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En fecha 5 de octubre de 2007, los abogados Héctor Olivo y Rodrigo Tovar, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 23.060 y 36.231 respectivamente, en su carácter de defensores privados del acusado Darwin Leonardo Carreño Blanco, venezolano, mayor de edad, de oficio Oficial de Seguridad y titular de la Cédula de Identidad No. V-14.534.990, interpusieron el correspondiente recurso de casación contra la decisión de fecha 19 de julio de 2007, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que DECLARÓ SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia publicada el 27 de febrero de 2007, por el Tribunal Décimo Octavo de Primera Instancia en funciones de Juicio de este mismo Circuito Judicial Penal, que CONDENÓ al imputado a cumplir la pena de DIECISEIS (16) AÑOS DE PRESIDIO, por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal vigente para el momento de los hechos, en relación con el artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, en relación con los artículos 13 y 34 del Código Penal, en perjuicio del adolescente (IDENTIDAD OMITIDA) de 16 años de edad.
Cumplidos los lapsos, sin que se verificara la interposición del escrito de contestación del recurso de casación, se remitió el expediente a este Máximo Tribunal y en fecha 6 de noviembre de 2007, se dio cuenta del expediente en Sala, donde de conformidad con la ley, se le asignó la ponencia a la Magistrada quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Mediante Auto de fecha 12 de febrero de 2008, dictado por esta Sala de Casación Penal, se declaró la admisibilidad únicamente de la segunda denuncia planteada en el recurso de casación, convocándose la correspondiente audiencia pública.
En fecha 7 de abril de 2008, se realizó la audiencia en presencia de las partes, quienes expresaron sus alegatos únicamente respecto a la segunda denuncia por inmotivación.
Esta Sala pasa a dictar sentencia y a tales efectos señala:
DE LOS HECHOS
La sentencia dictada por el Tribunal de Juicio, inserta al folio 161 y siguientes de la segunda pieza del expediente, señala:
Este Tribunal luego de haber apreciado las pruebas que fueran depuestas en la Sala de Audiencia, al momento de la celebración del juicio oral y público, considera que ha quedado suficientemente probado que en fecha 26 de octubre de 2003, el acusado DARWIN LEONARDO CARREÑO BLANCO, fue la persona que estando en compañía de su primo JULIO CESAR CORA BLANCO, y portando sendas armas de fuego, se bajan de un jeep y sin mediar palabra alguna el acusado DARWIN LEONARDO CARREÑO BLANCO, quien portaba el arma tipo escopeta, dispara contra la humanidad del adolescente cuya identidad se omite, de conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 65 de la Ley Orgánica para la protección del Niño y del Adolescente, lo que ameritó su traslado al hospital de Los Magallanes de Catia, en donde ingresó sin signos vitales, estableciéndose que la causa de la muerte se debió a HEMORRAGIA INTERNA POR HERIDA POR ARMA DE FUEGO AL TÓRAX, tal y como se desprende del Protocolo de Autopsia, suscrito por el Médico Anatomopatólogo Forense adscrito a la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas
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DEL RECURSO
Los recurrentes denuncian:
CAPÍTULO I
MOTIVOS PARA EL PRESENTE RECURSO
Base legal, para proceder de la manera antes indicada, se encuentra en los artículos 459, encabezamiento, 460 y 462 del Código Orgánico Procesal Penal; pues ese digno Tribunal Superior declaró sin lugar la apelación interpuesta contra sentencia del Juzgado Décimo Octavo de Primera Instancia funcionando como de Juicio, Circuito Judicial Penal correspondiente al Área Metropolitana.
Incurrió la decisión objeto de la censura de Casación, en varios motivos que justifican el presente recurso, cuales fueron: Violación de la Ley, por falta de indebida aplicación y errónea interpretación, encuadrando esas diferentes situaciones dentro de lo previsto en el artículo 460 encabezamiento, del Código Orgánico Procesal Penal.
CAPÍTULO III
VIOLACIÓN DE LA LEY POR FALTA
DE APLICACIÓN
La honorable Corte de Apelaciones, Sala Siete, en sentencia cuya mención ya se hizo precedentemente, violó el artículo 364 ordinal 3°- del Código Orgánico Procesal Penal; pues faltó determinar, precisa y circunstanciadamente los hechos que el tribunal estimó acreditados.
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Comprendidas aquellas acepciones antes mencionadas dentro de esa determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados, tajantemente omite tal requisito el fallo recurrido, violando por falta de aplicación- el artículo 364, ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal.
Sin intención de introducir hechos, de ninguna manera referidos a fallas que pueden ser colocadas dentro de la capacidad decisoria de un recurso como el intentado, resulta necesario destacar algunos para demostrar de cómo está ausente su determinación en la sentencia.
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CAPÍTULO III
VIOLACIÓN DE LA LEY
POR FALTA DE APLICACIÓN
SEGUNDO CASO
La honorable Corte de Apelaciones, Sala Siete, en sentencia cuya mención ya se hizo precedentemente, violó el artículo 364 ordinal 4°- del Código Orgánico Procesal Penal; pues dicho fallo no contiene la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho.
Dicha norma, en su encabezamiento, expresa taxativamente- el imperativo de cómo La sentencia contendrá, no sujetándola discrecionalidad alguna por el magistrado judicial. Es, consecuencialmente, de orden público y por ende- de estricto cumplimiento, sujetas también en estricto orden secuencial- aquellas situaciones contempladas en sus seis (6) ordinales.
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DE LA FALTA DE MOTIVACIÓN
Con respecto a tal punto, la sentencia recurrida se expresa de la manera como copiamos a continuación, lo cual es provechoso para los intereses de esta defensa; pero va en contra de lo concebido como norma individualizada.
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En aquellos párrafos precedentemente copiados, la Corte de Apelaciones cuya sentencia recurrimos ante esa Sala de Casación Penal, se refiere a aspectos que han sido alegados con anterioridad y ratificados en esta formalización sobre exposición concisa sobre fundamentos de hecho como son respecto a derecho; pero no cumplidos por dicho Tribunal Superior, faltando al artículo 364, ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal.
Es incomprensible de que el fallo objeto de este recurso, haga recomendaciones de ninguna manera cumplidas en su texto, citando doctrina pacífica y reiterada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, contrariada al estar ausente establecimiento alguno sobre los hechos que el Tribunal da por probados, según el artículo 364, ordinal 3°, del Código Orgánico Procesal Penal, cual fue señalado por esta defensa al denunciar falta con respecto a su determinación precisa y circunstanciada
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La Sala para decidir observa:
De las denuncias planteadas, la Sala declaró admisible únicamente la segunda, que hace referencia a la inmotivación de la recurrida y al respecto considera que de la revisión tanto del recurso de apelación, como de la sentencia de la Corte de Apelaciones se verifica que, no solamente la recurrida transcribe gran parte del contenido de la sentencia dictada por Juicio, sino que omite referirse a ciertos alegatos del apelante, violando así el derecho a la defensa y el debido proceso, incurriendo en violación al ordinal 4º del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal o en otras palabras falta de motivación.
En efecto, en el escrito de apelación interpuesto el 12 de marzo de 2007, la defensa señala:
Estando dentro del término legal para ejercer el recurso de apelación a la decisión que dictara el Tribunal Décimo Octavo de Primera Instancia en función de Juicio y de la revisión de las actas que integran la causa seguida en contra de mi defendido, se pudo evidenciar que el juez de la sentencia recurrida violó el precepto legal establecido en el último aparte del artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal que establece: Incomparecencia. Cuando el experto o testigo oportunamente citado no haya comparecido, el Juez Presidente ordenará que sea conducido por medio de la fuerza pública, y solicitará a quien lo propuso que colabore con la diligencia.
Se podrá suspender el juicio por esta causa una sola vez conforme a lo previsto para las suspensiones, y si el testigo no concurre al segundo llamado o no pudo ser localizado para su conducción por la fuerza pública, el juicio continuará prescindiéndose de esa prueba.
al haber suspendido dicho juicio por mas de una vez evidentemente se ha violado el debido proceso el cual es amparado por nuestra Constitución y por el artículo penal anteriormente descrito, siendo ésta una causa para poder recurrir al derecho de apelación según lo establece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo artículos (sic).
451.- Admisibilidad. El recurso de apelación será admisible contra la sentencia definitiva dictada en el juicio oral.
452.- Motivos. El recurso sólo podrá fundarse en:
1.- Violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, concentración y publicidad del juicio;
2.- Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral;
3.- Quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que cause indefensión;
4.- Violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica.
Es el caso ciudadano Juez que el juicio seguido en contra de mi defendido fue suspendido o diferido tres veces siendo lo correcto haber tomado decisión de la causa obviando el experto que no pudo asistir, pero el Juez consideró como lo expresa en el folio 154 que es pertinente la exposición del patólogo forense para determinar el tipo de impacto que causó la muerte de la víctima, ya que lo importante para el Tribunal es constatar el hecho y sus causas a los fines de buscar la verdad de los mismos, o sea que el (sic) para este momento el ciudadano no estaba claro con la realidad de los hechos y consideraba que hacía falta el experto que aclara dicha situación para poder llegar a la verdad de los hechos, pero sin embargo decidió en contra de mi defendido y claramente lo hizo con esa duda tan grande, que sólo alega que se pudo comprobar que DARWIN estuvo en el sitio para cuando ocurrieron los hechos y jamás se pudo comprobar que fuera la persona que accionó el arma, los testigos promovidos por la defensa sólo fueron tomados en cuenta para comprobar que DARWIN estuvo ahí en el sitio de los hechos, pero no tomó en cuenta que todos confirman que no tenía arma y que no fue la persona que disparó, violándose de esta manera el derecho a la defensa de mi patrocinado, por tal motivo solicito con el debido respeto que sea promovido como prueba un experto en heridas realizadas con arma de fuego para poder comprobar la inocencia de mi defendido, ya que la testigo VAAMONDE promovida por el Ministerio Público todo el tiempo ha mentido sobre los hechos ocurridos, ya que dice que le disparó a quema ropa con una escopeta a un menor de 16 años de conjetura (sic) delgada y no existen orificios de salida, siendo esto imposible que no exista orificio de salida y era lo que el juez quería determinar con la declaración del patólogo.
Por lo anteriormente expuesto solicito muy respetuosamente admitan este recurso de apelación y se declare improcedente la sentencia del juez, se admita la prueba que solicito para comprobar la inocencia de mi defendido y que esta digna Sala tome su propia decisión o se inicie el juicio nuevamente, como contempla la ley
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Por su parte, la sentencia dictada por la Sala 7 de la Corte de Apelaciones en fecha 19 de julio de 2007, luego de transcribir la sentencia de juicio y el escrito de apelación, en el capítulo II titulado Fundamentos para decidir, expresó:
Considera esta Alzada que a los fines de decidir debe hacer un examen in integrum del proceso penal, ya que este debe ser un instrumento idóneo para la realización de la justicia en un sentido pleno, tanto para el imputado, para la víctima y para la sociedad que la reclama a través del Ministerio Público, es por ello que se requiere indispensablemente que el proceso penal sea enfocado no sólo desde su idoneidad técnica para lograr ese fin, sino del buen manejo que las partes y el órgano jurisdiccional hagan del mismo mediante la adecuada intervención conforme a una fenomenología del acontecer procesal, en relación indisoluble con las reglas del debido proceso, además esta revisión es importante como un remedio a las posibles deficiencias en las que el juez a-quo haya podido haber incurrido.
El artículo denunciado como infringido establece:
Artículo 357. Incomparecencia. Cuando el experto o testigo oportunamente citado no haya comparecido, el Juez Presidente ordenará que sea conducido por medio de la fuerza pública, y solicitará a quien lo propuso, que colabore con la diligencia.
Se podrá suspender el juicio por esta causa una sola vez conforme a lo previsto para las suspensiones, y si el testigo no concurre al segundo llamado o no pudo ser localizado para su conducción por la fuerza pública, el juicio continuará prescindiéndose de esa prueba.
En tal sentido, a los fines de determinar su presunta infracción esta Sala considera necesario verificar las causas de la suspensión del debate, las causas de la incomparecencia del experto, la actividad de las partes respecto a la prescindencia o no de esa prueba, así como el cumplimiento o no de las obligaciones legales previstas en dicho dispositivo legal por parte del juez de la recurrida, en efecto constata lo siguiente:
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De seguido enumera las veces que fue suspendido el debate y cual fue el motivo, para concluir:
Evidenciado como ha quedado el motivo de las suspensiones de la audiencia oral y pública seguida al ciudadano CARREÑO BLANCO DARWIN LEONARDO, es por ello que esta Sala considera que la razón no le asiste al recurrente, ya que el juicio aún cuando se suspendió por la incomparecencia del experto, la defensa estaba de acuerdo con que no fijara una nueva oportunidad para escuchar su testimonio, porque esas personas solo van a corroborar que existe víctima, con una herida, ya esas experticias están listas. Tal como se comprueba claramente de los folios ciento cincuenta y uno (151) al ciento cincuenta y cuatro (154) del expediente.
Así que, cuando el legislador estableció
el juicio continuará prescindiendo de esa prueba
, quiso impedir dilaciones, pero no evitar que la prueba se presentara en el transcurso del juicio, pues el proceso tiene como finalidad la búsqueda de la verdad.
Así las cosas, observa esta Sala que lo procedente y ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR el presente recurso de apelación interpuesto en fecha 12 de marzo de 2007, por el ciudadano GUILLERMO SANABRIA, Abogado en ejercicio inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 91.590, en su carácter de defensor del ciudadano CARREÑO BLANCO DARWIN LEONARDO, en contra de la sentencia dictada por el Dr. JUAN JOSÉ GÓMEZ LAMUS, Juez Décimo Octavo de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en el Juicio Oral y Público realizado en fecha 16 de febrero de 2007, publicado su texto en fecha 27 de febrero de 2007, mediante la cual CONDENÓ al mencionado acusado a cumplir la pena de DIECISEIS (16) AÑOS DE PRESIDIO, mas las accesorias de ley correspondiente, por ser responsable de la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal vigente para el momento de los hechos en relación con el artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en relación con los artículos 13 y 34 del Código Penal, en perjuicio del Adolescente cuya identidad se omite de conformidad con lo dispuesto en el segundo parágrafo del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente. ASÍ SE DECIDE
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Como se observa de las transcripciones anteriores, se puede comprobar que la Sala 7 de la Corte de Apelaciones incurrió en falta de aplicación del ordinal 4º del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, al no resolver con un razonamiento propio y específico los alegatos planteados en el recurso de apelación, toda vez que se limita a transcribir la sentencia de juicio y señalar de manera genérica algunos aspectos a manera justificativa, sin resolver otros aspectos mencionados en el recurso de apelación, los cuales merecen un pronunciamiento.
Es así, como el apelante plantea en su recurso la violación al derecho a la defensa del imputado, porque no se logró determinar en juicio cómo fue efectuado el disparo y por ello solicita ante la Corte de Apelaciones, la promoción de un experto en heridas para comprobar la inocencia del imputado, toda vez que en el juicio no se logró la comparecencia del experto a pesar de las suspensiones acordadas.
De manera que la Corte de apelaciones incurre en inmotivación del fallo, al omitir el alegato del apelante en relación a la falta de precisión de los hechos que se imputan a su defendido, y al no tomar en cuenta su solicitud respecto a la promoción de un experto en heridas por arma de fuego, a fin de determinar cómo ocurrieron los hechos y lograr así la finalidad del proceso, que no es otra que la búsqueda de la verdad.
De no considerar procedente la solicitud del apelante, la Corte de Apelaciones ha debido plasmar en su sentencia con un razonamiento lógico, por qué no estimó pertinente la solicitud del experto y demostrar de qué forma el juez de juicio no incurrió en el vicio alegado, logrando así desmentir lo planteado en el recurso de apelación.
Esta Sala ha establecido en reiterada jurisprudencia, que decidir motivadamente significa que la sentencia debe contener la exposición concisa de los fundamentos de hecho y de Derecho, conforme al ordinal 4º del artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, con el objeto de verificar la racionalidad del fallo impugnado.
En virtud de lo anterior, y por cuanto la sentencia impugnada adolece del vicio de inmotivación denunciado, la Sala DECLARA CON LUGAR el presente recurso de casación y en consecuencia ANULA el fallo impugnado. Así se decide
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los SIETE días del mes de ABRIL del año dos mil ocho. Años: 197° de la Independencia y 149° de la Federación.
La Magistrada Presidenta,
Deyanira Nieves Bastidas
El Magistrado Vicepresidente, La Magistrada Ponente,
Eladio Aponte Aponte Blanca Rosa Mármol de León
El Magistrado, La Magistrada,
Héctor Coronado Flores Miriam Morandy Mijares
La Secretaria,
Gladys Hernández González
BRMdL/rder.
RC EXP. No. 07-0494
La Magistrada Deyanira Nieves Bastidas no firmó por motivo justificado.