Venley

Sentencia N.º 187

Sentencia
N.º 187
Fecha
22/03/2002
Sala
Casación Civil
Expediente
00-465
Ponente
Antonio Ramírez Jiménez
Procedimiento
Recurso de Casación

 

 


 

 


SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia del Magistrado ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

En el juicio por reivindicación iniciado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, por el ciudadano JOAO HENRIQUE DE ABREU, representado judicialmente por los abogados Elias Quijada Campos y Luisa Emilia Barazarte de Quijada, contra los ciudadanos MANUEL FERMINO DE ABREU y MARÍA CONCEICAO CALDEIRA MENDONCA DE ABREU, cuyos apoderados son los abogados Bulmaro Peña Rosales y Juan Carlos Apitz; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en apelación, dictó sentencia definitiva el 7 de febrero de 2000 declarando con lugar la demanda y revocando así el fallo apelado.

 

Contra la mencionada sentencia de la alzada, el abogado Juan Carlos Apitz, actuando en su carácter ya expresado, anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado e impugnado. No hubo réplica.                                                   

 

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades legales, este Tribunal Supremo pasa a dictar su fallo, con base en las consideraciones siguientes:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

I

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delata la infracción de los artículos 12, 243 Ordinal 3° y 244 eiusdem. El recurrente señala:

 

“...Tal denuncia se fundamenta en lo siguiente:

Según la recurrida:

 

‘...La abogado en ejercicio, LUISA EMILIA BBARAZARTE (sic) QUIJADA, titular de la Cédula de identidad Nro. 7.684.533 inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 2.5278 (sic), procediendo como apoderado judicial del ciudadano JOAO ENRIQUE DE ABREU, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad Nro. 6.247.783, domiciliado en Dos Caminos, Municipio Ortiz del Estado Guárico, intanta (sic) ACCION REIVINDICATORIA en contra de los ciudadanos MANUEL FERMINO DE ABREU y MARIA CONCEICAO CALDEIRA MENDOCA DE ABREU, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de identidad Nros. V-8.997.040 y V.10.671.735, de este domicilio para que convinieren o asi (sic) sea declarado por el Tribunal en que es legítimo (sic) propietario del terreno que describe en el libelo; en la restitución del inmueble y en obligarse a recobrar a su costa la integridad del inmueble incluyendo las construcciones edificadas sobre el terreno, y en el pago de las costas procesales, Estimaron (sic) la acción de diez millones de bolívares y agrega recaudos.

El Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, en fecha de veintitrés (sic) de marzo de mil novecientos noventa y ocho admite la demanda y ordena el emplazamiento de los demandados y practicada la citación de los demandados mediante cartel en la prensa, los demandados asistidos del abogado Bulmaro Peña R., inscrito en el Inpre-Abogado con el Nro. 24.318, contestan la demanda. Se abre a pruebas y ambas partes hacen uso de ese derecho y evacuadas las mismas, la parte demandante presenta Informe y consigna su escrito y el Tribunal del Mérito en fecha veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve dicta sentencia y declara sin lugar la acción reivindicatoria intentada. La parte demandante apela de dicha decisión y se remiten las actuaciones en expediente original a este Superior, donde la parte demandada pide la reposición en los Informes y también los presenta la parte demandante, y para dictar sentencia, previamente se observa:

Expone la apoderada del demandante, que consta de documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Roscio y Ortiz del Estado Guárico, el 09 de Junio (sic) de 1.981 (sic), el Nro. 47, folios 159 al 160, Protocolo Primero, Tomo Tercero, Segundo Trimestre de 1.981 (sic), su representado adquirió un inmueble constituido (sic) por una casa sita en el Barrio Pueblo Nuevo, entre Avenida Bolívar (sic) y Fermin (sic) Toro, de esta ciudad cuyos linderos son: Norte: carretera nueva para carros pesados. Sur: Casa de Luis Barrios; Este: Terreno vacuo, y Oeste: Escuela Estadal. Que el inmueble está construido en una parcela propiedad municipal que tiene diecisiete metros de frente por veintinueve metros de fondo, y lo hubo por compra hecha al ciudadano Joaquin (sic) Antonio Benitez (sic) y cita el documento de tradición de éste. Que luego, el primero de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, su representado Joan (sic) Enrique De Abreu, adquirió del Concejo Municipal del Distrito Roscio del Estado Guárico, un lote de terreno propiedad del Municipio situado en Avenida Bolívar, cruce con Fermin (sic) Toro de esta ciudad, con una medida de trescientos setenta y siete metros cuadrados, como consta en documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Roscio del Estado Guárico, bajo el Nro. 46, folios 191 al 193, Protocolo Primero, Tomo Cuarto Habilitado, Segundo Trimestre de 1.984 (sic). Dice que el terreno tiene por linderos: Norte: Avenida Fermin (sic) Toro, con una extensión de 16,90 metros; Sur: casa de Jacinta Hernández, con extensión de 17,90 metros; Este: casa de Dimas Rivas, en 21,15 metros, y Oeste: Avenida Bolívar (sic) en 18,35 metros, mas (sic) un declive de tres metros más diez centímetros (sic) donde comienza el lindero. Agregó marcado “B” y “C” documentos.

Prosigue diciendo la apoderada libelista, que los ciudadanos: MANUEL FERMINO DE ABREU y MARIA CONCEICAO DE ABREU, se introdujeron en el inmueble junto con su familia, instalando sobre el mismo un fondo de comercio. Que numerosas e incontables veces le fue requerida (sic) la restitución  y entrega material del inmueble, a lo que se negaban alegando que no tenían para donde mudarse. Que a pesar de las  exigencias, estos ciudadanos, sin autorización de ninguna especie, construyeron de la noche a la mañana, en los laterales Norte y Oeste del inmueble propiedad de su mandante, dos nuevos locales comerciales destinados a los juegos de envite y azar, es decir a la venta de terminales y loterías (sic). Que ellos nunca han ejercido posesión legitima (sic) e inequivoca (sic) del inmueble que indebidamente ocupan, ya que es del conocimiento público que el inmueble es propiedad de Joao Enrique De Abreu. Cita el contenido del artículo 777 del Código Civil y dice que es evidente que en la construcción no autorizada de los locales comerciales mencionados se incurrió en actos de violencia contra el derecho de propiedad de su representada, contenido en el artículo 345 ejusdem Que por ser legítimo propietario del inmueble su representado, reclama la detentación ilegal y hace citas copiando los artículos 548, 549 y 778 del Código Civil.

Concluye con el petitorio, demandado (sic) en acción reivindicatoria a los mencionados ciudadanos, para que convengan o así lo declare el Tribunal en que el legitimo (sic) propietario del terreno descrito y la casa en él construída, (sic) cuyos linderos, medidas y demás especificaciones constan en los documentos agregados, son de JOAO ENRIQUE DE ABREU, que convengan en la restitución de los inmuebles descritos y que detentan sin derecho, para ello; en obligarse a recobrar a su costa por cuanta (sic) de su mandante, la integridad del inmueble incluyendo las obras ejecutadas sin autorización sobre el terreno de su propiedad, y en el pago de las costas procesales. Solicita el secuestro del inmueble. Agrega poder otorgado por el demandante a su persona y a Elías Quijada Campos.

Por su parte los demandados, asistidos del Abogado Bulmaro Peña, contestan la demanda y afirman que rechazan por ser falso el hecho de haber sorprendido en la buena fe al demandante ya que la ocupación del inmueble se hizo bajo el consentimiento del hoy demandante y que ellos compraron el negocio “Abastos y Carnicería La Paz” que ya funcionaba para esa fecha en ese inmueble. Que es falso que el demandante en momento alguno hubiere requerido el inmueble bajo la supuesta figura de restitución o entrega material por cuanto sus relaciones hasta la fecha siempre han sido cordiales. Que no es cierto que no haya habido autorización de ninguna especie en la construcción de locales en el lateral norte del inmueble objeto de la reivindicación por cuanto es un hecho notorio que la construcción de dos nuevos locales comerciales nos e hacen de la noche a la mañana ya que trascendió tiempo suficiente desde el inicio de la obra hasta su terminación y  el hoy demandante no hizo uso de las acciones legales lo que evidencia su consentimiento total en la construcción de los locales comerciales que constituyen mejoras consentidas por el demandante previo acuerdo de ambos.

Continúan expresando que: es falso que nunca hayan ejercido posesión legitima (sic) e inequívoca sic) del inmueble por cuanto la misma la detenían (sic) en forma legal mediante un contrato de arrendamiento donde el hoy demandante actuando con el carácter de arrendador les da en arrendamiento el inmueble ubicado en el Barrio Pueblo Nuevo, entre Avenida Bolívar y Fermín toro y en original agregan marcado “A” este documento con copia para previa confrontación por Secretaria se devuelva (sic). Que rechazan el derecho invocado en el escrito libelar por cuanto no sirven de fundamento a la acción invocada en su contra ya que el inmueble no lo detentan en forma ilegal y que el derecho invocado con base a los artículos 548, 549 y 778 del Código Civil (sic) es improcedente, no aplicable al caso de marras. Que rechazan el petitorio por cuanto el derecho invocado es improcedente para la acción reivindicatoria y que no pueden convenir en forma alguna en los petitorios, porque el inmueble se los entregó en arriendo y constituyen un absurdo jurídico el pretender una acción reivindicatoria y piden sea declarada sin lugar...’ (F. 102 a 106)...omissis...

 

Como puede colegirse de una somera lectura del párrafo judicial transcrito, el sentenciador de alzada incurre en el vicio de omisión de síntesis, pues transcribió en la parte narrativa de su sentencia actos del proceso, lo cual no era necesario. El Juez se limitó a transcribir las actuaciones de las partes, sin determinar en qué términos quedó planteada la controversia, sin hacer una síntesis de lo demandado y de la contestación dada...omissis...

 

Por todo ello, denuncio la violación de los artículos 243 ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil, por considerar que la sentencia recurrida no contiene una síntesis clara, precia y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, transcribiéndose en ella los actos del proceso que constan en autos, del artículo 12 del mismo Código en lo relativo a que el Juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos; y, del artículo 244 eiusdem, por faltar uno de los requisitos del artículo primeramente señalado, lo cual vicia a la recurrida de nulidad; y, en consecuencia, con todo respeto pido que así lo declare esta Sala...”      

 

La Sala, para resolver observa:

 

              Es reiterada la doctrina de la Sala y mas aún en acatamiento al artículo 257 de la Constitución, que la redacción del fallo por parte de los Jueces no está sometida a un régimen en concreto. Por el contrario, bien pueden utilizar la forma de redactar que estimen más conveniente, aunque obviamente deben cumplir con los requisitos a que se contraen los artículos 243 y 244, entre otros, del Código de Procedimiento Civil.

         

 Acerca del supuesto de hecho contemplado en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la Sala ha expresado que esa norma, producto de la reforma de 1986 exige que el Juez en la narrativa del fallo la obligación de hacer una síntesis de las actuaciones llevadas a cabo en el proceso, para que se tenga una idea cabal del mismo. Dicha síntesis debe ser lacónica y precisa, por lo cual el sentenciador no debe transcribir todos los actos del proceso, so pena de nulidad del fallo recurrido, aunque si pudiera hacer cita de ciertas actuaciones al tratar en la motiva un punto en concreto, para así facilitar una mejor comprensión del punto debatido.

         

En el caso de autos, la alzada en la narrativa no transcribe actuaciones realizadas por las partes en el proceso, sino comenta el contenido de esas actuaciones, sin extenderse demasiado y de esa relación efectuada se tiene una idea clara de la controversia surgida entre las partes, cual es que se está en presencia de una demanda intentada por el actor por reivindicación de dos (2) bienes sobre los cuales los demandados alegan estár en posesión legítima. La Sala encuentra, por tanto, que la recurrida al relatar las actuaciones del proceso y como el propio formalizante destaca, hace especial énfasis en el contenido del libelo y del escrito de contestación al fondo de la demanda, con lo cual a criterio de esta Suprema Jurisdicción no resultaron infringidos los artículos 243 ordinal 3°, y 244 ambos del Código de Procedimiento Civil, ya que en la sentencia se realizó una síntesis lacónica y precisa de la controversia.

 

En lo relativo a la denuncia del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, la Sala estima que en el caso concreto la misma es también improcedente, por ser incompatible con lo planteado por el recurrente, quien se limita a censurar la conducta del Juez por supuestamente haber transcrito actuaciones innecesarias del proceso, más ello no implica que la recurrida no se hubiese atenido a lo alegado y probado en autos.


             Con base a los razonamientos expuestos, se declara improcedente la denuncia de los artículos 12, 243 ordinal 3° y 244, todos del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

II

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente delata la infracción de los artículos 12, 243 ordinal 5° y 244 eiusdem, por haber incurrido el sentenciador de alzada en el vicio de incongruencia. A tal efecto alega:

“... Ciudadano Juez, es falso que nunca hayamos ejercido posesión legítima e inequívoca del inmueble que se pretende reivindicar, por cuanto el mismo lo detentamos en forma legal, a través de un contrato de arrendamiento celebrado el 13 de julio de 1982, reconocido en su contenido y firma por ante (sic) el Juzgado del Distrito Roscio de esta Circunscripción Judicial, el 20 de julio de 1982, donde el ciudadano JOAO HENRIQUE DE ABREU, actuando con el carácter de “El Arrendador” nos da en arrendamiento el inmueble ubicado en el Barrio Pueblo Nuevo, entre Avenida Bolívar y Avenida Fermín toro. Ello evidenciable en documento en original que anexamos marcado “A” junto con fotocopia, para que previa su confrontación por Secretaría del Tribunal se me devuelva original y en su defecto se deje la fotocopia. En consecuencia no ha operado acto violento alguno, ni mucho menos clandestino, en nuestra ocupación, porque como ya lo dejamos ver opero (sic) un consentimiento expreso del hoy demandante al darnos el inmueble en arriendo... (F. 33 vto.).

La misma recurrida reconoce en su sentencia nuestro         alegato supra expuesto en los siguientes términos:

 ‘...Por su parte los demandados, asistidos del Abogado (sic) Bulmaro Peña, contestan la demanda y afirman que rechazan por ser  falso el hecho de haber sorprendido en la buena al demandante ya que la ocupación del inmueble se hizo bajo el consentimiento del hoy demandante y que ellos compraron el negocio “Abastos y Carnicería La Paz” que ya funcionaba para esa fecha en ese inmueble. Que es falso que el demandante en momento alguno hubiere requerido el inmueble bajo la supuesta figura de restitución o entrega material por cuanto sus relaciones hasta la fecha siempre han sido cordiales. Que no es cierto que no haya habido autorización de ninguna especie en la construcción  de locales en el lateral norte del inmueble objeto de la reivindicación por cuanto es un hecho notorio que la construcción de dos nuevos locales comerciales nos e hacen dela noche a la mañana ya que trascendió tiempo suficiente desde el inicio de la obra hasta su terminación y el hoy demandante no hizo uso de las acciones legales lo que evidencia su consentimiento total en la construcción de los locales comerciales que constituyen mejoras consentidas por el demandante previo acuerdo de ambos.

Continúan expresando que: es falso que nunca hayan ejercido posesión legitima (sic) e inequívoca (sic) del inmueble por cuanto la misma la detenían en forma legal mediante un contrato de arrendamiento donde el hoy demandante actuando con el carácter de arrendador les da en arrendamiento el inmueble ubicado en el Barrio Pueblo Nuevo, entre Avenida Bolívar y Fermín Toro y en original agregan marcado “A” este documento con copia para  previa confrontación por Secretaria (sic) se devuelva. Que rechazan el derecho invocado en el escrito libelar por cuanto no sirven de fundamento a la acción invocada en su contra ya que el inmueble no lo detentan en forma ilegal y que el derecho invocado con base a los artículos 548, 549 y 778 del Código Civil es improcedente, no aplicable al caso de marras. Que rechazan el petitorio por cuanto el derecho invocado es improcedente para la acción reivindicatoria y que no pueden convenir en forma alguna en los petitorios, porque el inmueble se los entregó en arriendo y constituyen un absurdo jurídico pretender una acción reivindicatoria y piden sea declarada sin lugar...’ (F. 105 a 106).

Ahora bien, sobre nuestro alegato, esgrimido en la contestación de la demanda, sobre la existencia de una relación obligacional arrendaticia que vincula mutuamente a las partes en juicio, el a quem solo expresó:

‘...Los demandados en la contestación a la demanda alegan que ocupan el inmueble en su condición de arrendatarios y como srrendador (sic) aparece el demandante, y agregan documento marcado “A” (35 y 36) (sic) de ese contrato de arrendamiento de donde surge evidencia de ello, y el mismo es impugnado por la parte demandante, y observa la Alzada que en la nota que estampó la Secretaría del Juzgado del Mérito, se dice que se devuelve el original, el cual fue presentado con fotocopia para su certificación y devolución. Se trata de un documento presentado en original y certificada su autenticidad por la Secretaria del Tribunal, por lo que surge que se trata de un documento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido ya que está certificada la copia que consta en autos, por lo que debe ser impugnado o tachado y al limitarse solamente la parte demandante a impugnarlos sin formalizarla, debe ser apreciado y se valora al tenor del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

Demuestra ello que ocupan el inmueble propiedad del demandante...’ (F.112)...omissis...

Por lo que, una atenta lectura de la sentencia recurrida en el párrafo arriba transcrito demuestra que el sentenciador de alzada incurre en el vicio de incongruencia negativa u omisión de pronunciamiento, pues dicho juez no resolvió sobre todo lo alegado por las partes, es decir, el juez deja de considerar argumentos de hecho  en que se fundamenta la defensa del demandado.

Por todo ello denuncio la violación de los artículos 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, por considerar que la sentencia recurrida no contiene decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, del artículo 12 del mismo Código en lo relativo a que el Juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos; lo cual vicia a la recurrida de nulidad; y, en consecuencia, con todo respeto pido que así lo declare esta Sala...”

     

 Para resolver, se observa:

 

La Sala encuentra que la recurrida contrario a lo afirmado por el formalizante si se pronunció sobre el alegato formulado por los co-demandados al contestar la demanda, relativo al contrato de arrendamiento suscrito entre las partes y que justificaría, según ellos, la posesión legítima que detentaban de los inmuebles objeto de la reivindicación.

La recurrida en el punto en concreto expresó:

“...Estos documentos los aprecia este Juzgador de Alzada como documentos públicos, valorados de acuerdo a los Artículos (sic) 1.357 y 1.359 del Código Civil (sic) en relación con el Artículo (sic) 429 del Código de Procedimiento Civil, y que llevan a la convicción del Juez el hecho de que el demandante es el propietario del inmueble objeto y que el ciudadano demandado MANUEL FERMINO DE ABREU, valiéndose de los hechos narrados en el Considerando transcrito, pretende apropiarse del inmueble que detenta o posee, y el cual es la propiedad del demandante, lo que ha quedado demostrado con la documental supra transcrita y conllevan a determinar que la acción reivindicatoria interpuesta...debe de prosperar en derecho, como se dispondrá en la parte dispositiva del fallo por haber comprobado el accionante los presupuestos para la procedencia de la acción, esto es que es el legítimo propietario de la cosa que pretende reivindicar que ese inmueble, cosa, que se dijo propietario, es la misma que la parte accionada detenta legalmente y la identificación de la cosa que se reivindica. En este caso la parte demandada ha desnaturalizado su pretensión de ser arrendatario de la cosa, y que según el contrato de arrendamiento en ese sentido deberá servirse de la cosa como un buen padre de familia, pero con sus actuaciones descritas no le ha dado un uso adecuado y permite el proceder de la acción intentada en su contra. Así se declara...”

 

Como el impugnante señala en su escrito de contestación al recurso, mal o bien es lo cierto que la recurrida apreció el contenido del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes y determinó que los co-demandados no cumplieron con las obligaciones que asumieron en ese contrato, sino que las desnaturalizaron al no darle un uso adecuado a los inmuebles, por lo cual era procedente la acción reivindicatoria intentada en su contra al no haber posesión legítima.

 

Si la parte formalizante no estaba conforme con el razonamiento emitido por la alzada en el punto objeto de la controversia, análisis y/o alcances del contrato de arrendamiento que demostraría la posesión legítima sobre los bienes objeto de la demanda, indefectiblemente tenía que plantear la denuncia bajo un recurso por fondo, sin que sea censurable en un recurso por defecto de actividad la conducta que la recurrida asumió, quien en cumplimiento de los artículos delatados se pronunció sobre las defensas y excepciones formuladas por los demandados en su contestación y las pruebas de autos. Por lo antes expuesto, se declara improcedente la denuncia de los artículos 12, 243 ordinal 5° y 244 todos del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

III

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente delata la infracción de los artículos 12, 243 ordinal 5° y 244 eiusdem, por haber incurrido el sentenciador de alzada en el vicio de incongruencia negativa. A tal efecto sostiene.

 

 “...En efecto, la recurrida expresa en el texto de su decisión que:

‘...En este proceso se demanda una acción reivindicatoria, la cual está prevista en el artículo 548 del Código Civil, constituyendo la defensa más eficaz del derecho de propiedad, y de acuerdo a ello, la doctrina y la jurisprudencia estan (sic) de acuerdo en que para que (sic) prospere esta acción, debe la parte actora traer a los autos una doble prueba, probar que es el legítimo propietario y que la cosa de la cual se dice propietario, es la misma que la parte demandada detenta legalmente...’ (F.111).

Y luego, el juzgador a quem, saliéndose ramplonamente de los términos en que quedó planteada la litis, nos sorprende al decir que:

‘...Estos documentos los aprecia este Juzgador de Alzada como documentos públicos, valorados de acuerdo a los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil (sic) en relación con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y que llevan a la convicción del Juez el hecho de que el demandante, es el propietario del inmueble objeto del litigio y que el ciudadano demandado MANUEL FERMINO DE ABREU, valiéndose de los hechos narrados en el considerando (sic) transcrito, pretende apropiarse del inmueble que detenta o posee, y el cual es de la propiedad del demandante, lo que ha quedado demostrado con la documental supra transcrita y conllevan a determinar que la acción reivindicatoria interpuesta debe de prosperar en derecho, como se dispondrá en la parte dispositiva del fallo por haber comprobado el accionante los presupuestos para la procedencia de la acción, esto es que el legítimo propietario de la cosa que pretende reivindicar que ese inmueble, cosa, que se dijo propietario, es la misma que la parte accionada detenta legalmente y la identificación de la cosa que se reivindica. En este caso la parte demandada ha desnaturalizado su pretensión de ser arrendatario de la cosa, y que según el contrato de arrendamiento en ese sentido deberá servirse de la cosa como un buen padre de familia, pero con sus actuaciones descritas no le ha dado un uso adecuado y permite el proceder de la acción intentada en su contra. Asi (sic) se declara...’ (F. 114 a 115)...omissis...

En el caso sub examine, el sentenciador de alzada incurre en el vicio de incongruencia positiva, pues el Juez a quem se sale de los términos en que está planteada la controversia, supliendo excepciones y argumentos de hecho no alegados por las partes, como lo es su argumento según el cual: ‘...la parte demandada ha desnaturalizado su pretensión de ser arrendatario de la cosa, y que según el contrato de arrendamiento en ese sentido deberá servirse de la cosa como un buen padre de familia, pero con sus actuaciones descritas no le ha dado un uso adecuado y permite el proceder de la acción intentada en su contra...’ (F. 115), muy distinto el alegato del demandante en su escrito libelar, por el cual: ‘...Es el caso ciudadano Juez, que sorprendiendo en su buena fe a mi representado JOAO HENRIQUE DE ABREU, los ciudadanos MANUEL FERMINO DE ABREU y MARIA CONCEICAO CALDEIRA DE MENDONCA DE ABREU, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números V-8.997.040 y V-10-671.735, respectivamente domiciliados en esta ciudad de san Juan de los Morros (sic), se introdujeron en el inmueble junto con su familia, instalando sobre el mismo un fondo de comercio destinado a la venta de licores y víveres en general. Numerosas e incontables veces les fue requerida la restitución y entrega material del inmueble, a lo que se negaban reiteradamente aduciendo que no tenían para donde mudarse, que tenía familia e hijos y que no podían quedarse a la intemperie. En virtud de esta situación y en el pleno ejercicio del “animo domini”, mi representado JOAO HENRIQUE DE ABREU, intensificó sus gestiones extrajudiciales y conciliatorias exigiendo la restitución  y entrega inmediata de su propiedad; lo que se vio vulnerado cuando los ciudadanos: MANUEL FERMINO DE ABREU y MARIA CONCEICAO CALDEIRA DE MENDONCA DE ABREU, ya identificados, sin autorización de ninguna especie, construyeron indebidamente “de la noche a la mañana”, en los laterales Norte y Oeste del inmueble propiedad de mi mandante, dos nuevos locales comerciales destinados a los juegos de envite y azar, es decir, a la venta de terminales y loterías...’(F. 1 vto. a 2).

Por todo ello denuncio la violación de los artículos 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, por considerar que la sentencia recurrida no contiene decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas; del artículo 12 del mismo Código en lo relativo a que el Juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos; lo cual vicia a la recurrida de nulidad; y, en consecuencia, con todo respeto pido que así lo declare esta Sala...”

     La Sala, para resolver observa:

 

No existe la pretendida incongruencia. Es cierto lo afirmado por el recurrente que el demandante en atención con lo señalado en el artículo 548 del Código Civil, demandó la reivindicación de los inmuebles en posesión de los demandados, por considerar que esa posesión era ilegítima y estaban llenos los otros extremos de Ley.

Que, en el libelo el actor no alegó nada acerca del contrato de arrendamiento al cual el formalizante refiere. Por el contrario, sostuvo que la parte accionada se introdujo en los inmuebles instalando un fondo de comercio destinado a la venta de víveres y licores. Por lo que el demandante les requirió a los co-demandados la devolución de esos inmuebles.

 

De un examen del escrito de contestación encuentra que son los propios demandados, hoy en día recurrentes, quienes al contestar la demanda y como se expuso en la denuncia precedente, sostuvieron que ejercían una posesión válida de los inmuebles objeto de la litis, en razón de un contrato de arrendamiento el cual acompañaron. En consecuencia, la recurrida con base a los términos en los cuales quedó trabada la litis, por lo alegado en el libelo y en la contestación, perfectamente podía y debía pronunciarse acerca del contenido del contrato de arrendamiento, por lo cual no está presente el vicio de incongruencia denunciado por el formalizante y siendo por ende improcedente la denuncia de los artículos 12, 243 ordinal 5° y 244 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

 

RECURSO DE FONDO

I

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente delata la infracción, por errónea interpretación, del artículo 548 del Código Civil. A tal efecto sostiene:

 

“...En efecto, establece el artículo 548 del Código Civil     lo siguiente:

Artículo 548.- El propietario, de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes.

Si el poseedor o detentador después de la demanda judicial ha dejado de poseer la cosa por hecho propio, está obligado a recobrarla a su costa por cuenta del demandante; y, si así no lo hiciere, a pagar su valor, sin perjuicio de la opción que tiene el demandante para intentar su acción contra el nuevo poseedor o detentador.

El juez de la recurrida sobre la norma denunciada como erradamente interpretada expresó lo que sigue:

‘...En este proceso se demanda una acción reivindicatoria, la cual esta (sic) prevista en el artículo 548 del Código Civil, constituyendo la defensa más eficaz del derecho de propiedad, y de acuerdo a ello, la doctrina y la jurisprudencia estan (sic) de acuerdo en que para que prospere esta acción, debe la parte actora traer a los autos una doble prueba, probar que es el legítimo propietario y que la cosa de la cual se dice propietario, es la misma que la parte demandada detenta legalmente...’ (F.111). 

Para luego asentar erróneamente en su resolución             judicial que:

‘...En autos consta igualmente en documento aportado por la parte accionante, (folios 96 al 99), que el Alcalde del Municipal (sic) “Juan Germán Roscio” del Estado Guárico, le vende al ciudadano DE ABREU MANUEL FERMINO, titular de la Cédula de Identidad Nro. 8.997.040, un lote de terreno ubicado en esta ciudad de San Juan de los Morros, en AVENIDA BOLIVAR CON FERMIN TORO, en fecha 29 de Enero (sic) de 1.977 (sic), y consta igualmente en autos (fs. 42 al 46) copia certificada expedida por el Secretario Municipal del Municipio “Juan Germán Roscio” Estado Guárico, Año VII, Mes VII, de fecha 25 de julio de 1.977 (sic), Extraordinario Nro. 2393, donde surge la rescisión del Contrato de compra Venta aprobado por esa Cámara Municipal en Sesión Ordinaria de fechas 10-07-96 y 23-07-96, desafectado en su condición ejidal según acuerdo de Cámara de fecha 12-09-96, sobre un lote de terreno ubicado en Avenida Bolívar con Fermin (sic) Toro, de San Juan de los Morros, debidamente registrado bajo el Nro. 43, en el Registro Subalterno del Distrito Roscio del Estado Guárico; y donde se establece otro considerando que expresa que el ciudadano DE ABREU MANUEL FERMINO, con Cédula de Identidad Nro. 8.997.040, “consignando documentación falsa obtuvo através (sic) de esta Corporación Municipal un contrato de arrendamiento sobre la parcela antes identificada...” Que “...igualmente determinó la Dirección de Sindicatura, que por iniciativa de Manuel Fermino De Abreu, se tramitó un título supletorio indicando en forma errónea que el (sic) era el propietario de dichas bienhechurías, construidas sobre el lote de terreno en cuestión”; que “el ciudadano antes identificado aprovechándose de tal situación formalizó la solicitud de la compra de dicho lote de terreno”; “...que, posteriormente a este acto administrativo se verificó a través de la Dirección de Catastro, que la parcela en cuestión había sido vendida al ciudadano Joao Enrique (sic) De Abreu, es el propietario de este inmueble constituido por una casa ubicada en el Barrio Pueblo Nuevo entre la Avenida Bolivar (sic) y Avenida Fermin (sic) Toro...” “...que el lote de terreno vendido recientemente al señor Manuel Fermino De Abreu, es el mismo que les fue vendido hace trece años al ciudadano Joao Enrique (sic) De Abreu” acordó en base a esos considerandos rescindir el Contrato de Compra-Venta efectuada al ciudadano MANUEL FERMINO DE ABREU.

Estos documentos los aprecia este Juzgador de Alzada como documentos públicos, valorados de acuerdo a los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil (sic) en relación con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y que llevan a la convicción del Juez el hecho de que el demandante, es el propietario del inmueble objeto del litigio y que el ciudadano demandado MANUEL FERMINO DE ABREU, valiéndose de los hechos narrados en el Considerando (sic) transcrito, pretende apropiarse del inmueble que detenta o posee, y el cual es de la propiedad del demandante, lo que ha quedado demostrado con la documental supra transcrita y conllevan a determinar que la acción reivindicatoria interpuesta debe de prosperar en derecho, como se dispondrá en la parte dispositiva del fallo por haber comprobado el accionante los presupuestos para la procedencia de la acción, esto es que es el legítimo propietario de la cosa que pretende reivindicar que ese inmueble (sic), cosa, que se dijo propietario, es la misma que la parte accionada detenta legalmente y la identificación de la cosa que se reivindica. En este caso la parte demandada ha desnaturalizado su pretensión de ser arrendatario de la cosa, y que según el contrato de arrendamiento en ese sentido deberá servirse de la cosa como un buen padre de familia, pero con sus actuaciones descritas no le ha dado un uso adecuado y permite el proceder de la acción intentada en su contra. Asi (sic) se declara.            

Antes de seguir analizando las probanzas de autos es importante establecer que la acción intentada tipificada es la de reivindicación establecida en el art. (sic) 548 del Código Civil, la cual atribuye al propietario de una cosa el derecho a reivindicarla.

Del escrito de la demanda establece (sic) que tal es la acción deducida ello indica que pretende el actor le sea devuelto por parte del demandado el inmueble constituido por una casa y el terreno donde esta edificada con sus respectivas mejoras ubicada en el Barrio Pueblo Nuevo cruce de las Avs. (sic) Bolívar y Fermin (sic) Toro de esta ciudad, de San Juan de los Morros, cuyos linderos fueron reseñados suficientemente en la parte narrativa, es asi (sic) que esta Alzada toma en cuenta que no es una acción ilegitima (sic) sino el ejercicio de un derecho expresamente amparado por la ley y así se decide...’ (F. 113 a 115).

El Juez a quem erró la interpretación del artículo 548 del Código Civil pues, cuando expresó enfáticamente que: “...En este proceso se demanda una acción reivindicatoria, la cual esta (sic) prevista en el artículo 548 del Código Civil, constituyendo la defensa más eficaz del derecho de propiedad, y de acuerdo a ello, la doctrina y la jurisprudencia estan (sic) de acuerdo en que para que prospere esta acción, debe la parte actora traer a los autos una doble prueba, probar que es el legítimo propietario y que la cosa de la cual se dice propietario, es la misma que la parte demandada detenta legalmente...” (sic). De esta manera, obviamente, desnaturalizó el contenido y alcance de dicha disposición expresa de ley, tanto de su supuesto de hecho como de las consecuencias jurídicas que ella señala...omissis...

La interpretación que el Juez a quem  realizó del artículo 548 del Código Civil es errónea, pues al considerar que la procedencia de la acción reivindicatoria incoada se debe a que “...el ciudadano demandado MANUEL FERMINO DE ABREU, valiéndose de los hechos narrados en el Considerando transcrito, pretende apropiarse del inmueble que detenta o posee, y el cual es de la propiedad del demandante, lo que ha quedado demostrado con la documental supra transcrita...”, obviando de esa manera la correcta interpretación del dispositivo legal mencionado, vale decir: el que la acción reivindicatoria la ejerce el propietario no poseedor contra el poseedor actual de su cosa que no puede alegar un título jurídico como fundamento de su posesión, y aún más, que su finalidad es la recuperación de la posesión sobre la cosa, de la que el propietario ha sido despojado contra su voluntad, y a la declaración del derecho de propiedad discutido por el autor del hecho lesivo; pero también determinando en su sentencia que entre las partes en juicio existe un contrato de arrendamiento sobre el inmueble objeto de esta controversia, en los siguientes términos: “Los demandados en la contestación a la demanda alegan que ocupan el inmueble en su condición de arrendatarios y como srrendador (sic) aparece el demandante, y agregan documento marcado “A” (sic) 35 y 36) (sic) de ese contrato de arrendamiento donde surge evidencia de ello, y el mismo es impugnado por la parte demandante, y observa la Alzada que en la nota que estampó la Secretaria del Juzgado del Mérito, se dice que se devuelve el original, el cual fue presentado con fotocopia para su certificación y devolución. Se trata de un documento presentado en original y certificada su autenticidad por la Secretaria del Tribunal, por lo que surge que se trata de un documento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido ya que está certificada la copia que consta en autos, por lo que debe ser impugnado o tachado y al limitarse solamente la parte demandante a impugnarlo sin formalizarla, debe ser apreciado y se valora al tenor del artículo 1.363 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Demuestra ello que ocupan el inmueble propiedad del demandante...” , ha debido declarar la improcedencia de la acción reivindicatoria intentada por la accionante pues la demanda adolece de no de los requisitos indispensables a toda acción de tal naturaleza como es “la falta de derecho idóneo para poseer del demandado”, por lo que una correcta interpretación del prenombrado artículo 548 del Código Civil como premisa mayor de la sentencia recurrida, ha debido conducirlo a la conclusión de que la acción reivindicatoria no es procedente en derecho cuando entre las partes en juicio media relación obligacional de arrendamiento sobre la cosa que es objeto de la pretensión deducida en juicio. Todo lo cual evidencia diáfanamente (sic) que el juez desnaturalizó el contenido y alcance de dicha disposición expresa de la ley, tanto del supuesto de hecho que ella regula como de sus consecuencias jurídicas señaladas.

Finalmente, por las razones antes expresadas y con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, solicito que este Máximo Tribunal declare la nulidad de la sentencia recurrida en virtud de la errónea interpretación del artículo 548 del Código Civil, el cual es determinante en el dispositivo de (sic) premencionado fallo; advirtiendo con el debido respeto, que en este caso, no existe la carga de explicar qué disposiciones son aplicables para resolver la controversia, pues la misma norma que se denuncia infringida, es la que debe ser aplicada, pero en su correcto contenido y alcance...” (Mayúsculas y subrayado del recurrente).  

 

La Sala, para resolver observa:

 

El impugnante solicita que la Sala declare perecida la denuncia, ya que el recurrente no cumplió con lo dispuesto en el ordinal 4° del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, al no especificar las normas que el Tribunal de Alzada debió aplicar para resolver la controversia. En lo relativo a esta solicitud de perecimiento la Sala debe desecharla pues del contexto del escrito de formalización se desprende que el recurrente sostiene que la norma aplicable era justamente el artículo 548 del Código Civil, sólo que el sentenciador al aplicarlo erró en su interpretación. Por lo tanto, es indudable que el recurrente se ajustó a la técnica requerida.

 

Como el recurrente sostiene, la acción reivindicatoria esta sometida al cumplimiento de ciertos requisitos, cuales son:

a) Que el actor sea propietario del inmueble a reivindicar.

b) Que el demandado sea el poseedor del bien objeto de la reivindicación.

c) Que la posesión del demandado no sea legítima.

d) Que el bien objeto de la reivindicación sea el mismo sobre el cual el actor alega ser propietario.

 

Según la recurrida, a cuya apreciación de los hechos la Sala debe atenerse en razón de la forma como está planteada la denuncia, la controversia en el caso de autos se centra en el tercero de los requisitos antes señalados, pues los demandados sostienen que son poseedores legítimos de los inmuebles objeto de la reivindicación, ya que existía un contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, al cual el sentenciador le dio pleno valor probatorio.

            

La recurrida señaló:

 

 “...Los demandados en la contestación a la demanda alegan que el ocupado inmueble en su condición de arrendatarios y como subarrendador aparece el demandante, y agregan documento marcado “A” (fls. 35 y 36) de ese contrato de arrendamiento donde surge evidencia de ello, y el mismo es impugnado por la parte demandante, y observa la Alzada que en la nota que estampó la Secretaria del Juzgado del Mérito, se dice que se devuelve el original, el cual fue presentado con fotocopia para su certificación y devolución. Se trata de un documento presentado en original y certificada su autenticidad por la Secretaria del Tribunal, por lo que surge que se trata de un documento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido ya que está certificada la copia que consta en autos, por lo que debe ser impugnado o tachado y al limitarse solamente la parte demandante a impugnarlo si formalizarla, debe ser apreciado y se valora al tenor del Artículo (sic)  1.363 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el Artículo (sic) 429 del Código de Procedimiento Civil. Demuestra ello que ocupa el inmueble propiedad del demandante...”

 

En autos consta igualmente de documento aportado por la parte accionante, (folios 96 al 99), que el Alcalde de Municipal “Juan Germán Roscio” del Estado Guárico, le vende al ciudadano DE ABREU MANUEL FERMINO, titular de la cédula de identidad N° 8.997.040, un lote de terreno ubicado en esta ciudad de San Juan de los Morros, en AVENIDA BOLIVAR CON FERMIN TORO, en fecha 29 de Enero de 1997, y consta igualmente en autos (fs. 42 al 46) copia certificada expedida por el Secretario Municipal de la Gaceta Municipal del Municipio “Juan Germán Roscio” Estado Guárico, Año VII, Mes VII, de fecha 25 de Julio de 1997, Extraordinario N° 2393, donde surge la rescisión del Contrato de Compra Venta aprobado por esa Cámara Municipal en Sesión Ordinaria de fechas 10-07-96 y 23-07-96, desafectado en su condición Ejidal según acuerdo de Cámara de fecha 12-09-96, sobre un lote de terreno ubicado en Avenida Bolívar con Fermín Toro, de San Juan de los Morros, debidamente registrado bajo el N° 43, en el Registro Subalterno del Distrito Roscio del Estado Guárico; y donde se establece otro considerando que expresa que el ciudadano DE ABREU MANUEL FERMINO, con Cédula de Identidad N° 8.997.040, “consignando documentación falsa obtuvo a través (sic) de esta Corporación Municipal un contrato de arrendamiento sobre la parcela antes identificada...” que “...igualmente determinó la Dirección de Sindicatura, que por iniciativa de Manuel Fermino De Abreu, se tramitó un título supletorio indicado en forma errónea que el era el propietario de dicha bienhechuría, construidas sobre el lote de terreno en cuestión”; que “el ciudadano antes identificado aprovechándose de tal situación formalizó la solicitud de la compra de dicho lote de terreno”; “...que, posteriormente a este acto administrativo se verificó a través de la Dirección de Catastro, que la parcela en cuestión había sido vendida al ciudadano Joao Enrique De Abreu...” “...igualmente quedó determinado que el Sr. Joao Enrique De Abreu, es el propietario de este inmueble constituido por una casa ubicada en el Barrio Pueblo Nuevo entre la Avenida Bolívar y Avenida Fermín Toro...” “...que el lote de terreno vendido recientemente al señor Manuel Fermín De Abreu, es el mismo que les fue vendido hace trece años al ciudadano Joao Enrique De Abreu” acordó en base a esos considerandos rescindir al Contrato de Compra-Venta efectuada al ciudadano MANUEL FERMINO DE ABREU.

Estos documentos los aprecia este Juzgador de Alzada como documentos públicos, valorados de acuerdo a los Artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en relación con el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y que llevan a la convicción del Juez el hecho de que el demandante es el propietario del inmueble objeto del litigio y que el ciudadano demandado MANUEL FERMINO DE ABREU, valiéndose de los hechos narrados en el Considerando transcrito, pretende apropiarse del inmueble que detenta o posee, y el cual de la propiedad del demandante, lo que ha quedado demostrado con la documental supra transcrita y conllevan a determinar que la acción reivindicatoria interpuesta desde prosperar en derecho, como se dispondrá en la parte dispositiva del fallo por haber comprobado el accionante los presupuestos para la procedencia de la acción, esto es que es el legítimo propietario de la cosa que pretende reivindicar que ese inmueble, cosa, que se dijo propietario, es la misma que la parte accionada detenta legalmente y la identificación de la cosa que se reivindica. En este caso la parte demandada ha desnaturalizado su pretensión de ser arrendatario de la cosa, y que según el contrato de arrendamiento en ese sentido deberá servirse de la cosa como un buen padre de familia, pero con sus actuaciones descritas no le ha dado un uso adecuado y permite el proceder de la acción intentada en su contra. Así se declara...”.

 

Nuevamente destacando la Sala que se atiene a los hechos establecidos por la recurrida, en razón de como el formalizante planteó su denuncia, se encuentra que la formalización omite indicar un aspecto fundamental de la controversia, como sería que el sentenciador del análisis de las pruebas de autos llegó a la conclusión que con su conducta los co-demandados desnaturalizaron su condición de arrendatarios de los inmuebles objeto de la acción reivindicatoria, por lo cual no eran poseedores legítimos de esos inmuebles y debía declarar con lugar la acción reivindicatoria intentada al estar cumplidos los otros extremos de Ley. En consecuencia, se declara improcedente la denuncia, por errónea interpretación, del artículo 548 del Código Civil. Así se declara.

 

II

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente delata la infracción, por falsa aplicación, del artículo 548 del Código Civil. A tal efecto sostiene:

“...Así, el Juez de la recurrida, como ya lo hemos expresado, aplicó falsamente el artículo 548 del Código Civil, pues el supuesto de hecho general y abstracto que tal dispositivo legal comprende, es aquel por el cual, el propietario no poseedor hace efectivo su derecho contra el poseedor no propietario, constituyendo la acción reivindicatoria la defensa más eficaz del derecho de propiedad al no permitir que retenga un tercero la cosa contra la voluntad del propietario. Por lo que, la propiedad y la posesión van ordinariamente unidas y mediante la acción reivindicatoria, se permite al propietario que recobre la posesión indebidamente perdida.

Ahora bien, los hechos ocurridos en el caso concreto sub examine han sido establecidos fehacientemente por el Juez de la recurrida de la siguiente manera:

‘...En este proceso se demanda una acción reivindicatoria, la cual esta (sic) prevista en el artículo 548 del Código Civil, constituyendo la defensa más eficaz del derecho de propiedad, y de acuerdo a ello, la doctrina y la jurisprudencia estan (sic) de acuerdo en que para que prospere esta acción, debe la parte actora traer a los autos una doble prueba, probar que es el legítimo propietario y que la cosa de la cual se dice propietario, es la misma que la parte demandada detenta legalmente.

En el caso en comento la parte actora trajo a los autos documentos, (folios 7 al 12 ambos inclusive) donde consta que el inmueble ubicado en esta ciudad de San Juan de los Morros, Municipio Autónomo “Juan Germán Roscio” del Estado Guárico, constituido por las bienhechurías y parcela de terreno donde se encuentran edificadas, es de su propiedad, y los cuales aparecen debidamente protocolizados, como arriba se dejó anotado, en la Ofiicina (sic) Subalterna de Registro del Distrito Roscio del Estado Guárico, bajo los números 47 y 46 y los cuales documentos, por ser copias certificadas de documentos públicos expedidos por funcionario autorizado y agregados con el libelo, los aprecia esta Alzada de conformidad con los dispositivos establecidos en el artículo 1.357 del Código Civil y artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

Los demandados en la contestación a la demanda alegan que ocupan el inmueble en su condición de arrendatarios  y como srrendador (sic) aparece el demandante, y agregan documento marcado “A” (sic). 35 y 36) (sic) de este contrato de arrendamiento donde surge evidencia de ello, y el mismo es impugnado por la parte demandante, y observa la Alzada que en la nota que estampó la Secretaria del Juzgado del Mérito, se dice que se devuelve el original, el cual fue presentado con fotocopia para su certificación y devolución. Se trata de un documento presentado en original y certificada su autenticidad por la Secretaria del Tribunal, por lo que surge que se trata de un documento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido ya que está certificada la copia que consta en autos, por lo que debe ser impugnado o tachado y al limitarse solamente la parte demandante a impugnarlo sin formalizarla, debe ser apreciado y se valora al tenor del artículo 1.363 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Demuestra ello que ocupan el inmueble propiedad del demandante.

En la contestación a la demanda expresan los demandados que construyeron unas mejoras al inmueble con la anuencia del demandante, propietario, pero en el decurso del proceso no aprecia esta Alzada que la aparte (sic) demandada haya traido (sic) una prueba que compruebe esta afirmación.

En autos consta igualmente en documento aportado por la parte accionante, (folios 96 al 99), que el Alcalde del Municipal (sic) “Juan Germán Roscio” del Estado Guárico, le vende alciudadano DE ABREU MANUEL FERMINO, titular de la Cédula de Ientidad Nro. 8.997.040, un lote de terreno ubicado en esta ciudad de San Juan de los Morros, en AVENIDA BOLIVAR CON FERMIN TORO, en fecha 29 de Enero (sic) de 1.977 (sic), y consta igualmente en autos (fs. 42 al 46) copia certificada expedida por el Secretario Municipal de la Gaceta Municipal del Municipio “Juan Germán Roscio” Estado Guárico, Año VII, Mes VII,  de fecha 25 de julio de 1.977 (sic), Extraordinario Nro. 2393, donde surge la rescisión del Contrato de Compra Venta aprobado por esa Cámara Municipal en Sesión Ordinaria de fechas 10-07-96 y 23-07-96, desafectado en su condición Ejidal según acuerdo de Cámara de fecha 12-09-96, sobre un lote de terreno ubicado en Avenida Bolívar con Fermin (sic) Toro,  de San Juan de los Morros, debidamente registrado bajo el Nro. 43, en el Registro Subalterno del Distrito Roscio del Estado Guárico; y donde se establece otro considerando que expresa que el ciudadano DE ABREU MANUEL FERMINO, con Cédula de Identidad Nro. 8.997.040, “consignando documentación falsa obtuvo a través (sic) de esta Corporación Municipal un contrato de arrendamiento sobre la parcela antes identificada...” Que “...igualmente determinó la Dirección de Sindicatura, que por iniciativa de Manuel Fermino De Abreu, se tramitó un título supletorio indicando en forma errónea que el (sic) era el propietario de dicha bienhechuría, construidas sobre el lote de terreno en cuestión”; que “el ciudadano antes identificado aprovechándose de tal situación formalizó la solicitud de la compra de dicho lote de terreno”; “...que, posteriormente a este acto administrativo se verificó a través de la Dirección de Catastro, que la parcela en cuestión había sido vendida al ciudadano Joao Enrique (sic) De Abreu, es el propietario de este inmueble constituido por una casa ubicada ene l Barrio Pueblo Nuevo entre la Avenida Bolivar (sic) y Avenida Fermin (sic) Toro...” “...que el lote de terreno vendido recientemente al señor Manuel Fermino De Abreu, es el mismo que les fue vendido hace trece años al ciudadano Joao Enrique (sic) De Abreu” acordó en base a esos considerandos rescindir el Contrato de Compra-Venta efectuada al ciudadano MANUEL FERMINO DE ABREU.

Estos documentos los aprecia este Juzgador de Alzada como documentos públicos valorados de acuerdo a los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en relación con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y que llevan a la convicción del Juez el hecho de que el demandante, es el propietario del inmueble objeto del litigio y que el ciudadano demandado MANUEL FERMINO DE ABREU, valiéndose de los hechos narrados en el Considerando (sic) transcrito, pretende apropiarse del inmueble que detenta o posee, y el cual es de la propiedad del demandante, lo que ha quedado demostrado con la documental supra transcrita  y conllevan a determinar que la acción reivindicatoria interpuesta debe de prosperar en derecho, como se dispondrá en la parte dispositiva del fallo por haber comprobado el accionante los presupuestos para la procedencia de la acción, esto es que el legítimo propietario de la cosa que pretende reivindicar que ese inmueble, cosa, que se dijo propietario, es la misma que la parte accionada detenta legalmente y la identificación de la cosa que se reivindica. En este caso la parte demandada ha desnaturalizado su pretensión de ser arrendatario de la cosa, y que según el contrato de arrendamiento en ese sentido deberá servirse de la cosa como un buen padre de familia, pero con sus actuaciones descritas no le ha dado un uso adecuado y permite el proceder de la acción intentada en su contra. Asi (sic) se declara.

Antes de seguir analizando las probanzas de autos es importante establecer que la acción intentada tipificada es la de reivindicación establecida en el art. (sic) 548 del Código Civil, la cual atribuye al propietario de una cosa el derecho a reivindicarla.

Del escrito de la demanda establece que tal es la acción deducida ello indica que pretende el actor le sea devuelto por parte del demandado el inmueble constituido por una casa y el terreno donde esta (sic) edificada con sus respectivas mejoras ubicada en el Barrio Pueblo Nuevo cruce de las Avs. (sic) y Fermin (sic) Toro de esta ciudad, de San Juan de los Morros, cuyos linderos fueron reseñados suficientemente en la parte narrativa, es asi (sic) que esta Alzada toma en cuenta que no es una acción ilegitima (sic) sino el ejercicio de un derecho expresamente amparado por la ley y así se decide...’ (F. 111 a 115).

Como vemos supra, existe una total falta de identidad entre los hechos ocurridos en el caso concreto, arriba expuestos, y que demuestran fehacientemente la existencia de un contrato de arrendamiento entre las partes en juicio sobre el inmueble del cual se pretende su reivindicación por el accionante y el supuesto de hecho general y abstracto de la norma jurídica del artículo 548 del Código Civil, pues la acción reivindicatoria que ésta prevé se fundamenta “...en la existencia de un derecho (la propiedad) y en la ausencia de la posesión del bien en el legitimado activo. Supone a la vez, desde el ángulo del legitimado pasivo, la detentación (o posesión) de la cosa sin el correlativo derecho. La acción reivindicatoria se halla dirigida, por lo tanto, a la recuperación de la posesión sobre la cosa (da (sic) la que el titular ha sido despojado contra su voluntad) y a la declaración del derecho de propiedad discutido por el autor del hecho lesivo. En esta hipótesis, la restitución del bien aparecería como una resultante del derecho de propiedad  reconocido por el pronunciamiento del organismo jurisdiccional competente. La acción reivindicatoria es ‘acción de condena o, cuando menos, acción constitutiva, en el sentido de que, además de tender a la declaración de certeza del derecho de propiedad, tiende a obtener que, para el futuro, el demandado la posesión, restituyéndola al propietario’ (Cf. Kummerow, Gert: Compendio de Bienes  y Derecho Reales (Derecho Civil II) Caracas, Paredes Editores, Reimpresión de la 3ª Edic. (sic), 1988, pp. 337). Cabe destacar que, es de rigor en esta especie de delación de falsa aplicación de una norma jurídica el que el recurrente “tiene la carga de especificar las normas que el juez de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, e indicar las razones que demuestren su aplicabilidad”. Para el caso bajo estudio de este Supremo Tribunal la norma que el Juez de la recurrida debió aplicar es el mismo artículo 548 del Código Civil, sólo que una aplicación veraz del mismo ha debido desembocar en la declaratoria de improcedencia de la acción propuesta por la demandante, ello en virtud de la preexistencia de un contrato de arrendamiento entre las partes en juicio sobre el inmueble del cual se pretende su reivindicación, pues como lo tiene entendido la más reputada doctrina internacional “...el comodatario, el depositario, el acreedor prendario...’Sólo si estos poseedores pretendieran transformar el título de su posesión, sufriría  un menoscabo  el derecho del propietario, y aun en tal caso, no sería propiamente la acción reivindicatoria sino la declarativa el remedio procedente’. La relación obligacional vigente entre el propietario y el poseedor de la cosa, permite al primero ejercitar las acciones contractuales que correspondan según el caso (arrendamiento, depósito, comodato, etc.) (Vid. Mazeaud, Henri, Leon y Jean: Lecciones de Derecho Civil, Tomo II Volumen 4 (Trad. de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo), Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1959, p.350).

Definitivamente, por las razones antes expresadas y con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, solicito que este Máximo Tribunal declare la nulidad de la sentencia recurrida en virtud de la falsa aplicación del artículo 548 del Código Civil, el cual es determinante en el dispositivo del premencionado fallo; advirtiendo con el debido respeto, que en este caso, no existe la carga de explicar qué disposiciones son aplicables para resolver la controversia, pues la misma norma que se denuncia infringida, es la que debe ser aplicada, pero en su correcto contenido y alcance...”

         

La Sala, para resolver observa:

 

La denuncia parte del presupuesto que entre las partes hubo un contrato de arrendamiento el cual justificaría la posesión legítima de los co-demandados sobre los inmuebles. No obstante, como la Sala estableció al conocer de la primera denuncia de fondo, la recurrida del soberano análisis de las pruebas de autos, no censurable por la Sala por la técnica empleada, llegó a la conclusión que los co-demandados desnaturalizaron su condición de arrendatarios, por la conducta que tuvieron, por lo cual no eran poseedores legítimos de los inmuebles, siendo procedente la acción reivindicatoria interpuesta, lo cual se desprende de la propia cita que de la recurrida hace la formalización. Por lo antes expuesto se declara improcedente la denuncia, por falsa aplicación, del artículo 548 del Código Civil. Así se establece.

 

III

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, y en concordancia con el artículo 320 eiusdem, el recurrente plantea la denuncia de los artículos 1.359 y 1.300 del Código Civil, por haber incurrido el sentenciador de alzada en el primer caso de suposición falsa, al atribuir a instrumentos o actas del expediente menciones que no contienen. A tal efecto señala:

 “...En efecto, establece el a (sic) quem en su sentencia que:

‘...En autos consta igualmente en documento aportado por la parte accionante, (folios 96 al 99), que el Alcalde del Municipal (sic) “Juan Germán Roscio” del Estado Guárico, le vende al ciudadano DE ABREU MANUEL FERMINO, titular de la Cédula de Identidad Nro. 8.997.040, un lote de terreno ubicado en esta ciudad de San Juan de los Morros, en AVENIDA BOLIVAR CON FERMIN TORO, en fecha 29 de Enero (sic) de 1.977 (sic), y consta igualmente en autos (fs. 42 al 46) copia certificada expedida por el Secretario Municipal de la Gaceta Municipal del Municipio “Juan Germán Roscio” Estado Guárico, Año VII, Mes VII, de fecha 25 de julio de 1.977 (sic), Extraordinario Nro. 2393, donde surge la rescisión del Contrato de Compra Venta aprobado por esa Cámara Municipal en Sesión Ordinaria de fechas 10-07-96 y 23-07-96, desafectado en su condición Ejidal según acuerdo de Cámara de fecha 12-09-96, sobre un lote de terreno ubicado en Avenida Bolívar con Fermin (sic) toro, de San Juan de los Morros, debidamente registrado bajo el Nro. 43, en el Registro Subalterno del Distrito Roscio del Estado Guárico; y donde se establece otro considerando que expresa que el ciudadano DE ABREU MANUEL FERMINO, con Cédula de Identidad Nro. 8.997.040, “consignando documentación falsa obtuvo a través (sic) de esta Corporación Municipal un contrato de arrendamiento sobre la parcela antes identificada...” Que “...igualmente determinó la Dirección de Sindicatura, que por iniciativa de Manuel Fermino De Abreu, se tramitó un tìtulo supletorio indicando en forma errónea que el (sic) era el propietario de dicha bienhechuría, construidas sobre el lote de terreno en cuestión”; que “el ciudadano antes identificado aprovechándose  de tal situación formalizó la solicitud de la compra de dicho lote de terreno”; “...que, posteriormente a este acto administrativo se verificó a través de la Dirección de Catastro, que la parcela en cuestión había sido vendida al ciudadano Joao Enrique (sic) De Abreu, es el propietario de este inmueble constituido por una casa ubicada en el Barrio Pueblo Nuevo entre la Avenida Bolivar (sic) y Avenida Fermin (sic) toro...” “...que el lote de terreno vendido recientemente al señor Manuel Fermino De Abreu, es el mismo que les fue vendido hace trece años al ciudadano Joao Enrique (sic) De Abreu” acordó en base a esos considerandos rescindir el Contrato de Compra-Venta efectuada al ciudadano MANUEL FERMINO DE ABREU.

Estos documentos los aprecia este Juzgador de Alzada como documentos públicos, valorados de acuerdo a los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, y que llevan a la convicción del Juez el hecho de que el demandante, es el propietario del inmueble objeto del litigio y que el ciudadano demandado MANUEL FERMINO DE ABREU, valiéndose de los hechos narrados en el Considerando (sic) transcrito, pretende apropiarse del inmueble que detenta o posee, y el cual es de la propiedad del demandante, lo que ha quedado demostrado con la documental supra transcrita y conllevan a determinar que la acción reivindicatoria interpuesta debe de prosperar en derecho, como se dispondrá en la parte dispositiva del fallo por haber comprobado el accionante los presupuestos para la procedencia de la acción, esto es que el legítimo propietario de la cosa que pretende reivindicar que ese inmueble, cosa, que se dijo propietario (sic),  es la misma que la parte accionada detenta legalmente y la identificación de la cosa que se reivindica. En este caso la parte demandada ha desnaturalizado su pretensión de ser arrendatario de la cosa,  y que según el contrato de arrendamiento en ese sentido  deberá servirse de la cosa como un buen padre de familia, pero con sus actuaciones descritas no le ha dado un uso adecuado y permite el proceder de la acción intentada en su contra. Asi (sic) se declara...’ (F.113 a 115)...omissis...

Así, la suposición falsa denunciada y cometida fue determinante del dispositivo de la sentencia, pues como lo señala la recurrida: “... llevan a la convicción del Juez el hecho de que el demandante, es el propietario del inmueble objeto del litigio y que el ciudadano demandado MANUEL FERMINO DE ABREU, valiéndose de los hechos narrados en el Considerando (sic) transcrito, pretende apropiarse del inmueble que detenta o posee, y el cual es de la propiedad del demandante, lo que ha quedado demostrado con la documental supra transcrita y conllevan a determinar que la acción reivindicatoria interpuesta debe de prosperar en derecho, como se dispondrá en la parte dispositiva del fallo...” (F. 114 a 115), lo que conlleva a concluir que el Juez de Alzada desnaturaliza la mención que contiene la copia certificada expedida pro el Secretario Municipal de la Gaceta Municipal del Municipio “Juan Germán Roscio” Estado Guárico, Año VII, Mes VII, de fecha 25 de julio de 1.977 (sic), Extraordinario Nro. 2393,al punto de hacerle producir efectos distintos de los en ella previstos, o para que produzca los efectos que hubiere producido otra mención que el instrumento no contiene, pues el inmueble que ella indica es el siguiente; “...Rescisión del Contrato de Compra Venta aprobado por esta Cámara Municipal en Sesión Ordinaria de fechas 10-07-96 y 23-07-96, sobre un Lote de Terreno Ubicado (sic) en Avenida Bolívar con Fermín toro, de San Juan de los Morros, Municipio Juan Germán Roscio del Estado Guárico, alinderado de la siguiente manera: Norte: Avenida Bolívar, Sur: Casa de Geografía de Arévalo; Este: Avenida Fermín Toro; Oeste: Casa de la sucesión de Jesús Barrios y el cual consta de una superficie de trescientos setenta y tres metros cuadrados (373 m2)...’ (F.43 a 46).

En cambio, el inmueble que es objeto de la acción reivindicatoria, tal como lo señala la recurrida en la parte narrativa de su sentencia es el siguiente: “Expone la apoderada del demandante, que consta de documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Roscio y Ortiz del Estado Guárico, el 09 de junio de 1.981 (sic), el Nro. 47, folios 159 al 160, Protocolo Primero, Tomo Tercero, Segundo Trimestre de 1.981 (sic), su representado adquirió un inmueble constituido (sic) por una casa sita en el Barrio Pueblo Nuevo, entre Avenida Bolivar (sic) y Fermin (sic) Toro, de esta ciudad cuyos linderos son: Norte: carretera nueva para carros pesados. Sur: Casa de Luis Barrios; Este: terreno vacuo, y Oeste: Escuela Estadal. Que el inmueble está construido en una parcela propiedad municipal que tiene diecisiete metros de frente por veintinueve metros de fondo, y lo hubo por compra hecha al ciudadano Joaquin (sic) Antonio Benitez (sic) y cita el documento de tradición de éste. Que luego, el primero de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, su representado Joan (sic) Henrique De Abreu, adquirió del Concejo Municipal del Distrito Roscio del Estado Guárico, un lote de terreno propiedad del Municipio situado en Avenida Bolívar, cruce con Fermin (sic) Toro de esta ciudad, con una medida de trescientos setenta y siete metros cuadrados, como consta en documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Roscio del Estado Guárico, bajo el Nro. 46, folios 191 al 193, Protocolo Primero, Tomo Cuarto Habilitado, Segundo Trimestre de 1.984 (sic), dice que el terreno tiene por linderos: Norte: Avenida Fermin (sic) Toro, con una extensión de 16,90 metros; Sur: casa de Jacinta Hernández, con extensiónd e 17,90 metros; Este: casa de Dimas Rivas, en 21,15 metros, y Oeste: Avenida Bolívar (sic) en 18,35 meros, mas (sic) un declive de tres metros más diez centímetros (sic) donde comienza el lindero. Agregó marcado “B” y “C” documentos” (F. 103 a 104).

Por lo que, de un simple lectura de la precitada acta que contiene este expediente judicial, esto es, la Copia (sic) certificada de la Gaceta Municipal del Municipio “Juan Germán Roscio” Estado Guárico, Año VII, Mes VII, de fecha 25 de julio de 1.977 (sic), Extraordinario Nro. 2393 (F. 43 a 46); y confrontada con la sentencia recurrida misma (F. 103 a 104), se puede notar paladinamente que ambos instrumentos se refieren a inmuebles distintos, tanto en sus linderos colindantes como en su superficie total, todo lo cual evidencia que se desnaturalizó la mención contenida en dicha acta, al punto de hacerle producir efectos distintos de los en ella previstos, o para que produzca los efectos que hubiere producido otra mención que el instrumento no contiene, por lo que, la suposición falsa cometida fue determinante del dispositivo de la sentencia.       

En cumplimiento de la especial técnica casacional, elaborada por la jurisprudencia de esta Sala de Casación Civil, para la correcta denuncia del vicio de falso supuesto señalado, indico lo siguiente:

1.- El hecho positivo y concreto que el Juzgador de Alzada dio por cierto valiéndose de la suposición falsa denunciada es el siguiente: “que el ciudadano demandado MANUEL FERMINO DE ABREU, valiéndose de los hechos narrados en el Considerando (sic) transcrito, pretende apropiarse del inmueble que detenta o posee, y el cual es de la propiedad del demandante, lo que ha quedado demostrado con la documental supra transcrita...” (F. 114).

2.- El caso de suposición falsa a que se contrae la denuncia se corresponde al primer caso de suposición falsa contemplado  en el encabezamiento del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, el cual refiere “...que la parte dispositiva del fallo sea consecuencia de una suposición falsa por parte del Juez, que atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene...”.

En el caso que nos ocupa el Juez de la Recurrida desnaturalizó la mención contenida en la copia certificada de la Gaceta Municipal del Municipio “Juan Germán Roscio” Estado Guárico, Año VII, Mes VII, de fecha 25 de julio de 1.977 (sic), Extraordinario Nro. 2393 (F. 43 a 46), al punto de hacerle producir efectos distintos de los en ella previstos, o para que produjera los efectos que hubiere producido otra mención que el instrumento no contiene, ya que consideró que el inmueble al cual ella se refiere es el mismo del cual se pide su reivindicación en este procedimiento, cuando no lo es, resultado al cual se arriba una  vez que se confronta la parte narrativa de la sentencia misma y la premencionada acta de donde se deriva el falso supuesto, por lo que la suposición falsa cometida fue determinante del dispositivo de la sentencia.

3.- La norma jurídica que contiene la regla de valoración de la prueba infringida son los artículos 1359 (sic) y 1360 (sic) del Código Civil, según los cuales: 

Artículo 1.359. El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, si tenía facultad para efectuarlos; 2º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído, siempre que esté facultado para hacerlo constar.

Artículo 1.360. El instrumento público hace plena fe así entre las partes como respecto de terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se contrae, salvo que en los casos y con los medios permitidos por la Ley se demuestre la simulación.  

Las reglas de valoración de los documentos públicos son los mencionados artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil. No cabe duda que, la copia certificada de la Gaceta Municipal del Municipio “Juan Germán Roscio” Estado Guárico, Año VII, Mes VII, de fecha 25 de julio de 1.977 (sic), Extraordinario Nro. 2393 (F. 43 a 46), se trata de un documento público , en los términos especificados en el artículo 1.357 del Código Civil, por el cual: “Instrumento público o auténtico es el  que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado”.

En tal virtud, si dicha acta es un documento público, sólo “hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, si tenía facultad para efectuarlos; 2º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído”, en razón de lo cual cuando tal documento expresa que: “...Rescisión del Contrato de Compra Venta aprobado por esta Cámara Municipal en Sesión Ordinaria de fechas 10-07-96 y 23-07-96, desafectado en su condición Ejidal según acuerdo de Cámara de fecha 12-09-96, sobre un Lote de Terreno Ubicado (sic) en Avenida Bolívar con Fermín Toro, de San Juan de los Morros, Municipio Juan Germán Roscio del Estado Guárico, alinderado de la siguiente manera: Norte: Avenida Bolívar, Sur: Casa de Geografía de Arévalo; Este: Avenida Fermín toro; Oeste: Casa de la sucesión de Jesús Barrios y el cual consta de una superficie de trescientos setenta y tres metros cuadrados (373 m2)...” (F.43), ello no ha podido servir de fundamento para declarar la procedencia de la acción reivindicatoria intentada pues el inmueble a que alude no es el mismo que es objeto de la presente controversia, pues como el mismo Juez de Alzada lo especifica en su sentencia: “Expone la apoderada del demandante, que consta de documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Roscio y Ortiz del Estado Guárico, el 09 de Junio (sic) de 1.981 (sic), el Nro. 47, folios 159 al 160, Protocolo Primero, Tomo Tercero, Segundo Trimestre de 1.981 (sic), su representado adquirió un inmueble constituído (sic) por una casa situada en el Barrio Pueblo Nuevo entre Avenida Bolivar (sic) y Fermin (sic) Toro, de esta ciudad cuyos linderos son: Norte: carretera nueva para carros pesados. Sur: Casa de Luis Barrios; Este: terreno vacuo, y Oeste: Escuela Estadal. Que el inmueble está construido en una parcela propiedad municipal que tiene diecisiete metros de frente por veintinueve metros de fondo, y lo hubo por compra hecha al ciudadano Joaquin (sic) Antonio Benitez (sic) y cita el documento de tradición de éste. Que luego, el primero de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, su representado Joan (sic) Henrique De Abreu, adquirió del Concejo Municipal del Distrito Roscio del Estado Guárico, un lote de terreno propiedad del Municipio situado en Avenida bolívar, cruce con Fermin (sic) Toro de esta ciudad, con una medida de trescientos setenta y siete metros cuadrados, como consta en documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Roscio del Estado Guárico, bajo el Nro. 46, folios 191 al 193, Protocolo Primero, Tomo Cuarto Habilitado, Segundo Trimestre de 1.984 (sic), dice que el terreno tiene por linderos: Norte: Avenida Fermin (sic) Toro, con una extensión de 16,90 metros; Sur: casa de Jacinta Hernández, con extensión de 17,90 metros; Este: casa de Dimas Rivas en 21,15 metros, y Oeste: Avenida Bbolívar (sic) en 18,35 metros, mas (sic) un declive de tres metros más diez centímetros (sic) donde comienza el lindero. Agregó marcado “B” y “C” documentos” (F. 103 a 104)”

4.- En el presente caso, por cuanto la infracción de los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil (sic) fue la de quitarle su aplicación y vigencia, no es preciso hacer la especificación a que se refiere el artículo 317 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, toda vez que las normas a aplicar son las mismas cuya violación se delata y las razones que las hacen aplicables son las mismas que hacen procedente la denuncia...”   

 

La Sala para resolver observa que el impugnante en su escrito de contestación al recurso refiere:

“...Ciudadano Magistrados: Como podrán constatar, lo establecido por la recurrida no es más que una conclusión a la cual llegó el Sentenciador en cuanto a que el demandado valiéndose de los hechos narrados en el Considerando transcrito “el ciudadano antes identificado aprovechándose de tal situación formalizó la solicitud de la compra de dicho lote de terreno”,”... que, posteriormente a este acto administrativo se verificó a través de la Dirección de Catastro, que la parcela en cuestión había sido vendida al ciudadano Joao Enrique De Abreu...” “...igualmente quedó determinado que el Sr. Joao Enrique De Abreu, es el propietario de este inmueble constituido por una casa ubicada en el Barrio Pueblo Nuevo entre la Avenida Bolívar y Avenida Fermín Toro...” “...que el lote de terreno vendido recientemente al señor Manuel Fermino De Abreu, es el mismo que les fue vendido hace tres años al ciudadano Joao Enrique De Abreu” acordó en base a esos considerandos rescindir el Contrato de Compra-Venta efectuada al ciudadano MANUEL FERMINO DE ABREU.” de lo cual se refiere, que fue una conclusión a la cual arribó el sentenciador al momento de destacar que se tramitó un título supletorio indicado en forma errónea que quien lo hizo era el propietario de una bienhechurías construidas sobre el lote de terreno “CONSIGNADO DOCUMENTACIÓN FALSA obtuvo através (sic) de esta Corporación Municipal un contrato de arrendamiento sobre la parcela antes identificada”.

Dicho de otro modo: El Juez de la recurrida arribó a la conclusión de que el demandado pretende apropiarse del inmueble que posee, una vez analizada exhaustivamente la prueba documental aportada por mi mandante cursante en los autos, de cuyo texto se desprende que hoy demandado a través de una documentación falsa logró la venta del inmueble que pertenece al demandante de este juicio, sin que pueda configurarse el primer caso de suposición falsa, pues además de que en el proceso no fue discutido que el inmueble objeto de reivindicación se correspondiera con el ocupado por el demandado, nunca dijo que la propiedad sobre el mismo emanara del documento cursante a los folios 42 al 46 ni del cursante a los folios del 96 al 99, pues lo que le sirvió para establecer la titularidad que ejerce la accionante sobre el referido inmueble, fue tanto el documento de propiedad producido en juicio como el hecho cierto de que ese hecho no fue objeto de controversia, pues el demandado sólo adujo en la contestación que lo ocupada en su condición de arrendatario y que su posesión era supuestamente legítima e inequívoca.

Lo pretendido por el formalizante ahora, es confundir a los Honorables Magistrados, sosteniendo de manera irresponsable y alegre la falsedad de que el inmueble sobre el cual se ordena la reivindicación se trata de uno distinto al identificado en el escrito de demanda. Por lo anterior, señalo a esa Sala que lo determinante del dispositivo de la recurrida no fue la pretendida suposición falsa indicada por el formalizante, sino la titularidad que mi conferente tiene sobre el inmueble ocupado por el demandado, propiedad demostrada con el documento de propiedad traído al proceso por el actor, hecho esto no discutido por aquel, quien sólo invocó una posesión con base en un supuesto arrendamiento desnaturalizado en su esencia por la pretensión del ciudadano Manuel Fermino de Abreu de apropiarse del mismo al tramitar ante el organismo correspondiente la compra-venta con base el documentación falsa...”.

 

La Sala estima correctos los argumentos del impugnante, en lo relativo a la falta de influencia en el dispositivo del fallo de la suposición falsa en el caso de autos, tomando en cuenta lo alegado en el escrito de contestación de la demanda. En efecto, los co-demandados en la oportunidad procesal correspondiente sostuvieron que la acción reivindicatoria no podía prosperar, ya que fundamentalmente ellos ejercían la posesión legítima de los inmuebles objeto de la reivindicación según un contrato de arrendamiento, documento que por lo aseverado por la recurrida fue acompañado en original con el escrito de contestación pero devuelto inmediatamente a la parte promovente, previa su certificación en autos, con lo cual la Sala estima que se le cercenó a la parte contraria su derecho a tachar el contrato en cuestión, como el impugnante sostiene. En todo caso, los demandados no pueden ahora sostener en casación lo expuesto en su escrito de formalización, acerca de la presunta no titularidad por el actor del bien inmueble objeto de la reivindicación, si al contestar la demanda no discutieron ese hecho.

         

La Sala extremando con ello su deber, observa que en el escrito de contestación los demandados sostuvieron:

“...Negamos por ser falso el hecho de que hubiésemos sorprendido la buena fe del Ciudadano JOAO HENRIQUE DE ABREU, ya que la ocupación que hicimos del inmueble ubicado en el Barrio Pueblo Nuevo entre Avenida Bolívar, Avenida Fermin Toro de esta ciudad de San Juan de Los Morros se hizo bajo el consentimiento del hoy Demandante; siendo lo único cierto que el día 30 de octubre de 1975 nosotros compramos el fondo de Comercio denominado “Abastos y Carnicería La Paz”, que ya funcionaba para esa fecha en ese inmueble.

Es falso Ciudadano Juez, que el Demandante en momento alguno nos hubiese requerido el inmueble bajo la supuesta figura de la “restitución” y “entrega material”, por cuanto nuestras relaciones a la fecha siempre han sido cordiales.

Ciudadano Juez, no es cierto que no haya mediado autorización de ninguna especie en la construcción de locales en el lateral Norte del inmueble objeto de la reivindicación como lo señala el Demandante en su escrito libelar, por cuanto constituye un hecho notorio que la construcción de dos nuevos locales comerciales no se hacen “de la noche a la mañana”, como pretende dar a entender el demandante, y por ende, sorprender la buena fé de este sentenciador, ya que, transcurrió tiempo suficiente desde el inicio de la obra hasta su terminación, y el hoy demandante no hizo uso de las acciones legales pertinentes; lo cual evidencia su total consentimiento en la construcción de los locales comerciales que constituyen una mejora en el inmueble consentida por el Demandante previo acuerdo de ambos.

Ciudadano Juez, es falso que nunca pretende reivindicar, por cuanto el mismo lo detentamos en forma legal, a través de un Contrato de Arrendamiento celebrado el 13 de julio de 1982, reconocido en su contenido y firma por ante el Juzgado del Distrito Roscio de esta Circunscripción Judicial, el 20 de julio de 1982, donde el Ciudadano JOAO HENRIQUE DE ABREU, actuando con el carácter de “El Arrendador” nos da en arrendamiento el inmueble ubicado en el Barrio Pueblo Nuevo, entre Avenida Bolívar y Avenida Fermin Toro. Ello evidenciable en documento en original que anexamos marcado “A” junto con fotocopia, para que previa su confrontación por Secretaría del Tribunal se me devuelva original y en su defecto se deje la fotocopia. En consecuencia no ha operado acto violento alguno, ni mucho menos clandestino, en nuestra ocupación, porque como ya lo dejamos ver opero un consentimiento expreso del hoy demandante al darnos el inmueble en arriendo...”

Por consecuencia de ello, no podemos convenir en formar alguna de derecho en: 1.- Que el Ciudadano Joao Henrique De Abreu, sea legítimo propietario de terreno y casa alguna; 2.- Restitución de inmueble alguno, por cuanto como ya se ha hecho mención tantas veces, NO detentamos ilegalmente inmueble alguno, mucho menos sobre el que hace mención el Demandante Joao Henrique De Abreu en su Escrito Libelar, porque no los entrego en arriendo; siendo todo ello así mal podemos obligarnos en modo alguno a recobrar a nuestra costa y por cuenta de otro inmueble alguno ya que la pretendida reivindicación no existe, porque constituye un absurdo jurídico el pretender reivindicar algo que poseemos de buena fé, con pleno consentimiento del Demandado, en consecuencia tampoco podemos convenir en pagar Costas y Costo alguno de este juicio.

 

Por todo lo antes expuesto rechazamos en todas y cada una de sus partes el Escrito Contentivo de la Demanda incoada en contra nuestra, por ser inciertos los hechos en que se fundamenta e infundado el derecho que se alega. En consecuencia le pedimos Ciudadano Juez que la presente demanda sea declarada sin lugar en la definitiva sin reserva alguna...”.

 

Claramente se observa de la cita del escrito de contestación que la defensa opuesta por los demandados para combatir la pretensión del demandante que, por vía de un contrato de arrendamiento, tenía una posesión legítima sobre el inmueble objeto de la reivindicatoria.

            

Por otra parte la recurrida, como el impugnante asienta,  de un análisis en conjunto de la prueba documental aportada a los autos llega a la conclusión que el inmueble es propiedad del demandante que reivindica su devolución, examen o conclusión que no es dable su censura ante esta sede jurisdiccional.

 

Por lo antes expuesto, se declara improcedente la denuncia de los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil. Así se declara.

 

IV

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con el artículo 320 eiusdem, el recurrente delata  la infracción de los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, por falta de aplicación, al haber incurrido la alzada en el tercer caso de suposición falsa. A tal efecto alega:

“...Según el Juez de Alzada:

‘...En autos consta igualmente en documento aportado por la parte accionante, (folios 96 al 99), que el Alcalde el Municipal “Juan Germán Roscio” del Estado Guárico, le vende al ciudadano DE ABREU MANUEL FERMINO, titular de la Cédula de Identidad Nro. 8.997.040, un lote de terreno ubicado en esta ciudad de San Juan de los Morros, en AVENIDA BOLIVAR CON FERMIN TORO, EN FECHA 29 DE Enero (sic) de 1.977 (sic), y consta igualmente en autos (fs. 42 al 46) copia certificada expedida por el Secretario Municipal del Municipio “Juan Germán Roscio” Estado Guárico, Año VII, Mes VII, de fecha 25 de julio de 1.977 (sic), Extraordinario Nro. 2393, donde surge la rescisión del Contrato de Compra Venta aprobado por esa Cámara Municipal en Sesión Ordinaria de fechas 10-07-96 y 23-07-96, desafectado en su condición Ejidal según acuerdo de Cámara de fecha 12-09-96, sobre un lote de terreno ubicado en Avenida Bolívar con Fermin (sic) Toro, de San Juan de los Morros, debidamente registrado bajo el Nro. 43, en el Registro Subalterno del Distrito Roscio del Estado Guárico; y donde se establece otro considerando que expresa que el ciudadano DE ABREU MANUEL FERMINO, con Cédula de Identidad Nro. 8.997.040, “consignando documentación falsa obtuvo através (sic) de esta Corporación Municipal un contrato de arrendamiento sobre la parcela antes identificada...”. Que “...igualmente determinó la Dirección de Sindicatura, que por iniciativa de Manuel Fermino De Abreu, se tramitó un título supletorio indicando en forma errónea (sic) que el (sic) era el propietario de dicha bienhechuría, contruidas (sic) sobre el lote de terreno en cuestión”; que “el ciudadano antes identificado aprovechándose de tal situación formalizó la solicitud de la compra de dicho lote de terreno”; “...que, posteriormente a este acto administrativo se verificó a través de la Dirección de Catastro, que la parcela en cuestión había sido vendida al ciudadano Joao Enrique (sic) De Abreu, es el propietario de este inmueble constituido por una casa ubicada en el Barrio Pueblo Nuevo entre la Avenida Bolivar (sic) y Fermin (sic) Toro..” “...que el lote de terreno vendido recientemente al señor Manuel Fermino De Abreu, es el mismo que les fue vendido hace rece años al ciudadano Joao Enrique (sic) De Abreu” acordó en base a esos considerandos rescindir el Contrato de Compra-Venta efectuada al ciudadano MANUEL FERMINO DE ABREU.

Estos documentos los aprecia este Juzgador de Alzada como documentos públicos, valorados de acuerdo a los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil (sic) en relación con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y que llevan a la convicción del Juez el hecho de que el demandante, es el propietario del inmueble objeto del litigio y que el ciudadano demandado MANUEL FERMINO DE ABREU, valiéndose de los hechos narrados en el Considerando (sic) transcrito, pretende apropiarse del inmueble que detenta o posee, y el cual es de la propiedad del demandante, lo que ha quedado demostrado con la documental supra transcrita y conllevan a determinar que la acción reivindicatoria interpuesta debe de prosperar en derecho, como se dispondrá en la parte dispositiva del fallo por haber comprobado el accionante los presupuestos para la procedencia de la acción, esto es que es el legítimo propietario de la cosa que pretende reivindicar que ese inmueble, cosa, que se dijo propietario (sic), es la misma que la parte accionada detenta legalmente y la identificación de la cosa que se reivindica. En este caso la parte demandada ha desnaturalizado su pretensión de ser arrendatario de la cosa, y que según el contrato de arrendamiento en ese sentido deberá servirse de la cosa como un buen padre de familia, pero con sus actuaciones descritas no le ha dado un uso adecuado y permite el proceder de la acción intentada en su contra. Asi (sic) se declara...’ (F. 113 a 115).

En el caso que nos ocupa, el Juez (sic) a quem, afirmativa y positivamente, estableció la demostración de un hecho que resulta inexacto a la luz de otras pruebas no apreciadas correctamente en la sentencia, o bien de actas o instrumentos que no han sido mencionados ni tomados en cuenta suficientemente por dicho Juzgador en su decisión...omissis...

Así la suposición falsa denunciada y cometida fue determinante del dispositivo de la sentencia, pues como lo señala la recurrida: “...llevan a la convicción del Juez el hecho de que el demandante, es el propietario del inmueble objeto del litigio y que el ciudadano demandado MANUEL FERMINO DE ABREU, valiéndose de los hechos narrados en el Considerando (sic) transcrito, pretende apropiarse del inmueble que detenta o posee, y el cual es de la propiedad del demandante, lo que ha quedado demostrado con la documental supra transcrita y conllevan a determinar que la acción reivindicatoria interpuesta debe prosperar en derecho, como se dispondrá en la parte dispositiva del fallo...” (F. 114 a 115), lo que conlleva a concluir que el Juez de Alzada da por probado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta a la luz de otras pruebas no apreciadas correctamente en la sentencia, o de actas o instrumentos que no han sido mencionados ni tomados en cuenta suficientemente por dicho juzgador en su decisión, en especial los siguientes instrumentos:

A.- El documento protocolizado por (sic) ante  la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Roscio y Ortiz del Estado Guárico en fecha 9 de junio de 1981, anotado bajo el Nro. 47, folios 159 al 160, Protocolo Primero, Tomo Tercero, Segundo Trimestre de 1981, QUE REPOSA EN COPIA CERTIFICADA EN ESTE EXPEDIENTE DEL FOLIO 7 AL FOLIO 9, INCLUSIVE, que se contrae al siguiente inmueble: “...un inmueble de mi propiedad constituido por una casa ubicada en el Barrio Pueblo Nuevo, entre Avenida Bolívar y Avenida Fermín Toro, de esta ciudad, bajo los siguientes linderos: Norte: Carretera nueva para carros pesados; Sur: Casa de Luis Barrios; Este: Terrenos vacuos; y Oeste: Escuela Estatal. Esta casa está construida en una parcela de propiedad municipal que tiene diecisiete metros (17 mts.) de frente por veintinueve (21 mts.) (sic) de fondo...”.

B.- El documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Roscio del Estado Guárico, anotado bajo el Nº 46, folios 191 al 193, Protocolo Primero, Tomo Cuarto habilitado, Segundo Trimestre de 1984, QUE REPOSA EN COPIA CERTIFICADA EN ESTE EXPEDIENTE DEL FOLIO 10 AL FOLIO 12,INCLUSIVE, que se contrae al siguiente inmueble: “un lote de terreno propiedad del Municipio San Juan que le pertenece por ser parte de sus ejidos como lo indica el artículo 2º de la citada Ordenanza sobre Ejidos y terrenos propiedad municipal, ubicado en la Avenida Bolívar cruce con Avenida Fermín Toro en esta ciudad, con una medida de trescientos setenta y siete metros cuadrados (377 m2), el cual fue avaluado por la Comisión respectiva en la cantidad de ochenta bolívares (Bs. 80,oo) cada metro cuadrado. Dicho terreno donde el comprador tiene casa construida está alinderado así: Norte: Avenida Fermín Toro, con una extensión de dieciséis metros más noventa centímetros (16,90 mts); Sur: Casa de Jacinta de Hernández con una extensión de diecisiete metros más noventa centímetros (17,90 mts); Este: Casa de Dimas Rivas, con una extensión de veintiun metros más quince centímetros (21,15 mts) y Oeste Avenida Bolívar, con una medida de dieciocho metros más treinta y cinco centímetros (18,35 mts) más un declive de tres metros más diez centímetros (3,10 mts) donde comienza el lindero...”.

Cabe destacar que, la copia certificada expedida por el Secretario Municipal de la Gaceta Municipal del Municipio “Juan Germán Roscio” Estado Guárico, Año VII, Mes VII, de fecha 25 de julio de 1.977 (sic), Extraordinario Nro. 2393 (F. 103 a 104), se refiere al siguiente inmueble: “...Rescisión del Contrato de Compra Venta aprobado por esta Cámara Municipal en Sesión Ordinaria de fechas 10-07-96 y 23-07-96, desafectado en su condición Ejidal según acuerdo de Cámara de fecha 12-09-96, sobre un Lote de Terreno Ubicado (sic) en Avenida Bolívar con Fermín Toro, de San Juan de los Morros, Municipio Juan Germán Roscio del Estado Guárico, alinderado de la siguiente manera: Norte: Avenida Bolívar, Sur: Casa de Geografía de Arévalo; Este: Avenida Fermín Toro; Oeste: Casa de la sucesión de Jesús Barrios y el cual consta de una superficie de trescientos setenta y tres metros cuadrados (373 m2)...”, y en cambio el inmueble que es objeto de la acción reivindicatoria, tal como lo señala la recurrida en la parte narrativa de su sentencia es el siguiente: “Expone la apoderada del demandante, que consta de documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Roscio y Ortiz del Estado Guárico, el 09 de Junio (sic) de 1.981 (sic), el Nro. 47, folios 159 al 160, Protocolo Primero, Tomo Tercero, Segundo Trimestre de 1.981 (sic), su representado adquirió un inmueble constituido (sic) por una casa situada en el Barrio Pueblo Nuevo, entre Avenida Bolivar (sic) y Fermin (sic) toro, de esta ciudad cuyos linderos son: Norte: carretera nueva para carros pesados. Sur: Casa de Luis Barrios; Este: terreno vacuo, y Oeste: Escuela Estadal. Que el inmueble está construido en una parcela propiedad municipal que tiene diecisiete metros de frente por veintinueve metros de fondo, y lo hubo por compra hecha al ciudadano Joaquin (sic) Antonio Benitez (sic) y cita el documento de tradición de éste. Que luego, el primero de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, su representado Joan (sic) Henrique De Abreu, adquirió del Concejo Municipal del Distrito Roscio del Estado Guárico, un lote de terreno propiedad del Municipio situado en Avenida Bolívar, cruce con Fermin (sic) Toro de esta ciudad, con una medida de trescientos setenta y siete metros cuadrados, como consta en documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Roscio del Estado Guárico, bajo el Nro. 46, folios 191 al 193, Protocolo Primero, Tomo Cuarto Habilitado, Segundo Trimestre de 1.984 (sic). dice (sic) que el terreno tiene por linderos: Norte: Avenida Fermin (sic) Toro, con una extensión de 16,90 metros; Sur: casa de Jacinta Hernández, con extensión de 17,90 metros; Este: casa de Dimas Rivas, en 21,15 metros, y Oeste: Avenida Bbolívar (sic) en 18,35 metros, mas (sic) un declive de tres metros más diez centímetros (sic) donde comienza el lindero. Agregó marcado “B” y “C” documentos” (F. 103 a 104).

Así, de un (sic) simple lectura de la precitada acta que contiene este expediente judicial, esto es, la Copia (sic) certificada de la Gaceta Municipal del Municipio “Juan Germán Roscio” Estado Guárico, Año VII, Mes VII, de fecha 25 de julio de 1.977 (sic), Extraordinario Nro. 2393 (F. 43 a 46); y confrontada con la misma sentencia recurrida en su parte pertinente y los recaudos instrumentales en ella señalados y arriba transcritos, se puede notar paladinamente que tales instrumentales públicos se refieren a inmuebles distintos, tanto en sus linderos colindantes como en su superficie total, todo lo cual evidencia que el Juez a quem estableció un hecho que resulta inexacto a la luz de otras pruebas no apreciadas correctamente en la sentencia, o de actas o instrumentos que no han sido mencionados ni tomados en cuenta suficientemente por dicho Juzgador en su decisión hoy recurrida, por lo que la suposición falsa cometida fue determinante del dispositivo de su sentencia.

En cumplimiento de la especial técnica casacional, elaborada por la jurisprudencia de esta Sala de Casación Civil, para la correcta denuncia del vicio de falso supuesto señalado, indico lo siguiente:

1.- El hecho positivo y concreto que el Juzgador de Alzada dio por cierto valiéndose de la suposición falsa denunciada es el siguiente: “que el ciudadano demandado MANUEL FERMINO DE ABREU, valiéndose de los hechos narrados en el Considerando (sic) transcrito, pretende apropiarse del inmueble que detenta o posee, y el cual es de la propiedad del demandante, lo que ha quedado demostrado con la documental supra transcrita...”.

2.- El caso de suposición falsa a que se contrae la denuncia se corresponde al tercer caso de suposición falsa contemplado en el encabezamiento del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, el cual refiere: “...que la parte dispositiva del fallo sea consecuencia de una suposición falsa por parte del Juez, que dio por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas de instrumentos del expediente mismo...”.

En el caso que nos ocupa el Juez de la Recurrida dio por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo como lo es la copia certificada de la Gaceta Municipal del Municipio “Juan Germán Roscio” Estado Guárico, Año VII, Mes VII, de fecha 25 de julio de 1.977 (sic), Extraordinario Nro. 2393 (F. 43 a 46), ya que consideró que el inmueble al cual ella se refiere es el mismo del cual se pide su reivindicación en este procedimiento, cuando no lo es, resultado al cual se arriba una vez que se confronta la parte narrativa de la sentencia misma y los recaudos instrumentales en ella señalados y arriba transcritas y la premencionada acta de donde se deriva el falso supuesto, por lo que la suposición falsa cometida fue determinante del dispositivo de la sentencia.

3.- La norma jurídica que contiene la regla de valoración de la prueba infringida son los artículos 1359 (sic) y 1360 (sic) del Código Civil, según los cuales:

Artículo 1.359. El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, si tenía facultad para efectuarlos; 2º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído, siempre que esté facultado para hacerlo constar.

Artículo 1.360. El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se contrae, salvo que en los casos y con los medios permitidos por la Ley se demuestre la simulación.

Las reglas de valoración de los documentos públicos son los mencionados artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil. No cabe duda que, la copia certificada de la Gaceta Municipal del Municipio “Juan Germán Roscio” Estado Guárico, Año VII, Mes VII, de fecha 25 de julio de 1.977 (sic), Extraordinario Nro. 2393 (F. 43 a 46), se trata de un documento público, en los términos especificados en el artículo 1.357 del Código Civil, por el cual: “Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado”.

Por lo que, si dicha acta es un documento público, y sólo “hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, si tenía facultad para efectuarlos; 2º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído”, en razón de lo cual cuando tal documento expresa que “...Rescisión del Contrato de Compra Venta aprobado por esta Cámara Municipal en Sesión Ordinaria de fechas 10-07-96 y 23-07-96, desafectado en su condición Ejidal según acuerdo de Cámara de fecha 12-09-96, sobre un Lote de Terreno Ubicado (sic) en Avenida Bolívar con Fermín Toro, de San Juan de los Morros, Municipio Juan Germán Roscio del Estado Guárico, alinderado de la siguiente manera: Norte: Avenida Bolívar, Sur: Casa de Geografía de Arévalo Este: Avenida Fermín Toro; Oeste: Casa de la sucesión de Jesús Barrios y el cual consta  de una superficie de trescientos setenta y tres metros cuadrados (373 m2)...” (F. 43 a 46) y en cambio  el inmueble que es objeto de la acción reivindicatoria, tal como lo señala la recurrida en la parte narrativa de su sentencia es el siguiente: “Expone la apoderada del demandante, que consta de documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Roscio y Ortiz del Estado Guárico, el 09 de Junio (sic) de 1.981 (sic), el Nro. 47, folios 159 al 160, Protocolo Primero, Tomo Tercero, Segundo Trimestre de 1.981 (sic), su representado adquirió un inmueble constituído (sic) por una casa sita en el Barrio Pueblo Nuevo, entre Avenida Bolivar (sic) y Fermin (sic) Toro, de esta ciudad cuyos linderos son: Norte: carretera nueva para carros pesados. Sur: Casa de Luis Barrios; Este: terreno vacuo, y Oeste: Escuela Estadal. Que el inmueble está construido en una parcela propiedad municipal que tiene diecisiete metros de frente por veintinueve metros de fondo, y lo hubo por compra hecha al ciudadano Joaquin (sic) Antonio Benitez (sic) y cita el documento de tradición de éste. Que luego, el primero de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, su representado Joan Henrique  De Abreu, adquirió del Concejo Municipal del Distrito Roscio del Estado Guárico, un lote de terreno propiedad del Municipio situado en Avenida Bolívar, cruce con Fermin (sic) Toro de esta ciudad, con una medida de trescientos setenta y siete metros cuadrados, como consta en documento  protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Roscio del Estado Guárico, bajo el Nro. 46, folios 191 al 193, Protocolo Primero, Tomo Cuarto Habilitado, Segundo Trimestre de 1.984 (sic). dice (sic) que el terreno tiene por linderos: Norte: Avenida Fermin (sic) Toro, con una extensión 16,90 metros; Sur: casa de Jacinta Hernández, con extensión de 17,90 metros; Este: casa de Dimas Rivas, en 21,15 metros, y Oeste: Avenida Bbolívar (sic) en 18,35 metros, mas (sic) un declive de tres metros más diez céntimetros (sic) donde comienza el lindero. Agregó marcado “B” y “C” documentos”. (F. 103 a 104), no ha podido servir de fundamento para declarar la procedencia de la acción reivindicatoria intentada, pues como el mismo Juez de Alzada expresa en su sentencia.

4.- En el presente caso, por cuanto la infracción de los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil fue la de quitarle su aplicación y vigencia, no es preciso hacer la especificación a que se refiere el artículo 317 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, toda vez que las normas a aplicar son las mismas cuya violación se delata y las razones que las hacen aplicables son las mismas que hacen procedente la denuncia...”.   (Subrayado del recurrente).

         

La Sala, para resolver observa:

 

La denuncia que se pasa a examinar es parecida a la precedentemente analizada, sólo que en el caso, la denuncia alegada por el recurrente está referida al 3er. caso de suposición falsa. No obstante, la Sala nuevamente observa que no influyó en la suposición falsa en el dispositivo del fallo, pues los co-demandados al contestar la demanda para sostener que la reivindicación propuesta no era procedente, alegaron que tenían una posesión legítima sobre los inmuebles, sin que en momento alguno cuestionaran la titularidad del actor sobre el bien. La Sala encuentra que justamente el a-quo al emitir su decisión resaltó esa situación, al considerar que estaba cumplido el primer requisito de la acción reivindicatoria. No obstante, a diferencia de la alzada señaló que, en su criterio, el actor no tenía una posesión legítima de los bienes, ya que privaba el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, al cual le dio pleno valor probatorio.

 

Por las razones antes expuestas, se declara improcedente la denuncia de los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil y por consiguiente no procede la suposición falsa planteada.

 

D E C I S I Ó N

 

En fuerza de las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela  y por autoridad de la Ley declara: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por el apoderado de los ciudadanos MANUEL FERMINO DE ABREU y MARÍA CONCEICAO CALDEIRA contra la sentencia definitiva dictada el 7 de febrero de 2000 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con motivo del juicio por reivindicación seguido por el ciudadano JOAO HENRIQUE DE ABREU, contra los ciudadanos MANUEL FERMINO DE ABREU y MARÍA CONCEICAO CALDEIRA MENDOCA DE ABREU, ambas partes debidamente identificadas en autos. Se exonera a la parte recurrente en las costas del recurso, por cuanto en criterio de la Sala tuvo motivos racionales para recurrir, todo ello según doctrina de la Sala de fecha 3 de agosto de 1988.

 

          Publíquese y regístrese. Remítase directamente este expediente al Tribunal de la causa, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, ya mencionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los  veintidós  (22) días del mes de  marzo del dos mil dos. Año: 191° de la Independencia y 143° de la Federación.

El Presidente de la  Sala,

_______________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

El Vicepresidente,

 

 

_____________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

                         

 

                                            Magistrado Ponente,

 

 

________________________

                                            ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

La Secretaria,

 

________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

 

 

RC Nº 00-465

AA20-C-2000-000297

 

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