Sentencia N.º 180
- Sentencia
- N.º 180
- Fecha
- 26/11/2002
- Sala
- Electoral
- Expediente
- 02-000101
- Ponente
- Luis Martínez Hernández
- Procedimiento
- Amparo en consulta
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADO PONENTE: LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Expediente Nº AA70-E-2002-000101
I
En fecha 8 de noviembre de 2002, se dio por recibida en esta Sala Electoral el Oficio número 02-6212, de fecha 7 de noviembre de 2002, emanado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, anexo al cual se remitió expediente contentivo de la sentencia objeto de la consulta elevada a esa instancia judicial, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, mediante la cual se decretó ...medida cautela conforme lo establece el artículo 588, Parágrafo Primero del Código de Procedimiento Civil, consistente en que: SE SUSPENDAN LOS EFECTOS DEL ACTO QUE NIEGA LA INSCRIPCIÓN DE LA LISTA DE ABOGADOS ASPIRANTES A PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL PARA ELEGIR LA JUNTA DIRECTIVA Y EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO COJEDES PARA EL PERIODO 2.000 AL 2002... (SIC), solicitada conjuntamente con acción de amparo constitucional incoada por el abogado José Manuel Arteaga y otros, contra la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del Estado Cojedes para el período 2000-2002.
Dicha remisión se efectuó en virtud del fallo dictado por la referida Corte, dictado en fecha 20 de julio de 2002, conforme al cual se declaró incompetente para conocer de la indicada consulta de ley, declinando la competencia en esta Sala Electoral.
En fecha 11 de noviembre de 2002 se designó ponente al Magistrado LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ a los efectos de dictar la decisión correspondiente.
En fecha 25 de noviembre de 2002 se produjo la incorporación a esta Sala Electoral del Doctor Orlando Gravina Alvarado, en su carácter de Primer Suplente, a los fines de llenar la ausencia temporal del magistrado Doctor Rafael Hernández Uzcátegui, quedando la Sala constituida de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Alberto Martini Urdaneta; Vicepresidente, Magistrado Luis Martínez Hernández y Magistrado Orlando Gravina Alvarado, ratificándose como ponente al Magistrado LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, a los fines que se dicte el fallo correspondiente.
Siendo la oportunidad de decidir, pasa esta Sala a hacerlo en los siguientes términos:
II
ANTECEDENTES
El día 17 de noviembre de 1999, el abogado JOSÉ MANUEL ARTEAGA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 43.407, actuando en nombre propio con el carácter de postulante-presentante de la lista de abogados aspirantes a participar en el proceso electoral para elegir la Junta Directiva y Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Cojedes, para el período 2000-2002, así como en representación de los abogados integrantes de dicha lista: Gustavo Pineda, Wilfredo López, Iraima Arteaga, Sina Pellegrino, Oragel Sánchez, Francisco Ignacio Rodríguez, Carmen Diocelis Aguiar, José Luis Colmenares, Rosaura Herrera, Alberto Sánchez, José Gregorio Vargas, Xiomara Sánchez, Miriam Mendoza, Hugolino Ramos Betancourt y Ramón Omar Veloz, ejerció acción de amparo constitucional conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, contra la Comisión Electoral del referido Colegio profesional para el período 2000-2002, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes.
En fecha 18 de noviembre de 1999, se le dio entrada al escrito contentivo de la acción de amparo constitucional y se ordenó a la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del Estado Cojedes que rindiese informe dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificación. En esa misma oportunidad se ordenó notificar al Fiscal Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes.
El día 7 de diciembre de 1999, el precitado Juzgado de Primera Instancia decretó medida cautelar innominada por medio de la cual suspendió los efectos del acto que negó la inscripción de un grupo de abogados aspirantes a participar en el proceso electoral de la Junta Directiva y el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Cojedes para el periodo 2.000 al 2002, de conformidad con el artículo 588, parágrafo primero, del Código de Procedimiento Civil. El día 8 del mismo mes y año, mediante Oficio 05-343-788 emanado de ese Juzgado de Primera Instancia, se notificó a la apoderada judicial de los presuntos agraviantes, abogada Nelva Valecillos de la medida cautelar decretada.
El día 8 de noviembre de 1999, la abogada Nelva Valecillos presentó diligencia mediante la cual solicitó al ya indicado Juzgado de Primera Instancia que revocara por contrario imperio la medida cautelar decretada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (sic)
Mediante Oficio número 05-343-789 de fecha 7 de diciembre de 1999, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, remitió a los fines de la consulta de la medida cautelar decretada, el expediente contentivo de la presente acción de amparo constitucional a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, al cual se le dio entrada en fecha 29 de marzo de 2000.
En fecha 20 de julio de 2001 la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó decisión mediante la cual se declaró incompetente para conocer de la presente consulta, declinando su competencia en esta Sala Electoral.
Siendo la oportunidad para decidir, esta Sala Electoral pasa a hacerlo en los siguientes términos:
III
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
El accionante inicia su escrito solicitando AMPARO CONSTITUCIONAL AL DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO (DERECHO AL VOTO) Y DERECHO A PARTICIPAR EN CORPORACIONES (sic) para lo cual invoca como vulnerados los artículos 110, 111, 112, 113 y 72 de la Constitución de 1961. En tal sentido observa que el día 12 de noviembre de 1999, solicitó ante la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del Estado Cojedes la inscripción de una lista de abogados como candidatos postulados a la Junta Directiva y Tribunal Disciplinario de esa corporación profesional para el período 2000-2002, consignando un conjunto de recaudos y ciñéndose a lo previsto en el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Abogados sobre Elección en los Organismo Profesionales y en el Instituto de Previsión Social del Abogado (sic).
De seguidas, indica que al día siguiente la aludida Comisión Electoral le devolvió los recaudos presentados junto a un escrito en el cual se pretende anular la solicitud, se ordena subsanar los errores y omisiones de forma y se indican los recursos previstos contra tal decisión, la cual se basó en la presunta inhabilidad de algunos de los Abogados postulados; para postularse por el hecho de no haber estado solventes con las finanzas del Colegios De Abogados y con el Instituto de Previsión Social del Abogado; para el 31-08-1.999... (SIC), resaltando que tal exigencia no se halla prevista en la Constitución ni en ninguna normativa, lo cual configuraría una decisión írrita por inconstitucional e ilegal.
Por otra parte, el accionante deriva del acto denegatorio de la inscripción de las postulaciones, la violación del artículo 39 del Reglamento de la Ley de Abogados, señalando que el obstáculo que aquél representa es insalvable, ya que se trataría de estar solvente para el día 31 de agosto de 1.999, agregando que además se evidencia una flagrante contradicción de la comisión Electoral que viola además el Derecho de la defensa, pués si la misma se autoatribuye la facultad de un órgano con autoridad administrativa con facultades para autoregular un proceso electoral, cuando dispuso o resolvió tal requisito, ha debido notificarlo a los administrados a quienes estaba dirigido el pretendido acto administrativo, es decir, a los Abogados, para que los mismos ejercieran los recursos correspondientes, no habiéndolo hecho de tal forma mantuvo solapada alevosamente su decisión, por demás ilegal, violando así tanto el artículo 68 de la Constitución Nacional y todas las demás normas que regulan los actos administrativos....(SIC).
Señala el accionante que procedió a la subsanación mediante escrito de reconsideración y que en fecha 14 de noviembre de 1999, la Comisión Electoral emitió una nueva decisión mediante la cual denegó nuevamente la inscripción de las postulaciones con base en el mismo argumento de la insolvencia de los postulados. En este punto afirma el accionante que la limitación impuesta a los abogados para participar como aspirantes a ser electos como titulares de los órganos directivos de un Colegio de Abogados constituye abuso de poder y usurpación de funciones, y destaca que la Ley de Abogados y sus Reglamentos contemplan sanciones expresas a la insolvencia, pero que en modo alguno limitan los derechos electorales de los agremiados.
En otro aparte, el accionante destaca que la Comisión Electoral esgrime como argumento que actuó por analogía (sic) ya que existen precedentes en los cuales adoptó idénticas decisiones, lo cual rechaza el accionante calificando el razonamiento de empírico y antijurídico, toda vez que -reitera-existe norma expresa que regula las sanciones por la insolvencia y que no limitan el derecho al sufragio, luego de lo cual invoca los artículos 6 y 7 del Código Civil y el principio de la inderogabilidad de las normas en las cuales esté interesado el orden público por vía de convenios, desuso o costumbre.
Finalmente, el accionante solicita que se ordene a la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del Estado Cojedes la inscripción inmediata de la lista de postulados PRESENTADA POR JOSÉ MANUEL ARTEAGA Y ENCABEZADA POR GUSTAVO PINEDA Y DEMAS INTEGRANTES DE LA REFERIDA LISTA..., manifestando así mismo que, ante el fundado temor de que la referida Comisión Electoral cierre el proceso de inscripción de candidaturas para el aludido proceso electoral 2000-2002, se ordene medida cautelar de suspensión del acto que negó las postulaciones, con base en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil.
IV
EL FALLO EN CONSULTA
En fecha 7 de diciembre de 1999 el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, decretó:
...medida cautela conforme lo establece el artículo 588, Parágrafo Primero del Código de Procedimiento Civil, consistente en que: SE SUSPENDAN LOS EFECTOS DEL ACTO QUE NIEGA LA INSCRIPCIÓN DE LA LISTA DE ABOGADOS ASPIRANTES A PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL PARA ELEGIR LA JUNTA DIRECTIVA Y EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO COJEDES PARA EL PERIODO 2.000 AL 2002, HASTA TANTO SEA RESUELTO EL FONDO DEL PRESENTE AMPARO CONSTITUCIONAL.- (SIC)
En dicho fallo se expresa que aun cuando en este caso la acción se vincula con la materia contencioso administrativa, y por tanto su conocimiento no está asignado a esa jurisdicción, pasó a conocerlo en virtud de lo previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica sobre Amparo de Derechos y Garantías Constitucionales. Agrega el fallo que en atención a la naturaleza breve y sumaria de la acción de amparo, ésta se dirige a restablecer de inmediato la situación infringida, y además, dado que se desprende de las pruebas aportadas por el presunto agraviado que éstas conforman presunción grave de la violación del derecho invocado, con riesgo de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo procedió a decretar la medida cautelar solicitada, y por oficio de esa misma fecha se remitió en consulta a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
V
LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA
Mediante decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 20 de julio de 2001, esa instancia se declaró incompetente para conocer de la consulta elevada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, declinando la competencia en esta Sala Electoral con fundamento en las siguientes razones:
En primer término señala que la redistribución de competencias en el ámbito jurisdiccional generada por la entrada en vigencia de la Constitución de1999, tuvo entre otras consecuencias la creación de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, haciendo señalamiento expreso de algunas de las sentencias dictadas por ésta en desarrollo de su ámbito competencial. Prosigue señalando el fallo que esta Sala Electoral, conforme a la jurisprudencia citada, es la competente para el conocimiento de las acciones de amparo interpuestas autónomamente que se ejerzan contra actos de naturaleza electoral, para luego concluir que, versando la consulta de autos sobre una decisión que decretó una medida cautelar de suspensión de efectos solicitada conjuntamente con un amparo autónomo, la competencia para conocer de dicha consulta debe corresponder a esta Sala, en virtud de que se determina por el tribunal al que corresponde el conocimiento del asunto principal.
VI
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la declinatoria de competencia formulada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y al respecto observa que en fecha 10 de febrero de 2000 (caso Cira Urdaneta de Gómez), estableció que, además de las competencias que le atribuye el artículo 30 del Estatuto Electoral del Poder Público, en sus numerales 1, 2 y 3, hasta tanto se dicten las Leyes Orgánicas del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Electoral, le corresponde conocer:
Los recursos que se interpongan, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, contra los actos de naturaleza electoral emanados de los sindicatos, organizaciones gremiales o colegios profesionales, organizaciones con fines políticos, universidades nacionales, y de otras organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, prosiguiendo en el desarrollo de los criterios de delimitación competencial sentados en dicha sentencia, esta Sala, en sentencia de fecha 26 de julio de 2000 (caso Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela), mediante una interpretación armónica de las competencias de la jurisdicción contencioso electoral con los criterios delimitadores de asignación competencial en materia de amparo constitucional sentados por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, expresó que:
De modo pues que, hasta tanto se dicte la correspondiente ley y la Sala Electoral sea el único órgano integrante de la jurisdicción contencioso electoral, le corresponderá conocer las acciones de amparo autónomo contra los actos, actuaciones u omisiones sustantivamente electorales de los titulares de los órganos distintos a los enumerados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que lógicamente detenten competencia en materia electoral, e igualmente le corresponde conocer las solicitudes de amparo cautelar que en su ámbito de competencia material sean interpuestas conjuntamente con recursos contencioso electorales.
En el marco de las anteriores premisas, y luego del correspondiente examen de los autos, la Sala observa que el presente caso tuvo su origen en la interposición de una acción autónoma de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con una solicitud de medida cautelar innominada de suspensión de efectos, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, actuando como órgano judicial de primera instancia, en ejercicio de la competencia extraordinaria establecida en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Asimismo se observa que dicha acción de amparo fue interpuesta contra un acto dictado por la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del Estado Cojedes para el período lectivo 2000-2002, por medio del cual se negó la inscripción de las postulaciones de candidatos a la Junta Directiva y Tribunal Disciplinario de esa entidad profesional, que en su oportunidad presentaran los accionantes ante ese órgano electoral, lo que a todas luces constituye un acto de naturaleza electoral por ser dictado dentro de un proceso electoral y emanar de un órgano de carácter electoral.
Por otra parte se observa que, decretada como fue la medida cautelar solicitada ante el precitado Juzgado de Primera Instancia, éste remitió el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a los fines de la consulta de ley prevista en los términos del artículo 9 de la ley de la Ley Orgánica sobre Amparo de Derechos y Garantías Constitucionales. Finalmente, a los efectos de las consideraciones jurídicas pertinentes a la presente decisión, debe destacarse que la citada acción de amparo constitucional fue incoada bajo la vigencia de la Constitución de 1961.
En orden a las anteriores circunstancias, resulta pertinente destacar que de acuerdo con las pautas del artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, norma que contiene un supuesto de competencia excepcional, es el tribunal de primera instancia competente el que debe conocer de la consulta que ordena hacer esa misma disposición legal. Ahora bien, para el momento en que se produjo la decisión objeto de la consulta por parte del Juzgado que conoció en primera instancia -en virtud del artículo 9 de dicha Ley, por no existir el tribunal competente de primera instancia en esa localidad- el órgano jurisdiccional competente para conocer de esta causa en primera instancia era la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y la consulta de ley correspondía a la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia. Asimismo, en el supuesto de competencia excepcional del artículo 9 que aquí se materializó, el conocimiento de la consulta de ley correspondía, antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
Por ello, como consecuencia de las profundas transformaciones operadas en el ordenamiento jurídico nacional que desembocaron en el nuevo orden institucional y competencial, fundamentalmente de la creación de la jurisdicción contencioso electoral, tal competencia -para conocer en primera y única instancia y excepcionalmente en consulta para aquellos casos originados antes de entrar en vigor la Constitución de 1999- corresponde de manera exclusiva a esta Sala, por lo que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo perdió la competencia, en casos como el de autos, que tenía conforme al artículo 185 ordinal 3° de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, desde el momento mismo en que ésta fue adquirida por esta Sala con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999.
Ahora bien, las anotadas referencias acerca de la redistribución competencial deben ser complementadas en atención a que el presente caso llega a esta Sala Electoral por vía de la declinatoria del conocimiento de la consulta legal recaída en primera instancia, competencia esta que, bajo la vigencia de la Constitución de 1999 sólo cabe considerar como atribuida a esta Sala Electoral. En ese orden de ideas, cabe señalar que, aun en los casos como el presente, en los cuales la acción de amparo se ejerce ante cualquier juez local en virtud de ausencia de juzgados competentes de Primera Instancia, o bien, en el hipotético caso de que esta Sala conociera de una decisión de amparo emanada de otro de los tribunales de la jurisdicción contencioso electoral, susceptibles de ser creados de acuerdo con lo previsto en el artículo 297 de la Constitución de 1999, y que no existiendo a la fecha en que se produce la presente decisión, la competencia en todo lo concerniente a la materia electoral en única instancia corresponde de manera exclusiva y excluyente a esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
Así pues, en el presente caso se somete a esta Sala -por vía de declinatoria- el conocimiento de la consulta legal de una sentencia dictada por un Juzgado de Primera Instancia contra un acto mediante el cual la Comisión Electoral de un organismo gremial (Colegio Profesional) negó la inscripción de unas postulaciones en un proceso electoral interno, excluyendo de participar en dicho proceso a algunos de los accionantes. Así las cosas, y visto entonces que actualmente la competencia para conocer de todo lo relativo a los actos de naturaleza electoral emanados de los sindicatos, organizaciones gremiales o colegios profesionales, organizaciones con fines políticos, universidades nacionales, y de otras organizaciones de la sociedad civil -en cualquier vía procesal- corresponde en forma exclusiva a esta Sala en única instancia -hasta tanto se dicte la legislación respectiva- incluida la competencia para conocer en consulta de un fallo emitido por un órgano de la jurisdicción civil ordinaria actuando en sede constitucional (excepcionalmente competente para conocer de dicha acción de acuerdo con el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), esta Sala Electoral concluye que es competente para conocer de la presente causa y acepta la declinatoria de competencia formulada por la Corte Primera Contencioso Administrativo. Así se decide.
Asumida la competencia, pasa esta Sala a decidir el fondo de la consulta legal planteada y a tal efecto observa lo siguiente:
La decisión objeto de la presente consulta, emanada del tantas veces citado Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, es un pronunciamiento interlocutorio mediante el cual decretó una medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por los accionantes conjuntamente con la acción de amparo, con un supuesto fundamento en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, resulta claro que la decisión que aquí se consulta no versa directamente acerca del fondo de la controversia planteada en sede constitucional, esto es, acerca de la presunta vulneración de las disposiciones constitucionales invocadas por los accionantes en su libelo (artículos 110, 111, 112 y 113 de la Constitución del 61) derivadas de un acto emanado del presunto agraviante, sino acerca de una medida cautelar que como tal es de naturaleza accesoria a la acción principal.
Es por ello que corresponde analizar si tales pronunciamientos cautelares pueden, conforme a la normativa procesal aplicable, ser objeto de la consulta legal que en materia de amparo prevén los artículos 9 y 35 (según sea el caso) de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Al efecto se observa que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su artículo 35, norma que prevé la figura de la consulta del fallo dictado en primera instancia, es del siguiente tenor:
Artículo 35. Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días. (resaltado de la Sala).
Por su parte, el artículo 9, ejusdem, reza:
Artículo 9. Cuando los hechos, actos u omisiones constitutivos de la violación o amenaza de violación del derecho o de la garantía constitucionales se produzcan en lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia, se interpondrá la acción de amparo ante cualquier Juez de la localidad quien decidirá conforme a lo establecido en esta Ley. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la adopción de la decisión, el Juez la enviará en consulta al Tribunal de Primera Instancia competente.
Por otra parte, el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, disposición en la cual se fundamentó la medida innominada solicitada y acordada por el a quo, establece en su Parágrafo Segundo lo siguiente:
Artículo 588. (Omissis)
Parágrafo Segundo: Cuando se decrete alguna de las providencias cautelares previstas en el Parágrafo Primero de este Artículo, la parte contra quien obre la providencia podrá oponerse a ella, y la oposición se sustanciará y resolverá conforme a lo previsto en los Artículos 602 , 603 y 604 de este Código.
Considera esta instancia jurisdiccional, que del análisis concatenado de las disposiciones transcritas, así como del contexto en el que se encuentran, se desprende claramente que las medidas cautelares innominadas dictadas durante la tramitación de las acciones de amparo autónomo, como la del presente caso, no pueden ser objeto de la consulta de ley, en ninguno de los supuestos previstos a lo largo del instrumento normativo, ya que de su contenido emerge que ésta sólo resulta admisible respecto del pronunciamiento dictado en relación con la acción principal.
Asimismo, se observa que entre los mecanismos de control de las decisiones cautelares basadas en el artículo 588 y en el resto de las disposiciones que conforman el Título de las medidas preventivas en el Código de Procedimiento Civil no se halla previsto el referido a la consulta, así como tampoco -se reitera- tal mecanismo previsto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales resulta extensible a las medidas cautelares dictadas en el curso de la tramitación de un amparo interpuesto autónomamente, y así en consecuencia, al no encontrarse esta Sala ante un caso en el cual proceda la consulta de la sentencia dictada por el a quo, a cuyos fines fue remitida, resulta forzoso declarar que no resulta posible entrar a examinar la decisión en cuestión, por lo cual se declara inadmisible la consulta planteada. Así se declara.
VII
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara COMPETENTE para conocer de la presente consulta y así mismo declara INADMISIBLE la consulta de ley sobre la decisión recaída en la acción de amparo interpuesta conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada de suspensión de efectos por el ciudadano JOSÉ MANUEL ARTEAGA, y otros, ya identificados, contra la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del Estado Cojedes del 13 de noviembre de 1999 ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, del Trabajo y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en la cual se decretó con lugar la medida cautelar innominada de suspensión de efectos.
Publíquese y Regístrese. Archívese el expediente.
Remítase copia de la presente decisión al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil dos (2002). Años: 192° de la Independencia y 143° de la Federación.
El Presidente,
ALBERTO MARTINI URDANETA
El Vicepresidente-Ponente,
LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Magistrado,
ORLANDO GRAVINA ALVARADO
El Secretario,
ALFREDO DE STEFANO PÉREZ
LMH/
Exp. Nº AA70-E-2002-000101.-
En veintiséis (26 de noviembre del año dos mil dos, siendo las once y cuarenta de la mañana (11:40 a.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 180.-
El Secretario,
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