Sentencia N.º 192
- Sentencia
- N.º 192
- Fecha
- 28/02/2008
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 04-1134
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Recurso de Nulidad
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, mediante escrito que presentaron ante esta Sala el 5 de mayo de 2004, los abogados BERNARDO WEININGER, HERNANDO DÍAZ CANDIA, JUAN JOSÉ DELGADO y RAMÓN ESCOVAR ALVARADO, con cédulas de identidad n.os 6.821.580, 10.330.480, 6.900.778 y 13.113.574, respectivamente, con inscripción en el I.P.S.A. bajo los n.os 34.707, 53.320, 31.019 y 97.073, respectivamente, plantearon demanda de nulidad, por razones de inconstitucionalidad, del artículo 87, ordinal 4°, de
El 13 de mayo de 2004, el Juzgado de Sustanciación admitió la pretensión de nulidad, ordenó la realización de las notificaciones a que se refiere
El 16 de junio de 2004, se recibió el expediente del Juzgado de Sustanciación y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz para el pronunciamiento correspondiente.
El 24 de agosto de 2004,
El 17 de febrero de 2005, el abogado Ramón Escovar requirió la continuación del proceso sin apertura del lapso probatorio.
Mediante auto de 29 de septiembre de 2005, se ordenó la remisión de la causa al Juzgado de Sustanciación para que continuase su tramitación, con abreviación del lapso probatorio.
El 6 de octubre de 2005, se recibió el expediente en el Juzgado de Sustanciación, el cual, mediante auto de 20 de octubre de 2005, ordenó el envío de la causa a
El 25 de octubre de 2005, se recibió el expediente en Sala, se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz y se fijó la oportunidad para el comienzo de la relación de la causa.
El 16 de noviembre de 2005 se fijó la oportunidad para la celebración el acto de informes orales, cuyo diferimiento se acordó el 17 del mismo mes y año.
El 22 de noviembre de 2005, compareció la abogada Miriam Omaira Pineda de Fariñas, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 13.962, Fiscal Tercero del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena y ante las Salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral, quien, mediante escrito, expuso la opinión de ese Despacho en relación con la causa.
El 14 de noviembre de 2006, el abogado Wuilmer José León González, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 88.110, consignó poder de
El 24 de mayo de 2007, se fijó nueva oportunidad para la realización del acto de informes orales.
El 29 de mayo de 2007, compareció la abogada María Luz Revollo, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 49.813, quien consignó poder de
El 5 de junio de 2007, la parte actora compareció y consignó escrito.
El 17 de julio de 2007, se dijo vistos.
I
DE
1. La norma cuya nulidad se demandó por razones de inconstitucionalidad, es el artículo 87, ordinal 4º, de
Artículo 87: Se considerarán nulas de pleno derecho las cláusulas o estipulaciones establecidas en el contrato de adhesión que:/(...)
4° Impongan la utilización obligatoria de arbitraje.
2. Como vicios de inconstitucionalidad denunciaron, en síntesis, los siguientes:
2.1 La violación de los artículos 253, parágrafo tercero, y 258, parágrafo segundo, de
2.2 La violación al derecho de acceso a la justicia y al derecho a la tutela judicial eficaz que reconocen los artículos 26 y 29 de
2.3 Que ...mal puede considerarse que todas las controversias de protección al consumidor se encuentran, sin excepción, comprendidas en la noción de orden público, referida en el literal a) del artículo 3 de
2.4 Que es inconstitucional la norma que se impugnó cuando hace referencia a cláusulas contractuales que impongan la utilización obligatoria del arbitraje, pues, tal como establece
3. En su petitorio, solicitó se declare la nulidad de la norma que se impugnó.
II
DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público solicitó la declaratoria con lugar de esta demanda de nulidad, para lo cual alegó:
en primer lugar, que los artículos 253 y 258 de
III
DEL ESCRITO DE INFORMES DE
La representación de
1. Que
2. Que al establecer de forma obligatoria la cláusula del arbitraje, estaríamos hablando de un arbitraje impuesto, ya que no sería verdaderamente libre, pues se impondría como condición para acceder al bien o al servicio requerido por el consumidor o usuario y se limitaría el acceso a los órganos jurisdiccionales.
3. Que el artículo 6 de
4. Que si los contratos de adhesión estipulasen de forma obligatoria el arbitraje no habría oportunidad para el consumidor o usuario de decidir si la controversia pudiera suscitarse con el proveedor de bienes o servicios sea dilucidado ante los tribunales ordinarios, ya que no habría acuerdo de voluntades, sino la prevalecía (sic) o dominio de una de ellas.
5. Luego del señalamiento de cuáles son los objetivos de
IV
DEL ESCRITO DE INFORMES DE
La representación de
1. Que no es claro el escrito de la demanda, porque no expresa suficientemente en dónde reside la inconstitucionalidad de la norma que impugnan.
2. Que la norma que se cuestionó no hace otra cosa que ajustar su contenido al más estricto respeto a las disposiciones que regulan la materia arbitral, en este caso
3. Que del texto del artículo 87, ordinal 4°, de
4. Que establecer un arbitraje obligatorio en un contrato de adhesión, origina la presunción de que tiene como efecto la exclusión de las vías jurisdiccionales ex lege, precisado en pacto expreso para excluirla por lo que resulta contrario al derecho a la tutela judicial efectiva....
5. Que según ha expuesto recientemente el Centro Nacional para el Derecho en materia de consumo de los Estados Unidos de América o National Consumer Law Center Inc, las cláusulas que obligan a los consumidores a emplear el arbitraje en caso de disputa constituyen hoy la mayor amenaza a los derechos de los consumidores, representando una infracción constitucional que mina los muchos años en defensa de los consumidores.
6. Que el arbitraje en materia de consumo está forjándose una pésima reputación, no por ser un mal método extrajudicial, sino por el empleo partidista que de este modo puede llegar a hacerse.
7. Que la parte actora incurre en contradicción, pues en sus argumentos ratifica que el legislador con la norma objeto de la presente impugnación, ha estado apegado a las disposiciones contempladas en
8. En conclusión, indicaron que el legislador no está en contra del arbitraje, sino del arbitraje obligatorio, pues lo que busca es impedir la incorporación de la cláusula arbitral en el contrato por adhesión, la que sí podrá incluirse como cláusula accesoria.
V
MOTIVACIÓN PARA
1. Como punto previo, observa
Debe esta Sala señalar que, de conformidad con el artículo 19, párrafo 9, de
Iniciada la relación de la causa, las partes deberán presentar sus informes en forma oral, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, a la hora que fije el Tribunal Supremo de Justicia. Al comenzar el acto de informes, el Presidente de
De este modo, es evidente que los informes constituyen un acto procesal de instrucción que, en atención a la oralidad que por Ley los caracteriza, han de cumplirse en un momento determinado, esto es, están sujetos a un término preciso, no así a un espacio de tiempo o plazo, como es lo propio de otros actos procesales tales como la contestación de la demanda o la promoción de pruebas, entre otros.
Asimismo, ha observado
De esta manera, en el asunto de autos, mal podían presentarse escritos de conclusiones por parte de quien no compareció al acto procesal de informes. De allí que
2. Corresponde a
2.1 En criterio de la parte demandante, la norma en cuestión violó los artículos 253, parágrafo tercero, y 258, parágrafo segundo, de
La representación del Ministerio Público consideró que la norma que se impugnó es inconstitucional pues la restricción contenida en el ordinal 4°del artículo 87 de
Por su parte,
Por último, la representación de
2.2 Dentro de los límites de la controversia como fueron expuestos, pasa
2.2.1
Para el cumplimiento con sus objetivos, la misma Ley dispone un título (Título IX De los Procedimientos) en el que se regulan varios trámites administrativos: el primero, que
De conformidad con el artículo 158 de
De esta manera, el Instituto de Defensa y Educación del Consumidor y Usuario (INDECU) ejerce ciertas potestades que gozan de la naturaleza de una específica forma de actividad administrativa, como lo es la actividad administrativa arbitral, que puede definirse como la potestad de resolver conflictos entre terceros, entre los administrados sobre derechos privados o administrativos
(Parada, Ramón, Derecho Administrativo, I, Parte General, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 551). Esta forma de actividad administrativa la cumple
Ahora bien, es evidente que ese procedimiento arbitral que regula
De esta manera,
2.2.2 En cuanto a la nulidad que se pretende,
Los artículos 253, parágrafo tercero, y el artículo 258, parágrafo segundo, de
El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público,
La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos (subrayado de
Las normas en cuestión revelan la importancia que el constituyente de 1999 dio a los medios alternativos para la solución de conflictos, como parte integrante del sistema de justicia; de allí que exhortó a que
(
) se incorporan al sistema de justicia, los medios alternativos para la resolución de controversias, tales como el arbitraje, la mediación y la conciliación, todo ello con el objeto de que el Estado los fomente y los promueva sin perjuicio de las actividades que en tal sentido puedan desarrollar las academias, universidades, cámaras de comercio y la sociedad civil en general.
Asimismo, siendo que la administración de justicia no es monopolio exclusivo del Estado, aunque solo éste puede ejercer la tutela coactiva de los derechos, es decir, la ejecución forzosa de las sentencias,
De esta manera,
Así, a través de mecanismos alternos al del proceso judicial, se logra el fin del Derecho, como lo es la paz social, en perfecta conjunción con el Poder Judicial, que es el que mantiene el monopolio de la tutela coactiva de los derechos y, por ende, de la ejecución forzosa de la sentencia.
A esa óptica objetiva de los medios alternativos de solución de conflictos, ha de añadírsele su óptica subjetiva, en el sentido de que dichos medios con inclusión del arbitraje, en tanto integran el sistema de justicia, se vinculan con el derecho a la tutela jurisdiccional eficaz que recoge el artículo 26 de
En efecto, como ha establecido esta Sala en anteriores oportunidades (especialmente, en la sentencia n.° 1139 de 5-10-00), los medios alternativos de solución de conflictos tienen como finalidad dirimir conflictos de una manera imparcial, autónoma e independiente, mediante un proceso contradictorio; a través de ellos se producen sentencias que se convierten en cosa juzgada, -en el caso del arbitraje, el laudo arbitral- y, por tanto, es parte de la actividad jurisdiccional y del sistema de justicia, pero no por ello pertenece al poder judicial, que representa otra cara de la jurisdicción, la cual atiende a una organización piramidal en cuya cúspide se encuentra el Tribunal Supremo de Justicia, y donde impera un régimen disciplinario y organizativo del cual carece, por ahora, la justicia alternativa. En consecuencia, en tanto implican el ejercicio de actividad jurisdiccional, los medios alternativos de justicia atañen al derecho a la tutela jurisdiccional eficaz, por lo que, si en un caso concreto, el mecanismo más eficaz para la tutela de una situación jurídica es el arbitraje, a él tendrá derecho el titular de esa situación, siempre, claro está, que se cumpla, además, con las condiciones de procedencia de esos medios alternos.
De lo anterior se desprende, entonces, que el análisis de constitucionalidad de la norma que se impugnó en el caso de autos el artículo 87, ordinal 4°, de
Asimismo, ha de recordarse que el principio general que guía al juez constitucional en la resolución de pretensiones de nulidad de normas de rango legal debe ser el principio de conservación de la ley, según el cual hay que procurar la interpretación constitucionalizante de la norma jurídica y sólo si esa interpretación no es posible, y su contenido es inevitablemente contrario a
El texto del artículo 87, ordinal 4°, de
Artículo 87: Se considerarán nulas de pleno derecho las cláusulas o estipulaciones establecidas en el contrato de adhesión que:/(...)
4° Impongan la utilización obligatoria de arbitraje.
La norma se inserta dentro del Título III, Capítulo I, de
El texto de la norma jurídica que se cuestionó puede interpretarse, a criterio de
Una segunda interpretación, que surge del análisis integral del marco legal del arbitraje en Venezuela, lleva al entendimiento de que no se proscribe, de manera absoluta, la previsión de cláusulas arbitrales en contratos por adhesión; sólo que esa previsión exigiría ciertas formalidades adicionales. Es esa la postura que sostuvo la representación de
Esta segunda postura surge, además, de la interpretación gramatical del verbo imponer que contiene el precepto que se cuestionó, según el cual, la cláusula será nula cuando se inserte dentro del conjunto de disposiciones a las cuales se somete el consumidor o usuario sin posibilidad de negociación o alternativa alguna; por interpretación en contrario, será válida siempre que se presente como una opción que acepte libremente el consumidor o usuario.
Así la interpretación del artículo 87, ordinal 4°, de
Artículo 6. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula arbitral, constituirá un acuerdo de arbitraje siempre que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.
En los contratos de adhesión y en los contratos normalizados, la manifestación de voluntad de someter el contrato a arbitraje deberá hacerse en forma expresa e independiente. (Destacado de
De esta manera,
En efecto, el contrato por adhesión es aquel acuerdo de voluntades que se caracteriza por el hecho de que su contenido o cláusulas son fijadas por una sola de las partes sin que la otra tenga posibilidad de modificación sino, simplemente, de suscripción o rechazo en su totalidad; en otras palabras, una de las partes se adhiere a la propuesta contractual de la otra sin posibilidad de negociación o modificación de las cláusulas.
Esta modalidad contractual, producto de la realidad que impone el orden económico y la celeridad de las negociaciones mercantiles, no supone anomalía alguna para el Derecho Privado, pues la teoría general del contrato no exige, como requisito esencial de validez de la formación de la voluntad contractual, la igualdad en la negociación de las estipulaciones o cláusulas contractuales, de manera que nada obsta para que una de las partes, en ejercicio de su libertad contractual, acepte y suscriba las condiciones que le ofrece la otra.
A través de esa propuesta unilateral, los contratos por adhesión persiguen la eliminación de las dificultades que pueden presentarse en la determinación de la voluntad contractual, principalmente en los casos de contrataciones que se realizan en masa en el marco de determinadas actividades económicas, por lo general de prestación de servicios, en las que la eficiencia y, como ya se dijo, la celeridad, son factores fundamentales. Pero además de la eficiencia que persigue incrementar el contrato por adhesión, la existencia de estipulaciones uniformes y generales para todos los cocontratantes asegura la igualdad de trato y condiciones que se otorga a éstos, lo que redunda en una mejor situación de los consumidores y usuarios de esa actividad de prestación.
En el caso que la ocupa, observa
Así lo ha sostenido
Así pues, la norma (artículo 87.4 Ley de Protección al Consumidor y al Usuario) citada consagra la necesidad de hacer constar por escrito el acuerdo de las partes de someterse a arbitraje, con la especial e insoslayable indicación de que en los contratos de adhesión la voluntad de los contratantes debe ser manifestada de forma expresa e independiente. No es suficiente entonces, que el contrato de adhesión por el cual las partes rigen sus relaciones, contenga una cláusula que estipule el procedimiento de arbitraje, sino que deberá expresarse en forma independiente al conjunto de las normas pre-redactadas, de manera que evidencie ser el producto de la voluntad de todos los contratantes y no tan sólo de uno de ellos.
Más recientemente, en sentencia n.° 1953 de 28-22-07, esa misma Sala señaló:
En efecto, en los contratos de adhesión y los normalizados, la voluntad de los contratantes debe ser manifestada de forma expresa e independiente. No es suficiente entonces, que documentos como el conocimiento de embarque contengan una cláusula que estipule el procedimiento de arbitraje, porque tal cláusula en esos contratos no es eficiente como obligatoria, sino que deberá expresarse en forma independiente y distinta, de manera que evidencie ser el producto de la libre voluntad de los contratantes y no la imposición de quien imprime el documento.
Recuérdese que el arbitraje, como medio alternativo de solución de conflictos, descansa sobre un pilar fundamental que es condición de fondo para la validez del acuerdo de arbitraje: el principio de autonomía de la voluntad. Así, no es posible que un sujeto de derecho sea sometido a un proceso arbitral si no ha expresado su consentimiento para ello, por lo que es siempre indispensable la previa manifestación expresa y por escrito de la voluntad de sometimiento a arbitraje, como lo exige el artículo 6 de
En criterio de esta Sala, esa norma (artículo 6 de
Es esa la debida interpretación de la norma cuya nulidad se solicitó, acorde con el régimen jurídico venezolano del arbitraje comercial y, más importante aún, es la interpretación que, a la luz de
Con fundamento en las consideraciones anteriores, estima
VI
DECISIÓN
Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 04-1134
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