Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentenciasSALA DE CASACIÓN SOCIAL
Ponencia del Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO.
En el juicio que por indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo intentó el ciudadano JOSÉ GREGORIO HURTADO CÁCERES, representado judicialmente por el abogado José Gregorio Mora Mijares contra la sociedad mercantil ACEROS LAMINADOS, C.A., representada judicialmente por los abogados Andrés Llovera Giliberti, Licon Ascanio Elide y Sajary González; el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, conociendo en alzada, dictó sentencia mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en consecuencia, revoca la decisión impugnada que había declarado prescrita la acción y ordena la reposición de la causa al estado de que el a-quo dicte sentencia en cuanto al fondo del asunto.
Contra el fallo anterior anunció recurso de casación la parte demandada, el cual fue admitido. Fue consignado oportunamente escrito de formalización. No fue presentada impugnación. Remitido el expediente, fue recibido en esta Sala de Casación Social, dándose cuenta del asunto en fecha 14 de marzo del año 2007 y en esa oportunidad se designó ponente del asunto al Magistrado Alfonso Valbuena Cordero.
En la oportunidad fijada para la realización de la audiencia, concurrieron ambas partes, quienes expusieron sus alegatos en forma oral y pública. Concluida la sustanciación con el cumplimiento de las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social a reproducir la sentencia dictada en fecha 02 de agosto del año 2007, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, previa las siguientes consideraciones: Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 59 eiusdem por falsa aplicación. Aducen los formalizantes:RECURSO DE CASACIÓN
ÚNICA DENUNCIA
A tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denunciamos la falsa aplicación por la Juez de la recurrida del artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En efecto, como expresamos supra, la parte apelante del fallo dictado por el Tribunal de Primera Instancia fue la parte actora, quien resultó victoriosa en su apelación, razón por la cual no debió haberse condenado en costas a nuestra mandante. El artículo aplicado por la Juez Superior para hacer esta condenatoria fue el 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establece: "la parte que fuere vencida totalmente en un proceso o incidencia se le condenará al pago de las costas"; pero es el caso que no hubo un vencimiento total del proceso, pues la Juez de primera instancia no entró a conocer el fondo de la causa, sino que se limitó a declarar prescrita la acción, y el Juez Superior, ante la apelación del actor revocó dicha decisión, y se limitó a declarar que no estaba prescrita, absteniéndose igualmente de pronunciarse sobre el fondo de la causa. Tampoco estamos en presencia de una incidencia, pues se trató de una sentencia definitiva, que se produjo por la apelación intentada por la parte actora, que no fue la resultante de ningún medio de ataque o defensa de nuestra representada, razón por la cual mal podía condenarse en costas a nuestra representada.
Así lo estableció esta Sala de Casación Social en sentencia de fecha 03 de noviembre de 2005, P.J. Figueredo contra Estación de Servicio Nirgua 2, C.A., Expediente Nro. AA60-S-2005-000392, Sent No 1470, ponencia de la Magistrado Dra. Carmen Elvigia Porras de Roa: (omissis); por lo tanto, el Juez ad quem actuó ajustado a derecho al abstenerse de condenar en costas al actor.
Para decidir, se observa:
Alegan los formalizantes en su única delación formulada que el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo fue aplicado falsamente por el sentenciador superior, por cuanto la parte actora fue la única que ejerció recurso de apelación contra la sentencia dictada por el juez a-quo, resultando victoriosa, por lo que no debió la recurrida condenar en costas del recurso a la accionada, que no lo intentó. Señala que no se estaba en presencia de los supuestos previstos en la norma, puesto que no hubo vencimiento total, por cuanto no fue resuelto el fondo del recurso ni tampoco, el fallo de alzada fue producto de un medio de defensa o ataque de la demandada, por lo cual no debía habérsele condenado en costas.
Ahora bien, el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dispone:
A la parte que fuere vencida totalmente en un proceso o en una incidencia, se le condenará al pago de las costas.
Ciertamente, en la sentencia recurrida no hubo vencimiento total, por cuanto no fue resuelto el fondo del asunto debatido y tampoco la parte accionada fue vencida totalmente en una incidencia, por cuanto no intentó ningún medio de ataque o defensa, en consecuencia no procedía la condenatoria en costas de ninguna de las partes.
En este sentido, ya se ha pronunciado esta Sala, al analizar los artículos 59 y 60 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así, entre otras, en sentencia del 03 de noviembre del año 2005, caso P.J. Figueredo contra Estación de Servicios Nirgüa 2, C.A., se estableció lo siguiente:
De las normas citadas supra se desprende que, en principio, cuando los Jueces Superiores conocen del recurso de apelación empleado por alguna de las partes y del mismo resulta que se confirma la decisión de primera instancia, deben imponer las costas como sanción, aun y cuando el accionante del recurso haya resultado ser la vencedora en el proceso. No procede entonces tal condenatoria si el incidente no surge de un medio de ataque o de defensa del litigante que resultó perdidoso en la alzada, como en el caso bajo análisis; por lo tanto, el juez ad quem actuó ajustado a derecho al abstenerse de condenar en costas al actor. Así se decide.
Como consecuencia de lo expuesto, debe concluirse que el sentenciador superior infringió el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por falsa aplicación, por lo que la presente denuncia debe ser declarada procedente y en consecuencia con lugar el recurso de casación propuesto.
No obstante lo establecido precedentemente, de la lectura del fallo impugnado, la Sala, evidenció un vicio de mayor entidad que el alegado por el formalizante, sobre el cual considera necesario emitir pronunciamiento de oficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo siguiente:
El tribunal de primera instancia declaró la prescripción de la acción intentada. Apelada dicha decisión, el Juzgador Superior resolvió que no resultaba procedente tal defensa de prescripción opuesta y en consecuencia repuso la causa al estado en el que el Juzgado de Primera Instancia que resultara competente, dictara sentencia en cuanto al fondo del asunto.
En este sentido, resulta para la Sala evidente la violación por parte del juzgador de alzada del orden público procesal laboral, ya que, al considerar que la causa no se encontraba prescrita, debió dictar sentencia pronunciándose en cuanto al mérito de la misma, siendo éste un Juez de Instancia, que decide previo pronunciamiento la defensa de prescripción opuesta, la cual, al resultar improcedente, conserva plena facultad y elementos para conocer el fondo del asunto discutido.
De tal manera, que en el caso objeto de estudio, resulta evidente la violación del orden público procesal laboral, al incurrir en una reposición inútil, que quebranta el debido proceso, vulnerando la celeridad procesal como principio fundamental.
Por tal razón, debe anularse el fallo recurrido, debiendo ordenarse la reposición de la causa al estado de que el juzgado superior que resulte competente dicte nueva sentencia sobre el fondo del asunto debatido. Así se resuelve.
D E C I S I Ó N
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, contra la sentencia de fecha 08 de febrero del año 2007, emanada del Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes. En consecuencia, se ANULA el fallo recurrido, y se REPONE la causa al estado de que el Juzgado Superior que resulte competente dicte decisión sobre el fondo del asunto. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior anteriormente identificado.
La presente decisión no la firma la Magistrada CARMEN E. PORRAS DE ROA porque no estuvo presente en la Audiencia Pública correspondiente.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a los nueve (09) días del mes de agosto de dos mil siete (2007). Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
El Presidente de la Sala,
____________________________
OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente, Magistrado Ponente,
________________________ _______________________________
JUAN RAFAEL PERDOMO ALFONSO VALBUENA CORDERO
Magistrado, Magistrada,
_______________________________ ________________________________
LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
El Secretario,
_____________________________
JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA
R.C. N° AA60-S-2007-000433
Nota: Publicada en su fecha a las
El Secretario
7-433 Esta Sala ha decidido en forma pacífica y reiterada (Vid. Sentencias Nº 6 y 762 de 2003 y N° 869 de 2006, entre otros), que cuando los tribunales de instancia desestiman equivocadamente la prescripción opuesta se trata de un error de juzgamiento que le impone al juez el deber de resolver todo el mérito del asunto, sin que la declaratoria del error sobre tal excepción por el superior pueda dar lugar a la reposición de la causa, pues en tal caso el sentenciador incurriría en un error que la doctrina y la jurisprudencia de la Sala han calificado como indefensión por reposición mal decretada. En el caso concreto la Alzada desestimó la prescripción y repuso la causa al estado en que el a quo decidiera todo el fondo, con lo cual incurrió en indefensión por reposición mal decretada que ameritaba –para corregir el error- que la Sala casara de oficio el fallo impugnado y repusiera la causa al estado en que el Juzgado Superior decidiera toda la controversia, pero en lugar de ello la mayoría sentenciadora examinó una denuncia por error de juzgamiento relativa a la falsa aplicación de una norma de derecho adjetivo, concretamente de costas procesales, y al estimarla procedente declaró la nulidad y reposición de la causa al estado en que la Alzada decida el mérito del asunto, a fin de garantizar el principio de la doble instancia, en lugar de advertir que una denuncia de esta naturaleza de resultar procedente, como en el caso de autos, no permitiría corregir el error, pues acarrea la nulidad y decisión del fondo por parte de la Sala, en acatamiento del artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y conforme a la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Sala, que establece en forma categórica el deber de examinar el mérito en todos aquellos casos en los cuales se declare la nulidad del fallo por error de juzgamiento, limitando la reposición de la causa sólo a los supuestos de indefensión. Queda así expresado el criterio del Magistrado que disiente. Caracas, en fecha ut supra. El Presidente de la Sala, ____________________________ OMAR ALFREDO MORA DÍAZ El Vicepresidente, Magistrado Ponente, ________________________ _______________________________ JUAN RAFAEL PERDOMO ALFONSO VALBUENA CORDERO Magistrado, Magistrada, _______________________________ ________________________________ LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA El Secretario, _____________________________ JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA R.C. AA60-S-2007-000433 Nota: Publicada en su fecha a las El Secretario,
Data venia del ilustre criterio de la mayoría sentenciadora, el Magistrado Juan Rafael Perdomo salva su voto por las razones siguientes: