Sentencia N.º 1918
- Sentencia
- N.º 1918
- Fecha
- 15/12/2011
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 08-1047
- Ponente
- Francisco Antonio Carrasquero López
- Procedimiento
- Recurso de Interpretación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Mediante oficio N° 2658, del 30 de julio de 2008, la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal, remitió a esta Sala el expediente N° 2004-0227, de la numeración llevada por dicha Sala, contentivo del recurso de interpretación interpuesto por los ciudadanos JOSÉ FERNÁNDEZ y FRANCISCO HERNÁNDEZ, identificados con las cédulas de identidad números 6.327.507 y 3.589.635, respectivamente, actuando en su condición de concejales del Municipio Los Salias del Estado Miranda, asistidos por el abogado Ricardo Baroni Uzcategui, inscrito en el instituto de previsión Social del Abogado bajo el número 49.220, sobre el artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios de los Estados y Municipios , en lo que concierne a determinar si los concejales tienen derecho a recibir pagos por concepto de bonificación de fin de año, bono vacacional, jubilación y pensión de invalidez.
El 6 de agosto de 2008, se dio cuenta en Sala y, se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien, con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 21 de noviembre de 2008, los ciudadanos Seberiano Guerrero, José Gustavo Santos, Gilberto Pereira Moncada, Ramón Marquina Dugarte, Luis Ochoa Sánchez, Antonio Molina Mora y José Montilva Urbina, identificados con las cédulas de identidad números 11.373.826, 5.449.790, 9.181.372, 7.649.126. 11.841.761, 13.211.466 y 6.152.218, respectivamente, actuando con el carácter de Concejales del Municipio Libertador del Estado Táchira, plantearon su intervención adhesiva en el presente asunto.
Constituida esta Sala Constitucional el 9 de diciembre de 2010, en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión especial celebrada el 7 del mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.569 del 8 de diciembre de 2010, quedó integrada de la siguiente forma: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado.
Efectuado el examen de los alegatos y denuncias planteadas, la Sala pasa a decidir, previas las consideraciones siguientes:
I
ANTECEDENTES DEL CASO
El 18 de marzo de 2004, los ciudadanos JOSÉ FERNÁNDEZ y FRANCISCO HERNÁNDEZ, actuando en su condición de CONCEJALES ELECTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LOS SALIAS DEL ESTADO MIRANDA , asistidos por el abogado Ricardo Baroni Uzcátegui, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 49.220, solicitaron ante la Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal, la interpretación del artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, para que se despejen las dudas que han surgido con ocasión a si los concejales tienen derecho a recibir pagos por concepto de bonificación de fin de año, bono vacacional, jubilación y pensión de invalidez.
El 23 de marzo de 2004, se dio cuenta en la referida Sala y por decisión del 27 de septiembre de 2006, se admitió la solicitud y se ordenó practicar las notificaciones legales correspondientes.
Practicadas las notificaciones ordenadas, el 22 de noviembre de 2007, se celebró el acto de informes, al cual comparecieron las representaciones judiciales de los accionantes, de la Procuradora General de la República, de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público.
El 30 de julio de 2008, la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal declinó la competencia para conocer del asunto planteado en esta Sala y ordenó la remisión del expediente.
II
DE LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN
Los solicitantes fundamentaron su pretensión conforme a los siguientes argumentos:
Que si bien el artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios de los Estados y Municipios, es claro al consagrar qué se entiende por emolumentos, la Contraloría General de la República es de la opinión que los concejales no tienen derecho al pago de las bonificaciones de fin de año y bono vacacional.
Que al haber dualidad de criterios en relación a la interpretación del artículo 2 de la ley in commento, existe una utilidad práctica en la interpretación solicitada.
Que quienes mantienen la tesis de que los Concejales no tienen derecho al pago de las bonificaciones de fin de año y bono vacacional, lo hacen sobre la base de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, según el cual los Concejales no devengarán sueldo. Sólo percibirán dietas por asistencia a las sesiones de la Cámara y de las Comisiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 de esa Ley.
Que quienes opinen con base en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que los Concejales solo (sic) tienen derecho a percibir el pago de dietas, no se han dado cuenta que esa norma fue derogada por la Ley Orgánica de Emolumentos, cuando en su Disposición Derogatoria Única establece que quedan derogadas todas las disposiciones legales que colidan con dicha Ley, y el referido artículo 56 LORM colide con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos ( ).
Que no existe en la Ley Orgánica de Emolumentos vigente una norma expresa que consagre tales derechos a los Concejales, lo cual no significa que los Concejales no tengan derecho a recibir jubilación y pensión, conclusión a la cual se pudiera llegar de una interpretación armonizada de la Constitución, de las leyes aplicables, de los principios generales de derecho y de la analogía.
Que el extinto Congreso de la República sancionó la Ley Orgánica sobre Emolumentos y Jubilaciones de Altos Funcionarios de las Entidades Federales y Municipales, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.106 de fecha 12 de diciembre de 1996 , respecto de la cual por vez primera el Legislador Nacional otorgó o reconoció expresamente el derecho de los Concejales a recibir el pago de una jubilación, estableciéndose en el artículo 7 eiusdem los requisitos mínimos de procedencia para ello ( ).
Que posteriormente la Asamblea Nacional Constituyente dictó el Régimen Transitorio de Remuneraciones de los Más Altos Funcionarios de los Estados y de los Municipios, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.880 de fecha 28 de enero de 2000, mediante la cual derogó la Ley Orgánica de Emolumentos de 1996, conforme lo disponía su artículo 9; volviéndose a consagrar el derecho a los Concejales a recibir jubilación, incluso, en condiciones más flexibles a las estipuladas en la Ley Orgánica de Emolumentos del año 1996 ( ).
Que en la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios de los Estados y Municipios del año 2002 extrañamente y sin explicación alguna, ( ) no se hace ninguna mención al derecho de jubilación y a pensión por invalidez que tenían los Concejales, los cuales les fueron reconocidos expresamente tanto en la Ley Orgánica de Emolumentos del año 1996 y por el Decreto-Constituyente sobre el Régimen Transitorio de Remuneraciones del año 2000, sino que simplemente se limita a establecer los límites mínimos y máximos de los montos de las remuneraciones a devengar por los funcionarios regulados por la misma.
Que como quiera que la Ley Orgánica de Emolumentos del año 2002 simplemente se limitó a regular el monto de las remuneraciones de los funcionarios ut supra mencionados, y no reguló lo concerniente al régimen de las jubilaciones y pensiones por invalidez de los Concejales, el artículo 7 del Decreto-Constituyente sobre el Régimen Transitorio de Remuneraciones del año 2000 sigue vigente, y ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del mismo, según el cual las disposiciones de ese Decreto-Constituyente seguirán vigentes hasta tanto la Comisión Legislativa Nacional o la Asamblea Nacional no legislaren sobre la materia regulada por ese Decreto, y como quiera que ni la Comisión Nacional Legislativa mientras estuvo constituida, ni la Asamblea Nacional hasta la presente fecha han legislado con relación al derecho de jubilación y pensión de los altos funcionarios municipales, entre los cuales se encuentran los Concejales, el artículo 7 del referido Decreto-Constituyente, sigue vigente.
Que ...hay que sumar lo dispuesto en la Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica de Emolumentos del año 2002, según la cual quedaron derogadas todas las disposiciones legales que colidan con esa ley, y como se mire, el artículo 7 del Decreto-Constituyente sobre el Régimen Transitorio de Remuneraciones del año 2000, no colide con ninguna de las disposiciones de la Ley Orgánica de Emolumentos del año 2002, ya que ésta última sólo se limita a regular el monto de las remuneraciones de los funcionarios regulados por ésta, no regula el derecho de jubilación y de pensión de esos funcionarios.
Que aun en el supuesto negado que se interprete que el artículo 7 del Decreto-Constituyente sobre el Régimen Transitorio de Remuneraciones del año 2000 no se encontrare vigente, es indudable que los Concejales tendrían derecho a recibir pensión por invalidez y jubilación, ya que la Ley Orgánica de los Concejos Legislativos reconoce esos derechos a los legisladores de los Concejos Legislativos, en sus artículos 8, numeral 6°, 12, 14 y 49, normas éstas que pueden ser aplicadas por analogía a los Concejales; lo contrario implicaría una violación de lo dispuesto en el artículo 21 y último aparte del artículo 147, ambos de la Constitución del 99 (sic).
Finalmente, solicitaron que se precisara lo siguiente:
1) Si los Concejales, conforme lo disponen los artículos 4 y 30 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, ¿están obligados a cotizar?
2) Si ¿bastaría que los Concejales para hacerse acreedores al pago de una pensión por invalidez, hayan prestado sus servicios por un período no menor de tres (3) años, conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios?
3) Si los Concejales tienen derecho a recibir el pago de bonificación de fin de año y el bono vacacional, además de su dieta, a partir del momento en que entró en vigencia la Ley Orgánica de Emolumentos del año 2002;
4) Si los Concejales tienen derecho a recibir el pago por concepto de jubilación y pensión por invalidez, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, hasta tanto la Asamblea Nacional no dicte la ley a la cual se refiere el último aparte del artículo 147 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
III
DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA
La Sala Político-Administrativa de este Máximo Tribunal declinó en esta Sala el conocimiento de la solicitud de interpretación, sobre la base de las siguientes consideraciones:
de lo antes transcrito esta Sala estima que si bien, en principio, fue solicitada la interpretación del contenido y alcance del artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, la parte actora pretende con la acción incoada que se determine si, ante la falta de regulación expresa en dicho texto normativo del derecho de los Concejales Municipales al cobro de la pensión de jubilación, se encuentra aún vigente lo regulado en el artículo 7 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y de los Municipios, lo cual, según el criterio sostenido por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, se encuentra dentro del ámbito de sus competencias, toda vez que ésta es el intérprete auténtico de la Asamblea Nacional Constituyente una vez que dicho órgano quedó disuelto, correspondiendo a la Sala Constitucional interpretar el régimen legislativo que fue dictando la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual significa que la interpretación de los actos legislativos del Poder Constituyente, forman parte de la interpretación constitucional. (Vid. sentencia de la Sala Constitucional N° 1563 del 13 de diciembre de 2000, reiterada en decisión N° 830 del 7 de mayo de 2004).
En el caso de autos, se advierte que si bien no fue solicitada expresamente la interpretación del artículo 7 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y de los Municipios, el determinar si dicha disposición se mantiene vigente luego de haberse promulgado la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, es un asunto que deberá ser dilucidado por la Sala Constitucional, por cuanto es a dicha Sala a la que corresponde efectuar el análisis pertinente del mencionado Decreto dictado por la Asamblea Nacional Constituyente y juzgar lo relativo a su vigencia.
Asimismo, a juicio de esta Sala, en cuanto a la solicitud formulada por la parte recurrente relativa a si los Concejales Municipales tienen derecho al cobro de las bonificaciones de fin de año y vacacional, corresponderá a la Sala Constitucional pronunciarse al respecto, toda vez que dicha Sala ya efectuó una interpretación relacionada con el derecho de percibir tales bonificaciones, pero refiriéndose específicamente al caso de los legisladores estadales, indicando a tal efecto:
Hecha la declaratoria anterior, debe igualmente la Sala precisar que, según el vigente artículo 2 de Ley Orgánica de Emolumentos para los Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, las bonificaciones de fin de año y el bono vacacional que perciben los legisladores estadales en la actualidad, no forman parte de la remuneración o de los emolumentos que los mismos perciben con motivo de la función parlamentaria que realizan en sus respectivas entidades federales, de allí que, en criterio de esta Sala, durante el período comprendido entre el 8 de agosto de 2000 y el 13 de septiembre de 2001, los legisladores estadales tenían derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90, único aparte, del Texto Constitucional, a recibir el correspondiente bono vacacional, y, según lo dispuesto por el instrumento legal o sub-legal estadal, la respectiva bonificación de fin de año, ya que los mismos, se insiste, no pueden ser sumados o agregados al monto total que los legisladores de las distintas entidades federales percibieron por emolumentos o remuneraciones, en los términos del artículo 5 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y los Municipios.
Asimismo, al estar garantizados por los artículos 86 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente desde el 30 de diciembre de 1999, esta Sala considera que los legisladores estadales tenían derecho, si concurrían los requisitos establecidos en la legislación especial (la entonces vigente Ley de Carrera Administrativa, la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, etc) para exigir su disfrute, a gozar del derecho a las prestaciones sociales y a ser jubilados o pensionados, sin que tampoco los montos percibidos por tales conceptos puedan ser añadidos o agregados al monto que resulte de sumar lo percibido por concepto de emolumentos o remuneraciones, a fin de probar la violación de la prohibición general establecida en el artículo 5 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y los Municipios, ya que, se insiste, mientras el sueldo, los bonos, las dietas, las primas y demás ingresos captados en forma regular y continua por los legisladores son emolumentos tendientes a hacer efectivo el disfrute del derecho que garantiza el artículo 91 constitucional, los conceptos antes mencionados (bono vacacional, bonificación de fin de año, prestaciones sociales, pensiones, jubilaciones, etc) tienen a garantizar el goce de otros derechos constitucionales, no susceptibles de desconocimiento por norma legal alguna. Así se declara.
Con base en las consideraciones previas, esta Sala Constitucional declara (I) que entre el 8 de agosto de 2000 y el 13 de septiembre de 2001, los legisladores de los Consejos Legislativos de los Estados no podían percibir por concepto de emolumentos o remuneraciones totales (incluidos sueldo, dietas, bonos, primas y demás ingresos recibidos en forma regular y continua) un monto superior a setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. 750.000,00), por mandato expreso de los artículos 9 del Decreto sobre el Régimen para la Integración de las Comisiones Legislativas de los Estados y 5 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y los Municipios; y (II) que entre el 8 de agosto de 2000 y el 13 de septiembre de 2001 los legisladores de los Consejos Legislativos de los Estados sí podían percibir prestaciones, distintas a los emolumentos señalados, por concepto de bono vacacional, bonificación de fin de año, prestaciones sociales, pensiones y jubilaciones, por no corresponder tales pagos a las remuneraciones totales a que aluden las mencionadas disposiciones legales, relativas al derecho constitucional al salario digno, sino a otros derechos igualmente protegidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide. (Vid. sentencia Sala Constitucional N° 830 del 7 de mayo de 2004, caso: Fanny García y otros legisladores del Consejo Legislativo del Estado Aragua y su aclaratoria del 23 de junio de 2004).
Precisado lo anterior, esto es, que la competencia para conocer y decidir el recurso de interpretación incoado corresponde a la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, debe advertirse asimismo que esta Sala en decisión N° 0800 del 29 de marzo de 2006 (caso: Fanny García y otros legisladores del Consejo Legislativo del Estado Aragua), si bien interpretó el artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, el punto central de dicho recurso era determinar si con la entrada en vigencia de la Ley in commento, se mantenían incólumes las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, contenidas en el primer aparte del artículo 12 así como en su artículo 49, que reconocen de manera indubitable el derecho a la seguridad social, refiriéndose al igual que en la decisión parcialmente transcrita al caso de los legisladores estadales.
Lo anterior difiere del caso de autos, en el que se pretende que se dilucide si con motivo de la entrada en vigencia de la referida Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, y ante la falta de regulación expresa en cuanto al derecho a la seguridad social, se mantiene aún vigente lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y de los Municipios, situación que, conforme al criterio supra señalado, es del conocimiento de la Sala Constitucional.
IV
DE LA COMPETENCIA
De manera preliminar, corresponde a esta Máxima Instancia Jurisdiccional resolver, en primer término, la declinatoria de competencia de la solicitud formulada y, en este sentido, observa que en sentencia Nº 1.077 del 22 de septiembre de 2000 (caso: Servio Tulio León), esta Sala se declaró competente para conocer de las solicitudes de interpretación acerca del contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, con fundamento en su cualidad como garante máximo del respeto del Texto Fundamental, así como en los poderes que expresamente le han sido atribuidos para la interpretación vinculante de sus normas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 336 eiusdem.
En tal sentido, se observa que si bien los solicitantes plantearon formalmente la interpretación de una norma de rango legal, no es menos cierto que, tal como señaló la Sala Político Administrativa, la interpretación planteada en el caso de autos se extiende a que se determine el alcance del artículo 7 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de Remuneraciones dictado por la Asamblea Nacional Constituyente, el cual, integra el sistema normativo constitucional (Vid. sentencias N° 1563/2000 y 1077/2000), y se encuentra bajo la potestad interpretativa de esta Sala, conforme a lo previsto en el artículo 25.17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el criterio jurisprudencial expuesto (caso: Servio Tulio León sentencia 1077/2000), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 25.17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con su primer aparte, esta Sala se declara competente para el conocimiento del recurso de interpretación ejercido. Así se decide.
V
DE LA TERCERÍA PLANTEADA
Seguidamente, corresponde analizar la intervención formulada por los ciudadanos Seberiano Guerrero, José Gustavo Santos, Gilberto Pereira Moncada, Ramón Marquina Dugarte, Luis Ochoa Sánchez, Antonio Molina Mora y José Montilva Urbina, como terceros adhesivos a la solicitud de interpretación planteada.
Al respecto, las solicitudes de interpretación cuyo conocimiento se encuentra atribuido a esta Sala, tienen como finalidad determinar el alcance e inteligencia de un precepto del denominado bloque de la constitucionalidad, ante la existencia de una duda que puede generar una situación de inseguridad jurídica lesiva del interés particular del solicitante, circunstancia que lo legitima para solicitar la interpretación. En este sentido, la solicitud de interpretación no pretende que se declare un derecho a favor del peticionante, sino que se dicte una sentencia mero declarativa, en la cual se dilucide la duda planteada mediante la determinación del verdadero sentido y alcance de la disposición objeto del ejercicio hermenéutico.
Ello así, la función jurisdiccional que esta Sala ejerce cuando conoce y decide sobre una pretensión de interpretación, constituye un proceso de mera declaración, por lo que su fin no es el de componer un conflicto de intereses entre partes, en virtud de que en éstos no existe una pretensión controvertida. De esta manera, cuando la Sala resuelve la duda planteada, no provee frente a dos partes cuyos intereses se encuentran en pugna para obtener la composición de los mismos, sino, por el contrario, actúa frente al interés general, cuya tutela reclama la labor interpretativa de la Sala.
Ahora bien, nuestro sistema procesal admite la posibilidad de que cualquier persona que tenga interés en una causa pendiente, pueda intervenir en ella. Las modalidades de dicha intervención de terceros se encuentran establecidas en el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil. Así, entre la formas de intervención voluntaria de terceros que permite la Ley Adjetiva Civil tenemos la llamada intervención adhesiva, la cual, tal y como lo prevé el ordinal 3º del mencionado precepto legal, procede cuando el tercero tenga un interés jurídico actual en sostener las razones de alguna de las partes y pretenda ayudarla a vencer en el proceso. De esta manera, el tercero adhesivo interviene en la causa en ayuda de alguna de las partes. Como lo precisó el maestro Chiovenda, todo cuanto él hace en el proceso, lo hace por un derecho ajeno; pero no es un representante de la parte, precisamente porque ésta es ya parte en causa (Chiovenda. G Curso de Derecho Procesal Civil, Harla, México, 1999. 324).
En realidad, el tercero adhesivo, en lugar de actuar para la composición del litigio propio y, por tanto, para la tutela del propio interés, se adhiere a la pretensión ya desplegada para la tutela del interés ajeno, es decir, éste interviene para ayudar a una de las partes a hacer valer sus derechos frente a la otra. Por ello, la intervención adhesiva sólo es posible en los procesos litigiosos, los cuales, tienen como finalidad el componer una litis, un conflicto de intereses entre particulares, donde el tercero adhesivo debe tomar posición con respecto a la parte a quien coadyuva a vencer en el juicio, por lo que éste se convierte en un litisconsorte auxiliar, que la contraparte debe aceptar como contradictor agregado. Situación jurídica procesal que no es dable en los casos de procesos judiciales no contenciosos, tales como aquellos en los que se pretende procurar la determinación del contenido y alcance de un precepto legal o constitucional del que se desprende dudas interpretativas.
De acuerdo con lo antes expuesto, resulta claro que en virtud de la naturaleza no contenciosa de la función jurisdiccional que resuelve una petición de interpretación, no es posible en estos procesos la participación de terceros en los términos previstos en el ordinal 3º del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil.
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional debe declarar inadmisible la intervención adhesiva planteada por los ciudadanos Seberiano Guerrero, José Gustavo Santos, Gilberto Pereira Moncada, Ramón Marquina Dugarte, Luis Ochoa Sánchez, Antonio Molina Mora y José Montilva Urbina. Así se decide.
VI
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinado lo anterior, resulta necesario observar que, desde el 22 de noviembre de 2007, cuando se celebró el acto de informes ante la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal, hasta el presente, los actores no realizaron ningún acto de impulso procesal y como quiera que dicha situación se ha extendido por más de un año, es patente que se ha configurado uno de los mecanismos anormales de terminación del proceso como es la perención.
En efecto, al igual que la derogada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 22.4), la Ley que actualmente rige las funciones de este Alto Tribunal, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el Nº 5.991, Extraordinario, del 29 de julio de 2010, reimpresa por error material el 1° de octubre de 2010, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.522, reconoce, en su artículo 98, la supletoriedad de ...las reglas del Código de Procedimiento Civil... para la solución de las causas que cursan ante este Máximo Órgano Jurisdiccional y, en este sentido, el artículo 9 del referido Código Adjetivo determina la vigencia temporal de las normas adjetivas y, a tal efecto, dispone lo siguiente:
Artículo 9. La ley procesal se aplicará desde que entre en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en este caso, los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía, se regularán por la ley anterior.
La disposición transcrita, no deja lugar a dudas sobre los parámetros temporales que debe observar el juzgador al momento de aplicar la ley adjetiva, a saber, entran en vigencia y, por tanto, son aplicables desde su publicación, sin embargo, los actos ya realizados o los hechos verificados, esto es, ocurridos pero aun no declarados, deben regirse por la ley vigente para el momento en que sucedió el hecho o acto procesalmente relevante.
En el caso de autos, la paralización procesal a que se hizo referencia supra ocurrió durante la vigencia de la derogada Ley del Tribunal Supremo de Justicia de 2004, la cual disponía en su artículo 19 lo siguiente:
Artículo 19:
( ) La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de la presentación de los informes. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención de la instancia ( ).
La citada norma reconocía la perención de la instancia como una sanción procesal que operaba (entonces y, de igual forma en la actualidad), de pleno derecho y una vez que se comprobaba el supuesto de hecho que la sustentaba, esto es, el transcurso del tiempo. Ahora bien, esta Sala acogiendo el criterio expuesto mediante decisión Nº 1.466 del 5 de agosto de 2004 (caso: Consejo Legislativo del Estado Aragua), que acordó desaplicar por ininteligible la disposición contenida en el párrafo quince [párrafo 16] del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que pareciera obedecer a un lapsus calamis del Legislador, y en atención a lo dispuesto en el aludido artículo 19 del Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, acordó aplicar supletoriamente el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 19 eiusdem, en lo relativo a la perención de la instancia.
Tal norma contiene en su texto, lo siguiente:
Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
Sobre la base de la norma transcrita, constatada como ha sido que en el caso de autos hubo una paralización del proceso que excede el lapso de un año y siendo que dicha paralización se produjo antes de haberse dicho Vistos, resulta forzoso para esta Sala, de conformidad con la citada disposición, declarar consumada la perención y por ende extinguida la instancia en este juicio. Así se decide.
VII
Decisión
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
1.- COMPETENTE para conocer la solicitud de interpretación interpuesta por los ciudadanos JOSÉ FERNÁNDEZ y FRANCISCO HERNÁNDEZ, en lo que concierne a determinar si los concejales tienen derecho a recibir pagos por concepto de bonificación de fin de año, bono vacacional, jubilación y pensión de invalidez.
2.- INADMISIBLE la intervención adhesiva planteada por los ciudadanos Seberiano Guerrero, José Gustavo Santos, Gilberto Pereira Moncada, Ramón Marquina Dugarte, Luis Ochoa Sánchez, Antonio Molina Mora y José Montilva Urbina.
3.- la perención de la instancia y la extinción del proceso.
Publíquese, regístrese, notifíquese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 15 días del mes de diciembre dos mil once. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Ponente
Los Magistrados,
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FACL/
Exp. n° 08-1047
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