Sentencia N.º 191
- Sentencia
- N.º 191
- Fecha
- 21/03/2014
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 13-1120
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Apelación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 13-1120
El 22 de noviembre de 2013, fue recibido en esta Sala Constitucional, Oficio N° 1334-13 del 15 de noviembre de 2013, anexo al cual el Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida en la modalidad de habeas corpus conjuntamente con medida cautelar innominada, por el abogado Tomás Castillo Azoca, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 19.245, en su carácter de defensor del ciudadano CLAUDIO TRANQUILLINI SERDOZ, titular de la cédula de identidad N° 9.302.479, contra las órdenes de aprehensión acordadas el 18 de septiembre de 2013 y 3 de octubre de 2013, por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta.
Dicha remisión se efectuó en virtud de la apelación ejercida por la prenombrada defensa, contra el fallo dictado el 29 de octubre de 2013, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, mediante el cual declaró inadmisible el amparo ejercido.
El 26 de noviembre de 2013, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En reunión del 5 de febrero de 2014, convocada a los fines de la reincorporación a la Sala del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en virtud de haber finalizado la licencia que le fue concedida por la Sala Plena de este máximo Tribunal para que se separara temporalmente del cargo, por motivo de salud, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Antonio Francisco Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
El 23 de octubre de 2013, el abogado Tomás Castillo Azoca, en su carácter de defensor del ciudadano Claudio Tranquillini Serdoz, presentó escrito contentivo de la acción de amparo constitucional en la modalidad de habeas corpus, en los siguientes términos:
Que ( ) aun cuando el acusado CLAUDIO TRANQUILLINI SERDOZ no había sido debidamente citado el día 14 de agosto de 2013, oportunidad fijada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en D.V.M (sic) de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, para la celebración del juicio oral y público, nos presentamos ante ese Juzgado, y fuimos informados que ese día no se celebraría el juicio oral y público ( ). En fecha 17 de septiembre de 2013, mediante escrito presentado ( .) advertí a ese tribunal acerca de la imposibilidad de celebrar el juicio oral y público fijado para el día 18 del corriente mes y año. Tal imposibilidad deviene del hecho cierto que el asunto N° OP01-R-2013-000130 que cursa antes esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de esta Circunscripción Judicial, contentivo de la apelación que interpusiera el Ministerio Público contra la decisión dictada por el TRIBUNAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS N° 1 DEL CIRCUITO JUDICIAL, en fecha 3 de mayo de 2013, aún está pendiente de decisión (Mayúsculas y negrillas de la parte accionante).
Que ( ) el 17 de septiembre me entrevisté con el Coordinador Judicial del Circuito con competencia de delitos contra la mujer, y en compañía del acusado ( ) le manifesté mi preocupación por la situación planteada, haciéndole saber que mi patrocinado había sido citado para la celebración del juicio oral y público el cual como se indica en la correspondiente boleta se llevaría a efecto ( ) por la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y VIOLENCIA PATRIMONIAL, aun cuando en su decisión el Tribunal en Funciones de Control había establecido ( ) admite la acusación en contra del ciudadano CLAUDIO TRANQUILLINI SERDOZ, por el delito de VIOLENCIA PSICOLÓGICA ( ) ( ) (Mayúsculas y negrillas de la parte accionante).
Que ( ) igualmente le manifesté al funcionario judicial que el juicio no podía celebrarse por los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y VIOLENCIA PATRIMONIAL, como se indicaba en la boleta de citación, dada la decisión del Tribunal de Control ( ) (Mayúsculas y negrillas de la parte accionante).
Que ( ) ante los planteamientos realizados el coordinador me sugirió que lo más prudente era esperar el pronunciamiento del Juez en relación a lo solicitado en el escrito por mi consignado; pronunciamiento éste que hasta la fecha no ha ocurrido. No obstante lo anterior, el 18 de septiembre, oportunidad fijada para la celebración del juicio oral y público, tanto el acusado como yo nos presentamos a primera hora en la sede judicial donde nuevamente nos entrevistamos con el coordinador quien nos manifestó que había sostenido una reunión con la Secretaria del Juzgado de Juicio quien le habría manifestado que el Juez no se había pronunciado sobre lo solicitado.
Que ( ) al considerar que era jurídicamente inviable que se procediera a la celebración del juicio oral, dadas las circunstancias antes señaladas, y aunado al hecho que no constaba en autos la citación de la víctima, lo cual es estrictamente necesario para la celebración del juicio, y no encontrándose presente la representación del Ministerio Público, le manifestamos al ciudadano Coordinador que ante tales circunstancias sería imposible la celebración a la hora establecida, señalándole además que nuestra presencia, ese día, en el juicio convalidaría los vicios denunciados a tenor de lo establecido en el artículo 178 del Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual nos retiraríamos del Palacio de Justicia.
Que ( ) mediante auto de fecha 18 de septiembre de 2013, el tribunal dejo (sic) constancia que: Seguidamente el Alguacil verificó la presencia de las partes encontrándose presente ( ) no compareció la Fiscala Auxiliar Primera ( ), la defensa técnica abogado Tomás Castillo Azoca, no compareció la víctima ciudadana SOPHIE MARIE PALUE HARDY, ni el acusado antes identificado, el cual quedó debidamente notificado como consta ( ). Vista la incomparecencia del acusado y en virtud que el mismo se encuentra debidamente notificado, es por lo que este Tribunal acuerda librar orden de aprehensión en contra del mismo ( ) (Mayúsculas y negrillas de la parte accionante).
Que ( ) dando cumplimiento al mencionado autos, el Tribunal de manera inmediata libro (sic) la correspondiente orden de aprehensión ( ). Igualmente, libro (sic) oficio ( ) dirigido al Comisario Jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y oficio ( ) dirigido al Director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Estado Nueva Esparta ( ).
Que ( ) enterado del ILEGAL, INMOTIVADO Y ARBITRARIO auto, solicite (sic) como disponen los artículos 179 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal, se declarara la nulidad (Mayúsculas y negrillas de la parte accionante).
Que ( ) en fecha 2 de octubre de 2013, de conformidad con lo establecido en los numerales 4° y 5° (sic) del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, ejercí apelación en contra del ILEGAL, INMOTIVADO Y ARBITRARIO auto, apelación que hasta el día de hoy no ha subido a esta alzada, por cuanto el Tribunal de Juicio del Circuito Judicial con Competencia en DVM (sic) no ha despachado con la regularidad debida, menoscabando así el derecho a la defensa del acusado (Mayúsculas y negrillas de la parte accionante).
Que ( ) en esa oportunidad señale (sic) al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio, en relación a la orden de aprehensión, que: 1) es esencial para la celebración del juicio el previo pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, ya que de la decisión dictada por ésta dependerá que el juicio se celebre sobre los delitos que fueron imputados por el Ministerio Público en su escrito acusatorio, o solo por el delito de violencia psicológica como lo estableció el Tribunal de Control; 2) de celebrarse el juicio antes de la mencionada decisión se crearía una gran inseguridad jurídica por cuanto la decisión que en él se tome estaría investida con el carácter de cosa juzgada y en el supuesto negado que la Corte de Apelaciones fallara a favor de lo solicitado por el Ministerio Público en su apelación ejercida, habría que celebrar un nuevo juicio para establecer si el acusado es o no responsable por la comisión del delito ( ), circunstancia ésta que violentaría flagrantemente el principio procesal de la concentración ( ); 3) que la orden de aprehensión solo puede ser dictada por el Juez en Funciones de Control, previa solicitud del Ministerio Público y con estricto apego a lo dispuesto en el último aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal ( ); 4) que el acusado se ha mantenido a derecho concurriendo ante el tribunal todas las veces en que le ha sido requerido ( ), pudiéndose además constatar que asistió un sin número de veces ante el tribunal en funciones de control a los fines de estar presente en la audiencia preliminar, para lo cual hubo de trasladarse en varias oportunidades desde la ciudad de Caracas, donde era sometido a un tratamiento de quimioterapia ( .), pero a pesar de su delicado estado de salud ( ) en ningún momento se sustrajo del proceso al cual ha sido sometido ( ) (Negrillas de la parte accionante).
Que ( ) la orden de aprehensión establecida en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, presupone la existencia de indicios racionales de la comisión de un hecho punible ( ), que incide sobre uno de los derechos fundamentales del hombre, como lo es su libertad, por lo que ha de ser dictada por el Juez de Control solo cuando de forma inequívoca se dan los presupuestos consagrados en el artículo 236 ( ).
Que ( ) en fecha 3 de octubre de 2013, el tribunal declaró sin lugar la solicitud de nulidad del auto que ordenó la ilegal y arbitraria orden de aprehensión aduciendo para ello que el acusado ha mantenido una conducta RETICENTE y que además no haría ningún pronunciamiento en cuanto a la nulidad solicitada por cuanto ello conllevaría a la violación del principio de oralidad ya que a los jueces de juicio solo les está dado pronunciarse en la sala de juicio ( ) (Mayúsculas, negrillas y subrayado de la parte accionante).
Que ( ) la inmotivada decisión en modo alguno analiza los argumentos de derecho esgrimidos en la solicitud allí decidida, limitándose la misma a comentar lo solicitado en el escrito por mi representado en fecha 17 de septiembre de 2013.
Que ( ) el ciudadano juez el día 3 de octubre de 2013, nos sorprende al dictar una NUEVA DECISIÓN lo cual no le está permitido al juez de juicio, en virtud de lo establecido en el artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal y ( ) artículo 344 eiusdem ( ) (Mayúsculas y negrillas de la parte accionante).
Que ( ) en esta nueva sentencia el ciudadano juez transcribe el escrito presentado el día 17 de septiembre, argumentando que esta nueva decisión se fundamenta en el artículo 5 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ( ). Cuando el juez afirma que es su deber velar por la disciplina en el debate oral y público no cabe duda alguna que el mismo confunde el principio de dirección y disciplina, establecido en el artículo 324 del Código Orgánico Procesal Penal, con el delito en audiencia previsto en el artículo 328 eiusdem.
Que ( ) en criterio del sentenciador de instancia el fin último de la orden de aprehensión no es la privación judicial preventiva de libertad sino un simple llamamiento a través de la fuerza pública ( ).
Que ( ) tanto el auto dictado por el ciudadano Juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en D.V.M. (sic) de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 18 de septiembre de 2013, como la decisión del 3 de octubre del mismo año, que decretan la aprehensión del ciudadano CLAUDIO TRANQUILLINI SERDOZ son violatorios de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la libertad personal, al debido proceso, a la defensa, a la libertad de tránsito, a reuniones públicas, a la salud y al trabajo ( ), pues se realizaron en flagrante contradicción a lo dispuesto en el último aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto no existe peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad por parte del acusado ( ) (Mayúsculas y negrillas de la parte accionante).
Que ( ) tales órdenes de aprehensión violan flagrantemente el derecho constitucional a la defensa y a la garantía del debido proceso, al punto que el acusado siente temor de asistir a la sede judicial por cuanto presume que al ser identificado será detenido de manera inmediata ( ). De igual manera violan el principio de presunción de inocencia y el derecho al libre tránsito, lo que necesariamente conlleva la violación del derecho constitucional a la salud del acusado por cuanto no puede trasladarse a la ciudad de Caracas, ni a ningún otro lugar del país o del exterior a realizarse los tratamientos requeridos, toda vez que al haberse ordenado a todos los centros o puntos de control migratorio del Estado Nueva Esparta ( ) su captura.
Que ( ) las restricciones del derecho al libre tránsito afectan el derecho constitucional al trabajo del acusado por cuanto ha dejado de asistir con regularidad a su lugar de trabajo por el temor de ser detenido, llegando al punto que ha sido advertido por su empleador que de continuar tal situación será despedido, lo que conlleva que no podrá ejercer actividad laboral alguna por cuanto nadie contrataría a una persona que por temor a ser detenida se ausente continuamente de su lugar de trabajo ( ).
Que ( ) no cabe duda razonable que haga pensar que el hecho de haberse ausentado de la sede judicial el día 18 de septiembre, cuando era jurídicamente IMPOSIBLE que se celebrara el juicio oral y público, constituya delito alguno como pretende hacerlo creer el juez ( ), lo cual a todas luces es contrario al principio NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE ( ) (Mayúsculas y negrillas de la parte accionante).
Que ( ) solicito se declare CON LUGAR la presente acción constitucional de mandamiento de hábeas corpus interpuesta contra la orden de aprehensión N° 007-2013 de fecha 18 de septiembre de 2013, y contra la orden de aprehensión de fecha 3 de octubre de 2013, dictadas en contra del acusado, ciudadano CLAUDIO TRANQUILLINI SERDOZ, ( ), por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 1 del Circuito Judicial con competencia en D.V.M. (sic) de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta ( ) (Mayúsculas y negrillas de la parte accionante).
Finalmente, solicita ( )mientras se lleva a cabo el procedimiento y se resuelva definitivamente la acción de habeas corpus ( ), se dicte con la urgencia del caso, una medida cautelar constitutiva de efectiva tutela constitucional preventiva anticipada ( ), para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, suspendiendo cautelarmente los efectos de la orden de aprehensión N° 007-2013 de fecha 18 de septiembre de 2013, y de la orden de aprehensión de fecha 3 de octubre de 2013 ( ), impidiendo toda posibilidad de que se ejecuten las arbitrarias e ilegales órdenes de aprehensión ( ), hasta tanto se decida la presente acción ( ).
Que ( ) en el caso de marras se evidencia la presencia del requisito del fumus boni iuris, por cuanto del estudio del caso se tiene la certeza que el acusado ( ), en cuyo nombre se presenta la presente solicitud, es el titular de los derechos cuya protección y tutela se solicita ( ). En cuanto al requisito relativo al periculum in mora, esta Corte debe advertir que de materializarse las órdenes de aprehensión, sin que ello implique un adelanto del fondo de la controversia planteada, se generaría un estado de total indefensión al accionante, toda vez que sería detenido sin haber cometido algún delito que merezca pena corporal, y más aun sin saber la duración de la pena a la cual sin juicio previo sería sometido, lo cual menoscabaría sus derechos constitucionales, en especial el derecho a la defensa ( ), y por lo tanto, se produciría una situación de difícil reparación por la sentencia definitiva, tomando en cuenta las consecuencias prácticas que implicaría su eventual detención ( ).
Que ( ) llenos como se encuentran los requisitos para la procedencia de la medida cautelar solicitada, pido a esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, decrete como medida cautelar la suspensión de los efectos de la orden de aprehensión N° 007-2013 de fecha 18 de septiembre de 2013, y de la orden de aprehensión de fecha 3 de octubre de 2013, dictadas en contra del acusado ciudadano CLAUDIO TRANQUILLINI SERDOZ ( ), por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 1 del Circuito Judicial con competencia en D.V.M. (sic) de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta ( ). Decretada como sea la medida cautelar innominada aquí solicitada, pido a esta Corte de Apelaciones oficie al Comisario Jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Nueva Esparta, al Director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) (sic) del Estado Nueva Esparta y a todos los puntos o puestos de Control Migratorio del Estado Nueva Esparta, participándoles de la suspensión cautelar de las órdenes de aprehensión dictadas en contra del identificado CLAUDIO TRANQUILLINI SERDOZ ( ) (Mayúsculas y negrillas de la parte accionante).
II
DEL FALLO APELADO
El 29 de octubre de 2013, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, declaró inadmisible el amparo ejercido, con base en las siguientes consideraciones:
( ) con ocasión de la puesta en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República corrigió el criterio que determinaba la irregular situación de no consignar un poder o mandato con facultad expresa para intentar un amparo, modificando el criterio de interpretación acerca de los requisitos de admisibilidad de la acción de amparo constitucional, dechado jurisprudencial anterior que establecía la posibilidad de subsanar tal omisión, a través de un despacho saneador ( ).
Ante la omisión de acompañar el respectivo poder para intentar acción de amparo con base en el cual se dice actuar como defensores a la solicitud planteada, no podría dársele al accionante la oportunidad posterior de consignarlo con fundamento en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que ello sería suplir omisiones de las partes más allá de la facultad establecida en el mencionado artículo 19, tal disposición tiene por objeto hacer posible la corrección del defecto u omisión; y ello entonces supone hacer una interpretación indebida del alcance de la disposición en referencia cuando se invoca para suplir por su intermediario, total o parcialmente, la carga probatoria inicial del accionante.
En consecuencia, y siendo lineal con el planteamiento que se viene desarrollando, lo correcto es aplicar lo dispuesto en el aparte quinto citado, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y declarar la inadmisibilidad de la acción. A la anterior conclusión se arriba de manera forzosa luego de analizar el anterior extracto del que ahora nos interesa el siguiente destacado: ( ) o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recursos es admisible ( ). Al efecto, debe apreciarse que el artículo 18 de la citada Ley Orgánica de amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone lo siguiente: En la solicitud de amparo se deberá expresar: 1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido ( ).
omissis
Para la interposición de un amparo constitucional, cualquier persona que considere haber sido víctima de lesiones constitucionales, que reúna las condiciones necesarias para actuar en juicio, puede ser parte actora en un proceso de ese tipo. Sin embargo, al igual que para cualquier otro proceso, si ese justiciable, por más capacidad procesal que posea, no pueda o no quiera por su propia cuenta postular pretensiones en un proceso, el ius postulandi o derecho de hacer peticiones en juicio, deberá ser ejercido por un abogado que detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico, específico, expreso y suficiente en este tipo de acciones extraordinarias.
omissis
Así las cosas y visto que no consta en autos documento poder expreso y suficiente que acredite, al abogado en ejercicio TOMÁS CASTILLO AZOCA, para interponer la acción de amparo constitucional, tal como lo ha señalado y establecido el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, este Tribunal Colegiado juzga que tal situación, trae como consecuencia, la falta de legitimación para intentar la acción propuesta.
De igual manera para que resulte procedente un mandamiento de amparo constitucional es necesario que exista un acto, hecho u omisión denunciado como lesivo, que ese hecho lesivo vulnere de manera flagrante derechos fundamentales; y que no exista otro medio o remedio judicial lo suficientemente efectivo como para restablecer en forma eficaz la situación jurídica infringida. Como lo ha advertido la jurisprudencia desde los propios inicios de la institución del amparo constitucional, es necesario para su admisibilidad y procedencia, además de la denuncia de violación de derechos fundamentales que no exista otro medio procesal ordinario y adecuado.
omissis
Ante la omisión de acompañar al libelo de amparo constitucional, los respectivos recaudos que avalen la solicitud de acción de amparo, no podría dársele al accionante la oportunidad posterior de consignarlos con fundamento en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que ello sería suplir omisiones de las partes ( ).
omissis
Para poder lograr la debida conformación de un proceso y obtener un pronunciamiento de fondo de los órganos jurisdiccionales, los presupuestos procesales de la acción constituyen presupuestos de admisibilidad de la misma. La ausencia de los recaudos o medios demostrativos para amparar el libelo introducido, obsta el origen de una acción y el nacimiento de un proceso, como un presupuesto procesal sine qua non a los fines de ser admitida la acción propuesta.
omissis
Esta alzada en sede constitucional, señala, de las actas que conforman el presente cuaderno de amparo, que en la oportunidad que se intentó la acción de amparo constitucional, se presentó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, escrito libelar contentivo de la acción de amparo, todo constante de veintinueve (29) folios, sin acompañar las copias de lo señalado, que presuntamente le transgrede el derecho a la tutela judicial efectiva, a la libertad personal, al debido proceso, a la defensa, al libre tránsito, a reuniones públicas, a la salud y al trabajo, que constituye la prueba fundamental del supuesto agravio, documentos indispensables para que esta Sala verifique la veracidad de los alegatos formulados por la parte accionante y se pronuncie sobre la admisibilidad o no del amparo propuesto. Aunado al hecho, que el referido accionante tampoco señaló en su escrito libelar la existencia de un obstáculo insuperable que le impidiera obtener, al menos en copia simple, dichos documentos fundamentales.
En derivación, visto que en el presente caso, la parte accionante no cumplió con la carga de acompañar a su escrito libelar de amparo, por lo menos copia simple de lo alegado, las cuales pretende lesivas, esta Sala (sic), de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado TOMÁS CASTILLO AZOCA, al no haberse acompañado los documentos indispensables para la confrontación de su admisibilidad ( ) (Mayúsculas y negrillas del texto original).
III
DE LA COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación, y a tal efecto observa que mediante sentencia Nº 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), se estableció, a la luz de los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el régimen competencial para conocer de las acciones de amparo constitucional, y, en tal sentido, señaló que le correspondía a esta Sala Constitucional conocer las apelaciones sobre las sentencias de los Tribunales Superiores (a excepción de los competentes en materia contencioso administrativo), de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, y de las Cortes de Apelaciones en lo Penal cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.
Asimismo, se observa que conforme al contenido del artículo 25 numeral 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Constitucional es competente para conocer las apelaciones contra las sentencias que recaigan en los procesos de amparo constitucional autónomo que sean dictadas por los Juzgados Superiores de la República, salvo que se incoen contra la de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.
Por lo tanto, al tratarse de una acción de amparo constitucional cuyo conocimiento en primera instancia correspondió a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, congruente con el fallo mencionado ut supra y de conformidad con el artículo 25.19 eiusdem, esta Sala se declara competente para resolver la presente apelación. Así se decide.
IV
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
El 1 de noviembre de 2013, el abogado Tomás Castillo Azoca, en su carácter de defensor del ciudadano Claudio Tranquillini Serdoz, presentó ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, escrito de fundamentación a la apelación ejercida, en los siguientes términos:
Que ( ) se hace necesario recordar que en dicha solicitud se expresó con claridad que el Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en D.V.M. (sic) de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, luego de dictar las ilegales y arbitrarias órdenes de aprehensión no ha despachado en forma regular, dejando incluso de dar despacho durante diez (10) días consecutivos, lo cual es un hecho público y notario (sic), aun más para esta Corte de Apelaciones.
Que ( ) motivado a tal irregularidad y aunado al hecho cierto que las referidas órdenes de aprehensión establecieron restricciones al derecho constitucional a la libertad del acusado, se hizo imposible la obtención de las copias que la Corte de Apelaciones señala que son necesarias para la tramitación del habeas corpus.
Que ( ) no existe duda que se encuentra involucrado el derecho a la libertad personal del ciudadano CLAUDIO TRANQUILLINI SERDOZ, al impugnarse las órdenes de aprehensión en su contra ( ). En todo caso, si esta Corte de Apelaciones consideraba estrictamente necesaria la incorporación de dichas copias debió solicitar al tribunal agraviante la inmediata remisión de las mismas, tal y como lo faculta el artículo 17 de la Ley Orgánica de Amparo (sic) ( ) (Mayúsculas y negrillas de la parte apelante).
Que ( ) siendo la acción de amparo constitucional expedita y desprovista de formalismos mal puede esta Corte de Apelaciones, aun en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, establecer criterios supra constitucionales que dan al traste con la acción máxime en un caso como el aquí analizado donde está en juego el derecho constitucional a la libertad. Al haber la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, inadmitido la acción de habeas corpus se le causa un gravamen irreparable al acusado, toda vez que no existe otro medio procesal idóneo para restablecer la situación jurídica infringida ( ).
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Una vez asumida la competencia, esta Sala observa que la acción de amparo de autos fue interpuesta bajo la modalidad de habeas corpus contra las órdenes de aprehensión acordadas el 18 de septiembre de 2013 y 3 de octubre de 2013, por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta.
Ello así, el 29 de octubre de 2013, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, declaró inadmisible el amparo ejercido, al verificar la omisión de acompañar al libelo de amparo constitucional, los respectivos recaudos que avalen la solicitud de acción de amparo ( ). Asimismo, señaló la falta de legitimación del abogado Tomás Castillo Azoca para interponer el amparo de autos, por no constar instrumento poder que acredite su representación.
Como punto previo, en cuanto a la legitimación del abogado Tomás Castillo Azoca, quien aduce actuar en su carácter de defensor del ciudadano Claudio Tranquillini Serdoz, para intentar la presente acción de amparo constitucional ejercida en la modalidad de habeas corpus, debe partirse de la premisa de que, por regla general, el amparo en cuanto derecho constitucional sólo nace en cabeza de quien ha visto menoscabado el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y, por tanto, sólo a él está dada la legitimidad para instar a la jurisdicción su inmediato restablecimiento.
Sobre este particular, resulta necesario citar el criterio establecido por esta Sala en su sentencia N° 412 del 8 de marzo de 2002 (recogido por esta Sala en forma recurrente, en decisiones Nros. 507/2013, 1.273/2013 y 1.808/2013, entre otras) en la cual se indicó lo siguiente:
( ) la Sala ha establecido que, excepcionalmente, cuando se trata de un hábeas corpus, strictu sensu, la legitimación activa deja de ser determinada por la afectación directa para ser extendida a cualquier persona, conforme lo dispone el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual, dicha acción de amparo puede ser interpuesta por cualquier persona en nombre del imputado. Sin embargo, aun cuando en el caso de autos no se trata de un hábeas corpus, como tal, sino de una acción de amparo constitucional contra sentencia, según lo establecido en el artículo 4 de la ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el mismo tiene por objeto la violación a la libertad y seguridad personal, ocasión que estima oportuna la Sala para establecer, en atención a los principios que inspiran la institución del amparo constitucional, derivados específicamente del artículo 27 de la Constitución y 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, una ampliación a partir del presente fallo, en cuanto a su criterio que de manera reiterada ha venido sosteniendo sobre la legitimación para ejercer acciones de amparo que tengan como objeto la protección a la libertad y seguridad personal.
En tal sentido, debe precisar la Sala que Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en el Titulo V, Del Amparo de la Libertad y Seguridad Personales, en su artículo 41, al referirse a la solicitud que se haga teniendo como objeto el amparo de tales derechos, determinó que la misma podía ser interpuesta por ...el agraviado o por cualquier persona que gestione a favor de aquel, legitimando así a cualquier persona que tuviese interés en gestionar a favor del agraviado, y no sólo a éste que sería el afectado directamente.
Así, la distinción que hizo la Sala en la sentencia N°113 del 17 de marzo de 2000, entre el hábeas corpus y el amparo contra sentencias tuvo como finalidad garantizar una adecuada aplicación de ambos institutos, sin desconocer que en ambos casos, los derechos de los que solicita tutela son la libertad y seguridad personal, por tanto, en atención al criterio expuesto, y a partir del presente fallo, debe entenderse que cuando se trata de un hábeas corpus, strictu sensu, o de un amparo contra sentencia, que tenga como objeto la tutela de los referidos derechos, la legitimación activa le corresponderá a la persona afectada directamente o bien podrá ser extendida a cualquier persona, conforme lo dispone el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara ( ).
De la lectura del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito supra, se desprende que no era necesario que el abogado accionante consignara documento alguno para demostrar su cualidad, de allí que fue errada la consideración del a quo constitucional en virtud del cual el abogado Tomás Castillo Azoca, no tenía legitimación para actuar en nombre del ciudadano Claudio Tranquillini Serdoz, visto que en el presente caso se encuentra fundamentalmente involucrado el derecho a la libertad personal del referido ciudadano (Vid. Sentencia de la Sala N° 25/2013), motivo por el cual, sobre la base del criterio transcrito, esta Sala reconoce la legitimación del predicho abogado para actuar tanto en primera instancia como para el ejercicio de la apelación. Así se decide.
Resuelto el punto anterior, debe la Sala pronunciarse sobre la tempestividad de la apelación interpuesta el 1 de noviembre de 2013, observando al respecto que la misma fue ejercida dentro del lapso de tres días previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que resulta tempestiva. Así se decide.
En ese mismo escrito, la parte fundamentó la apelación ejercida, por lo que la Sala estima que el mismo resulta tempestivo, por cuanto su consignación no se excedió del lapso de 30 días, conforme a lo dispuesto en la sentencia N° 442 del 4 de abril de 2001 (caso: Estación de Servicios Los Pinos).
Ahora bien, esta Sala estima pertinente señalar que el caso sub lite no versa sobre una acción de amparo bajo la modalidad de habeas corpus, por el contrario, se trata de una verdadera acción de amparo constitucional contra decisión judicial, toda vez que los actos objeto de impugnación se encuentran configurados por unas órdenes de aprehensión emitidas por un órgano judicial, mediante las cuales, supuestamente, se ordena la restricción de la libertad personal del ciudadano Claudio Tranquillini Serdoz (Vid. Sentencia de la Sala N° 1.136/2012).
Ello así, se observa en el expediente continente de la acción de amparo constitucional, que la parte actora se limitó a la consignación de su escrito de acción de amparo sin el acompañamiento de copia simple o certificada ( ) de la orden de aprehensión N° 007-2013 de fecha 18 de septiembre de 2013, y de la orden de aprehensión de fecha 3 de octubre de 2013, que a su decir, fueron dictadas por el Juzgado de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, lo cual constituye un requisito indispensable para la admisión de cualquier demanda de tutela constitucional, en virtud de su necesidad para la comprobación de los presuntos agravios constitucionales denunciados (Vid. Sentencia de la Sala N° 750/2007).
En tal supuesto (falta de consignación de copias, aun simples, del acto u actos procesales objeto de impugnación), mediante decisión N° 778/2004, esta Sala asumió el siguiente criterio jurisprudencial:
(...) se evidencia de autos que, el accionante, en el momento en el cual interpuso la acción de amparo constitucional, únicamente consignó el escrito libelar, sin aportar copia simple o certificada de la decisión que accionó ni ninguna otra prueba que considerara pertinente.
Esta Sala señaló, en la sentencia del 1° de febrero de 2000 (Caso: José A. Mejía), lo siguiente:
( ) cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más y por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la causa donde se emitió el fallo, inmediatamente a su recepción, se notificará al juez o encargado del Tribunal, así como a las partes en su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia.
Como toda carga procesal, su incumplimiento acarrea una situación desfavorable para aquél sobre quien recae la misma, que en el presente caso es la declaratoria de inadmisibilidad de la acción. Igualmente debe señalar esta Sala, que al no haber consignado ningún tipo de copia de la sentencia accionada, la Corte de Apelaciones carecía de pruebas e indicios suficientes que dieran fe de la existencia de dicha decisión, por lo que resultaría inútil admitir una acción contra un fallo, cuya existencia se encuentra en duda, y que de existir desconoce su contenido.
En ese sentido considera la Sala que la acción de amparo ha debido ser declarada inadmisible por la razón antes apuntada y no improcedente in limine litis como lo declaró erróneamente el a quo en el dispositivo del fallo consultado, por lo cual se modifica la decisión sometida a consulta ( ).
Como se observa, en criterio de esta Sala, para el supuesto de que la parte actora no acompañe ni siquiera copia simple del acto u actos cuya impugnación pretenda, en la oportunidad cuando proponga su acción, corresponde la declaración de inadmisión de la pretensión de tutela constitucional, a menos que alegue y pruebe la imposibilidad para la obtención de la misma (Vid. Sentencia de la Sala N° 1.090/2011), por cuanto dicha copia constituye la prueba fundamental del supuesto agravio.
Ello así, esta Sala advierte que en el escrito de apelación el abogado actor alegó que ( ) se hizo imposible la obtención de las copias que la Corte de Apelaciones señala que son necesarias para la tramitación del hábeas corpus, pues a su decir, ( ) el Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en D.V.M. (sic) de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, luego de dictar las ilegales y arbitrarias órdenes de aprehensión no ha despachado en forma regular, dejando incluso de dar despacho durante diez (10) días consecutivos, lo cual es un hecho público y notario (sic), aun más para esta Corte de Apelaciones.
Ahora bien, ante tal alegato de la parte actora, se advierte que el argumento genérico de que el tribunal no ha despachado con la regularidad debida, resulta insuficiente para probar la existencia de causas concretas que le imposibilitaron adquirir el texto de dichas órdenes, ya que tampoco consignó prueba alguna que demostrara que había solicitado las copias en referencia, debiendo destacarse al respecto, que esta Sala en ocasiones anteriores ha señalado que la parte actora debe demostrar que la falta de consignación de ese documento fundamental para la admisión de la acción está plenamente justificada, probando que existe un obstáculo insuperable que no permite su obtención (Vid. Sentencia de la Sala N° 676/2013).
En el mismo sentido, esta Sala en decisión N° 1060/2011, entre otras, estableció lo siguiente:
( ) el incumplimiento de la parte actora de la obligación de consignar la copia certificada del fallo impugnado por vía de amparo, como toda carga procesal, acarrea una situación desfavorable para aquél sobre quien recae la misma, la cual no es más que la declaratoria de inadmisibilidad de la acción, por cuanto la admisión de una acción contra un fallo, cuya existencia se encuentra en duda, y que de existir se desconoce su contenido, contraría no sólo los principios que informan el proceso de amparo, sino que, además, constituye un requisito de ineludible cumplimiento para la admisión de cualquier pretensión, recurso, demanda o solicitud [que] se intente ante la Sala, esto de conformidad con lo establecido en los artículos 129, único aparte, y 133, numeral 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia ( ).
De acuerdo a las consideraciones antes expuestas y visto que en el caso de autos la parte accionante de amparo no acompañó junto con su escrito al menos copia simple de las decisiones denunciadas, esta Sala estima que la acción de amparo resulta inadmisible, de conformidad con lo previsto en el artículo 133.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por ser un requisito previo ( ) que se deben comprobar antes de entrar a analizar alguna de las causales previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales ( ) (Vid. Sentencia de la Sala N° 605/2013).
Declarado inadmisible el amparo constitucional ejercido, resulta inoficioso emitir pronunciamiento en relación con la medida cautelar innominada solicitada, en virtud de su carácter accesorio. Así se decide.
En virtud de las anteriores consideraciones, esta Sala declara sin lugar el recurso de apelación ejercido contra la decisión dictada el 29 de octubre de 2013, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, la cual se confirma en los términos expuestos. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta contra el fallo dictado el 29 de octubre de 2013, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, que declaró inadmisible el amparo ejercido por el abogado Tomás Castillo Azoca, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 19.245, en su carácter de defensor del ciudadano CLAUDIO TRANQUILLINI SERDOZ, titular de la cédula de identidad N° 9.302.479, contra las órdenes de aprehensión acordadas el 18 de septiembre de 2013 y 3 de octubre de 2013, por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta. En consecuencia, se CONFIRMA en los términos expuestos el referido fallo.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 21 días del mes de marzo de dos mil catorce (2014). Años: 203º de la Independencia y 155º de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Los Magistrados,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. Nº 13-1120
LEML/
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