Venley

Sentencia N.º 1751

Sentencia
N.º 1751
Fecha
16/12/2013
Sala
Constitucional
Expediente
13-0978
Ponente
Juan José Mendoza Jover
Procedimiento
Acción de Amparo

EN SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado-Ponente: JUan José Mendoza Jover

Exp. 13-0978

 

El 24 de octubre de 2013, esta Sala Constitucional recibió el expediente que fue remitido mediante oficio n.° 228/2013, de fecha 16 de octubre de 2013, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, contentivo de la acción de amparo ejercida por el ciudadano GERVYC KEVER RATTIA ZERPA, titular de la cédula de identidad número V- 11.851.328, asistido por los abogados José Félix Alen Alen y Carlos Jesús Arocha, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 142.511 y 162.126, respectivamente, contra el auto dictado, el 02 de abril de 2013, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, que declaró con lugar la cuestión previa prevista en el artículo 346, ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, opuesta en la querella interdictal de despojo, interpuesta por el hoy accionante, y contra la sentencia interlocutoria proferida, el 12 de abril de 2013, por el mencionado Juzgado, mediante la cual se declaró la extinción del proceso y se ordenó el archivo del expediente, en la referida causa.

 

Tal remisión obedece a la apelación interpuesta, mediante diligencias de fecha 11 y 14 de octubre de 2013, suscrita por la parte accionante, contra la sentencia dictada, el 10 de octubre de 2013, por el mencionado Juzgado Superior, que declaró inadmisible la acción de amparo ejercida.

 

El 28 de octubre de 2013, se dio cuenta en Sala del expediente contentivo del recurso ejercido, designándose como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

El 08 de noviembre de 2013, el referido ciudadano presentó escrito de fundamentación de la apelación.

 

Realizado el estudio del caso, pasa esta Sala a dictar sentencia, previo análisis de las consideraciones siguientes:

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

El ciudadano Gervyc Kever Rattia Zerpa, asistido por los abogados José Félix Alen Alen y Carlos Jesús Arocha, presentó acción de amparo constitucional sobre la base de los argumentos, de hecho y derecho, siguientes:

 

Que, en fecha 29 de noviembre de 2012, interpuso querella interdictal por despojo, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, la cual se admitió en esa misma fecha y se decretó la medida de secuestro sobre los bienes en litigio.

 

Refirió que el Juzgado presunto agraviante, mediante auto del 02 de abril de 2013, declaró con lugar la cuestión previa prevista en el artículo 346, ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, opuesta por la parte demandada y, en fecha 12 de abril de 2013, dictó decisión interlocutoria mediante la cual extinguió el proceso y ordenó el archivo del expediente, actuaciones con las cuales se violaron los derechos debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva.

 

En tal sentido, señaló que, el 02 de abril de 2013, se abrió el acto para la contestación de la demanda, encontrándose presente solamente la parte demandada y, en ausencia de la parte demandante, procedió la parte demandada a oponer cuestiones previas en lugar de dar contestación a la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del Código de Procedimiento Civil, la cual consignaron por escrito en lugar de hacerlo en forma oral, siendo que el referido Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, decidió las cuestiones previas opuestas por defecto de forma en lugar de haber suspendido el acto y ordenar la notificación a la parte demandante para que hiciera valer sus alegatos.   

 

Que la cuestión previa opuesta consistió en un error material en el último dígito del número de cédula de identidad de uno de los demandados, la cual debió ser desechada por cuanto el querellado estaba a derecho, plenamente identificado en autos y citado formalmente, así como que la decisión interlocutoria que extinguió el proceso y ordenó el archivo del expediente le causó un agravio de tal magnitud al ser de tipo inapelable y dejándolo indefenso, decisiones con las cuales, a su decir, se le violó el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, así como el principio de eficacia de los actos procesales, el proceso como instrumento de la justicia y el principio pro-actione.

 

En virtud de lo antes expuesto, solicitó que se declarara con lugar el amparo y, en consecuencia, nulos los actos impugnados.

 

II

DE LA DECISIÓN APELADA

 

El 10 de octubre de 2013, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, declaró inadmisible el amparo, conforme a las consideraciones que se transcriben a continuación:

 

 

(…) Ahora bien, de la revisión exhaustiva de las copias certificadas acompañadas al escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, no se evidencia que la parte querellante del juicio que da origen a la presente acción, haya ejercido recurso alguno contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha 12/04/2013, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del tránsito (sic) del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado (sic) Portuguesa, en la que se declaró extinguido el proceso y ordenó el archivo del expediente, y del auto (sic) de fecha 02/04/2013, hubo consentimiento tácito al haber transcurrido más de seis meses a esta fecha.

Con respecto al ejercicio de los recursos ordinarios, la Sala de Casación Civil del tribunal (sic) Supremo de Justicia, (…) dictó sentencia en fecha  25 de mayo de 2000, en la cual expresó, con respecto a la interposición de recursos con respecto (sic) a las cuestiones previas contempladas en los ordinales 2°, 3°, 4°, 5° y 6°, del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente (…).

Por tanto, este Tribunal, acogiendo los criterios jurisprudenciales (…) verifica que en el presente asunto la parte querellante no acogió el medio procesal ordinario e idóneo para la satisfacción de la pretensión de tutela de derechos constitucionales y restablecimiento de la situación jurídica presuntamente infringida, para enervar los efectos de la decisión contra la que hoy interpone la presente acción de amparo, como lo es la apelación, por lo que este Juzgado debe declarar su inadmisibilidad, con base en el artículo 6, cardinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

 

 

         Finalmente, en el dispositivo de la decisión, el referido Juzgado Superior declaró lo siguiente:

 

 

En virtud de lo anterior este Juzgado, actuando en Sede Constitucional y de conformidad con lo establecido en el artículo 6, ordinales (sic) 4 y 5 de la Ley orgánica (sic) de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, declara inadmisible la acción de Amparo Constitucional propuesta por el ciudadano GERVYC KEVER RATTIA ZERPA, asistido por los abogados José Félix Alen Alen y Carlos Jesús Arocha, mediante escrito presentado en fecha (10 de octubre de 2013), en contra del auto de fecha 02/04/2013 y sentencia interlocutoria de fecha 12/04/2013, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa.

 

 

III

FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN

 

El 08 de noviembre de 2013, el ciudadano Gervyc Kever Rattia Zerpa, asistido de abogado, presentó escrito de fundamentación de la apelación, en los siguientes términos:

 

         En primer lugar ratificó los argumentos expuestos en la acción de amparo constitucional y, seguidamente señaló, que la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, declaró inadmisible el amparo bajo la premisa de que la decisión interlocutoria objeto de amparo, dictada el 12 de abril de 2013, tenía recurso de apelación, el cual no se ejerció, siendo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, tal decisión es inapelable.   

 

          En virtud de lo expuesto, solicitó que se declare con lugar la presente apelación, se revocara la sentencia impugnada y se repusiera la causa “al punto procesal en que fue detenido el debido proceso”.

   

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

Esta Sala debe determinar su competencia para el conocimiento del recurso de apelación que fue ejercido en la presente causa. En tal sentido, con fundamento en los artículos 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y 25, numeral 19, de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; así como en la sentencia de esta Sala n.º 01, del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán, corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el conocimiento de las apelaciones contra las decisiones que recaigan, en primera instancia, en los procesos de amparo constitucional autónomo que dicten los Juzgados Superiores de la República y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, con excepción de las que dicten los Juzgados Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo.

 

De esta forma, en virtud de que la sentencia objeto de apelación fue dictada, el 10 de octubre de 2013, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, actuando en sede constitucional, esta Sala es competente para conocer del presente recurso, y así se declara.

 

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Preliminarmente, esta Sala debe pronunciarse sobre la tempestividad del recurso de apelación interpuesto, a cuyo efecto se observa que la parte apelante ejerció dicho recurso mediante diligencias suscritas el 11 de octubre de 2013 y el 14 de octubre de 2013, contra la decisión dictada, el 10 de octubre del mismo año, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, y, por tanto, dicho recurso fue ejercido de manera tempestiva, como se evidencia de los folios 225 al 228, del presente expediente, a tenor de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.

 

          Por otra parte, esta Sala precisa que, tal como quedó asentado en sentencia n.° 442, del 4 de abril de 2001, caso: “Estación Los Pinos, S.R.L”, habiéndose establecido en la ley un plazo de treinta (30) días para que el tribunal de alzada decida la apelación de la sentencia de amparo constitucional, este plazo debe considerarse como preclusivo para que las partes consignen cualquier escrito relacionado con el caso. Así, en la presente causa, la apelación de la cual conoce esta Sala Constitucional, se fundamentó el 08 de noviembre de 2013, bajo el argumento de que la decisión interlocutoria, dictada el 12 de abril de 2013, era del tipo inapelable, de conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el amparo resultaba la vía idónea; por lo tanto, al haberse dado cuenta en la Sala de la presente apelación, el 28 de octubre de 2013, es por lo que resulta tempestivo el escrito de fundamentación de la apelación de amparo. Así se decide.

 

Determinada la competencia, pasa esta Sala a pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento y, a tal efecto, observa que:

 

El presente amparo constitucional fue interpuesto por el ciudadano Gervyc Kever Rattia Zerpa, asistido por los abogados José Félix Alen Alen y Carlos Jesús Arocha, contra el auto dictado, el 02 de abril de 2013, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estados Portuguesa, mediante el cual se declaró con lugar la cuestión previa prevista en el artículo 346, ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, opuesta en la querella interdictal de despojo, interpuesta por el hoy accionante, y contra la sentencia interlocutoria proferida el 12 de abril de 2013, por el mencionado Juzgado, mediante la cual se declaró la extinción del proceso y se ordenó el archivo del expediente, en la referida causa, para lo cual alegó la violación de los derechos al debido proceso, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, al estimar que “…(e)l operador de justicia, aun habiendo preestablecido el procedimiento especial y breve a seguir según lo pautado en los artículos 884 y siguientes del Código de procedimiento (sic) Civil, y tratándose de materia de orden público, SUBVIRTIENDO LAS REGLAS QUE POR SU CONTENIDO ESTAN REVESTIDAS DE EMINENTE ORDEN PÚBLICO, procede en fecha 02/04/2.013, a realizar el ¿acto único y fundamental de la contestación de la demanda y a subsanar u oponerse a la oposición de cuestiones previas, sin la presencia del demandante’…”. 

 

Por su parte, el 10 de octubre de 2013, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estados Portuguesa, en sede constitucional, declaró inadmisible el amparo interpuesto, según lo dispuesto en el artículo 6, numerales 4 y 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto, respecto el auto dictado en fecha 02 de abril de 2013, hubo consentimiento, al haberse interpuesto el amparo seis (06) meses después de haberse producido la supuesta lesión y contra la sentencia interlocutoria de fecha 12 de abril de 2013, la parte hoy accionante tenía la vía idónea, como lo era el recurso de apelación.

 

Al respecto, la Sala observa en cuanto a la acción de amparo interpuesta contra el auto dictado, el 02 de abril de 2013, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, mediante el cual se declaró con lugar la cuestión previa por defecto de forma prevista en el artículo 346, ordinal 6°, del Código de Procedimiento Civil, que el amparo se interpuso el 10 de octubre de 2013, es decir, habiendo transcurrido el lapso de seis (6) meses que establece el artículo 6, numeral 4, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que reza lo siguiente:

 

 

Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:

 

4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido. El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación.

 

 

          Así, conforme lo previsto en la normativa legal señalada, es un presupuesto de admisibilidad para el ejercicio de la acción de amparo que no haya transcurrido el lapso de caducidad que afecta directamente el ejercicio de la acción. Por lo que, transcurrido dicho lapso de seis (06) meses, se pierde el derecho de acción, lo que constituye un requisito de admisibilidad que debe ser revisado por el juzgador antes de pasar a analizar el fondo de la cuestión debatida, por ello, en el presente caso, al haberse ejercido el amparo, el 10 de octubre de 2013, contra el auto dictado el 02 de abril de 2013, en el cual las infracciones denunciadas, en este caso en particular, no afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares del accionante, ni menos aún, vulnera los principios que inspiran el ordenamiento jurídico, resulta inadmisible el amparo, respecto a dicho auto, de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 6, numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.  

 

Ahora, esta Sala, para decidir la apelación ejercida contra el fallo de la primera instancia constitucional, en lo que respecta a la inadmisibilidad de la acción de amparo contra la decisión interlocutoria de fecha 12 de abril de 2013, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, observa que el artículo 6, numeral 5 de la Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señala textualmente que: “No se admitirá la acción de amparo: (…) 5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes”.

 

En interpretación del artículo que antes fue citado, esta Sala Constitucional ha señalado, reiteradamente, que son inadmisibles las acciones de amparo que se interpongan contra decisiones judiciales, sin que, previamente, se hubiesen agotado los medios ordinarios u extraordinarios de impugnación preexistentes, a menos que el peticionario alegue y pruebe causas o razones valederas que justifiquen la escogencia de dicho mecanismo de tutela de derechos constitucionales.

 

En ese sentido, esta Sala, en sentencia n.° 939, del 09 de agosto de 2000, caso: Stefan Mar C.A., expresó lo siguiente:

 

 

En este contexto es menester indicar que la postura que sirve de fundamento al fallo apelado ha sido corregida progresivamente por esta Sala hasta el punto de considerar que la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria (vid sentencia de fecha 15 de febrero de 2000 entre otras); no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía -amparo- ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador. (Subrayado y negrillas de este fallo).

Conforme con la doctrina citada de esta Sala, la acción de amparo constitucional presupone la inexistencia de un medio procesal idóneo contra el fallo que fue expedido o, en caso de la existencia de éste, la imposibilidad de su ejercicio útil o su agotamiento inútil.

 

          En el caso concreto, se observa que, efectivamente, respecto al amparo interpuesto contra la decisión interlocutoria dictada, el 12 de abril de 2013, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que declaró extinguido el proceso y ordenó el archivo del expediente en la causa iniciada por acción interdictal de despojo, la parte accionante tenía el medio de impugnación ordinario, como lo era el recurso de apelación, tal y como lo ha sostenido esta Sala reiteradamente, entre otras, en sentencia n.° 1075, de fecha 09 de mayo de 2003, caso: Torres Plaz & Araujo, en la cual se estableció lo siguiente:

 

 

(…) A tal efecto, se constata que el amparo sub exámine tiene por objeto la sentencia interlocutoria pronunciada el 16 de mayo de ese año por el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Trabajo de la antedicha Circunscripción Judicial, mediante la cual resolvió la impugnación a la corrección de los defectos del libelo de la demanda, opuestos por la vía de las cuestiones previas, específicamente la contenida en el artículo 346, ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, se aprecia que una vez que el ciudadano Lionel Rodríguez Álvarez interpuso la demanda, los codemandados opusieron la cuestión previa de la citada disposición, a través de la cual indicaron al órgano jurisdiccional la existencia de una serie de defectos de forma en el libelo; por su parte, el tribunal declaró parcialmente con lugar las cuestiones previas, y por ende, el actor presentó un escrito de subsanación, que fue impugnado por la contraparte. Sin embargo, el 16 de mayo de 2002 el juez declaró que quedaron subsanados los defectos y fijó el tercer (3°) día de despacho siguiente para que los codemandados presentaran sus respectivos escritos de contestación a la demanda.

Omissis

“‘(...) en toda incidencia de cuestión previa hay o pueden haber dos pronunciamientos. El primero, cuando el Juez declara la procedencia o no de la cuestión previa planteada, en este supuesto no queda duda sobre la admisibilidad del recurso de casación, por no tener esta decisión, ya sea la que declare con lugar la cuestión previa planteada o la que la declare sin lugar, el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil y; el segundo, es el que resulta posterior a la acción subsanadora de la parte actora, mediante el cual el juez declara si considera suficiente o no lo aportado por la parte para subsanar debidamente los defectos u omisiones indicados.

En este segundo supuesto, la doctrina de la Sala consideró que el pronunciamiento del Juez que considere que la actividad subsanadora de la parte actora no fue suficiente y, en consecuencia, declare la extinción del proceso, conforme al artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 271 ejusdem, (sic) causa un gravamen al actor, no reparable en otra oportunidad, por ponerle fin al procedimiento; por lo que, en consecuencia, en este sólo caso la decisión tendría apelación en ambos efectos, y la decisión del superior que recaiga sobre el asunto tendrá el extraordinario de casación, siempre que se den, en el caso, todos los requisitos para la proposición del mismo.

No tiene apelación, y mucho menos casación, por el contrario, la decisión del juez que considere subsanado el defecto u omisión por la actividad subsanadora del actor. En este caso, la decisión ordena la continuidad del proceso, asimilándose a la primera decisión que pudiera dictar el juez en la incidencia de cuestiones previas, mediante la cual se declare sin lugar la cuestión previa planteada; este fallo no tendrá apelación, conforme al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil (Subrayado añadido).

En conclusión, se ratifica la doctrina de la Sala que establece como única excepción, que las decisiones que se dicten en incidencias de cuestiones previas y que rechacen la actividad realizada por el actor para corregir los defectos u omisiones indicados y concluyen extinguiendo el procedimiento, tienen apelación en ambos efectos y casación; no así, la decisión que se tome dentro de la referida incidencia y que no le ponga fin al juicio por considerar el sentenciador que el aludido vicio o defecto fue suficientemente subsanado’” (Sentencia nº 171 de la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal, del 25 de mayo de 2000, caso: Rafael Antonio León y otra).

Como se observa, una vez declarada con lugar la cuestión previa relativa al defecto de forma del libelo de demanda y corregido forzosamente por el actor, si el demandado se opone a la subsanación corresponde al juez determinar si el defecto quedó corregido o no, por ser el director del proceso; la decisión que dicte el juez en ese caso, se equipara al supuesto previsto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil artículo 357 del Código de Procedimiento Civil  y por ende, no es posible ejercer el recurso de apelación contra la misma.

Por tal razón, es menester reiterar que de acuerdo con el criterio sostenido por esta Sala, “no es susceptible de tutela, por vía de amparo constitucional, la revocación de una providencia interlocutoria que, por disposición legal expresa, no es recurrible en apelación” (Sentencia n° 345 de esta Sala, del 10 de mayo de 2000, caso: Miguel Ferrara y otros). A mayor abundamiento, se observa que en un caso similar al de autos, se afirmó lo siguiente:

“La parte actora intentó demanda de amparo contra una sentencia interlocutoria que declaró subsanada la cuestión previa de defecto de forma establecida en el artículo 346, cardinal 6, del Código de Procedimiento Civil, que ella misma había opuesto contra la demanda laboral que, en su contra, intentaron varias trabajadoras, con la pretensión de cobro de diferencia de prestaciones sociales.

La decisión impugnada por vía de amparo constitucional no es susceptible de ser recurrida en apelación, conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil y con lo que ha señalado la jurisprudencia de este Alto Tribunal (Cfr. s.S.C.C-C.S.J., 10.08.89, s.S.C.C.-T.S.J. nº 171, 25.05.00). En este orden de ideas, la Sala encuentra que, si bien el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que previó el amparo contra decisiones judiciales, no determina contra qué tipo de decisión judicial procede esta especial forma de tutela, ya la Sala se ha pronunciado al respecto y ha dispuesto ciertas reglas generales para impugnar decisiones judiciales, sobre la base de la posibilidad de que el acto judicial que se pretenda impugnar a través del amparo sea objeto del recurso ordinario de apelación, distinguiéndose también si dicho recurso es oído en uno o dos efectos (Cfr. s.S.C. 28-07-2000, caso: Luis Alberto Baca).

En el presente caso, la decisión objeto de amparo es una sentencia interlocutoria que declaró subsanada una cuestión previa; fallo este que no es susceptible de apelación. Ahora bien, esta Sala debe darle importancia y sentido a esta imposibilidad que el legislador estableció para la revisión de este tipo de decisiones judiciales. En efecto, el hecho de que el legislador haya dispuesto que, contra esa decisión no es posible ejercer el recurso ordinario de la apelación, debe entenderse como una contribución al orden y celeridad del proceso para evitar múltiples incidencias y retardos que, en definitiva, se traduzcan en una demora en relación con el mandato constitucional de impartir justicia (Cfr. s.S.C. n° 345, 10.05.2000).

En este sentido, la Sala encuentra que el fundamento de las presuntas lesiones a los derechos a la defensa y al debido proceso de las quejosas es que no pudieron hacer ningún reclamo respecto del auto que declaró subsanada la cuestión previa que ellas habían opuesto. Es decir, las demandantes pretenden se cree una cadena de impugnaciones que, lejos de contribuir con la buena marcha del proceso, causaría dilaciones que el propio Legislador quiso evitar desde el origen.

Por tanto, esta Sala estima que, ante decisiones judiciales interlocutorias que no son objeto de impugnación por vía del recurso de apelación, en principio, no debe admitirse amparo constitucional, a menos que, propuesta la demanda, se evidencie de los autos una flagrante violación a derechos o garantías de orden constitucional que deba ser restablecida. Así se decide.

La Sala no debe dejar de observar que distinto es el caso en el que el Juez declare no subsanada la cuestión previa y, en consecuencia, declare la extinción del proceso. En estos casos, esa decisión, conforme a lo previsto en el artículo 354 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 271 eiusdem, sí es recurrible en apelación, la cual se oirá en ambos efectos, dado que es evidente el gravamen que se le causa al actor. (Cfr. s.S.C.C-C.S.J.10-08-89)” (Sentencia nº 2458 de esta Sala, del 28 de noviembre de 2001, caso: Aeroexpresos Ejecutivos C.A. y otro).

Del criterio citado se desprende que sólo excepcionalmente procede el amparo contra sentencias interlocutorias que no sean susceptibles de impugnación, si una vez propuesta la demanda se evidencia de autos una flagrante violación a derechos y garantías de orden constitucional.

Omissis

No obstante, sin restar importancia a la motivación de las decisiones judiciales, se observa que el artículo 354 del Código de Procedimiento Civil dispone que “(...) si el demandante no subsana debidamente los defectos u omisiones en el plazo indicado, el proceso se extingue, produciéndose el efecto señalado en el artículo 271 de este Código”; por argumento a contrario, si el juez declara debidamente subsanados los errores formales de la demanda, el proceso sigue su curso; de modo que en el iter procesal, tanto el actor como los codemandados tendrán la oportunidad de ejercer sus defensas, de acuerdo con las previsiones de la legislación adjetiva.

 

 

De allí, que la parte accionante en amparo tenía a su disposición un remedio judicial idóneo para el logro del restablecimiento de su situación jurídica presuntamente infringida, como lo era el recurso de apelación ante la decisión interlocutoria de fecha 12 de abril de 2013, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que declaró la extinción del proceso y ordenó el archivo del expediente, por tratarse de una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva que pone fin al juicio, cuya falta de agotamiento de dicho recurso, constituye argumento suficiente para la desestimación de la pretensión de tutela constitucional por inadmisibilidad de conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

De esta manera, en el presente caso, esta Sala declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, mediante diligencias de fecha 11 y 14 de octubre de 2013, por el ciudadano Gervyc Kever Rattia Zerpa, contra la sentencia dictada, el 10 de octubre de 2013, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta, de conformidad con dispuesto en el artículo 6, numerales 4 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual se confirma. Así se decide.

 

 

VI

DECISIÓN

 

Con fundamento en las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano Gervyc Kever Rattia Zerpa, contra la sentencia dictada, el 10 de octubre de 2013, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que declaró INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el referido ciudadano contra el auto dictado el 02 de abril de 2013, y la decisión interlocutoria de fecha 12 de abril de 2013, emanados del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa; en consecuencia, se CONFIRMA el fallo objeto de apelación.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 16 días del mes de diciembre de dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.    

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

 

 

Gladys María Gutiérrez Alvarado

El Vicepresidente,

 

 

 

 

Juan José Mendoza Jover

                                                                                  Ponente

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

 

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

 

 

 

 

 

 

Arcadio Delgado Rosales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Fernando Damiani Bustillos

 

 

             

El Secretario,

 

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

 

Exp. N.° 13-0978

JJMJ

 

 

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