Venley

Sentencia N.º 1766

Sentencia
N.º 1766
Fecha
16/12/2013
Sala
Constitucional
Expediente
13-1085
Ponente
Luisa Estella Morales Lamuño
Procedimiento
Acción de Amparo

 

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

Expediente Nº 13-1085

 

            El 14 de noviembre de 2013, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Oficio distinguido con el Nº 0530-290 del 8 de noviembre de 2013, por el cual se remitió el expediente Nº 7087, contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Luis Antonio Álvarez Rubio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 111.075, en carácter de representante judicial de la sociedad mercantil SEGUROS LOS ANDES, C.A., inscrita originalmente ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el 6 de febrero de 1956, bajo el Nº 74, Tomo 29-A, contra la sentencia dictada el 16 de abril de 2013, por el Tribunal Retasador del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

 

Dicha remisión se efectuó en virtud de la apelación interpuesta tempestivamente por la representación judicial de la parte presuntamente agraviada el 5 de noviembre de 2013, contra el fallo dictado por el ya mencionado Juzgado Superior, el 4 de del mismo mes y año, mediante el cual se declaró sin lugar la acción de amparo constitucional ejercida.

 

El 15 de noviembre de 2013, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

            Sostiene la representación judicial de la parte accionante que el 13 de mayo de 2013, constató que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Táchira, había decretado el cumplimiento voluntario, a pesar de que la decisión de retasa no fue dictada dentro del lapso previsto en la Ley del Ejercicio del Abogado, sino dentro de un plazo mayor de treinta días con posterioridad a la fecha solicitada por el ponente para presentar el proyecto, por lo cual, a su juicio era deber del Tribunal ordenar la notificación de las partes, independientemente que contra dicho fallo no existiera recurso legal alguno. Aduce además que el ponente depositó en el tribunal el proyecto de sentencia el 4 de marzo de 2013 y la Retasadora María Teresa Galiffa N., solicitó un plazo de diez días para la revisión del proyecto, conminándole inmediatamente la Juez del Juzgado unipersonal a presentar el voto salvado.

 

Que el 11 de abril de 2013, se levanta acta en la cual la Jueza retasadora María Teresa Galiffa N., consignó observaciones al proyecto de sentencia y consignó voto salvado el mismo día que se publicó la sentencia, respecto de lo cual se destaca que el lapso establecido en el artículo 29 de la Ley de Abogados se encontraba vencido.

 

Que a su “representada se le vulneraron los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica que contempla los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución, ya que los jueces retasadores apartándose de las atribuciones y facultades previstas en la Ley del Ejercicio del Abogado, actuaron fuera de su competencia procedieron a emitir en el fallo juicios de valor con respecto al juzgamiento de la causa principal, se adentraron en hacer análisis, cálculo de la indexación de los montos estimados por los abogados aforantes y violentando normativas legales fijaron un valor de conversión de cambio de nuestro signo monetario con respecto al dólar americano por encima de la tasa legal estatuida por el Banco Central de Venezuela para el año 2007, lo cual determinan, que el fallo dictado fue proferido por los retasadores desbordando los límites de la competencia funcional porque actuaron con extralimitación de su función jurisdiccional por Ley estaba circunscrita sólo a determinar el quantum de los honorarios profesionales, simple y llanamente retasándolos, pero se abrogaron una facultad que sólo le asistía juzgar y proveer al juez de mérito en la etapa cognoscitiva del proceso que en la sentencia sólo se pronunció sobre la procedencia al cobro de los honorarios aforados”.

Que los “abogados Alejandro Biaggini Montilla, Francisco Rodríguez Nieto, José Gerardo Chávez Carrillo, Mónica Rangel Valbuena y Jorge Isaac Jaimes Larrota, en representación del ciudadano Daniel Figueroa Merchán (…), interpusieron recurso de amparo constitucional, teniendo como fundamento de hecho la violación de sus garantías constitucionales, originadas de la comunicación de fecha 1 de octubre de 2007, suscrita por Seguros Los Andes con el objeto de cambiar las condiciones contractuales, específicamente la cobertura del Anexo de Enfermedades Críticas del contrato de seguro contenido de la póliza integral 02-02-12501-28-01”.

 

Que el amparo fue declarado con lugar, ordenando a su representada al cumplimiento de darle cobertura de los gastos de enfermedades críticas, la apelación fue conocida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente en el expediente N° 6131, quien dictó sentencia el 11 de febrero de 2008, en el cual “...Ordena a la sociedad Mercantil Seguros Los Andes C.A., que debe garantizarle al accionante Daniel Figueroa Merchán los servicios previsto en la póliza y el anexo de enfermedades crítica que forma parte de la misma, numerada 02-02- 12501-28001-00000001, a los fines de que el agraviado continúe recibiendo el servicio médico con cargo a su contrato de seguro, hasta tanto no medie sentencia judicial firme que resuelva las diferencias contractuales derivadas del contrato de celebrado entre las partes”.

 

Que las razones para acordar amparo constitucional, era que se siguiera sufragando los costos del siniestro y ordenó a las partes dirimir sus controversias ante la jurisdicción ordinaria. Afirma además que su representada sufragó la cantidad de Bs. 645.196,00, monto que consignó ante el tribunal a los fines de que el recurrente tramitara el otorgamiento y compra de divisas para el pago de los gastos incurridos en el extranjero.

 

Que posteriormente mediante demanda que se inició en el Juzgado Tercero de Primera Instancia y que luego conoció el Juzgado Cuarto de Primera Instancia ambos en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, los abogados demandantes, “contradiciendo lo previsto en reiterada jurisprudencia y doctrina patria que surgen de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 320, de fecha 4 de mayo de 2000, ratificada en sentencia 886 de fecha 9 de mayo de 2002 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y en sentencia N° 00869 del 14 de noviembre de 2006, aforaron honorarios estableciéndole una cuantía al recurso de amparo constitucional en la cantidad de Bs. 4.300.000,00 y bajo este insostenible argumento, respaldaron la estimación de honorarios que reclaman en condenatoria en la cantidad de Bs. 2.500.000,00”.

 

Que el juzgado de instancia dictó sentencia el 24 de septiembre de 2009, la cual fue apelada y modificada en sentencia del 25 de noviembre 2011 del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario de esta Circunscripción Judicial, expediente N° 2462, que fijó el monto de los honorarios profesionales demandados en la cantidad de dos millones quinientos mil bolívares (Bs. 2.500.000,00) salvo el derecho de retasa que tiene la parte demandada. Señala que en dicha sentencia se hizo valoración y pronunciamiento de la cuantía del recurso de amparo, su incidencia sobre el contrato, que no acordó y condenó la aplicación de la indexación, que con esa decisión se termina con la etapa cognoscitiva del procedimiento de aforo de honorarios, fijan un monto y establecen el derecho a la retasa.

 

Que en la sentencia impugnada, “la mayoría sentenciadora para sustentar el exorbitante y grotesco monto de honorarios condenado a pagar, actuando fuera de competencia jurisdiccional se abroga la capacidad de tratar, resolver y juzgar sobre hechos controvertidos en la fase declarativa del juicio de honorarios, emitió juicios de valoración jurídica sobre el contenido y alcance del contrato de seguro que fue objeto controvertido en el recurso de amparo del cual surge la condenatoria en costas; y analizó el alcance de la indexación”.

 

Que “la mayoría sentenciadora (…) pecó de extralimitación de funciones ya que se extendió a motivar y hacer un análisis declarativo de situaciones de hecho de derecho al determinar el contenido del alcance económico del contrato de seguros para fijar el valor económico de las consecuencias del recurso de amparo declarado con lugar, incluyo trayendo al proceso situaciones de derecho que no fueron ni siquiera analizadas y expuestas en el fallo de fecha 25/05/2011 dictado por el Juzgado Superior Cuarto, que culminó con la fase cognoscitiva del proceso de intimación de honorarios”.

 

 

Que la extralimitación en la función jurisdiccional la realizan al motivar el fallo haciendo juicios de valor, haciendo una interpretación para fijar un valor al recurso de amparo, que contraría lo establecido en la jurisprudencia patria y doctrinaria que señala que los recursos de amparo no tienen carácter patrimonial, situación que se evidencia cuando hacen un pronunciamiento de derecho al fijar el valor de una cuantía sobre criterios de interpretación del contenido y alcance del contrato de seguro, abrogándose una facultad que tenía el juez de mérito en la etapa cognoscitiva en la sentencia que se pronunció sobre la procedencia al cobro de los honorarios profesionales.

 

Alega que los jueces retasadores actúan fuera de su competencia e incurren en contradicción de motivos, ya que por una parte reconoce que el recurso de amparo no tiene cuantía, y por otra se confieren la facultad de fijar su estimación y además violentaron normas del orden público, en especial a los pronunciamientos referidos al valor de la conversión de la moneda nacional.

 

Solicita se declare que el fallo atacado por vía de amparo, y el tribunal de Jueces Retasadores incurrió en extralimitación de sus funciones al motivar el juicio sobre situaciones de hecho y circunstancias jurídicas sobre las que carecía de competencia para juzgar y valorar en la sentencia de retasa.

 

Como segunda denuncia planteó, la extralimitación de competencia derivada de la facultad abrogada por los jueces retasadores cuando en la parte motiva se hace un cálculo de la indexación de los honorarios aforados y sobre la estimación del valor de lo litigado en el recurso de amparo que dio origen a las costas procesales, ya que en la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario, Agrario y de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial del 25 de mayo de 2011, que causó cosa juzgada en el proceso, se aprecia que “en ninguno de sus dispositivos hubo pronunciamiento relativo a la indexación acordándola o negándola, aún cuando la parte actora lo había solicitado en su libelo de demanda, por lo cual debe entenderse que lo demandante se conformaron con la decisión por cuanto no ejercieron los recursos pertinentes, lo que creó estado de inmutabilidad que no da derecho a ventilar esta circunscripción dentro del proceso o mediante una nueva acción”.

 

Que en “la estructura del procedimiento de intimación de honorarios profesionales, una vez cumplida la fase declarativa y habiéndose acogido el intimado al derecho de retasa, se constituye el tribunal retasador con la función de los jueces en esta segunda fase del pronunciamiento limitado sólo a la cuantificación respecto al monto aforados” y el análisis de la indexación, la determinación de su procedencia o no, es una cuestión de mero derecho que le corresponde analizar y juzgar a los jueces en la fase declarativa o cognoscitiva del proceso, y que en la fase ejecutiva, sólo cuando se ha acordado ordenará su determinación mediante experticia complementaria.

 

Que los jueces retasadores en ningún caso, por ser jueces a quienes se les limita el conocimiento al hecho de cuantificar los montos aforados, carecen de competencia funcional para hacer pronunciamiento directo o indirecto sobre el alcance y efectos de la indexación, que es una cuestión o punto de mero derecho, que como tal debe ser discutido y controvertido en la fase declarativa y no se puede ordenar la ejecución sin que previamente se haya liquidado la cantidad que el condenado debe pagar.

 

Que se puede evidenciar del voto salvado en la sentencia adoptada por la mayoría del tribunal de retasa, en la parte motiva se trajo a colación la institución de la indexación, mediante subterfugios jurídicos aun cuando no hubo condenatoria expresa de ella, pero si se utilizó haciéndose análisis de la misma para darle una apariencia legal a los honorarios aforados por los demandantes como irrisorios frente a la cuantificación que le dieron a las costas procesales, que al entender de los jueces retasadores quedó delimitada en la relación entre el monto de los honorarios y la cuantía de la suma asegurada por enfermedades críticas tanto para el año 2007, en la que se desarrolló el recurso de amparo como a la fecha de la sentencia del 2013, es decir, se hizo una motivación incoherente, infundada que trastoca lo ilícito a los fines de justificar los honorarios condenados.

 

Que al asumir los jueces retasadores esta postura es evidente que hay un quebrantamiento de su actividad funcional que traspasa de los límites para los cuales fueron designados, ya que la función de los jueces retasadores es la de calificados expertos avaluadores de la labor cumplida por un abogado o abogados en determinado juicio, función que está limitada únicamente a determinar el quantum del valor de los servicios prestados, es decir, el monto de los honorarios, que de la sentencia dictada se desprende que hay una verdadera disquisición y juzgamiento de situaciones subyacentes al proceso de juzgamiento relativos al establecimiento de los efectos del contrato de seguro en el tiempo y las consecuencias financieras derivadas por la tardanza del juicio de honorarios y su incidencia en la depreciación del signo monetario, que incluso en un procedimiento ordinario daría lugar para atacar la actividad de juzgamiento del juez por errónea motivación, ultrapetita e incongruencia, por resolver más allá de lo pedido, sobre alegatos o defensas que no fueron parte del contradictorio y traer a colación hechos futuros.

 

Que “si bien se permite a los jueces retasadores motivar el fallo para expresar la razón del ajuste o cuantificación, no por ello, es menos cierto que dicha actividad de juzgamiento es limitada por lo cual, extender la motivación del fallo trastoca instituciones ajenas a su actividad que sólo deben ser resueltas por los jueces de mérito, como lo es analizar los efectos de los índices inflacionarios, elucubrando sobre hechos futuros del valor de la cobertura de la póliza al año 2013, aún cuando reconocen que el asegurado murió en el año 2008, haciendo cálculos aritméticos cuyo cálculo corresponde a una experticia, incluso contrariando postulados jurisprudenciales tomando como punto de referencia la fecha de la condenatoria en costas no desde la admisión de la demanda, realizando ecuaciones para fijar la conversión de la moneda nacional al dólar americano tomando una tasa inexistente para el año 2007, por lo que inequívocamente estamos ante una motivación contradictoria que se asemeja a la inmotivación absoluta, que constituye un elemento que coloca al procesado en estado de indefensión, es decir, se le merma su garantía procesal de conocer con exactitud y en forma ajustada a la Ley las razones por las cuales es sometido a la condena”.

 

Que “el error de juzgamiento incurrido por los retasadores al extralimitarse en su actividad, conlleva igualmente al quebrantamiento de la tutela judicial efectiva, ya que extendió su pronunciamiento sobre aspectos no propuestos en la solicitud de retasa, como el tema de la indexación y las costas procesales, incurriendo en incongruencia positiva, ya que tales aspectos no forman parte del ámbito de competencia del tribunal retasador”.

 

Que “al abrogarse el tribunal tratar sobre la indexación del monto fijado como honorarios de abogado y sobre sus incidencias en la cuantía y el contrato, cuando debió limitarse a pronunciarse sólo sobre los honorarios profesionales, quebrantando el equilibrio procesal y garantía del debido proceso y derecho a la defensa en igualdad de circunstancias para la partes intervinientes en el proceso, ya que al condenado al pago le está imponiendo una carga sobre la base de una apreciación subjetiva del cual no está facultado analizar”.

 

Que “los jueces retasadores (…) con el único fin de cimentar o justificar una extravagante valoración de honorarios, en evidente extralimitación de las funciones conferidas por la Ley, en abuso de su condición procedieron a emitir juicios de valor elucubrando sobre el alcance económico del recurso de amparo que dio origen a las costas aforadas, lo que coloca a su representada en estado de indefensión”, ya que la sentencia de retasa no tiene recurso.

 

Que se lesionan los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, porque transgrede “la cosa juzgada que se deriva de la sentencia el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente, Bancario y Agrario del 25/5/2011, en la cual en su parte motiva como dispositiva no se resuelve y dispone nada con respecto a la cuantía del recurso de amparo, ni de sus consecuencias jurídicas de la vida, vigencia y coberturas del contrato de seguros, por lo que resulta irrefutable que la decisión de retasa subvirtió el orden procesal, atentó contra el debido proceso, se abrogó la facultad de volver a conocer de la causa, para tener la facultad de fijar un exorbitante monto de lo discutido y así proceder a tasar los honorarios que acordó condenar a pagar”.

 

Que se le “lesiona la garantía constitucional a una tutela efectiva, consagrada en el artículo 26 de la Constitución (…), porque el Tribunal de retasa tenía como cometido efectuar la tasación definitiva o retasa de los honorarios estimados por los abogado (sic) intimantes, para ajustarlas conforme al ético saber y entender de los retasadores sobre la base de la orientación de las normativas del Código de Ética del Abogado”, que sin embargo, en este caso, se extralimitaron en sus funciones, estableciendo una cuantía de las costas sobre la base de proveerle valor económico a un recurso de amparo que por su naturaleza no lo tiene, y luego sobre la base de una cuantificación impropia e ilegal, justifican los honorarios que acordaron condenar en pago, por lo que evidentemente desacataron lo que la doctrina y constante jurisprudencia tradicional exige en lo que respecta a la observancia de los trámites esenciales del procedimiento.

 

 

Que la mayoría sentenciadora incurre en violación legal que trasciende al aspecto constitucional porque desacataron e incumplieron violentando el orden jerárquico y la seguridad jurídica, pues su función era la valoración de los actos cumplidos en el procedimiento por el intimante, con lo cual se violentó de forma directa los derechos constitucionales del demandado, al debido proceso ajustado a los preceptos legales, la tutela judicial efectiva, porque hay extralimitación jurisdiccional, al respecto al principio de legalidad de la forma de los actos y el respecto del principio de seguridad jurídica, establecidos en las disposiciones contenidas en los artículos 49, 26, 137 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Finalmente, se solicitó se declare con lugar la acción de amparo interpuesta.

 

 

II

DE LA SENTENCIA EN APELACIÓN

 

 

Mediante sentencia del 4 de noviembre de 2013, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta, sobre la base de las siguientes consideraciones:

 

“la garantía constitucional al debido proceso sólo puede resultar ser vulnerada por la actuación de un órgano jurisdiccional o de la autoridad administrativa, evidenciando este Juzgador que si bien es cierto, en la sentencia dictada por el Tribunal retasador se realizaron juicios de valor, como fue ponderar la devaluación de nuestro signo monetario. Sin embargo, en el presente caso no se hizo indexación porque el tribunal retasador no fijó el monto retasado y luego lo actualizó con arreglo a los índices sobre inflación del Banco Central. En rigor, la indexación se aplica cuando se profiere la sentencia de condena y al monto que resulte se le efectúa el ajuste por inflación, caso en el cual el tribunal retasador sí hubiese desbordado su ámbito de competencia funcional, porque acordar la indexación es competencia del tribunal unipersonal que conoció de la pretensión declarativa del derecho a cobrar los honorarios. Si lo hubiese acordado, el tribunal retasador al monto de BS 1.820.000,oo debía hacerle el ajuste por inflación. Se evidencia que, con todo y la consideración de la situación inflacionaria, lo cierto es que cuando realizan la tasación de las actuaciones efectuadas en la causa que da origen a los honorarios reclamados, toman como la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Circunscripción Judicial del estado Táchira, de fecha 25 de mayo de 2011, procediendo a rebajar actuaciones, algunas en un quince por ciento (15%) y otras, a las que denominan en la Sentencia actuaciones procedimentales, en un cincuenta por ciento (50%), por lo que el tribunal retasador no acordó la indexación. En consecuencia no incurrió la sentencia de los jueces retasadores en incongruencia positiva, no se encuentra afectada de inmotivación dicha sentencia y por ende no se vulneró el derecho a la defensa, debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva de la demandante en amparo. Así se decide.

La motivación en las sentencias de retasa, consiste en justificar y explicar desde el punto de vista de los parámetros fijados por el Código de Ética Profesional del Abogado, el valor que se le atribuye a las actuaciones profesionales por el abogado en el juicio, teniendo en cuenta que para determinar esta valoración, la metodología es la ponderación y no la subsunción, por cuanto los parámetros no son reglas con estructura hipotético-condicionales, resultando una motivación menos rígida. Y es que el tribunal retasador no juzga sobre los hechos y el derecho, al igual que los árbitros arbitradores o de equidad.

Este tribunal constató que el tribunal retasador sí motivó la decisión de retasa con arreglo a los parámetros establecidos en el artículo 40 del Código de Ética del Abogado, y uno de los parámetros que consideró, fue el de la inflación y la relación con la cuantía del contrato de seguro que se hizo valer a través del amparo, lo cual en opinión de este juzgador es válido porque permite arribar a una retasa justa y equitativa y no le está prohibido hacerlo, siendo más bien, uno de los parámetros más importantes. Y no es, -como afirma el solicitante- que al tribunal retasador se le permita motivar su sentencia, sino que es un deber. Y observa este tribunal, que el requisito de la motivación fue cumplido.

Y la motivación realizada, fue a los fines de explicar y justificar la decisión de retasa de los honorarios, no teniendo el más mínimo alcance sobre la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente, Bancario y Agrario, de fecha 25 de mayo de 2011, en la cual, en su parte motiva como dispositiva no se resuelve y dispone nada con respecto a la cuantía del recurso de amparo, ni de sus consecuencias jurídicas de la vida, vigencia y coberturas del contrato de seguros, las sentencias dictadas con anterioridad. Por ello tampoco tiene razón el demandante en amparo cuando plantea que se altera la cosa juzgada y se afecta el principio de seguridad jurídica. Así se decide.

La decisión del tribunal retasador se hizo dentro del marco la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente, Bancario y Agrario de fecha 25 de mayo de 2011; la suma que el tribunal retasador fijó por los honorarios es menor que la establecida en esa sentencia, y se hizo con arreglo a los parámetros que establece el Código de Ética del Abogado, así que era perfectamente previsible. Razón demás para negar que se haya violado el principio de seguridad jurídica. Así se decide.

El apoderado de la parte presuntamente agraviada expresamente señaló en la audiencia que no discutía el monto ordenado a pagar pero en su escrito de amparo se refiere a que los honorarios son grotescos, exorbitantes; dice que es un “monto extravagante”, y el propósito del amparo, no fue otro que recurrir de la decisión de los jueces retasadores, a la manera de un recurso ordinario de apelación, para atacar de esta forma, la cuantía fijada por la decisión del tribunal retasador. El trámite procesal para la designación, juramentación y funcionamiento del tribunal retasador estuvo ajustado a la ley, la parte contra quien obraba la sentencia que acordó el derecho a cobrar los honorarios nombró uno de los jueces retasadores, otro lo nombraron los abogados intimantes, y el tercero fue la jueza del tribunal uniperpersonal. Se seleccionó el ponente de la decisión, se debatió y se votó por mayoría. Y el retasador nombrado por Seguros los Andes presentó su votó salvado. Así que no hubo violación del debido proceso ni de la tutela judicial efectiva. Así se decide.

(…)

Al igual que en el presente caso, no existe elemento alguno que produzca la convicción de que los alegatos presentados por la parte accionante sobre lo decidido por los retasadores vulnere los derechos denunciados como vulnerados, como se ha constatado. Por lo tanto, se debe declarar sin lugar, como en efecto se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo. Y así se decide.”.

 

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Debe esta Sala, previamente determinar su competencia para conocer del asunto debatido y al efecto observa:

 

En virtud de lo dispuesto en la sentencia de esta Sala Nº 1/2000, caso: “Emery Mata Millán” y, a tenor de lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, resulta necesario reiterar que le corresponde a esta Sala Constitucional conocer las apelaciones de las sentencias provenientes de los Juzgados o Tribunales Superiores de la República, salvo los Contencioso Administrativos, en tanto su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en primera instancia, tal como lo establece el artículo 25.19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Por lo tanto, esta Sala observa que al tratarse de una acción de amparo constitucional cuyo conocimiento en primera instancia, correspondió al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el competente para conocer de la apelación, es esta Sala Constitucional de conformidad con el artículo 25.19 eiusdem. Así se decide.

 

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Ahora bien, esta Sala precisa que, tal como quedó asentado en sentencia No. 442 del 4 de abril de 2001, caso: Estación Los Pinos, habiéndose establecido en la ley un plazo de treinta (30) días para que el tribunal de alzada decida la apelación de la sentencia de amparo constitucional, este plazo debe considerarse como preclusivo para que las partes consignen cualquier escrito relacionado con la causa. En el presente caso, se puede evidenciar que la representación judicial de la parte accionante no consignó escrito de fundamentación de la apelación, por lo que esta Sala decidirá dicho recurso con base en los argumentos expuestos en la acción de amparo, la sentencia apelada y los elementos que cursan en autos. Así se decide.  

 

Respecto del fondo del asunto planteado esta Sala advierte que la acción de amparo constitucional interpuesta, cuestionó i.- Que “la mayoría sentenciadora para sustentar el exorbitante y grotesco monto de honorarios condenado a pagar, actuando fuera de competencia jurisdiccional se abroga la capacidad de tratar, resolver y juzgar sobre hechos controvertidos en la fase declarativa del juicio de honorarios, emitió juicios de valoración jurídica sobre el contenido y alcance del contrato de seguro que fue objeto controvertido en el recurso de amparo del cual surge la condenatoria en costas; y analizó el alcance de la indexación” y ii.- La extralimitación de competencia derivada de la facultad abrogada por los jueces retasadores cuando en la parte motiva se hace un cálculo de la indexación de los honorarios aforados y sobre la estimación del valor de lo litigado en el recurso de amparo que dio origen a las costas procesales, ya que en la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario, Agrario y de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial el Estado Táchira del 25 de mayo de 2011, que causó cosa juzgada en el proceso, se aprecia que “en ninguno de sus dispositivos hubo pronunciamiento relativo a la indexación acordándola o negándola, aún cuando la parte actora lo había solicitado en su libelo de demanda, por lo cual debe entenderse que lo demandante se conformaron con la decisión por cuanto no ejercieron los recursos pertinentes, lo que creó estado de inmutabilidad que no da derecho a ventilar esta circunscripción dentro del proceso o mediante una nueva acción”.

 

Por su parte, el a quo declaró sin lugar la acción de amparo, ya que a su juicio “La decisión del tribunal retasador se hizo dentro del marco la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente, Bancario y Agrario de fecha 25 de mayo de 2011; la suma que el tribunal retasador fijó por los honorarios es menor que la establecida en esa sentencia, y se hizo con arreglo a los parámetros que establece el Código de Ética del Abogado, así que era perfectamente previsible. Razón demás para negar que se haya violado el principio de seguridad jurídica”.

 

            Bajo tales circunstancias, cabe reiterar que en esta materia es aplicable el criterio sostenido por esta Sala en sentencia Nº 1206/10, en la cual se recopila la jurisprudencia relativa a la legitimación ad causam de los abogados para la incoación de una demanda que pretenda el cobro de honorarios profesionales a la parte que resultó condenada en costas, conforme a la cual:

 

“esta Sala Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades y, sobre el punto, tiene establecido que:

Las costas procesales están conformadas por dos rubros: 1) los honorarios de los apoderados de las partes que se benefician con la condenatoria en costas; y 2) los costos del proceso, los cuales a partir de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece en su artículo 26 la gratuidad de la justicia, y por tanto no son aplicables al proceso las normas sobre arancel judicial señaladas en la Ley de Arancel Judicial, han quedado reducidos básicamente a los emolumentos y honorarios de los auxiliares de justicia que no sean integrantes de cuerpos de funcionarios del Estado, previstos en las leyes como auxiliares de justicia profesionales.

Por lo regular los costos del proceso en las causas de amparo son mínimos, pero de existir, el juez del amparo en la sentencia los tasará, por mandato del artículo 35 de la Ley de Arancel Judicial, que prevé la tasación en el fallo de los procedimientos orales.

Con respecto a los honorarios de los apoderados (abogados) de la parte gananciosa, los cuales no pueden exceder del treinta por ciento del valor de lo litigado, esta Sala observa que con respecto a la condena en costas en los juicios de amparo, el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil no es aplicable, con la limitación mencionada del treinta por ciento (30%), por lo cual el que obtuvo la condenatoria favorable en costas, puede encontrarse en dos situaciones con respecto al rubro honorarios:

a) Que el accionante no utilice apoderado ni abogado asistente (artículo 23 de la Ley de Abogados), lo que es posible en los juicios de amparo dada la previsión del artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual permite que cualquier persona natural o jurídica interponga el amparo, sin exigir ni siquiera la asistencia de abogado.

Dada la urgencia del amparo, hasta el punto que se permite la instancia verbal (artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), exposición que el juez recoge en acta, y que el proceso no debe detenerse una vez se forme la relación procesal total, la disposición del artículo 4 de la Ley de Abogados no es aplicable, ya que el proceso de amparo no se va a detener por cinco días de despacho, para que el supuesto agraviante nombre dentro de ese plazo un abogado que lo represente.

Por igualdad procesal, si el accionante del amparo que no es abogado, no necesita de la asistencia obligatoria del profesional del derecho, el demandado tampoco tiene tal deber, y el que se defiende solo (como actor o demandado), no puede pretender se le cancelen honorarios de abogados, que no ha utilizado.

Solo si la parte involucrada en el proceso es un abogado, él podrá cobrar honorarios, si resultare con una condena en costas a su favor, ya que a pesar de que desplegó una actividad propia, ella a su vez fue profesional y mientras atendió su asunto, no pudo ejercer la profesión de abogado en otros casos que tuvieron lugar en la misma fecha y hora.

b) Que las partes se hicieron representar o fueron asistidos por abogados. Los honorarios de estos podrán cobrárseles al condenado en costas.

Estos honorarios, que van a ser cobrados a persona ajena a las partes del contrato de prestación de servicios profesionales que existe entre abogado y cliente, no pueden fundarse en dicho contrato, que a tenor del artículo 1166 del Código Civil ni lo beneficia, ni lo perjudica; y la forma de cálculo del monto de esos honorarios es la señalada en los artículos 39 y 40 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano de 3 de agosto de 1985. En especial se ponderarán las circunstancias del artículo 40 de dicho Código de Ética, aplicable a cualquier proceso en esta materia, por imperativo del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil.

Dada esta estimación fundada en las circunstancias del artículo 40 del Código de Ética Profesional, y siendo las costas propiedad de la parte beneficiada por la condena de su contraparte, considera esta Sala, que el procedimiento para el cobro al perdidoso en el juicio de amparo, no es el establecido en el artículo 23 de la Ley de Abogados, el cual como presupuesto para la intimación de honorarios, sólo exige que se tome en cuenta las anotaciones del valor de la actuación, que haga el abogado al margen de todo escrito o diligencia en que actúe, o la relación de estas actuaciones en diligencia o documento aparte, sin que el artículo 24 de la Ley de Abogados requiera se dé cumplimiento en alguna forma al artículo 40 del Código de Ética Profesional del Abogado.

Este procedimiento del artículo 23 de la Ley de Abogados está relacionado con el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, con su limitante de que el monto de la condena en costas, por honorarios profesionales, no puede rebasar el treinta por ciento (30%) del valor de la demanda que debe ser estimada por el actor. De allí que por más anotaciones o estimaciones que se hagan por concepto de honorarios, exagerados o no, la suma de los mismos siempre chocará con la valla del treinta por ciento (30%).

Pero en el caso de costas dentro de un proceso no estimable en dinero, esa valla no existe, y por ello el que pretenda el cobro de los honorarios, debe explicar conforme al artículo 40 del Código de Ética citado, las razones que tuvo para estimar esos honorarios, las cuales pueden ser discutidas por el deudor de las costas; y por ello es criterio de esta Sala, que tal cobro no pueda realizarse por el procedimiento de estimación e intimación, previsto en el artículo 23 de la Ley de Abogados, sino mediante una demanda donde el abogado previa conformación auténtica de la parte victoriosa, adaptándose al citado artículo 40 del Código de Ética Profesional del Abogado, explica las razones en que funda sus honorarios a fin que ellos puedan serle discutidos, procedimiento este que no lo contemplan los artículos 23 y 24 de la Ley de Abogados.

Por ello, quien pretende el cobro de estas costas del amparo, en base a un escrito circunstanciado sobre la razón de los honorarios y previa aprobación de su cliente, ventilará dicho cobro por el procedimiento establecido en el primer aparte del artículo 22 de la Ley de Abogados, a pesar que no se trate del cobro de honorarios por servicios extrajudiciales, el cual reza:

Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda.

El artículo 23 de la Ley de Abogados otorga una acción directa de cobro, en cabeza del abogado contra el condenado en costas, pero no siendo el artículo 23 citado, aplicable al caso, tal acción directa no existe, por lo que hay que acudir a otra vía, siendo la de mayor semejanza con la situación existente, la del primer aparte del artículo 22 de la Ley de Abogados’. Sentencia s. C. n.° 320/00

En otro veredicto de esta Sala (n.° 2.296/07) se señaló:

Al no haber casado el fallo recurrido, la Sala Accidental de Casación Penal dejó incólume la violación de los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso de la parte recurrente en casación, obviando el vicio de incongruencia positiva que había sido denunciado por ésta, fundamentando su decisión en criterios erróneos, como lo son el de que la falta de cualidad puede ser declarada de oficio por el Juez y que los abogados no tienen legitimación ad causam para ejercer una acción directa de cobro de sus honorarios contra la parte condenada en costas, lo cual juzga esta Sala contrario al derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Cfr. s.s.C. Nº 708/2001, del 10.05, caso: Juan Adolfo Guevara y otros) por lo que es procedente la revisión solicitada por infracción de normas constitucionales.

En efecto, el artículo 23 de la Ley de Abogados establece:

‘...Las costas pertenecen a la parte, quién pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta Ley...’. (Resaltado añadido)

Por su parte el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Abogados dispone:

‘...a los efectos del artículo 23 de la Ley se entenderá por obligado, la parte condenada en costas...’

De las normas transcritas se colige que los abogados tienen legitimación ad causam o cualidad para ejercer una acción directa para el cobro de honorarios a la parte perdidosa condenada en costas, lo cual ha sido reconocido por la jurisprudencia de forma casi pacífica y reiterada. Así, en sentencia del 15 de diciembre de 1994, dictada en el juicio de Jesús Alfredo Moreno La Cruz contra C.A. Electricidad de Caracas, expediente N° 93-672, la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, ratificada en sentencia de esa misma Sala RC-00282 de 31 de mayo de 2005, caso: José Leonardo Chirinos Goitía contra Seguros Canaima, C.A., expediente Nº 03-1040 (…)” (Destacado de esta Sala).

 

De las anteriores consideraciones, se desprende la improcedencia de los alegatos del accionante en torno a la imposibilidad de determinar el “alcance económico del recurso de amparo”, pero además debe indicarse al accionante que en los artículos 25 y 29 de la Ley de Abogados, se establece que el decreto y la decisión de la retasa de honorarios de abogado planteada en tiempo útil, lo hará el tribunal que esté conociendo del asunto, asociado con otras dos personas calificadas, nombradas una por cada parte, es decir que es un tribunal colegiado, integrado equitativamente con participación de las partes en conflicto, el competente para dictar la decisión. Las comentadas disposiciones encierran el espíritu de garantizar, en lo posible, la justeza de la decisión sin perjudicar la celeridad que se considera orientadora del procedimiento, concebido como de breve tramitación en favor del cobro de los honorarios por los abogados por el trabajo realizado. Siendo necesario apuntar que en cuanto a la retasa en sí, los jueces no aplican derecho, sino que conforme a su criterio sobre la justeza de los montos intimados, para lo cual se auxilian de parámetros señalados en el Código de Ética Profesional del Abogado, proceden a fijar montos.

 

De ello resulta pues, que respecto de la pretendida “extralimitación de competencia derivada de la facultad abrogada por los jueces retasadores cuando en la parte motiva se hace un cálculo de la indexación de los honorarios aforados y sobre la estimación del valor de lo litigado en el recurso de amparo que dio origen a las costas procesales”, debe reiterarse que “las desavenencias con los cuantums intimados, nunca serían cuestiones de derecho, sino de criterio valorativo, sobre el monto de los trabajos realizados por el abogado. Tal determinación -que no es de índole jurídica sino que obedece a juicios de valor- consideró el legislador que no era apelable porque el juez de la alzada no puede estar corrigiendo los juicios de valor de otros, con los suyos propios, los cuales serían tan cuestionables como los emitidos por los jueces de la primera instancia” (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 2.661/02), pero además, esta Sala comparte lo señalado por el a quo, en cuanto a que “el tribunal retasador sí motivó la decisión de retasa con arreglo a los parámetros establecidos en el artículo 40 del Código de Ética del Abogado, y uno de los parámetros que consideró, fue el de la inflación y la relación con la cuantía del contrato de seguro que se hizo valer a través del amparo, lo cual en opinión de este juzgador es válido porque permite arribar a una retasa justa y equitativa y no le está prohibido hacerlo, siendo más bien, uno de los parámetros más importantes. Y no es, -como afirma el solicitante- que al tribunal retasador se le permita motivar su sentencia, sino que es un deber. Y observa este tribunal, que el requisito de la motivación fue cumplido. Y la motivación realizada, fue a los fines de explicar y justificar la decisión de retasa de los honorarios, no teniendo el más mínimo alcance sobre la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente, Bancario y Agrario, de fecha 25 de mayo de 2011, en la cual, en su parte motiva como dispositiva no se resuelve y (sic) dispone nada con respecto a la cuantía del recurso de amparo, ni de sus consecuencias jurídicas de la vida, vigencia y coberturas del contrato de seguros, las sentencias dictadas con anterioridad”.

 

Así, en el caso sub júdice esta Sala advierte fundamentalmente la inconformidad de la parte accionante con la valoración realizada por el Tribunal Retasador del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, por lo que se considera necesario reiterar que el juez constitucional no puede intervenir en los juicios de valoración realizados por los jueces dentro su autonomía jurisdiccional a menos que de ésta se deriven lesiones a derechos constitucionales, lo que no se verifica en el caso de autos, dado que no existe elemento alguno que produzca la convicción de que los alegatos presentados por la parte accionante sobre el thema decidendum conduzcan a la violación de los derechos denunciados, ya que según se desprende de actas, la sentencia accionada se encuentra ajustada a derecho -así,   se verificó que sentencia del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira del 23 de septiembre de 2009, se declaró que los abogados intimantes “les asiste el derecho al cobro de honorarios profesionales”, todo ello como consecuencia de la declaratoria del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira del 11 de febrero de 2008, que declaró “CUARTO: Se condena en costas a la parte agraviante, SEGUROS LOS ANDES C.A, por haber resultado vencida, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 eiusdem, quedando a salvo las acciones a que pudiere haber lugar”, siendo que el trámite para el cobro se realizó por el procedimiento establecido en el primer aparte del artículo 22 de la Ley de Abogados, el cual admite la posibilidad que parte demandada pueda acogerse al derecho de retasa, tal como se verifico en el presente caso, aunado a que la parte apelante se acogió mediante diligencia al derecho de retasa, con lo cual aceptan o no cuestionan el derecho al cobro de los honorarios profesionales sino el quantum de los mismos (Cfr. A. Rangel Romberg, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, V. II, p. 515) y sentencia de esta Sala del 25 de octubre de 2002, caso: “Thais Gloria Molina Casanova”-.

 

Todo ello aunado, a que no consta en autos que la actuación del tribunal señalado como presunto agraviante configure alguno de los supuestos de incompetencia, abuso de autoridad y extralimitación de funciones, previstos en el referido artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al dictar la sentencia accionada que presuntamente causó la lesión de los derechos constitucionales denunciados. Así se declara.

 

Conforme a las anteriores consideraciones, esta Sala declara sin lugar la apelación y confirma la sentencia del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira del 4 de noviembre de 2013, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR la apelación interpuesta, y en consecuencia, CONFIRMA la sentencia del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira del 4 de noviembre de 2013, que declaró SIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Luis Antonio Álvarez Rubio, en carácter de representante judicial de la sociedad mercantil SEGUROS LOS ANDES, C.A., ya identificados, contra la sentencia dictada el 16 de abril de 2013, por el Tribunal Retasador del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Déjese copia de la presente decisión.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 16 días del mes de diciembre de dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO                    

              El Vicepresidente,

 

 

 

  JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

Los Magistrados,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                           Ponente

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp. Nº AA50-T-2013-1085

LEML/

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