Venley

Sentencia N.º 1898

Sentencia
N.º 1898
Fecha
01/12/2008
Sala
Constitucional
Expediente
08-1187
Ponente
Arcadio Delgado Rosales
Procedimiento
Solicitud de Revisión

 

 

 

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales  

Expediente N° 2008-1187

 

 Mediante escrito presentado el 16 de septiembre de 2008, el abogado Jorge Bali Rahbe, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 75.690, actuando en nombre propio, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicitó la revisión de la sentencia N° 2000-00785, dictada el 14 de mayo de 2008 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el mencionado ciudadano, y  sin lugar el recurso de apelación por él interpuesto y confirmó la reposición ordenada mediante sentencia del 19 de enero de 2006, dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, en el procedimiento contencioso administrativo de nulidad e indemnización por daños y perjuicios incoado por el solicitante contra el Concejo Municipal del Municipio Maturín del Estado Monagas y los ciudadanos Gloria Margarita Caraballo de Arasme, Vilma Rosa Arasme Caraballo y Deudelis Arasme de López, respecto de una presunta segunda venta de un terreno ejido.

 

El 23 de septiembre de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Efectuada la lectura y revisión de las actas, esta Sala pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

 

La solicitud de revisión se fundamenta, esencialmente, en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

 

            Señaló el solicitante que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo conociendo en apelación, declaró improcedente la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar y la cautelar innominada solicitadas; igualmente, declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por el solicitante y confirmó la reposición ordenada mediante sentencia dictada el 19 de enero de 2006 por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental.

           

            Denunció que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo confirmó el fallo apelado dictado por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, que  aplicó retroactivamente el criterio de la Sala Constitucional  contenido en sentencia del 14 de abril de 2005 –según el cual la falta de contestación a la demanda  por parte del defensor ad litem  produce la reposición de la causa-  a una situación de hecho que acaeció en el 2001, a pesar de que la Sala Político Administrativa, mediante sentencia del 22 de mayo de 2002, declinó la competencia en el referido Juzgado Superior y le ordenó que pasara a conocer la causa con todos los elementos cursantes en autos, habida consideración de que el juicio había sido sustanciado en cumplimiento de las formalidades indispensables para garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso.

 

            Esgrimió que  resulta de suma gravedad que la Corte Segunda, en la sentencia objeto de revisión, no se haya pronunciado sobre la retroactividad de la aplicación de la decisión de la Sala Constitucional, ni sobre el desacato del Tribunal Superior de la doctrina vinculante de dicha Sala respecto a la no aplicación de criterios jurisprudenciales de forma retroactiva.

 

            Apuntó que la Sala Político Administrativa, por razones de celeridad y por el perjuicio que acarrearía a las partes anular todo lo actuado en el expediente, ordenó al referido Tribunal Superior que pasara a conocer la causa con todos los elementos cursantes en autos y que las pautas de decisión dadas constituían la aplicación práctica de los principios contenidos en el artículo 26 del Texto Fundamental.

 

Señaló que la propia decisión en la que se basó el juez, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 14 de abril de 2005, recaída en el expediente n° 03-2458, reconoció que en el año 2002 existía un criterio totalmente distinto dentro de la misma Sala, respecto de lo cual señaló lo siguiente:

 

“…Ciertamente, es necesario señalar que esta Sala a través de su fallo N° 967 del 28 de mayo de 2002, en un caso análogo, indicó que bastaba con el nombramiento y posterior juramentación del defensor ad litem por parte del órgano jurisdiccional, para garantizar el derecho a la defensa de la parte demandada en juicio; sin embargo, el 26 de enero de 2004, al asumir un nuevo criterio, esta Sala fue más allá y estableció mediante decisión N° 33, que ‘(…) la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil…’”.

 

           

Acotó que la Sala Constitucional, en sentencia del 28 de mayo de 2002, sostuvo el criterio de que bastaba con el nombramiento, aceptación y posterior juramentación del defensor ad litem por parte del órgano jurisdiccional para garantizar el derecho a la defensa de la parte demandada en juicio, lo cual “convirtió en una máxima vinculante” que estuvo vigente hasta el 26 de enero de 2004.

 

Precisó que, en el caso de autos, para el momento en que el defensor ad litem no contestó la demanda estaba en vigencia el referido criterio jurisprudencial, por lo que resultaría inconstitucional aplicar con efecto retroactivo el nuevo criterio no vigente para el momento en que se verificó el acto objeto de la reposición en el proceso, ya que ello impondría al demandante una nueva carga procesal que no existía en aquel momento y que hubiera implicado para éste detentar poderes extrasensoriales que le permitieran avizorar el nuevo requisito que tres años después iba a exigir la jurisprudencia y que dio lugar a la reposición de la causa.

           

            Denunció que la sentencia objeto de revisión, dictada por la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo, el 14 de mayo de 2008, viola los derechos a la igualdad procesal de las partes y a la tutela judicial efectiva, así como los principios de celeridad y economía procesal, toda vez que dicha causa se encontraba en estado de sentencia.

 

            Indicó que confirmar la aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial y consecuencialmente ordenar la reposición de la causa se traduce en la eliminación de todo un proceso, premiando la negligencia con que actuó el defensor ad litem y la parte demandada y castigando la debida diligencia de la parte demandante en la tramitación del proceso, manteniendo vigente un acto jurídico que constituye manifiesta ilegalidad, como es la doble venta de un ejido municipal.

 

            Ratificó que el defensor ad litem se encontraba a derecho y tenía conocimiento de las actuaciones ocurridas en el expediente, pues había solicitado el cómputo de los días transcurridos del lapso para la contestación, por lo que confirmar la reposición ordenada por el Tribunal Superior en la sentencia apelada, en aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial, constituye una violación al derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la igualdad procesal, previstos en los artículos 21, 26 y 49 del Texto Fundamental, tendente a favorecer a la parte demandada.

 

Citó doctrina del autor Arístides Rengel Romberg sobre el respeto de los actos procesales ya cumplidos en vigencia de la ley anterior ante la aplicación de la nueva ley procesal, en el mismo sentido de Giuseppe Chiovenda y del Dr. Arminio Borjas, en lo que respecta al principio de irretroactividad y a Jaime Guasp en cuanto a la irrepetibilidad del acto, entre otros.

 

En virtud de lo expuesto, solicitó que se declare ha lugar la revisión formulada y la nulidad de la sentencia cuya revisión se pretende.

 

Con la finalidad de cumplir con los requisitos de admisión, el  solicitante consignó copia certificada de la sentencia objeto de la solicitud de revisión y otras actuaciones correspondiente al caso.

 

II                                                                                           

DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

 

En el caso de autos, la sentencia N° 2000-00785 dictada el 14 de mayo de 2008 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo,  objeto de la solicitud de revisión,  expresa lo siguiente:

 

“Así las cosas, observa este Órgano Jurisdiccional que de las alegaciones realizadas por el ciudadano Jorge Balí Rabhe al momento de requerir la protección cautelar de medida de prohibición de enajenar y gravar, así como la medida cautelar innominada de autorización para ‘alquilar o dar en comodato’ el inmueble objeto del presente litigio, no se desprende en qué consiste realmente el peligro de ilusoriedad del fallo, en el sentido de que sea irreparable el daño al dictarse la sentencia de fondo, aunado a que de la revisión de las actas y documentos que cursan en autos, no se observa que hayan cambiado las circunstancias bajo las cuales la Sala Político Administrativa consideró improcedente la medida de prohibición de enajenar y gravar ya requerida, así como tampoco que consten medios de prueba o elemento alguno que hagan surgir en esta Corte la presunción de tal riesgo o la necesidad de otorgar las protecciones requeridas. Así se declara.


Determinado lo anterior, y por cuanto la procedencia de la protección cautelar supone la concurrencia de los requisitos arriba mencionados, en esta oportunidad resulta forzoso para esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declarar improcedente tanto la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar requerida, como la solicitud de autorización para alquilar o dar en comodato el inmueble objeto del presente litigio. Así se decide.

3. Del recurso de apelación ejercido:

Antes de entrar a conocer sobre el fondo del recurso ejercido, considera esta Corte necesario destacar que aún cuando en su escrito libelar el ciudadano Jorge Bali Rahbe solicita que le sea ‘reivindicada la propiedad del terreno mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 548 del Código Civil Venezolano’, y por cuanto primeramente se requiere la nulidad de una segunda venta efectuada, ello sobre la base de los alegatos arriba señalados, entiende esta Alzada que lo que se pretende es demostrar que la venta realizada al causahabiente del demandante es la única válida a efectos de demostrar la propiedad del inmueble objeto del presente litigio, con lo cual éste volverá a formar parte del patrimonio del de cujus Mario Bali, y a su vez podría ejercer sus derechos de propiedad el aquí accionante.

 

… Omissis…

 

Centra el recurrente su apelación en dos denuncias a saber: 1.- que el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, contradijo lo ordenado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia al momento de declinar el conocimiento de la causa, consistente en que el mencionado Juzgado Superior debía pasar a conocer la presente causa con todos los elementos cursantes en autos, previa notificación de las partes; y, 2.- que el a quo aplicó de forma retroactiva una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a una situación acaecida con anterioridad, en una época en la cual era otro el criterio del mismo supuesto.
Así las cosas, por cuanto la denunciada contradicción respecto de lo ordenado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (primera) se fundamentó –a decir del recurrente– en la presunta aplicación retroactiva de un criterio dictado por la Sala Constitucional del mismo Tribunal (segunda), que ocasionó la reposición decretada, advierte esta Corte que las denuncias señaladas por el recurrente resultan claramente conectadas, así a fin de pronunciarse sobre tales planteamientos conviene entonces estudiar las razones señaladas por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental en la mencionada decisión repositoria.


Al respecto, se observa que el mencionado Juzgado Superior, ordenó la reposición de la causa al estado de que se designara nuevo defensor judicial –según expuso– para garantizar el derecho a la defensa de los codemandados, siendo que en la misma oportunidad anuló el nombramiento del defensor judicial realizado en fecha 10 de agosto de 2000, así como los actos de procedimiento subsiguientes que fueran consecuencia de tal nombramiento.
Ahora bien, observa esta Alzada que el referido Juzgado Superior, al momento de decretar la reposición de la causa advirtió que el defensor judicial de los codemandados no habían
(sic) dado contestación a la demanda, así como tampoco había promovido prueba alguna a favor de sus representados, y estimó que la actuación del mismo –de acuerdo con la finalidad de la institución del defensor judicial– resultaba violatorio (sic) del derecho a la defensa de la parte a la cual debía defender, luego de lo cual hizo referencia a la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 14 de abril de 2005, en la cual la Sala realizó una serie de consideraciones respecto de la actividad del Defensor Judicial.



Asimismo, advierte esta Corte que el a quo concluyó que el defensor judicial no había actuado con la debida diligencia y que había colocado en peor situación a la parte codemandada –cuya defensa se le había encomendado–, lesionando así su derecho a la defensa, razón por la cual estimó que era su obligación –como Órgano Jurisdiccional- velar por el buen ejercicio de la defensa que deben realizar los defensores judiciales en pro de la garantía del derecho a la defensa establecida en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y concluyó que no podía pronunciarse sobre el fondo de la cuestión debatida, estimando como ajustado a derecho decretar la reposición de la causa al estado de nombrar un nuevo defensor judicial, con la consecuente anulación del ‘nombramiento del defensor judicial realizado en fecha 10 de Agosto de 2.000 (sic) y los actos de procedimiento subsiguientes que sean consecuencia de tal nombramiento’.

 
Al respecto, estima esta Corte necesario señalar que el legislador al establecer en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil que agotada la citación personal y por carteles sin que el demandado compareciese, el Tribunal de la causa debe proceder al nombramiento de un defensor, buscó evidentemente garantizar el derecho a la defensa del demandado dentro de un proceso, derecho éste que resulta inherente a toda persona y de rango constitucional, tal como es previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.


Igualmente considera esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que el Juez  como rector del proceso debe proteger los derechos de los justiciables, dentro de lo cual debe tenerse que es su deber velar por la adecuada y eficaz garantía del derecho a la defensa de quienes no se encuentren actuando personalmente en el proceso y cuya defensa sea ejercida por un defensor ad litem; así, en el ejercicio pleno de ese deber no puede permitir la transgresión de tan importante derecho, a través de una inexistente o deficiente defensa llevada a cabo por un defensor judicial.

 

Así, siendo que el defensor ad litem ha sido previsto en el ordenamiento jurídico para que defienda a quien no pudo ser emplazado a comparecer personalmente, y no para que desmejore su defensa, comparte esta Alzada la posición asumida por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, referida a que resulta inaceptable que el defensor judicial no asista a contestar la demanda y nada alegue a favor de sus representados y que como consecuencia de ello se aplique la consecuencia jurídica de la confesión ficta a quienes aquel debía defender, razón por la cual no puede esta Alzada entender como una aplicación ‘retroactiva inconstitucional’ el actuar del Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, por cuanto el mencionado juzgado no aplicó retroactivamente ninguna disposición  legal novedosa, por el contrario, realizó en su fallo una serie de consideraciones respecto del actuar deficiente del defensor ad litem que lo llevaron a determinar la necesidad de reponer la causa, tal como en una oportunidad –analizando un caso similar al de marras– lo estimó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

 
…Omissis…
Conforme a lo expuesto, resulta forzoso para esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declarar sin lugar el recurso de apelación ejercido por el ciudadano Jorge Bali Rahbe, y en consecuencia confirmar la decisión repositoria impugnada. Así se decide”.

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

 

Corresponde a esta Sala previamente determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión y, al respecto, observa que de conformidad con lo previsto en el artículo 336, cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y  en el cardinal 4 y primer aparte del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional tiene competencia para revisar las sentencias dictadas por las otras Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales, contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación.

 

Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes abarca, asimismo, los fallos dictados por los demás Tribunales de la República, de conformidad con el cardinal 16 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y conforme a lo señalado por esta Sala en reiteradas sentencias (Vid. sentencias del 9 de marzo de 2000, caso: José Alberto Zamora Quevedo; del 7 de junio de 2000, caso: Mercantil Internacional, C.A.; y del 6 de febrero de 200, caso: Corpoturismo; toda vez que la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo establecido en el artículo 335 del Texto Fundamental.

 

El caso sub júdice trata de la solicitud de revisión de la sentencia N° 2000-00785 dictada el 14 de mayo de 2008 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que declaró improcedente la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar así como la medida cautelar innominada solicitadas, igualmente declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la reposición ordenada mediante sentencia del 19 de enero de 2006 por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental.

 

Siendo ello así y tomando en cuenta la disposición y decisiones  citadas, esta Sala resulta competente para revisar la aludida sentencia; y así se decide.

 

IV      

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Una vez analizado el escrito contentivo de la solicitud de revisión y las actas que constan en el expediente, esta Sala observa lo siguiente:

 

En el caso de autos el abogado Jorge Bali Rahbe, solicitó la revisión de la sentencia N° 2000-00785 dictada el 14 de mayo de 2008 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que declaró improcedentes las medidas cautelares de prohibición de enajenar y gravar e innominada solicitadas, sin lugar el recurso de apelación y confirmó la reposición ordenada mediante sentencia del 19 de enero de 2006 por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental.

 

                                                 

Es preciso destacar que la revisión a que hace referencia el artículo 336, cardinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el cardinal 16 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y con su doctrina vinculante, la ejerce de manera facultativa esta Sala Constitucional, siendo discrecional revisar los fallos sometidos a ésta con ese fin.

 

 

Ello es así, por cuanto la potestad de revisión no puede ser entendida como una nueva instancia, ya que la misma sólo procede en casos de sentencias que han agotado todos los grados jurisdiccionales establecidos por la Ley, en tal razón, sean definitivamente firmes y, por tanto, gocen del carácter de cosa juzgada.

 

En este orden de ideas, esta Sala Constitucional estableció en sentencia número 93 del 6 de febrero de 2001, Caso: Corpoturismo, lo siguiente:

 

“… esta Sala, al momento de ejecutar tal potestad de revisión de sentencias  definitivamente firmes, de acuerdo a una interpretación uniforme de la Constitución, y en consideración de la garantía de la cosa juzgada, está obligada,  a  ser   excesivamente   prudente  en  cuanto  a  la admisión y procedencia de recursos que pretendan la revisión de sentencias que han adquirido dicho carácter de cosa juzgada judicial…

 

Omissis…

 

Esta Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión, (...) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales...”.

 

En virtud de lo señalado, esta Sala Constitucional puede, sin motivación alguna,  admitir o rechazar prima facie la revisión solicitada de sentencias definitivamente firmes, de acuerdo con la ponderación que realice de: a) velar por la uniforme interpretación y aplicación de la Constitución;  y b) salvaguardar la garantía de la cosa juzgada judicial.

 

Esta actuación discrecional de la Sala en ejercicio de la potestad conferida en el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución, opera frente a la estimación de circunstancias limitadas constitucionalmente y definidas en el fallo Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (Caso: CORPOTURISMO), supra referido, según el cual la Sala señaló, además, que sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, la Sala ejercerá la potestad de revisar, conforme a los siguientes criterios:

 

“…1) Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

 

 2) Las sentencias definitivamente firmes de  control  expreso  de  constitucionalidad  de  leyes  o normas  jurídicas, dictadas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

 

 3) Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente interpretaciones sobre la Constitución, contenida en sentencias dictadas por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando así un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

 

4) Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los tribunales o juzgados del país que, de manera evidente, hayan incurrido en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional”.

 

Ahora bien, esta Sala observa que, según se desprende de las actas, en este caso la sentencia sometida a revisión se encuentra definitivamente firme, pues  con ella se agota la vía recursiva ordinaria; por lo que, verificado lo anterior, pasa esta Sala a analizar las denuncias formuladas por el solicitante contra la  misma.

 

Observa la Sala que el solicitante alega fundamentalmente que la decisión cuya revisión se solicita, en franca violación de sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la igualdad, confirmó la aplicación retroactiva del criterio de la Sala Constitucional contenido en sentencia del 26 de enero de 2004 a una situación de hecho acaecida en el año 2001 y confirmó la reposición del procedimiento contencioso administrativo de nulidad, ordenada mediante sentencia  dictada el 19 de enero de 2006 por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental.

 

De la revisión de las actas y a partir de las denuncias formuladas por el solicitante, esta Sala advierte que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en la sentencia sometida a revisión, dictada el 14 de mayo de 2008, con ocasión de la apelación interpuesta por la parte demandante, indicó que el aludido Juzgado Superior repuso la causa al estado de que se designara  nuevo defensor judicial y anuló el nombramiento del defensor ad litem realizado el 10 de agosto de 2000, así como los actos de procedimiento subsiguientes, por considerar que el defensor no había dado contestación a la demanda ni había promovido prueba alguna en favor de su representado lo que resultaba violatorio del derecho a la defensa de la parte a la cual debía defender, haciendo referencia a la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 14 de abril de 2005; posición que la Corte Segunda expresó compartir por cuanto le resultaba inaceptable “que el defensor judicial no asista a contestar la demanda y nada alegue a favor de sus representados y que como consecuencia de ello se aplique la consecuencia jurídica de la confesión ficta a quienes aquel debía defender (…)”.

 

Sobre este aspecto, cabe destacar que ciertamente en sentencia N° 531 del 14 de abril de 2005,  la Sala reconoció que en su decisión N° 967 del 28 de mayo de 2002, había indicado “que bastaba con el nombramiento y posterior juramentación del defensor ad litem por parte del órgano jurisdiccional, para garantizar el derecho a la defensa de la parte demandada en juicio; sin embargo, el 26 de enero de 2004, al asumir un nuevo criterio, esta Sala fue más allá y estableció mediante decisión N° 33, que ‘(…) la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, el que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que sea oído en su oportunidad legal. De allí, que no es admisible que el defensor ad litem no asista a contestar la demanda, y que por ello se apliquen al demandado los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El defensor ad litem ha sido previsto en la ley (Código de Procedimiento Civil), para que defienda a quien no pudo ser emplazado, no para que desmejore su derecho de defensa. (...omisis...) Si el defensor no obra con tal diligencia, el demandado queda disminuido en su defensa, por lo que la decisión impugnada, que no tomó en cuenta tal situación, infringió el artículo 49 constitucional y así se declara’. Es decir, que no resulta suficiente que el Tribunal asegure los trámites que concluyen con la aceptación y juramentación del defensor ad litem, sino que la actuación debe ser vigilada en todo momento por el órgano jurisdiccional, a los fines de que esa participación por parte dicho defensor se haga activa, y de esta forma se garantice el derecho a la defensa del justiciable”.  

 

Conviene señalar que este nuevo criterio contenido en la sentencia N° 33 del 26 de enero de 2004, ratificado en la sentencia N° 531 del 14 de abril de 2005, en la cual se fundamenta la sentencia dictada por el Tribunal Superior aludido y confirmada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en el fallo objeto de revisión, resulta aplicable a las causas iniciadas después de su publicación y no al caso que nos ocupa por no encontrarse vigente para el 3 de agosto de 1999, fecha de presentación de la pretensión contencioso administrativa de nulidad por parte del solicitante.

 

En este sentido, es preciso destacar que es doctrina pacífica de esta Sala que en virtud de la seguridad jurídica y confianza legítima de las partes, los nuevos criterios o doctrinas, producto de la evolución jurisprudencial de cada Sala de este Máximo Tribunal, deben ser aplicados siempre hacia el futuro, vale decir, a los asuntos que con posterioridad a la sentencia que establece el nuevo criterio, sean sometidos a su conocimiento.

 

Ello se explica por cuanto la alteración del estado de derecho que conllevaría la aplicación de un nuevo criterio a situaciones jurídicas pasadas, constituiría sin lugar a dudas una lesión irreversible a las partes quienes ejercieron su derecho a la defensa respecto de una litis trabada en un marco jurídico determinado espacial y temporalmente, el cual no puede modificarse en razón de la evolución jurisprudencial que siempre deberá aplicarse a los casos por venir.

 

En este orden, la sentencia dictada por esta Sala N° 2406 del 18 de diciembre de 2006, señaló lo siguiente:

 

“En tal sentido, el nuevo criterio  no debe ser aplicado a situaciones que se originaron o que produjeron sus efectos en el pasado, sino a las situaciones que se originen tras su establecimiento, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica y evitar una grave alteración del conjunto de situaciones, derechos y expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que se produjeron los hechos. No se trata de que los criterios jurisprudenciales previamente adoptados no sean revisados, ya que tal posibilidad constituye una exigencia ineludible de la propia función jurisdiccional, por cuanto ello forma parte de la libertad hermenéutica propia de la actividad de juzgamiento, sino que esa revisión no sea aplicada de manera indiscriminada, ni con efectos retroactivos, vale decir, que los requerimientos que nazcan del nuevo criterio, sean exigidos para los casos futuros y que se respeten, en consecuencia, las circunstancias fácticas e incluso de derecho, que existan para el momento en el cual se haya presentado el debate que se decida en el presente. Conforme a lo expuesto, esta Sala ha reiterado en múltiples fallos (Vid. Sentencia Nº 3702/2003 del 19 de diciembre, caso: Salvador de Jesús González Hernández, entre otras), que la aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial, iría en contra de la seguridad jurídica que debe procurarse en todo Estado de Derecho (…)”. (Resaltado de este fallo).

 

 

En atención a lo expuesto, estima esta Sala que en el caso sub júdice, el nuevo criterio contenido en la sentencia N° 531 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 14 de abril de 2005, no es aplicable en  el procedimiento contencioso administrativo de nulidad e indemnización por daños y perjuicios que sigue el ciudadano Jorge Bali Rahbe contra el Concejo Municipal del Municipio Maturín del Estado Monagas y los ciudadanos Gloria Margarita Caraballo de Arasme, Vilma Rosa Arasme Caraballo y Deudelis Arasme de López respecto de una presunta segunda venta de un terreno ejidal, por cuanto no se encontraba vigente para la fecha de interposición de la pretensión de nulidad y la aplicación retroactiva de los criterios jurisprudenciales resulta contraria a la ley y a la seguridad jurídica como lo ha señalado esta Sala (Vid. Sentencias Nros. 670/04 y 3.057/04).

 

En virtud de los fundamentos y doctrina jurisprudencial expuestos, esta Sala concluye que, en el presente caso, la solicitud de revisión de la sentencia N° 2000-00785 dictada el 14 de mayo de 2008 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo debe declararse que ha lugar y, en tal sentido, queda anulada dicha decisión y se ordena a la Corte Segunda Accidental de lo Contencioso Administrativo dictar  nueva sentencia con apego a lo señalado en este fallo; y así se decide.

Decisión

 

            Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara que HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional de la sentencia N° 2000-00785 dictada el 14 de mayo de 2008 por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y, en consecuencia, se anula dicha decisión y se ordena a la Corte Segunda Accidental de lo Contencioso Administrativo dictar nueva sentencia en atención al presente fallo.

 

Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 01 días del mes de diciembre de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

 

    Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

      Magistrado

                                    

 

 

                                   Pedro Rafael Rondón Haaz

                                                                                   Magistrado

 

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

               Magistrado

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

                                                                                                  Magistrada

 

 

 

Arcadio Delgado Rosales

  Magistrado - Ponente

 

 

 

El  Secretario,

 

 

 

        José Leonardo Requena Cabello

 

 

 

Exp. 08-1187

ADR/

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