Sentencia N.º 1893
Sentencia N.º 1893
- Sentencia
- N.º 1893
- Fecha
- 11/07/2003
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 03-1194
- Ponente
- Antonio García García
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado ponente: Antonio J. García García
Mediante correo electrónico dirigido al buzón de internet de la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 8 de mayo del 2003 los abogados Alfredo Romero Mendoza, Santiago Gimón Estrada y Beatriz Rojas Moreno, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 57.727, 35.477 y 75.211, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de Cargill De Venezuela, C.A., domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 7 de marzo de 1986, bajo el Nro. 26, Tomo 16-A, ejercieron acción de amparo constitucional, contra la sentencia dictada el 3 de abril del 2003, por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
El 9 de mayo del 2003, los apoderados judiciales de la compañía accionante presentaron escrito mediante el cual ratificaron la acción de amparo interpuesta el 8 de mayo del mismo año, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En esa misma ocasión se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
Fundamento de la Acción
Narraron los apoderados judiciales de la accionante, como antecedentes del caso, que el 12 de febrero del 2001, el ciudadano William Silva Salazar, interpuso solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contra Cargill de Venezuela, C.A., alegando haber prestado servicios laborales como médico a favor de su representada, y haber sido despedido por el Sr. Emiliano Rujano.
El 21 de febrero del 2001, el mencionado ciudadano consignó escrito de ampliación a su solicitud de calificación de despido y señaló que comenzó a prestar servicios para la empresa, el 1° de enero de 1994 hasta el 1° de febrero del 2001, oportunidad en la que supuestamente fue despedido sin motivo alguno que lo justificara. Asimismo, declaró percibir un salario de ochocientos mil bolívares (Bs.800.000,00) mensuales, y que su jornada laboral se desarrollaba de lunes a viernes, de 10:00 AM a 12:00 M.
El 1 de marzo del 2001, el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió la referida solicitud de calificación de despido y ordenó el emplazamiento de la empresa, en la persona del ciudadano Roberto Moro, en su carácter de Presidente, con el fin de que compareciera a dar contestación a la demanda.
El 10 de mayo del 2001, el abogado Santiago Gimón Estrada, como apoderado judicial de la hoy accionante en amparo, se dio por citado de la solicitud de calificación de despido interpuesta por el mencionado ciudadano William Silva Salazar y, el 15 de mayo del 2001, contestó al fondo la solicitud de calificación de despido, oportunidad en la cual negó y rechazó de manera absoluta, pormenorizada y razonada, todos y cada uno de los hechos planteados por el demandante en su solicitud de calificación de despido, particularmente el hecho de que el referido ciudadano hubiese prestado servicios laborales a su representada y que en virtud de esta razón jamás se podría cumplir con la pretensión hecha por el demandante.
Precisó que, en la contestación al fondo de la demanda, negó especialmente el hecho que el ciudadano William Silva Salazar hubiese prestado servicios laborales o de cualquier otra índole a favor de la compañía que representa, por cuanto quien prestaba los servicios médicos era International Medical Services Marpen, C.A. y, en ese mismo sentido, negó, rechazó y contradijo el alegato del actor de que hubiese sido despedido de su supuesto cargo el 1 de febrero del 2001, toda vez que nunca había sido trabajador de la empresa, por lo que mal podría tener un cargo en la misma. Igualmente, negó que el Gerente Emiliano Rujano hubiese despedido al prenombrado ciudadano, simplemente, por el hecho de que éste nunca fue trabajador de la compañía.
Continuó señalando que tampoco existió despido alguno hacia International Medical Services Marpen, C.A., sociedad mercantil que prestaba los servicios médicos y de enfermería a su mandante, y que lo que existió fue una comunicación, hecha el 25 de enero del 2001, en la cual Cargill de Venezuela, C.A., le informó a dicha compañía que debía proceder a retirar cualquier bien de su propiedad que se encontrase dentro de las instalaciones de la planta, antes del 31 de enero del 2001, cónsona con otra comunicación de esa misma data donde se le participó que cualquier servicio a ser prestado por esa sociedad a Cargill de Venezuela, C.A., debía ser aprobado, previamente y por escrito por la gerencia de la planta, al igual que el costo que ello generara.
El 19 de junio del 2002, el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó sentencia definitiva en la que declaró con lugar la solicitud de calificación de despido intentada por el ciudadano William Silva Salazar, ordenándole a la empresa el reenganche del mencionado ciudadano, el pago de los salarios caídos así como el pago de las costas procesales originadas.
El 25 de julio del 2002, la parte que resultó perdidosa en primera instancia, apeló de dicha sentencia ante el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual, el 3 de abril del 2003, declaró sin lugar el recurso y confirmó el fallo emitido por el Juez de la causa.
Luego de señalados los antecedentes pertinentes, e indicar la competencia de esta Sala para conocer de la presente acción, procedieron los apoderados judiciales de la empresa accionante, a fundamentar su acción, bajo los siguientes argumentos:
Indicaron que, en ningún momento del procedimiento, el ciudadano William Silva Salazar promovió prueba alguna para sustentar sus afirmaciones de hecho, simplemente consignó unos documentales que fueron desconocidos por su patrocinada y, en consecuencia, desestimados por el Tribunal, así como también promovieron unos testigos que, además de haber sido algunos de ellos tachados por tener interés en las resultas del juicio, los otros resultaron ser testigos meramente referenciales y hasta contradictorios en sus dichos.
Sostuvieron que la decisión del Superior violó abiertamente el derecho al debido proceso contenido en el artículo 49 de la Constitución, así como lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al decidir con lugar la demanda sin haberse realizado ninguna actividad probatoria, lo cual, a juicio de ellos, dejaba a su representada en un estado de absoluta y total indefensión.
Señalaron que la vulneración de estos derechos obligaba a su patrocinada a interponer la presente acción de amparo, ya que la misma constituía la única manera o vía por medio de la cual se podía conseguir la reparación inmediata de la situación jurídica lesionada por la referida sentencia, en la cual se violó el debido proceso y, en consecuencia, el derecho a la defensa de su representada, lo que trajo como resultado la orden inconstitucional de reenganche de un trabajador que nunca trabajó para ella, y que, por ende, nunca pudo ser despedido.
Insistieron en que, tal como fue establecido por el Tribunal Superior, el supuesto trabajador sí prestó servicios para su patrocinada, a través de International Medical Services Marpen, C.A., por lo que procedía, en ese caso, era la continuación de la relación de trabajo sin pago de salarios caídos, en virtud de que su representada en todo momento negó que hubiese ocurrido despido alguno contra el ciudadano William Silva Salazar o hacia la sociedad mercantil.
Por otra lado, señalaron que, en el presente caso también fue inobservado el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no hubo pronunciamiento por parte de ninguno de los dos Juzgados acerca de la negativa de su mandante del despido del supuesto trabajador, que, a juicio de éstos, es deber de todo Tribunal, al momento de dictar su sentencia, pronunciarse con base en lo alegado y probado por las partes; es decir, deben dictar una decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones y defensas opuestas. Y el Juez, al obviar lo alegado y probado por las partes, no sólo incurrió en una evidente y grosera violación al proceso establecido en la ley sino que igualmente violó el derecho a la defensa de las partes.
Sostuvieron que, al haber alegado su representada la inexistencia del despido del actor, por no ser este trabajador de la compañía, y más importante aún, al haber negado el despido de International Medical Services Marpen, C.A., quien en realidad es la proveedora de los servicios médicos y de enfermería para su mandante, era deber del Tribunal Superior pronunciarse sobre dicha defensa para dar cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de salvaguardar el derecho al debido proceso de su patrocinada, más aun cuando dichas defensas no fueron desvirtuadas por el actor en la etapa probatoria, lo cual hubiese dado un giro notable a la decisión dictada, ya que, de ese modo, no se hubiese procedido al pago de los salarios caídos, sino sólo a la continuación de la relación laboral.
Señalaron que, tanto el artículo 49 de la Constitución como el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, contemplaban una garantía procesal de inmensa importancia que establece el principio dispositivo como principio rector de la actividad judicial; razón por la cual, en el presente caso, se había materializado una ...violación total y absolutamente flagrante y grosera, puesto que, como ya se ha explicado anteriormente, el Juez declaró CON LUGAR una demanda donde no se produjo ni una sola prueba, que evidenciara que el actor era trabajador de mi representada, y peor aún ninguna prueba que demostrara el despido del actor, puesto que al haber mi representada negado el despido del actor por no ser este trabajador de CARGILL DE VENEZUELA, C.A., y más aún al haber negado el despido de International Medical Services Marpen, C.A., empresa ésta que era quien prestaba los servicios médicos y de enfermería, y de considerar el Tribunal Superior que el actor sí era trabajador de mi mandante a pesar de que quien prestaba los servicios era la mencionada sociedad mercantil, era deber del actor demostrar el supuesto despido ya que era él quien tenía la carga de la prueba por haber sido negado el despido por mi representada.
Indicaron que la sentencia objeto de la presente acción de amparo no había sido dictada conforme a Derecho, violando normas y garantías procesales, y que lo anterior había sido expresado por esta Sala Constitucional, en sentencia Nº 708 (Caso: Juan Adolfo Guevara y otros).
Alegaron que, la tutela judicial efectiva no es un derecho que busca proteger únicamente a aquellas personas que ejercen su derecho de acción y, que en consecuencia, ponen en marcha la función jurisdiccional, es decir, a la parte actora, sino que busca igualmente proteger y tutelar los derechos del sujeto pasivo de la relación procesal, sin discriminación alguna. Y que los jueces, como tutores del Estado de Derecho, se encuentran en el deber de proteger a los demandados o sujetos pasivos de la relación procesal.
Asímismo, indicaron que el proceso constituía un instrumento fundamental para la realización de la justicia, y que no podía pasar por alto esta Sala que el valor justicia es uno de los pilares sobre los cuales se funda la República, como lo señalan los artículos 1 y 2 de la Constitución.
Precisaron que la sentencia que dictó el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 3 de abril del 2003, rompió radicalmente con el valor justicia que proclama nuestra Carta Magna, en virtud de que llegó a una conclusión injusta e ilegal, violando garantías procesales de rango constitucional; lo cual de ninguna manera se ajustaba a los parámetros constitucionales y legales que, desde hace tiempo forman parte del ordenamiento jurídico venezolano, ni a los criterios jurisprudenciales que tanto esfuerzo y tiempo han tomado en asentarse en el país.
Alegaron que los derechos constitucionales de la compañía a la que representan deben ser efectivamente tutelados por esta Sala Constitucional, puesto que su mandante fue víctima de una demanda infundada y de una sentencia contraria a derecho, violando así sus derechos constitucionales.
Señalaron la extralimitación de facultades en las que incurrió el juez, al haber declarado con lugar la demanda sin prueba alguna que sirviera de sustento a los alegatos del demandante, y sin prueba alguna que demostrara su despido, en virtud que tal fue negado por su mandante, teniendo en tal sentido la carga de la prueba el actor.
Más adelante continuaron señalando que la orden del Juzgado Superior, violaba el derecho de propiedad de Cargill de Venezuela, C.A., pues se estaba obligando a su representada a pagar una cantidad de dinero por concepto de salarios caídos, que no hubiese procedido de haber sido tomados en cuenta los alegatos de su mandante de que no existió tal despido y que ciertamente, el Juez tenía la potestad de exigir un pago y reducir el patrimonio de una parte siempre y cuando dicha decisión se dictase previo cumplimiento de las normas procedimentales establecidas en la ley.
Finalmente, con base en los argumentos de hecho y de derecho expuestos, solicitaron a esta Sala medida cautelar de suspensión de la impugnada, mientras se desarrolla el proceso de amparo; que se admitiese la presente acción de amparo, y que se declarase la nulidad de la decisión emitida por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del 3 de abril del 2003.
II
Actuación supuestamente lesiva
Mediante sentencia del 3 de abril del 2003, el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar la apelación ejercida por Cargill de Venezuela, C.A., y con lugar la demanda de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos.
Señaló el Juzgado de Alzada, después de analizar y valorar todas y cada unas de las pruebas promovidas y evacuadas por las partes, que Cargill de Venezuela, C.A. no demostró el fundamento de su defensa y tampoco logró demostrar en autos que el actor hubiere prestado sus servicios a International Medical Services Marpen, C.A.
En efecto observa la Sala, que consta en autos que la Alzada expresa su criterio en relación con todas las pruebas, e incluso las promovidas y evacuadas por la parte actora, las cuales consideró estaba obligada a valorar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, no obstante que al principio del fallo habría sostenido que la carga de la prueba la tenía el demandado a tenor de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo.
En tal sentido, y conforme a su juicio, basado en la Ley Orgánica del Trabajo decidió que efectivamente existió la relación laboral entre el accionante y la compañía accionada por lo que, el despido efectuado fue sin causa alguna que lo justificase. Motivo por el cual ordenó la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo y el pago de los salarios caídos.
En efecto el sentenciador concluyó:
Como se asentara, era la demandada la llamada a demostrar que el trabajador laboraba para la empresa: `INTERNACIONAL MEDICAL SERVICIOS MARPEN, C.A.´ y no para ella (la demandada).(sic)
La empresa CARGILL DE VENEZUELA C.A, no demostró sus argumentos, fundamentos, y defensas, aunado a la presunción establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, llevan al ánimo del Sentenciador que efectivamente existió la prestación de servicio subordinada invocada por el actor, teniéndose como ciertos la fecha de ingreso, el salario devengado, el horario de trabajo, así como la fecha de egreso, alegados por el actor, en su escrito de ampliación de la solicitud; por lo que en la parte dispositiva de este fallo deberá declararse con lugar la acción aducida, por lo que la presente demanda deberá ser declarada con lugar.
Así se decide.
Por último observa esta Superioridad, que la empresa accionada no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo, referente a la participación del despido al Juez de Estabilidad Laboral, lo que le acarrea como consecuencia que el despido efectuado se refute como injustificado.
Así se decide.
III
Consideraciones para decidir
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la acción de amparo interpuesta, para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma y al respecto observa que, de conformidad con el criterio de competencia establecido en esta materia, en la sentencia dictada el 20 de enero del 2000 (caso: Emery Mata Millan), a esta Sala le corresponde conocer de las acciones de amparo que se intenten contra decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, que infrinjan de manera directa normas constitucionales.
Ahora bien, por cuanto en el presente caso la solicitud de amparo ha sido interpuesta contra la sentencia dictada el 3 de abril del 2003 por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, como lo refiere el accionante, esta Sala Constitucional, siendo congruente con el fallo mencionado ut supra, se declara competente para conocer de la acción de amparo constitucional propuesta. Así se decide.
Determinado lo anterior observa la Sala que dicho amparo se fundamentó en la supuesta violación del derecho al debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución, configurada, según los apoderados judiciales de la compañía accionante, cuando el Juzgado Superior declaró con lugar la solicitud de calificación de despido incoada por el ciudadano William Silva Salazar contra su representada, así como el pago de los salarios caídos y demás indemnizaciones establecidas en la ley, sin haber atendido a lo dispuesto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil que establece que las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones.
Por otra parte, refieren los apoderados que, en la sentencia objeto de la presente acción, también se configuró la violación al derecho de propiedad, toda vez que la decisión impugnada ordenó, a Cargill de Venezuela, C.A., el pago de salarios caídos, situación que no ha debido configurarse de haberse tomado en consideración los alegatos de la accionante en amparo.
En tal sentido, observa esta Sala que, de los alegatos expuestos por los apoderados judiciales de la accionante, se desprende que los mismos van dirigidos a evidenciar los posibles errores de juzgamiento en los que supuestamente incurrió la sentencia accionada, al alegar que el Sentenciador ha debido atender a los planteamientos hechos por la accionada en cuanto a distribución de la carga de la prueba y que, de haberse aplicado este principio, tal como éstos lo solicitaban, no se hubiese configurado la orden de pago de salarios caídos sino solamente el reenganche del trabajador.
En este sentido, es preciso advertir que esta Sala señaló en sentencia del 20 de febrero de 2001 (Caso: Alimentos Delta C.A.), que ratificó el criterio expuesto en la sentencia del 27 de julio de 2000 (Caso: Seguros Corporativos C.A. y otros), lo siguiente:
(...) la situación jurídica del ciudadano es un concepto complejo, en el que destacan derechos y deberes, pero la acción de amparo tutela un aspecto de la situación jurídica del ciudadano que son sus derechos fundamentales, pues la defensa de los derechos subjetivos -diferentes a los derechos fundamentales y las libertades públicas- y los intereses legítimos, se realiza mediante recursos administrativos y acciones judiciales. Por ejemplo, no es lo mismo negar la posibilidad a un ciudadano de tener la condición de propietario, que una discusión acerca de la titularidad de un bien entre particulares, cuya protección se ejerce mediante una acción judicial específica: la reivindicación. Pero, si se niega a un ciudadano su derecho a defender su propiedad, se le niega un derecho fundamental, cuyo goce y ejercicio debe ser restituido.
Esto trae como consecuencia, que en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del poder público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales. Pero, en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de la Constitución. No se trata de una nueva instancia judicial o administrativa, ni de la sustitución de los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses, se trata de la reafirmación de los valores constitucionales, en la cual el juez que conoce del amparo puede pronunciarse acerca del contenido o aplicación de las normas constitucionales que desarrollan los derechos fundamentales, revisar la interpretación que de éstas ha realizado la administración pública o los órganos de la administración de justicia, o establecer si los hechos de los que se deducen las violaciones constitucionales, constituyen una violación directa de la Constitución... (Resaltado de este fallo).
Por lo que, se insiste, la acción de amparo constitucional está concebida para la protección de derechos y garantías constitucionales, de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad. En tal sentido, esta Sala en la sentencia citada supra, también indicó:
La forma como interpretan la Ley el Juez o la Administración o su subsiguiente aplicación, puede ser errada u omisiva, pero necesariamente ello no va a dejar lesionado un derecho o una garantía constitucional, ni va a vaciar su contenido, haciéndolo nugatorio. Por ejemplo, en un proceso puede surgir el quebrantamiento de normas procesales, pero ello no quiere decir que una parte ha quedado indefensa, si puede pedir su corrección dentro de él. La Administración puede tomar erradamente una decisión sobre unos bienes, pero esto no significa que le prive al dueño el derecho de propiedad. Se tratará de una restricción ilegal que originará acciones del perjudicado, pero no la de amparo, al no quedar cercenado el derecho de propiedad del dueño.
Pero cuando el tipo de vicio aludido deja sin aplicación o menoscaba un derecho o garantía constitucional eliminándolo, y no puede ser corregido dentro de los cauces normales, perjudicándose así la situación jurídica de alguien, se da uno de los supuestos para que proceda el amparo, cuando de inmediato se hace necesario restablecer la situación jurídica lesionada o amenazada de lesión.
Los errores de juzgamiento sobre la aplicabilidad o interpretación de las normas legales, en principio no tienen por qué dejar sin contenido o contradecir una norma constitucional, motivo por el cual ellos no pueden generar amparos. Lo que los generan es cuando los errores efectivamente hagan nugatoria la Constitución, que la infrinjan de una manera concreta y diáfana. Es decir, que el derecho o garantía constitucional, en la forma preceptuada en la constitución, quede desconocido.
De manera que, y aun cuando en el presente caso esta Sala no analizó la existencia de error de juzgamiento alguno y no advirtió infracción constitucional, pudo constatar que, la accionante, al hacer uso de la acción de amparo constitucional, sólo pretendió impugnar el fondo de la decisión mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de calificación de despido incoada por el ciudadano William Silva Salazar contra su representada, así como el pago de los salarios caídos y demás indemnizaciones establecidas en la ley, para así lograr la revisión del criterio de interpretación del Juzgador de la causa, pues su inconformidad es manifiesta cuando alega que, en la indicada sentencia, el Juez no atendió al hecho de que era el trabajador, al que le correspondía probar lo alegado, en virtud de que no se daban los supuestos establecidos para la inversión de la carga de la prueba.
Asimismo, resulta oportuno referir que, en reiteradas oportunidades, la Sala ha establecido que, en virtud de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, los mismos, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración sobre los medios probatorios y del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlos y ajustarlos a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse en la labor tuitiva del juez de la causa, salvo que tal criterio viole, notoriamente, derechos o principios constitucionales, supuesto éste que, en el presente caso, no se verificó.
Observa la Sala entonces, que la actividad jurisdiccional desplegada en las dos instancias donde se dilucidara el caso sub judice estuvo ajustada a derecho y, en virtud de la cuantía de la demanda, no era procedente anunciar recurso de casación, considera esta Sala que lo que busca o pretende la hoy accionante en amparo es sustituir mediante la figura del amparo constitucional el ejercicio de dicho recurso, como una forma de enervar los efectos de la decisión de la que disiente y con la cual no se encuentra de acuerdo, no obstante que el legislador no previó para caso como el de autos aquel medio recursivo, pretendiendo acceder así a una tercera instancia.
De allí que, por razones de economía y celeridad procesal, resulte forzoso para esta Sala declarar improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta por los apoderados judiciales de Cargill de Venezuela, C.A, contra la sentencia del 3 de abril del 2003 emitida por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide.
IV
Decisión
Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo interpuesta por los abogados Alfredo Romero Mendoza, Santiago Gimón Estrada y Beatriz Rojas Moreno, actuando con el carácter de apoderados judiciales de CARGILL DE VENEZUELA, C.A, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 3 de abril del 2003.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 11 días del mes de julio de dos mil tres (2003). Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
JOSÉ M. DELGADO OCANDO ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA
Ponente
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
El Secretario
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. 03-1194
AGG/megi/jr.-
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