Sentencia N.º 1763
- Sentencia
- N.º 1763
- Fecha
- 16/12/2013
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 13-0996
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 13-0996
El 29 de octubre de 2013, la ASOCIACIÓN CIVIL LÍNEA LIBRE LOS CEIBOS, inscrita por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Ayacucho del Estado Táchira, el día 8 de octubre de 1980, bajo el N° 7, tomo III, protocolo primero, representada judicialmente por los abogados Jesús Armando Colmenares Jiménez y Karina Lisset Casique Alviarez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 74.418 y 74.552 respectivamente, ejerció acción de amparo constitucional, conjuntamente con solicitud de medida cautelar, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 14 de agosto de 2013.
El 1° de noviembre de 2013, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Revisados los recaudos que acompañan a la presente solicitud, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la base de las siguientes consideraciones.
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
La parte accionante fundamentó la acción de amparo en base a las siguientes consideraciones:
Que contra la referida Asociación Civil, el 5 de agosto de 2011 ( ) se intentó Interdicto de Amparo a la Posesión, acción que fue admitida originalmente por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, por el ciudadano JUAN ARMANDO MARCOZZI PINEDA, en su condición de Administrador General de la Sociedad Mercantil Materiales Marcozzi, C.A..
Efectivamente, por auto de fecha 5 de agosto de 2011, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, decretó amparo a la posesión del querellante, ordenando a la querellada el cese de las perturbaciones en la posesión que ha mantenido la Sociedad Mercantil Materiales Marcozzi C.A. También se comisionó al Juzgado Especializado Ejecutor de Medidas de los Municipios Ayacucho, Michelena y Lobatera de esta Circunscripción Judicial del Estado Táchira para el cumplimiento de lo decretado.
Que el 10 de diciembre de 2012, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, dictó sentencia ( ) declarando sin lugar la acción intentada en contra de nuestra representada.
Que el 7 de enero de 2013, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira oyó la apelación planteada por el abogado de la parte querellante; y el 14 de agosto del mismo año, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, dictó sentencia en la cual declaro ( ) con lugar la apelación, revocando las sentencia recurrida y manteniendo el decreto de amparo a la posesión ( ).
Al respecto, denunció que la ( ) apelación como Recurso Ordinario del proceso eleva a la instancia de alzada el conocimiento del asunto en los mismos términos y condiciones en que lo conoció el de la cognición. Por ello, debe entenderse que el Superior queda con plena jurisdicción sobre el asunto discutido, pudiendo resolver el fondo desvinculado al pronunciamiento de la instancia inferior, pero sólo limitado respecto a la materia deferida por la apelación.
Que en el referido fallo, se concedió valor probatorio a un ( ) justificativo de testigos que corre inserto en los folios 7, 8 y 9 del anexo B, en el cual rindieron declaración los ciudadanos CRUZ GARDEL MORA MALDONADO, EDWIN ALFONSO LUNA CAICEDO y ERLYS DAVIS PIÑERO PEÑA, [el cual] nunca fue ratificado por los referidos declarantes, es decir, que solo fue promovido como documental que no fue ratificado y en consecuencia no fue debidamente controlado ni por las partes ni por el Juez de Primera Instancia, como muy bien lo plasma el referido Juez en la sentencia.
En tal sentido, alegó la violación de los derechos reconocidos en los artículos 20, 21, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Asimismo, denunció incompetencia constitucional, al señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ( ) procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.
Como medida cautelar solicitó ( ) la suspensión de los efectos de la sentencia dictada en fecha 14 de agosto de 2013, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, ya que de ejecutarse la misma es probable que se hiciera nugatoria la ejecución del mandamiento de amparo. Razón por la cual se solicita la suspensión de la ejecución del referido acto jurisdiccional hasta la resolución del presente amparo constitucional, así como la suspensión del trámite del expediente signado con el N° 18713, ( ) hasta tanto no conste las resultas de la presente acción.
Finalmente, solicitó (i) Se declare CON LUGAR la presente acción de amparo y como consecuencia de ello; (ii) ( ) La nulidad absoluta de la decisión dictada en fecha 14 de agosto de 2013, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira; (iii) Llamar ( ) la atención a la Jueza del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Doctora JEANNE USBETH FERNÁNDEZ DE ACOSTA en cuanto a la prudencia y correcta aplicación que de las normas que rigen nuestra estructura jurídica deben realizar, lo cual busca garantizar el estado de derecho de todos los ciudadanos de este país y no la interpretación a conveniencia, lo cual solo se consigue con el constante estudio y actualización profesional para lograr la majestuosidad de nuestro sistema de justicia; y (iv) Oficiar al Ministerio Público ( ) de la interposición de esta acción, pues los hechos narrados constituyen una flagrante violación a la Constitución y a la ley y en especial por revestir y tener consecuencias de carácter penal.
II
DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante fallo del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, del 14 de agosto de 2013, se declaró: (i) ( ) CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto ( ) contra la decisión dictada el 10 de diciembre de 2.012 por el Juzgado Tercero de Primera instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira; (ii) Se REVOCA la sentencia definitiva dictada el 10 de diciembre de 2.012 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira; (iii) CON LUGAR la demanda que por INTERDICTO DE AMPARO DE LA POSESIÓN incoara el ciudadano JUAN ARMANDO MARCOZZI PINEDA, en su carácter de Administrador General de la Sociedad Mercantil MATERIALES MARCOZZI C.A., contra la Asociación Civil LÍNEA LIBRE LOS CEIBOS. En consecuencia, SE MANTIENE el decreto de amparo a la posesión del querellante de fecha 5 de agosto de 2011 dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en el sentido que la Asociación Civil LÍNEA LIBRE LOS CEIBOS CESE las perturbaciones en la posesión que ha mantenido la sociedad mercantil MATERIALES MARCOZZI C.A., sobre un inmueble ubicado en la carrera 2 entre la carretera Panamericana y la calle 2 del Barrio Urdaneta, San Juan de Colón Municipio Ayacucho del estado Táchira; y (iv) No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo; señalándose para ello, lo siguiente:
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
El apelante en su debida oportunidad indicó:
quedó probado en las actas del expediente la perturbación de que es objeto en su posesión mi representada, especialmente en la inspección judicial practicada el día 06 de noviembre de 2.011, con el tribunal de la causa, en el sitio de la perturbación, donde el ciudadano juez pudo palpar directamente, con sus propios ojos, la misma, por parte de la Asociación Civil Línea Libre Los Ceibos, al pretender seguir funcionando en la acera perimetral del frente del galpón donde ejerce su actividad económica mi mandante, este tribunal puede constatar a los folios 113 al 128, las fotografías tomadas por el práctico que se hizo acompañar el tribunal, donde se ve claramente que esa parada está perturbando el normal funcionamiento del área de despacho, cuya prueba no fue valorada por el juzgador del tribunal a quo, donde quedó determinado que mi mandante, abrió dos (2) portones tipo Santamaría, para funcionar allí como área de despacho de mercancías a sus clientes, hecho este imposible de hacerse efectivo si los taxis de la querellada siguen funcionando en el sector donde están los portones, sector este que no concuerda con el que la Alcaldía dio visto bueno para la parada de dicha línea, tal y como consta al folio 184 de este expediente, donde reposa la autorización emitida por la Cámara del Concejo Municipal del Municipio Ayacucho ( ).
( ) lo que quiere decir que la Línea Libre los Ceibos , tiene otro sitio de parada el cual puede usar y está autorizada para usar en el área del Municipio Ayacucho y que por capricho de ésta, alegando posesión por x cantidad de años sobre un bien de uso público, como lo es la acera del frente del galpón donde funciona Materiales Marcozzi C.A., entorpeciendo el funcionamiento y desarrollo de dicha persona jurídica, quien está acreditada con un título de propiedad, más el ejercicio de la posesión legítima de dicho bien por parte de mi representada, lo que quiere decir, que la Asociación Civil Línea Libre Los Ceibos, cuenta con varias alternativas de trabajo o de libre ejercicio de su actividad para lo cual fue creada sin menoscabo de su actividad.
( ).
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA
1.-Documentales:
-. Justificativo de Testigos evacuado por ante la Notaría Pública de San Juan de Colón del Municipio Ayacucho del estado Táchira de fecha 02 de agosto de 2011, que adjunta con su querella (folios 05 al 09).
Aunque es una prueba extra litem, en el caso de los interdictos se le concede valor probatorio en cuanto que es uno de los presupuestos procesales cuya comprobación ab inicio por el Juez de Primera Instancia, sirvió para darle validez al acto introductivo de la instancia y tener convicción para decretar el amparo a la posesión del querellante.
Al respecto, cabe citar al procesalista Hernando Devis Echandía, en su obra Compendio de Derecho Procesal Civil, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial ABC, Bogotá- Colombia, 1985, cuando señala:
Ya hemos dicho que para la formación válida de la relación jurídico procesal se requiere, además de la demanda, la denuncia o la querella, que se cumplan ciertos requisitos indispensables para que aquellas sean atendidas por el juez y le impongan a este la obligación de hincar el proceso. Estos requisitos son conocidos como los presupuestos procesales.
Estos presupuestos determinan el nacimiento válido del proceso .
( ).
Esta Alzada para decidir observa:
En la sentencia apelada, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y otras materias de esta Circunscripción Judicial, cita el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil conforme al cual Quien encontrándose por más de un año en la posesión legítima de un inmueble, de un derecho real, o de una universalidad de muebles, es perturbado en ella, puede dentro del año, a contar desde la perturbación, pedir que se le mantenga en dicha posesión; norma en base a la cual considera que en el caso del interdicto de amparo a la posesión deben demostrarse las siguientes circunstancias:
1) Que el querellante sea poseedor legítimo, por más de un año, de un inmueble, de un derecho real o de una universalidad de muebles.
2) Que el poseedor haya sido contra su voluntad perturbado en el ejercicio de la posesión.
3) Que ejerza la acción dentro del año a contar de la perturbación.
En el caso sub examine, el a quo verificó con respecto a ser poseedor legítimo por más de un (1) año de un inmueble, que el querellante cumple con dicho requisito. Efectivamente esta Alzada pudo constatar de las instrumentales que corren en autos que la parte querellante es propietaria del terreno y de las mejoras que conforman la sede en que funciona Materiales Marcozzi C.A., desde hace más de diez (10) años y que ha venido ejerciendo actos posesorios tal compañía desde entonces.
En cuanto a que el poseedor debe haber sido perturbado contra su voluntad en el ejercicio de su posesión, el a quo consideró que no se demostró el ejercicio de actos perturbatorios contra el inmueble propiedad del querellante, quien pretendió arrogarse derechos sobre espacio de dominio público, es decir, pretende que el Estado le brinde protección a sus derechos para el desarrollo de una actividad económica, cuando el órgano con facultades expresas para regular tales usos, el Concejo Municipal de Ayacucho, otorgó el aval para el funcionamiento en dicho espacio de la parada de la querellada, por lo que mal pueden los socios (sic) de la precitada Asociación Civil estar perturbando posesión alguna, y máxime cuando se trata de un espacio de dominio público, por estar afectado por un servicio público.
Discrepa esta Alzada de la conclusión a la que llega el Juzgado de Primera Instancia, y considera quien decide, que incluso parte de un falso supuesto, pues en ninguna parte de la querella interdictal propuesta consta que el querellante pretenda arrogarse derechos sobre espacio de dominio público.
En el caso de autos debe hacerse una ponderación de los intereses de ambas partes. En efecto, la querellante demostró la propiedad, y posesión por más de un (1) año sobre el inmueble ya mencionado a lo largo de esta sentencia. Recordemos que conforme el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se garantiza el derecho de propiedad, y que toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes, es decir, que la propiedad lleva implícito el derecho de poseer, que es el ejercitar esos atributos atinentes al uso, goce y disfrute. Aunando a lo anterior, el artículo 112 de nuestra Carta Magna dispone que toda persona puede dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente y otras de interés social.
Por su parte, la Asociación Civil Línea Libre Los Ceibos, desde hace más de treinta (30) años cuenta con aval de la Alcaldía del Municipio Ayacucho para utilizar como parada el espacio público frente a uno de los linderos del inmueble de la querellante. Considera quien decide que se trata en todo caso de un derecho de uso, transitorio, por tiempo determinado e incluso revocable, según se desprende de las instrumentales anexas, porque precisamente se trata de un derecho sobre un espacio público no susceptible de apropiación de parte de los particulares.
Ahora bien, no se trata de quien fue primero en el desarrollo de sus actividades económicas, ni el hecho de que la parte querellada cuente con aval de la Alcaldía del Municipio Ayacucho impide que se produzcan actos perturbatorios. Del cúmulo probatorio corriente en este expediente, para esta operadora de justicia la parada o terminal de la parte querellada frente al inmueble de la parte querellante, ha sido una perturbación por cuanto obstaculiza la carga y descarga de materiales en ese acceso del inmueble, pues impide que los vehículos de carga puedan estacionarse allí. En tal sentido, en criterio de quien decide, ante las circunstancias expuestas que modificaron el sitio en el cual fue conferido aval por la Alcaldía del Municipio Ayacucho, esto es, ante la construcción del galpón y el acceso objeto de perturbación, se insta a la Asociación Civil Línea Libre Los Ceibos a acudir a la Alcaldía del Municipio Ayacucho del estado Táchira, y solicitar la reubicación del área a ocupar como terminal, incluso en una zona cercana.
Así las cosas, considera esta alzada que fueron evidenciados los actos perturbatorios y que la acción fue ejercida dentro del año a contar desde la perturbación, Y ASÍ SE RESUELVE.
Como corolario de lo anterior, deviene para esta Juzgadora la convicción de declarar CON LUGAR la Querella Interdictal de Amparo a la Posesión interpuesta por el ciudadano JUAN ARMANDO MARCOZZI PINEDA en su carácter de Administrador General de la Sociedad Mercantil MATERIALES MARCOZZI C.A., al haberse evidenciado los presupuestos concurrentes que prevé el artículo 782 del Código del Código Civil en anuencia con el artículo 700 del Código de Procedimiento Civil.
Por cuanto la parte querellada ha venido ejerciendo su derecho de uso con justo título, se exonera de costas, Y ASÍ SE RESUELVE.
III
DE LA COMPETENCIA
Con anterioridad a cualquier pronunciamiento, esta Sala debe determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional, para lo cual observa que, en virtud de lo establecido en el artículo 25, numeral 20, de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como lo señalado en la sentencia de esta Sala N° 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), le corresponde a esta Sala Constitucional conocer de las acciones de amparo en primera instancia contra decisiones u omisiones de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, las Cortes de Apelaciones en lo Penal y los Juzgados o Tribunales Superiores, salvo los Contenciosos Administrativos.
De esta manera, atendiendo a lo establecido en la ley y en la sentencia anteriormente señalada, y visto que la presente acción de amparo se ejerció, contra una decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resulta competente para conocer, en primera y única instancia constitucional, del amparo interpuesto. Así se declara.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinada la competencia, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción de amparo interpuesta y, al efecto, observa lo siguiente:
Luego del análisis de la pretensión de amparo interpuesta, la Sala encuentra que dicha pretensión cumple los requisitos que exigen los artículos 6 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.
Ahora bien, en el fallo accionado, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, del 14 de agosto de 2013, se declaró: (i) ( ) CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto ( ) contra la decisión dictada el 10 de diciembre de 2.012 por el Juzgado Tercero de Primera instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira; (ii) Se REVOCA la sentencia definitiva dictada el 10 de diciembre de 2.012 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira; (iii) CON LUGAR la demanda que por INTERDICTO DE AMPARO DE LA POSESIÓN incoara el ciudadano JUAN ARMANDO MARCOZZI PINEDA, en su carácter de Administrador General de la Sociedad Mercantil MATERIALES MARCOZZI C.A., contra la Asociación Civil LÍNEA LIBRE LOS CEIBOS. En consecuencia, SE MANTIENE el decreto de amparo a la posesión del querellante de fecha 5 de agosto de 2011 dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en el sentido que la Asociación Civil LÍNEA LIBRE LOS CEIBOS CESE las perturbaciones en la posesión que ha mantenido la sociedad mercantil MATERIALES MARCOZZI C.A., sobre un inmueble ubicado en la carrera 2 entre la carretera Panamericana y la calle 2 del Barrio Urdaneta, San Juan de Colón Municipio Ayacucho del estado Táchira; y (iv) No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.
Contra ello, la solicitante de amparo denunció la extralimitación del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, al resolver el fondo del asunto más allá de la materia deferida por la apelación.
Al respecto, aun cuando la Asociación Civil Línea Libre Los Ceibos, no se adhirió a la apelación formulada por la Sociedad Mercantil Materiales Marcozzi C.A., y por lo tanto la jurisdicción del juez de segunda instancia se encontraba limitada en los términos expuestos en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, el mismo se circunscribió a conocer del asunto planteado por la parte apelante, en el sentido que se encontraban cubiertos los presupuestos procesales para declarar con lugar el interdicto posesorio interpuesto.
Por otra parte, en cuanto a que en el referido fallo se concedió valor probatorio a un justificativo de testigos que no fue ratificado y en consecuencia no fue debidamente controlado por las partes, se observa que consta en el expediente el justificativo de testigos en cuestión, el cual fue planteado como sigue:
Yo, Juan Armando Marcozzi Pineda, venezolano, mayor de edad, soltero, hábil, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.103140, de este domicilio, ante Usted con la venia de estilo ocurro para exponer: A fines legales que me interesan, presento a los efectos legales en su debida oportunidad a los testigos de rigor para ser evacuados sobre las siguientes testimoniales a tenor de los siguientes particulares: Primero: Sobre Generales de Ley. Segundo: Si me conocen suficientemente de trato, vista y comunicación. Tercero: Si por ese conocimiento que de mi dicen tener saben y les consta que soy comerciante; que tengo mi actividad comercial establecida en un galpón ubicado en el Barrio Urdaneta de esta población en la carrera 2, con calle 3 y carretera Panamericana. Cuarto: Si saben y les consta que en varias oportunidades los taxistas de la Asociación Civil: Línea Los Ceibos, han querido atropellarme con sus unidades al salir de la parada que tienen ubicada frente al galpón de mi propiedad. Quinta: Si saben y les consta que la caseta que construyó dicha línea de taxis, al frente del galpón de mi propiedad y por pocos centímetros está separada de la misma pared de mi propiedad, me ha obstaculizado e impedido realizar dos puertas tipo Santamaría que dan hacia la calle, con la presencia de la Guardia Nacional. Sexta: Si saben y les consta que no he podido continuar realizando dicho trabajo de construcción de sendas puertas, luego de haber acordado verbalmente la mudanza de la zona de rayado de parada de taxis, para la acera del frente. Séptima: Si saben y les consta que dicha carrera 2 del Barrio Urdaneta con calle 3, a todas horas del día permanecen estacionados en ambos costados de la vía, las unidades de taxis pertenecientes a esa asociación civil Línea Los Ceibos. Evacuada que sea la presente; ruego se me devuelva original con sus resultas a la brevedad posible. Juro la urgencia del caso y pido se habilite el tiempo que sea necesario. Justicia que espero en San Juan de Colón a la fecha de su presentación.
De allí que, aunque efectivamente en la sentencia impugnada en amparo se afirma otorgar valor probatorio al referido justificativo de testigos, se estima que éste en nada influyó en la decisión tomada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, pues la posesión del galpón, la perturbación en el acceso al mismo y que la acción se ejerciera dentro del año de la perturbación fueron verificadas con otros medios de prueba, v. gr., copia del documento de compra venta debidamente protocolizado del inmueble sobre el cual funciona el galpón propiedad de la parte querellante o la inspección judicial practicada en el lugar de los acontecimientos por el Juzgado de la causa con apoyo de un práctico designado al efecto.
En virtud de los anteriores planteamientos, se observa que el fallo accionado fue dictado conforme a derecho, con arreglo a los hechos alegados y las pruebas aportadas por las partes, resultando pertinente acotar que el juez de amparo no puede intervenir en la valoración que realicen los jueces en el ejercicio de su autonomía, como actividad intelectual del juzgador que le permite analizar las actas procesales y ponderar las pruebas para emitir un pronunciamiento, lo que escapa del control de esta Sala, a menos que de ello derive una evidente y absoluta violación de algún derecho constitucional, que no se advierte en el caso de autos. Asimismo, aunque se encuentra involucrado un servicio de transporte ofrecido al público, esta Sala considera que no se trata de un proceso en el cual pudiera estar interesar el orden público.
Al respecto, en el fallo de esta Sala N° 1.834 del 9 de agosto de 2002 (caso: Rocío Eleonora Granados Uribe), se reiteró el criterio sobre la autonomía de los jueces en su actividad de administración de justicia, al establecer que:
(...) los jueces gozan de autonomía e independencia al decidir las causas sometidas a su conocimiento, de igual forma disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar. Dentro de este análisis, no puede por vía de amparo revisarse los fundamentos que motivan al Juez a dictar su decisión, a menos que tales criterios contravengan de manera flagrante derechos constitucionales de las partes ( ).
En el mismo sentido, reciente sentencia de esta Sala, N° 458 del 6 de mayo de 2013 (caso: Cooperativa Lifaveflogui III R.L.), en la que se precisó que:
( ) debe esta Sala reiterar su doctrina jurisprudencial respecto a la cual la actividad del juez constitucional no está dirigida a la revisión de los criterios de interpretación de normas de rango legal que hagan los jueces de instancia, ni del establecimiento de hechos a través del análisis del material probatorio que hubiese sido promovido por las partes en el proceso, es decir, que gozan de autonomía e independencia en su juzgamiento, a menos que, se insiste, se hubiese ocasionado una evidente violación a los derechos constitucionales del peticionario, lo cual, como se sostuvo y se evidenció, no ocurrió en el presente caso.
Por ello, juzga esta Sala que en el presente caso el órgano jurisdiccional presuntamente agraviante no abusó ni se extralimitó en su competencia, por lo cual no se configura la violación constitucional denunciada por la quejosa, en los términos del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en consecuencia, se declara improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional ejercida. Así se declara.
Finalmente, declarada la improcedencia in limine litis de la presente acción de amparo, resulta inoficioso pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada, en virtud de su carácter accesorio. Así se declara.
V
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la presente acción de amparo constitucional intentada por la Asociación Civil Línea Libre Los Ceibos, representada judicialmente por los abogados Jesús Armando Colmenares Jiménez y Karina Lisset Casique Alviarez, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 14 de agosto de 2013.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Remítase copia certificada del presente fallo al Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 16 días del mes de diciembre de dos mil trece (2013). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
El Vicepresidente,
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
Los Magistrados,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. Nº 13-0996
LEML/
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