Sentencia N.º 1919
- Sentencia
- N.º 1919
- Fecha
- 21/11/2006
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 06-0823
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Recurso de Interpretación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero
El 1 de junio de 2006, los ciudadanos Pedro Perera Riera e Inés Parra Wallis, titulares de las cédula de identidad nos 5.589.480 y 6.916.415, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nos 21.061 y 34.463, en ese orden, interpusieron ante
El 2 del mismo mes y año, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Efectuado el análisis correspondiente, pasa esta Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:
De la pretensión de Interpretación Constitucional
En el escrito libelar, los accionantes fundaron su pretensión de interpretación acerca del contenido y alcance del artículo 153 constitucional, sobre la base de las siguientes consideraciones:
Que, «es un hecho público y notorio que
Que, «debe entenderse que a partir del 22 de abril de 2006, día de la manifestación y presentación de la denuncia, cesaron para
Que, «el ordenamiento jurídico andino se encuentra organizado jerárquicamente por dos clases de normas: primarias y secundarias. Las fuentes primarias son las normas que regulan la fundación, organización y funcionamiento de
Que, «la incertidumbre que [tienen] los recurrentes en [su] condición de agentes de la propiedad industrial y que motiva la presentación de este Recurso de Interpretación Constitucional ante esta Sala Constitucional, versa sólo sobre la vigencia de las fuentes secundarias del ordenamiento jurídico andino dictadas con anterioridad a la denuncia del Acuerdo de Cartagena, es decir, sobre las Decisiones y las Resoluciones de carácter normativo dictadas por los órganos competentes de
Que, «resulta claro que con ocasión a la denuncia de Acuerdo de Cartagena realizada por
Que, en lo que respecta a las normas secundarias, «se encuentran conformadas por las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la comisión de
Que, «el presente Recurso de Interpretación Constitucional versa sobre la incertidumbre que existe en la aplicación de las normas secundarias andinas en el territorio venezolano y no sobre las primarias-, en virtud que tales normas pasaron a ser parte integrante del ordenamiento legal vigente, de conformidad con el artículo 153 de
Que, en lo que respecta a su legitimación, adujeron que «como agentes de la propiedad industrial [necesitan] que se despeje la incertidumbre sobre la vigencia del Derecho comunitario Andino Secundario en Venezuela una vez que el Estado venezolano procedió a denunciar el acuerdo de Cartagena [y] [e]n particular, [necesitan] tener certeza sobre si
Que, «si no se despeja la incertidumbre existente sobre la vigencia de
Que, además, «existen múltiples Decisiones y resoluciones dictadas por los órganos competentes de
En cuanto a la interpretación que debe brindarse a la norma constitucional contenida en el artículo 153, sostuvieron que «el Derecho Comunitario Andino Secundario (es decir, las decisiones y Resoluciones de carácter normativo dictada por los órganos competentes de
Que, «[a]sí, una vez que Venezuela ha dejado de ser miembro de
Que, «[e]n otras palabras, para que una Decisión Andina deje de estar vigente en Venezuela es necesario que
Que, «en este mismo orden de ideas, [consideran] que la cesación de la vigencia y aplicación de una resolución Andina, está sujeta a la probación de una ley por parte de
Que, en definitiva, «la vigencia del Derecho Comunitario Andino Secundario en Venezuela no puede ser cuestionada, porque se trata de normas emanadas de los órganos competentes en el momento en que fueron adoptadas».
Con fundamento en tales consideraciones, solicitaron a esta Sala determinar «si las normas que se adoptan en el marco de los acuerdos de integración se incorporan al ordenamiento jurídico nacional y si, por ende, las normas adoptadas por los órganos de
Por último, solicitaron que «[s]i [esta] Sala lo considera pertinente, con el objeto de confirmar la denuncia del Acuerdo de Cartagena realizada por
Motivaciones para decidir
De forma preliminar, debe
Como quiera que, en el presente caso, ha sido instada esta jurisdicción, con el objeto de precisar el contenido de la previsión contenida en el artículo 153 de
Dilucidada su competencia, y a los fines de determinar la admisibilidad de la pretensión de autos,
En este sentido, es impretermitible analizar lo referido a la legitimación para interponer la acción de interpretación constitucional y, a este efecto, se reitera que tal condición viene dada por la vinculación directa del accionante con un caso concreto, cuya resolución en el orden constitucional dé lugar a una duda razonable, que amerite el que sea instada la jurisdicción constitucional, con miras a solventar la posible incertidumbre derivada del máximo texto normativo y, además, brindar una utilidad práctica (no hipotética) a esta especial acción.
En efecto, mediante sentencia nº 1077/2000 (caso: Servio Tulio León),
«[Q]uien intente el recurso de interpretación constitucional sea como persona pública o privada, debe invocar un interés jurídico actual, legítimo, fundado en una situación jurídica concreta y específica en que se encuentra, y que requiere necesariamente de la interpretación de normas constitucionales aplicables a la situación, a fin de que cese la incertidumbre que impide el desarrollo y efectos de dicha situación jurídica. En fin, es necesario que exista un interés legítimo, que se manifiesta por no poder disfrutar correctamente la situación jurídica en que se encuentra, debido a la incertidumbre, a la duda generalizada».
En el caso de autos, se observa que ambos accionantes acudieron a esta Sala en su condición de agentes de la propiedad industrial, con el fin de determinar el alcance de la norma contenida en el artículo 153 constitucional, en conexión con un supuesto fáctico concreto: la denuncia del Acuerdo de Integración Subregional Andino y las inmediatas consecuencias jurídicas que se desprenden de tal hecho en nuestro ordenamiento jurídico, con especial referencia al estatus de la regulación comunitaria andina relativa a la propiedad industrial. En atención a esta circunstancia,
Por otra parte,
En lo que atañe a la tramitación de la presente causa, cabe observar
Se advierte, sin embargo, que en el presente caso no habrá lugar a la audiencia pública, por lo que
De
Cursa ante esta Sala el expediente signado n° 06-1178, contentivo de la demanda de interpretación constitucional interpuesta por la representación de
De este modo, como quiera que el caso analizado en esta oportunidad resulta conexo con la demanda previamente admitida, en resguardo de los principios procesales de economía y de no contradicción, esta Sala ordena acumular la presente causa al indicado expediente signado n° 06-1178, con el objeto de que una sola decisión abarque ambos procesos. Por último, dada la naturaleza del anterior pronunciamiento, ordena suspender el curso de la causa que previno, hasta tanto la presente se encuentre en el mismo estado. Así, finalmente, se decide.
Decisión
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
1.- Admite la acción de interpretación interpuesta por los ciudadanos Pedro Perera Riera e Inés Parra Wallis, arriba identificados, acerca del contenido del artículo 153 de
2.- Se ordena notificar de la presente decisión al Fiscal General de
3.- Se ordena notificar por medio de Edicto a todos los interesados en coadyuvar en cuanto al sentido que ha de darse a la interpretación solicitada, para que comparezcan por ante
4.- Se acumula la presente causa a la contenida en el expediente nº 06-1178 de esta misma Sala, con el objeto de que una sola decisión abarque ambos procesos. En consecuencia, suspéndase el curso de la causa que previno hasta que la presente se encuentre en el mismo estado.
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente-Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
Pedro Rafael Rondón Haaz
Francisco Carrasquero López
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Carmen Zuleta de Merchán
Arcadio Delgado Rosales
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
n° 06-0823
JECR/
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