, ante varios jueces de control, sin mantener la unidad del proceso....
De allí que, consideren que no se incurrió en abuso de poder y por tanto debe ser declarada sin lugar la presente acción.
Alegatos de los abogados Juan Martín Echeverría Prices, Juan Martín Echeverría Becerra y Jesús Alejandro Otero, apoderados de los Terceros Intervinientes Gente del Petróleo
En síntesis, señalaron los apoderados de los terceros intervinientes, lo siguiente:
Que, el Ministerio Público ha impugnado una decisión que lejos de vulnerar algún derecho constitucional puso fina una situación lesiva a los derechos y garantías constitucionales de nuestros representados, existiendo un medio procesal, breve, sumario y eficaz que le hubiese permitido al Ministerio Público ver satisfecha su pretensión, es decir encarcelar a nuestros defendidos, esto en el caso de que fuese demostrada la existencia de los requisitos establecidos en la Ley.
Así, consideran que el recurso de revisión constituye una vía judicial ordinaria, ya que al haberse creado en la nueva Constitución de 1999 un nuevo procedimiento constitucional para revisar decisiones donde se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad de las normas, debe concluirse entonces que el amparo contra sentencias dejó de ser la vía judicial destinada a cumplir tales funciones.
Que, la Sala Dos (2) de la Corte de Apelaciones interpretó y aplicó acertadamente el ordenamiento jurídico venezolano, lo que la llevó en ejercicio de sus funciones a desaplicar un acto administrativo de efectos generales manifiestamente contrario a la Constitución y a la Ley, por cuanto se dictó fuera del ámbito de competencia que le fue atribuido a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura....
Que el Ministerio Público, se atribuyó facultades legislativas al crear arbitrariamente una audiencia sui generis para que asistiesen nuestros representados, so pena de ser privados de su libertad y el Juzgado Quincuagésimo (50°) de Control al aceptar dicha solicitud.
Que, existió en el proceso originario violación al debido proceso de sus representados, porque la Juez Quincuagésima (50°) de Control no realizó distribución alguna, violentado la misma resolución y decidió arbitrariamente tramitar la solicitud presentada por el Ministerio Público, en conocimiento de que ya había un tribunal prevenido quien es el único Juzgado Competente.
Por lo anterior, solicitaron la declaratoria sin lugar de la acción de amparo presentada.
Consideraciones Para Decidir
Del análisis del expediente, y de la apreciación de las exposiciones realizadas por las partes en la audiencia oral del presente procedimiento, la Sala observa que:
1. Han argüido los terceros intervinientes, que el Ministerio Público carece de derechos humanos y, por tanto no puede invocar el amparo por violación al debido proceso.
Craso error este, ya que el debido proceso es una garantía para los sujetos que se interrelacionan con los procesos, sin importar su condición de órgano, persona natural o jurídica, motivo por el cual tal alegato de los terceros se desecha.
La violación de derechos constitucionales del Ministerio Público ha sido declarada por esta Sala en diversos fallos, por ejemplo, en sentencia No. 3255 del 13 de diciembre de 2002 (Caso: César Mirabal Mata).
No sólo el ciudadano Gonzalo Feijóo Martínez, sino todos los demás a quienes el Ministerio Público les había solicitado su citación para oírlos y posteriormente su orden de aprehensión y medida de prohibición de salida del país, no poseían la condición de imputados en la investigación respectiva y por ende no se encontraban a derecho. razón por la cual mal podía el precitado Feijóo Martínez designar abogados defensores para actuar en la investigación y éstos apelar en ausencia de su defendido de la negativa del Juzgado de Control ante una petición suya mediante mandatarios. En Venezuela no es posible el juzgamiento en ausencia de los ciudadanos, por ser violatorio del debido proceso que impone la necesidad de que el investigado sea notificado de los cargos, de asegurarle la asistencia de abogado, de ser oído, de obtener un pronunciamiento motivado y de que pueda recurrir contra él, pero que también exige su presencia en determinados actos del proceso, a los fines de ejercer tales derechos.
Por ello estas circunstancias evidencian que en el proceso penal existen una serie de actos que necesariamente requieren la presencia del imputado, no siendo delegable en mandatarios tal facultad, cuyo origen es precisamente garantizar el derecho a ser oído y a la defensa. Uno de esos casos, es el ejercicio de los recursos, que si bien por el imputado puede su defensor recurrir, no obstante en ningún caso en contra de su voluntad expresa. (vid. sentencia del 27 de marzo de 2001 (Caso: Antonio José Yibirín). Además, la naturaleza del defensor, es en cierta manera distinta a la del apoderado judicial, debiendo ser constituido en autos y no fuera de ello.
2. El vicio anteriormente señalado es observado por la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al conocer de la apelación ejercida por los abogados del ciudadano Gonzalo Feijóo Martínez, contra la decisión dictada por el Juzgado Quincuagésimo de Control que declara no tener materia sobre la cual decidir con relación a la solicitud de nulidad de la audiencia oral para oír a las partes, motivo por el cual declara inadmisible la misma por carecer de legitimación los abogados recurrentes, a tenor de lo establecido en los artículo 433, 436 y 437 letra a del Código Orgánico Procesal Penal.
Sin embargo, la referida Sala de Apelaciones, a pesar de la declaratoria de inadmisibilidad del recurso, que le impide a la alzada entrar a resolver cuestiones inherentes al mérito del mismo, por cuanto dicha declaratoria de inadmisibilidad conlleva como principal e inmediato efecto procesal, la confirmación de la decisión que, mediante el recurso, fue impugnada y, a su vez le agota su competencia dentro del predicho proceso penal, produjo una decisión que contiene otros dispositivos, como son la desaplicación por control difuso de la constitución de los numerales 11 y 12 de la Resolución Administrativa No. 1429 de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y la nulidad absoluta de oficio de todas las actuaciones realizadas por el Juzgado Quincuagésimo de Control con ocasión a la solicitud del Ministerio Público.
En tal sentido, la Sala hace las siguientes consideraciones:
En cuanto a la desaplicación de los puntos contenidos en los numerales 11 y 12 de la Resolución No. 1429, la Sala precisa, que el control difuso se ejerce cuando en una causa de cualquier clase que está conociendo el juez, éste reconoce que una norma jurídica de cualquier categoría (legal, sublegal), es incompatible con la Constitución.
Por lo tanto, conforme al artículo 334 constitucional, el control difuso sólo lo efectúa el juez sobre normas aplicables a la resolución del caso y no sobre actos de los órganos que ejercen el Poder Público, así ellos se dicten en ejecución directa e inmediata de la Constitución, y que no forman parte del derecho aplicable al fallo. De allí que, en el caso en examen, tratándose de normas que regulan, en general, sectores del funcionamiento del Poder Judicial, por ser actos administrativos deben ser impugnados por vía del recurso de nulidad, a fin que pierdan sus efectos jurídicos. En consecuencia, el juez por control difuso no puede anular normas que rigen la estructura y competencia de los órganos jurisdiccionales (Vid. sentencia del 25-05-01 Caso: Policía de Chacao), lo que incluye la suya propia.
En lo que respecta a la nulidad decretada, observa igualmente la Sala, que habiendo agotado su competencia, al declarar inadmisible el recurso, mal podía la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones anular de oficio todas las actuaciones realizadas por el Juzgado de Control, a raíz de la solicitud del Ministerio Público. En tal sentido, la Sala ratifica la doctrina establecida en sentencias del 16 de octubre de 2002 (Caso: CNE); 27 de marzo de 2001 (Caso: María del Carmen Torres Herrero) y 12 de diciembre de 2002 (Caso: Banco Latino).
Adujo la sentencia impugnada, y así lo ratificó la Sala que la dictó en la audiencia constitucional, que la desaplicación de oficio, por control difuso de los numerales de la Resolución N° 1429 de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, obedecía a que ellos atentan contra la garantía del juez natural.
Conforme sentencia del 7 de junio de 2000 (Caso: Athanassios Frangogiannis), el juez natural reúne los siguientes caracteres:
El derecho al juez natural consiste, básicamente, en la necesidad de que el proceso sea decidido por el juez ordinario predeterminado en la ley. Esto es, aquél al que le corresponde el conocimiento según las normas vigentes con anterioridad. Esto supone, en primer lugar, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica; en segundo lugar, que ésta lo haya investido de autoridad con anterioridad al hecho motivador de la actuación y proceso judicial; en tercer lugar, que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional para el caso; y, en cuarto lugar, que la composición del órgano jurisdiccional sea determinado en la Ley, siguiéndose en cada caso concreto el procedimiento legalmente establecido para la designación de sus miembros, vale decir, que el Tribunal esté correctamente constituido. En síntesis, la garantía del juez natural puede expresarse diciendo que es la garantía de que la causa sea resuelta por el juez competente o por quien funcionalmente haga sus veces.
...omissis...
...En la persona del juez natural, además de ser un juez predeterminado por la ley, como lo señala el autor Vicente Gimeno Sendra (Constitución y Proceso. Editorial Tecnos. Madrid 1988) y de la exigencia de su constitución legítima, deben confluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, básicamente, surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) Ser independiente, en el sentido de no recibir órdenes o instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su magistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que puedan gravitar sobre el juez y que le crean inclinaciones inconscientes. La transparencia en la administración de justicia, que garantiza el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad del juez. La parcialidad objetiva de éste, no sólo se emana de los tipos que conforman las causales de recusación e inhibición, sino de otras conductas a favor de una de las partes; y así una recusación hubiese sido declarada sin lugar, ello no significa que la parte fue juzgada por un juez imparcial si los motivos de parcialidad existieron, y en consecuencia la parte así lesionada careció de juez natural; 3) tratarse de una persona identificada e identificable; 4) preexistir como juez, para ejercer la jurisdicción sobre el caso, con anterioridad al acaecimiento de los hechos que se van a juzgar, es decir, no ser un Tribunal de excepción; 5) ser un juez idóneo, como lo garantiza el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar; en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar. El requisito de la idoneidad es relevante en la solución del presente caso, y es el resultado de lo dispuesto en el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que exige concursos de oposición para el ingreso y ascenso en la carrera judicial, lo que se ve apuntalado por la existencia de Normas de Evaluación y Concursos de Oposición de Funcionarios del Poder Judicial dictados por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, publicadas en la Gaceta Oficial N° 36.899 de 24 de febrero de 2000. Este requisito no se disminuye por el hecho de que el conocimiento de varias materias puedan atribuirse a un solo juez, lo que atiende a razones de política judicial ligada a la importancia de las circunscripciones judiciales; y 6) que el juez sea competente por la materia. Se considerará competente por la materia aquel que fuera declarado tal al decidirse un conflicto de competencia, siempre que para la decisión del conflicto se hayan tomado en cuenta todos los jueces que podrían ser llamados a conocer, situación que no ocurrió en este caso; o creando en la decisión del conflicto no se haya incurrido en un error inexcusable en las normas sobre competencia........
Los actos administrativos relativos a la distribución de expedientes en los lugares donde hay múltiples tribunales de igual competencia, en nada inciden sobre los caracteres que se exigen al juez natural, ya que la aplicación de tales normas, no influyen sobre la preexistencia del juez o sobre su competencia, etc.
Luego, mal podía la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, desaplicar los numerales citados por colidir con las normas referentes al juez natural.
No obstante la anterior declaratoria, observa la Sala, que ciertamente en el proceso penal que se adelanta existe una evidente subversión del orden procesal, originada por la solicitud del Ministerio Público al Juez de Control respecto a la fijación de una audiencia oral entre las partes para oír, entre ellos, al ciudadano Gonzalo Feijóo Martínez, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 49 de la constitución y los artículos 125 y 130 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora bien, la norma constitucional señalada refiere el derecho que tiene toda persona a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por su parte, las normas de la ley procesal penal dan cuenta de los derechos del imputado y en especial a su declaración en las distintas fases del proceso; no obstante, en ninguna de ellas está establecida como acto procesal la audiencia oral entre las partes para oír al imputado, (que de paso no lo era).
A juicio de la Sala, mas que la solicitud, el decreto judicial de un acto que no está expresamente establecido en la ley, constituye una flagrante violación de los trámites de procedimiento que infringe el debido proceso, lo cual conlleva forzosamente a declarar su nulidad.
Por último, acota la Sala, que de existir en las actas del proceso elementos de convicción que hagan presumir la participación en los hechos de los investigados, el Ministerio Público, en uso de las atribuciones conferidas por la ley procesal penal, deberá proceder a imputarlos, observando en todo caso los derechos establecidos a su favor.
DECISIÓN
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, realiza los siguientes pronunciamientos:
1. Declara Con Lugar la acción de amparo propuesta por los representantes del Ministerio Público contra la decisión del 17 de marzo de 2003, dictada por la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
2. Anula todo lo actuado en el proceso penal en cuestión, dejando a salvo la facultad del Ministerio Público de efectuar el acto de imputación y demás actos procesales consiguientes, con base en las investigaciones realizadas, dependiendo del valor y mérito que de ellas se deriven, y ante el Tribunal de Control a quien le corresponda conforme a la Resolución N° 1924 de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
3. Se Exonera de toda responsabilidad a los integrantes de la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Publíquese. Regístrese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 25 días del mes de junio de dos mil tres. Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente-Ponente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. Nº: 03-0817
JECR/
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