Sentencia N.º 1895
- Sentencia
- N.º 1895
- Fecha
- 19/10/2007
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 07-0982
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 07-0982
El 20 de septiembre de 2007, compareció ante esta Sala Constitucional el abogado Paolo Longo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 23.661, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil IMGEVE, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de
En virtud de su reconstitución, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Vicepresidente y los Magistrados Pedro Rafael Rondón Haaz, Francisco Antonio Carrasquero López, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio de Jesús Delgado Rosales.
En la oportunidad señalada, se dio cuenta en Sala del escrito contentivo de la solicitud referida, el cual se acordó agregar al presente expediente y se pasó a
Realizado el estudio del caso, esta Sala pasa a pronunciarse sobre la solicitud efectuada, en los siguientes términos:
I
DE
El apoderado judicial de la solicitante efectuó la siguiente solicitud:
Luego de hacer una síntesis de lo decidido en el fallo sometido a revisión de esta Sala, manifiesta que (
) en relación a la tercera denuncia imputada contra la sentencia cuya revisión se solicitaba, referida a que en la misma no se valoró ninguna de las defensas que [su] representada alegó en su escrito de contestación de la demanda, lo cual produjo que la aludida sentencia fuera dictada en absoluto y total desacato a la doctrina vinculante que surge de las sentencias antes indicadas, esa Honorable Sala Constitucional no dedica -en la decisión cuya ampliación se solicita- un pronunciamiento claro, concreto y terminante, que permita conocer si tal omisión del fallo sometido a revisión realmente vulnera o no criterios sólidamente consolidados por
Que Al inicio de la parte motiva de la sentencia cuya ampliación [ruega] considerar, se expresa que la solicitud de revisión se centró en dos aspectos inherentes al requisito de motivación de las sentencias, a saber: (i) el vicio de silencio de pruebas, concretado en la falta de apreciación y valoración por parte del Juez Laboral sobre las documentales y la prueba de informes promovidas ante la primera instancia por la demandada y (ii) el vicio de indeterminación objetiva, pues el sentenciador de
De seguidas, expone particularizadamente cada una de las defensas esgrimidas ante la primera instancia laboral y concluye que (
) en el escrito de revisión se alegó que en la sentencia cuya revisión se pretende, no habían sido valoradas ninguna de las defensas ejercidas al respecto por [su] representada en su escrito de contestación de la demanda y que, de haber sido analizadas, dada su contundencia, el resultado del juicio hubiese sido seguramente otro. De hecho, el Juez de alzada ni siquiera explicó las razones por las cuales no las valoraba, lo cual produce que la sentencia aquí recurrida fuera dictada en total y absoluto desacato a la doctrina vinculante sentada por esa Sala Constitucional en sus sentencias del 05/09/01, Exp. N° 01-0491; 29/11/02, Exp. N° 02-0733; 06/08/03, Exp. N° 02-2022; y 08/11/04, Exp. N° 04-0170, las cuales establecen la obligación del juzgador de motivar sus decisiones, a los fines de evitar indefensión.
Insiste en el vicio de inmotivación que, su juicio, afecta la sentencia (
) que se produce cuando el Juzgador deja de valorar los alegatos y defensas de las partes, constituye uno de los puntos firmes que esa Honorable Sala ha venido elevando a rango de grosera contravención de la jurisprudencia del más alto Tribunal y concretamente de la doctrina de
A mayor abundamiento, transcribe extractos de las decisiones jurisdiccionales citadas sistemáticamente como apoyo a la petición de ampliación del fallo.
En su petitorio, solicita a
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala Constitucional resolver, en esta oportunidad, la solicitud efectuada por el apoderado judicial de la accionante, dirigida a obtener la ampliación de la sentencia N° 1.719 del 8 de agosto de 2007, al respecto, observa:
Lo pedido por el apoderado judicial de la solicitante se centra en un aspecto: la omisión en la que presuntamente habría incurrido
En virtud de ello, solicita a
Visto que tal petición se contrae a obtener una ampliación del aludido fallo, entiende
En tal sentido, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil prescribe:
Artículo 252.- Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sometida a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.
De una lectura de la norma procesal transcrita, surge un primer imperativo para el juez: la prohibición de revocar o reformar la sentencia definitiva o la interlocutoria sometida a apelación, tal premisa en la doctrina procesal se conoce como principio de inmutabilidad del fallo.
En este punto, resulta necesario aclarar el alcance de esa prohibición, puesto que, como señala la misma norma procesal el juez puede efectuar algunos pronunciamientos de naturaleza correctiva del fallo. En tal sentido, es útil distinguir que las aclaraciones, ampliaciones o correcciones del fallo, no se efectúan sobre la actividad silogística del juez, sino que se efectúan sobre aspectos materiales que no incidan en lo decidido.
En efecto, esta excepción al principio general de inmodificabilidad de la sentencia está constituida por la posibilidad que tiene el órgano jurisdiccional de (i) aclarar los puntos dudosos; (ii) salvar las omisiones y (iii) rectificar los errores de copia, de referencias y de cálculos numéricos a petición de parte, cuando, y así expresamente lo señala la norma, apareciera de manifiesto en el texto de la sentencia dentro de tres días -como plazo legalmente fijado para resolver tal petición-, siempre que las partes requieran tales aclaraciones y ampliaciones en el día de la publicación o en el siguiente.
Es de señalar que la condición a la cual alude el artículo en referencia debe entenderse cuando la sentencia haya sido dictada dentro del lapso establecido, y que no amerite, por tanto, que la misma sea notificada. De manera que, lo anterior conlleva a afirmar que en el caso de que la sentencia haya sido dictada fuera del lapso establecido para ello, las oportunidades indicadas en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, deben entenderse que son el día de la notificación de la sentencia o el día siguiente al que ésta se haya verificado. En consecuencia, esta Sala observa que mediante diligencia suscrita el 19 de septiembre de 2007, el abogado Carlos Augusto López Damiani, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil solicitante se dio por notificado de la sentencia N° 1.719/2007 y siendo que el 20 del mismo mes y año presentó la solicitud de ampliación ante esta Sala, se tiene que la misma se ejerció dentro del lapso fijado en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.
Para analizar la procedencia de la solicitud, esta Sala observa:
En la doctrina foránea, VÉSCOVI agrupa bajo la categoría de recursos de aclaratoria tres instituciones bien diferenciadas, cuales son la aclaración, la ampliación y la corrección del fallo.
La discusión que plantea radica en que, bajo un mismo conjunto, se incluyen instituciones de diferente naturaleza. Así, señala que ( ) la aclaración, sin duda, para nosotros también la corrección de errores materiales, parecen no constituir, realmente medios impugnativos salvo que se use un criterio exageradamente amplio- en cuanto tienen por único fin rectificar errores manteniendo el contenido de la sentencia; en cambio la ampliación constituye sí un típico recurso, pues se trata de una verdadera revisión de la decisión judicial. En tal sentido, se suscribe a considerar tales mecanismos como recursos y, en el desarrollo de su obra, les da tal tratamiento (Vid. VÉSCOVI, ENRIQUE, Los Recursos Judiciales y demás Medios Impugnativos en Iberoamérica, Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1988, p.p.73 y 74).
Sin embargo, a partir del tenor del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil se tiene que los puntos aclarados o ampliados por el tribunal deben aparecer de manifiesto en la misma sentencia, pues ello descarta la posibilidad de que las partes utilicen estas solicitudes para obtener un nuevo pronunciamiento que abarque hechos o pruebas no apreciados ni valorados en las motivaciones de la sentencia con el propósito de modificar lo decidido.
En ese sentido, la ampliación de la sentencia, en caso que el juzgador haya omitido hacer pronunciamiento en torno a algún punto en concreto, se circunscribe a aquellos motivos que sean consecuenciales o derivados de los plasmados en la sentencia y nunca -como se expresó supra- a la innovación de la motivación del fallo. Ello permite afirmar a esta Sala que de alguna forma, el juez puede revisar algún razonamiento en aras de profundizar su motivación. Sin embargo, en virtud de la unidad que conlleva ese pronunciamiento respecto de la sentencia objeto de ampliación, dicho instituto carece de aquellos elementos que permitan considerarlo como un medio autónomo de impugnación, pues no se dirige a la corrección de un gravamen.
Respecto del principio de inmutabilidad del fallo y la figura de la ampliación, esta Sala ha señalado que (
) la misma se trata -como ya se dijo- de un medio dado a las partes en juicio para que expresen al tribunal las razones que consideren pertinentes en relación con algún pedimento o asunto no resuelto por el sentenciador, pero sin que ello implique alterar la sentencia ya dictada, pretendiendo la revocatoria o modificación del fallo, por diferir del criterio allí expuesto por el tribunal. Es decir, subsiste la prohibición contenida en el encabezamiento del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, mediante la cual se imposibilita al tribunal revocar o modificar la sentencia pronunciada (Vid. Sentencia de esta Sala N° 324 del 9 de marzo de 2001, caso: Luis Morales Bance y otros).
En esa misma línea argumentativa, el profesor DEVIS ECHANDÍA afirma, respecto de la procedencia de la aclaración de una sentencia que [el] juez sólo debe acceder a la aclaración cuando de acuerdo con su criterio le parezca que existe el motivo de duda sobre su decisión, aunque el peticionario piense otra cosa. La aclaración de la sentencia no puede llegar a modificar su alcance o el contenido de la decisión, pues debe limitarse a desvanecer las dudas que se produzcan por los conceptos o frases contenidos en ella, para precisar simplemente el sentido que se les quiso dar al redactarla (Cfr. DEVIS ECHANDÍA, HERNANDO, Teoría General del Proceso, Tercera Edición, Primera Reimpresión, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 426).
A partir de las premisas expuestas, considera
En efecto, estima esta Sala que la solicitud realizada por el abogado solicitante, desborda la finalidad perseguida por dicha figura procesal, pues, al examinar los términos en que ésta ha sido planteada, se puede verificar que pretenden que esta Sala se pronuncie nuevamente sobre lo controvertido en el marco de la solicitud de revisión que es una potestad extraordinaria, discrecional, excepcional y restringida de
De manera que, siendo que lo que pretende la solicitante, es un reexamen de lo controvertido, esta Sala estima improcedente la presente solicitud de ampliación. Así se decide.
III
DECISIÓN
Por todos los motivos anteriormente señalados, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
Luisa EstelLa Morales Lamuño
Ponente
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Francisco ANTONIO Carrasquero López
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 07-0982
LEML/i.-
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