Sentencia N.º 1842
- Sentencia
- N.º 1842
- Fecha
- 03/10/2001
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 00-2481
- Ponente
- Iván Rincón Urdaneta
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta
El 9 de agosto de 2000, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, remitió a esta Sala Constitucional el expediente contentivo de la decisión que emitiera el 4 de agosto de 2000, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Tomás Rodríguez, titular de la cédula de identidad Nº 2.834.062, actuando en su carácter de representante legal de INMOBILIARIA ESYOJOSA, S.A., asistida por el abogado Gilberto Marín Gómez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 9.381, contra el fallo dictado el 12 de junio de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial, en el juicio por nulidad de documento seguido contra la referida compañía.
Tal remisión obedece a la apelación formulada por el ciudadano José Rojas, parte demandante en el juicio principal que originó la acción de amparo y tercero coadyuvante en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
El 21 de agosto de 2000, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
ANTECEDENTES
Del estudio del presente expediente se desprenden los siguientes antecedentes:
El 6 de julio de 1999, el Juzgado Segundo de los Municipios Arismendi, Antolín del Campo y Gómez en su Categoría C y D de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, dictó sentencia definitiva en el juicio que siguieron por nulidad de documentos los ciudadanos Altagracia González de Montaner, José Rojas y Eugenia González de Velásquez contra Inmobiliaria Esyojosa, S.A. en la cual se declaró con lugar las excepciones opuestas por ésta en cuanto a la falta de cualidad e interés de la parte demandante para intentar y sostener el juicio, así como también la falta de cualidad de la demandada para sostener el juicio y convenir en la nulidad de un documento que no fue otorgado por ella, razón por la cual el juzgador no entró a considerar el fondo de la demanda.
El 13 de julio de 1999, el ciudadano Luis Rojas apoderado judicial de los demandantes ejerció recurso de apelación contra el referido fallo y el 1º de noviembre del mismo año, mediante diligencia, manifestó En vista de que la acción se encuentra paralizada desde el 19 de julio de este año, solicitó se notifique a la parte actora mediante la publicación de un cartel...no obstante a todo evento apelo....
El 8 de noviembre de 1999, el Juzgado Segundo de los Municipios Arismendi, Antolín del Campo y Gómez de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta oyó la apelación libremente y ordenó remitir el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la referida Circunscripción Judicial, a los fines de la distribución correspondiente.
El 17 de noviembre de 1999, el abogado Gilberto Marín Gómez apoderado judicial de la parte demandada solicitó el cómputo de los días de despacho transcurridos desde el día 13 hasta el 25 de mayo de 1999 y de los consecutivos transcurridos desde el 26 de mayo del mismo año hasta el 26 de julio del año en referencia.
El 18 de noviembre de 1999, el apoderado judicial de la parte actora solicitó la revocatoria del auto emitido el 8 del mismo mes y año, así como la notificación de las partes por cuanto la causa se encontraba paralizada desde el 19 de julio de 1999.
El 1º de diciembre de 1999, el apoderado judicial de la parte demandante apeló nuevamente de la mencionada sentencia del 6 de julio del mismo año, dictada por el extinto Juzgado Segundo de Municipios.
El 23 de febrero de 2000, el referido Juzgado remitió el expediente contentivo de la causa al Juzgado Distribuidor Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial por cuanto el 8 de noviembre de 1999, se ...oyó la apelación interpuesta por el ciudadano...Luis Daniel Rojas....
El 12 de junio de 2000, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la mencionada Circunscripción Judicial, dictó sentencia mediante la cual declaró:
Que de la sentencia recurrida se evidencia que fue publicada en fecha 6.07.1999, ordenando la notificación de las partes por dictarse fuera del lapso de ley, lo que sin dudas consecuencia (sic) que debía notificarse a las partes por existir un motivo legal de suspenso....
Que en fecha 13.07.1999, la parte actora (...) manifestó apelar de la sentencia anterior sin haber sido notificada la parte demandada, ...
Que el a quo se pronunció ...sobre la apelación sin hacerlo sobre la petición previa del actor..., que la ...actuación de la parte actora...fue realizada de forma extemporánea, ya que faltaba poner a derecho a la parte demandada..., por lo que el Juzgado de Primera Instancia la declaró inadmisible, y en consecuencia revocó el auto que oyó la apelación y acordó remitir las actuaciones al Juzgado de Municipio a fin de que dejara transcurrir los cinco (5) días de despacho correspondientes al ejercicio de dicho recurso, que se contarían a partir del día de despacho siguiente a la entrada que se le diera al expediente, a los fines de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso, y permitir el ejercicio del recurso de apelación a las partes.
El 19 de junio de 2000, el abogado Gilberto Marín Gómez apoderado judicial de Inversiones Esyojosa, S.A., apeló de la anterior decisión, la cual fue negada por el mencionado Juzgado el 27 del mismo mes y año.
El 14 de julio de 2000, el ciudadano Tomás Rodríguez en su carácter de representante legal de la referida compañía, asistido por el abogado antes mencionado interpuso acción de amparo constitucional contra la sentencia del 12 junio de 2000, emanada del referido Juzgado de Primera Instancia.
En el escrito contentivo de la acción de amparo la accionante alegó lo siguiente:
Que la sentencia del 6 de julio de 1999, emanada del Juzgado Segundo de los Municipios Arismendi, Antolín del Campo y Gómez en su Categoría C y D de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, fue dictada dentro de los sesenta (60) días que establece el Código de Procedimiento Civil, por lo que las partes estaban a derecho y que la primera apelación fue realizada por la demandante antes del vencimiento del referido lapso, resultando extemporánea por adelantada y la segunda y tercera apelación resultaron extemporáneas por atrasadas. Asimismo señaló que el referido Juzgado debió dejar transcurrir dicho lapso que venció el 20 de octubre de 1999 y posteriormente comenzaban a transcurrir los cinco (5) días de despacho para ejercer la apelación, que correspondieron a los días comprendidos entre el 21 y el 27 de octubre del mismo año.
Que la sentencia accionada, afirmó hechos que no estaban en la sentencia apelada al afirmar ...ORDENO NOTIFICAR A LAS PARTES..., que ...LA ACTUACIÓN DE LA PARTE ACTORA...FUE...EXTEMPORANEA, YA QUE FALTABA PONER A DERECHO A LAS PARTES....
Que la referida sentencia violó a su representada el derecho a la defensa, al debido proceso y a la igualdad procesal, consagrados en los artículos 27 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 12, 15 y 202 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, solicitó se declarará inadmisible la apelación y, en consecuencia definitivamente firme la sentencia apelada, asimismo, se revocara ...la decisión por medio de la cual se ordena la reposición de la causa al estado de notificar a las partes y se dicte nueva sentencia en el referido expediente.
El 4 de agosto de 2000, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta.
El 9 de agosto del mismo año, el referido Tribunal Superior remitió el expediente a esta Sala, en virtud de la apelación formulada el 8 de agosto de 2000 por el ciudadano José Rojas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
II
DE LA COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación y, para ello, observa:
Conforme a lo señalado por esta Sala Constitucional en su decisión del 20 de enero de 2000, caso: Domingo Ramírez Monja, le corresponde conocer todas las sentencias que resuelvan acciones de amparo constitucional dictadas por los Juzgados Superiores de la República (con excepción de los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo), Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan como Tribunales de Primera Instancia.
En el presente caso, corresponde conocer y decidir a esta Sala la apelación de una decisión emanada del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, que conoció en primera instancia de una acción de amparo constitucional incoada contra el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial, motivo por el cual esta Sala, congruente con el fallo reseñado ut supra, se declara competente para resolver la presente apelación, y así se decide.
III
DE LA SENTENCIA APELADA
El Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el 4 de agosto de 2000, declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta y, a tal efecto, expuso lo siguiente:
Que la sentencia del 6 de julio de 1999 emitida por el Juzgado Segundo de los Municipios Arismendi, Antolín del Campo y Gómez en su Categoría C y D de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, fue dictada dentro del lapso de los sesenta (60) días, que comenzó a correr desde el 28 de mayo de 1999 hasta el 19 de julio del mismo año, ambas inclusive, de los cuales transcurrieron en el referido Juzgado cincuenta y tres (53) días continuos.
Que para el 19 de julio de 1999, último día del cómputo que aparecía en autos, ya se había dictado el fallo definitivo antes mencionado, sin interrupción del lapso antes indicado por lo que no era necesario notificar a las partes, y como quiera que...el apoderado actor, apeló de la sentencia en cuestión el 13 de julio de 1999, es claro que lo hizo dentro del lapso que para dictar sentencia tenía el juzgador de la causa...resultando la apelación...extemporánea por anticipada.
Que los autos fueron pasados al Juzgado Primero de los Municipios Arismendi, Antolín del Campo y Gómez de la referida Circunscripción Judicial, en el cual entre el 14 y 22 de octubre de 1999, ambas fechas inclusive, transcurrieron nueve (9) días continuos, que sumados a los cincuenta y tres (53) transcurridos en el Juzgado que dictó el fallo, resultaban la cantidad de sesenta y dos (62) días, de los cuales en los dos últimos hubo despacho.
Que asimismo, desde el veinticinco (25) de octubre de 1999 hasta el ocho (8) de noviembre del mismo año, transcurrieron ocho (8) días de despacho, entre los que se encontraban los días 25, 26, 27 de octubre y 1º de noviembre ...que sumados a los dos (2) días siguientes al vencimiento del término de los 60 de la sentencia, hacen un total de seis (6) días de despacho, y como quiera que la apelación fue interpuesta el 1º de noviembre de 1999..., por el apoderado actor y el 8 del mismo mes y año el Juzgado de la causa oyó la apelación sin especificar a cual se refería, era claro que se ejerció fuera del lapso de los cinco días (5)...y resulta...extemporánea por tardía....
Que la sentencia accionada no se pronunció sobre la formulación extemporánea de las apelaciones alegadas por el hoy accionante, ni respecto a los planteamientos del demandante en el juicio principal referidos a la paralización de la causa y la notificación de las partes, extralimitándose en sus funciones cuando repuso la causa al estado de que se diera nueva oportunidad a las mismas para el ejercicio de las apelaciones, atribuyéndole al fallo del Juzgado de Municipio expresiones que no contiene, y permitiéndole a la parte actora el ejercicio de una apelación cuya oportunidad había precluido además de, declararla inadmisible por extemporánea y no hacer el pronunciamiento correspondiente sino, en su lugar, reponer la causa de manera inexplicable, actuaciones con las cuales violó al accionante el derecho a la defensa, el debido proceso y la igualdad procesal.
En virtud de lo expuesto, declaró con lugar la acción de amparo y, en consecuencia nula la decisión impugnada y ordenó al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta ...emitir un nuevo pronunciamiento sin incurrir en los vicios que dan motivo a esta decisión...y especial pronunciamiento acerca de la firmeza de la decisión apelada.
IV
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
Los abogados Jesús Petit Da Costa y Jacqueline Espinoza Méndez, apoderados judiciales del ciudadano José Rojas, fundamentaron la apelación en las siguientes consideraciones:
Que la apelación extemporánea por anticipada se refería a la que se interpone antes de la sentencia y que la prueba del cómputo sobre la cual se sustentó la decisión de amparo era nula por haber sido obtenida fuera del juicio y no autorizada por el Juez de Municipio.
Que el 27 de julio de 1999, el Juzgado de la causa ordenó vista la reorganización de las Circunscripciones Judiciales remitir el expediente en el estado en que se encontraba al Juzgado Primero de los Municipios Arismendi, Antolín del Campo y Gómez de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, el cual fue recibido el 7 de octubre del mismo año, que durante ese tiempo la causa estuvo sin juez, en virtud de lo cual, su representado, el 1º de noviembre del referido año, solicitó que se notificara a la parte demandada por encontrarse paralizada la causa desde el 19 de julio de 1999 y, a todo evento apeló, no obstante, el Juez de amparo estableció que dicha remisión no podía calificarse de causa legal para la suspensión del proceso.
V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Revisadas como han sido las actas procesales contenidas en el presente expediente, esta Sala pasa a decidir y, a tal efecto, observa:
Que la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, objeto del recurso de apelación que se somete al conocimiento de esta Sala, declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por Inmobiliaria Esyojosa, S.A., contra la decisión emitida el 12 de junio de 2000 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial.
El Juez constitucional consideró que le fueron violados a la accionante el derecho a la defensa, el debido proceso y la igualdad procesal, en franca extralimitación de funciones por parte del Juez accionado con su decisión dictada en apelación de la sentencia del 6 de julio de 1999, emanada del Juzgado Segundo de los Municipios Arismendi, Antolín del Campo y Gómez en su Categoría C y D de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, al atribuirle a dicho fallo expresiones no contenidas en el mismo, declarar la apelación inadmisible por extemporánea y no hacer el pronunciamiento correspondiente sino, en su lugar reponer la causa al estado de que las partes ejercieran dicho recurso, lo que permitía a la parte actora el ejercicio de una apelación cuya oportunidad había precluido.
Al respecto observa la Sala que de las actas procesales se evidenció que la referida sentencia dictada por el Juzgado de la causa el 6 de julio de 1999, fue emitida dentro del lapso de los sesenta (60) días continuos establecidos en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el lapso para dictarla comenzó a correr a partir del 28 de mayo del mencionado año y transcurrieron en dicho Juzgado cincuenta y tres (53) días continuos sin interrupción de dicho terminó.
Que una vez emitido el fallo, el ciudadano José Rojas, parte actora en el juicio, ejerció el recurso de apelación el 13 de julio de 1999 dentro del lapso de los cinco (5) días establecidos en el artículo 298 eiusdem, es decir, antes de concluido el término para sentenciar ut supra indicado pero, después de dictada la decisión y, que no hubo pronunciamiento al respecto por el Juzgado de la causa, el cual ordenó el 27 de julio del mismo año vista la reorganización del poder judicial remitir el expediente en el estado en que se encontraba al Juzgado Primero de los Municipios Arismendi, Antolín del Campo y Gómez de la referida Circunscripción Judicial, siendo recibido el 7 de octubre de 1999 y, donde la parte demandante solicitó la notificación de la demandada y a todo evento apeló el 1º de noviembre del mismo año.
Asimismo, se evidenció de los autos del expediente que el Juzgado anteriormente mencionado oyó la apelación sin especificar a cuál se refería y ordenó remitir el expediente al Juzgado de Primera Instancia accionado antes mencionado, el cual declaró que el a quo se pronunció ...sobre la apelación sin hacerlo sobre la petición previa del actor..., que la ...actuación de la parte actora...fue realizada de forma extemporánea, ya que faltaba poner a derecho a la parte demandada..., en consecuencia, la apelación era inadmisible.
Determinado lo anterior la Sala observa que, la parte actora formuló la primera de las apelaciones el 13 de julio de 1999 de forma oportuna por lo que disiente de la opinión del Juez constitucional por cuanto, la apelación proferida una vez publicado el fallo y antes del término del recurso, no es extemporánea por anticipada, toda vez que se evidencia el interés inmediato de la parte afectada por recurrir ante la alzada, por lo que la misma debe considerarse válida, pues es una cuestión de mera forma que ningún perjuicio ocasiona a la parte contra quien obra el recurso, lo que permite revisar el fallo para poder depurar sus supuestos vicios, de no ser así la interpretación de este asunto, se estaría creando indefensión al apelante por el juez que limita o priva a una de las partes el libre ejercicio de los medios o recursos que la Ley le brinda para hacer valer sus derechos, en virtud de lo cual la apelación ejercida por la demandante en el presente caso no resultaba extemporánea por anticipada y, en consecuencia, el Juez accionado debió pronunciarse con relación al fondo de la apelación ejercida.
Asimismo, para el momento de la emisión del fallo objeto de la apelación que conoció el Juez de Primera Instancia, ambas partes estaban a derecho puesto que el mismo fue pronunciado dentro del lapso de los sesenta (60) días que establece la normativa antes mencionada, por lo que las partes no necesitaban notificación alguna.
Por otra parte, en cuanto a la formulación extemporánea de las apelaciones realizadas por la parte actora en el juicio principal el 1º de noviembre 1999 y el 1º de diciembre del mismo año, la Sala no se pronuncia por cuanto las mismas resultan inocuas dado que ya se había formulado una primera apelación el 13 de julio del referido año.
En virtud de lo anteriormente expuesto, a fin de restablecer la situación jurídica infringida esta Sala Constitucional, revoca la decisión dictada el 4 de agosto de 2000 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, así como el fallo emitido el 12 de junio de 2000 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial y, repone la causa al estado de que éste último dicte sentencia pronunciándose con relación al fondo de la apelación formulada el 13 de julio de 1999, toda vez que como ha quedado establecido en el presente caso dicho recurso fue interpuesto de forma tempestiva, encontrándose las partes a derecho. Así se decide.
DECISION
Por las razones precedentes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley declara CON LUGAR, la apelación interpuesta por el ciudadano Tomás Rodríguez, actuando en su carácter de representante legal de INMOBILIARIA ESYOJOSA, S.A., contra el fallo dictado el 12 de junio de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, y en consecuencia:
1. REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta el 4 de agosto de 2000, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Tomas Rodríguez, actuando en su carácter de representante legal de INMOBILIARIA ESYOJOSA, S.A., asistido por el abogado Gilberto Marín Gómez, contra el fallo emitido el 12 de junio de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial.
2. REVOCA la mencionada sentencia emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la referida Circunscripción Judicial el 12 de junio de 2000, en la cual se declaró inadmisible la apelación formulada por el ciudadano Luis Daniel Rojas, apoderado judicial del ciudadano José Rojas, contra la decisión dictada el 6 de julio de 1999 por el Juzgado Segundo de los Municipios Arismendi, Antolín del Campo y Gómez en su Categoría C y D de la misma Circunscripción Judicial.
3. REPONE la causa al estado de que el referido Juzgado de Primera Instancia se pronuncie con relación al fondo de la apelación interpuesta el 13 de julio de 1999 por el apoderado judicial de la parte actora en el juicio principal.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 03 días de OCTUBRE de dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente-Ponente,
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Antonio José García García
Magistrado
José Manuel Delgado Ocando
Magistrado
Pedro Rafael Rondón Haaz
Magistrado
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. N. 00-2481.
IRU
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