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Exp. 13-0837
Magistrado-Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón
El 17 de septiembre de 2013, la abogada ROSEMARY CASTRO SALAZAR, titular de la cédula de identidad N° 5.601.606, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 62.680, actuando en nombre propio, interpuso ante la Secretaría de esta Sala, acción de amparo constitucional contra los hechos, actos, omisiones y abstenciones, atribuidos al Ministerio Público, a través de las Fiscalías Octogésima Segunda y Centésima Cuadragésima Quinta a Nivel Nacional con competencia en defensa para la Mujer, la Dirección de Protección Integral de la Familia y la Dirección General de Actuación Procesal.
El 20 de septiembre de 2013, se designó como ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.
En Sesión de Sala Plena del 17 de octubre de 2013, se reconstituyó la Sala Constitucional, quedando integrada de la siguiente forma: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Juan José Mendoza Jover, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani Bustillos.
El 24 de octubre de 2013, compareció ante la Secretaría de esta Sala la ciudadana Rosemary Castro Salazar y consignó escrito en el cual solicitó pronunciamiento respecto a la admisibilidad de la acción propuesta.
Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA PRETENSIÓN DE AMPARO
Señaló la parte accionante, como fundamento de la presente acción de amparo constitucional, los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Que interpone Acción de Amparo Autónoma de acuerdo a lo establecido en el Artículo (sic) 27 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el Artículo (sic) 1, 2, 5, (sic) 14 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales contra El Ministerio Publico (sic), donde dentro de su organización se encuentran adscritos los órganos que serán identificados como agraviantes en el presente libelo por haber incurrido en gravosas violaciones a los principios y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el ordenamiento Jurídico vigente donde se ha visto afectado el Orden Público por haber permitido, tolerado violaciones a los derechos humanos y derechos inherentes a la persona humana, derechos de la victimas (sic) .
Que han incurrido en Denegación y falta de investigación, se han abstenido de garantizar en el proceso de Violencia Contra la Mujer el respeto de los derechos y garantías constitucionales, así como observar y dar cumplimiento a los Tratados y (sic) Convenios y acuerdos (sic) suscritos y ratificados por la Republica (sic) Bolivariana de Venezuela, absteniéndose en forma inexplicable de garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el debido proceso, el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, a la parte actora en amparo y victima (sic) mujer de violencia por parte de dos hombres, abstenerse de ejercer en nombre del Estado Venezolano la acción penal de los delitos de acción pública en el caso de marras y muy especialmente, por abstenerse de proteger a la Victima-mujer (sic) que fue agredida brutalmente en las áreas comunes de su hogar .
Que la presente acción (se interpone) en contra de los agraviantes todos adscritos al Ministerio Público que serán plenamente identificados a continuación: 1) LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MINISTERIO PUBLICO (sic), LA CUAL TIENE ADSCRITA LA UNIDAD TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN ESPECIAL DE VICTIMAS (sic), MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ( ). 2) LA FISCALIA (sic) OCTOGÉSIMA SEGUNDA (82) A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA EN DEFENSA PARA LA MUJER en la persona de la FISCAL PRINCIPAL DE LA ÉPOCA ( ) y el FISCAL AUXILIAR 82 ( ) (y) 3) LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACTUACION (sic) PROCESAL DEL MINISTERIO PUBLICO (sic) LA CUAL TIENE ADSCRITA LA DIRECCIÓN DE DELITOS COMUNES ( ) y así mismo tiene adscrita la DIRECCIÓN PARA LA DEFENSA DE LA MUJER .
Que (t)odos los Órganos supra han sido invocados en el presente caso en concreto, y señalados como agraviantes, por su inter.- (sic) relación, especialmente por VIOLACIÓN REITERADA EN LOS PRINCIPIOS REGULADORES DEL IUS PUNENDI (sic) DEL ESTADO, incumpliendo con los derechos y principios garantistas acogidos en nuestra Constitución, ordenamiento jurídico y desacatando las instrucciones de la Fiscal General de la República, y con ello los identificados agraviantes no defienden la legalidad y los intereses generales de la sociedad, desviando los antes identificados agraviantes la función pública ligada de modo absoluto a la Ley, (sic) el derecho .
Que se denuncian una serie de violaciones a los derechos y garantías constitucionales tratos crueles, inhumanos, degradantes, tolerados en demasía por los señalados como agraviantes, así como la vulneración de los derechos fundamentales de la victima (sic) y con ello se ha irrespetado la dignidad de la victima (sic) parte actora en la presente acción de amparo en forma reiterada se ha inobservado y con ello, no se ha garantizado el cumplimiento de los principios y derechos reconocidos y consagrados en la Constitución de 1999 .
Que (d)e acuerdo a lo antes explanado y documentado se observan: abstenciones de pronunciamiento, falta de investigación, silencio de valoración de elementos de convicción, silencio de pruebas, negativas de promover pruebas, discriminación, violación al debido proceso, derecho a la defensa (art 49 constitucional), derecho a la tutela judicial efectiva, El (sic) Estado garantizara (sic) una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles (art 26 constitucional) (sic) perdida (sic) de actuaciones procesales, retardos, ausencia de la defensa y protección de los derechos fundamentales de la victima (sic) y su familia y ausencia de acciones para procurar que los culpables reparen el daño causado .
Que (l)a conducta sospechosa, falta de ética e inexplicable de los órganos y las personas adscritas a ellos es una gravedad que es inaceptable para un Estado que tiene como fines esenciales la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad .
Que LA FISCALÍA OCTOGÉSIMA SEGUNDA (82) DEL MINISTERIO PUBLICO (sic) A NIVEL NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MUJER EN FORMA SOSPECHOSA, DISCRIMINO (sic) Y SE PARCIALIZO (sic) A FAVOR DE LOS DOS ACUSADOS Y CON ELLO, FAVORECIÓ A LAS PERSONAS QUE ACTÚAN EN GAVILLA, CON EL CONCURSO Y CONCERTACIÓN DE LOS HOY ACUSADOS .
Que (p)or todas las razones de hecho y de Derecho supra explanadas complejas por demás, pr (sic) la intervención por la gavilla de personas, por retardo, desorden procesal, abstención de pronunciamiento, errores, denegación y falta de investigación, perdida (sic) de actas procesales, entre otros, además, de todo el entramado ideado por los responsables y autores y demás participantes exacerbado por la tolerancia, denegación de falta de investigación, abstención de ejercer las atribuciones constitucionales de: ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias, ejercer en nombre del Estado la acción penal ( ), con el debido respeto a esta Superioridad solicito la Justicia Constitucional , requiriendo finalmente, que la presente acción de amparo sea admitida, sustanciada conforme a Derecho y declarada con lugar en la definitiva (resaltados, mayúsculas y subrayados de la parte actora).
II
COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer del presente caso y, a tal efecto, observa:
Luego del análisis efectuado del escrito de pretensión constitucional, se observa que la misma está incoada contra el Ministerio Público, a través de las Fiscalías Octogésima Segunda y Centésima Cuadragésima Quinta a Nivel Nacional con competencia en Defensa para la Mujer, la Dirección de Protección Integral de la Familia y la Dirección General de Actuación Procesal, al presuntamente lesionar los derechos constitucionales de la accionante, por haber incurrido en Denegación y falta de investigación, se han abstenido de garantizar en el proceso de Violencia Contra la Mujer .
Teniendo en cuenta tal pretensión, estima la Sala preciso reiterar el criterio sostenido sobre la competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra los actos, hechos y omisiones emanados de los Fiscales del Ministerio Público, la cual se hace extensible a las Direcciones denunciadas, por ser las mismas auxiliares del sistema de justicia.
En lo que concierne a la forma en que debe ser determinada la competencia para conocer de la acción de amparo constitucional, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece lo siguiente:
Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.
En caso de duda, se observarán en lo pertinente las normas sobre competencia en razón de la materia ( ). (Negrillas de la Sala).
En atención a lo establecido en la norma supra transcrita, esta Sala en reiteradas oportunidades, ha determinado que la acción de amparo debe intentarse ante un Juzgado de Primera Instancia que sea competente en las materias relacionadas o afines con los derechos denunciados como vulnerados (cfr. sentencia nº 1/2000 del 20 de enero, caso: Emery Mata Millán, ratificada en sentencias números 2347/2001 del 23 de noviembre, 2387/2002 del 9 de octubre, 2687/2002 del 28 de octubre, 1212/2003 del 19 de mayo, entre otras).
Así, en el presente caso, conforme a lo alegado por la quejosa, los hechos denunciados como lesivos de los derechos constitucionales, consisten en la presunta Denegación y falta de investigación, en la que supuestamente han incurrido varias Fiscalías y órganos dependientes del Ministerio Público.
Teniendo en cuenta tal pretensión, estima la Sala preciso reiterar el criterio sostenido sobre la competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra los actos, hechos y omisiones emanados de los Fiscales del Ministerio Público, la cual se hace extensible a las Direcciones denunciadas, por ser las mismas auxiliares del sistema de justicia.
En este sentido, resulta necesario reiterar lo establecido en sentencia N° 26 del 25 de enero de 2001 (caso: José Candelario Casu y otros), en la cual se dejó sentado lo siguiente:
Sin embargo, cuando la materia penal guarde afinidad con el derecho o garantía constitucional violado o amenazado de violación, deberá aplicarse la regla expresa de competencia que, por razón de la materia y de la función, consagrada en el Código Orgánico Procesal Penal: en efecto, de conformidad con la disposición prevista en su artículo 60, ordinal 4°, primer aparte, cuando el derecho o garantía se refiera a la libertad y seguridad de personal, el tribunal competente será el penal de control, salvo que el agravio se impute al hecho, acto u omisión proveniente de un Tribunal, en ejercicio de su potestad jurisdiccional, caso en el cual la competencia habrá de determinarse de conformidad con la disposición prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo; a la vez, en el caso de que, existiendo afinidad entre la competencia penal y el derecho o garantía violado o amenazado de violación, éste no se refiera a la libertad y seguridad personales, el tribunal competente será el penal de juicio unipersonal, a tenor de la disposición contemplada en el artículo 60, encabezamiento del ordinal 4°, del Código Orgánico Procesal Penal. (Subrayado del fallo).
Adicionalmente, en sentencia N° 2211 del 13 de agosto de 2003 (caso: Nicolás Humberto Varela), esta Sala estableció que:
se acota que al denunciarse en el presente caso la violación del derecho al debido proceso mediante unas actuaciones materiales del Ministerio Público, dentro de un proceso penal, el amparo debe interponerse y ser resuelto, en primera instancia, por el juzgado que conoce esa causa, el cual era, en el momento que se interpuso la solicitud de amparo, el Tribunal Segundo de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, extensión Acarigua. Caso distinto es si las actuaciones fiscales consideradas como lesivas no tuviesen relación alguna con el proceso penal, pues en ese supuesto, resulta oportuno aclarar, el amparo debe ser conocido, siempre y cuando no se encuentren involucrados los derechos a la libertad y seguridad personal, por un Tribunal de Juicio como lo señala el numeral 4 del artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal .
De tal forma, que al derivarse los hechos presuntamente lesivos de los derechos constitucionales, de la conducta de un representante del Ministerio Público así como de unas Direcciones adscritas a dicho organismo con ocasión de un proceso penal seguido por la hoy accionante contra dos ciudadanos, por la presunta comisión de delitos tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la competencia para conocer del presente asunto corresponde a la jurisdicción penal, específicamente a un tribunal de juicio, por ser ésta una de sus competencias naturales conforme lo dispone el numeral 4 del artículo 64 (hoy artículo 68) del Código Orgánico Procesal Penal, que expresamente dispone: Es de la competencia del tribunal de juicio el conocimiento de: (...) 4. La acción de amparo cuando la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional violado o amenazado de violación sea afín con su competencia natural, salvo que el derecho o la garantía se refiera a la libertad y seguridad personales. (Vid. sentencias números 570 del 22 de abril de 2005, 1147 del 9 de junio de 2005 y 2007 del 25 de julio de 2005).
Por lo antes expuesto, esta Sala resulta incompetente para conocer de la presente demanda de amparo y declara competente a un Juzgado de Juicio con Competencia en Materia de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se declara.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara:
1.- Que es INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo interpuesta por la abogada ROSEMARY CASTRO SALAZAR, actuando en su propio nombre.
2.- Que es COMPETENTE para conocer de la acción de amparo propuesta a un Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio de los Tribunales de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
3.- ORDENA la remisión del expediente a la Unidad Receptora y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Penal para que proceda a su distribución.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 16 días del mes de diciembre de dos mil trece (2013). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
La Presidenta,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
El Vicepresidente,
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
Los Magistrados,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
Ponente
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DELGADO ROSALES
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. 13-0837
MTDP/