Venley

Sentencia N.º 188

Sentencia
N.º 188
Fecha
08/03/2005
Sala
Constitucional
Expediente
04-3114
Ponente
Arcadio Delgado Rosales
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADO PONENTE: ARCADIO Delgado Rosales

 

El 17 de noviembre de 2004, fue recibido en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente de la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, el oficio número 543-04, del 9 de noviembre de 2004 por el cual se remitió el expediente distinguido GP01-O-2004-000056 (alfanumérico de dicha Sala) contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta el 6 de octubre de 2004 por los abogados Jesús Ernesto Martínez Velasco y Faustino José Alcántara Caraballo, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 16.221 y 61.220, respectivamente, en su carácter de defensores del ciudadano BALDOMERO GARCÍA, contra el Tribunal Noveno de Control de ese Circuito Judicial Penal, por la falta de notificación al referido ciudadano con respecto a la oportunidad en la que se celebró la audiencia preliminar. 

Dicha remisión obedece a la apelación que interpusieran, el 8 de noviembre de 2004, los defensores del quejoso contra la decisión dictada el 27 de octubre de 2004 y publicada íntegramente el 3 de noviembre de ese mismo año por la referida Corte de Apelaciones, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta.

El 18 de noviembre de 2004 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio García García.

El 13 de diciembre de 2004, vista la designación de los nuevos Magistrados que hizo la Asamblea Nacional, tal como se evidencia de la Gaceta Oficial N° 38.086 del 14 de diciembre de 2004, la Sala Constitucional quedó integrada por los Magistrados Iván Rincón Urdaneta, Jesús Eduardo Cabrera Romero, Antonio J. García García, Pedro Rafael Rondón Haaz, Luis V. Velázquez Alvaray, Luisa Estella Morales Lamuño y Francisco A. Carrasquero López.

Posteriormente, dada la jubilación acordada por la Sala Plena al Magistrado Iván Rincón Urdaneta y la licencia otorgada al Magistrado Antonio J. García García, se reconstituyó la Sala, quedando integrada por los Magistrados Doctores Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente; Pedro Rafael Rondón Haaz, Luis V. Velázquez Alvaray, Francisco A. Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón, en su carácter de primer suplente y Arcadio Delgado Rosales, en su carácter de segundo suplente.  Asimismo, se asignó la ponencia al Magistrado Arcadio Delgado Rosales quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

            Señalaron los defensores que el ciudadano Baldomero García actuaba como víctima en el proceso penal seguido contra la imputada Nataly Simón Castillo, por la supuesta comisión del delito de homicidio contra el hijo adolescente del accionante.

            Indicaron que el 14 de septiembre de 2004, oportunidad fijada para la celebración de la audiencia preliminar, el Tribunal Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, acordó diferir la misma para el 30 de igual mes y año, dada la inasistencia de la víctima; no obstante, refirieron que en esta última fecha fue realizada la mencionada audiencia sin contar con la presencia de su defendido.  

            Precisaron que en el folio treinta (30) del expediente existía la constancia de haberse librado boleta de notificación a su representado; sin embargo, la misma no contaba ni con la firma autógrafa de éste, ni con la constancia del alguacilazgo del resultado de dicha notificación.   

            Denunciaron que la celebración de la audiencia preliminar sin la presencia de la víctima, le vulneraba a su defendido los derechos y garantías contenidos en los numerales 1, 4, 7 y 8 del artículo 120, del artículo 327 y del numeral 7 del artículo 328, todos del Código Orgánico Procesal Penal, así como lo establecido en los artículos 1, 3 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.   

            Solicitaron la fijación de una nueva oportunidad para la realización de la audiencia preliminar, en la que se contara con la presencia de su defendido, ya que si bien el Tribunal Noveno de Control había librado boleta de notificación, la víctima nunca recibió la misma.

            Asimismo, requirieron la nulidad absoluta de todo lo actuado y acordado en la referida audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal.

II

DE LA SENTENCIA APELADA

La sentencia objeto de la presente apelación, dictada el 27 de octubre de 2004 y publicada íntegramente el 3 de noviembre de ese mismo año por la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, tuvo como fundamento para su decisión lo siguiente:

Que en el caso bajo examen “(...) el motivo de la impugnación obedece a la supuesta incomparecencia de la víctima, cuando no se le notificó de la acusación, ni de la audiencia preliminar fijada para el 14 de Septiembre de 2004, forzosamente ha de concluirse en que tal alegato ha quedado desvirtuado al constatar la Sala, de la lectura de los escritos consignados, el primero de ellos, el 13 de septiembre de 2004, por la propia víctima Baldomero García, donde en tal condición presenta a los abogados Jesús Ernesto Martínez Velasco y Faustino José Alcántara como sus asesores, y el segundo presentado el 14 de septiembre de 2004, por los premencionados abogados, en el que solicitan el diferimiento de la citada audiencia; que, la supuesta falta de notificación fue subsanada por la misma víctima al consignar su escrito ante el Tribunal de la causa y presentar  sus abogados, tal como lo admiten y corroboran estos mismo, al solicitar el diferimiento de la audiencia preliminar, la cual una vez concedida y refijado (sic)  dicho acto para el 30 de septiembre de 2004, sin embargo le restan de manera expresa toda importancia a esa falta de notificación para centrar su actuación en el venidero acto procesal, presentando acusación propia mediante poder especial otorgado por la víctima.”

Asimismo constató esa Corte de Apelaciones que “(...)los supuestos vicios alegados por los abogados del accionante, en relación con la audiencia preliminar celebrada el 30 de septiembre de 2004, así como los resultados arrojados los cuales les fueron desfavorables a la víctima, han quedado desvirtuados al no evidenciarse conforme a los mismos medios probatorios antes analizados, que durante el desarrollo de la audiencia preliminar, se haya conculcado algún derecho o garantía procesal de la víctima, ya que, por el contrario, si se aprecia la labor de la juez al velar por ellos, al permitir no solamente la presencia de sus abogados en dicho acto, sino que además los consideró como representantes de la víctima, al tomar en cuenta sus alegatos para pronunciarse sobre la admisión de su acusación, una vez finalizada la audiencia, la cual llegó a desestimar por considerar extemporánea su presentación.”

Situación que llamó la atención de la Corte de apelaciones, ya “(...)que ante el silencio o aceptación tácita de lo decidido en la audiencia por parte de la quejosa, al igual como lo exclamara en la audiencia constitucional la presunta agraviante, al manifestar su desacuerdo con los actos previos a la audiencia y el propio acto al extremo de pedir su nulidad, hayan sin embargo, utilizado la vía extraordinaria del amparo para hacer vales sus pretensiones, cuando pudieron perfectamente acudir a la vía ordinaria, Y satisfacer sus pretensiones mediante el uso de los recursos de impugnación que le daba la ley.” 

            Consideró que la acción de amparo intentada debía ser declarada inadmisible, dado que, contra la inconformidad por parte del accionante con respecto a todos los actos previos a la audiencia preliminar como a la celebración de la misma, existía el medio ordinario recursivo dispuesto en el numeral 3 del  artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal.

            Precisó que, en efecto, la anterior disposición resultaba ser la vía idónea y eficaz para lograr que la causa principal se repusiese al estado de celebrar una nueva audiencia preliminar, vista la supuesta falta de notificación alegada por el actor.

            Adicionalmente afirmó el Superior que la presentación del escrito –de solicitud de diferimiento de audiencia- por parte de la víctima subsanó la referida falta de notificación “(...)al punto de no resultar truncada la posibilidad de estar en la audiencia preliminar, tampoco de ejercer todos los medios ordinarios para impugnar las actuaciones y decisiones que hoy se propone por una vía distinta de la ordinaria, y advirtiendo, según lo expresado por la supuesta agraviante que en ningún momento se le impidió a la víctima el derecho de ejercer los mencionados recursos debe concluirse en sana lógica que permitir el acceso de la parte quejosa a la vía extraordinaria del amparo, equivaldría a subvertir el orden jurídico preestablecido.”     

            Finalmente y luego de señalados varios fallos dictados por esta Sala con respecto a la utilización adecuada de la acción de amparo, declaró inadmisible la presente en virtud de los dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales

III

FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN

            Señalaron los defensores al momento de interponer la apelación que la boleta de notificación librada por el Tribunal de Control debió estar firmada por la víctima o por alguno de sus abogados, representantes judiciales que en todo caso no podían ser considerados como defensores legítimos de la parte, dado que, el Tribunal de Control nunca se pronunció con respecto al escrito de designación de los mismos presentado por el ciudadano Baldomero García.

            Indicaron que la omisión de pronunciamiento con respecto a todos los escritos consignados por esa representación constituyó una denegación de justicia   por parte del referido Tribunal, aunado a la falta de fundamento de la que adoleció  la decisión que declaró la extemporaneidad del escrito de acusación presentado igualmente por la víctima.

            Arguyeron que la Corte de Apelaciones debió tomar en cuenta los alegatos hechos por el accionante, más aún cuando esa representación nunca fue admitida como parte en dicha causa, motivo que imposibilitó a dicha defensa para el ejercicio de todos los derechos inherentes a la víctima.

            Denunciaron que el fallo dictado el 3 de noviembre de 2004 por la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, aplicó indebidamente lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual solicitaban la admisibilidad de la presente acción de amparo y la consecuente anulación de la audiencia preliminar celebrada por el Tribunal Noveno de Control de ese Circuito Judicial Penal.   

IV

DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la presente apelación de amparo constitucional, para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto, se observa que, conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia esta Sala es competente para conocer las apelaciones y las consultas de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo, salvo los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de las apelaciones y las consultas obligatorias, se rigen por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala. (Vid. Caso: Emery Mata Millán del 20 de enero de 2000 y Caso: Yoslena Chanchamire Bastardo del 8 de diciembre de 2000).

De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y visto que la sentencia ha sido dictada por la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, actuando como primera instancia constitucional, esta Sala resulta competente para conocer de la presente apelación; y así se declara.

V

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Determinada la competencia esta Sala observa que la acción de amparo fue interpuesta contra la supuesta falta de notificación de la celebración de la audiencia preliminar, por parte del Tribunal Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, al ciudadano Baldomero García, quien actuaba como víctima en el proceso penal seguido contra el presunto homicida de su adolescente hijo.

Señalaron los representantes judiciales que la falta de notificación de dicha celebración le vulneró al accionante su derecho al debido proceso, toda vez que la audiencia se efectuó sin contar con la presencia de la víctima, aun cuando el Tribunal de Control había librado boleta mediante la cual se le hacía saber al ciudadano Baldomero García, la nueva oportunidad en la que sería efectuada dicha audiencia.

Ahora bien, observa esta Sala que el Código Orgánico Procesal Penal ha propugnado como uno de los grandes avances de nuestro sistema penal, la consideración de la víctima como sujeto procesal, aunque no se constituya en acusador, por lo que, alcanzado tal reconocimiento legal, corresponde ahora a los operadores de justicia darle la debida importancia a la participación que le ha sido concedida de manera expresa a través del artículo 120 eiusdem, y de forma indirecta mediante otras disposiciones legales del aludido texto adjetivo, que le atribuyen el derecho de intervenir en todo el proceso, aun en su fase de investigación y en cualquier caso en que se dicte una decisión adversa a sus intereses. Sin importar que se hubiere o no constituido en querellante, acusador privado o se hubiere adherido a la acusación fiscal, se le otorga el derecho de apelar de dichos fallos y los órganos jurisdiccionales se encuentran en la obligación de garantizar la vigencia plena de dichos derechos.

 En el asunto bajo examen, se denunció la falta de convocatoria a la audiencia preliminar de la víctima, por parte del Tribunal Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo; sin embargo, del estudio hecho a las actas contentivas del expediente se desprende que en la oportunidad en la que se celebró la mencionada audiencia, el referido Tribunal permitió la intervención de los abogados Jesús Ernesto Martínez Velasco y Faustino José Alcántara Caraballo –abogados que fueron designados por la víctima como sus representantes- participación que a juicio de esta Sala garantizó en todo momento los derechos de la víctima y permitió la intervención de la misma, dando de esta forma completo cumplimiento a lo establecido en el aludido artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal.

Considera esta Sala que de no haber podido intervenir la víctima por si misma o a través de sus apoderados en la audiencia preliminar, sí se le hubiesen quebrantado derechos constitucionales, como la garantía fundamental al debido proceso y el principio de igualdad de las partes en juicio, situación que como se señaló no se verificó en el presente caso, vista la actuación que tuvieron los representantes judiciales de la víctima en la oportunidad de celebrarse la audiencia preliminar.

Ello así, debe esta Sala señalar que la Corte de Apelaciones al declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta, aplicó una consecuencia jurídica distinta al supuesto de hecho argüido por el actor, dado que el ciudadano Baldomero García intentó su acción de amparo, contra la supuesta falta de notificación de la celebración de la audiencia preliminar, por lo que mal podía el Superior señalar que contra esta omisión, la parte contaba con la vía ordinaria de apelación -que le ocasionaba la inadmisibilidad de su acción- específicamente la establecida en el numeral 3 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que lo dispuesto en la referida norma es aplicable en el caso de que la querella o la acusación privada intentada por la víctima sea rechazada, y no contra la presunta falta de convocatoria a la audiencia preliminar, que en definitiva era lo que en criterio del accionante le había lesionado derechos constitucionales y, ante la ausencia de tales violaciones, la Corte de apelaciones debió declarar improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta. 

En este orden de ideas y con fundamento en el razonamiento precedente, esta Sala Constitucional declara sin lugar el recurso de apelación ejercido, y revoca por no estar conforme a derecho la decisión dictada por la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta; así se decide.

 

 

 

VI

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido los defensores del ciudadano Baldomero García.

SEGUNDO.- REVOCA la decisión dictada dictada el 27 de octubre de 2004, y publicada íntegramente el 3 de noviembre de ese mismo año, por la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta y, en consecuencia, la declara improcedente in limine litis.

            Publíquese y regístrese. Remítase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 08 días  del  mes de  marzo de dos mil cinco (2005). Años 194º de la Independencia y 146º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,        

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

Luis V. Velásquez Alvaray

 

 

Francisco A. Carrasquero López

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

ARCADIO DELGADO Rosales

                 Ponente

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

Exp.- 04-3114

ADR/jr.-

 

 

 

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