Sentencia N.º 188
- Sentencia
- N.º 188
- Fecha
- 22/03/2002
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 00-461
- Ponente
- Antonio Ramírez Jiménez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
|
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Ponencia del Magistrado ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.
En el juicio por cobro de bolívares iniciado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la firma Mercantil FERLUI C.A., representada por los abogados Henrique Azpúrua Suels y Guillermo Barreto Nieves, en contra de la Sociedad Mercantil INVERSIONES TEKA 2850, C. A., representada por los abogados Antonio Puppio León, Antonio Puppio González y Vicente Puppio González; el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en apelación, dictó Sentencia en fecha 24 de mayo del año 2000, en la cual declaró con lugar la demanda intentada, sin lugar la apelación y confirmada la sentencia apelada.
Contra este fallo de alzada la parte demandada anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado e impugnado. No hubo réplica.
Cumplidos los trámites de sustanciación, siendo la oportunidad para decidir, lo hace esta Sala, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, previas las siguientes consideraciones:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
- I -
De conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 4º del artículo 243 eiusdem, y por vía de consecuencia, la infracción de los artículos 12 y 509 del mismo Código, por inmotivación al silenciar las pruebas contenidas en los autos.
Ahora bien, antes de proceder al análisis y decisión de la presente denuncia, es necesario realizar el siguiente pronunciamiento previo:
Respecto al vicio de inmotivación por silencio de pruebas, esta Sala en sentencia de fecha 21 de junio del 2000, expediente Nº 99-597, modificó el criterio imperante hasta la fecha, respecto a la forma requerida para la formalización de una denuncia de este tipo, señalando textualmente, lo siguiente:
...Desaparece el silencio de prueba como especie de la falta de motivación. Por tanto, la Sala abandona el criterio sostenido en fecha 28 de abril de 1993, caso: Inversiones Sinamaica contra Parcelamiento Chacao y aclara que, para evitar perjuicios a aquellos que adecuaron su conducta a la doctrina que hoy se abandona o aquéllos cuyos lapsos de formalización están por concluir, el criterio aquí establecido se aplicará a todos los recursos que se admitan a partir del día siguiente, inclusive, a la publicación de este fallo. Por consiguiente, en lo sucesivo se establecerá como exigencia para la elaboración de la denuncia del vicio por silencio de pruebas, que se fundamente en un recurso por infracción de ley, es decir, en el artículo 313, ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil. Así se decide....
El recurso de casación bajo análisis, fue admitido por el Tribunal de alzada en fecha 9 de junio del 2000, tal como consta al folio 175 de la segunda pieza del expediente, es decir, con anterioridad a la vigencia del nuevo criterio sobre silencio de pruebas; en consecuencia, la presente denuncia será analizada y decidida conforme al criterio anteriormente sostenido, que data del 28 de abril de 1993, caso Inversiones Sinamaica contra Parcelamiento Chacao. Y así se decide.
Ahora bien, para sustentar su denuncia, sostiene el formalizante que promovió el finiquito emanado de la parte actora de fecha 10 de septiembre de 1996, donde señala que nada tiene que reclamar a su representada, por el concepto en él contenido ni por ningún otro y que a pesar de ello, la recurrida declaró que ese documento no guarda relación con los hechos controvertidos en el juicio, silenciando la parte final del documento que contempla el finiquito al que hace alusión. En tal sentido aduce que al no haber sido analizado todo el documento, la recurrida infringió los artículos mencionados por silencio de pruebas.
Así expresa el formalizante lo siguiente:
"...En efecto, en el capítulo II del Escrito de Promoción de Pruebas presentado por mi representada en la Primera Instancia, se expresa: "Promovemos el finiquito emanado de la Parte actora, de fecha diez (10) de septiembre de 1.996 (sic), donde expresamente señala que nada tiene que reclamarle a mi representada, ni por el concepto en el mismo referido ni por ningún otro." Concretamente, el referido finiquito emanado de la actora dice: "En función de lo antes expuesto, la sociedad mercantil Ferlui, C.A., no tiene nada que reclamar a la sociedad mercantil Inversiones TEKA, C.A., por este concepto ni por ningún otro, ni por concepto de indemnización de daños y perjuicios...."
Por su parte, la Recurrida al analizar la referida prueba manifiesta: "...quedó demostrado que la persona que firma dicho documento de fecha 10 de septiembre de 1.996, (sic) es el ciudadano Fernando Tamayo Dewitz, sin embargo se observa que el documento promovido por la demandada marcado "B" se refiere a la relación de un contrato de préstamo suscrito entre las sociedades mercantiles Inversiones TEKA 2850, C.A. y Ferlui C.A., de fecha 03 de Julio de 1.996 (sic), por la cantidad de doscientos cincuenta mil dólares americanos, y que dicho documento no guarda ninguna relación con los hechos controvertidos en el presente juicio, ya que éste como ya se citó se refiere al cobro de la cantidad de catorce millones cuatrocientos veintiséis mil setecientos treinta y tres bolívares con cincuenta y ocho céntimos, (sic) Así mismo, se desprende del citado documento que la resolución del contrato de préstamo es causada por cuanto el contrato no se perfeccionó, no fue posible y por ello su objeto fundamental es inexistente. De manera que, tal declaración evidentemente se refiere a un préstamo distinto al discutido en la presente causa, ya como se indicó antes, quedó plenamente demostrado que la actora canceló los montos demandados en su nombre y en nombre de la demandada, por lo cual se desecha el documento por ella promovida, y así se declara." Lo indicado constituye todo lo aludido, al finiquito referido en esta denuncia, por parte de la Recurrida, de lo que se desprende que por ningún lado hace alusión, para acogerla o desestimarla, a la manifestación contenida en el mismo, y hecha valer expresamente por mi representada, donde la actora indica que "no tiene nada que reclamar a la sociedad mercantil Inversiones TEKA, C.A., por este concepto ni por ningún otro". Sobre el particular la doctrina patria más autorizada ha manifestado: "Es indiferente que el juez omita analizar toda la prueba, esto es, que la silencie absolutamente, o que la analice en parte, dejando afuera algún aspecto de la misma, porque la Ley no hace ninguna distinción al respecto, y debe entenderse que no se atiene el juez a lo probado en autos, ni analiza la prueba, cuando deja de considerar parte de ella." (Rengel Romberg, Arístides. Caracas 2000, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo V, pág. 212)..." (subrayado y negrillas del formalizante).
A los fines de determinar la veracidad de lo denunciado, pasa la Sala a analizar la parte pertinente de la recurrida, la que expresó:
"...Del informe grafotécnico presentado por el Experto designado al efecto con ocasión de la prueba de cotejo promovida por la demandada sobre el documento privado promovido por ésta y que fue desconocido por la actora, observa el sentenciador que con el mismo quedó demostrado que la persona que firma dicho documento de fecha 10 de septiembre de 1996, es el ciudadano FERNANDO TAMAYO DEGWITZ, sin embargo se observa que el documento promovido por la demandada, marcado "B" se refiere a la resolución de un contrato de préstamo suscrito entre las sociedades mercantiles INVERSIONES TEKA 2850, C.A. y FERLUI C.A., de fecha 03 de Julio de 1996, por la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS, y que dicho documento no guarda ninguna relación (sic) con los hechos controvertidos en el presente juicio, ya que éste como ya se citó se refiere al cobro de la cantidad de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES BOLIVARES (sic) CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (sic). Así mismo, se desprende del citado documento que la resolución del contrato de préstamo es causada por cuanto el contrato no se perfeccionó, no fue posible y por ello su objeto fundamental es inexistente. De manera que, tal declaración evidentemente se refiere a un préstamo distinto al discutido en la presente causa, ya que como se indicó antes, quedó plenamente demostrado que la actora canceló los montos demandados en su nombre y en nombre de la demandada, por lo cual se desechó el documento por ella promovida, y así se declara...".
La Sala para decidir, observa:
De acuerdo a las transcripciones precedentes de la formalización y del fallo recurrido, considera la Sala que se ha cumplido cabalmente con el análisis de la prueba que dice el formalizante fue silenciada por la recurrida.
Si el formalizante no está de acuerdo con la conclusión a la que arribó la recurrida, ello no puede ser atacado mediante una denuncia de forma. Al establecer la recurrida que la obligación contenida en el documento analizado se refiere a una obligación distinta a la pretendida, cumplió a cabalidad con su deber de análisis de la prueba que le impone el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, resultando inoficioso que entrara a analizar la frase "no tiene nada que reclamar a la sociedad mercantil Inversiones Teka, C. A. por este concepto, ni por ningún otro concepto".
En consecuencia no infringió la recurrida el ordinal 4° del artículo 243 ejusdem, por lo que se desecha esta denuncia. Y así se decide.
- II -
De conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 5º del artículo 243 y 12 del Código de Procedimiento Civil, por considerar el recurrente que la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia negativa.
Sostiene el formalizante que la recurrida no fue dictada de acuerdo a las pretensiones deducidas y a las excepciones y defensas opuestas y, por tanto, conforme a lo alegado y probado en autos, en virtud de que omitió pronunciamiento en relación al escrito de informes, en el que alegó que la actora no presentó el texto de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de mayo de 1996 celebrada por Inversiones La Vista 2-A, C.A. y en relación a la solicitud verbal que le hiciera su mandante a la representación legal de su contraparte.
A tal efecto el formalizante para sustentar su denuncia señala lo siguiente:
"...Veamos, al momento de presentar los Informes ante el Juez de la Recurrida, mi representada alegó en los puntos números uno (1) y dos (2) de los mismos, que la actora, en el curso del juicio, nunca presentó el texto de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 10 de mayo de 1.996 (sic), celebrada por Inversiones La Vista 2-A, C.A., en donde según lo sostenido en la demanda, se acordó hacer los aportes que ella realizó por cuenta de mi mandante, al igual de que (sic) tampoco existen en los autos, evidencia alguna acerca de la solicitud verbal que, a tales fines, le hiciera mi representada por medio de su representante legal al de ella, siendo de destacar que estos elementos constituyen la génesis de la pretensión contenida en el libelo. Pues bien, la Recurrida en ninguna parte de su texto hace alusión a estos argumentos para apreciarlos o desestimarlos. Sobre el particular, esta Sala ha venido reiterando en forma pacífica: "...cuando en aquellos escritos se formulen peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa y otras similares, en estos casos si debe el sentenciador pronunciarse expresamente sobre los mismos so pena de incurrir en violación de los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, por no atenerse a lo alegado y probado en autos y por menoscabo al derecho a la defensa, y 243 ordinal 5º de ese mismo Código, porque contraría el principio de la exhaustividad de la sentencia" (Pierre Tapia, Oscar, tomo 6, año 1998, pág. 333). En el caso que nos ocupa, ciudadanos Magistrados, es evidente que el pronunciamiento sobre los alegatos señalados, acogiéndolos o desestimándolos, es determinante respecto al proceso ventilado, ya que los mismos van referidos a la piedra angular en que la actora funda sus pretensiones. En tal razón, la Recurrida al omitir todo pronunciamiento al respecto, menoscaba el derecho a la defensa de mi representada y, por incongruencia negativa, atenta contra el principio de exhaustividad, violando, de consiguiente, el contenido de las disposiciones adjetivas señaladas al principio, todo lo cual pido que sea declarado".
La recurrida en su parte pertinente expresó lo siguiente:
"La representación judicial de la parte actora acompañó al libelo de la demanda siete recibos emitidos por la empresa INVERSIONES LA VISTA 2-A, C.A., por concepto de préstamos que realizaron FERLUI, C.A., (sic) alguno los cuales (sic) serían utilizados para la cancelación de distintos rubros y otros que serían depositados en la cuenta de la mencionada empresa INVERSIONES LA VISTA 2-A, C.A., así mismo adujo la representación judicial que los recibos consignados por los montos dados en préstamo corresponden al treinta por ciento, de un monto global determinado en cada recibo y que tal porcentaje corresponde a la cuotaparte aplicable a los accionistas INVERSIONES TEKA, C.A., equivalente a un veinte por ciento y FERLUI, C.A., equivalente a un diez por ciento. Con respecto al informe rendido por la sociedad mercantil INVERSIONES LA VISTA 2-A, C.A., se evidencia que dicha empresa recibió las cantidades que se indican en cada uno de los recibos y que fueron firmados por la misma persona que suscribió el informe, es decir, el ciudadano TOMAS (sic) NIEMBRO CONCHA, quien conjuntamente con el referido informe, consignó copias fotostáticas del acta de asamblea de accionistas, la cual se tiene como fidedigna conforme a lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil (sic) por no haber sido impugnada por ninguna de las partes y así se declara. De las copias fotostáticas se evidencia el carácter de Director Principal que ocupa el ciudadano TOMAS (sic) NIEMBRO CONCHA, en la sociedad mercantil INVERSIONES LA VISTA C.A., por lo tanto considera este tribunal ratificados los recibos consignados por la parte actora con el libelo de la demanda, y así se decide...".
La Sala para decidir, observa:
De la precedente transcripción parcial de la recurrida, se puede advertir que la misma si se pronunció sobre la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada por Inversiones La Vista 2-A, C.A., pues aún cuando en dicho extracto el sentenciador de alzada no señaló la fecha de la Asamblea de Accionistas en referencia, esta Sala a esos solos fines, y por tratarse de una denuncia por forma en las cuales la Sala dispone la facultad de examinar las actuaciones cursantes al expediente, descendió a las actas del proceso y pudo corroborar que la mención realizada por la recurrida en tal sentido, se encontraba referida a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 10 de mayo de 1996, cuya copia fotostática corre inserta entre los folios 70 y 76, ambos inclusive, de la segunda pieza del expediente, de allí su conclusión de que dicha acta consignada en copia fotostática, se tiene como fidedigna conforme a lo dispuesto por el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil al no haber sido impugnada por ninguna de las partes.
En todo caso, si el formalizante estaba en desacuerdo con la motivación de la recurrida respecto a este punto en particular, ha debido encuadrar su denuncia dentro del marco de una denuncia por infracción de ley.
En consecuencia, esta Sala considera improcedente la presente denuncia por supuesta infracción del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.
- III -
De conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delata la infracción del ordinal 5º del artículo 243 y 12 del Código de Procedimiento Civil, por considerar el recurrente que la sentencia denunciada incurrió en el vicio de incongruencia negativa.
Sostiene el formalizante que la recurrida no fue dictada de acuerdo a las pretensiones deducidas y a las excepciones y defensas opuestas y, por tanto, conforme a lo alegado y probado en autos, en virtud de que omitió pronunciamiento en relación al escrito de informes, en el que alegó que la actora a los fines de demostrar que había efectuado los pagos por cuenta de su representada, anexó siete recibos de los cuales dos eran fotocopias y como tales, al no devenir éstos de documentos públicos o privados tenidos legalmente por reconocidos, no podría dársele valor probatorio alguno. Aduce que tal omisión de pronunciamiento hace incursa a la recurrida en el vicio denunciado.
Expresa el formalizante para sustentar su denuncia lo siguiente:
"...Al momento de presentar los Informes ante el Juez de la Recurrida, mi representada alegó en el punto número tres (3) de los mismos, que la actora, a los fines de demostrar que había efectuado los pagos descritos en el libelo por cuenta de mi representada, anexó a éste siete (7) recibos, de los cuales dos (2) de ellos, concretamente los marcados "B" y "C", eran "unas fotocopias cuyos originales son documentos privados, por lo que no siendo dichos originales "documentos públicos" ni "privados tenidos legalmente por reconocidos", mal podría dárseles algún valor probatorio". Pues, bien, la recurrida en ninguna parte de su texto hace alusión a este argumento para apreciarlo o desestimarlo. Al respecto el profesor Leopoldo Márquez Añez nos dice: "... hay omisión de pronunciamiento cuando la sentencia prescinde totalmente de otorgar o negar la tutela jurídica solicitada sobre alguna de las alegaciones o peticiones de las partes, a menos que por alguna causa legal el juez esté eximido de ese deber... fuera de estos casos de excepción, el principio de exhaustividad de la sentencia impone al juez el deber de pronunciarse sobre todas las alegaciones y peticiones de las partes, aunque sea para rechazarlos por extemporáneos, o infundados o inadmisibles". (Márquez Añez, Leopoldo; Motivos y Efectos del Recurso la Casación de Forma en la Casación Civil, Caracas 1.980 (sic), pág. 62) (...)"
"En el caso que nos ocupa, ciudadanos Magistrados, es evidente que el pronunciamiento sobre el alegato señalado, acogiéndolo o desestimándolo, es determinante respecto al resultado de este pleito, ya que el mismo va referido a mas de la tercera parte de las sumas que la actora dice haber pagado por cuenta de mi mandante. En tal razón, la Recurrida al omitir todo pronunciamiento al respecto, menoscaba el derecho a la defensa de mi representada y, por incongruencia negativa, agrede al principio de exhaustividad, violando, por consiguiente el contenido de las disposiciones adjetivas señaladas al principio, todo lo cual pido que sea declarado..." (subrayado y negrillas del formalizante).
.
En la parte pertinente la recurrida expresó lo siguiente:.
"...La representación judicial de la parte actora acompañó al libelo de la demanda siete recibos emitidos por la empresa INVERSIONES LA VISTA 2-A, C.A., por concepto de préstamos que realizaron (sic) FERLUI, C.A., alguno los cuales (sic) serían utilizados para la cancelación de distintos rubros y otros que serían depositados en la cuenta de la mencionada empresa INVERSIONES LA VISTA 2-A, C.A., así mismo adujo la representación judicial que los recibos consignados por los montos dados en préstamo corresponden al treinta por ciento, de un monto global determinado en cada recibo y que tal porcentaje corresponde a la cuotaparte aplicable a los accionistas INVERSIONES TEKA, C.A., equivalente a un veinte por ciento y FERLUI, C.A., equivalente a un diez por ciento. Con respecto al informe rendido por la sociedad mercantil INVERSIONES LA VISTA 2-A, C.A., se evidencia que dicha empresa recibió las cantidades que se indican en cada uno de los recibos y que fueron firmados por la misma persona que suscribió el informe, es decir, el ciudadano TOMAS (sic) NIEMBRO CONCHA, quien conjuntamente con el referido informe, consignó copias fotostáticas del acta de asamblea de accionistas, la cual se tiene como fidedigna conforme a lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil (sic) por no haber sido impugnada por ninguna de las partes y así se declara. De las copias fotostáticas se evidencia el carácter de Director Principal que ocupa el ciudadano TOMAS (sic) NIEMBRO CONCHA, en la sociedad mercantil INVERSIONES LA VISTA 2-A, C.A., por lo tanto considera este tribunal ratificados los recibos consignados por la parte actora con el libelo de la demanda, y así se decide..."
A juicio de esta Sala, la justificación de las denuncias planteadas no corresponde al vicio denunciado de incongruencia, que encuentra su existencia en la violación por parte del Juez de la recurrida del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.
El requisito que la sentencia debe contener decisión con arreglo a las acciones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas, significa que el Juez está obligado a decidir sobre las cuestiones propuestas o planteadas por las partes, porque el límite de toda controversia judicial está circunscrito por los hechos alegados como fundamento de la pretensión y los hechos aducidos como fundamento de las excepciones o defensas opuestas.
Ahora bien, reiteradamente esta Sala ha establecido que los jueces infringen la disposición bajo análisis (numeral 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil), cuando no ajustan su decisión al problema que se suscita con la demanda y su contestación o cuando ignoran alegatos de las partes que necesariamente se vinculan con la regularidad del procedimiento, sin que ello implique la necesidad de resolver todos y cada uno de los argumentos y aseveraciones de los litigantes, aunque sean de derecho, pues la administración de justicia correría el riesgo de paralizarse si a los jueces se les exigiera entrar en todas las minuciosidades que las partes inoficiosamente les planteen.
La denuncia bajo análisis no está apoyada en los casos de incongruencia, sino, su fundamentación se concreta en la forma de apreciación de determinada prueba instrumental por parte del Juez de la recurrida, quien, en opinión del recurrente, no le dio el debido valor probatorio.
En consecuencia, esta Sala considera improcedente la presente denuncia por supuesta infracción del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.
-IV-
De conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 5º del artículo 243 y 12 del Código de Procedimiento Civil, por considerar el recurrente que el fallo de alzada incurrió en el vicio de incongruencia negativa y falta de exhaustividad.
Sostiene el formalizante que la recurrida no fue dictada de acuerdo a las pretensiones deducidas y a las excepciones y defensas opuestas y, por tanto, conforme a lo alegado y probado en autos, en virtud de que omitió pronunciamiento en relación al escrito de informes, en el que alegó que el Banco Provincial S.A. C.A. en el informe que presentó ante la primera instancia, manifestó que los cheques con los que la actora dice haber pagado, por cuenta de su representada, se emitieron y cobraron contra la cuenta del ciudadano Fernando Tamayo Dewitz, tercero ajeno al juicio. Aduce que tal omisión de pronunciamiento la hace incursa en el vicio denunciado.
A tal efecto señala el formalizante lo siguiente:
"...En efecto, la Recurrida (sic) no ha sido dictada "con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones y defensa opuestas", y por tanto, "conforme a lo alegado y probado en autos", menoscabándose, de consiguiente, el derecho a la defensa de mi representada.
Veamos, al momento de presentar los Informes ante el Juez de la Recurrida, mi representada alegó en el punto número cinco (5) de los mismos, que el Banco Provincial S.A.C.A., en el informe que presenta con motivo de la solicitud que se le hace a través del Juzgado de Primera Instancia, manifiesta que los cheques con los que la actora dice haber pagado, por cuenta de mi representada, la cuota que le correspondía en los siete recibos anexos a la demanda, se emitieron y cobraron contra la cuenta del ciudadano Fernando Tamayo Dewitz, tercero ajeno al juicio, y que quienes los hicieron efectivo, también fueron unos terceros ajenos a la controversia y que, no obstante ello, la sentencia apelada establecía que de dicho informe se desprendía que los cheques en cuestión fueron emitidos por la actora, cuando lo cierto es que lo allí indicado era otra cosa. Pues bien, la Recurrida en ninguna parte de su texto hace alusión a este argumento para apreciarlo o desestimarlo, siendo el caso de que el pronunciamiento sobre el alegato señalado, acogiéndolo o desestimándolo, es determinante respecto al proceso ventilado, ya que el mismo va referido al total de la suma que la actora dice haber pagado por cuenta de mi mandante. En tal razón, la Recurrida (sic) al omitir todo pronunciamiento al respecto, menoscaba el derecho a la defensa de mi representada y, por incongruencia negativa, atenta contra el principio de exhaustividad, violando, por consiguiente el contenido de las disposiciones adjetivas señaladas al principio, todo lo cual pido que sea declarado.
La recurrida, sobre este particular, en la parte pertinente expresó lo siguiente:
...La representación judicial de la parte actora acompañó al libelo de la demanda siete recibos emitidos por la empresa INVERSIONES LA VISTA 2-A, C.A., por concepto de préstamo que realizaron FERLUI, C.A., alguno (sic) de los cuales serían depositados en la cuenta de la mencionada empresa INVERSIONES LA VISTA 2-A, C.A., así mismo adujo la representación judicial que los recibos consignados por los montos dados en préstamo corresponden al treinta por ciento, de un monto global determinado en cada recibo y que tal porcentaje corresponde a la cuotaparte aplicable a los accionistas de INVERSIONES TEKA, C.A., equivalente a un veinte por ciento y FERLUI, C.A., equivalente a un diez por ciento. Con respecto al informe rendido por la sociedad mercantil INVERSIONES LA VISTA 2-A, C.A., se evidencia que dicha empresa recibió las cantidades que se indican en cada uno de los recibos y que fueron firmados por la misma persona que suscribió el informe, es decir, el ciudadano TOMAS (sic) NIEMBRO CONCHA, quien conjuntamente con el referido informe, consignó copias fotostáticas del acta de asamblea de accionistas, la cual se tiene como fidedigna conforme a lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil (sic) por no haber sido impugnada por ninguna de las partes y así se declara. De las copias fotostáticas se evidencia el carácter de Director principal que ocupa el ciudadano TOMAS (sic) NIEMBRO CONCHA, en la sociedad mercantil INVERSIONES LA VISTA 2-A, C.A., por lo tanto considera este tribunal ratificados los recibos consignados por la parte actora con el libelo de demanda, y así se decide....
Asimismo la recurrida, expresó:
...Del argumento esgrimido por la representación judicial de la parte demandada en relación a que los hechos alegados y probados en autos no comprometen la responsabilidad de su representada y que las obligaciones, en todo caso, contraídas por un tercero INVERSIONES LA VISTA 2-A, C.A., a favor de la actora y respecto a las cuales su mandante no ha manifestado su voluntad de subrogarse en su cumplimiento, el tribunal observa que el ordinal 1° del artículo 266 del Código de Comercio, establece: "Los administradores son solidariamente responsables para con los accionistas y para con los terceros: 1° De la verdad de las entrega (sic) hechas en caja por los accionistas. Del mismo modo el artículo 270 establece "La gestión diaria de los negocios de la sociedad así como la representación de ésta en lo que concierne a esta gestión, puede ser confiada a directores gerentes y otros agentes, asociados o no, cuyo nombramiento, revocación y atribuciones reglarán los estatutos".
Ahora bien, en el caso de autos se observa que el ciudadano ENRIQUE PIEDRAHITA, aparece como Director Principal de la empresa INVERSIONES LA VISTA 2-A, C.A., y como Directo (sic) de la demandada INVERSIONES TEKA 2850, C.A., razón por la cual y en aplicación de las normas antes citads (sic), mal se puede alegar que la demandada jamás ha manifestado su voluntad de subrogarse en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la actora tomando en consideración que los recibos de pago emitidos por INVERSIONES LA VISTA 2-A, C.A., claramente indican las proporciones en las cuales la actora FERLUI, C.A., realizaba los pagos, así se decide...."
La Sala para resolver, observa:
De las precedentes transcripciones parciales del escrito de formalización y de la sentencia recurrida, se puede establecer que la decisión denunciada es expresa, ya que sobre lo denunciado como infringido, no contiene ni implícitos ni sobreentendidos; es positiva porque es cierta, efectiva, sin dejar cuestiones pendientes y es precisa porque lo decidido no da lugar a dudas ni incertidumbre, insuficiencias, ni oscuridades. Por lo tanto, la recurrida es indubitable y guarda relación o consonancia con los términos en que fue planteada la pretensión del actor y con los términos en que fue propuesta la defensa del demandado.
Así, respecto al informe presentado por el Banco Provincial S.A.C.A., presuntamente silenciado por la recurrida, se aprecia que en la misma el sentenciador de alzada textualmente señaló:
...Del informe rendido por el Banco Provincial Saca (sic), se desprende que los cheques emitidos por la actora y entregados a la sociedad mercantil INVERSIONES 2-A C.A., fueron efectivamente cobrados por cada uno de los beneficiarios de dichos cheques, quedando demostrado que la actora efectivamente realizó los pagos indicados en los recibos y que los mismos fueron cobrados por sus respectivos beneficiarios y así se decide.... (Folio 168 del expediente).
Por lo tanto, no es tal, el vicio de incongruencia alegado por el formalizante, pues si hubo pronunciamiento de la alzada respecto al referido informe presentado por la prenombrada institución financiera, y si bien es cierto que la recurrida al referirse a dicho informe incurrió en el error material de transcribir en forma incompleta la razón social de la sociedad mercantil INVERSIONES LA VISTA 2-A C.A., referida en la sentencia in comento como sociedad mercantil INVERSIONES 2-A C.A., esta Sala a esos solos fines descendió a las actas del proceso, y pudo corroborar que en los Informes presentados por el Banco Provincial S.A.C.A., dicha sociedad mercantil si fue correctamente identificada.
Por último, considera la Sala importante recordar al recurrente que los escritos de informe presentados por las partes, en modo alguno. constituyen acciones o excepciones en el sentido que estos conceptos tienen. Los problemas o cuestiones planteadas con la demanda y la contestación son los que están obligados los jueces a resolver, dictando decisión expresa, positiva y precisa acatando así la citada disposición contenida en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, a menos que en dichos escritos de informes se plantee, por ejemplo, una defensa de reposición u otra de índole similar determinante, como la confesión ficta, prescripción o perención, respecto de las cuales resulta evidente que el sentenciador debe pronunciarse.
En tal sentido, ha sido reiterado el criterio de esta Sala en relación, al contenido de los alegatos de las partes en sus informes, entre otras, en sentencia de fecha 14 de abril de 1999 caso de María Elena Quintero contra Banco Comercial de Maracaibo C .A., donde se expresó lo siguiente :
"...En relación a los informes, ha sido el criterio imperante en la doctrina de la Sala, que los alegatos especiales y determinantes, esgrimidos en los informes, deben ser analizados por el sentenciador, a los fines de cumplir con el principio de la exhaustividad de la sentencia que constriñe al Juez a pronunciarse sobre todo lo alegado y solamente sobre lo alegado, so pena de incurrir en la infracción de los artículos 12, 15 y 243 del Código de Procedimiento Civil(...).
Esta doctrina de la Sala, se basa en la circunstancia de que si el legislador ordena oír los informes verbales y agregar las conclusiones escritas, así como leer los informes escritos y agregarlos a los autos, es con la finalidad de que sean tenidos en cuenta por los juzgadores, en acatamiento al precepto que los obliga a atenerse a lo alegado en los autos(...).
Aun cuando la Sala ha sostenido, posteriormente, que el sentenciador no está obligado a revisar las cuestiones planteadas en los informes que presenten las partes para desecharlas o apoyarse en ellas, salvo que en los mismos se hayan formulado peticiones relacionadas con la confesión ficta, reposición de la causa u otras similares, no ha querido con ello la Sala descalificar tal acto procesal, sino simplemente dejar sentado que cuando en tales escritos sólo se sinteticen los hechos acaecidos en el proceso y se apoye la posición de la parte informante en doctrina y jurisprudencia que, a su juicio, se aplicable al caso controvertido, dichos alegatos no son vinculantes para el Juez(...).
En cambio, cuando en estos escritos se formulen peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa u otras similares, en estos casos sí debe el sentenciador pronunciarse expresamente sobre los mismos en la decisión que dicte, so pena de incurrir en la violación de los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil, por no atenerse a lo alegado y probado en autos, 15 eiusdem, porque la referida abstención de examinar los informes configuran un menoscabo del derecho de defensa; 243 y 244 ibidem, contentivos del principio de la exhaustividad de la sentencia que obliga a los jueces a examinar y resolver todos y cada uno de los alegatos que las partes hayan sometido a su consideración, riesgo de incurrir en omisión de pronunciamiento que se considera como incongruencia del fallo...".
En el caso de autos, lo esgrimido como fundamento de la denuncia, es un parecer del recurrente expresado en la oportunidad de rendir informes ante el Tribunal superior, por lo tanto, no era obligante para el sentenciador de alzada pronunciarse de manera expresa sobre lo alegado en dicha oportunidad procesal, mas aún, cuando independientemente de los alegatos contenidos en los informes, la recurrida si consideró y analizó el escrito presentado por el Banco Provincial S.A.C.A., empero de una forma diferente a la que la demandada formalizante adujo para sustentar su denuncia.
En consecuencia, la Sala considera improcedente la presente denuncia por supuesta infracción del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
- I -
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 429 del mismo eiusdem, por falta de aplicación.
El formalizante sustenta su denuncia en lo siguiente:
...Expresa la actora en el libelo: "Los montos cancelados a Inversiones La Vista 2-A, C.A., en nombre de Inversiones Teka 2850, C.A., por Ferlui, C.A., son los que se describen a continuación", para luego describir los montos y fechas de siete (7) entregas, que pretende evidenciar con la producción de siete (7) recibos marcados con la letra B a la G de los cuales los dos primeros, es decir los marcados "B" y "C", tal como se afirma en el libelo, son fotocopias, pretendiéndose demostrar, con estos dos recibos, que la actora entregó, por cuenta de mi representada, las sumas de un millón setecientos noventa y ocho mil ochenta y seis bolívares con sesenta y tres céntimos (Bs. 1.798.086,63) y de cuatro millones de bolívares (Bs. 4,000.000,oo) respectivamente.
La Recurrida, por su parte, manifiesta: "La representación judicial de la parte actora acompañó al libelo de demanda siete recibos emitidos por la empresa Inversiones La Vista 2-A, C.A., por concepto de préstamos que realizaron Ferlui C.A., alguno de los cuales serían utilizados para la cancelación de distintos rubros y otros serían depositados en la cuenta de la mencionada empresa Inversiones La Vista 2-A, C.A., así mismo adujo la representación judicial que los recibos consignados por los montos dados en préstamo corresponden al treinta por ciento, de un monto global determinado en cada recibo y que tal porcentaje corresponde a la cuotaparte aplicaba a los accionistas Inversiones Teka, C.A. un veinte por ciento y Ferlui equivalente a un diez por ciento. Con respecto al informe rendido por Inversiones La Vista 2-A, C.A., se evidencia gue dicha empresa recibe las cantidades que se indican en cada uno de los recibos y que fueron firmados por la misma persona que suscribió el informe........... Por lo tanto considera este tribunal ratificados los recibos consignados por la parte actora con el libelo de la demanda, y así se decide". Para más adelante establecer: "Considera quien sentencia que la parte actora probó suficientemente la existencia de la obligación. En consecuencia, y como corolario de lo expuesto debe considerarse que en efecto, la actora Ferlui C.A. pagó las cantidades de dinero expresadas en el libelo de la demanda en nombre de la demandada Inversiones TKA (sic) 2850. C.A., a la empresa Inversiones La Vista 2-A, C.A., por lo que es forzoso concluir que la acción es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 254 del Código Adjetivo, y así se declara.
Por su parte, el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil dispone: Los instrumentos públicos o privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en juicio originales o en copias certificadas expedidas por funcionarios competentes con arreglo a las leyes.
Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánica claramente inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso de promoción de pruebas. Las copias de esta especie producidas en cualquier otra oportunidad, no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte.
Como se observa, la norma transcrita establece la pertinencia probatoria de las copias fotostáticas, limitándola a aquellos casos en que las mismas sean reproducciones de documentos públicos, o de documentos privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos. En el caso que nos ocupa se trata de la fotocopia de dos documentos privados, que en ningún caso han siso reconocidos ni se les tiene legalmente por tales, por lo que la Recurrida al apreciarlos y establecer, entre otros, que en base a ellos mi representada adeuda a la actora la suma reclamada en el libelo, violó el precepto contenido en el citado artículo 429 del Código de Procedimiento Civil que, por argumento en contrario a su dispositivo, es claro y terminante en el establecimiento de que las fotocopias de aquellos documentos que no sean públicos, o privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, no tienen ningún valor probatorio. ....en relación a las copias fotostáticas producidas al escrito de promoción de pruebas, observa esta Sala que conforme a la legislación venezolana, los documentos privados deben presentarse en originales, no en copias fotostáticas. Debe recordarse que solo pueden ser traídos a juicio documentos en copias fotostáticas cuando se trate de instrumentos públicos, privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos conforme a la permisión establecida en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil". (Copiador de Sentencias de la Sala Político-Administrativa, sentencia No. 1. 503 del 11 de noviembre de 1.999 (sic)).
De lo expuesto, se desprende que la Recurrida, de haber aplicado al asunto bajo su examen el contenido del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, había tenido que desestimar el valor probatorio de los recibos anexados en fotocopia a la demanda, marcados B y "C", en base a los cuales se adujo y se dio por probado que la actora pagó, por cuenta de mi mandante, las sumas de Bs. 1.798.086,63 y de Bs.4.000.000,oo, respectivamente y, al desestimar dichos recibos, no se había podido condenar a mi representada, como en efecto se hizo en su dispositivo, al pago de la cantidad de Bs. 14.426.733,50, del cual forma parte el monto de los mismos...". (subrayado y negrillas del formalizante).
La Sala para decidir, observa:
En sentencia Nº 284 de fecha 10 de agosto del 2000, expediente Nº 99-931, la Sala al pronunciarse respecto a los formalismos que deben ser observados en los escritos de formalización de un recurso de casación, expresó textualmente lo siguiente:
...Si bien la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela atempera los formalismos procesales, de manera tal que no sacrifiquen la obtención de la justicia. Cuando se dice que la Constitución atempera la rigidez de los formalismos procesales, debe concluirse argumentando que aún así, existen requisitos que deben seguir siendo observados....
En el caso bajo análisis, el formalizante conforme a la naturaleza de los alegatos que fundamentan su denuncia, pretende que esta Sala descienda al conocimiento de los hechos y a la valoración de las pruebas sin haberse cumplido las exigencias del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que autoriza a este Alto Tribunal a pronunciarse sobre el establecimiento y apreciación de los hechos, cuando se hubiese denunciado la infracción de norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas.
El recurrente, aunque menciona el artículo 429 ejusdem relacionada con la valoración de pruebas, no encaja su denuncia en alguno de los casos indicados por el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Por lo tanto, la Sala desecha la presente denuncia por supuesta falta de aplicación del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.
- II -
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 429 del mismo Código por falsa aplicación.
Señala el formalizante lo siguiente:
"...La Recurrida (sic) manifiesta: "Con respecto al informe rendido por Inversiones La Vista 2-A, C.A., se evidencia que dicha empresa recibió las cantidades que se indican en cada uno de los recibos y que fueron firmados por la misma persona que suscribió el informe, es decir Tomas (sic) Niembro Concha, quien conjuntamente con el referido informe consignó copias fotostáticas del acta de asamblea de accionistas, la cual se tiene como fidedigna conforme a lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por no haber sido impugnada por ninguna de las partes y así se declara. De las copia fotostáticas se evidencia el carácter de Director Principal que ocupa el ciudadano Tomas (sic) Niembro Concha, en la sociedad mercantil Inversiones La Vista 2-A, C.A., por lo tanto considera este tribunal ratificados los recibos consignados por la parte actora con el libelo de la demanda, y así se decide.
De otro lado, dispone el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil: "Los instrumentos públicos o privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en juicio originales o en copia certificada expedidas por funcionarios competentes con arreglo a las leyes.
La copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, ya e (sic) la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso de promoción de pruebas. Las copias de esta especie producidas en cualquier otra oportunidad, no tendrá ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte.".
Como se observa, la Recurrida (sic) da por fidedigno el informe presentado por la empresa mercantil Inversiones La Vista 2-A, C.A., respecto a los siete recibos privados acompañados a la demanda, por la circunstancia de que junto con el mismo se produjo, durante la evacuación de las pruebas, una copia fotostática simple de la asamblea de esa empresa en donde se designa a quien suscribe dicho informe como su Director Principal, para luego, fundándose en las bondades del mismo, determinar que los recibos han sido ratificados, y en base a ellos condenar a mi representada al pago de las sumas indicadas en el libelo. Pues bien, la referida acta de la asamblea de Inversiones La Vista 2-A, C.A., no fue producida dentro del lapso de promoción de pruebas corno lo ordena la precitada norma, por lo que, la Recurrida (sic), al apreciarla en la forma como se transcribe arriba, aplica incorrectamente el contenido de la norma que se denuncia como violada, que sólo permite darle valor probatorio a los fotostatos en cuestión, cuando se producen dentro del lapso de promoción, mas no en el de evacuación, como ha sucedido en el asunto bajo análisis.
De lo expuesto se desprende que la Recurrida, (sic) de haber aplicado correctamente a la controversia bajo su examen, el contenido del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, habría tenido que desestimar el informe atribuido a Inversiones La Vista 2-A, C.A., y en tal razón no hubiera podido, como en efecto lo hizo, dar por ratificados los recibos anexados a la demanda y en los cuales se funda para dar por probado que la Actora pagó, por cuenta de mi mandante, la cantidad de Bs. 14.426.733,50, y condenarla al pago de dicha suma. En consecuencia, habiendo violado la Recurrida (sic), por falsa de aplicación el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil (sic) y siendo dicha violación determinante en el dispositivo de la misma, solicito que ella sea anulada, ordenándose la aplicación correcta de la mencionada norma, a los fines de la decisión que recaiga sobre el mérito del asunto controvertido..."
La Sala para decidir, observa:
Como bien fue señalado por la Sala en la oportunidad de analizar la denuncia precedente, con la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional, se atemperaron significativamente los formalismos procesales, no obstante lo cual, conservan aún su vigencia aquellos requisitos fundamentales que deben continuar siendo observados, en pro de la preservación del orden procesal.
En tal sentido, es principio que rige nuestro sistema procesal, que el Juez es soberano para apreciar los hechos y las pruebas y, por ello, para que esta Sala pueda conocer y establecer si lo señalado por el formalizante está decidido conforme con las actas del expediente en lo tocante a los documentos consignados por el actor, y si cumple o no con los requisitos o formalidades exigidas por la ley, es necesario que el escrito de formalización se encuadre dentro de los supuestos del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
En el caso de autos, el formalizante no cumplió con lo establecido por la doctrina de esta Sala para formalizar las denuncias al amparo del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y esta razón es suficiente para desechar la presente denuncia. Y así se decide.
Sin embargo, no puede pasar por alto esta Sala señalar que en el caso bajo análisis, como bien se evidencia del contenido de la propia formalización y del texto de la recurrida, el sentenciador de alzada al momento de analizar los mencionados recibos, las copias referidas por el formalizante, y el informe traído a los autos, lo hizo en forma concatenada, adminiculando las pruebas, sacando deducciones y sentado posición con respecto a ello y no en forma aislada, cumpliendo, en consecuencia, con el debido procedimiento para el análisis probatorio.
Por lo anteriormente expuesto, esta Sala desecha la presente denuncia formalizada por la supuesta falsa aplicación del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.
- III -
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 431 y 433 del mismo Código, el primero por falta de aplicación y el segundo, por falsa aplicación.
El formalizante fundamenta su denuncia en lo siguiente:
"...La actora sostiene en el libelo: Los montos cancelados a Inversiones La Vista 2-A, C.A., en nombre de Inversiones Teka 2850, C.A., por Ferlui C.A., son los que se describen a continuación", para luego describir los montos y fechas de siete (7) entregas, que totalizan la suma de catorce millones cuatrocientos veintiséis mil setecientos treinta y tres bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 14.426.733,50), y que pretende evidenciar con la producción de siete (7) recibos marcados de la letra "B" a la "G', todos los cuales son documentos privados emanados de un tercero ajeno a este juicio. La Recurrida (sic), por su parte, manifiesta: "Con respecto al Informe rendido por Inversiones La Vista 2-A, C.A., se evidencia que dicha empresa recibió las cantidades que se indican en cada uno de los recibos....., por lo tanto considera este tribunal ratificados los recibos consignados por la parte actora con el libelo de la demanda, y así se decide.
Con relación a la testimonial promovida por la parte actora, la cual no fue evacuada, se observa que dicha prueba no era necesaria ya como se dijo el informe rendido por Inversiones La Vista 2-A, C.A., se encontraba suscrito por la misma persona que suscribió los recibos consignados por la actora quien además acompañó copia fotostática del acta de asamblea de la citada empresa, en la cual aparece el firmante del informe y de los recibos como Director Principal de la misma empresa, y así se decide." Para más adelante establecer: "Considera quien sentencia que la parte actora probó suficientemente la existencia de la obligación. En consecuencia, y como corolario de lo expuesto debe considerarse que en efecto, la actora Felui C.A., pagó las cantidades de dinero expresadas en el libelo de la demanda en nombre de la demandada Inversiones TKA (sic) 2850, C.A.. a la empresa Inversiones La Vista 2-A, C.A., por lo que es forzoso concluir que la acción intentada es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 254 del Código Adjetivo, y así se declara..
En el caso que nos ocupa no nos encontrarnos ante afirmaciones de hecho, contenidas en la demanda, que puedan estar recogidas en documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en manos de terceros ajenos al juicio, sino ante unos documentos privados, emanados de un tercero, en poder de la actora y producidos junto con la demanda, en los cuales se funda su pretensión. Así pues, para poder darle valor probatorio al texto de los siete recibos acompañados a la demanda, era menester que el tercero que los emitió, hubiese comparecido a rendir su testimonio sobre los particulares en ellos contenidos, y la contraparte, en este caso mi representada, haber tenido oportunidad de ejercer su derecho a repreguntarlo. Dicho en otra forma, los documentos emanados tercero (sic) y contentivos de los hechos en que se funda la pretensión de la actora, se hallaban en poder de ésta y los produjo en juicio, por lo que para determinar su valor probatorio, nada importa lo que pueda informar respecto de ellos el tercero de quien emanan, pues el requisito que impone la Ley para darles relevancia, esta constituido por la comparecencia del emitente del documento al juicio, a fin de que lo ratifique testimonialmente. Ello, repito, es lo que ordena el artículo 431, cuya violación se denuncia por falta de aplicación, ya que es la única forma de que disponía mi representada, para tener la posibilidad de repreguntar al emisor de los recibos de marras. Al respecto, el autor Arístides Rengel observa: "Como se ve, no se aplican aquí las reglas relativas al reconocimiento de instrumentos privados producidos por una parte enjuicio, que ya hemos estudiado (supra: n. 373), porque el documento no emana de la otra parte, sino de un tercero (testigo), razón por la cual el tratamiento procesal establecido en la ley es el de la prueba de testigos, dada la naturaleza de la declaración contenida en el documento; asegurándose así el contradictorio en esta etapa de la instrucción del proceso, mediante las repreguntas que puede formular la parte contraria al testigo, quedando así la valoración de la prueba sometida a la regla general de apreciación de la prueba de testigos que veremos seguidamente" (Rengel Romberg, Arístides, Tratado de Derecho Procesal Civil, Caracas 1997. Tomo IV, pág. 353)..."(subrayado y negrillas del formalizante).
"De lo expuesto, se desprende que la Recurrida, al no haber aplicado el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, por un lado, y por otro, al aplicar falsamente el artículo 433 eiusdem, al asunto bajo su examen, dio por ratificados incorrectamente los recibos anexados a la demanda, y en ello se funda para dar por probado que la Actora (sic) pagó, por cuenta de mi mandante, la cantidad de Bs.14.426.733,50, y la condena al pago de dicha suma. En consecuencia, habiendo violado la Recurrida (sic), por falta de aplicación el artículo 431, y por falsa aplicación el 433, ambos del Código de Procedimiento Civil, y siendo dichas violaciones determinantes en el dispositivo de la misma, solicito que ella sea anulada, ordenándose la aplicación del expresado artículo 431, a los fines de la decisión que recaiga sobre el mérito del asunto controvertido....
La Sala para decidir, observa:
En reiteradas decisiones esta Sala ha sostenido que la fundamentación del recurso de casación, es decir, de sus denuncias, es la carga procesal más exigente que se le impone al recurrente, porque la formalización del medio recursorio extraordinario debe ser un modelo de precisión y claridad por constituir una demanda de nulidad que se propone contra una sentencia que se considera infractora de la ley.
En tal sentido, considera la Sala que la denuncia examinada adolece de requisitos de técnica indispensables para su consideración, en especial en lo relativo a su fundamentación legal. Ello puede advertirse de los extractos de la denuncia transcritos anteriormente, donde se pretende que la Sala examine si el Juez de la recurrida ha establecido y apreciado los hechos y pruebas conforme a derecho, siendo insuficiente para ello perfilar la denuncia de la norma, que a juicio del recurrente configura la falta o falsa aplicación, sino, reiteradamente, la Sala ha exigido que debe invocase el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, a objeto de que, a la vista de la denuncia de infracción de normas jurídicas referentes al establecimiento de las pruebas, el Alto Tribunal esté en posición de examinar la correspondiente cuestión de hecho.
No obstante, y a mayor abundamiento sobre los particulares denunciados en este capítulo, considera la Sala oportuno transcribir de seguida, algunas de las conclusiones del Sentenciador de alzada contenidas en la parte motiva de su decisión, las cuales fueron reproducidas en forma parcial por el recurrente en su escrito de formalización.
En tal sentido, señala la recurrida en su séptimo folio, (F.168 del expediente) lo siguiente:
...Con respecto al informe rendido por la Sociedad mercantil INVERSIONES LA VISTA 2-A C.A., se evidencia que dicha empresa recibió las cantidades que se indican en cada uno de los recibos y que fueron firmados por la misma persona que suscribió el informe, es decir, el ciudadano TOMAS NIEMBRO CONCHA, quien conjuntamente con el referido informe, consignó copias fotostáticas del acta de asamblea de accionistas, la cual se tiene como fidedigna conforme a lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil (sic) por no haber sido impugnada por ninguna de las partes y así se declara.
De las copias fotostáticas se evidencia el carácter de Director Principal que ocupa el ciudadano TOMAS NIEMBRO CONCHA, en la sociedad mercantil INVERSIONES LA VISTA 2-A, C.A. por lo tanto considera este tribunal ratificados los recibos consignados por la parte actora con el libelo de la demanda, y así se declara.
Con relación a la ratificación de la testimonial promovida por la parte actora, la cual no fue evacuada, se observa que dicha prueba no era necesaria ya (sic) como se dijo el informe rendido por la empresa INVERSIONES LA VISTA 2-A C.A., se encontraba suscrito por la misma persona que suscribió los recibos consignados por la actora, quien además acompañó a dicho informe copia fotostática del acta de asamblea de la citada empresa, en la cual aparece el firmante del informe y de los recibos como Director Principal de la misma empresa, y así se declara...
Ya para concluir el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, establece Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación (sic).
Considera quien sentencia que la parte actora probó suficientemente la existencia de la obligación y la parte demandada no probó ni el pago ni ningún otro hecho extintivo de tal obligación. En consecuencia, y como corolario de lo expuesto debe considerarse que en efecto, la actora FERLUI C.A., pagó las cantidades de dinero expresadas en el libelo de la demanda en nombre de la demandada INVERSIONES TEKA 2850 C.A. (sic), a la empresa INVERSIONES LA VISTA 2-A.C.A., por lo que es forzoso concluir que la acción intentada es procedente conforme lo dispone el artículo 254 del Código Adjetivo, y así se declara....
Por todo lo antes expuesto esta Sala desecha la presente denuncia formalizada por supuesta falta de aplicación del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil y falsa aplicación del artículo 433 del mismo Código. Y así se decide.
-IV-
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 1.368 del Código Civil por falta de aplicación.
Así expone el formalizante en su denuncia lo siguiente:
"...En efecto, la actora adujo en la demanda que ella y mi representada son socias en el accionariado de la empresa mercantil de este domicilio Inversiones La Vista 2-A, C.A., y que en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de esta última, celebrada el 10 de mayo de 1.966, (sic) (el texto de esta asamblea no existe en autos) los socios acordaron hacerle unos préstamos en efectivo, para que dicha empresa concluyera la obra que estaba ejecutando en este momento. Igualmente que los préstamos que por tal motivo debió hacer mi representada, los realizó ella en virtud de un solicitud verbal que le hizo el representante legal de mi mandante al representante legal de ella. A los fines de evidenciar dicha afirmación, en la oportunidad probatoria, hizo valer el mérito probatorio de siete (7) recibos (todos documentos privados), emitidos a su favor por Inversiones La Vista 2-A, C.A., tercero ajeno a esta causa.
Sobre el particular la Recurrida (sic) estableció: "La representación judicial de la parte actora acompañó al líbelo de demanda siete recibos emitidos por la empresa Inversiones La Vista 2-A, C.A., por concepto de préstamos que realizaron Ferlui C.A., (sic) alguno de los cuales (sic) serían utilizados para la cancelación de distintos rubros y otros serían depositados en la cuenta de la mencionada empresa Inversiones La Vista 2-A, C.A., así mismo adujo la representación judicial que los recibos consignados por los montos dados en préstamo, corresponden al treinta por ciento, de un monto global determinado en cada recibo y que tal porcentaje corresponde a la cuotaparte aplicable a los accionistas Inversiones Teka C.A., en un veinte por ciento y Ferlui equivalente a un diez por ciento. Con respecto al informe rendido por Inversiones La Vista 2-A C.A., se evidencia que dicha empresa recibió las cantidades que se indican en cada uno de los recibos y que fueron firmados por la misma persona que suscribió el informe...Por lo tanto considera este tribunal ratificados los recibos consignados por la parte actora en el libelo de la demanda y así se decide."Para más adelante establecer" "Considera quien sentencia que la parte actora probó suficientemente la existencia de la obligación, En consecuencia, y como corolario de lo expuesto debe considerarse, que en efecto, la actora Ferlui C.A., pagó las cantidades de dinero expresadas en el libelo de la demanda en nombre de la demandada Inversiones TKA (sic) 2850 C.A., a la empresa Inversiones La Vista 2-A C.A., por lo que es forzoso concluir que la acción intentada es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 254 del Código Adjetivo, y así se declara".
Como se observa, de la manifestación hecha por un tercero en unos documentos privados, léase Inversiones La Vista 2A, C.A., reconociendo haber recibido de la Actora (sic)las cantidades que se expresan en cada uno de los mismos y de su posterior ratificación en juicio, efectuada exclusivamente por el mismo tercero que los emite, la Recurrida (sic) establece, sin que exista en los autos una aceptación en tal sentido emanada de mi representada, que dichas entregas las hizo la actora en nombre de ella, y que por tal razón resulta deudora del monto de esos recibos, es decir, de lo que se reclama en el pleito, violando, por consiguiente, por falta de aplicación, la norma contenida en el artículo 1.368 del Código Civil, que impone como requisito, para la apreciación de los instrumentos privados, que los mismos "estén suscritos por el obligado", (léase mi representada) siendo dicha violación determinante en el dispositivo de la Recurrida, pues al apreciarlos indebidamente, como quedó dicho, condenó a mi representada al pago de las sumas exigidas en el libelo.
Así pues, es claro y evidente que de aplicarse al asunto controvertido el mandato contenido en el artículo 1.368 del Código Civil, se hubiese desestimado el valor probatorio de los recaudos privados aludidos, es decir, no se hubieran apreciado, siendo dicha indebida apreciación determinante en el dispositivo de la Recurrida, al punto de que condena a mi representada al pago de las cantidades en ellos expresada....".
La Sala para decidir, observa:
Ciertamente, el artículo 1.368 del Código Civil exige que un documento privado esté firmado por la parte a quien se opone; en tal caso el legislador previó que se tratara de una relación contractual normal entre dos partes; pero entre las deficiencias de la ley que deben ser suplidas por el Juez, sobre todo en el Derecho Mercantil, está la falta de previsión o la imposibilidad de prever todas las formas que los interesados puedan darle a sus contratos, hasta romper el molde ordinario para dar cabida a las infinitas combinaciones que circunstancialmente pueden ocurrir en la vida de los negocios.
En el caso de autos, los recibos, de acuerdo a la transcripción realizada por la formalización, son prueba de una orden que la actora y la demandada impusieron con la intervención de otra como es la Sociedad Mercantil Inversiones La Vista 2-A, C. A., que por esto no puede llamarse tercero, al exigir que la demandada se someta a lo acordado con la actora. Con la entrega directa de las cantidades del préstamo mercantil y en la proporción reseñada en los recibos de la sociedad mercantil Inversiones La Vista 2-A, C. A., como destinataria del préstamo, se persiguió quizás, no sólo obtener la prueba de la conformidad de las entregas de la cantidad de dinero, objeto del préstamo mercantil, sino, también evitar la pérdida de tiempo y de dinero, de una doble traslación con doble gastos consecuenciales, esto es de la actora a la demandada y de ésta a la sociedad mercantil Inversiones La Vista 2-A, C. A.
Desde estos puntos de vista encuentra la Sala bien decidido por la recurrida, la conformidad puesta a través de un Informe que le fue solicitado en el juicio, a Inversiones la Vista 2-A, C. A., en la entrega de las cantidades de dinero de las cuales es destinataria, por así haberlo acordado la actora y la demandada.
Con lo expuesto, a juicio de la recurrida, se comprobó la ejecución del Préstamo Mercantil y no ha habido por lo tanto violación del artículo 1.368 del Código Civil, en cuanto se requiera la firma del obligado, porque aún cuando los recibos no estén firmados, por la demandada, pero si conformados por la destinataria del Préstamo Mercantil, ésta no es en consecuencia, un tercero, sino, se repite, es el destinatario de las entregas del dinero objeto del Préstamo, a cuyas condiciones debía someterse la ejecución de la obligación.
La Sala, concluye, que la presente denuncia se basa en el hecho de la falta de aceptación material de los recibos. Esta sola omisión puede considerarse como falta de requisitos exigidos por la ley en la prueba, empero, la Sala precedentemente ha decidido que por las características del Préstamo Mercantil, objeto de la litis, y por el falso carácter de Tercero que le atribuye la formalización a la Sociedad Mercantil Inversiones La Vista 2-A, C. A., bastaba la conformidad de esta sobre los recibos, sin necesidad de la firma de la demandada, en consecuencia, no hubo violación por la recurrida del artículo 1.368 del Código Civil, denunciado como infringido.
Por lo tanto, esta Sala considera improcedente la presente denuncia por supuesta falta de aplicación del artículo 1.368 del Código Civil. Y así se decide.
- V -
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 266 ordinal 1° y 270 del Código de Comercio por falsa aplicación y los artículos 1.166, 1.299 ordinales 1° y 2°, 1.300 ordinales 1°, 2°, 3° y 4° del Código Civil por falta de aplicación.
Así fundamenta la denuncia en lo siguiente:
"...La actora manifiesta en la demanda, que ella y mi representada son socias en el accionariado de la empresa mercantil de este domicilio Inversiones La Vista 2-A, C.A. Expresa igualmente, que en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de esta últimas, celebrada el 10 de mayo de 1.996 (sic), los socios acordaron efectuarle unos préstamos a objeto de que concluyera la ejecución del edificio que construía para ese momento, y que los préstamos que debió hacer mi representada, por la razón indicada, los hizo ella.
Al momento de presentar los Informes en Primera Instancia, mi representada alegó: "Lo establecido (se refería a la asamblea del 10/5/96), amén de no haberse demostrado en el curso del proceso, en ningún momento compromete la responsabilidad de nuestra representada, pues todo caso se trataría de obligaciones contraídas por un tercero (Inversiones La Vista 2-A C.A.) a favor de la actora, y respecto a los cuales nuestra representada jamás ha manifestado su voluntad de subrogarse en su cumplimiento........
Por su parte, la Recurrida (sic) al abordar la solución del asunto sostiene: "........el tribunal observa que el ordinal 1° del artículo 266 del Código de Comercio, establece: Los administradores son solidariamente responsables para con los accionistas y para con los terceros: 1° De la verdad de las entrega hechas en caja por los accionistas. Del mismo modo el artículo 270 establece: "La gestión diaria de los negocios de la sociedad, así como la representación de esta en lo que concierne a esta gestión, puede ser confiada a directores, gerentes y otros agentes, asociados o no, cuyo nombramiento, revocación y atribuciones reglarán los estatutos". Ahora bien, en el caso de autos se observa que el ciudadano Enrique Piedrahita, aparece como Director Principal de Inversiones La Vista 2-A, C.A. y como Director de la demanda (sic) Inversiones TEKA 2850, C.A., razón por la cual y en aplicación de las normas citadas, mal puede alegar que la demandada jamás manifestó voluntad de subrogarse en el cumplimiento de las obligaciones asumida por la actora tomando en consideración que los recibos emitidos por Inversiones La Vista 2-A, C.A., claramente indican las proporciones en las cuales la actora Ferlui, C.A., realizara los pagos y así se decide".
Como se observa de lo transcrito, la Recurrida estimó que mi representada se subrogó en el pago de la supuesta obligación existente entre Inversiones La Vista 2-A, C.A., para con la actora, por la circunstancia de que uno de los Directores de mi representada, también lo es de la prestataria y suscriptora de los recibos, Inversiones La Vista 2-A, C.A., y para sustentar tal razonamiento, subsume esa situación de hecho dentro de las premisas contenidas en los artículos 266 ordinal 1° y 270 del Código de Comercio, siendo por ello que incurre en el vicio de falsa aplicación de dicha normas sustantivas, al interpretarlas equivocadamente y referirlas a un supuesto de hecho distinto al contemplado en sus respectivos textos y, de igual manera, viola las disposiciones contenidas en los artículo 1.166, 1.299 ordinales 1° y 2° y 1.300 ordinales 1°, 2°, 3° y 4° del Código Civil, por falta de aplicación, ya que estas normas contemplan, de un lado, la primera, el principio de la relatividad de los contratos al establecer: "Los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes; no dañan ni aprovecha a los terceros, excepto en lo casos establecidos en la Ley"; y las otras, el régimen aplicable a todo lo atinente al "pago con subrogación", siendo el caso de que la situación de hecho establecida en la Recurrida, no se encuentra contemplada en ninguna de estas normas, por lo que, de haber aplicados las mismas a la solución del asunto sometido a su examen, ha debido concluir en que mi representada es ajena a las relaciones surgidas del contenido de esos recibos, y que en ningún momento se subrogó en la satisfacción del compromiso surgido a cargo de Inversiones La Vista 2-A, C.A., por motivo de las sumas que le facilitara la actora, según lo narrado en la demanda.
Sobre el particular nos enseña Oscar Palacios Herrera: El artículo 1.166 del Código Civil, uno de los principios más antiguos y más repetido de las obligaciones: es el que se ha llamado de la relatividad de los contratos. Esta norma no sólo es aplicable al campo contractual sino también a toda la teoría del acto jurídico. La doctrina moderna la estudia al tratar del acto jurídico. Su fundamentación es muy sencilla nadie puede quedar afectado por un acto jurídico en el cual no ha intervenido. Vimos que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes, pero la tiene en virtud de que nace de la voluntad de esas partes. En consecuencia, el principio de la relatividad de los contratos diferencia claramente la fuerza obligatoria del contrato de la fuera obligatoria de la ley. La ley rige para todos; el contrato tan solo rige entre las Partes". ¿Que quiere decir que el contrato tiene efecto relativo? Quiere decir que solo puede reclamar la acreencia quien es el acreedor de la obligaciones contractual, y que sólo queda obligado a cumplir con su obligación el que es deudor de la obligación contractual. Ni la acreencia aprovecha a tercero, ni puede ser reclamada por terceros, ni tampoco la obligación puede ser exigida a tercero." (Palacios Herrera, Oscar. Apuntes de Obligaciones, Clases U.C.V., 1950-51, pág. 214)...".
"Por otra parte, dispone el Código Civil (sic) que la subrogación puede ser convencional o legal (art. 1.298), para luego establecer que la subrogación es convencional (art. 1.299) en uno de dos casos, a saber: Primero, cuando el acreedor al recibir el pago de un tercero lo subroga en el crédito en contra del deudor. En esta caso debe ser expresa y producirse simultáneamente con el pago. Como se ve, para darse este supuesto Inversiones La Vista 2-A C.A., tendría que haber sido acreedora de mi representada, cuestión que ni se alegó en la demanda, ni se demostró en el juicio, ni se estableció en la Recurrida (sic) y, en adición, tampoco existe alguna manifestación expresa sobre el particular; y Segundo, cuando el deudor recibe un préstamo para satisfacer una obligación existente y subroga en ella al prestamista, en cuyo caso es necesario que la operación tenga fecha cierta, que se declare haber recibido en dinero para efectuar el pago de la obligación preexistente y que se haga una manifestación similar al momento de hacer el pago de dicha obligación. Al igual que en el primer supuesto, ni de la demanda, ni de los autos, ni de la Recurrida se desprende que se haya verificado una situación como la contemplada en la norma analizada.
Igualmente, respecto a la subrogación legal contemplada en los cuatro ordinales del artículo 1.300 del Código Civil, se puede constatar que la situación planteada en la litis no se corresponde con ninguno de los supuestos de hecho contenidos en esa norma, a saber: 1° El acreedor que paga a otro acreedor privilegiado.- 2° El adquiriente inmobiliario que destina el pago del precio a satisfacer al acreedor hipotecario del inmueble adquirido 3° El obligado con otros o por otros que tiene interés en el pago de la deuda; y 4° El heredero a beneficio de inventario, que de su peculio paga las deudas de la herencia.
De tal forma, pues, de haber aplicado la Recurrida las disposiciones señaladas a la situación planteada en la litis, hubiera tenido que concluir en que no nos encontramos frente a una obligación asumida por mi mandante, ni ante una subrogación convencional o legal, de allí que las mismas resultaron violadas por falta de aplicación.
De otro lado, el ordinal 1° del artículo 266 del Código de Comercio, va referido a una situación totalmente distinta a los hechos verificados en el curso del juicio y fijados en la Recurrida. Así pues, cuando se establece que "Los administradores son responsables para con los accionistas y para con los tercero", acerca de la veracidad de las entregas hechas en caja por los accionistas, el legislador se refiere exclusivamente a las entregas que deben hacer los accionistas por motivo del capital que han suscrito, entregas estas que las recibe la empresa a través de sus administradores, quienes a su vez, conforme a la norma indicada, están en la obligación de verificar, recibir y enterar en la caja de la empresa lo que así le es confiado por los accionistas, de allí que respondan, consecuencialmente, de la debida aplicación de dicha entrega, respecto al accionista, no desviándola a otro patrimonio y, de la veracidad de la misma, respecto a los terceros, en lo atinente a su percepción y disposición por parte de la empresa, ya que lo de contrario los terceros podrían ser inducidos a ser sujetos pasivos de engaño o fraude, pero en ningún caso la referida norma va dirigida a comprometer la responsabilidad personal de otra empresa, por la circunstancia de que la persona natural que las administra sea la misma.
De igual forma, la norma contemplada en el artículo 270 del Código de Comercio, independientemente o adminiculada a la anterior, no puede interpretarse como establecedora de responsabilidad alguna, en forma personal, en cabeza de otras sociedad por las circunstancias de que ambas tengas designados como administradores a una misma persona.
En síntesis, de las relaciones y entregas que la actora mantuvo e hizo a la empresa Inversiones La Vista 2-A C.A. y de los recibos que esta le firmó por tal motivo y ratificó en juicio, sólo pueden surgir obligaciones y derechos en cabeza de ellas, pero nunca a cargo de mi representada, basándose en la simple circunstancia de que una misma persona natural sea Director de ella y de la empresa receptora de los fondos, sin que haya habido subrogación legal o convencional al respecto. De tal forma que, la Recurrida, al condenar a mi representada al pago de lo que la actora le entregó a Inversiones La Vista 2-A, C.A., fundándose en las circunstancias apuntadas, violó por falsa aplicación el 1.166, 1.299 ordinales 1° y 2° y 1.300 ordinales l°, 2°, 3° y 4° del Código Civil, todo lo cual resulta determinante en el dispositivo de la misma, ya que la falsa aplicación apuntada la lleva a establecer una subrogación, por parte de mi representada, en el pago de lo recibido por un tercero, cuestión que no le hubiese sido posible de haberle aplicado, al asunto sometido a su consideración, el dispositivo de las normas sustantivas arriba aludidas, contenidas en el Código Civil, todo lo cual pido que sea declarado por el fallo que se emita, casándose a la Recurrida y ordenándose la aplicación de estas últimas disposiciones, para la solución del mérito del asunto controvertido."
La Sala para decidir, observa:
De la transcripción de los fundamentos vertidos por la formalización para respaldar esta denuncia, encuentra la Sala que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, pues no se hace la explicación concatenada de porqué y con cuál de los ordinales de los artículos 1.299 (ordinales1° y 2°) y 1.300 (ordinales 1°, 2°, 3° y 4°), del Código Civil, se encuentra relacionada la denuncia bajo análisis. Al no ser así, lo que existe en el caso es la delación de un cúmulo de ordinales y normas que en nada se ajusta con la técnica apropiada para la formalización de una denuncia de este tipo.
Empero, la Sala no obstante lo expuesto, reproduce y reitera lo resuelto en la denuncia anterior y además, señala que el concepto de tercero que le atribuye la formalización a la sociedad mercantil Inversiones La Vista 2-A, C.A. es falso. El concepto de tercero es una teoría difícil, de mucha más complejidad que lo supuesto por el formalizante. Del elemental y literal concepto de tercero hay que excluir a la persona que sin haber firmado el préstamo, los mismos, actor y demandado, lo han señalado como primordial interesado en la ejecución del préstamo y así se concreta una vinculación. En razón de lo cual, esta Sala reitera que por las características de la obligación mercantil, muy singulares a la relación entre la actora y la demandada y por el falso carácter de tercero de Inversiones La Vista 2-A, C.A., bastaba la conformidad de ésta en los recibos que comprueban la entrega de las cantidades de dinero a dicha sociedad, sin necesidad que los recibos estén firmados por la parte demandada y así se resuelve.
En consecuencia, esta Sala desecha la presente denuncia. Y así se decide.
- VI -
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 1.368 del Código Civil y 12 del Código de Procedimiento Civil por falta de aplicación, en concordancia con el artículo 320 eiusdem.
El formalizante fundamenta su denuncia en lo siguiente:
"...Veamos, la Recurrida condena a mi representada al pago de la suma de catorce millones cuatrocientos veintiséis mil setecientos treinta y tres bolívares con cincuenta (sic) céntimos (Bs. 14.426.733,40) (sic), que representa el total de los siete (7) recibos; expedidos por un tercero, no suscritos por mi representada y anexados a la demanda marcados de la B" a la "G", por considerar, sin asidero en ninguna de las pruebas contenidas en el expediente, que la actora le efectuó dichos pagos a Inversiones La Vista 2- A, C.A., emitente de los referidos recibos, en nombre de mi representada. Al respecto, motiva dicho dispositivo así: "La representación judicial de la parte actora acompañó al libelo de demanda siete recibos emitidos por la empresa Inversiones La Vista 2-A, C.A. por concepto de préstamos que realizaron Ferlui C.A., (sic) alguno (sic) de los cuales serían utilizados para la cancelación de distintos rubros y otros serían depositados en la cuenta de la mencionada empresa Inversiones La Vista 2-A, C.A., así mismo adujo la representación judicial que los recibos consignados por los montos dados en préstamos corresponden al treinta por ciento, de un monto global determinado en cada recibo y que tal porcentaje corresponde a la cuotaparte aplicable a los accionistas Inversiones Teka C.A., un veinte por ciento y Ferlui equivalente a un diez por ciento. Con respecto al informe rendido por Inversiones La Vista 2-A. C.A., se evidencia que dicha empresa recibió las cantidades que se indican en cada uno de los recibos y que fueron firmados por la misma persona que suscribió el informe...Por lo tanto considera este tribunal ratificados los recibos consignados por la parte actora con el libelo de la demanda, y así se decide". Para más adelante establecer: "Considera quien sentencia que la parte actora probó suficientemente la existencia de la obligación. En consecuencia, y como corolario de lo expuesto debe considerarse que en efecto, la actora Ferlui C.A., pagó las cantidades de dinero expresadas en el libelo de la demanda en nombre de la demandada Inversiones TKA (sic) 2850, C.A., a la empresa Inversiones La Vista 2-A, C.A. por lo que es forzoso concluir que la acción intentada es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 254 del Código Adjetivo, y así se declara.".
Pues bien, siendo los referidos recibos unos documentos privados emanados de un tercero ajeno al juicio, a saber: Inversiones La Vista 2-A, C.A. y no estando ninguno de ellos suscrito por mi representada, nada importa que el tercero emitente de los mismos los ratifique dentro del proceso, pues ello, igualmente, deja sin comprometer la responsabilidad de todas las personas que no los hayan suscrito, dentro de las cuales se encuentra mi representada. Tal manera de razonar, de parte de la Recurrida, la hace incurrir en la violación, por falta de aplicación, del artículo 1.368 del Código Civil que regula la valoración de Prueba de documento privado, al imponer la necesidad, a fin de ser apreciados, de que se encuentren suscritos por parte de las personas que resulten obligadas según lo expresado en su contenido. E igualmente viola, también por falta de aplicación, el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, al no atenerse a lo alegado y probado en autos, todo lo cual la hacer partir del falso supuesto, de que los pagos hechos por la Actora a un tercero ajeno al juicio, conforme a los recibos señalados, comprometen a mi representada, suposición esta que, amén de no tener asidero en el cuerpo de los mismos, ya que como se dijo no se encuentran suscritos por mi mandante, es determinante en su dispositivo, al punto de que al considerar que en virtud de esos instrumentos mi representada se obligaba para con la Actora, la condenó al pago de las sumas expresadas en ellos, cosa que no hubiera sucedido de haber aplicado las normas, antes señaladas, para el establecimiento de los hechos y la valoración de las pruebas, ya que, en dicho caso, habría tenido que desestimar el valor probatorio de los referidos recibos, y conforme a lo alegado y probado en autos, absolver a mi representada del pago de las sumas contempladas en los mismos.
Dicho en forma más sencilla, la Recurrida establece falsamente que la Actora (sic) pagó en nombre de mi representada las sumas reclamadas en la demanda, siendo éste el hecho falso, positivo y concreto en ella establecido, y para eso utiliza el texto de unos documentos privados que no se encuentran suscritos por mi mandante. Es decir, da por probada la obligación con unos instrumentos de cuyo contenido se desprende la inexactitud de la afirmación expresada en ella, pues del texto de los instrumentos se evidencia que no están suscritos por mi mandante. Estamos, pues, en presencia del tercer caso de suposición falsa contemplado artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, ya que la inexactitud de lo establecido por la Recurrida, resulta de los instrumentos que cursan en el expediente y en los cuales ella se funda para establecer su dispositivo.... (subrayado y negrillas del formalizante).
La Sala para decidir, observa:
Respecto a los particulares denunciados en la presente delación, la sentencia recurrida, textualmente señaló:
...En el caso de autos, considera esta Sentenciadora que la parte actora probó suficientemente la existencia de la obligación y la parte demandada no probó ni el pago ni ningún otro hecho extintivo de tal obligación. En consecuencia y como corolario de lo expuesto debe considerarse que, en efecto, la actora FERLUI, C.A. pagó las cantidades de dinero expresadas en el libelo de la demanda en nombre de la demandada INVERSIONES TEKA 2850, C.A. a la empresa INVERSIONES LA VISTA 2-A, C.A., por lo que es forzoso concluir que la acción intentada es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 254 del citado Código adjetivo, y así se decide....
Ahora bien, de los extractos de la formalización antes transcritos, se advierte que el recurrente, en modo alguno, denuncia un legítimo tercer caso de falso supuesto, en conformidad con el contenido del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, pues, cuando el sentenciador de Alzada expresa en su decisión que: ...considera esta Sentenciadora que la parte actora probó suficientemente la existencia de la obligación y la parte demandada no probó ni el pago ni ningún otro hecho extintivo de tal obligación. En consecuencia y como corolario de lo expuesto debe considerarse que, en efecto, la actora FERLUI, C.A. pagó las cantidades de dinero expresadas en el libelo de la demanda en nombre de la demandada INVERSIONES TEKA 2850, C.A. a la empresa INVERSIONES LA VISTA 2-A, C.A., por lo que es forzoso concluir que la acción intentada es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 254 del citado Código adjetivo..., está exponiendo no un hecho concreto, sino una conclusión a la cual llegó luego de examinar las pruebas; por lo tanto, tratándose no de un hecho sino de una conclusión del Juez, la misma no es atacable como suposición falsa.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que la Sala ya ha señalado con precedencia en este mismo fallo que por las características muy singulares del préstamo mercantil dilucidado en el proceso, y por el falso carácter de tercero que el formalizante le atribuye a Inversiones La Vista 2-A, C.A., bastaba la conformidad de esta para con los recibos acompañados al juicio por la actora, sin necesidad de la firma de la demandada en los mismos, para tener por cierta la entrega de dinero alegada por la actora, por lo que se concluye que no se produjo el falso supuesto alegado, mucho menos violación de los preceptos aquí denunciados, y así se establece.
En consecuencia esta Sala considera improcedente la presente denuncia por supuesta falta de aplicación de los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil y 1.368 del Código Civil. Y así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las razones antes, expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, en recurso de casación anunciado por la sociedad mercantil INVERSIONES TEKA 2850, C. A., contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 24 de mayo de 2000, en el juicio por cobro de bolívares incoado por sociedad mercantil FERLUI C. A. contra la sociedad mercantil INVERSIONES TEKA 2850, C. A.
Se condena en costas al recurrente.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese la presente remisión al Juzgado Superior de origen.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintidós (22) días del mes de marzo de dos mil dos. Años: 191º de la Independencia y 143º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
_________________________
FRANKLIN ARRIECHE G.
_______________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado Ponente,
_________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
La Secretaria,
________________________
ADRIANA PADILLA ALFONZO
RC Nº 00-461
AA20-C-2000-000300
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias