Venley

Sentencia N.º 1871

Sentencia
N.º 1871
Fecha
20/10/2006
Sala
Constitucional
Expediente
06-1079
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.

 

Consta en autos que, el 9 de junio de 2006, CONSTRUCCIONES DALUC C.A., con inscripción en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 18 de abril de 2001, bajo el n° 6, tomo 30-A, mediante la representación de los abogados Rafael Hidalgo Solá, Antonieta Reyes Limonta y María de Oliveira, con inscripción en el I.P.S.A. bajo los nos 16.248, 61.641 y 27.545, respectivamente, intentó, ante el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, demanda de amparo constitucional contra la decisión que dictó, el 22 de marzo de 2006, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial, para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos al debido proceso y a la defensa que acogió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 29 de junio de 2006, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró sin lugar.

El 4 de julio de 2006, la abogada María de Oliveira apeló contra la sentencia del citado Tribunal, para ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, a la cual fueron remitidas las actas procesales correspondientes el 6 de julio de 2006.

Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 18 de julio de 2006 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA CAUSA

El 12 de junio de 2006, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo ordenó a la parte actora la corrección del escrito de demanda, en los siguientes términos:

“1. Que indique a [ese] Tribunal de manera clara, precisa y lacónica la decisión o las decisiones cuya nulidad solicita, así como la decisión cuya suspensión de efectos solicita.

2 Igualmente indique el estado actual en que se encuentra la o las sentencias cuya nulidad solicita, y, así mismo consigne a los autos:

2.1 Copia de las actuaciones contenidas en el expediente donde se pronunció la sentencia cuya invalidación solicitó, así como, copia de las actas contentivas del Expediente donde se sustanció y decidió el Recurso de Invalidación.

2.2 Copia de las actas contentivas de la fase de ejecución llevada a cabo por el Tribunal que se dice trasgresor de la constitucionalidad.”

 

El 14 de junio de 2006, los apoderados judiciales de Construcciones Daluc C.A. dieron cumplimiento a lo que fue ordenado por el Tribunal por auto del 12 de junio de 2006. 

El 16 de junio de 2006, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo admitió la demanda de amparo constitucional, negó la medida cautelar que fue solicitada y ordenó las notificaciones correspondientes.

El 26 de junio de 2006 tuvo lugar la audiencia pública, de la que se levantó acta, en la cual se dejó constancia de la asistencia de los apoderados judiciales de Construcciones Daluc C.A.; de la abogada Noris Beatriz Godoy Villegas, en su condición de Jueza Quinta de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; del ciudadano Henry Ramón Niño Ruiz, en su condición de tercero interesado, con la asistencia de la abogada Reina Tartaglia, y de la inasistencia de la representación del Ministerio Público.

El 29 de junio de 2006, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo declaró sin lugar la demanda de amparo constitucional.

 

II

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.         La representación judicial de la parte actora alegó:

1.1       Que, el 21 de junio de 2005, el ciudadano Henry Ramón Niño Ruiz incoó ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo demanda laboral en contra de su representada por concepto de diferencia de prestaciones sociales, la cual estimó en la cantidad de once millones seiscientos ochenta y nueve mil trescientos cinco bolívares con dieciocho céntimos (Bs. 11.689.305,18).

1.2       Que, el 27 de junio de 2005, el Tribunal que se mencionó admitió la referida demanda y ordenó el emplazamiento de su representada en la persona del ciudadano Custodio Fernández, para el décimo día hábil siguiente a cuando constase en autos la notificación, para la celebración de la audiencia preliminar.

1.3       Que, el 4 de julio de 2005, el alguacil del Tribunal expuso:

“‘Por cuanto me trasladé en el día 30 de junio de 2005 a las 2:30 de la tarde a la dirección indicada, (…), informo que fijé cartel de notificación en la puerta principal de la empresa e hice entrega del otro ejemplar a un ciudadano que no quiso identificarse (subrayado nuestro) pero describo a continuación: (…) quien manifestó ser empleado de la empresa CONSTRUCCIONES DALUC C.A., quedando legalmente notificado. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman. EL ALGUACIL-LA SECRETARIA.’”

 

1.4       Que, el 6 de julio de 2005, la Secretaria del Tribunal certificó la actuación del alguacil, y desde ese día comenzó el transcurso del lapso para que tuviera lugar la audiencia preliminar y, en esa misma oportunidad, el tribunal, por auto separado, difirió la hora para la realización de la misma.

1.5       Que, el 20 de julio de 2005, a las 2:11 p.m. día y hora para la celebración de la audiencia preliminar, el tribunal dejó constancia de la inasistencia de la parte demandada y difirió el acto para el quinto día de despacho siguiente.

1.6       Que, el 27 de julio de 2005, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con fundamento en la presunción de admisión de los hechos, declaró parcialmente con lugar la demanda que fue interpuesta y, en consecuencia, condenó a su representada al pago de diez millones ochocientos setenta y un mil seiscientos setenta y nueve bolívares con ocho céntimos (Bs. 10.871.679,08) por diferentes conceptos.

1.7       Que “[a]l no tener conocimiento la demandada de lo ocurrido por no haber sido legalmente notificada de la decisión no ejerció el recurso de apelación y la sentencia quedó firme con autoridad de Cosa Juzgada.”

1.8       Que ante tal situación, con fundamento en lo que disponen los artículos 327 y 328 del Código de Procedimiento Civil, interpusieron demanda de invalidación contra la decisión del 27 de julio de 2005.

1.9       Que, el 22 de marzo de 2006, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declaró sin lugar la pretensión de invalidación.  

 

2.         Denunció:

La violación a sus derechos al debido proceso y a la defensa que establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la notificación de su representada no estuvo ajustada a lo que preceptúa el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En tal sentido, señalaron que el cartel de notificación se entregó a una persona que no quiso identificarse, pero no era el empleador, ni los empleados que laboraban en la secretaría o en la oficina receptora de correspondencias por lo que – a su decir- nunca se practicó la notificación de la accionada porque no se dio cumplimiento a las dos condiciones concurrentes para ello, es decir, a la fijación del cartel en la sede de la demandada y la entrega del mismo a alguna de las personas que, para ello, prevé el artículo 126 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Por otro lado, señalaron que el juicio de invalidación no se sustanció conforme al procedimiento ordinario tal y como lo ordena el Código de Procedimiento Civil, sino, por el contrario, de conformidad con lo que dispone el artículo 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se fijó la audiencia de juicio para el tercer día de despacho siguiente luego de que las partes consignaran sus medios probatorios.

 

3.         Pidió:

 

3.1       Como medida cautelar:

“SUSPENDER la ejecución de la sentencia dictada hasta tanto sea decidida la presente acción de amparo.”

 

3.2       Como petitorio de fondo:

“1) Anule las sentencias dictadas por la ciudadana Juez NORIS GODOY VILLEGAS los días veintisiete (27) de Julio del 2005 y veintidós (22) de Marzo del 2006 en el expediente N° GP02-L-2005-001093 por ser violatorias al derecho a la defensa y al debido proceso consagradas en el artículo 49 de la Constitución.

2) Restablezca el orden jurídico infringido reponiendo la causa relativa al cobro de Prestaciones Sociales al estado en que se notifique a [su] representada a los fines de que esta pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa.”

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo los casos de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el asunto de autos, la apelación se ejerció contra el veredicto que expidió, en materia de amparo constitucional, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, esta Sala se pronuncia competente para la decisión del recurso en referencia. Así se decide.

 

IV

DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El sentenciador del fallo contra el que se recurrió juzgó sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

“SIN LUGAR, la acción de Amparo Constitucional interpuesta por los abogados RAFAEL HIDALGO SOLA, MARIA DE OLIVEIRA, ANTONIETA REYES LIMONTA y ROSELIA REAÑO MENDOZA,(…), actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad de comercio CONSTRUCCIONES DALUC, C.A. (…) contra la sentencia dictada por la Jueza Quinta de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 22 de marzo del año 2006.”

 

 

A juicio de quien expidió el acto de juzgamiento objeto de apelación:

“(…) En el presente caso se observa que el recurrente en amparo pretende que este Tribunal actuando en sede constitucional descienda a conocer la causa que dio origen al Recurso de Invalidación, pues entre sus alegatos se encuentran argumentos respecto a la deficiencia de la notificación, la nulidad de aquella sentencia por vía refleja a través del presente Amparo, lo cual es inadmisible y aperturar el acto de la audiencia preliminar en la causa incoada por el ciudadano Henry Ramón Niño.

De tal manera que este Tribunal debe sólo resolver la pretendida violación de derechos constitucionales y no legales.

Del recorrido de las actuaciones de la Juez presunta agraviante se constata que en el proceso de Invalidación, en el auto de admisión se ordenó la notificación de las partes, para que una vez verificada ésta, concurrieran a promover pruebas, vencidas las cuales se celebraría la audiencia oral en el término de tres días. Si bien se observa que la Juez aún cuando indica en el auto de admisión que el control y contradicción de las pruebas se realizaría en la audiencia oral, fijó por auto la evacuación de los testigos en un tiempo distinto al ordenado en el auto, sin embargo, la parte recurrente se encontraba a derecho, por lo que si consideraba que tal acto era violatorio a sus intereses, ha debido alzarse contra dicho auto, lo cual no se evidencia a los autos.

Arguye el recurrente en amparo que debió ser notificado de la celebración de la audiencia para la evacuación del testigo, ahora bien, de acuerdo a los nuevos principios que rigen en materia laboral, no puede ignorarse el Principio de la notificación única, según el cual una vez verificada la notificación, no habrá lugar a una nueva notificación dentro del proceso, salvo por causas excepcionales establecidas en la Ley, más aún cuando la Juez en la audiencia privada les advirtió que de no llegar a un acuerdo, fijaría por auto la celebración de la audiencia y la evacuación de las pruebas, tal hecho fue esgrimido por la presunta agraviante y no fue negado por el recurrente en la audiencia constitucional.

De tal manera, que el accionante en el proceso de invalidación, tuvo oportunidad para promover pruebas y no lo hizo, por cuanto expuso en la audiencia constitucional, que consideraba que el defecto en la notificación denunciado por ser un punto de derecho no requería pruebas, se estableció por auto con suficiente tiempo la fecha de la evacuación de las pruebas promovidas por la contraria, a cuyos actos no compareció éste, empero si asistió a la audiencia oral, de donde se infiere que se enteró de la realización de todos los actos procesales, pues un solo auto los abarcaba, por lo que en virtud del principio de la unicidad de los actos, no puede separar los efectos de lo acordado en dicho auto, y su incomparecencia en modo alguno puede atribuirse a una violación al derecho a la defensa, por lo que considera que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa.

Respecto al proceso de invalidación en la jurisdicción laboral ha establecido la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 14 de octubre del año 2005, con ponencia del Magistrado Luis Eduardo Franceschi, lo siguiente:

‘…el Juez del Trabajo, debe determinar los criterios, pautas o directrices a seguir para la concreción o realización del acto, pudiendo aplicar de forma analógica, disposiciones procesales diseminadas en nuestro ordenamiento jurídico, sin perder de vista, el carácter tutelar del derecho sustantivo y adjetivo del derecho laboral.

Dicho esto, resulta imperioso establecer como corolario, que ante la inexistencia de un procedimiento en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, corresponderá al juez del trabajo, determinar el camino o iter aplicable, considerando como norte de esta actuación los principios constitucionales y el carácter tuitivo de las normas adjetivas y sustantivas de derecho del trabajo.

En razón de ello, y ante la eventualidad que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no previó un procedimiento de invalidación de sentencia, corresponderá entonces al juez laboral, establecer el procedimiento a seguir, a fin de resolver la controversia que ha sido sometida a su consideración.

Así, se tiene que el artículo 327 al 337 del Código de Procedimiento Civil, ambos inclusive, establecen el procedimiento a seguir cuando se pretenda despojar de su eficacia a una sentencia ejecutoriada, y para ello, consagra una serie de causales que tienden a invalidar la misma; el órgano por ante la cual debe ser interpuesto dicho requerimiento; los requisitos formales de esta petición, el iter procesal que conduzca a la declaración o no de invalidación; la oportunidad para interponer esta solicitud; los efectos de su declaratoria con lugar y finalmente, la recurribilidad en casación.

En el caso que nos ocupa, se constata que el a quo en el auto de admisión del recurso de invalidación de fecha 09 de febrero de 2005, ordenó la notificación de las partes, para que una vez que se impusieran de ello, se celebrara audiencia pública y contradictoria, a fin que expusieran sus alegatos y presentaran los medios probatorios, que estimaran pertinentes, evidenciándose de autos que sí hubo impugnación de las pruebas documentales aportadas, de manera que a criterio de la Sala, se garantizó plenamente el debido proceso y el derecho a la defensa. De allí que el juez podía aplicar las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil, (en uso de la facultad que le confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo), en este caso, el artículo 331, y tal como lo estableció, estaba compelido a preservar los principios del cuerpo normativo adjetivo que rige los procedimientos laborales, que obligan a garantizar el debido proceso, que obligan a garantizar el contradictorio, que obligan a garantizar la posibilidad que (sic) las partes, no solamente aleguen sino que prueben todas sus afirmaciones bajo la rectoría del juez, impuesto por este nuevo paradigma de justicia a la convocatoria de una audiencia, y a través de la inmediación decidir soberanamente los hechos alegados y discutidos en autos, de forma que al haberse verificado el cumplimento de todas estas garantías, se concluye que no hay subversión del orden procesal, y con base a las reflexiones precedentes, se desestima la actual denuncia. Así se decide’.

En consecuencia considera este Tribunal, actuando en sede constitucional que la sentencia impugnada no lesionó derechos constitucionales, pues aún cuando varió la oportunidad del acto de evacuación de testigos, el recurrente tuvo la oportunidad de atacar por la vía ordinaria tal acto, aunado al hecho de que al asistir a la celebración de la audiencia, se enteró suficientemente de los otros actos reglamentados, pues en sólo auto se fijó la evacuación de los testigos y la celebración de la audiencia”.

 

V

DE LA APELACIÓN

Con motivo de la apelación, el recurrente alegó:

1.         Que el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo no emitió pronunciamiento referente a la denuncia que hicieron respecto a que el alguacil de ese Tribunal, ciudadano Neomar Carrillo, no actuó ajustado a lo que preceptúa el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando procedió a la citación de su representada en el juicio laboral que fue interpuesto por el ciudadano Henry Ramón Niño Ruíz, por cuanto, a su decir, ese punto fue agotado cuando se propuso la pretensión de invalidación.

2.         Por otro lado, denunciaron el “hecho de que reglamentado en el auto de admisión el procedimiento a seguir en el juicio de invalidación y señalándose que sería el juicio ordinario de manera intempestiva y sin notificar[los] de tal decisión la ciudadana Juez cambió las reglas del juego y fundamentándose en el artículo 11 de la Ley Especial fijó unos lapsos para evacuar  las pruebas y posteriormente a ello fijó una Audiencia Oral y Pública para debatir el asunto.”

 

VI

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

De autos se desprende que Construcciones Daluc C.A., mediante la representación de los abogados Rafael Hidalgo Solá, Antonieta Reyes Limonta y María de Oliveira, intentó la demanda de amparo constitucional sub examine contra la sentencia que pronunció, el 22 de marzo de 2006, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante la cual declaró sin lugar la demanda de invalidación que interpuso el aquí recurrente contra el fallo que expidió ese mismo Tribunal el 27 de julio de 2005.

Por su parte, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo declaró sin lugar la demanda de amparo constitucional por las razones que se refirieron.

El recurso de apelación que propuso la representación judicial de Construcciones Daluc C.A., contra el acto de juzgamiento que emitió la primera instancia constitucional se circunscribió a dos alegatos. En primer lugar, arguyó que el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo no emitió pronunciamiento respecto a la denuncia consistente en que el Alguacil de ese Tribunal, ciudadano Neomar Carrillo, no actuó ajustado a lo que preceptúa el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo cuando procedió a la citación de su representada en el juicio laboral que fue interpuesto por el ciudadano Henry Ramón Niño Ruíz, por cuanto, según su dicho, ese punto fue agotado cuando se propuso la pretensión de invalidación; en segundo lugar, delataron el “hecho de que reglamentado en el auto de admisión el procedimiento a seguir en el juicio de invalidación y señalándose que sería el juicio ordinario de manera intempestiva y sin notificar[los] de tal decisión la ciudadana Juez cambió las reglas del juego y fundamentándose en el artículo 11 de la Ley Especial fijó unos lapsos para evacuar  las pruebas y posteriormente a ello fijó una Audiencia Oral y Pública para debatir el asunto.”

Ahora bien, después de un análisis exhaustivo del presente expediente, esta Sala Constitucional comprobó las siguientes actuaciones:

1.         El 4 de julio de 2005, el Alguacil del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, ciudadano Neomar Carrillo, compareció ante la Secretaría del referido tribunal y manifestó:

“Por cuanto me trasladé en el día 30 de junio de 2005 a las 2:30 de la tarde a la dirección indicada, (…), informo que fijé cartel de notificación en la puerta principal de la empresa e hice entrega del otro ejemplar a un ciudadano que no quiso identificarse pero describo a continuación: quien manifestó ser empleado de la empresa CONSTRUCCIONES DALUC C.A., quedando legalmente notificado. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman. EL ALGUACIL-LA SECRETARIA.”

 

2.         Corre inserto en los folios 17 al 21, demanda de invalidación que fue interpuesta el 19 de octubre de 2005, por Construcciones Daluc C.A., contra la decisión que dictó, el 27 de julio de 2005, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

3.         Corren insertos en los folios 23 al 27, las pruebas que fueron consignadas conjuntamente con la pretensión de invalidación, en las cuales se observa que, otras notificaciones que fueron realizadas en diferentes expedientes por el mismo Alguacil que practicó la citación de Construcciones Daluc C.A., en el Galpón 65 de la Zona Industrial La Quizanda. Asimismo, se observa que, efectivamente, en otro proceso laboral la misma demandada fue notificada en esa misma dirección.

4.         Consta en los folios 57 y 58, inspección judicial que llevó a cabo el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en la cual se dejó constancia de los siguientes hechos:

“El Tribunal se traslada a solicitud de la representación del trabajador en el presente recurso de invalidación para dejar constancia de los siguientes particulares: 1.- Si la empresa Construcciones Daluc C.A., se encuentra ubicada en el Galpón 52 y en otros galpones. 2.- Verificar si la empresa Construcciones Daluc C.A., se encuentra ubicada en el Galpón N° 65. Respecto al primer Particular se deja constancia que se encuentra cerrado sin ninguna identificación sin embargo el Alguacil Neomar Carrillo manifiesta que fue el galpón en el cual practicó la notificación. Al respecto al particular 2° el Tribunal se trasladó al galpón identificado con el N° 65 siendo notificado al ciudadano Abreu de Nobrega titular de la cédula de identidad N° 2.947.321 quien manifiesta que aquí en este galpón funciona la empresa Hornung S.A., de la cual es Gerente General. Además manifiesta que tal empresa desde hace aproximadamente 30 años (sic). De igual forma manifestó que conoció al ciudadano Custodio Fernández, como su vecino de empresa la cual identifica como Construcciones Daluc C.A., nos trasladamos hasta el galpón N° 68, donde se identifica la empresa Dralca C.A., en este galpón la ciudadana Martín Ana Corina identificada como trabajadora de la empresa Dralca C.A., se deja constancia que la misma fue identificada por el trabajador como secretaria de la empresa Construcciones Daluc C.A., la mencionada ciudadana notificó que  no se encontraba ningún representante legal de la empresa Dralca C.A., del mismo modo negó la entrada a la empresa del Tribunal por no tener autorización.

 

5.         Consta en los folios 65 al 70, la decisión que pronunció, el 22 de marzo de 2006, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo mediante la cual declaró sin lugar la demanda de invalidación.

De allí observa la Sala que, en el referido juicio laboral, el Alguacil del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo realizó la citación en el Galpón n° 52 de la Zona Industrial La Quizanda, zona norte, en Valencia, Estado Carabobo -que según alegó, la parte actora no es su domicilio- donde fijó el cartel de citación en la parte externa y entregó la correspondiente citación “a un ciudadano que no quiso identificarse pero describo a continuación: Hombre de piel blanca, ojos marrón claro, cabello canoso, contextura gruesa, estatura 1,70 y de aproximadamente 58 años quien manifestó ser empleado de la empresa Construcciones Daluc C.A., quedando legalmente notificado.”, sin ninguna otra identificación de la persona a quien se le hizo entrega de dicha boleta, actuación con la cual la Secretaria del tribunal certificó el cumplimiento de las formalidades de ley, con lo que dio lugar al comienzo del lapso para la celebración de la audiencia preliminar a la cual no asistió la demandada y, en consecuencia, se produjo la admisión de los hechos.

Como anteriormente se ha hecho referencia, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo declaró sin lugar la demanda de invalidación que fue incoada por Construcciones Daluc C.A., con base en la inspección judicial que realizó ese Tribunal, el 10 de marzo de 2006, por requerimiento del ciudadano Henry Ramón Niño Ruiz y en la prueba de testigos que fue promovida y evacuada por el referido ciudadano; sin embargo, observa esta Sala que Construcciones Daluc C.A., al momento de la interposición de la pretensión de invalidación, consignó anexo al mismo diversas pruebas de las cuales se observa que según notificaciones que han sido practicadas en otros expedientes, el mismo Alguacil, ciudadano Neomar Carrillo, había citado a Construcciones Daluc C.A. en el Galpón 65 de la Zona Industrial La Quizanda, las cuales no fueron objeto de valoración por parte del juez del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, hecho que tampoco observó el a quo constitucional en su decisión.

Ahora bien, observa esta Sala que de acuerdo con lo que dispone el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, para el establecimiento de los hechos se requiere que los jueces analicen y juzguen todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que, a su juicio, no sean idóneas para la obtención de algún elemento de convicción, y que, además, expresen siempre su criterio respecto de ellas.

Cuando en la sentencia se omite el análisis de alguna o varias pruebas, o se prescinde de algún aspecto de éstas que guarde relación con un hecho que haya sido alegado y controvertido, cuyo establecimiento no se haya hecho con el examen de otras pruebas, el Juez incurre en un grave error de juzgamiento que la doctrina y jurisprudencia denominan silencio de pruebas que, por lo general, comporta violación al derecho a la defensa y, por ende, al debido proceso que reconoce el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

A juicio de esta Sala, tales probanzas pudieron haber sido determinantes en el dispositivo del fallo, ya que de alguna manera se podría evidenciar el verdadero domicilio de la compañía demandada, y de ahí determinar si se realizó la citación adecuadamente. De tal manera que la ausencia de análisis y valoración de la totalidad de las pruebas que válidamente promovió la quejosa en el juicio de invalidación, con las que, en su criterio, se patentiza el verdadero domicilio de la compañía, era obligatorio con fundamento en los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

Por otro lado, observa esta Sala que la descripción que realizó el alguacil de la persona que recibió la citación de la demanda, no llena los requisitos de identificación que exige el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues, en la citación en el procedimiento laboral debe darse cumplimiento a ciertas reglas para su validez, como garantía de que el demandado sea informado de la demanda que hubiere sido incoada en su contra para oponer la defensa que considere pertinente.

Por último, de la inspección judicial que realizó el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo para la verificación del asiento de la sociedad accionada, no se desprende elemento de convicción alguno que permita que esta Sala llegue al conocimiento del verdadero domicilio de Construcciones Daluc C.A., lo cual crea dudas e incertidumbre respecto al mismo, máxime si se considera que las otras probanzas que no fueron valoradas por el supuesto agraviante, arrojan una duda razonable respecto de la certeza del domicilio de la demandante de amparo.

En consecuencia, esta Sala, por las razones que anteceden declara con lugar el recurso de apelación que interpuso la representación judicial de Construcciones Daluc C.A. contra el fallo que dictó el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 29 de junio de 2006; en consecuencia, se declara la nulidad de la decisión que pronunció, el 22 de marzo de 2006, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial, mediante la cual declaró sin lugar la demanda de invalidación que interpuso el aquí recurrente contra el fallo que expidió, el 27 de julio de 2005, ese Tribunal, en el proceso laboral que incoó el ciudadano Henry Ramón Niño Ruiz contra Construcciones Daluc C.A. Así se decide.

En consecuencia, se repone la causa al estado de que el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo se pronuncie nuevamente respecto de la pretensión de invalidación que fue propuesto contra el acto decisorio que pronunció ese mismo Tribunal, el 27 de julio de 2005.

 

VII

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

1.        CON LUGAR la apelación que fue interpuesta por CONSTRUCCIONES DALUC C.A. contra la decisión que expidió, el 29 de junio de 2006, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

2.        Se REVOCA el fallo que emitió, el 29 de junio de 2006, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

3.        CON LUGAR la demanda de amparo constitucional que incoó CONSTRUCCIONES DALUC C.A. contra el acto jurisdiccional que dictó, el 22 de marzo de 2006, el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

4.        Se REPONE la causa originaria al estado de que el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo se pronuncie nuevamente respecto a la demanda de invalidación que fue propuesta contra el acto de juzgamiento que emitió ese mismo Tribunal, el 27 de julio de 2005.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y copia certificada al Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,   a los 20 días del mes de octubre  de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente          

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

…/

 

 

…

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.ar.cr.

Exp. 06-1079

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