Expediente 07-1782
Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón
Mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 4 de diciembre de 2007, el ciudadano RAMÓN ANTONIO MENDOZA, titular de la cédula de identidad Nº 4.067.712, asistido por el abogado José Filogonio Molina, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 25.994, solicitó ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la revisión del fallo del 12 de julio de 2007, dictado por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, que declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por el solicitante, contra la sentencia publicada el 23 de abril de 2007 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
El 6 de diciembre de 2007, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.
I
DE LOS FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Ramón Antonio Mendoza, asistido por el abogado José Filogonio Molina, solicitó la revisión de la sentencia dictada el 12 de julio de 2007, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con fundamento en lo siguiente:
Acudimos ante su competente autoridad, a los fines de interponer formalmente el recurso extraordinario de revisión de la decisión proferida por la Sala de Casación Social en fecha doce (12) de julio del año 2007, que declaro (sic) inadmisible el recurso de control de legalidad sobre la base de los argumentos y consideraciones que de seguida procedemos a explicar: Primero. Con fundamento en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el procedimiento establecido en sentencia número 645 de fecha 19 de agosto (de) 2004, y con la fe absoluta de que estamos en un estado de derecho, y que la seguridad jurídica no será vulnerada, es por lo que acudimos y explanamos brevemente nuestros argumentos contra esta sentencia recurrida que vulnera los derechos y garantías constitucionales al desaplicar la normativa contenidas (sic) en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; como es el derecho que tenemos los venezolanos del (sic) debido proceso, hecho este que se constata al revisar las actas procésales (sic), se violentan normas de orden público lo cual obliga oper lege a casar de oficio el presente recurso.
II
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la solicitud de revisión de la sentencia que se analiza, y para ello observa:
El artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que es atribución de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
Por su parte, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su numeral 4, dispone:
Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: 4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación (...).
Y añade:
El Tribunal conocerá en (...) Sala Constitucional los asuntos previstos en los numerales 3 al 23....
Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes de amparo abarca tanto fallos dictados por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia como por los demás tribunales de la República (Vid. sentencias del 9 de marzo de 2000, caso: José Alberto Zamora Quevedo, del 7 de junio de 2000, caso: Mercantil Internacional, C.A. y del 6 de febrero de 2001, caso: Corpoturismo), toda vez que la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo establecido en el artículo 335 del Texto Fundamental.
En lo que respecta a las sentencias definitivamente firmes que pueden ser objeto de revisión, esta Sala ha sostenido lo siguiente:
Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:
1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.
2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional....
Dicho ámbito para la potestad de revisión fue establecido con carácter vinculante por esta Sala en fallo N° 93 de 6 de febrero de 2001, (Caso: Corpoturismo de Venezuela), antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.942 del 20 de mayo de 2004, que en su artículo 5, numerales 4 y 16, preceptúa los pronunciamientos susceptibles de revisión y los casos en que ésta procede. No obstante, esta Sala ha precisado que dicho criterio jurisprudencial se mantiene vigente, pues el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en desarrollo del cual se estableció, tiene supremacía sobre las normas de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Cfr. s.S.C. N° 1992/ de 8 de septiembre de 2004, Caso: Peter Hofle Szabo), además de que los supuestos que allí se plasmaron se sintetizan en la actualidad en la frase principios jurídicos fundamentales que emplea el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual incluye la transgresión de normas del Texto Fundamental. (Cfr. s.S.C. N°s. 2216 de 21 de septiembre de 2004, Caso: Claudio Turchetti Bonfanti).
Ahora bien, visto que en el caso de autos se solicitó la revisión de una sentencia dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el 12 de julio de 2007, esta Sala se considera competente para conocerla, y así lo declara.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Llevado a cabo el estudio individual del expediente, la Sala pasa a decidir y, en tal sentido, observa:
Aprecia la Sala del examen de la solicitud de revisión interpuesta por el ciudadano Ramón Antonio Mendoza, asistido del abogado José Filogonio Molina, que éste identificó el fallo impugnado y acompañó a su escrito copia simple de la decisión que se impugna, pero no anexó copia certificada de dicha decisión, lo cual es necesario para el examen de la solicitud formulada.
A este respecto, esta Sala Constitucional en sentencia Nº 1.137, del 8 de junio de 2005 (caso: Domitila Pantoja Sinchi), estableció que:
la necesidad de consignar un instrumento fehaciente, obedece a la certeza que debe obtener esta Sala, respecto del contenido del fallo que pretende impugnarse a través de la revisión, más aún cuando ésta es ejercida en contra de una decisión emanada de otra Sala de este Máximo Juzgado, dada la entidad de la sentencia que pretende revertirse. La doctrina de la notoriedad judicial, que ha mantenido esta Sala y que sigue vigente, se refiere a que ella puede (como facultad) indagar en los archivos del Tribunal, la existencia de fallos que se hayan dictado y que sean conexos con la controversia. Considera la Sala que se trata de un conocimiento que puede adquirir el tribunal, sin necesidad de instancia de las partes, ya que su archivo y las causas que lo componen las conoce el Tribunal. Pero el hacer uso de estos conocimientos, es facultativo del juez, ya que ninguna ley lo obliga a tener que hurgar en cada caso, si existe o no una sentencia dictada por alguna de las Salas de este Tribunal Supremo de Justicia
.
Por ello, la Sala ha considerado que quien pide una revisión debe presentar copia certificada del fallo a revisarse, no pudiendo suplirse ello, ni siquiera por la vía del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, ya que en materia de revisión no hay contraparte que controle lo aportado por el solicitante.
De allí que, a juicio de esta Sala, quien incoa una revisión tiene la carga de aportar copia certificada de la decisión impugnada, por no ser función de la Sala recabar dicho fallo, y sin que esto menoscabe la facultad de fijar los hechos en base a los conocimientos adquiridos como órgano judicial. Así, para admitir las solicitudes de revisión presentadas se requiere que el solicitante facilite las copias certificadas de la sentencia impugnada (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 150/2000, caso: José Gustavo Di Mase y otros).
En este contexto, la Sala, mediante sentencias Nº 157, del 2 de marzo de 2005 (caso: Grazia Tornatore de Morreale) y Nº 406, del 5 de abril de 2005 (caso: Carmen Beatriz Rodríguez Parada) dispuso que:
en los casos en que la solicitud de revisión de una sentencia no se acompañe con la copia certificada de la misma, se declarará inadmisible de conformidad con el artículo 19, quinto aparte de la Ley que rige a este Alto Tribunal
.
De allí que, constatado que en el caso de autos no se acompañó copia certificada del instrumento fundamental de la presente solicitud, concluye que la revisión solicitada resulta inadmisible, de conformidad con lo previsto en el quinto aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Cfr. Sentencia de la Sala Nº 1.137 del 8 de junio de 2005, caso: Domitila Pantoja Sinchi). Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones que antes fueron expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la solicitud de revisión interpuesta por el ciudadano RAMÓN ANTONIO MENDOZA, asistido por el abogado José Filogonio Molina, respecto de la decisión del 12 de julio de 2007 dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese, regístrese, notifíquese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 28 días del mes de febrero de dos mil ocho (2008). Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
Ponente
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. 07-1782
MTDP/