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SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.
Consta en autos que, el 24 de abril de 2001, los ciudadanos JUAN BAUTISTA GUERRA FARÍAS, TOMÁS ANTONIO VELÁSQUEZ CHACÍN, IGINIO RAFAEL ENRÍQUEZ, RAIMUNDO LONGINO ARÉVALO, CLEMENTE CADAMO, ESTEBAN CELESTINO SILVA, RAMÓN ANTONIO BELLO SOTO, JOSÉ NICANOR SAMBRANO BLANCA, ELEAZAR ANTONIO ALMERIDA MARTINEZ, FELIX JOSÉ CHINA CAMPOS, DAVID SALVADOR PEREZ, JOSE RAFAEL AREVALO PUCHETE, MARIBEL DEL VALLE GUERRA BELLORIN, SANTIAGO ANTONIO TOVAR, RAMON ANTONIO ARAY RIVERO, JUAN RAFAEL COLON, JOSE ANGEL GUAIMA, JOSE FELIPE RODRIGUEZ, PABLO JACINTO BRIZUELA ALMERIDA, JOSE NICOLAS PEREZ CAMPOS, PRESILLA ANTONIO YGALEZA, ISMAEL JOSE RONDON TABATA, MARGARITO ANTONIO DIAZ, ESTEBAN RAMON LOPEZ, PEDRO JOSE ARREAZA ARAGUANEY, MIGUEL OCTAVIO TREMARIA ALMEA, FLORENCIO ANTONIO GONZALEZ, ENRIQUE GUARAMATA, LUIS ANTONIO CARMONA AULAR, FRANCISCO ANTONIO BRUCES, NICOLAS RAFAEL GUAREMA, TRINO JOSÉ TREMARIA PEREZ, PEDRO DE JESUS SIFONTES, JULIO CESAR SÁNCHEZ, MARISOL JOSEFINA GUERRA BELLORIN, PILAR RAFAEL TORRES SUBERO, BARTOLO DE JESUS PINTO, BARTOLO DE JESUS MAESTRE ALMERIDA, PAUL BOETT, JUAN DOMINGO MARTINEZ GUZMAN y JUAN BAUTISTA HERNANDEZ, titulares de las cédulas de identidad nos 3.627.349, 2.745.711, 1.197.359, 1.199.543, 5.993.507, 1.150.630, 4.914.684, 1.159.708, 4.510.876, 2.421.910, 5.995.308, 5.981.303, 9.820.970, 5.448.546, 4.901.722, 2.422.506, 4.903.502, 1.156.276, 4.220.077, 5.485.740, 9.075.162, 3.440.273, 5.492.323, 4.005.547, 9.076.025, 8.498.695, 1.184.396, 499.083, 3.050.218, 5.486.583, 2.424.119, 500.694, 3.686.571, 12.968.751, 11.001.015, 4.506.627, 8.468.829, 8.300.036, 992.188, 8.468.998 y 5.487.420, respectivamente, representados por la abogada Celeste del Valle Ladera, inscrita en el Inpreabogado bajo el nº 51.378, intentaron, ante el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, amparo constitucional contra el auto que dictó, el 22 de enero de 2001, el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la misma Circunscripción Judicial, a causa de la presunta violación de sus derechos a cobrar sus prestaciones sociales, al debido proceso, a obtener una justicia imparcial sin dilaciones indebidas y a la protección a las acreencias privilegiadas y exigibles derivadas de la relación de trabajo, con fundamento en los artículos 49, cardinal 8, 26, 27 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El 3 de mayo de 2001, el Juzgado Superior Primero Agrario del Área Metropolitana de Caracas juzgó sobre la pretensión interpuesta y la declaró parcialmente con lugar.
El 9 de ese mismo mes y año, la ciudadana Carmen Olivia Navarro, en su carácter de Juez del Juzgado de Primera Instancia Agraria del Área Metropolitana de Caracas, recurrió en apelación, contra la sentencia del citado Tribunal, para ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional. De igual modo, ese mismo día, el abogado Andrés Eloy Hernández Sandoval, en su carácter de apoderado de Corp Banca C.A., Banco Universal, apeló del identificado fallo.
Recibido el expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 23 de mayo de 2001 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
I
DE LA CAUSA
El 25 de abril de 2001, el Tribunal de la causa admitió la pretensión de amparo intentada, el 24 de abril de 2001, contra la sentencia dictada el 22 de enero de 2001, por el Juzgado de Primera Instancia Agraria del Área Metropolitana de Caracas.
Luego de notificadas las partes, tuvo lugar la audiencia constitucional y, por sentencia del 4 de mayo de 2001, se declaró parcialmente con lugar el amparo interpuesto.
El 9 de mayo de 2001, la ciudadana Carmen Olivia Navarro, en su carácter de Juez del Juzgado de Primera Instancia Agraria del Área Metropolitana de Caracas y el abogado Andrés Eloy Hernández Sandoval, en su carácter de apoderado de Corp Banca C.A., Banco Universal, apelaron ,contra la citada sentencia, para ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional.
El 17 de mayo de 2001, se oyeron las apelaciones y se ordenó remitir el expediente a la Sala Constitucional del supremo Tribunal.
El 27 de junio de 201, Corp Banca C.A., Banco Universal fundamentó, mediante escrito, su apelación.
DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA
1. Alegó:
1.1 Que son trabajadores del Frigorífico Industrial de Oriente C.A. (FIOCA) y de la Distribuidora Unare C.A. (DUNACA), compañías que fueron demandadas en ejecución de hipoteca en su condición de garantes de Inversiones e Insumos Agropecuarios C.A. (INVERSAGROP, C.A.), deudora principal en el juicio de ejecución de hipoteca intentado por Corp Banca C.A. ante el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
1.2 Que las sociedades demandadas, en su condición de garantes de la obligación principal, son a la vez deudoras de ellos, por cuanto, en sus caracteres de trabajadores, son terceros que tienen créditos privilegiados por cobro de sus prestaciones sociales que fueron objeto de juicios ya decididos a su favor, según lo disponen la Ley Orgánica del Trabajo, el Código Civil y el artículo 92 de la Constitución.
1.3 Que el juicio por ejecución de hipoteca terminó, el 9 de julio de 1999, con una transacción que habrían suscrito los apoderados de las partes. Que esa transacción sería nula, pues el apoderado de Corp Banca, no tendría facultad para transigir.
1.4 Que, el 21 de diciembre de 1990, se hicieron parte en el juicio por ejecución de hipoteca, mediante una tercería, para que se les reconociera su derecho de acreedores privilegiados y se les pagaran sus prestaciones sociales. Que dicha tercería fue declarada inadmisible y, por ello, apelaron de esa decisión, la cual, luego de varias incidencias, está en estado de sentencia en el tribunal de alzada.
1.5 Que, librado el cartel de remate, se opusieron al embargo basados en que la eventual adjudicación de todos los bienes de las ejecutadas haría nugatorio el cobro de sus prestaciones sociales, pero la oposición fue declarada improcedente.
1.6 Que la sentencia impugnada omitió pronunciarse sobre sus legítimos pedimentos relativos a la oposición al remate de los bienes propiedad de las compañías ejecutadas.
1.7 Que debido a que la tercería fue declarada inadmisible y la oposición fue desestimada, se intentó un recurso de apelación que no fue oído libremente, por lo cual hubo que ejercer un recurso de hecho. Que tales recursos no se pueden considerar como idóneos para obtener el restablecimiento de la situación jurídica infringida.
1.8 Que la Juez Carmen Oliva Navarro debería suspender el acto de remate ordenado por auto de fecha 22 de Enero de 2001, hasta tanto se decida el recurso de hecho interpuesto por el accionante y que actualmente cursa por ante la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia; ya que de ratificarse la decisión de E(sa) Alzada que ordena al Tribunal de Primera Instancia Agraria oír en ambos efectos (su) apelación, produciría en consecuencia la inmediata remisión del expediente a es(ta) Superioridad. Asimismo de ser declarada con lugar la Tercería que oportunamente apela(ron) y que se encuentra en estado de sentencia en e(sa) Alzada desde el día 19 de Marzo de 2001, produciría efectos jurídicos a favor de (sus) representados y no se les haría nugatorio su derecho si los bienes a rematar fueren adjudicados a terceros o al mismo ejecutante ya que estos bienes embargados objeto del remate constituyen la única garantía de obtener la satisfacción de sus acreencias laborales, por cuanto estas empresas ejecutadas no cuentan con más activos que los que pretende rematarse.
2. Denunció:
2.1 Que
...la conducta omisiva de la ciudadana Juez de Primera Instancia Agraria Carmen Olivia Navarro al no pronunciarse oportunamente sobre la oposición al embargo, por cuanto tal abstención lesiona los derechos constitucionales de (sus) representados al debido proceso, derecho a la defensa, a una justicia oportuna, expedita y sin dilaciones indebidas, así como el de la exigibilidad inmediata de sus créditos laborales de conformidad con los Artículos 49 Numeral 8vo, 26, 27, 92 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; siendo evidente detener judicialmente la decisión contenida en el auto de fecha 22 de Enero de 2001, emitido por el Juzgado tantas veces mencionado, que ordena librar cartel de remate, con el fin de llevar a cavo (sic) el remate de todos los bienes de las deudoras de (sus) representados, ya que de efectuarse el mismo, se violaría en forma flagrante los derechos constitucionales de los trabajadores-terceristas que represent(a),...
3. Pidió:
(Que) se considere procedente y se declare el amparo solicitado, con la inmediata restitución de la situación jurídica infringida y demás pronunciamientos de Ley.
Igualmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, solicitaron se ordene paralizar el acto de remate.
III
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
Visto que, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala se declaró competente para conocer de los recursos de apelación y consultas que se ejerzan contra las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y visto que, en el caso de autos, los recursos de apelación fueron ejercidos contra la sentencia dictada, en materia de amparo constitucional, por el Juzgado Superior Primero Agrario del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala se declara competente para conocer de los recursos en referencia. Así se decide.
IV
DE LA SENTENCIA RECURRIDA EN APELACIÓN
El juez de la recurrida decidió sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:
PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la presente Acción de Amparo Constitucional (...)
SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior, se ordena el restablecimiento de la situación jurídica infringida, anulando el auto de fecha 22 de Enero de 2.001, en el entendido que el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, deberá modificar dicho auto de fecha 22 de Enero de 2.001 y excluyendo del acto de remate del juicio principal, bienes muebles suficientes hasta cubrir la cantidad de Doscientos Veinte Millones de Bolívares (Bs. 220.000.000,00), a los fines de resguardar los intereses de los trabajadores en el juicio que cursa por ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, bajo el Nº 5507 por concepto de cobro de prestaciones sociales, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 89 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
TERCERO: En relación a la acción de Amparo Constitucional ejercida en contra del retardo u omisión de la Juez Titular del Juzgado presunto agraviante, Dra. CARMEN OLIVIA NAVARRO, de pronunciarse oportunamente sobre la oposición al embargo interpuesto por la ciudadana abogada Celeste del V. Ladera M, actuando en su carácter acreditado en autos en fecha 28 de Marzo de 2.001, la cual fuera declarada Improcedente por el mismo Juzgado en fecha 10 de Abril de 2.001, la misma se declara inadmisible, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º (sic) del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al haber cesado al momento de la interposición de la presente acción, la presunta violación constitucional.
CUARTO: No se hace especial condenatoria en costas dada la naturaleza del presente Fallo.
El juez de la recurrida constató que cursaba en autos copia certificada del oficio nº 000058 de fecha 15 de enero de 2000, emanado del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en el que se comunicaba lo siguiente:
A los fines legales consiguientes y por auto de ésta (sic) misma fecha, dictado en el expediente N° 5507 contentivo del juicio de trabajo seguido por DAVID SALVADOR PEREZ, JOSE RAFAEL ARÉVALO PUCHETE, MARIBEL DEL VALLE GUERRA VELLORÍ Y OTROS contra la empresa FRIGORÍFICO INDUSTRIAL ORIENTE C.A. participo a usted, que éste Tribunal decretó providencia cautelar innominada en contra de la empresa demandada FRIGORÍFICO INDUSTRIAL ORIENTE C.A. (FIOCA), por lo cual se ordenó oficiarle lo conducente a objeto de que excluya del remate pautado en el juicio de ejecución de hipoteca signado con el expediente N° 98-2685, llevado por ese Tribunal contra la referida empresa, bienes muebles suficientes y propiedad de la demandada FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DE ORIENTE C.A., hasta por la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 220.000.000,oo), a los fines de resguardar los intereses de los trabajadores en el juicio que cursa por ante éste Tribunal bajo el N° 5507 por concepto de cobro de prestaciones sociales, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 89 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 588 del Parágrafo Primero del Código de Procedimiento Civil... (sic)
El Juez de la recurrida concluyó que el citado oficio se encontraba vigente, dado que no se evidenciaba que se hubiera ejercido recurso alguno contra el mismo; por tanto consideró que el tribunal de la causa, al haber ordenado el remate de los bienes embargados, se extralimitó en sus funciones jurisdiccionales, ... lo cual trastoca el principio constitucional de una tutela judicial efectiva, pues existiendo una medida innominada no podrían hacerla efectiva al no poder obtener sus acreencias laborales, al no existir bienes patrimoniales de las empresas ejecutadas y obligadas con los trabajadores al efectuarse el remate total de los mismos, razón por la cual declaró procedente la pretensión de amparo y anuló el auto que ordenó librar el cartel de remate y, en restablecimiento de la situación jurídica infringida, ordenó la publicación de un nuevo cartel de remate con la mención de que bienes de la codemandada Frigorífico Industrial de Oriente C.A. (FIOCA), por la cantidad de doscientos veinte millones de bolívares (Bs. 220.000.000,00), quedaban excluidos para no hacer nugatorios los derechos de los trabajadores de cobrar sus prestaciones sociales.
Luego de decidir lo anterior, el Juez de la recurrida desestimó el alegato formulado por el apoderado de Corp Banca C.A. sobre la transacción realizada por las partes, pues no era un hecho controvertido.
De igual forma, desestimó la solicitud de que se negara el amparo basada en que no se habrían acompañado copias certificadas, señalando que en la audiencia constitucional se consignaron tales copias certificadas.
Por último, desestimó el alegato de que se rechazara el amparo debido a que no se habrían denunciado vicios de incompetencia y extralimitación de funciones, sino simplemente trastocamiento del orden jurídico, indicando que había quedado demostrado que sí hubo una extralimitación de poder del Juez cuando desconoció una medida cautelar que protegía a los trabajadores.
ESCRITO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL TERCERO INTERESADO
Los abogados Andrés Eloy Hernández Sandoval y Luis Bouquet León, inscritos en el Inpreabogado bajo los nos 2.836 y 1.105, respectivamente, en su carácter de apoderados de Corp Banca C.A., presentaron escrito en el que fundamentaron su apelación de la siguiente manera:
1. Que su representada intentó un juicio, por ejecución de hipoteca, que terminó con una transacción y que está en fase de remate para cobrar el crédito privilegiado que tiene a su favor.
2. Que dicho crédito está garantizado con una hipoteca especial, convencional de primer grado sobre un inmueble, cuyo privilegio está por sobre el presunto privilegio alegado por los solicitantes, toda vez que, alegaron, el artículo 160 de la Ley Orgánica del Trabajo que establece el privilegio que tienen los trabajadores sobre los bienes inmuebles propiedad del patrono, exceptúa los gravámenes hipotecarios que existan sobre el inmueble.
3. Que el tribunal de la causa del juicio de ejecución de hipoteca negó la tercería presentada por los trabajadores, por cuanto la misma no llenaba los extremos exigidos en los artículos 370 y 376 del Código de Procedimiento Civil. Que esa negativa de admitir la demanda de tercería fue apelada y no ha sido decidida por el Juzgado Superior Agrario del Distrito Federal.
4. Que, posteriormente, los trabajadores intentaron un juicio por cobro de prestaciones sociales contra Frigorífico Industrial de Oriente C.A. (FIOCA), en el que lograron una medida cautelar en el sentido de que se excluyeran del remate bienes muebles suficientes hasta por la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 220.000.000,00) propiedad de la empresa FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DE ORIENTE C.A. (FIOCA).
5. Que, por cuanto la Juez titular del Juzgado que debía llevar a cabo el remate se encontraba de permiso, se incorporó una Conjuez y dictó un auto en el que indicó que: a los fines de no cercenar el derecho de las partes involucradas en el proceso, se deja transcurrir íntegramente el lapso de tres (3) días de Despacho, para que puedan ejercer el recurso de recusación si fuere el caso. Que esa decisión le confirió carácter de parte a los sedicentes terceristas, a quienes se les había declarado inadmisible su acción de amparo y que habían apelado de dicha decisión, le ha causado un grave daño a (su) mandante, a partir de esa fecha, los sedicentes terceristas solicitantes del amparo constitucional, han mantenido una actitud ilegal de perturbación para tratar de impedir que (su) patrocinada pueda ejercer su derecho legítimo de ejecución, que sin duda alguna le dimana de las normas contenidas en los Artículos 26, 49, 253, segundo aparte y 257 de la Constitución Nacional vigente, en concordancia con los Artículos 15, 523 y siguientes contenidos en el Título IV, DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, del Código de Procedimiento Civil.
6. Que la sentencia apelada no hizo ninguna mención a la defensa del incumplimiento de los demandantes del principio de residualidad como requisito o condición de admisibilidad de la acción de amparo contra decisiones judiciales y esa omisión constituiría una violación al principio de exhaustividad y al derecho a la defensa y viciaría de nulidad a la sentencia.
7. Que, al no haber cumplido los demandantes en amparo con la carga de la prueba del principio de la residualidad, el amparo es improcedente e inadmisible.
8. Que es improcedente, por inconstitucional, que el Juzgador del Amparo se haya extralimitado en sus funciones en la sentencia apelada para declarar con lugar la solicitud de amparo, con fundamento en la medida innominada decretada por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.
9. Que ...es evidente, que el fundamento de la decisión de amparo es inexistente, porque al declarar sin lugar la tercería con respecto de los beneficiarios de la medida innominada, ¿cómo pudo haber violación de los derechos constitucionales con fundamento en esa medida innominada, si los beneficiarios de ella no son terceristas y no son titulares de tales derechos constitucionales?, indudablemente que no existió tal violación de esos derechos constitucionales.
10. Que su representada ha estado sometida a una especie de terrorismo judicial, desde hace varios meses, mediante alegatos improcedentes y sin fundamento legal que culminaron con el presente amparo, con el que se pretende la vulneración de sus legítimos derechos a tener acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus intereses y a la tutela judicial efectiva, para obtener con prontitud la decisión correspondiente, por parte de terceras personas que no tendrían cualidad ni capacidad para actuar en el proceso contenido en el expediente Nº 98-2685.
Solicitaron que se declare con lugar la apelación que interpuso, se revoque el fallo apelado y se declare inadmisible el amparo intentado.
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
1. Para decidir la presente apelación, la Sala comienza por analizar la intervención, en esta Alzada, de Corp Banca C.A. como tercero opositor.
Para ello, observa que la citada sociedad mercantil tiene interés directo en las resultas del amparo de autos, toda vez que ella fue quien intentó el juicio de ejecución de hipoteca que originó la interposición del presente amparo. Por tanto, lo decidido en el amparo pudiera incidir en el juicio llevado por el tercero opositor y, de allí, deriva el interés necesario para actuar en este juicio de tutela constitucional, conforme a lo establecido en el artículo 370, cardinal 3, del Código de Procedimiento Civil, aplicable con base en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.
2. En cuanto al fondo de la controversia, la Sala observa que los demandantes son un grupo de trabajadores de unas sociedades mercantiles que se constituyeron como garantes hipotecarios de la obligación asumida por la deudora, con ocasión de un crédito otorgado por el tercero opositor, Corp Banca C.A., cuya pretensión es que se les garantice el pago de un crédito por concepto de prestaciones sociales, que califican de privilegiado, del cual, en su criterio, son acreedores.
En este orden de ideas, se desprende de la propia solicitud de amparo que los trabajadores, para lograr el efectivo cobro de sus prestaciones sociales, basados en el temor de que los bienes propiedad de las compañías para las cuales prestan sus servicios fueran ejecutados, intentaron una tercería en el juicio por ejecución de hipoteca e, igualmente, una vez librado el cartel de remate en dicho juicio, se opusieron al acto de remate, incidencias que fueran desestimadas en primera instancia y se encuentran en etapa de revisión en los tribunales superiores. Con ese mismo fin de garantizarse el pago de las prestaciones sociales, la Sala observa que los demandantes intentaron, ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, juicio laboral, conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, y que el mencionado tribunal declaró con lugar la medida cautelar y, en consecuencia, le ordenó al tribunal de la causa del juicio de ejecución de hipoteca excluya del remate pautado (...) bienes muebles suficientes y propiedad de la demandada FROGORIFICO INDUSTRIAL DE ORIENTE C.A., hasta por la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 220.000.000,00), a los fines de resguardar los intereses de los trabajadores en el juicio que cursa por ante éste Tribunal (sic) bajo el Nº 5507 por concepto de cobro de prestaciones sociales.
Por su parte, la recurrida consideró que el oficio mediante el cual se notificó la medida cautelar otorgada a favor de los trabajadores se encontraba vigente, dado que no se evidenciaba que se hubiera ejercido recurso alguno contra la medida; por tanto, consideró que el tribunal de la causa, al haber ordenado el remate de los bienes embargados, se extralimitó en sus funciones jurisdiccionales, ... lo cual trastoca el principio constitucional de una tutela judicial efectiva, pues existiendo una medida innominada no podrían hacerla efectiva al no poder obtener sus acreencias laborales, al no existir bienes patrimoniales de las empresas ejecutadas y obligadas con los trabajadores al efectuarse el remate total de los mismos, razón por la cual declaró procedente la pretensión de amparo y anuló el auto que ordenó librar el cartel de remate y, en restablecimiento de la situación jurídica infringida, ordenó la publicación de un nuevo cartel de remate con la mención de que bienes muebles, suficientes hasta cubrir la cantidad de doscientos veinte millones de bolívares (Bs. 220.000.000,00), quedaban excluidos para no hacer nugatorios los derechos de los trabajadores de cobrar sus prestaciones sociales.
Por otra parte, la apelante Corp Banca C.A.- sostiene que tiene un derecho legítimo de ejecución, con base en lo establecido en los artículos 26, 49, 253, segundo aparte, y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 15, 523 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Visto lo anterior, la Sala considera que la recurrida no se ajusta a derecho toda vez que no es cierto que el tribunal de la causa haya actuado fuera de su competencia cuando ordenó que se librara el cartel de remate.
En efecto, la Sala encuentra que dicha decisión interpretó erradamente la medida cautelar otorgada a favor de los trabajadores demandantes en amparo, pues no existe duda de que, en todo caso, para dar cumplimiento a la referida medida cautelar, necesariamente el remate tiene que llevarse a cabo, por cuanto será del dinero producto del mismo que se podrá excluir la cantidad de doscientos veinte millones de bolívares (Bs. 220.000.000,00) para garantizar el pago de las prestaciones sociales de los trabajadores pero, en ningún momento, lo decidido fue suspender el acto de remate. Por tanto, erró la recurrida cuando apreció que el tribunal que ordenó el libramiento del cartel de remate y, en definitiva, la prosecución del remate, actuó fuera del marco de su competencia, pues no le correspondía en esa etapa acatar la medida cautelar, sino con posterioridad a la celebración de dicho remate.
Además, por otra parte, se observa que el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas se pronunció sobre la medida cautelar otorgada por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, mediante auto del 5 de marzo de 2001 en los siguientes términos: ...la medida innominada dictada por el Juzgado Laboral en referencia, no puede ser ejecutada por este Tribunal y menos aún mediante un oficio, más aún cuando sabido es que el precio del remate es único y no puede ni siquiera este Tribunal de la causa, mediante un procedimiento sui generis, no contemplado en la Ley ejecutarlo, pues ello seria (sic) separar o dividir el acto mismo del remate, además de ser confiscatorio y de existir como ya se dijo ut supra otras vias (sic) para asegurar montos o cantidades.
Verificado que no es cierto que el tribunal de la recurrida actuó fuera de su competencia, la Sala debe revocar la sentencia apelada. Así se decide.
Decidido lo anterior, se observa que los demandantes denunciaron:
Que la conducta omisiva de la ciudadana Juez de Primera Instancia Agraria Carmen Olivia Navarro al no pronunciarse oportunamente sobre la oposición al embargo, por cuanto tal abstención lesiona los derechos constitucionales de (sus) representados al debido proceso, derecho a la defensa, a una justicia oportuna, expedita y sin dilaciones indebidas, así como el de la exigibilidad inmediata de sus créditos laborales de conformidad con los Artículos 49 Numeral 8vo, 26, 27, 92 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; siendo evidente detener judicialmente la decisión contenida en el auto de fecha 22 de Enero de 2001, emitido por el Juzgado tantas veces mencionado, que ordena librar cartel de remate, con el fin de llevar a cavo (sic) el remate de todos los bienes de las deudoras de (sus) representados, ya que de efectuarse el mismo, se violaría en forma flagrante los derechos constitucionales de los trabajadores-terceristas que represent(a).
Ahora bien, la Sala constata que cursa, en el expediente, sentencia que dictó el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 10 de abril de 2001, mediante la cual declaró improcedente tal oposición, basado en que los terceros opositores no eran poseedores del bien inmueble embargado.
Además, la Sala estima que la realización del acto de remate no vulneró los derechos de los demandantes, pues, en todo caso, para obtener su pretensión cobrar sus prestaciones sociales- tiene que existir de manera líquida la suma de dinero que, en este caso, proviene del producto del remate. Así se decide.
Con base en los anteriores razonamientos, la Sala estima que la demanda de amparo que se examina debe declararse sin lugar. Así se decide.
VII
DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero Agrario del Área Metropolitana de Caracas y declara SIN LUGAR la demanda de amparo constitucional interpuesta por JUAN BAUTISTA GUERRA FARÍAS, TOMÁS ANTONIO VELÁSQUEZ CHACÍN, IGINIO RAFAEL ENRÍQUEZ, RAIMUNDO LONGINO ARÉVALO, CLEMENTE CADAMO, ESTEBAN CELESTINO SILVA, RAMÓN ANTONIO BELLO SOTO, JOSÉ NICANOR SAMBRANO BLANCA, ELEAZAR ANTONIO ALMERIDA MARTINEZ, FELIX JOSÉ CHINA CAMPOS, DAVID SALVADOR PEREZ, JOSE RAFAEL AREVALO PUCHETE, MARIBEL DEL VALLE GUERRA BELLORIN, SANTIAGO ANTONIO TOVAR, RAMON ANTONIO ARAY RIVERO, JUAN RAFAEL COLON, JOSE ANGEL GUAIMA, JOSE FELIPE RODRIGUEZ, PABLO JACINTO BRIZUELA ALMERIDA, JOSE NICOLAS PEREZ CAMPOS, PRESILLA ANTONIO YGALEZA, ISMAEL JOSE RONDON TABATA, MARGARITO ANTONIO DIAZ, ESTEBAN RAMON LOPEZ, PEDRO JOSE ARREAZA ARAGUANEY, MIGUEL OCTAVIO TREMARIA ALMEA, FLORENCIO ANTONIO GONZALEZ, ENRIQUE GUARAMATA, LUIS ANTONIO CARMONA AULAR, FRANCISCO ANTONIO BRUCES, NICOLAS RAFAEL GUAREMA, TRINO JOSÉ TREMARIA PEREZ, PEDRO DE JESUS SIFONTES, JULIO CESAR SÁNCHEZ, MARISOL JOSEFINA GUERRA BELLORIN, PILAR RAFAEL TORRES SUBERO, BARTOLO DE JESUS PINTO, BARTOLO DE JESUS MAESTRE ALMERIDA, PAUL BOETT, JUAN DOMINGO MARTINEZ GUZMAN y JUAN BAUTISTA HERNANDEZ contra la sentencia dictada, el 22 de enero de 2001, por el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la misma Área Metropolitana. En consecuencia, declara CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por Corp Banca C.A., Banco Universal, el 9 de mayo de 2001, contra la citada sentencia.
Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 07 días del mes de FEBRERO de dos mil dos. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
Magistrado
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Magistrado-Ponente
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
EXP. 01-1055