Sentencia N.º 181
- Sentencia
- N.º 181
- Fecha
- 09/03/2009
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 08-1210
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Mediante Oficio Nº 1180 del 11 de agosto de 2008, el Presidente de la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los originales del expediente N° TP01-O-2008-000009 (cursante en la referida Corte) contentivo de la acción de amparo constitucional intentada por los abogados Álvaro Troconis Parilli, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Núm. 9311, en su carácter de defensor privado (según consta en autos) de los ciudadanos RÉGULO ANTONIO PEÑA SANTOS y MARIO JOSÉ ORTEGANO VILLAMIZAR, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Núms. 17.477.487 y 12.721.336, respectivamente; y Roberto Ramírez Meléndez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Núm. 29.455, en su carácter de defensor privado (según se evidencia en autos) de los ciudadanos LUIS MANUEL MORALES GONZÁLEZ, PEDRO EDUARDO MENDOZA DÍAZ (y también del ciudadano Régulo Antonio Peña Santos), venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Núms. 16.805.356 y 14.459.926, también respectivamente; contra lo decidido el 17 de julio de 2008, por el Juzgado Segundo en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal al término de la audiencia preliminar, específicamente en cuanto a la declaratoria sin lugar de la [ ] solicitud de sustitución de la medida privativa de libertad que rige sobre el imputado Mario José Ortegano Villamizar por otra menos gravosa [ ] y en cuanto a que [ ] El Tribunal deja constancia expresa ante las partes que, de conformidad con lo establecido concatenadamente en los artículos 178 y 376 del Código Orgánico Procesal Penal, lo decidido en este acto se ejecutará una vez firme el fallo, esto es, se librarán las respectivas boletas de excarcelación de los ciudadanos Luis Manuel Morales González, Pedro Eduardo Mendoza Díaz y Régulo Antonio Peña Santos una vez se constate que precluyó el lapso de interposición de los recursos respectivos sin que estos(sic) se interpusieran o que, interpuestos, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del de Apelaciones confirmó(sic) la decisión [ ]. .
Tal remisión obedece a la apelación interpuesta tempestivamente por los defensores privados de los accionantes contra la decisión dictada el 1 de agosto de 2008, por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Recibido el expediente, el 24 de septiembre de 2008 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 5 de noviembre de 2008 fue recibido en la Sala oficio N° 1462-2008 del 27 de noviembre de 2008, suscrito por el Presidente de la Sala Accidental de la referida Corte de Apelaciones, a través del cual remitió copia certificada [ ] del fallo que resuelve el Recurso de apelación de Auto N° TP01-O-2008-000142, interpuesto por el Fiscal Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, en la Causa Penal N° TP01-P-2008-001041, seguida a los ciudadanos LUIS MANUEL MORALES GONZÁLEZ, MARIO JOSÉ ORTEGANO VILLAMIZAR, RÉGULO ANTONIO PEÑA SANTOS y PEDRO EDUARDO MENDOZA DÍAZ, por el delito de Secuestro a Adolescente.
Realizado el estudio individual del presente expediente, esta Sala pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
De las actas que componen el presente expediente, constante de una (1) pieza, se extraen los siguientes antecedentes:
El 17 de julio de 2008, el Juzgado Segundo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, al término de la audiencia preliminar, dictó decisión mediante la cual emitió los siguientes pronunciamientos: [ ] PRIMERO: INADMITE la acusación fiscal presentada contra los ciudadanos Luis Manuel Morales González, Pedro Eduardo Mendoza Díaz y Régulo Antonio Peña Santos por el delito de SECUESTRO DE ADOLESCENTE, previsto y sancionado en el artículo 460 Parágrafo Segundo del Código Penal, y en consecuencia DESESTIMA la correspondiente acción penal [ ] SEGUNDO: DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de la causa en relación con los ciudadanos Luis Manuel Morales González, Pedro Eduardo Mendoza Díaz y Régulo Antonio Peña Santos [ ] con base en el artículo 318 numerales 2, en relación con el ciudadano Luis Manuel Morales González por ser el hecho atípico, y 4 en relación con los ciudadanos Pedro Eduardo Mendoza Díaz y Régulo Antonio Peña Santos, por no haber base para solicitar fundadamente su enjuiciamiento. TERCERO: ADMITE la acusación presentada contra el ciudadano Mario José Ortegano Villamizar, plenamente identificado supra, modificándose la calificación jurídica de SECUESTRO DE ADOLESCENTE [ ] por la de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 470 primer aparte eiusdem. CUARTO: ADMITE LOS MEDIOS DE PRUEBA ofrecidos por el Ministerio Público en su escrito acusatorio y en su escrito complementario consignado en la oportunidad señalada en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar que son útiles, necesarios y pertinentes para la determinación del hecho en el debate, debiendo incorporarse las actas de investigación conforme a lo estipulado en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. QUINTO: ADMITE los medios de prueba ofrecidos por la defensa en su respectivo escrito de promoción consignado en la oportunidad señalada en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar igualmente que son útiles, necesarios y pertinentes para la determinación del hecho en el debate según lo indicado en dicho escrito. SEXTO: DECRETA LA LIBERTAD sin medida de coerción personal de los ciudadanos Luis Manuel Morales González, Pedro Eduardo Mendoza y Régulo Antonio Peña Santos. SÉPTIMO: Declara SIN LUGAR la solicitud de sustitución de la medida privativa de libertad que rige sobre el imputado Mario José Ortegano Villamizar por otra menos gravosa [ ]. El Tribunal deja constancia expresa ante las partes que, de conformidad con lo establecido concatenadamente en los artículos 178 y 376 del Código Orgánico Procesal Penal, lo decidido en este acto se ejecutará una vez firme el fallo, esto es, se librarán las respectivas boletas de excarcelación de los ciudadanos Luis Manuel Morales González, Pedro Eduardo Mendoza Díaz y Régulo Antonio Peña Santos una vez se constate que precluyó el lapso de interposición de los recursos respectivos sin que estos(sic) se interpusieran o que, interpuestos estos, la Corte de Apelaciones confirmó(sic) la decisión [ ].
El 25 de julio de 2008, los abogados Álvaro Troconis Parilli y Roberto Ramírez Meléndez, defensores privados de los ciudadanos Régulo Antonio Peña Santos, Mario José Ortegano Villamizar, Luis Manuel Morales González y Pedro Eduardo Mendoza, intentaron ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, acción de amparo constitucional contra la decisión del referido Juzgado Segundo en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal.
El 28 de julio de 2008, la antedicha Corte de Apelaciones dio entrada al amparo ejercido y designó ponente a la Jueza Rafaela González Cardozo. En esa misma oportunidad el Juez Luis Ramón Díaz Ramírez -integrante de dicho órgano jurisdiccional- manifestó estar incurso en una causal de inhibición.
El mismo 28 de julio de 2008, una vez presentada la respectiva acta de inhibición, el Juez Presidente de la referida Corte de Apelaciones la declaró con lugar, y en consecuencia, convocó al segundo suplente especial, quien aceptó dicha convocatoria. En la misma fecha se constituyó la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo para el conocimiento del amparo propuesto, correspondiéndole la ponencia a la jueza Rafaela González Cardozo.
El 1 de agosto de 2008, la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo declaró inadmisible la acción de amparo constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
El 6 de agosto de 2008, previas las notificaciones correspondientes y previa la imposición a los imputados de la inadmisibilidad del amparo ejercido, los defensores privados de los ciudadanos Régulo Antonio Peña Santos, Mario José Ortegano Villamizar, Luis Manuel Morales González y Pedro Eduardo Mendoza, apelaron -mediante escrito fundado- de la antedicha decisión.
El 11 de agosto de 2008, previo a la realización del cómputo correspondiente, el Presidente de la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo remitió el expediente a esta Sala Constitucional, siendo recibido el 16 de septiembre del mismo año.
II
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
Los accionantes fundamentaron su acción de amparo constitucional en las razones que de seguida se resumen:
Que el Juzgado Segundo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, a pesar de haber decretado el sobreseimiento de la causa a favor de los ciudadanos Régulo Antonio Peña Santos, Luis Manuel Morales González y Pedro Eduardo Mendoza Díaz; y en consecuencia, acordar [ ] la LIBERTAD sin medida de coerción personal [ ] de los prenombrados ciudadanos, resolvió [ ] mantener a estas personas privadas de su libertad, como hasta ahora han estado, dizque que(sic) hasta tanto no quede con plena firmeza jurídica su referido pronunciamiento.
Que tal circunstancia significó una [ ] abierta contravención y desacato al terminante contenido del artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal [ ]; según el cual, el sobreseimiento pone fin al proceso, tiene autoridad de cosa juzgada y tiene como efecto, hacer cesar todas las medidas de coerción que se hubiesen dictado.
Luego de citar un extracto de la sentencia N° 370 del 4 de julio de 2007, dictada por la Sala de Casación Penal, alegó que [ ] nos encontramos frente a una privación ilegítima de libertad; dado que si se acordó el referido sobreseimiento de la causa y se dispuso la libertad de las nombradas personas, son medida de coerción personal. Y habiendo consagrado nuestro legislador en el artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal, como efecto inmediato del decreto de sobreseimiento, el cese de todas las medidas de coerción que hubieren sido dictadas.
Que [ ] siendo el derecho a la libertad una de las garantías más sagradas consagradas en nuestra Carta Magna, por lógica consecuencia que de ello se deduce que nos encontramos ante una decisión con la cual se conculca, transgrede y vulnera ese prioritario derecho lo que constituye el autentico(sic) y verdadero soporte en que se apoya la Acción de Amparo que ahora se incoa contra la cuestionada decisión [ ].
Que [ ] con ese veredicto actuó dicho jurisdicente fuera de la esfera de su competencia; entendida ésta como abuso de poder y extralimitación en sus funciones; acción ésta que tiene su base de sustentación en lo consagrado por los artículos 1° y 4° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en concordancia con lo dispuesto por los artículos 26, 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y con asidero también en el principio de afirmación de la libertad a que se alude en el artículo 9° de la Ley Procesal Penal [ ].
Que [ ] en base a lo precedentemente argumentado solicitamos de ésta (sic) Corte que previa admisión de esta(esa) Acción de Amparo, declare y deje sin efecto el pronunciamiento por medio del cual aquel jurisdicente decidió mantener a los identificados: Luis Manuel Morales González, Pedro Eduardo Mendoza Días(sic) y Régulo Antonio Peña Santos, privados de su libertad, y como derivación de ello, se acuerde su inmediata liberación(sic) [ ].
Que asimismo, en la cuestionada decisión se declaró sin lugar la solicitud de sustitución de la medida judicial privativa de libertad dictada contra el imputado Mario José Ortegano Villamizar por otra menos gravosa y [ ] apriorísticamente debe advertirse que el rechazo a tal solicitud carece de toda motivación como legalmente así se exige, ya que debió haber señalado los motivos o razones por las cuales se rechazaba dicha pretensión, como era su deber hacerlo, lo que significa entonces que nos encontramos frente a un fallo sin basamento y que sin especie de duda conspira y atenta contra ese sagrado derecho a la libertad constitucionalmente consagrado.
Que [ ] en el particular caso de éste(ese) procesado ese Tribunal de Control en el numeral 3 de su decisión, si bien es cierto que admite la acusación que contra él formulara el Ministerio Público, también es cierto, que se pronunció por un cambio en la calificación; sustituyendo el delito de secuestro por el delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito, previsto y sancionado en el artículo 470, primer aparte del Código Penal, que estipula una pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años.
Que dada la cuantía de la sanción penal correspondiente para ese delito [ ] no están dadas las circunstancias vertidas en el ordinal 3° del artículo 250 de la Ley Procesal Penal, e igualmente el requerimiento plasmado en el Parágrafo Primero del artículo 251 de dicho código en lo que al peligro de fuga atañe, ya que este peligro de fuga, sólo se presume en hechos punibles con penas privativas de libertad cuyo término máximo sea igual o superior a diez (10) años,(que este no es el caso).
Que [ ] este procesado se presentó voluntariamente ante la Fiscalía Novena del Ministerio Público cuando tuvo conocimiento de que se le estaba señalado(sic) como partícipe en un delito, como debe constar en autos, ya que fue su propio defensor [ ] quien lo acompañó en ese acto de presentación donde fue inmediatamente detenido.
Que la acción de amparo respecto a este procesado es porque [ ] se le ha quebrantado con esa decisión su derecho a la libertad [ ] (Subrayado del escrito).
Que en cuanto al peligro de obstaculización [ ] a que se contrae el artículo 252 de esa Ley Procesal Penal, tampoco existe ni está presente, ya que la investigación está concluida y la Vindicta pública(sic) ya emitió su acto conclusivo.
Que la negativa del Tribunal Segundo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo de sustituir la medida privativa de libertad por otra menos gravosa no tiene recurso de apelación, conforme lo dispone el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual significa que [ ] la Acción de Amparo, como acción extraordinaria, es la vía procesal expedita, idónea y eficaz para la salvaguarda y protección del derecho a la libertad de ese coacusado [ ].
Que en relación con los acusados Luis Manuel Morales González, Pedro Eduardo Mendoza Díaz y Régulo Antonio Peña Santos [ ] pudiera pensarse que no es dable ni procedente la proposición de una acción de carácter extraordinario como la que ahora interponemos, puesto que existen medios explícitos de impugnación señalados en el Código Orgánico Procesal Penal, como sería en nuestro caso el Recurso de Apelación de Autos, cuya consagración jurídica se localiza en el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, nos permitimos explanar y esgrimir en contra de ésta apresurada apreciación, que en el caso específico esa circunstancia no tiene aplicación.
Luego de citar criterios doctrinales y precedentes jurisprudenciales de esta Sala Constitucional respecto a la procedencia de la acción de amparo constitucional, agregó que [ ] los transcritos criterios nos hacen valer y entender que es totalmente admisible y procedente la proposición de una Acción de Amparo aun existiendo medios ordinarios de impugnación, como en nuestro caso sería la apelación ya que si bien es verdad que en el caso concreto existe el recurso ordinario de apelación, no es menos verdad, que ese recurso no constituye el medio expedito para hacer cesar la situación jurídica infringida por la sencilla razón de todos los retardos y dilaciones que conlleva la introducción, sustanciación y tramitación de un recurso de apelación, que lo apartan por ello de ser un medio eficaz y expedito máxime cuando en la situación particular, nos encontramos ante la coyuntura de que estamos en víspera del receso judicial que se inicia el 15 de Agosto y concluye el 15 de Septiembre de 2008 [ ]. (Subrayado del escrito).
Que [ ] lo dicho constituye, sin ambages, el señalamiento de incuestionables evidencias como lo ha dicho la Sala Constitucional, que justifican realmente la admisión de esta Acción de Amparo.
Por último, solicitó que se admitiera el amparo constitucional interpuesto y se declarara con lugar [ ] manifestando que la presentación de la copia simple de la decisión objeto del interpuesto recurso, sólo se debe a que se está en tramitación la expedición de las correspondientes copias certificadas, como ya fue solicitado y así se constata del respectivo recaudo que también nos permitimos acompañar adjunto a este escrito.
Los accionantes anexaron a su escrito libelar los siguientes recaudos documentales: 1) Copia del acta de la audiencia preliminar, celebrada el 15 de julio de 2008, marcada A; 2) Copia del acta de continuación de dicha audiencia celebrada el 15 del mismo mes y año; en la que se observa el contenido de la decisión impugnada, marcada B; y 3) Copia de la solicitud de las copias certificadas de los recaudos signados con las letras A y B, dirigida al Juzgado Segundo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, marcada C.
III
DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El 1 de agosto de 2008, la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sobre la base de la argumentación siguiente:
[ ] Analizadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, este Tribunal Colegiado pasa a pronunciarse sobre la acción sometida a su conocimiento previo el análisis de las siguientes consideraciones:
La presente acción de amparo constitucional tiene como objeto la presunta violación al derecho a la libertad del los ciudadanos accionantes: REGULO ANTONIO PEÑA SANTOS, LUIS MANUEL MORALES GONZALEZ y PEDRO EDUARDO MENDOZA DÍAZ y MARIO JOSE ORTEGANO VILLAMIZAR por parte del auto dictado en fecha 28 de junio de 2008, por el Tribunal de Control N° 02 del Circuito Judicial de este Estado, mediante el cual decretó: mantener detenidos a los ciudadanos REGULO ANTONIO PEÑA SANTOS, LUIS MANUEL MORALES GONZALEZ y PEDRO EDUARDO MENDOZA DÍAZ hasta tanto adquiera el carácter de decisión firme, es decir cosa juzgada formal y material el sobreseimiento dictado en la oportunidad de finalizada la audiencia preliminar, como consecuencia de la declaratoria de inadmisibilidad de la acusación propuesta por el Ministerio Público; también se interpone la acción contra la decisión del Juez de Control Nº 02 de declarar sin lugar la solicitud de sustitución de la medida privativa de libertad del ciudadano: MARIO JOSE ORTEGANO VILLAMIZAR.
En este sentido, observa esta Corte de Apelaciones, que el artículo 6 en su cardinal 5 dispone:
No se admitirá la acción de amparo:
5.-Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes.
En relación al alcance de esta norma, la Sala Constitucional ha venido interpretando en diversos fallos, v gr. (sic) sentencias 848/2000, 963/2000, 1120/2000, 1351/2000, 1592/2000, 27/2001, 454/2001, 1488/2001, 1496/2001, 1809/2001, 2529/2001 y 865/2002, entre otras) asentando el carácter residual del amparo constitucional, como acción destinada al restablecimiento de un derecho o una garantía constitucional que ha sido lesionada, el cual sólo se admite ante la inexistencia de una vía idónea para ello, la cual por su rapidez y eficacia, impida la lesión de los derechos que la Constitución vigente garantiza.
Afirmando la Sala posteriormente, (en sentencia 1496/2001 caso: Rosa (sic) América Rangel Ramos), la posibilidad de la acción, sin agotar la vía ordinaria previa, señalando:
...la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:
a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o
b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.
La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.
La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal a), no tiene el sentido de que se interponga cualquier recurso imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles. En consecuencia, por ejemplo, ante el agotamiento de la doble instancia en un juicio civil, el actor tendrá la posibilidad de recurrir en casación o en amparo constitucional, pues es sabido que aquélla constituye una vía extraordinaria de revisión.
De cara al segundo supuesto, relativo a que la acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente al restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado
Alguna de tales circunstancias podría venir dada cuando, por ejemplo, la pretensión de amparo exceda del ámbito intersubjetivo para afectar gravemente al interés general o el orden público constitucional; en caso de que el recurrente pueda sufrir una desventaja inevitable o la lesión devenga irreparable por la circunstancia de utilizar y agotar la vía judicial previa (lo que no puede enlazarse el hecho de que tal vía sea costosa o menos expedita que el procedimiento de amparo); cuando no exista vía de impugnación contra el hecho lesivo, o ésta sea de imposible acceso; cuando el peligro provenga de la propia oscuridad o complejidad del ordenamiento procesal; o ante dilaciones indebidas por parte los órganos judiciales, tanto en vía de acción principal como en vía de recurso.
En este sentido, esta Corte de Apelaciones advierte que en el caso bajo estudio, los accionantes alegaron la violación a su derecho a la libertad por parte del Juez que dictó el auto, mediante el cual se decreta mantener detenidos a los ciudadanos REGULO ANTONIO PEÑA SANTOS, LUIS MANUEL MORALES GONZALEZ y PEDRO EDUARDO MENDOZA DÍAZ hasta tanto adquiera el carácter de decisión firme, es decir cosa juzgada formal y material el sobreseimiento dictado en la oportunidad de finalizada la audiencia preliminar, como consecuencia de la declaratoria de inadmisibilidad de la acusación propuesta por el Ministerio Público; también se interpone la acción contra la decisión del Juez de Control Nº 02 de declarar sin lugar la solicitud de sustitución de la medida privativa de libertad del ciudadano: MARIO JOSE ORTEGANO VILLAMIZAR, señalando que la vía de amparo era necesaria por que(sic) si bien es verdad que en el caso concreto existe el recurso de apelación, no es menos verdad, que ese recurso no constituye el medio expedito para hacer cesar la situación jurídica infringida, el derecho a la libertad,....por la muy sencilla razón de todos los retardos y dilaciones que conlleva la introducción, sustanciación y tramitación de un recurso de apelación, que lo apartan por ello de ser el medio eficaz y expedito para el establecimiento(sic) inmediato de la situación jurídica infringida....máxime cuando se diga que en la situación particular, no encontramos ante la coyuntura de que estamos en víspera del receso judicial que se inicia el 15 de agosto y concluye el 15 de septiembre de 2008.
Demarcando como motivación para obviar la vía recursiva ordinaria, los retardos y dilaciones que conlleva la introducción, sustanciación y tramitación de un recurso de apelación y la proximidad del receso judicial, observando esta Corte de Apelaciones que tal argumentación deviene desacertada toda vez que conforme al artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, dada la naturaleza del derecho a la libertad que trata, los lapsos se reducen a la mitad.
En efecto el Titulo(sic) III, Capítulo I del Código Orgánico Procesal Penal regula el procedimiento para la apelación de autos, destacándose:
Artículo 447. Decisiones recurribles. Son recurribles ante la Corte de Apelaciones las siguientes decisiones:
(Omissis)
4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva; ( )
Artículo 449. Emplazamiento. Presentado el recurso, el juez emplazará a las otras partes para que lo contesten dentro de tres días y, en su caso, promuevan prueba. Transcurrido dicho lapso, el juez, sin más trámite, dentro del plazo de veinticuatro horas, remitirá las actuaciones a la Corte de Apelaciones para que ésta decida.
Sólo se remitirá copia de las actuaciones pertinentes o se formará un cuaderno especial, para no demorar el procedimiento.
Excepcionalmente, la Corte de Apelaciones podrá solicitar otras copias o las actuaciones originales, sin que esto implique la paralización del procedimiento.
Artículo 450. Procedimiento. Recibidas las actuaciones, la Corte de Apelaciones, dentro de los tres días siguientes a la fecha del recibo de las actuaciones, decidirá sobre su admisibilidad.
Admitido el recurso resolverá sobre la procedencia de la cuestión planteada, dentro de los diez días siguientes.
Si alguna de las partes ha promovido prueba y la Corte de Apelaciones la estima necesaria y útil, fijará una audiencia oral dentro de los diez días siguientes a la recepción de las actuaciones y resolverá al concluir la audiencia.
Cuando la decisión recurrida sea la prevista en el numeral 4 del artículo 447, los plazos se reducirán a la mitad.
( omisis) Resaltado de quienes suscriben.
Descrito lo anterior se deduce con meridiana logicidad que la decisión objeto de amparo tiene en el Código Orgánico Procesal Penal no sólo la apelación como medio de impugnación, sino que además con un procedimiento breve, sumario y eficaz para su tramitación, con la reducción de los lapsos a la mitad, dada por supuesto el derecho de que se trata como lo es la libertad, que luego de la vida, deviene como derecho fundamental de todo ser humano, ya que los accionantes disponen del recurso de apelación para hacer efectivo el derecho supuestamente lesionado, el cual no han utilizado.
En efecto, la Sala Constitucional, dado el carácter extraordinario con que está revestida la acción de amparo, ha señalado que la misma no sólo es inadmisible cuando se ha acudido primero a la vía judicial ordinaria, sino también cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a dicha vía no se hace uso de ella, sino que se utiliza el medio especial; tal y como lo señala en sentencia dictada en fecha 13-08-01, (caso: Gloria América Rangel Ramos), en la que sostuvo: ... ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo....
Dicho lo anterior, ha de concluirse que en el caso de marras la parte actora disponía del medio procesal idóneo para obtener el restablecimiento de los Derechos Constitucionales presuntamente vulnerados mediante la decisión dictada en el que el Tribunal de Control N° 02 de este Circuito decretó mantener detenidos a los ciudadanos REGULO ANTONIO PEÑA SANTOS, LUIS MANUEL MORALES GONZALEZ y PEDRO EDUARDO MENDOZA DÍAZ hasta tanto adquiera el carácter de decisión firme, es decir cosa juzgada formal y material el sobreseimiento dictado en la oportunidad de finalizada la audiencia preliminar, como consecuencia de la declaratoria de inadmisibilidad de la acusación propuesta por el Ministerio Público. Así se decide.
Recordemos que también se interpone la acción contra la decisión del Juez de Control Nº 02 de declarar sin lugar la solicitud de sustitución de la medida privativa de libertad del ciudadano: MARIO JOSE ORTEGANO VILLAMIZAR, sobre este aspecto estima esta Corte de Apelaciones también debe declarase inadmisible la acción propuesta, en virtud de existir un medio, idóneo, eficaz y expedito, como es el de intentar la revisión cuantas veces la considere necesaria, ante el Juez que conoce el asunto, de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Pena (sic) el cual establece que la solicitud de revocación o de sustitución de la medida de coerción personal podrá ser realizada las veces que el accionante lo considere necesario, estableciendo además dicha norma que la negativa del juez de sustituir la medida cautelar por otra menos gravosa no es recurrible mediante apelación; sin embargo, la norma mencionada impone al juez, la obligación de examinar cada tres meses, la necesidad de mantener la privación judicial de libertad y sustituirla por otra menos gravosa, cuando lo estime conveniente, siempre que los supuestos que motivan dicho aseguramiento puedan razonablemente ser satisfechos con la aplicación de otra medida; por su parte, el imputado o acusado podrá solicitar la revocación o sustitución de dicha medida las veces que lo considere pertinente; en tal sentido tenemos que la propia ley procesal tiene establecido el medio idóneo y expedito, en la jurisdicción ordinaria, la revocación o sustitución de la medida cautelar al regular, como lo señalamos, la solicitud de revisión en su artículo 264 que puede realizar el acusado las veces que lo estime necesario, es decir sin limitación alguna y la imposición al juez de la obligación de examinar cada tres meses la necesidad de mantener, sustituir o revocar la medida. En este sentido nos ha orientado además nuestro mas(sic) Alto Tribunal, en Sala Constitucional, en sentencias, entre otras, como: 128 de fecha 13-02-2004; 151 de fecha 02-03-2005; 089 de fecha 28-02-05; 2866 de fecha 29-09-05 y 3128 de fecha 20-10-2005.
IV
FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN
El 6 de agosto de 2008, la parte accionante interpuso mediante escrito fundado- recurso de apelación ante la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo; cuyos alegatos se resumen a continuación:
Que [ ] en el escrito contentivo de la aludida acción de amparo, Capítulo Quinto, se hizo particular mención a la admisibilidad y procedencia de la misma; aportando, como soporte de ello, valiosos criterios doctrinarios y decisiones incluso de la propia Sala Constitucional que nos ha hecho saber que es perfectamente dable y procedente recurrir a la acción de amparo aun existiendo vías ordinarias [ ], siempre que se indiquen los motivos por los cuales se ha recurrido a la vía de amparo.
Señaló las sentencias números 8 y 2.791 de fechas 15 de febrero de 2005 y 6 de diciembre de 2004, respectivamente, con énfasis en la decisión contenida en el expediente N° 07-1025 del 15 de julio de 2008 [ ] donde la Sala Constitucional no sólo se pronunció por la admisibilidad de la acción de amparo sino que se inclinó por su declaratoria con lugar [ ], en la cual [ ] el quejoso, aun existiendo los recursos ordinarios o extraordinarios solicitó la tutela jurisdiccional por considerar que se le habían quebrantado derechos y garantías constitucionales; invocando para su admisión los mismos motivos que se han esgrimido en esta acción de amparo que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo declaró inadmisible; lo que se traduce entonces en un desacato a la doctrina de ésta(sic) Sala que incluso significa actuar en contraposición a lo dispuesto por el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente, que dispone que, los jueces de instancia deben procurar acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la uniformidad de la jurisprudencia y la integridad de la legislación.
Que [ ] no obstante este reiterado criterio, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, decidió inadmitir la acción bajo el pretexto de existir, en el caso concreto, medios ordinarios eficaces y expeditos como lo son: el recurso de apelación y el recurso de revisión de medidas(sic), que según su parecer debieron ser agotados; apoyado para ello en decisiones de la Sala Constitucional del año 2000 y 2001, que valga la pena decir, resultan ya vetustas, añejas o arcaicas y muy distanciadas de las nuevas corrientes que en materias de amparo constitucional, y en lo tocante a su admisibilidad ha establecido la misma Sala Constitucional, de fechas más recientes y que fueron ignoradas y desconocidas.
Que [ ] decir por ejemplo que la acción de amparo tiene carácter residual es desatender criterios imperantes en la Sala Constitucional que ha dejado a un lado esa condición o carácter que en algún momento le fue atribuida [ ], pero que ahora ha sido abandonado.
Que [ ] decir por ejemplo, que para la admisión de una acción de amparo constitucional deben los Tribunales revisar primero si fue agotada la vía ordinaria, también es una impropiedad que se aparta mucho de la moderna doctrina reinante en materia de acción de amparo constitucional.
Que cuando fue propuesta la acción de amparo constitucional se señaló [ ] el criterio dominante de la Sala Constitucional [ ], la cual consiste en [ ] que la parte actora bien puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria [ ], siempre que se expresen los motivos por los cuales se decidió hacer uso de la vía de amparo; que exponga evidencias, razones valederas que así lo justifiquen; dado que el empleo de las vías ordinarias bien pueden resultar un camino no rápido, eficaz y expedito para impedir o subsanar el derecho constitucional transgredido o amenazado de violación.
Que las razones dadas en el escrito de amparo para acudir a esa vía, reproducidas mediante la apelación, se mantienen inalterables pese a que la Alzada no las consideró; pues contrariamente [ ] estimó, que en el caso particular el recurso de apelación que es un medio ordinario de impugnación, era expedito y eficaz para el restablecimiento de la situación jurídica infringida, lo que pensamos conforma una inexactitud dada(sic) las tardanzas y dilaciones, insistimos en ello, que significan y representan la tramitación y sustanciación de ese medio ordinario de impugnación, que no resulta por tal virtud expedito y eficaz [ ].
Que debe acotarse además que tratándose de una acción de amparo constitucional [ ] todo el tiempo será hábil y el Tribunal debe darle preferencia a cualquier otro asunto; circunstancia esta que milita también a favor de la admisibilidad y procedencia de la acción de amparo propuesta, que insistimos en recalcar, es el camino idóneo, breve, eficaz y expedito para obtener la tutela jurisdiccional antes (sic) situaciones como la denunciada.
Por último, alegó que [ ] yerra también la Corte de Apelaciones, cuando en lo tocante al ciudadano Mario José Ortegano Villamizar inadmite la acción por estimar que en su caso existe un medio idóneo, eficaz y expedito como lo es la revisión de medidas a que se alude en el artículo 264 de la Ley Procesal Penal, puesto que se olvida que en la propia audiencia preliminar ese recurso fue agotado y de paso rechazado.
Que si bien la revisión de la medida privativa de libertad puede solicitarse en cualquier oportunidad [ ] no es menos cierto, que de hacerse tal pedimento por ante el mismo Juez de Control, de manera casi segura, va a ser desestimado bajo el socorrido argumento de no haber variado las circunstancias. Y esperar a solicitar tal revisión por ante un Tribunal de juicio significa dilaciones y retardos del cual (sic) todos tenemos conocimientos(sic), por lo que la acción de amparo en lo que a esta persona concierne, es la única vía expedita y eficaz, ya que ese mismo dispositivo de la Ley Procesal Penal dispone que contra la negativa del Tribunal a revocar o sustituir la medida no se concede recurso de apelación.
V
DE LA COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación y, a tal efecto, observa:
Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala es competente para conocer las apelaciones contra los fallos de los Tribunales Superiores -excepto los Contencioso Administrativos-, las Cortes de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo, ya que según la norma invocada, hasta tanto se dicte la ley de la jurisdicción constitucional, rige la normativa especial de la materia -Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales-, así como las interpretaciones vinculantes de esta Sala.
De acuerdo con estas últimas interpretaciones y según lo pautado en el artículo 35 de la mencionada Ley Orgánica de Amparo, a esta Sala corresponde el conocimiento de las apelaciones contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones en lo Penal cuando actúan como Tribunales de Primera Instancia en materia de amparo constitucional, conforme a la jurisprudencia vinculante emitida por esta Sala en su fallo N° 1/2000, caso: Emery Mata Millán.
En el presente caso, la acción de amparo constitucional fue conocida en primera instancia por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo; por lo tanto, esta Sala resulta competente para conocer y decidir la presente apelación, y así se decide.
VI
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Precisado lo anterior, esta Sala Constitucional, en atención al criterio vinculante establecido en su decisión No. 3027/2005, caso: César Armando Caldera Oropeza, debe pronunciarse preliminarmente sobre la tempestividad de la apelación interpuesta; y al respecto observa:
El fallo apelado fue publicado el 1 de agosto del presente año, y según el cómputo (cursante en el expediente) practicado el 11 del mismo mes y año por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, desde el día 4 de agosto de 2008, oportunidad en la que la parte accionante quedó notificada del fallo respectivo, hasta el 6 de agosto de 2008, oportunidad en la que fue presentado el recurso de apelación, transcurrieron dos (2) días de audiencia, motivo por el cual al interponerse dicha apelación al segundo día de dictado el fallo, esta Sala la considera ejercida oportunamente. Así se declara.
Analizados los motivos por los cuales fue declarada inadmisible la presente acción de amparo constitucional por la Sala Accidental Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, así como los argumentos expuestos al momento de ejercer la apelación interpuesta, pasa esta Sala a decidir y, a tal efecto, considera lo siguiente:
En el caso sub examine, la acción de amparo constitucional se ejerció contra lo decidido el 17 de julio de 2008, por el Juzgado Segundo en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal al término de la audiencia preliminar, específicamente en cuanto a la declaratoria sin lugar de la [ ] solicitud de sustitución de la medida privativa de libertad que rige sobre el imputado Mario José Ortegano Villamizar por otra menos gravosa [ ] y en cuanto a que [ ] El Tribunal deja constancia expresa ante las partes que, de conformidad con lo establecido concatenadamente en los artículos 178 y 376 del Código Orgánico Procesal Penal, lo decidido en este acto se ejecutará una vez firme el fallo, esto es, se librarán las respectivas boletas de excarcelación de los ciudadanos Luis Manuel Morales González, Pedro Eduardo Mendoza Díaz y Régulo Antonio Peña Santos una vez se constate que precluyó (sic) el lapso de interposición de los recursos respectivos sin que estos(sic) se interpusieran o que, interpuestos, la Corte de Apelaciones confirmó(sic) la decisión [ ]. .
Por su parte, la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo declaró inadmisible el amparo incoado, de conformidad con el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que consideró, por una parte, que contra la decisión que mantuvo la privación de libertad de los ciudadanos Régulo Antonio Peña Santos, Luis Manuel Morales González y Pedro Eduardo Mendoza Díaz, podía ejercerse recurso de apelación en tanto medio idóneo y eficaz para la tutela de sus derechos; y por la otra, que contra la negativa de revisión de la medida privativa de libertad respecto al ciudadano Mario José Ortegano Villamizar puede solicitarse su revisión los veces que se considere pertinente, de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal.
Para refutar lo argumentado por la referida Sala Accidental de la Corte de Apelaciones, los defensores privados de los accionantes adujeron en su apelación, entre otras cosas, que ratificaban los argumentos expuestos en el escrito de amparo constitucional, toda vez que los mismos están soportados en criterios de esta Sala Constitucional, según los cuales se puede intentar la acción de amparo contra decisiones judiciales aun cuando existan medios ordinarios de impugnación siempre que se indiquen las razones por la cuales se acude a la vía del amparo; a cuyo efecto citó algunos fallos dictados por la Sala y se refirió asimismo al artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, concluyendo que las consideraciones sobre el amparo y su carácter residual ya fueron abandonadas.
Igualmente los accionantes expusieron que el a quo constitucional se equivocó cuando expresó que el amparo invocado era inadmisible, por cuanto contra la negativa de sustituir la medida privativa de libertad cuentan con la revisión prevista en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que consideraron que si bien puede solicitarse en cualquier fase del proceso, la misma no puede intentarse inmediatamente después de su negativa pues lo probable es que sea nuevamente negada.
Ahora bien, con relación al primer aspecto objeto de análisis en la presente acción de amparo, esta Sala refiere que dentro del proceso penal de corte acusatorio- el legislador consagró los lapsos procesales para que se lleven a cabo actuaciones de procedimiento; y así posibilitar su realización. Por ello, al dictarse una sentencia definitiva o interlocutoria apelable, si respecto de ella se alegase una posible infracción a algún derecho o garantía constitucional, no habría razón para pensar que la situación jurídica que se pretende lesiva no pueda ser reparada de inmediato si se apela, y si la Alzada decide dentro de los términos para ello.
Así, con base a la existencia de la vía procesal ordinaria de la apelación surge precisamente la causal de inadmisibilidad del amparo respecto al accionante, ya que mediante la vía judicial ordinaria puede restablecerse la situación jurídica presuntamente infringida antes que la lesión cause un daño tal que devenga en irreparable.
En el presente caso, la defensa de los accionantes señala que el Juzgado Segundo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, en fecha 17 de julio de 2008, conculcó los derechos a la defensa y al debido proceso de sus representados, toda vez que no decretó la libertad plena de los ciudadanos Luis Manuel Morales González, Pedro Eduardo Mendoza Díaz y Régulo Antonio Peña Santos al término de la audiencia preliminar a la cual asistió José Eduardo Avendaño en su condición de víctima- a pesar de no haber admitido la acusación fiscal y decretado el sobreseimiento de la causa respecto a ellos, tal y como lo establece la ley adjetiva penal.
Ello así, la defensa de los referidos ciudadanos, una vez dictada la decisión presuntamente lesiva, tenía la posibilidad de acudir a la vía judicial ordinaria de la apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 447.5 del Código Orgánico Procesal Penal, medio de impugnación que le permitía la reparación o restitución de la situación jurídica infringida al haberse mantenido la medida privativa de libertad de los accionantes a pesar de haberse decretado el sobreseimiento de la causa respecto a ellos, sin atender a los efectos de tal pronunciamiento, ex artículo 319 del referido Código Adjetivo-, y sólo si los jueces de la Alzada, quienes igualmente son tutores de la Constitución al conocer de la apelación decidieran con violación de derechos y garantías constitucionales, que amenazaran de irreparable su situación, podría acudirse a la vía del amparo; de modo que esta Sala comparte lo afirmado por el a quo constitucional en el sentido de que los accionantes podían apelar de la decisión en referencia, pero no de conformidad con el numeral 4 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, sino con base en el numeral 5 del mismo artículo, pues la primera de las disposiciones está referida a la posibilidad de apelar contra las decisiones que declaren la procedencia de una medida privativa de libertad o cautelar sustitutiva; supuesto que no es el caso de autos.
Esta Sala ha establecido, y así lo ratifica en esta oportunidad, que el criterio judicial en vigor consiste en que la acción de amparo es inadmisible no sólo cuando el supuesto agraviado ha hecho uso de los medios judiciales preexistentes, sino, también, cuando pudiendo disponer de los mismos, no los ejerció sino que optó por el ejercicio de la acción de amparo, sin acreditar razonablemente fundamentación alguna de la preferencia por esta última vía. Así, esta Sala estableció lo siguiente:
En consecuencia, es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones:
a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o
b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.
La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.
La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal a), no tiene el sentido de que se interponga cualquier recurso imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles. En consecuencia, por ejemplo, ante el agotamiento de la doble instancia en un juicio civil, el actor tendrá la posibilidad de recurrir en casación o en amparo constitucional, pues es sabido que aquélla constituye una vía extraordinaria de revisión.
De cara al segundo supuesto, relativo a que la acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente al restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado (sentencia n.° 1496, de 13 de agosto de 2001, caso Gloria A. Rangel R.).
De lo expuesto se observa que si bien la Sala ha abierto la posibilidad de que la parte impugnante acuda al amparo constitucional antes que a la vía ordinaria, ello ha sido establecido con carácter de excepción, verbigracia: las medidas cautelares dictadas en el proceso civil y su oposición, (Vid. sentencias Núms. 1662/2003 y 2235/2007); toda vez que en principio la vía judicial ordinaria se considera idónea para plantear las posibles injurias constitucionales acaecidas dentro del proceso.
Igualmente la Sala da cuenta de que el alegato de los accionantes referido a que en este caso la apelación no es el medio idóneo, pues su ejercicio supone un trámite dilatado más cuando se estaba en vísperas del receso judicial; esta Sala considera, por una parte que, la decisión fue dictada el 17 de julio de 2008, fecha que no puede considerarse, tal como se alegó, cercana al receso judicial el cual comenzó el 14 de agosto del mismo año; y por la otra, habiéndose notificado a las partes al término de la audiencia preliminar, de haberse impugnado mediante el recurso de apelación resultaba aplicable lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 450, que dispone textualmente que Recibidas las actuaciones, la Corte de Apelaciones, dentro de los tres días siguientes a la fecha del recibo de las actuaciones, decidirá sobre su admisibilidad. Admitido el recurso resolverá sobre la procedencia de la cuestión planteada dentro de los diez días siguientes.
Como puede observarse, la tramitación del recurso de apelación de autos prevista en el Título III, Capítulo I del Código Orgánico Procesal Penal conlleva, según el artículo 450 eiusdem, un trámite célere y no dilatado como lo afirma el accionante, pues la Corte de Apelaciones debe resolver la admisión de la apelación dentro de los tres (3) días de recibida y decidir el mérito de la misma dentro de los diez (10) días siguientes, para un total de trece (13) días; por lo tanto, no le asiste la razón al apelante cuando alega como argumento para optar por el amparo en lugar de la apelación- que dicho trámite lejos de ser expedito es dilatado.
Lo que si no comparte la Sala es lo afirmado por el a quo constitucional en el sentido de que los plazos para dicho trámite se reducen a la mitad, ya que ello sólo es aplicable en los casos del numeral 4 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal; supuesto que no aplica en el caso sub exámine con respecto a los ciudadanos Régulo Antonio Peña Santos, Luis Manuel Morales González y Pedro Eduardo Mendoza Díaz, pues se reitera el pronunciamiento impugnado en amparo no versa sobre la procedencia de la medida privativa del libertad ni sobre su sustitución por otra menos gravosa, sino sobre el mantenimiento de la privación de los imputados hasta tanto el sobreseimiento decretado en la audiencia preliminar hubiese alcanzado el carácter definitivamente firme, sin atender a los efectos del mismo ex artículo 319 eiusdem; en cuyo caso la apelación sólo es ejercible con apoyo en el numeral 5 del referido artículo 447; de allí lo equívoco de tal señalamiento, en consecuencia, tampoco le asiste la razón al apelante en cuanto a este alegato.
Por otra parte, la Sala también observa que en el presente caso ciertamente el Juez Segundo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, en decisión del 17 de julio de 2008, negó la sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada al ciudadano Mario José Ortegano Villamizar por otra menos gravosa, con fundamento en que [ ] a pesar de que en principio el delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito se corresponde con un tipo penal que no presenta violencia contra las personas, no es menos cierto que las circunstancias en que tal delito se configura en este proceso es la que surge a su vez de un delito de extrema gravedad como lo es el delito de secuestro, por lo que se considera que la medida cautelar privativa de libertad no ha perdido vigencia como la más adecuada, conforme al principio de proporcionalidad para asegurar la consecución de las finalidades del proceso [ ].
Al respecto, la Sala considera necesario reiterar que el principio del estado de libertad deviene de la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. De allí, que toda persona a quien se le impute la participación en un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y ponderadas por el juez en cada caso en particular.
Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, cuando existan fundados elementos de convicción en su contra respecto a la comisión de un delito, así como el temor fundado de que el mismo no se someterá voluntariamente a la persecución penal. Estas dos condiciones constituyen el fundamento de la potestad que tiene el Estado para aplicar las medidas restrictivas a la libertad personal en contra del procesado.
En tal sentido, las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas con arreglo a las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal mediante resolución judicial fundada, susceptible de ser impugnada -en su oportunidad legal-, a través del recurso de apelación, previsto en el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal.
No obstante la existencia del citado recurso, el texto adjetivo penal impone al juez competente según sea el caso, la obligación de examinar, cada tres meses, la necesidad de mantener la privación judicial de libertad y, sustituirla por otra menos gravosa, cuando lo estime conveniente, siempre que los supuestos que motivan dicha medida privativa de libertad puedan razonablemente ser satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa.
De igual modo, el procesado (acusado) podrá solicitar la revocación o sustitución de dicha medida privativa las veces que lo considere pertinente; por supuesto, toda medida privativa de libertad se presume legítima y la negativa de su sustitución en los términos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal no genera per se agravio constitucional alguno; siempre que el juez exprese como ocurrió en el caso bajo análisis- las razones de mérito tanto para su decreto como para la negativa de su sustitución por otra medida menos gravosa.
Corolario de lo antes dicho, la Sala considera que, en el caso sub lite, el ciudadano Mario José Ortegano Villamizar, accionante, disponía de un mecanismo ordinario distinto a la acción de amparo constitucional para plantear su pretensión, como lo es la revisión de la medida privativa de libertad ex artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal; la cual puede ser solicitada las veces que lo considere pertinente con la carga para el juzgador de revisar si los supuestos para su decreto han variado, para así proceder a su sustitución.
Siendo ello así la acción de amparo interpuesta resulta inadmisible, a tenor de lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de apelación ejercido por los defensores privados de los ciudadanos Régulo Antonio Peña Santos, Luis Manuel Morales González, Pedro Eduardo Mendoza Díaz y Mario Ortegano Villamizar y, en consecuencia, confirma, en los términos expuestos, la sentencia dictada el 1 de agosto de 2008, por la Sala Accidenta l de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, que declaró inadmisible la presente acción de amparo de conformidad con lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.
Por otra parte, de la copia certificada del fallo dictado el 24 de octubre de 2008, por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, recibida en esta Sala Constitucional el 5 de noviembre del mismo año; se evidencia que dicho órgano jurisdiccional declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por ciudadano Rafael José Salas Moreno, en su carácter de Fiscal Noveno del Ministerio Público con competencia en el Estado Trujillo, anulándose así lo decidido el 17 de julio de 2008, por el Juzgado Segundo en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal en la audiencia preliminar donde se decretó el sobreseimiento, la cual fue celebrada [ ] en la Causa Penal N° TP01-P-2008-001041, seguida a los ciudadanos LUIS MANUEL MORALES GONZÁLEZ, MARIO JOSÉ ORTEGANO VILLAMIZAR, RÉGULO ANTONIO PEÑA SANTOS y PEDRO EDUARDO MENDOZA DÍAZ, por el delito de Secuestro de Adolescente; y se ordenó en consecuencia la celebración de una nueva audiencia preliminar ante un juez de control distinto al que dictó el fallo anulado.
VII
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por los defensores privados de los accionantes contra la decisión dictada el 1 de agosto de 2008, por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo.
SEGUNDO: CONFIRMA, en los términos expuestos, la decisión apelada, mediante la cual declaró INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Álvaro Troconis Parilli, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos Régulo Antonio Peña Santos y Mario José Ortegano Villamizar, y Roberto Ramírez Meléndez, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos Luis Manuel Morales González, Pedro Eduardo Mendoza Díaz (y también del ciudadano Régulo Antonio Peña Santos); contra la decisión dictada el 17 de julio de 2008, por el Juzgado Segundo en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal al término de la audiencia preliminar.
Publíquese, regístrese y remítase el presente expediente a la Corte de Apelaciones de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 09 días del mes de marzo de dos mil nueve (2009). Años 198º de la Independencia y 150º de la Federación.
La Presidenta,
Luisa EstelLa Morales Lamuño
Vicepresidente,
Francisco A. Carrasquero López
Los Magistrados,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp.- 08-1210
CZdeM/
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