Sentencia N.º 1761
- Sentencia
- N.º 1761
- Fecha
- 17/12/2012
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 12-0736
- Ponente
- Juan José Mendoza Jover
- Procedimiento
- Solicitud de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
Exp. 12-0736
El 14 de junio de 2012, el abogado Francisco Ardiles, inscrito en el Inpreabogado bajo el n.° 3708, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano PEDRO MIGUEL PEÑA ALAYON, titular de la cédula de identidad n.° V- 7.084.154, interpuso solicitud de revisión contra la decisión dictada, el 02 de mayo de 2011, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró con lugar la apelación ejercida por la empresa demandada, contra el auto que dictó en fase de ejecución, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 22 de marzo de 2011.
El 16 de julio de 2012, se dio cuenta en Sala del expediente contentivo de la solicitud de revisión, designándose como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio del caso, pasa esta Sala a dictar sentencia, previo análisis de las consideraciones siguientes:
I
ANTECEDENTES
El 18 de septiembre de 2007, el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo declaró parcialmente con lugar la demanda por cobro de prestaciones sociales interpuesta por el ciudadano Pedro Miguel Peña Alayon, contra Atenco, C.A., y se condenó a la referida empresa a pagar la cantidad de cuatro millones trescientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y uno bolívares con sesenta céntimos (Bs. 4.343.831, 60).
El 24 de septiembre de 2007, la representación judicial de la parte demandante y la abogada Eyda Ortega Girón, en su condición de apoderada judicial de Inversiones Paras C.A., apelaron de la decisión anterior.
El 25 de octubre de 2007, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en la celebración de la audiencia, prevista en el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, declaró sin lugar la apelación de la parte actora, la falta de cualidad pasiva de la abogada Eyda Ortega Girón, por cuanto no es la parte demandada, y parcialmente con lugar la demanda interpuesta por el trabajador Pedro Miguel Peña Alayon, confirmando de esa forma la sentencia recurrida.
El 30 de octubre de 2007, se publicó el extenso de la sentencia dictada en audiencia.
El 07 de noviembre de 2007, el abogado Francisco Ardiles, actuando como apoderado judicial de la parte actora, presentó recurso de control de legalidad contra la sentencia dictada, el 30 de octubre de 2007; y, el 14 de diciembre de ese mismo año, la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso de control de legalidad.
El 01 de febrero de 2008, la referida Sala de Casación Social informó al Juzgado Superior Primero del Trabajo sobre la inadmisibilidad del recurso de control de legalidad.
Por oficio, del 22 de febrero de 2008, el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo remitió el expediente al Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial, a los fines de la ejecución de la sentencia.
El 26 de marzo de 2008, la parte actora solicitó la oportunidad para la designación del experto para la realización de la experticia complementaria del fallo.
El 20 de mayo de 2008, la parte demandada presentó diligencia en la cual solicitó la experticia complementaria del fallo y, el 02 de junio de ese mismo año, diligenció el ciudadano experto Luis Cáceres señalando que la experticia se realizará en un lapso de siete (7) días de despacho.
El 06 de junio de 2008, la parte demandada solicitó que se fije una audiencia conciliatoria para determinar entre las partes el monto de los intereses ordenados en la sentencia a ejecutar.
El 11 de junio de 2008, el ciudadano Luis Cáceres solicitó una prórroga de tres (3) días de despacho para la entrega del informe de la experticia.
Por auto, del 12 de junio de 2008, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, acordó fijar la celebración de una audiencia de conciliación para el día miércoles 18 de junio de 2008, a las 3:00 pm, a los fines de que las partes cumplan con la decisión del 30 de julio de 2007.
El 16 de junio de 2008, el ciudadano Luis Cáceres, en su condición de perito evaluador, presentó su escrito, en el cual señaló que el valor de las prestaciones sociales, más los intereses de mora, según la sentencia, calculados hasta el mes anterior y hasta la fecha probable de la ejecución de la decisión son de setenta y ocho mil trescientos sesenta y tres bolívares con setenta céntimos (BsF.78.363, 70)
El 18 de junio de 2008, día fijado para que tenga lugar la audiencia especial conciliatoria en fase de ejecución, ninguna de las partes asistió a la misma.
El 19 de junio de 2008, la representación judicial de la empresa demandada, presentó diligencia, a través de la cual impugnó la experticia hecha por el experto, por cuanto no fue realizada conforme a la sentencia dictada por esta Sala.
El 11 de julio de 2008, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, dictó un auto en el cual se ordenó al experto que, en un lapso de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente de su notificación, señale lo siguiente: PRIMERO: Cual fue la fuente para obtener la tasa promedio utilizada para dicho calculo (sic). SEGUNDO, Cual fue la operación aritmética de forma pormenorizada, que dio como resultado la cantidad (Bs. 25.333.793, 00) por concepto de Intereses Moratorios (sic).
El 16 de julio de 2008, el abogado Jaime Tortolero, actuando como apoderado judicial de la empresa demandada, apeló del auto del 11 de julio de 2008, por cuanto: el mismo se refiere a una situación jurídica diferente a la planteada por mi representada. En efecto mi representada IMPUGNÓ la experticia por considerar la misma, exagerada ( ) no solo de los parámetros de la sentencia, sino además de criterio de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia.
El 20 de febrero de 2009, el Tribunal Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a los fines de pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del reclamo formulado, designa a los ciudadanos LAURA LANDAETA y ALFONSO SÁNCHEZ, contadores públicos ambos, con la finalidad de emitir un pronunciamiento sobre la experticia; y, el 04 de marzo de ese mismo año, se libraron las notificaciones correspondientes a dichos ciudadanos.
El 09 de octubre de 2009, las ciudadanas Marisol Mendoza y Laura Landaeta, consignaron sus conclusiones sobre la experticia, señalando que la cantidad estimada es de setenta y ocho mil trescientos catorce bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 78.314,50), cantidad ésta última que constituye el resultado de la revisión practicada a la experticia practicada por el licenciado Luis Martín Cáceres Rivera.
El 15 de octubre de 2009, el abogado de la empresa demandada impugnó nuevamente la experticia realizada por las ciudadanas anteriormente mencionadas y señaló que la norma no faculta al Juez para realizar una nueva experticia, sino que le obliga a escuchar a los expertos a los fines de que éste se pronuncie sobre la impugnación
En esa misma fecha, el referido abogado presentó diligencia a través de la cual expresamente señaló que: APELO de la misma.
Por auto de 30 de octubre de 2009, el Tribunal Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, fijó definitivamente el monto a cancelar por la demandada al ciudadano Miguel Peña Alayón, la cual no es otra que la cantidad de setenta y ocho mil trescientos catorce bolívares con cincuenta céntimos (Bs 78.314,50).
El 04 de noviembre de 2009, el abogado Jaime Tortorelo, actuando como apoderado judicial de la empresa demandada apeló del auto anteriormente mencionado; y, el 10 de ese mismo mes y año, el mencionado Tribunal Primero de Sustanciación ordenó remitir el expediente a la Unidad Receptora de Documentos, a los fines de su distribución y envío al Juzgado Superior del Trabajo.
El 23 de noviembre de 2009, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, recibió el expediente y fijó el quinto día de despacho siguiente para la realización de la audiencia oral.
El 30 de noviembre de 2009, el referido Juzgado Superior llevó a cabo la audiencia oral y declaró con lugar el recurso de apelación, revocó el auto recurrido y repuso la causa al estado que el Tribunal Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, decida el reclamo formulado por la empresa demandada, determinando con claridad los motivos de hecho y de derecho que sirven de fundamento para la determinación del quantum a pagar por conceptos laborales.
El 1 de diciembre de 2009, se publicó el extenso del fallo; y, el 17 de ese mismo mes y año, se decidió que al no haber interpuesto la parte recurso alguno, quedó firme la sentencia y se ordenó la remisión del expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
El 05 de abril de 2010, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, nuevamente fijó la suma en setenta y ocho mil trescientos catorce bolívares con cincuenta céntimos (Bs 78.314,50); y, el 06 de ese mismo mes y año, se libraron las notificaciones.
El 05 de mayo de 2010, el abogado de la parte de la empresa demandada apeló del auto del 05 de abril de 2010.
En consecuencia, el 25 de mayo de 2010, el Juzgado Superior Primero fijó el décimo quinto día de despacho, a los fines de la audiencia de las partes; y, el 15 de junio de ese mismo año, se celebró la misma y se dejó constancia de la ausencia de la parte demandada, lo que conllevó a que el Juzgado Superior, declarara desistido el recurso de apelación, se confirmó el auto apelado que ordenaba el pago al trabajador por parte de la empresa demandada y se condenó en costas a la parte apelante.
El 16 de junio de 2010, se publicó el mencionado fallo; y, el 06 de julio de 2010 el Tribunal Superior declaró firme la decisión y ordenó la remisión del expediente al Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
El 14 de julio de 2010, se recibió el expediente en el mencionado Tribunal.
El 15 de julio de 2010, el abogado de la parte actora solicitó la ejecución del fallo; y, el 30 de ese mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia fijó un lapso de tres días hábiles siguientes a que conste en autos la notificación ordenada, para dar cumplimiento voluntario a la decisión dictada por ese Juzgado, el 05 de abril de 2010.
El 27 de septiembre de 2010, el abogado de la parte demandada solicitó que se convoque a las partes a una audiencia conciliatoria a los fines de ofrecer al actor un mecanismo de pago y evitar así la ejecución forzosa de la sentencia.
El 28 de septiembre de 2010, el Tribunal Primero de Primera Instancia fijó la oportunidad para la audiencia especial de conciliación.
El 14 y 27 de octubre de 2010, las partes comparecieron a una audiencia conciliatoria.
El 12 de noviembre de 2010, se llevo a cabo la tercera audiencia de conciliación y la parte demandada se comprometió a realizar la consignación del monto condenado en la sentencia y la parte actora señaló que:
La experticia que quedó firme y que consta en autos debido al desistimiento de la apelación interpuesta por la contra parte, que debió cancelarse en el lapso concedido a la contraparte para la ejecución voluntaria, pero no habiendo sido así, las consecuencias legales del incumplimiento voluntario le agregan a la condenatoria determinada por el experto la corrección monetaria que debe hacerse en los términos indicados en la sentencia, más los intereses moratorios que ha continuado devengado las prestaciones sociales determinadas en la experticia, por consiguiente el total de la condenatoria ser (sic) determinará una vez hecha la nueva experticia que estoy solicitando ( ) y en consecuencia solicito se de por terminada la conciliación aperturada y el tribunal procede a designar el experto correspondiente. Asi mismo (sic) y por último, debo recordarle a la contra parte que están pendiente los honorarios de los peritos.
El 18 de noviembre de 2010, la parte demandada consignó un cheque por la cantidad de setenta y ocho mil trescientos catorce bolívares con cincuenta céntimos (Bs 78.314,50), a favor del trabajador Pedro Miguel Peña Alayón.
Posteriormente, la parte actora ratificó su solicitud de que se realice nuevamente la experticia complementaria del fallo, a los fines de calcular la corrección monetaria desde el mes de noviembre hasta julio del 2011, momento cuando la sentencia quedó definitivamente firme.
Por auto, del 22 de marzo de 2011, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, ordenó realizar nuevamente la experticia complementaria del fallo y en consecuencia, la designación del experto correspondiente.
El 25 de marzo de 2011, el apoderado judicial de Atenco, C.A., ejerció recurso de apelación contra la decisión anteriormente mencionada; y, el 28 de ese mismo mes y año, la parte actora solicitó al Tribunal que no se oiga la apelación ejercida.
Por auto, del 29 de marzo de 2011, el Tribunal Primero de Primera Instancia escuchó en un solo efecto la apelación ejercida.
El 02 de mayo de 2011, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo declaró con lugar la apelación y revocó la decisión dictada.
El 06 de mayo de 2011, el abogado Francisco Ardiles, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, ejerció recurso de control de legalidad; y, el 02 de junio de ese mismo año, se recibió el expediente en la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia.
El 13 de diciembre de 2011, la Sala de Casación Social declaró inadmisible el recurso de control de legalidad.
II
DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
La parte recurrente en su solicitud de revisión constitucional, expuso entre otras cosas lo siguiente:
Que la sentencia dictada, el 02 de mayo de 2011, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, omitió pronunciarse sobre la apelabilidad del auto dictado por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que ordenó realizar nuevamente la experticia complementaria del fallo, a solicitud de su representado y a los fines de realizar la corrección monetaria correspondiente.
Que el auto dictado por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, es de mero trámite, y no era suceptible de ser apelado.
Que, el Juzgado Superior anuló el auto apelado y no corrigió la subversión del proceso en fase de ejecución, toda vez que no acordó la ejecución forzosa después de vencido el lapso para la ejecución voluntaria, sino que convocó a una audiencia conciliatoria.
Que le fueron violados sus derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, por cuanto, lo correcto era solicitar la revocatoria por contrario imperio del auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia, y no apelar del mismo.
Que la sentencia, cuya revisión se solicita viola el principio de la confianza legítima por cuanto, a su decir: decidió contra lo ejecutoriado, modificándolo, al establecer que la Experticia solicitada para calcular la corrección monetaria y continuar calculando los interés de mora, sólo era procedente a partir del decreto de ejecución forzosa del fallo.
Asimismo, señaló lo siguiente:
La recurrida luego cita el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil que establece la necesidad de que haya mutuo acuerdo para que en un tiempo determinado con exactitud se suspenda la ejecución para realizar actos de composición voluntaria. Así no obstante la necesidad de que haya mutuo acuerdo para la suspensión en fase de ejecución, la recurrida establece: 1) que las partes se sometieron a un proceso conciliatorio, afirmación que es contraria a lo ocurrido pues no hubo mutuo acuerdo de someterse a un proceso conciliatorio, ya que el juez ejecutor acordó una audiencia conciliatoria a pedimento exclusivo de la parte ejecutante y por otra parte lo estableció cuanto duraría ( ).
III
DE LA SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA
El 02 de mayo de 2011, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declaró con lugar la apelación interpuesta por la representación judicial de Atenco, C.A., contra el auto dictado en fase de ejecución, el 22 de marzo de 2011, por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el cual, en fase de ejecución, ordenó realizar nuevamente la experticia complementaria del fallo, a los fines de realizar una nueva corrección monetaria a solicitud de la parte actora, hoy solicitante de la revisión. Dicha sentencia dictada por el Juzgado Superior declaró con lugar la apelación y revocó dicho auto, basándose en las siguientes consideraciones:
Nuevamente corresponde a este Tribunal conocer la presente causa, esta vez con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte accionada contra la decisión adoptada por el Juez Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, en la cual ordena el cálculo de la corrección monetaria e intereses moratorios, una vez efectuado un pago por la demandada.
Tal como se observa del recorrido cronológico de las actuaciones que se remiten a esta instancia, en fecha 18 de septiembre de 2007, se dictó sentencia definitiva por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio de esta Circunscripción Judicial, declarándose Parcialmente Con lugar la Pretensión (sic) del actor, sentencia confirmada por este Tribunal en fecha 30 de Octubre de 2007 e igualmente confirmada por la Sala de Casación Social, en fecha 14 de diciembre de 2007, declarando inadmisible el recurso de control de la legalidad ejercido por la parte actora.
Una vez remitido el expediente para su ejecución, el Juez Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, ordenó realizar experticia complementaria del fallo, la cual fue impugnada por la parte accionada, ordenando el Juez A Quo al experto designado aclarase algunos puntos relativos a su informe, decisión contra la cual la parte accionada ejerció recurso de apelación.
El Juez A Quo designa nuevos expertos, quienes presentaron su informe, el cual se consideró ajustado fijando el monto definitivo a pagar por parte de la accionada en la cantidad de Bs. F: 78.314,50., resolución ésta contra la cual se alzó la accionada, resuelta dicha apelación por esta Alzada, mediante sentencia publicada en fecha 01 de diciembre de 2009 en la cual se declaró CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la demandada, por lo que el Juzgado A Quo, vista la sentencia emitida por este Tribunal, emitió su pronunciamiento respecto a la experticia impugnada por la accionada, esgrimiendo los motivos por los cuales fija la cantidad de Bs.F. 78.314,50, decisión contra la cual recurre nuevamente la parte demandada, correspondiendo su conocimiento a este Tribunal, sin embargo en la oportunidad de celebrarse la audiencia oral y pública de apelación, la parte recurrente no compareció, declarándose desistido el recurso de apelación y confirmada la decisión recurrida.
El Juez A Quo, firme como quedó la decisión, fijó un lapso de tres días para la ejecución voluntaria, ordenando la notificación de la demandada, una vez vencido el lapso establecido, la parte actora solicitó se ordenara la ejecución forzosa de la sentencia, sin que se observare pronunciamiento alguno por parte del Tribunal.
La parte accionada solicitó la apertura de una audiencia conciliatoria a los fines de ofrecer al actor un mecanismo de pago, lo cual fue admitido por el Juez A Quo, quien con fundamento en el artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, fijó la celebración de una audiencia especial de conciliación y ambas partes se sometieron a tal proceso conciliatorio, el cual se llevó a cabo en tres audiencias y una vez que las partes dieron por concluido el proceso conciliatorio, la parte accionada consignó la cantidad determinada por el A Quo para el pago definitivo, la cual fue retirada por la parte actora.
El actor una vez que retiró la cantidad consignada por la accionada, solicitó se efectuara una nueva experticia para calcular la corrección monetaria e intereses de mora por cuanto en su decir la demandada no cumplió voluntariamente la sentencia, solicitud que fue acordada por el Juez A Quo y que motiva la presente delación.
Se observa que una vez vencido el lapso otorgado para proceder a la ejecución voluntaria, el Tribunal A Quo, lejos de decretar la ejecución forzosa, tal como fue solicitado por la parte actora y siendo lo procedente en derecho, fijó una audiencia conciliatoria y es precisamente aquí donde comienza a subvertir el proceso.
El artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece:
Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en la ley; en ausencia de disposición expresa, el Juez del Trabajo determinará los criterios a seguir para su realización, todo ello con el propósito de garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso. A tal efecto, el Juez del Trabajo podrá aplicar, analógicamente, disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el carácter tutelar de derecho sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo, cuidando que la norma aplicada por analogía no contraríe principios fundamentales establecidos en la presente Ley.
De la norma in comento, se infiere que los actos en el proceso laboral, se efectuarán en la forma prevista en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sólo de manera supletoria podrá aplicar normas de procedimiento del ordenamiento jurídico, en tanto y en cuanto no contraríen los Principios (sic) consagrados en la referida Ley.
De tal manera que debe observarse lo atinente a los Principios de Especialidad, Jerarquía y Temporalidad en la aplicación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así se obtiene:
o Principio de Especialidad: La referida Ley regula el hecho social trabajo, por lo cual es una Ley Especial.
o Principio de Jerarquía: La Ley Adjetiva Laboral, por ser una Ley Orgánica por lo cual prela sobre el Código de Procedimiento Civil y el Código Civil.
o Principio de Temporalidad: Se trata de una Ley posterior a las normas civiles contenidas en el Código de Procedimiento Civil y en el Código Civil.
Lo anterior tiene cabida en la presente causa, toda vez que la forma de ejecución de la sentencia está prevista en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así señala el artículo 180 lo siguiente: Cuando la sentencia o un acto equivalente a ella, haya quedado definitivamente firme, la ejecución forzosa se llevará a cabo al cuarto (4º) día hábil siguiente, si dentro de los tres (3) días hábiles que la preceden no ha habido cumplimiento voluntario. Si la ejecución forzosa no se llevara a cabo en la oportunidad señalada, el Tribunal fijará, por auto expreso, una nueva oportunidad para su ejecución.
Para el cumplimiento voluntario, la Ley prevé un lapso de tres días y al cuarto día si no hay cumplimiento voluntario, debe ordenarse la ejecución forzosa de la sentencia. En el caso sub-judice, el Juez se aparta de lo contemplado en la norma y crea un mecanismo que no está previsto en la Ley, esto es, el llamado a una audiencia conciliatoria a los fines de que las partes logren un avenimiento en cuanto a la forma de dar cumplimiento a la sentencia, con la anuencia de ambas partes, quienes comparecieron a dichas audiencias.
Debe acotarse que aún cuando en fase de ejecución no se está contemplado la realización de audiencias conciliatorias, tampoco está prohibido, mas aún cuando en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se propugna la promoción del arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos, los cuales puede realizarse en cualquier estado del proceso.
Si se remite al contenido del artículo 525 del Código de Procedimiento Civil, se observa:
Las partes podrán de mutuo acuerdo que conste en autos, suspender la ejecución por un tiempo que determinarán con exactitud, así como también realizar actos de composición voluntaria con respecto al cumplimiento de la sentencia.
Vencido el término de la suspensión o incumplido el acuerdo, continuará la ejecución conforme lo previsto en este Título.
De lo anterior se extrae, la posibilidad contemplada en la norma, de suspender la ejecución de la sentencia o bien realizar actos de composición voluntaria para dar cumplimiento a la misma -lo cual se asemeja a las actuaciones realizadas en la Primera Instancia-, y una vez vencido el lapso de suspensión o incumplido el acuerdo se continuará el proceso de ejecución.
Aplicando lo anterior al presente caso, se obtiene que las partes se sometieron a un proceso conciliatorio, a los fines de dar cumplimiento a la sentencia, en el cual al no lograr acuerdo alguno, la parte accionada procedió a consignar la cantidad fijada previamente como pago definitivo.
Se constata que hubo una omisión de pronunciamiento por parte del Juez, por lo que debe determinar cuando comenzaría la ejecución forzosa en la presente causa.
Las normas generales en materia de ejecución de sentencias se rigen por un Principio (sic) conocido como Principio de Continuidad de Ejecución de la sentencia (sic), esto es que una vez comenzada su ejecución continuará de derecho sin interrupción, salvo las excepciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, referidas a la prescripción de la ejecutoria, al cumplimiento íntegro de la sentencia y en los supuestos previstos en el artículo 525 supra mencionados.
Las partes al someterse a un proceso conciliatorio en fase de ejecución, se apartaron de la normativa prevista en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, suspendiendo así la ejecución de la sentencia, con miras a lograr un arreglo para el cumplimiento de la condena determinado en Bs. F. 78.314,50, al no lograrse acuerdo alguno, debía darse continuidad a la ejecución, por lo cual el Juez debió ordenar o emitir auto de ejecución forzosa, lo cual no hizo toda vez que, la accionada consignó la cantidad determinada a pagar antes de que se decretara la ejecución forzosa, por lo que tal pago debe considerarse como voluntario, pues se verificó antes de haberse iniciado la ejecución forzosa no decretada por el Juzgado A Quo, lo cual trae como consecuencia la improcedencia de una nueva corrección monetaria sobre la cantidad de Bs.52.829.83 y los intereses de mora, dado que el pago ofrecido por la accionada debe entenderse como voluntario y no forzoso, toda vez que la corrección ordenada procedería sólo a partir de la ejecutoriedad del fallo, específicamente a partir del Decreto de Ejecución Forzosa, el cual nunca fue emitido por el Tribunal A Quo, dado el pago efectuado por la accionada al concluir la audiencia especial de conciliación. Y así se decide.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte accionada.
Queda en estos términos REVOCADA la decisión recurrida.
No hay condena en COSTAS, dada la naturaleza del fallo recurrido.
IV
DE LA COMPETENCIA
El artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le atribuye a esta Sala Constitucional, la potestad de revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica respectiva.
Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes, abarca fallos que hayan sido expedidos tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia, conforme al artículo 25, numeral 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como por los demás tribunales de la República, de acuerdo al artículo 25, numeral 10, eiusdem, pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.
Ahora, por cuanto fue propuesta ante esta Sala la solicitud de revisión de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, la cual se encuentra definitivamente firme, con fundamento en las anteriores consideraciones, esta Sala se declara competente para conocer de dicha solicitud. Así se declara.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinada la competencia, esta Sala pasa pronunciarse sobre la presente solicitud, y a tal efecto observa que:
La solicitud de revisión fue interpuesta contra sentencia dictada, el 02 de mayo de 2011, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en la cual se declaró con lugar la apelación interpuesta por la empresa demandada y se revocó el auto emanado del Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en el cual, en fase de ejecución ordenó realizar la experticia complementaria del fallo, a los fines de calcular nuevamente la corrección monetaria y calcular los intereses de mora.
En primer lugar, esta Sala observa que la presente solicitud de revisión se encuentra dirigida a denunciar que el referido Juzgado Superior, presuntamente, violó los derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva del ciudadano Pedro Miguel Peña Alayón, por cuanto, a su decir, el referido Órgano Jurisdiccional conoció de una apelación contra un auto dictado en fase de ejecución por el Tribunal Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el cual no era suceptible de apelación, y el mismo era de mero trámite, por tanto lo que hubiese procedido era su revocatoria por contrario imperio.
En tal sentido, esta Sala debe referirse a la apelación establecida en el artículo 186 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así en el texto de la norma señalada se establece:
Artículo 186. Contra las decisiones del Juez en la fase de ejecución, se admitirá recurso de apelación a un solo efecto, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir del acto que se impugna, la misma será decidida en forma oral e inmediata, previa audiencia de parte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, por el Tribunal Superior del Trabajo; contra dicho fallo no se admitirá recurso de casación.
La no comparecencia del recurrente a la audiencia se entenderá como el desistimiento que el mismo hace de la apelación.
Dicho artículo prevé la posibilidad de ejercer el recurso de apelación contra las decisiones del Juez de Ejecución que, a criterio del interesado, afecten o lesionen su situación jurídica por no ajustarse a derecho la decisión en cuestión. Se trata, entonces, de otorgar un mecanismo de protección a las partes -perdidoso o ganancioso-, en fase de ejecución, es decir, cuando el fallo ha quedado firme y el fondo del asunto ha sido decidido. De tal forma que el mismo sólo procede contra las decisiones dictadas por el Juez de Ejecución que sean propias de esta fase.
En consecuencia, esta Sala debe desestimar lo alegado por la parte solicitante en el sentido de que el auto dictado en fase de ejecución por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, no tenía apelación.
Asimismo, la parte solicitante argumentó que la sentencia cuya revisión se solicita viola el principio de la confianza legítima por cuanto a su decir, decidió contra lo ejecutoriado, modificándolo, al establecer que la Experticia solicitada para calcular la corrección monetaria y continuar calculando los interés de mora, solo era procedente a partir del decreto de ejecución forzosa del fallo.
Dentro de este contexto, a manera ilustrativa para el presente caso, la Sala considera pertinente indicar que la Sala de Casación Social de este máximo Tribunal ha establecido que la indexación y los intereses moratorios solo se producen una vez que se dicte el decreto de ejecución forzosa (Vid. sSCS, n.°1138, del 10 de julio de 2008; sSCS, n.° 2354, del 20 de noviembre de 2007; sSCS, n.° 2383, del 22 de noviembre de 2007, entre otras).
Ahora, en el presente caso, esta Sala pudo constatar de las actas que conforman el expediente, que estaba pendiente un proceso conciliatorio, el cual fue aceptado por la parte actora (hoy solicitante de la revisión), en el cual, después de dos oportunidades, la empresa demandada procedió voluntariamente a cancelar lo adeudado, lo que evidencia, tal y como lo señaló el Juzgado Superior, que el proceso estuvo suspendido por acuerdo de las partes y no era procedente iniciar la ejecución forzosa.
Así las cosas, de la lectura y análisis del fallo objeto de la solicitud de revisión constitucional, se evidencia que, en el presente caso, no se dan los supuestos necesarios para que esta Sala Constitucional pueda revisar una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, puesto que no considera que la sentencia impugnada haya violado principios jurídicos fundamentales insertos en texto Constitucional y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, delatados por la parte solicitante, quien no estableció la necesaria relación entre el hecho denunciado y la norma constitucional presuntamente violada.
Por otra parte, la Sala advierte que la parte solicitante no invocó algún criterio interpretativo de normas constitucionales que haya sido asentado por esta Sala Constitucional y que resulte expresamente infringido por la sentencia bajo examen; es decir, no señaló una interpretación establecida previamente por esta Sala que permita definir en concreto que la misma ha sido contrariada por la sentencia objeto de revisión.
Por el contrario, esta Sala observa que la parte solicitante lo que pretendió fue hacer uso de este especial medio constitucional para denunciar supuestos errores de juzgamiento como si se tratara de una tercera instancia, denotándose su inconformidad con el fallo bajo examen, el cual resultó contrario a sus intereses particulares, y constatándose su pretensión pecuniaria, lo cual no resulta el fin de la revisión (Ver sentencia n.° 1528, del 09 de noviembre de 2009, caso: Ilis Gutiérrez Escalona).
En consecuencia, esta Sala establece que el fallo objeto de revisión no versa sobre el control de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, ni contiene algún grotesco error de interpretación de alguna norma constitucional, ni se aparta ni obvia, expresa ni tácitamente, de alguna interpretación de la Constitución contenida en sentencias que hayan sido dictadas por esta Sala y tampoco se comprueba la violación a principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales que hayan sido suscritos y ratificados válidamente por la República; además, se advierte, que la revisión solicitada para nada contribuiría con la uniformidad en la interpretación de normas y principios constitucionales, por lo que se declara que no ha lugar a la misma; y así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide que NO HA LUGAR a la solicitud de revisión constitucional interpuesta por el abogado Francisco Ardiles, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano PEDRO MIGUEL PEÑA ALAYON, contra la decisión dictada el 02 de mayo de 2011 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo que declaró con lugar la apelación ejercida por la empresa demandada contra el auto que dicto en fase de ejecución, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 22 de marzo de 2011.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 17 días del mes de diciembre de dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Carmen Zuleta de Merchán
Arcadio Delgado Rosales
Juan José Mendoza Jover
Ponente
Gladys María Gutiérrez Alvarado
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp: N.° 12-0736
JJMJ/
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