Sentencia N.º 1860
- Sentencia
- N.º 1860
- Fecha
- 05/10/2001
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 01-2116
- Ponente
- José M. Delgado Ocando
- Procedimiento
- Recurso de Interpretación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: JOSÉ M. DELGADO OCANDO
El 19 de septiembre de 2001, el ciudadano Pedro Pablo González, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Barinas, Estado Barinas, titular de la cédula de identidad n° 8.144.984, abogado inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 34.014, apoderado judicial del CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO BARINAS, introdujo Solicitud de Interpretación del artículo 164.1 y de la Disposición Derogatoria Única de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De dicha solicitud se dio cuenta en Sala el mismo día, y se designó ponente al Magistrado doctor José M. Delgado Ocando, quien con tal carácter suscribe este fallo.
Efectuada la lectura individual del expediente, la Sala observa:
I
DE LA COMPETENCIA
Respecto a la competencia de esta Sala Constitucional para resolver solicitudes de interpretación constitucional como la presente, basta con reiterar la jurisprudencia que sobre esta materia fue desarrollada a partir de la sentencia n° 1077/2000, caso: Servio Tulio León, la cual destaca que el poder de garantía constitucional que le toca desempeñar a esta Sala implica dar solución a aquellas dudas que se planteen respecto al alcance y contenido de una norma que integre el llamado bloque de la constitucionalidad, siempre que se encuentren dadas las siguientes condiciones básicas: a) que respecto a dicha duda no se encuentre predeterminado un cauce procesal adecuado y b) que la misma resulte de un marcado problematismo, bien sea para la buena marcha de las instituciones, para el ejercicio de los derechos fundamentales o para el mantenimiento del orden público y la paz social. A ello se refirió profusamente la sent. n° 1347/2000, caso: Ricardo Combellas respecto al art. 188.3 de la Constitución. Allí se afirmó lo siguiente:
6.- Como consecuencia de lo expresado, a través del recurso de interpretación esta Sala precisará el núcleo de los preceptos, valores o principios constitucionales, en atención a dudas razonables respecto a su sentido y alcance, originadas en una presunta antinomia u oscuridad en los términos cuya inteligencia sea pertinente aclarar por este órgano a fin de satisfacer la necesidad de seguridad jurídica -sin que queden excluidos de por sí otros sentidos o alcances que la cultura política y jurídica o la ética pública desarrollen-. Su fin, pues, es esclarecedor y completivo y, en este estricto sentido, judicialmente creador; en ningún caso legislativo. Consiste primordialmente en una mera declaración, con efectos vinculantes sobre el núcleo mínimo de la norma estudiada o sobre su intención (comprensión) o extensión, es decir, sobre los rasgos o propiedades que se predican de los términos que forman el precepto y del conjunto de objetos o de dimensiones de la realidad abarcadas por él, cuando resulten dudosos u obscuros, respetando, a la vez, la concentración o generalidad de las normas constitucionales.
A lo ya dicho conviene agregar que la doctrina que se derive de la interpretación de los preceptos constitucionales, sea que la conclusión a que arribe la Sala no resuelva un caso concreto (solicitud de interpretación), sea que aproveche a la solución de una concreta controversia en tanto contenga el modo en que los valores, principios y reglas constitucionales exigen que se tome una decisión en un sentido determinado, tiene en ambos casos efecto vinculante. Tal aclaratoria desea resolver alguna duda que pudiera surgir en cuanto al alcance de la vinculación de la función interpretativa que toca desplegar a esta Sala conforme al citado articulo 335 de la Carta Fundamental, la cual, pueda que llegue a asociarse, erróneamente, a la desnuda interpretación de un precepto constitucional.
Así pues, es vinculante, tanto la sola determinación del contenido y alcance de una norma constitucional que resulte obscura o contradictoria, como aquella interpretación de la Constitución que realice esta Sala, relativa, como hubo de afirmarse en líneas anteriores, a un caso concreto en que se hubiera examinado una determinada situación jurídica, y de cuyo examen hubiera resultado un modo de conducirse o actuar conforme con un valor, principio o regla contenido en el orden normativo constitucional. Interpretar la Constitución también es, pues, hacer valer sus preceptos en el caso concreto. La vinculación que se sigue en el segundo de los supuestos referidos, arropará sólo a casos similares a los resueltos conforme a la doctrina vinculante.
Dicho esto, esta Sala declara su competencia para resolver la presente solicitud de interpretación constitucional y, así se decide.
II
DE LA ADMISIBILIDAD
1.- En la sent. 1029/2001, caso: Asamblea Nacional respecto a los arts. 150, 154 y 198.9 de la Constitución, la Sala reunió y sistematizó los diversos requisitos que había venido imponiendo a la admisibilidad de la solicitud de interpretación constitucional. Los siguientes son los términos en que quedaron enumerados los mismos:
1.- Legitimación para recurrir. Debe subyacer a la consulta una duda que afecte de forma actual o futura al accionante.
2.- Precisión en cuanto a la oscuridad, ambigüedad o contradicción de las disposiciones enlazadas a la acción.
3.- Novedad del objeto de la acción. Este motivo de inadmisibilidad no opera en razón de la precedencia de una decisión respecto al mismo asunto planteado, sino a la persistencia en el ánimo de la Sala del criterio a que estuvo sujeta la decisión previa.
4.- Inexistencia de otros medios judiciales o impugnatorios a través de los cuales deba ventilarse la controversia, ni que los procedimientos a que ellos den lugar estén en trámite.
5.- Cuando no se acumulen acciones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles;
6.- Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción es admisible;
7.- Ausencia de conceptos ofensivos o irrespetuosos;
8.- Inteligibilidad del escrito;
9.- Representación del actor.
10.- En caso de que no sean corregidos los defectos de la solicitud, conforme a lo que se establece seguidamente.
Incluso, allí se estableció el contenido básico del escrito mediante el cual fuere incoado dicho medio. Ellos son:
1.- Los datos concernientes a la identificación del accionante y de su representante judicial;
2.- Dirección, teléfono y demás elementos de ubicación de los órganos involucrados;
3.- Descripción narrativa del acto material y demás circunstancias que motiven la acción.
En caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos.
Si la solicitud fuere oscura o no llenare los requisitos exigidos anteriormente, se notificará al accionante para que corrija el defecto u omisión dentro del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes a la correspondiente notificación. Si no lo hiciere, la acción será declarada inadmisible.
Dicha jurisprudencia servirá de telón de fondo al examen de la admisibilidad de la solicitud interpuesta en esta ocasión.
2.- Las precisiones con que fue justificada la existencia de un medio de interpretación constitucional dadas en el aparte dedicado a la competencia, justifican ampliamente la elevación a presupuestos de admisibilidad de la legitimidad que debe ostentar el accionante, así como el relativo a la explicitación de la duda en que consista la consulta.
Sobre este particular, la Sala evidencia que la solicitud en cuestión fue efectuada por el ciudadano Pedro Pablo González Gutiérrez, que, si bien es apoderado judicial de dicho órgano legislativo según se evidencia de documento-poder anexo al escrito, la Sala, visto el alcance y trascendencia del asunto planteado, dictamina que el poder presentado no contiene mención expresa que lo faculte para el ejercicio del recurso interpuesto, por tanto, no cumple con la representación a la que se refiere el artículo 84.7 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, es decir, no acredita autorización expresa y debidamente motivada que lo invistiera de la facultad para interponer una solicitud como la presente, lo que exige una participación decidida y legítima de las autoridades que la insten. Por ello, no aparece, a juicio de la Sala, legitimado para intentarla.
Asimismo, la solicitud resulta inadmisible en tanto no se encuentran suficientemente explicitadas las dudas que respecto al alcance y contenido de los preceptos fundamentales dice tener el solicitante. Así se establece.
III
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la solicitud de interpretación Constitucional incoada por el ciudadano Pedro Pablo González, en su condición de apoderado judicial del CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO BARINAS, respecto del artículo 164.1 y de la Disposición Derogatoria Única de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 05 días del mes de OCTUBRE dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA JOSÉ M. DELGADO OCANDO
Ponente
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
JMDO/ns
Exp. nº 01-2116.
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias