Sentencia N.º 187
- Sentencia
- N.º 187
- Fecha
- 08/06/2000
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 99-242
- Ponente
- Franklin Arrieche Gutiérrez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Sala de Casación Civil
Ponencia del Magistrado Dr. FRANFLIN ARRIECHE G.
En el curso del juicio por resolución de contrato, daños y perjuicios que sigue la empresa mercantil CONFECCIONES PARAMOUNT, C.A., mediante sus apoderados Reinaldo Escarrá Zerpa y Omar Estacio, contra la empresa mercantil INVERSIONES PITMAC, C.A., representada por Werne Rosales Urdaneta y Teresa Borges García, el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 9 de febrero de 1999, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de hecho propuesto por la parte actora contra el auto de fecha 23 de octubre de 1998, dictado por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, que negó las apelaciones porque fueron propuestas extemporáneamente; asimismo en fecha 25 de enero de ese mismo año, declaró con lugar la acción de amparo sobrevenido interpuesta conjuntamente con el recurso de hecho en contra de las decisiones de fecha 21 y 23 de septiembre de 1998 y 23 de octubre de ese mismo año emanadas del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Contra la sentencia de alzada anunció recurso de casación la parte actora
Admitido dicho recurso se formalizó oportunamente. Hubo Impugnación. Respecto a la decisión del Amparo sobrevenido fue remitido en consulta a este Tribunal
Cumplido los trámites de ley, se declaro concluída la sustanciación y siendo la oportunidad para decidir, se pasa a hacerlo bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe, en los términos siguientes:
PUNTO PREVIO
En el escrito recursorio consignado por la parte actora en fecha 2 de noviembre de 1998, ante el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se interpone un recurso de hecho conjuntamente con un recurso de amparo sobrevenido con base en los siguientes planteamientos:
El presente escrito contiene recurso de amparo sobrevenido y recurso de hecho, ejercidos en forma conjunta en contra de las actuaciones cumplidas por el Juzgado 8º de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del A rea Metropolitana de Caracas, dentro del juicio que sigue mi patrocinada contra la empresa Inversiones Pitma, C.A. expediente número 96-7063.
Ha sido establecido por nuestro Máximo Tribunal como condición de admisibilidad y procedencia del llamado amparo sobrevenido, la siguiente doctrina:
Estimamos que la norma debe interpretarse en el sentido de permitir que se deduzca tan solo la pretensión de amparo, interpuesto contra una decisión dictada durante el proceso en curso, por considerarla lesiva de una garantía constitucional. (Sentencia dictada en fecha 14 de agosto de 1996, en Sala Político-Administrativa.
En otra importante jurisprudencia, también dictada por nuestro Máximo Tribunal en fecha 21 de marzo de 1997, expediente número 3.997 cuya parte pertinente transcribimos a continuación, se estableció lo siguiente:
es requisito esencial para la procedencia de dicha acción de amparo sobrevenido el que junto con la interposición del amparo se haya intentado recurso ordinario, con el fin de que la superioridad respectiva pueda revisar y dejar sin efecto, si fuera el caso, el acto presuntamente violatorio de los derechos o garantías constitucionales invocados.
El recurso de hecho que se interpone en el presente escrito, debe necesariamente presentarse ante la segunda instancia del proceso judicial referido y para la procedencia de la acción de amparo sobrevenido es necesario que
junto con la interposición del amparo se haya intentado el recurso ordinario de allí la acumulación de tales recursos en este escrito, lo cual se ha efectuado sin que a esta parte promovente le haya pasado por inadvertida cierta doctrina judicial que ha pautado que, en lo general, amparos como el de autos deben promoverse ante el propio juez infractor del derecho o garantía constitucional.
Ante el Juzgado 8º de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, acudió mi representada a entablar demanda contra la empresa Inversiones Pitma, C.A. por resolución de contrato de arrendamiento y pago de daños y perjuicios. Hubo reconvención, instrucción de pruebas e informes pero ni dentro del plazo de sesenta días ni la prórroga de treinta se sentenció el juicio tal asunto, por lo que para el día 21 de septiembre del corriente año la causa estaba absoluta y totalmente paralizada.
La titular del juzgado a-quo, Olga Fortoul de Grau, solicitó y obtuvo licencia para separarse temporalmente del cargo y para suplirla durante su ausencia fue convocado el abogado Raúl Pérez Jiménez.
Por las circunstancias antes expuestas el proceso se hallaba paralizado, mas, en forma inopinada el juez temporal en fecha 21 de septiembre del presente año, sin que ninguna de las partes se lo hubiere solicitado al menos formalmente en el expediente- se avocó al conocimiento de la causa y con la velocidad del relámpago dictó apenas dos días después, el 23 del mismo mes, sentencia mediante la declaró sin lugar la demanda de mi representada y parcialmente con lugar la reconvención que había sido propuesta en su contra.
Existe doctrina judicial consolidada en relación a la conducta que debe guardar todo juez que pretenda avocarse a un proceso, cuando éste se encuentre en estado de sentencia.
Sin embargo, esta Sala considera que si la causa se encuentra en estado de dictar la sentencia correspondiente y por cualquier motivo ocurre una falta absoluta, temporal o accidental del juez ante quien las partes presentaron los informes, o cuando se constituyan Tribunales Accidentales para conocer y decidir veinte (20) causas, el nuevo juez debe notificar a las partes del evento procesal de su avocamiento al conocimiento del asunto, con la advertencia de que la causa se mantendrá interrumpida hasta que se llenen todas las formalidades para reputar notificadas a las partes. Cuando se ordene la respectiva notificación, el juez debe aplicar el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, en cuya hipótesis es necesario conceder los diez días previstos en la norma en cuestión para la reanudación del proceso. Este lapso comenzará a computarse después de practicadas las notificaciones conforme a la doctrina sustentada en este fallo (sentencia del 27 de junio de 1996, Sala de Casación Civil con ponencia del magistrado César Bustamante Pulido).
El 23 de octubre de 1996 la Corte Suprema de Justicia, en otro interesante fallo cuya parte pertinente copiamos a continuación, ratificó y desarrollo el anterior criterio. Veamos:
1) En todo caso de incorporación de un juez distinto al que recibió los informes, siempre que las partes estén a derecho, es decir, mientras el lapso para sentenciar o su prórroga no esté vencido, el sentenciador debe dejar transcurrir los tres días de despacho previstos en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de salvaguardar el derecho que tienen las partes de recusar al nuevo juez o secretario. De no respetar este lapso, estaría violando el mencionado artículo 90 del Código de Procedimiento Civil censurable en casación, a través del menoscabo del derecho a la defensa.
Si es el caso que las partes no están a derecho, por efecto del vencimiento del lapso para sentenciar y su prórroga, el nuevo juez que se incorporó para decidir la causa deberá notificar a las partes de la continuación del procedimiento, de conformidad con los artículos 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil, por encontrarse éste paralizado. El plazo de la reanudación, que no podrá ser menor de diez días continuos, debe necesariamente ser sucedido por el lapso de tres días previsto en el artículo 90 del Código de procedimiento Civil
(omissis)
3) La notificación de la continuación de la causa, con el juez incorporado con posterioridad a la presentación de los informes, ocasiona la reapertura del lapso para sentenciar y su prórroga, de manera tal, que el nuevo sentenciador dispondrá del mismo plazo que su precedesor para emitir fallo, o dictar autos para mejor proveer, si lo estima necesario. Por ende, una vez verificada la notificación y reanudación de la causa, se abrirá el lapso de sesenta días previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, pudiéndose prorrogar por treinta días, de acuerdo al artículo 251 ejusdem. De esta forma se deja clara la oportunidad para dictar el fallo, y la apertura del lapso para impugnar la sentencia que se dicte.
Ya se ha dicho en la parte introductoria del presente escrito, que el juez Pérez Jiménez, desatendiendo la mejor doctrina que regía sus actuaciones como juez temporal, dictó en menos de cuarenta y ocho horas un deleznable fallo mediante el cual se pretendió poner fin a la referida causa.
De la revisión de la sentencia dictada por el juez temporal, Raúl Pérez Jiménez se evidencia:
1) Que cuando pretendió avocarse al conocimiento del juicio (21-09-98) se habían celebrado los informes y observaciones de las partes. Al efecto se advierte que en el encabezamiento del mencionado fallo se lee: Vistos, con informes de las partes. Además de leerse en la página 2 del fallo en cuestión textualmente lo siguiente: Durante el lapso probatorio las partes promovieron y evacuaron las pruebas que cursan en los autos. Vencido el lapso de pruebas, las partes presentaron sus informes y observaciones a los mismos.
2) Que cuando pretendió avocarse al conocimiento del presente juicio, la causa estaba paralizada, luego en la parte final del fallo se lee textualmente: Regístrese y notifíquese a las partes.
3) A mayor abundamiento, se acompañan en copia certificada el presente escrito, los informes y observaciones que fueron consignados en dicho juicio, esta última de fecha 19 de marzo del año en curso, de modo que el más inadvertido observador de tales actas, constatará con facilidad, que el lapso para sentenciar la causa en primera instancia venció el 19 de mayo de 1998.
En resumen. El abogado Pérez Jiménez, como juez temporal del citado juzgado se avocó al conocimiento de un asunto en estado de sentencia, sin mediar solicitud expresa de ninguna de las partes y a las cuarenta y ocho horas del espúreo avocamiento procedió en forma por demás imprudente a sentenciar el asunto, cercenándole a mi representada todo derecho a cuestionar su incorporación al proceso.
El abogado Giovanni Caggia C. quien ejerció el patrocinio de mi mandante en la primera instancia de tal juicio y suscribe también el presente escrito, me ha enviado una comunicación que reproduzco parcialmente y a cuyo contenido me sumo, por ser el doctor Caggia un serio y responsable litigante con muchísimos años de exitoso desempeño profesional. Expresa Caggia:
El doctor Raúl Pérez Jiménez es amigo íntimo de la abogada Teresa Borges García, co-apoderada de la empresa Faito, S.R.L., y quien intervino activamente el juicio en referencia. Así me lo han informado numerosos abogados y personas vinculadas a la actividad forense de esta Ciudad. Por si fuera poco, he sido informado y puede demostrarse que la abogada Borges García en los días previos al 21 de septiembre del presente año, concurría a diario al tribunal de dicho juicio, donde sostenía largas y cordiales pláticas tanto con el juez temporal Raúl Pérez Jiménez, como con la secretaria del tribunal, abogada Rocío Farías de García.
Así pues, que aparte de otros vicios que se registraron en este proceso y que pondremos de manifiesto infra, con la norma subrepticia y precitada de sentenciarla, se le cercenó a mi patrocinada de su derecho de recusar formalmente al juez temporal Raúl Pérez Jiménez, recurso este al cual tenía legítimo derecho al tenor del artículo 82 en su ordinal 12º del Código de Procedimiento Civil. Alegamos formalmente la existencia de tal causal de recusación como motivo adicional para la procedencia del recurso de amparo sobrevenido que se ejerce en el presente capítulo, conforme a la doctrina que tiene establecida nuestro más Alto Tribunal:
Como si no eran suficientes, las irregularidades incurridas por el juez Pérez Jiménez crearon una turbulencia en el citado expediente, una verdadera promiscuidad de lapsos y actuaciones que afectaron el buen desempeño de la juez titular del citado tribunal, una vez reintegrada a sus funciones. Esto lo afirmamos con pesar. Reconocemos en la juez Olga Fortoul de Grau al funcionario judicial provísimo, austero, docto y que hace esfuerzos junto con muchos otros, por rescatar el lamentable grado de postración moral que afecta a nuestra administración de justicia. Pero tal como veremos a continuación, la alcanzó la onda expansiva de la actuación de su juez reemplazo. Veamos:
Luego de producirse la espúrea avocación del juez Pérez Jiménez y la infestada sentencia de fecha 23 de septiembre, el apoderado de Confecciones Paramount, C.A., estampó una diligencia de fecha 30 de ese mismo mes, en la cual aparte de protestar por la actuación del juez suplente y de reservarse los motivos de impugnación que tenía en contra de la misma, se dio por notificado y pidió la notificación de su contraparte para proseguir el juicio.
Tal notificación no fue ordenada por la juez titular, sino que con posterioridad a la diligencia del Doctor Caggia de fecha 30 de septiembre, (sic).
Tal notificación no fue ordenada por la juez titular, sino que con posterioridad a la diligencia del doctor Caggia de fecha 30 de septiembre, aparece agregado auto con fecha primero de septiembre de 1998, es decir cuando la juez Fortoul estaba de licencia y no podía actuar como tal. A continuación aparece una diligencia estampada por el apoderado judicial de la empresa Inversiones Pitmac, C.A. (14-9-98), una nueva diligencia del apoderado de Confecciones Paramount, C.A. (30 de septiembre) donde además de apelar de la sentencia dictada en fecha 23 de ese mes, se queja por la presunta alteración de las actas del expediente, para concluir con un auto de fecha veintitrés de octubre de este año, mediante el juez se le niega a este último se apelación por extemporánea. Textualmente se lee en el auto en cuestión:
Vista la diligencia de que (sic) antecede suscrita por el abogado en ejercicio y de este domicilio Giovanni Caggia, en su carácter de apoderado de la parte actora CONFECCIONES PARAMOUNT, C.A. y vistos igualmente los argumentos esgrimidos en la misma, este Tribunal observa:
En primer lugar manifiesta el diligenciante que en el expediente se ha incurrido en un vicio al dictarse un auto supuestamente en fecha 13 de los corrientes, en el cual se ordenó la notificación de la parte demandada, cuando fue en fecha catorce que el consignó la planilla de arancel correspondiente al pago de la boleta de notificación y continúa haciendo una serie de alegatos referentes a citado auto, solicitando la reposición de la causa al estado de que se dicte nuevo auto con la fecha correcta. Ahora bien, de la revisión de las actas procesales se evidencia con absoluta y meridiana claridad, que el diligenciante alega una serie de hechos totalmente alejados de la realidad. En primer lugar el acto citado por el diligenciante, en el cual se ordena la notificación de la parte demandada, tiene fecha primero de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, no 13 de octubre, como lo sostiene el abogado de la parte actora. Por otra parte, si bien es cierto en que (sic) se incurrió en un error material en la nota de secretaría donde se deja constancia que se libró boleta de notificación y en la fecha de la boleta, ya que ambas tienen fecha 13 de octubre de 1998, no es menos cierto que tanto de la planilla de arancel judicial consignada por el diligenciante como del asiento del libro diario Nº 58 de fecha 14 de octubre del año en curso, se evidencia que la referida nota y la boleta de notificación fueron realizadas en fecha 14 de octubre de 1998. Igualmente del asiento de diario se lee: Se libró boleta de notificación. Compareció Teresa Borges y se dio por notificada. De la anterior transcripción, la cual adolece de enmedadura alguna se desprende que la apoderada de la parte demandada se dio por notificada en fecha 14 de octubre de 1998, por lo que el error involuntario en que se incurrió en la nota de secretaría y en la fecha de la boleta, quedó absolutamente subsanado, ya que no fue con esa boleta que se practicó la notificación de la demandada (sic) ya que ésta acudió voluntariamente a darse por notificada, como ya se apuntó, por lo que no entiende el Tribunal a que mala jugada que ha sido descubierta se refiere el apoderado de la parte actora, ordenado este despacho testar la citada expresión conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del Código de Procedimiento Civil, apercibiendo al diligenciante Dr. Giovanni Caggia, de que (sic) se abstenga en lo sucesivo de repetir palabras injuriosas como las mencionadas, ya que reincidir (sic) le será aplicada la multa establecida en la norma procesal ya citada.
Luego de establecido lo anterior, y siendo la oportunidad pertinente para pronunciarse acerca de las apelaciones interpuestas por el apoderado de la parte actora, el Tribunal advierte:
Mediante diligencia de fecha 30 de septiembre de 1998, el apoderado de la parte actora se dio por notificado de la sentencia definitiva de fecha 23/9/98 dictada por el Juez Suplente de este despacho, Dr. Raúl Pérez Jiménez y en esa misma diligencia en la que se da por notificado apela de la sentencia. Ahora bien, por cuanto de autos se evidencia que la parte demandada no estaba notificada de la referida sentencia para el momento de la apelación antes mencionada, y esta notificación era indispensable por haberse dictado sentencia diligencia de fecha 22 de los corrientes, observa el Tribunal lo siguiente: En fecha 14 de octubre de 1998, la parte demandada se dio por notificada tal como se apuntó en líneas anteriores, y de un simple cómputo de los días de despacho transcurridos desde esa fecha, hasta la fecha en que el apoderado de la parte actora apeló, esto es, 22 de octubre de 1998, se evidencia que transcurrieron seis (6) días de despacho los cuales son: 15, 16, 19, 20, 21 y 22 de octubre de 1998, por lo que habiéndose ejercido el recurso de apelación fuera del lapso previsto en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, fatalmente ha de concluirse que el mismo es extemporáneo y por estas razones el Tribunal lo niega y así se decide expresamente:
Aparte de la extemporaneidad para enmendar el error material aludido en el auto antes transcrito y de la verdadera comedia (o drama) de equivocaciones evidenciadas en tramitaciones cumplidas en período de tiempo tan breve, cabe observar una nueva violación del derecho de defensa de mi representada.
En efecto, ya hemos invocado en el presente escrito la numerosa doctrina judicial relativa a la reapertura de plazos que se producen con la incorporación de un nuevo juez, sea titular, temporal o accidental.
Concretamente, ha establecido nuestra Corte Suprema de Justicia, que la incorporación de un nuevo juez con posterioridad a la presentación de informes
ocasiona la reapertura del lapso para sentenciar y su prórroga (sentencia del 23 de octubre de 1996 transcrita supra)
De tal manera que gratia arguendi, admitiendo que el avocamiento del juez Pérez Jiménez haya sido válido, tal avocamiento se produjo el 21 de septiembre del presente año, por lo cual al reabrirse el lapso para sentenciar y su prórroga como ha expresado la Corte en la doctrina judicial transcrita en septiembre del presente año, por lo cual al reabrirse el lapso para sentenciar y su prórroga como ha expresado la Corte en la doctrina judicial transcrita en este escrito, tal plazo vencía el 21 de noviembre de próximo (artículo 515 del Código de Procedimiento Civil), por manera que, la negativa de apelación del a-quo a que se contrae su auto del 23 de octubre es evidentemente anticipada y la cercena de antemano un derecho cuyo temporáneo ejercicio corresponderá determinar a partir del 21 de noviembre próximo, no antes.
Establece el artículo 68 de la Constitución Nacional:
Todos pueden utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses, en los términos y condiciones establecidos por la ley, la cual fijará normas que aseguren el ejercicio de este derecho a quienes no dispongan de medios suficientes.
La defensa es derecho inviolable en todo estado y grado del proceso.
A mi patrocinada CONFECCIONES PARAMOUNT, C.A. se le violó su derecho a la defensa y su derecho al debido proceso en el juicio en comento como ya se ha alegado y como se señala formalmente a continuación:
Ya se ha demostrado ampliamente en los precedentes párrafos, que a CONFECCIONES PARAMOUNT, C.A. se le sentenció una causa por un juez que legalmente no podía hacerlo porque antes debía respetar unos lapsos judiciales; se le cerró toda posibilidad de recusar a dicho juez, pese existir causa legal para ello, y por si fuera poco, aun partiendo del supuesto negado de la válida actuación del mencionado juez, se le ha negado anticipadamente y antes de abrirse el lapso respectivo, su legítimo recurso de apelar el citado fallo. Es de destacar en relación a esta última infracción, que mi representada carece de otro medio procesal para reparar la situación infringida luego de la cosa juzgada formal que emergería del decreto que negó la citada apelación. La existencia de tal auto denegatorio de la citada apelación, trae como consecuencia directa: a) la aparente intangibilidad de la supuesta sentencia definitiva de fecha 23 de septiembre y b) la aparente intangibilidad del pronunciamiento del a-quo que determinó que mi patrocinada había interpuesto un recurso de apelación extemporáneo en contra de tal fallo definitivo, pese a que como se demuestra en el presente escrito tal lapso para apelar de la sentencia definitiva solo comienza a correr una vez concluido el término a que se contrae el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, reabierto ope legis por virtud de la incorporación de un nuevo juez al conocimiento de la presente causa.
Se propone pues, amparo sobrevenido por la violación de los derecho y garantías constitucionales de mi mandante, derivadas del avocamiento de fecha 21 de septiembre del año en curso, del juez suplente del Juzgado 8º de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción judicial del Área Metropolitana de Caracas, Raúl Pérez Jiménez; avocamiento ese que omitió la fijación de todo plazo conforme a la ley y que por ende cercenó el derecho de defensa de mi patrocinada en relación a la intervención del citado juez temporal; violación del derecho a la defensa de mi patrocinado, ocasionado por el acto de sentenciar el fondo del juicio ampliamente reseñado en el presente escrito en fecha 23 de ese mismo mes y año, sin previa notificación de las partes, lo cual implica también que se le negó a mi representada el derecho de hacer valer las graves causales de recusación que existían en contra de dicho funcionario temporal. El amparo sobrevenido que se propone en el presente escrito opera de igual forma, en contra del auto dictado por el citado juzgado de primera instancia en fecha 23 de octubre del presente año, por las razones antes expuestas. Se señala como agraviante al Juzgado 8º de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, situado en el piso 16º del edificio denominado Palacio de Justicia, esquina de Pajaritos, Parroquia Catedral, Municipio Libertador de esta Ciudad de Caracas, cuyo titular es la doctora Olga Fourtoul de Grau, mayor de edad, de este domicilio, abogado.
La Sala para decidir, actuando como Tribunal Constitucional, observa:
La vigente doctrina de la Sala de Casación Civil en materia relativa a lo que se denomina amparo sobrevenido, que data del 9 de octubre de 1997, (caso Joao Avelino Gómez) reseña que el afectado o agraviado que haya optado por acudir a las vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes, puede solicitar y obtener protección inmediata del juez que ha de conocer el recurso ordinario o del medio judicial preexistente, mediante la suspensión provisional de los efectos del acto o decisión reputado contrario a la Constitución.
Ello se desprende de manera clara e inequívoca del texto integral del ordinal 5º del artículo 6º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos o Garantías Constitucionales, pues, cuando el legislador emplea la locución En tal caso, lo hace para referirse, sin duda, al supuesto de hecho previsto como causal de inadmisibilidad la recurrencia a las vías ordinarias-, armonizando así la obligatoriedad que para la parte comporta el ejercicio de los medios o recursos judiciales preestablecidos, a través de los cuales puede ser restituida la situación jurídica que se alega infringida, con la posibilidad de impedir mediante la interposición simultánea o posterior del amparo- la continuidad o concreción de los efectos dañosos de la violación constitucional, que se alega producida durante el interín del proceso judicial.
Resulta claro, entonces, que la operatividad de este medio de protección constitucional viene dada por la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucional y por la inidoneidad del recurso interpuesto para impedir, por sí solo, la materialización del agravio o la continuidad de sus efectos en la situación jurídica del particular y, en ese caso, el juez ha de proceder a la apertura del procedimiento contradictorio previsto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, con objeto de ordenar la suspensión temporal de los efectos del acto impugnado.
Ello permite afirmar, que el amparo asume en este supuesto un rol cautelar que convierte el procedimiento judicial ordinario en una vía eficaz para el restablecimiento definitivo de la situación jurídica que le ha sido infringida al pretensor, por lo cual, nada impide que esta acción pueda proponerse conjuntamente con el mecanismo procesal previsto por la Ley, para resolver el asunto e, incluso, después de interpuesto aquél, porque el amparo sólo persigue la suspensión de los efectos del acto cuestionado, como medida de protección provisional del derecho que se alega violado o amenazado, mientras se juzga en forma definitiva sobre el acto recurrido; pero, en todos los casos será condición necesaria para su procedencia, la demostración del riesgo de irreparabilidad de la violación constitucional por la sentencia de fondo.
El amparo autónomo se diferencia del que se analiza, porque aquél tiene efectos restitutorios plenos, en tanto que el amparo sobrevenido es provisional o temporal, pues como pretensión accesoria de lo principal, es obvio que ella dejará de existir en el momento de la emisión del fallo que decida acerca de la procedencia del medio procesal ordinario.
De conformidad con la doctrina reiterada de la Sala, la admisibilidad de este medio de protección constitucional, estará sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Deberá coexistir con otros medios procesales;
b) Puesto que el amparo tiene propósitos cautelares, esto es, la suspensión temporal de los efectos del acto cuestionado mientras se decide sobre la legitimidad de aquél, su interposición ha de verificarse por ante el Tribunal al que corresponda conocer del medio procesal ejercido con tales fines;
c) La solicitud deberá fundamentarse en la violación directa de un derecho o garantía constitucional, o en la amenaza de que ella se produzca;
d) El agraviado deberá comprobar que la violación constitucional difícilmente podrá ser reparada por la sentencia que juzgue sobre la ilegitimidad del acto.
También sostiene la doctrina de la Sala, en sede Constitucional, que la figura del amparo sobrevenido tiene su asidero normativo en el ordinal 5º del artículo 6º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y presenta las mismas características del amparo regulado por los artículos 3º y 5º de la misma Ley, en lo que se refiere a su naturaleza, alcance y sumariedad. Así, dicha figura posee carácter cautelar por cuanto está dirigida a evitar la materialización o continuidad de los efectos lesivos de un derecho o garantía constitucional en la situación concreta de la parte, mientras se decide sobre el fondo del asunto que le dio lugar, a diferencia de los efectos restitutorios plenos que ha de producir el amparo autónomo. Es además, provisional o temporal porque dejará de existir en el momento de la emisión del fallo que decida acerca de la procedencia del medio procesal ordinario.
Ahora bien, se observa que la acción de amparo sobrevenido se ejerció por la presunta violación del derecho a la defensa por la falta de notificación del avocamiento del nuevo juez antes de que se dictara sentencia de primera instancia, mientras que el recurso de hecho tuvo lugar por la declaratoria de extemporaneidad de la apelación ejercida por la parte actora Confecciones Paramount C.A., es decir, que ambos recursos se ejercieron en distintas etapas del proceso, por tanto, no existe conexión procesal entre ellos para que el amparo sobrevenido cumpla con su fin cautelar.
De otro lado tampoco es posible que la decisión que se dicte en el recurso de casación sobre el fallo que decide el recurso de hecho, repare el agravio invocado por el solicitante en amparo, porque evidentemente son dos trámites procesales independientes.
Por las razones expuestas, en el dispositivo de esta decisión se declarará inadmisible esta acción accesoria de amparo sobrevenido, y así se decide.
RECURSO DE CASACIÓN POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
-I-
De conformidad con las previsiones legales del ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia en la recurrida la violación del ordinal 2º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, alegando que en la misma se omitió indicar la persona demandada y de sus apoderados con los siguientes argumentos:
Ordena el artículo 243, ordinal 2) que toda sentencia debe contener:
La indicación de las partes y de sus apoderados.
La detenida lectura del fallo recurrido evidencia, que omitió el elemental extremo de indicar la persona de la parte demandada y sus apoderados, con lo cual la recurrida no dio cumplimento y por ende infringió el precepto que se denuncia.
La recurrida no indica, en párrafo o pasaje alguno, quien es la parte demandada en este juicio. Ni sus apoderados se limita a indicación de la parte actora, de su apoderado y la decisión interlocutoria de la primera instancia que le negó a mi patrocinada, por supuesta extemporaneidad , la apelación contra la sentencia definitiva dictada por el a-quo. Pero repetimos nada dice en relación a quien es la persona, natural o jurídica demandada, ni quienes son o han sido sus apoderados.
La previsión contenida en el precepto cuya infracción se denuncia no es de mera forma, pues el cumplimiento de tales extremos es necesario para determinar el alcance de la cosa juzgada, entre que partes tiene efecto determinada sentencia, sin que pueda argumentarse en defensa de la validez de los fallos que omitan la indicación de las partes y sus apoderados, el auxilio o remisión a otras actas del expediente, pues es de precepto que los fallos deben bastarse a si mismos.
Así pues que se solicita se case el fallo recurrido por el incumplimiento de tal elemental extremo pautado en la norma que se denuncia como violada.
Para decidir, la Sala observa:
Denuncia el formalizante que en la recurrida se dejaron de mencionar la persona de la parte demandada y de sus apoderados judiciales y, sobre esa base, acusa la infracción del ordinal 2º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.
En cuanto a la falta de mención de los apoderados judiciales, esta Sala en sentencia de fecha 15 de Julio de 1998, en la cual se ratificó el fallo de fecha 15 de diciembre de 1994, expresó la correcta interpretación del ordinal 2º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, expresando que:
...en relación con la mención de los apoderados, ha de concluirse que será nulo el fallo conforme a la disposición del art. 244 del mismo Código, cuando exista omisión de los requisitos intrínsecos de la forma de la sentencia, esto es, cuando falten aquellas determinaciones subjetivas y objetivas que configuran la pretensión, entre las cuales figuran las partes, pero no los apoderados de estas porque el límite, subjetivo de la cosa juzgada lo determinan las partes. ( Rengel Romberg, Arístides; ob. Cit., pág. 211).
Por tanto, la Sala no considera como un vicio de la sentencia la falta de mención de los apoderados.
Respecto de la omisión de nombrar a las partes en el fallo, esta Sala pudo apreciar que en el texto de la sentencia recurrida se hace referencia a las partes intervinientes en el juicio principal, tanto la demandada Inversiones Pitmac, C.A., como a la demandante Confecciones Paramount C.A., que fue la que dio origen al recurso de hecho interpuesto contra el fallo de fecha 23 de octubre de 1998 dictado por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el cual declaró la negativa de las apelaciones interpuestas, por extemporáneas. En consecuencia, por aplicación de la doctrina antes transcrita, es evidente que al mencionar a las partes del juicio se determinó el límite subjetivo de la controversia, y así se establece.
Por consiguiente, sobre la base de las razones expuestas, la Sala desecha la presente denuncia por improcedente. Así se declara.
-II-
De conformidad con la previsiones legales del ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia en la recurrida la violación de los artículos 12 , 243 ordinal 5º y 244 eiusdem, alegando que la recurrida no decidió de acuerdo a los alegatos y defensas esgrimidas por la parte actora, incurriendo en el típico caso de incongruencia negativa, con los siguientes argumentos:
En síntesis fueron los planteamientos esgrimidos por mi patrocinada fueron los siguientes:
1) Que por hallarse la causa paralizada, cuando el juez accidental o temporal Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas se avocó a su conocimiento, ha debido previo el acto de dictar sentencia de fondo notificar a las partes, entre ellas mi patrocinada, a objeto de que si a bien lo tenían recusasen al juez incorporado de existir causal para ello.
2) Se alegó igualmente al tenor del artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, que el juez temporal del Tribunal Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ante tal paralización del proceso, previa a su reanudación estaba obligado a dejar transcurrir el plazo de diez días después de notificadas las partes o sus apoderados y
3) Que al haberse avocado el mencionado juez temporal el 21 de septiembre de 1998, luego de hallarse vencido el lapso para sentenciar la causa, ha debido reabrirse el lapso a que se contrae el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil y dejarse transcurrir nuevamente el plazo de sesenta días a que se refiere dicha norma para comenzar a contarse el respectivo lapso de apelación. Este (sic) circunstancia y las resumidas en los dos ordinales que preceden se esgrimieron para concluir que el lapso para alzarse en contra de la aparente sentencia definitiva dictada en la primera instancia, no había comenzado a correr cuando mi coapoderado estampó ante el a-quo, dos diligencias mediante las cuales interpuso apelación contra la sentencia definitiva dictada por el juez de la causa.
4) Ante semejante cúmulo de irregularidades ocurridas en la primera instancia, esta representación adujo igualmente que la cosa juzgada que emergía de tal sentencia era de carácter aparente. A tales efectos se invocó la mejor doctrina que en el caso de dolo procesal ha elaborado ese Sala, particularmente a partir de la sentencia de 18 de diciembre de 1985 (caso Galavis vs. Cantv).
Tales alegatos que eran la base central del recurso de hecho interpuesto, fueron silenciados en lo absoluto por la recurrida en su fallo del nueve de febrero de 1999, quien en tales circunstancias incurrió en un típico caso de incongruencia negativa, es decir, no decidió conforme a los alegatos y defensas esgrimidas por mi representada.
Para decidir, la Sala observa:
En la delación transcrita la parte recurrente denuncia la violación del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por incongruencia negativa, ya que el fallo recurrido no tomó en cuenta los alegatos sobre la notificación a que tenían derecho las partes del avocamiento de un nuevo juez para el conocimiento de la causa en la oportunidad de los informes y que eran trascendentales para el desenvolvimiento del proceso.
Por otra parte, la demandada en su escrito de impugnación expresa que el vicio de incongruencia se configura cuando la sentencia deja de pronunciarse sobre el problema que ha sido sometido a su decisión, y que el caso que nos ocupa el Tribunal Superior no podía entrar a decidir cuestiones distintas, pues para ello debía haber resultado procedente la apelación ejercida por la parte actora ante el juzgado a-quo y no extemporánea, como así se había declarado.
Ha sido pacífica y constante la jurisprudencia de esta Sala, respecto a la obligación que tienen los jueces de pronunciarse sobre todo cuanto haya sido alegado y probado durante el proceso, por lo cual resulta viciada la sentencia que no resuelve en forma expresa, positiva y precisa sobre algunas de las defensas alegadas por la parte en su escrito.
Del examen de las actas del expediente, encuentra la Sala, que, el juez de la sentencia de alzada objeto del recurso de casación no tenía atribuida potestad jurisdiccional para conocer y decidir sobre incidencias ocurridas en la instancia, nada más le correspondía el conocimiento del recurso de hecho que había sido sometido a su consideración por las apelaciones que habían sido negadas, por extemporáneas, es decir, no podía conocer más allá de lo que había sido sometido a su control.
En sentencia de esta misma Sala de fecha 11 de abril de 1996, en el juicio de Rolando José Piñango contra Banco Unión, S.A.C.A., se dijo:
El ordinal 5º del artículo 243 del Código de procedimiento Civil establece los presupuestos para que la sentencia llene el requisito de la congruencia, entendiéndose por tal, como lo afirma Hernando Devis Echendía, el principio normativo que delimita el contenido y alcance de tal instancia, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones (en sentido general) y excepciones de los litigantes, oportunamente aducidas, a menos que la Ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas y que tal principio es una consecuencia lógica de la relación de jurisdicción como derecho y deber del Estado. El derecho de acción y de contradicción no sólo impone al Estado el deber de proveer mediante un proceso en una instancia, sino que al complementarse con el ejercicio de la pretensión y la oposición de excepciones, delimita el alcance y contenido de este procedimiento. La relación de jurisdicción comprende tanto la acción y la contradicción, como la pretensión y la excepción que en ejercicio de estos derechos se formulan al Juez para determinar los fines mediatos y concretos del proceso (Nociones Generales de Derecho Procesal Civil
)
El primer presupuesto es el de que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa; y el segundo presupuesto prevé que la decisión debe ser con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.
Según Guasp, la congruencia es la causa jurídica del fallo y Prietro Castro agrega, como otra derivación de la congruencia, el principio de la exhaustividad, esto es, la prohibición de omitir decisión sobre ninguno de los pedimentos formulados por las partes.
La sentencia es congruente cuando se ajusta a las pretensiones de las partes, tanto del actor como del demandado, independientemente de si es acertada o errónea. No se puede apreciar, más ni menos, de las cuestiones controvertidas, ni dejar de resolver algunas. Cuando se deja de examinar la prueba, todos o algunos de sus hechos fundamentales, la sentencia está viciada por omisión de análisis fáctico y cuando se considere innecesario el análisis de algunos elementos probatorios, el juez debe dejar constancia motivada de ello.
De allí que la incongruencia adopta dos modalidades y tres aspectos. Las modalidades son: incongruencia positiva, cuando el juez extiende se decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido, o la incongruencia negativa, cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial, y los aspectos son: a) cuando se otorga más de lo pedido (ultrapetita); b) cuando se otorga algo distinto de lo pedido (extrapetita), y c) cuando se deja de resolver sobre algo pedido u excepcionado (citrapetita).
Ahora bien, en el caso que nos ocupa el juzgado Superior no podía entrar en consideraciones distintas a las que habían sido presentadas para su conocimiento, que era el recurso de hecho interpuesto en contra de la negativa de oír las apelaciones por el a-quo ya que las mismas fueron declaradas extemporáneas; por lo que el Juzgado Superior se apegó a lo alegado y probado en autos, para decidir lo que estaba sometido a su control, que no era otra cosa que la procedencia o no de las apelaciones. El objeto del recurso de hecho es solicitar a un Tribunal Superior ordene oír la apelación denegada o que se le admita en ambos efectos cuando ha sido oído en uno sólo; de modo que el juzgado ad-quem no puede entrar a conocer la materia objeto de la decisión apelada, pues para ello es preciso que se haya declarado procedente el recurso de hecho.
Al proceder como lo hizo, el Juez Superior no ha dejado de dictar decisión conforme a la obligación que tenía de pronunciarse sobre todo lo alegado y probado en autos, y que era sometido a su conocimiento, por lo tanto no ha violado las disposiciones del artículo 12 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia se declara la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.
-III-
De conformidad con las previsiones legales del ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia en la recurrida la violación de los artículos 14, 15, 90, 208 y 515 eiusdem, con los siguientes argumentos:
Dispone el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil:
El juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión a menos que la causa este en suspenso por algún motivo legal. Cuando esté paralizada, el juez debe fijar un término para su reanudación que no podrá ser menor de diez días después de notificadas las partes o sus apoderados.
Tal precepto fue infringido por el Tribunal de la Primera instancia, tal como se demuestra a continuación:
Consta del auto de fecha 21 de septiembre de 1998 dictado por el Juzgado 8º. De Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que en virtud de las vacaciones de la juez titular de ese Despacho, su suplente, abogado, Raúl Pérez Jiménez, se avocó al conocimiento del presente juicio.
Textualmente se lee en dicho auto de avocamiento:
En virtud de la designación del Dr .Raúl Pérez Jiménez como juez temporal de este Juzgado, a los fines de suplir la ausencia de la juez Titular de este Despacho, la Dra. Olga Fortoul de Grau, el prenombrado ciudadano como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se avoca al conocimiento de la presente causa.
Consta igualmente de la sentencia dictada el día 23 de ese mismo mes y año, es decir, apenas dos días después del avocamiento, que el citado juez temporal dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró sin lugar la demanda intentada por mi mandante en contra de Inversiones Pitmac, C.A. y parcialmente con lugar la reconvención que esta última propuso contra la parte actora.
De la lectura del citado fallo, se aprecia igualmente que el proceso estaba paralizado, luego que en la parte dispositiva se dispone textualmente:
Regístrese, publíquese y notifíquese a las partes.
El Artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, cuya violación ya ha sido denunciada en el presente capítulo de la formalización, pauta que cuando una causa este en suspenso, el juez debe fijar un término para su reanudación, que no será menor de diez días después de notificadas las partes o sus apoderados.
Con la conducta asumida por le citado juez temporal se violó el citado precepto: a) porque conjuntamente con su avocamiento estaba obligado a fijar un término para su reanudación, cosa que en modo alguno hizo; b) porque tal término de reanudación en ningún caso puede ser menor de diez días de despacho, por manera, que habiéndose avocado el 21 de septiembre de 1998,mal podía reanudar la causa dos días después, es decir, el 23 de ese mismo mes, mediante la publicación de la sentencia que pretendía poner fin al presente asunto.
Además, con la actuación intempestiva del juez de la primera instancia se violó el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto este precepto dispone:
Si fenecido el lapso probatorio, otro juez o secretario intervienen en la causa, las partes podrán recusarlos por cualquier motivo legal, dentro de los tres días siguientes a su aceptación.
En efecto, ya ha quedado demostrado que el mencionado expediente se encontraba paralizado cuando el juez temporal Pérez Jiménez se avocó a su conocimiento, pues bien, en tales circunstancias además del plazo mínimo de diez días que pauta el artículo 14 para la reanudación de la causa, el tribunal de la primera instancia estaba obligado a dejar transcurrir el plazo de tres días, luego de reanudada la causa, a objeto de que las partes, si a bien lo tuvieren, pudiesen ejercer el derecho de recusarlos al tenor del artículo 90 antes transcrito.
Como se ha demostrado antes, el juez temporal Raúl Pérez Jiménez, se avocó al conocimiento de la presente causa el 21 de septiembre de 1998, y no solo irrespetó el plazo mínimo de diez días a que se contrae el artículo 14, ya denunciado, sino que tampoco respetó el derecho que tenían las partes de recusarlo, dentro de los tres días a que se contrae el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, luego que apenas dos días después de su avocamiento, el 23 de septiembre de 1998 procedió a dictar sentencia definitiva en la primera instancia.
Al omitirse en la primera instancia, el otorgamiento de los citados plazos fijados por los artículos 14 y 90 del Código de Procedimiento Civil, el aludido juez temporal de la primera instancia, no garantizó el derecho de defensa de mi patrocinada, pues no la mantuvo en las facultades y derechos que le correspondían, motivo por el cual se violó el artículo 15 ejusdem que establece:
Los jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades y en los privilegios de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la Ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ello extralimitaciones de ningún género.
Por otra parte, ciudadanos Magistrados, ante la primera instancia se violó por falta de aplicación el precepto contenido en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:
Presentados los informes, o cumplido que sea el auto para mejor proveer, o pasado el término señalado para su cumplimiento, el Tribunal dictará su fallo dentro de los sesenta días siguientes. Este término se dejará transcurrir íntegramente a los efectos de la apelación.
Ha interpretado nuestra mejor doctrina judicial (entre otras, sentencias dictadas el 27 de junio de 1996 y 23 de octubre de ese mismo año parcialmente transcritas en la presente formalización) que cuando un juez, definitivo, temporal o accidental, se incorpore al conocimiento de una causa y se halle esta paralizada, se reabre lapso de sesenta días a que se refiere el citado artículo 515 del Código de Procedimiento Civil. Esto significa, que tal término de sesenta días deba necesariamente dejarse transcurrir a los afectos del recurso de apelación al cual tiene derecho las partes.
Esta norma fue infringida por falta de aplicación en la primera instancia, puesto que habiéndose avocado el juez temporal de dicha instancia al conocimiento de esta causa, en fecha 21 de septiembre de 1998, aún haciendo abstracción de los vicios que tal avocamiento y ulterior decisión entrañaban, el mencionado plazo de sesenta días vencía el 21 de noviembre de ese mismo año y tenían obligatoriamente que dejarse transcurrir a los efectos del inicio del lapso de apelación.
Pues bien, el Juzgado 8º. De Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en decisión de fecha 23 de octubre de 1998, vale decir, mucho antes de los sesenta días a que se contrae el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, denegó la apelación que interpuso mi representada en contra del fallo del 23 de septiembre de 1998, por extemporánea.
Es obvio que tal negativa de apelación es anticipada. El juez a-quo tenía, aun en la peor de las hipótesis para mi representada, dejar transcurrir ese plazo de sesenta días que venciía el 21 de noviembre de 1998, y partir de esta fecha, dejar transcurrir en plazo de cinco días que tienen las partes para apelar de una sentencia definitiva.
La única vía procesal ordinaria que tenía mi representada para hacer valer tal cúmulo de nulidades era mediante la proposición del recurso de hecho presentado ante el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, luego que la serie de irregularidades desembocaron en la negativa de apelación contenida en el auto de 23 de octubre de 1998 que se ha transcrito anteriormente.
Por supuesto que el juez de la recurrida estaba obligado a observar y declarar las nulidades puestas de manifiesto en el presente capítulo, y proceder conforme al artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, conducta que de ninguna manera asumió, por lo cual resultó violado en la recurrida por falta de aplicación:
Artículo 208. Si la nulidad del acto la observare y declarare un Tribunal que conozca en grado de la causa, repondrá esta al estado de que se dicte sentencia por el Tribunal de la instancia en que halla ocurrido el acto nulo, disponiendo que este Tribunal antes de fallar, haga renovar dicho acto conforme lo dispuesto en el artículo anterior.
Para decidir, la Sala observa:
De la revisión de las actas del expediente, específicamente del fallo recurrido, esta Sala pudo verificar que en el mismo las infracciones denunciadas, en todo caso pudieron haber resultado procedentes para el análisis en segunda instancia, de haber sido oída la apelación, mas no contra el fallo recurrido, ya que a este le correspondía manifestarse sobre la admisibilidad o no de las apelaciones interpuestas, las cuales fueron declaradas extemporáneas y que por medio de la interposición del recurso de hecho el superior no podía pronunciarse mas allá de lo sometido a su control.
Por las razones expuestas, se declara improcedente la denuncia analizada en este capítulo.
D E C I S I Ó N
Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1) INADMISIBLE el amparo sobrevenido propuesto por el abogado Omar Estacio, en representación de la empresa mercantil CONFECCIONES PARAMOUNT C.A., parte actora en este juicio. 2) SIN LUGAR el recurso de casación formalizado por la representación judicial de la parte actora contra la sentencia dictada el 9 de febrero de 1999 por el Tribunal Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Se condena en costas al recurrente en casación de conformidad con los artículos 320 y 274 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, es decir, al Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al Tribunal Superior de origen.
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en Caracas, a los ocho ( 08 ) días del mes de junio del dos mil. Años 190º de la Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente de la Sala y Ponente,
______________________________
FRANKLIN ARRIECHE G.
Vicepresidente,
_________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
__________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
La Secretaria,
____________________
DILCIA QUEVEDO
Exp. N° 99-242
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