Venley

Sentencia N.º 1927

Sentencia
N.º 1927
Fecha
21/11/2006
Sala
Constitucional
Expediente
06-0502
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Recurso de Nulidad

SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

El 5 de abril de 2006, el abogado Reinaldo Fuentes A., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 68.021, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos EUTIMIO ASDRÚBAL BARRIOS, ELINA ARISTEA RODRÍGUEZ DE B., NAYRA FERNÁNDEZ, LEOPOLDO MARÍA BLANCO GARCÍA, ADEL CALZADILLA SIFONTES, JOSÉ URBINA MONTOYA, MARNES ALFONSO LAIRET, RONNY ANDREÍNA MAJÍAS JAIMES, LUIS IVÁN LEÓN, GERMAN JIMÉNEZ MÁRQUEZ, ALEJANDRA RODRÍGUEZ OROZCO, CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ, DIONICIO SCOTT LOYO, YEAN LENIN GAMBOA, titulares de las cédula de identidad Nos. 2.129.780, 4.005.187, 9.723.499, 6.377.970, 8.866.940, 9.330.378,6.931.565, 6.152.333, 7.267.310, 11.569.825, 9.258.445, 2.142.601, 5.593.569, 13.273.756, respectivamente, consignaron ante esta Sala escrito contentivo del recurso de nulidad por inconstitucionalidad “contra el numeral 2 del Artículo 3 de Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.598 de fecha 26/12/2002 (...) e igualmente Recurso de Nulidad contra la Resolución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de fecha 07/04/2003, publicada en Gaceta Oficial N° 37.668 de la República Bolivariana de Venezuela y recurso de nulidad absoluta por inconstitucionalidad e ilegalidad del Acto Administrativo N° DAL-0001, denominado punto de cuenta presentado por el Presidente de la Asamblea Nacional; Caso: Remoción y Retiro de Asistentes Parlamentarios de fecha 05/01/2006 (...)”.

Por auto del 6 de abril de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado que con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Mediante escrito del 20 de abril de 2006, la ciudadana IRMA BLANCO, titular de la cédula de identidad N° 10.656.146, asistida por el abogado Reinaldo Fuentes, antes identificado, se adhirió al recurso de nulidad interpuesto el 5 de abril de 2006.

En diligencia del 23 de mayo de 2006, el abogado Reinaldo Fuentes, solicitó que le fueran devueltos los poderes originales, previa la comparación y certificación de sus respectivas copias.

Realizado el estudio del expediente, pasa la Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

DEL RECURSO DE NULIDAD

Expresaron los recurrentes en su escrito lo siguiente:

Que “ocuparon el cargo de ASISTENTE PARLAMENTARIO, en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, devengando un salario integral de Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Bolívares (Bs. 5.864.064) (sic) mensuales y un salario básico de Dos Millones Setenta Mil Doscientos Cuarenta Bolívares (Bs. 2.970.240) (sic) mensuales cada uno de los Asistentes Parlamentarios”.

Que “...la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Gaceta Oficial N° 37.598 del 26 de diciembre de 2002, promulga el Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional (EFAN), estatuyendo en el artículo 3, quiénes serán funcionarios de libre nombramiento y remoción, donde el numeral 1 hace (sic) identifica expresamente al personal que ocupe cargos de alto nivel administrativo (personal de dirección), en cuanto a su numeral 2: ‘Quienes ocupen cargos de confianza definidos como tales, mediante resolución de la Junta Directiva’...”.

Que “...el numeral 2 del artículo 3, del EFAN, aquí referido vulnera en forma simultánea y conexa los Principios Constitucionales de: Prevalencia de la Realidad sobre las Formas y Protección por parte del Estado de la Intangibilidad y Progresividad de los Derechos y Beneficios Laborales; ambos contenidos en el ordinal (sic) 1° del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, igualmente el Principio y Garantía por parte del estado de proveer Igualdad ante la Ley, y no discriminación, contenido en el Artículo 21 y el Ordinal (sic) 5 del Artículo 89 de la Constitución”.

Que “el numeral 2 del artículo 3, del Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional, faculta inconstitucional e ilegalmente a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, para indicar quienes pueden ser considerados funcionarios de ‘Confianza’. Potestad que atenta al principio de primacía de la realidad sobre la forma o apariencia en la relación laboral; ya que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional podrá, como en efecto lo hizo, señalar en forma unilateral y circunstancial a que empleados de la Asamblea Nacional se le considera de ‘confianza, desvinculándose este criterio de establecer el status de funcionario de confianza a través de la explanación de los supuestos de hecho y conformación del modelo tipo de características que constituyen el ser funcionario de confianza de la A N (Asamblea Nacional). Es decir, es criterio y opinión de la Junta Directiva de la A N, que basa la estipulación de quien es funcionario de confianza y no la naturaleza de la labor misma, el tipo-grado de subordinación y materia de competencia de esta clase de empleado de la A N”.

Que “el numeral 1 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa: ‘...En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias...’ , por tanto, según la norma constitucional son las funciones, las características y las responsabilidades que en realidad desempeña el trabajador y/o funcionario y no la calificación dada por el patrono, lo que determina la condición verdadera del trabajador”.

Que “...la interpretación constitucional que es ratificada por este digno Tribunal Supremo de Justicia... y así como ejemplo mencionamos lo expresado por la Sala de Casación Social en sentencia N° 294 del 31 de noviembre de 2001, en cuanto a la categorización de hecho de los trabajadores como de confianza o de dirección:

 “...Tal categorización, sin duda alguna obedece a una situación de hecho, mas no de derecho. En efecto, es la Ley Orgánica del Trabajo la que instruye en este sentido, cuando en su artículo 47, contempla:

“La calificación de un trabajador como de dirección, confianza, inspección o vigilancia, dependerá de la naturaleza real de los servicios prestados, independientemente de la denominación que haya sido convenida por las partes o de la que unilateralmente hubiese establecido el patrono”.

            Que “es el principio constitucional (primacía de la realidad) desarrollado en la citada norma legal, debe prevalecer para verificar la condición de un trabajador como de confianza y no la calificación convencional, unilateral o reglamentaria que el patrono confiera. Esto sólo se podrá verificar adminiculando las funciones, actividades y atribuciones que definen a los mismos, con las que realmente estos desarrollan, independientemente de la denominación del cargo o puesto de trabajo”.

Que “la determinación de la naturaleza y características del funcionario de confianza, en base a la realidad de la labor desempeñada, evitaría sin duda alguna la posibilidad de que cualquier funcionario de la a.n que sea distinto al estatus de confianza, llámese contratado, obrero u otro, sea calificado como de confianza, cercenándole el derecho a demostrar en vía administrativa y en contenciosa que aun cumpliendo el deber de proceder con la discreción y confidencialidad necesarias en todo momento en el desempeño de sus funciones, al igual de todos los funcionarios legislativos, es realmente otro tipo de funcionario distinto al de confianza, por encontrarse ausentes caracteres implícitos del funcionario de confianza”.

Que “la restricción de demostrar (sic) vía administrativa o judicial la real naturaleza y carácter de la labor desempeñada (hechos), por parte de los ASISTENTES PARLAMENTARIOS, aparentemente incluidos por la a.n. como funcionarios de confianza (VER Capítulo Cargos Distintos), según el Artículo 1 literal b) de la Resolución de la Junta directiva de la Asamblea Nacional  (2003, Abril 7) publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 37.688 (2003, Abril 9; además de vulnerarles la Garantía de Intangibilidad y Progresividad de los Derechos y Beneficios Laborales y el Principio de Primacía de la Realidad sobre las Formas o Apariencias en las Relaciones Laborales, establecidos en el Artículo 89, numeral 1 de la C.R.B.V., les despoja del derecho constitucional a la legítima defensa (Artículo 49 de C.R.B.V.) y la igualdad ante la Ley (Artículo 21 de la C.R.B.V. y el artículo 89 numeral 5 de la C.R.B.V.”.

Que “igualmente existe una violación constitucional por ir en contra del Artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cuando la norma legal aquí impugnada de inconstitucional vulnera la estabilidad al trabajo y facilita los despidos injustificados, de aquellos trabajadores o funcionarios legislativos que han sido calificados y/o definidos unilateralmente como de confianza por la A.N. (patrono), mediante una resolución, sin ninguna garantía al debido proceso, a la defensa de sus derechos, cuando no le permiten intentar demostrar los hechos”.

Que “el derecho a la defensa es inviolable en todo estado y grado de la investigación y del proceso, ofreciendo las leyes los particulares los medios adecuados (sic) para ejercer su defensa (Artículo 49 numeral 1 de la C.R.B.V.) que incluye la potestad de los asistentes parlamentarios de demostrar a través de los hechos reales propios de su relación laboral con su patrono (Asamblea Nacional), el carácter de su cargo o función sumiéndolos a ser clasificados en base al criterio unilateral de su patrono...”.

Que “estamos en desacuerdo con que un cargo de confianza sea definido como tal por una ley, pero lo que no se puede permitir por ningún concepto, además de ser inconstitucional, que sea el patrono quien califique al trabajador, y en el presente caso sea la Junta Directiva de la A.N. quien defina unilateralmente y mediante una resolución y/o resuelve (NO POR LEY), quien dentro de su personal es de confianza quien no, para así poder determinar quien es de libre nombramiento y remoción y quien no, ....que representa una violación del numeral 1 del artículo 89, y a la estabilidad laboral, conforma al artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Igualmente, solicitaron los recurrentes, la nulidad de la Resolución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional del 7 de abril de 2003, publicada en Gaceta Oficial N° 37.668 del 9 de abril de 2003.

Que “la resolución se fundamenta en el impugnado e inconstitucional numeral 2 del artículo 3 del Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional, así que, si es inconstitucional el resuelve que aquí se impugna, igualmente es inconstitucional y nulo todo acto administrativo que se fundamente legalmente en dicho resuelve aquí impugnado y nulo por inconstitucional, por tanto, solicitamos la declaratoria de nulidad absoluta por inconstitucional e ilegal del Acto Administrativo N° DAL-0001, denominado: Punto de Cuenta Presentado al Presidente de la Asamblea Nacional, Caso: Remoción y Retiro de Asistentes Parlamentarios de fecha 05/01/2006,...suscrito por la Directora General de Desarrollo Humano y por el Presidente de la Asamblea Nacional...”. Así mismo, solicitaron la nulidad de los actos administrativos en los cuales se notifica de la remoción y/o retiro de los ciudadanos que a continuación se señalan:

N

Cédula de identidad

N° del Acto Adm. Impugnado

Fecha

Anexo

EUTIMIO ASDRÚBAL BARRIOS (funcionario de carrera)

2.129.780

DAL- N°060112-059

05-1-06

A

ELINA ARISTEA RODRÍGUEZ DE B.(funcionaria de carrera certificado 237.904)

4.005.187

DAL-N°060112-129

05-1-06

B

NAYRA FERNÁNDEZ(funcionaria de carrera)

9.723.499

DAL-N°060112-046

05-1-06

C

LEOPOLDO MARÍA BLANCO GARCÍA (funcionario de carrera)

6.377.970

DAL-N°060112-132

05-1-06

D

ADEL CALZADILLA SIFONTES

8.866.940

DAL-N°060112-120

05-1-06

E

JOSÉ URBINA MONTOYA (funcionario de carrera)

9.330.378

DAL-N°060112-057

05-1-06

F

MARNES ALFONSO LAIRET (funcionario de carrera certificado 250288)

6.931.565

DAL-N°060112-092

05-1-06

G

RONNY ANDREINA MEJÍAS JAIMES (funcionaria de carrera)

6.152.333

DAL-N°060112-094

05-1-06

H

LUIS IVÁN LEÓN

7.267.310

DAL-N°060112-126

05-1-06

I

GERMÁN JIMÉNEZ MÁRQUEZ

11.596.825

DAL-N°060112-096

05-1-06

J

ALEJANDRA RODRÍGUEZ OROZCO

9.258.445

DAL-N°060112-141

05-1-06

K

CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ

2.142.601

DAL-N°060112-128

05-1-06

L

DIONICIO SCOTT LOYO

5.593.569

DAL-N°060112-124

05-1-06

LL

YEAN LENÍN GAMBOA

13.273.756

DAL-N°060112-053

05-1-06

M

Que “los actos administrativos de notificación suscritos por la Directora General de Desarrollo Humano de la Asamblea Nacional(...) son nulos y no surten ninguna consecuencia legal”.

De la misma manera señalaron los recurrentes que en el presente caso existe colisión entre normas legales, basándose en lo siguiente:

Que “de no declarar la nulidad del numeral 2 del Artículo 3 del Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional, continuaría la presencia de una colisión entre normas legales; la aquí impugnada como inconstitucional y el artículo 47 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuando esta última establece que la calificación de un cargo ‘dependerá de la naturaleza real de los servicios prestados, independientemente de la denominación que haya sido convenida por las partes o unilateralmente hubiese establecido el patrono’, en contra de la ‘posibilidad de definición unilateralmente de la Junta Directiva de la A.N. (patrono) de calificar como de confianza, cuestión que represente paralelamente un abuso inconstitucional de su potestad legislativa”.

Que “igualmente el numeral 2 del Artículo 3 del Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional (EFAN) y la Resolución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional ...coliden con la disposición legal contenida en el Artículo 53 del Estatuto de la Función Pública que señala que los cargos de alto nivel y los de confianza ‘...quedarán expresamente indicados en los respectivos reglamentos de los órganos o entes de la Administración Pública Nacional...’.Articulado que regula en forma supletoria lo no previsto en el EFAN, a tenor de lo expresado en el artículo 1 ejusdem”.

Que “el artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo, favorece con estabilidad en el trabajo ‘...a los trabajadores permanentes que no sean de dirección y que tengan más de tres meses al servicio del patrono...’ ofrendándoles el despido solo por justa causa. Derecho de índole laboral, que le corresponde a los Asistentes Parlamentarios de la Asamblea Nacional, al poseer más de tres meses al servicio de la Asamblea Nacional y no ser ‘de Dirección’...”.

Además adujeron que “la fecha de ingreso como ASISTENTE PARLAMENTARIO,...es anterior a la fecha de publicación en Gaceta Oficial, del Estatuto funcionarial de la Asamblea Nacional y anterior a la Resolución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de fecha 7 de abril de 2003...por tanto los recurrentes como ASISTENTES PARLAMENTARIOS, tenían un estatus, condición o derecho distinto, a lo impuesto inconstitucionalmente con la publicación y entrada en vigencia del Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional y de la Resolución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional,...es decir, el Resuelve de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en su ordinal b) del artículo 1, cambia las condiciones, características y derechos que poseían los ‘ASISTENTES DE DIPUTADOS’, y específicamente en cuanto a la estabilidad, modificando el contrato de trabajo y/o las características de la Relación Trabajo ya constituido con antelación entre esos trabajadores o funcionarios legislativos y la Asamblea Nacional como patrono, lo que representa una violación al Artículo 24 de la C.R.B.V., ya que la disposición legal aquí impugnada, impone efectos retroactivos en la relación laboral y en el contrato de trabajo, al anular la estabilidad que poseían los recurrentes, por el libre nombramiento y remoción, efecto prohibido por la norma constitucional”.

Que “la norma impugnada viola el artículo 30 del Estatuto de la Función Pública, al perturbar condiciones y la estabilidad de funcionarios de carrera cuando expresa que el presidente aprobó la remoción pero no cumplió con lo pautado legalmente de proceder a ser reubicados y garantizar el mes de disponibilidad y la colocación el registro de elegibles, conforme al artículo 43 segundo aparte del Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional y el último aparte del artículo 78 del Estatuto de la Función Pública, por tanto despido igualmente nulo, injustificado e ilegal”.

Que “la Resolución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional...hace expresa mención a aquellos funcionarios legislativos que ocupen el cargo de ‘asistentes de Diputados’, cargo distinto a los que ocupaban los recurrentes: ASISTENTES PARLAMENTARIOS, por tanto esta Resolución no es aplicable a los aquí recurrentes, así que el punto de cuenta DAL-0001, y las notificaciones realizadas a los ‘ASISTENTES PARLAMENTARIOS’, sobre su remoción, son nulas porque se fundamentan legalmente en una disposición que va dirigido a otro cargo y no le es aplicable a los ‘ASISTENTES PARLAMENTARIOS’”.

Solicitaron asimismo, los recurrentes amparo cautelar a los fines de que sea exigido a la Asamblea Nacional la entrega del acto administrativo DAL-0001, “denominado: Punto de Cuenta presentado al Presidente de la Asamblea Nacional, caso: Remoción y Retiro de Asistentes Parlamentarios de fecha 05/01/2006, suscrito por la Lic. Irma Gisela Aquino (Directora General de Desarrollo Humano) y por el Presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro ...o en su defecto  se solicite su exhibición según el artículo 82 de la Ley Orgánica del Trabajo, en el tiempo que estime oportuno u ordene practicar una Inspección Judicial en los archivos de la Asamblea Nacional, ...todo de conformidad con los artículos 26, 27,  numeral 8 del 49 de la C.R.B.V. y 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por conducta omisiva de la Asamblea Nacional, que transgrede los artículos 21 (no discriminación), 49 (debido proceso), 49 numeral 1 (acceso a pruebas), de la C.R.B.V.”.

II

DE LA COMPETENCIA

En el presente caso, se ha ejercido recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad contra “(…)el numeral 2 del Artículo 3 de Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.598 de fecha 26/12/2002 (...) e igualmente Recurso de Nulidad contra la Resolución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de fecha 07/04/2203, publicada en Gaceta Oficial N° 37.668 de la República Bolivariana de Venezuela y recurso de nulidad absoluta por inconstitucionalidad e ilegalidad del Acto Administrativo N° DAL-0001, denominado punto de cuenta presentado por el Presidente de la Asamblea Nacional; Caso: Remoción y Retiro de Asistentes Parlamentarios de fecha 05/01/2006”.

En cuanto a la competencia para conocer de recursos como el presente, establece el numeral 1 del artículo 336 de la Carta Magna que es atribución de la Sala Constitucional “Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constitución”.

Así mismo, el numeral 6 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que corresponde a esta Sala:

“Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad. La sentencia que declare la nulidad total o parcial deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, determinando expresamente sus efectos en el tiempo”.

Atendiendo a las disposiciones antes transcritas, esta Sala observa que la naturaleza jurídica del Estatuto de Personal impugnado es un acto con rango de ley dictado por el órgano legislativo nacional conforme a la atribución contenida en el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por tanto, al tener esta Sala el monopolio del control concentrado de la constitucionalidad, corresponde a la misma conocer del presente recurso en el cual se han denunciado vicios de inconstitucionalidad.

Siendo ello así, esta Sala se declara competente para conocer del recurso de nulidad interpuesto, así como para conocer de la Resolución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de fecha 07/04/2003 y del Acto Administrativo N° DAL-0001, contentivo de la Remoción y Retiro de Asistentes Parlamentarios de fecha 05/01/2006, visto que los referidos instrumentos fueron dictados en ejecución del presente Estatuto impugnado. Así se declara.

III

DE LA ADMISIBILIDAD

            Habiéndose declarado competente esta Sala para conocer del presente recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra, “(…) el numeral 2 del Artículo 3 de Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.598 de fecha 26/12/2002 (...) e igualmente Recurso de Nulidad contra la Resolución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de fecha 07/04/2203, publicada en Gaceta Oficial N° 37.668 de la República Bolivariana de Venezuela y recurso de nulidad absoluta por inconstitucionalidad e ilegalidad del Acto Administrativo N° DAL-0001, denominado punto de cuenta presentado por el Presidente de la Asamblea Nacional; Caso: Remoción y Retiro de Asistentes Parlamentarios de fecha 05/01/2006 pasa a pronunciarse respecto a la admisibilidad del mismo y al efecto, observa:

            Revisadas como han sido las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 19.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, no se evidencia alguna de las mismas en el presente recurso, de manera que no advierte en su estudio preliminar esta Sala: ley alguna que disponga su inadmisibilidad; que el conocimiento del mismo corresponda a otro Tribunal; que se haya acumulado a otro recurso con el que se excluya o cuyos procedimientos sean incompatibles; que falten los documentos indispensables para su admisibilidad; que contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos; que su contenido resulte ininteligible a los efectos de su tramitación; así como tampoco se evidencia falta de representación o legitimidad del recurrente, ni tampoco cosa juzgada. Asimismo, como lo establece el artículo 5.50 eiusdem, cuando expresa:

“Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, como más Alto Tribunal de la República: (omissis)

50. Conocer de los juicios en que se ventilen varias acciones conexas, siempre que al tribunal esté atribuido el conocimiento de una de ellas (...)”.

De manera que, esta Sala admite el presente recurso en cuanto ha lugar en derecho, sin perjuicio de la potestad que asiste a esta Sala de examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en la ley y la jurisprudencia en cualquier estado y grado del proceso.

            En virtud de lo expuesto, esta Sala admite la misma, por razones de economía y celeridad procesal. Así se declara.

            Como consecuencia de dicha admisión, en virtud de lo establecido por esta Sala en sentencia N° 1.645 del 19 de agosto de 2004 (Caso: “Constitución Federal del Estado Falcón”), cuyo criterio fue ratificado por esta Sala mediante decisión Nº 1.795 del 19 de julio de 2005, y de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena citar mediante oficio al ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional y a la ciudadana Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, así como al ciudadano Defensor del Pueblo, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados. A tales fines, remítase a los citados funcionarios copia certificada del escrito del recurso, de la documentación pertinente acompañada al mismo y del presente fallo de admisión.

            Así mismo, la citación de la ciudadana Procuradora General de la República, se practicará con arreglo a lo ordenado en el artículo 84 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

            De igual manera, se ordena el emplazamiento a los interesados mediante cartel, el cual será publicado por la parte recurrente, en uno de los diarios de mayor circulación nacional, para que se den por notificados, en un lapso de diez días hábiles siguientes contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados. La parte recurrente deberá consignar un ejemplar del periódico donde fue publicado el cartel, dentro de los tres días siguientes a su publicación; ante el incumplimiento de esta obligación se entenderá que desiste del recurso y se ordenará el archivo del expediente, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo undécimo del artículo 21 de la Ley que rige las funciones de este Tribunal.

IV

DEL AMPARO CAUTELAR SOLICITADO

La parte recurrente solicitó amparo cautelar previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a fin de que se “exija a la A.N. cumpla con la solicitud de entrega de la copia certificada del acto administrativo DAL-0001 denominado: punto de cuenta ... caso: remoción y retiro de Asistentes Parlamentarios fecha 05/01/06 suscrito por ...la Directora General de Desarrollo Humano...para su consignación en el expediente ...y constatar la exactitud con la copia fotostática consignada...”.

Con respecto a lo solicitado, esta Sala trae a colación la sentencia N° 65 del 4 de febrero de 2004, donde se estableció lo siguiente:

“...Dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo siguiente:

‘También es procedente la acción de amparo, cuando la violación o amenaza de violación deriven de una norma que colida con la Constitución. En este caso, la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá apreciar la inaplicación de la norma impugnada y el juez informará a la Corte Suprema de Justicia acerca de la respectiva decisión.

La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con acción popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos, en cuyo caso, la Corte Suprema de Justicia, si lo estima procedente para la protección constitucional, podrá suspender la situación jurídica concreta cuya violación se alega, mientras dure el juicio de nulidad’.

A la luz de la norma transcrita es necesario señalar que el objeto del mandamiento de amparo de naturaleza cautelar en juicios como el de autos, consiste en suspender la aplicación para el caso concreto de una norma denunciada como inconstitucional y que pudiera causar una violación de los derechos constitucionales invocados por el accionante.

Conforme a jurisprudencia reiterada de esta Sala, la suspensión de los efectos de las normas, así se plantee como protección cautelar por medio del amparo constitucional, constituye una respuesta excepcional del juez frente a las violaciones al Texto Fundamental que no encuentra otra forma idónea de ser atendidas.  La situación normal debe ser la opuesta: en virtud de la presunción de constitucionalidad, y debido al carácter erga omnes, las normas deben mantener su aplicabilidad hasta que el tribunal competente, luego de un completo análisis, determine su invalidez. Actuar de otra forma puede ocasionar más perjuicios que ventajas, con lo que la tutela provisional puede convertirse, lejos de su verdadera justificación, en un mecanismo para desatender disposiciones sobre las que aún resta hacer el pronunciamiento definitivo.

En efecto, la medida de inaplicación requerida supone una interrupción temporal de la eficacia del contenido normativo de la Ordenanza impugnada. Como tal, la suspensión de efectos constituiría una importante excepción legal al principio general, según el cual, con base en una presunta validez intrínseca de todo acto legal, éste tiene fuerza obligatoria y produce todos sus efectos desde el momento mismo de su publicación en la Gaceta Municipal, de modo que si no se maneja con equilibrio aquella inaplicación, el principio de autoridad quedaría quebrantado, de allí que, para que pueda ser acordada, tiene que existir una verdadera y real justificación aplicándose únicamente como medida excepcional cuando sea muy difícil reparar por sentencia definitiva los daños que resulten de la aplicación del contenido normativo del texto legal impugnado (Vid. Sent. N° 270/2000), aunado a que para que sea acordado el amparo cautelar debe verificarse que exista un riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) así como una presunción del derecho que se reclama (fumus boni iuris), debiéndose añadir a los referidos en materia de Derecho Público, donde puedan estar en juego intereses generales, la ponderación por parte del Juez de los intereses en conflicto.  

Atendiendo ya al caso de autos, se advierte que la parte accionante deduce la presunción de buen derecho de los mismos vicios de inconstitucionalidad que le imputa a las normas impugnadas y de la circunstancia de que tales preceptos se hicieron aplicables por haber sido publicada la ordenanza en la Gaceta Municipal.  En tal sentido se debe precisar, por una parte, que la presunción opera a favor del texto legal, y, por tanto, la parte accionante en amparo debe aportar elementos probatorios que influyan en el ánimo del juez con respecto a la inconstitucional aplicación del texto normativo, por aquello de que el amparo que dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ejerce contra el acto aplicativo de ésta y no contra la norma en sí misma.

Ciertamente, esa distinción no cabe en este caso para declarar la improcedencia del amparo ejercido, pues, del texto del artículo 54 se evidencia que se está en presencia de una norma auto aplicativa, supuesto contra el cual la Sala, siguiendo la postura de la entonces Corte Suprema de Justicia, ha excepcionado la exigencia comentada.  Lo que acomete la Sala para verificar la improcedencia de la solicitud es el hecho de que de los argumentos expuestos no son suficientes para que se acuerde la inaplicación del texto normativo impugnado, ya que, como se indicara, existe una presunción de validez intrínseca a favor de las normas, que los argumentos de los recurrentes, por estar fundados únicamente en sus imputaciones de inconstitucionalidad, no lograron quebrantar, aunado al hecho de que están cuestionando, básicamente, el ejercicio indefinido del derecho, por lo que al impugnarse prácticamente sólo la limitación temporal de la autorización y las consecuencias del incumplimiento normativo, con que los recurrentes cumplan con los requisitos exigidos por la ordenanza se atempera lo que, en su criterio, podría constituir un daño o representar una situación jurídica infringida, circunstancias que, en su conjunto, confluyen para que se preserve la aplicación de los textos normativos impugnados.  De allí que esta Sala declare la improcedencia de la acción de amparo. Así se decide.”.

Atendiendo a lo expresado en la sentencia parcialmente transcrita, esta Sala concluye que para resolver sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada, esta Sala observa que pretendido “la entrega del acto administrativo DAL-0001, denominado: Punto de Cuenta presentado al Presidente de la Asamblea Nacional, caso: Remoción y Retiro de Asistentes Parlamentarios de fecha 05/01/2006, suscrito por la Lic. Irma Gisela Aquino”, no encuadra dentro de los supuestos de procedencia del amparo cautelar, pues se dirige a que se ordene la realización de determinada actividad y no que se suspenda el acto de aplicación de la normativa impugnada, siendo que no resulta una medida idónea para restablecer cautelarmente el perjuicio denunciado toda vez que en los folios 89 y 90 del expediente cursa copia del acto administrativo DAL-0001 emanado de la Dirección General de Desarrollo Humano, donde se pueden constatar los datos suministrados por los recurrentes y por tanto la certificación de este acto.

Sobre la base de lo expuesto, esta Sala niega la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada. Así se decide.

V

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara:

1.- COMPETENTE para conocer del recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto por Reinaldo Fuentes A., antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos EUTIMIO ASDRÚBAL BARRIOS y otros, contra el numeral 2 del Artículo 3 de Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.598 de fecha 26/12/2002 (...) e igualmente Recurso de Nulidad contra la Resolución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de fecha 07/04/2203, publicada en Gaceta Oficial N° 37.668 de la República Bolivariana de Venezuela y recurso de nulidad absoluta por inconstitucionalidad e ilegalidad del Acto Administrativo N° DAL-0001, denominado punto de cuenta presentado por el Presidente de la Asamblea Nacional; Caso: Remoción y Retiro de Asistentes Parlamentarios de fecha 05/01/2006 (...)”.

2.- ADMITE el recurso de nulidad interpuesto. En consecuencia, se ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de continuar con la tramitación del recurso.

3.- NIEGA el amparo cautelar solicitado.

4.- ORDENA citar mediante oficio al ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional y a la ciudadana Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, así como al ciudadano Defensor del Pueblo, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados.

5.- ORDENA el emplazamiento de los interesados mediante cartel, el cual será publicado por la parte recurrente, en uno de los diarios de mayor circulación nacional, para que se den por notificados, en un lapso de diez días hábiles siguientes contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados. La parte recurrente deberá consignar un ejemplar del periódico donde fue publicado el cartel, dentro de los tres días siguientes a su publicación; ante el incumplimiento de esta obligación se entenderá que desiste del recurso y se ordenará el archivo del expediente.

            Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 21 días del mes de noviembre de dos mil seis (2006). Años: 196 ° de la Independencia y 147° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

Francisco Carrasquero López

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

Carmen Zuleta de Merchán

 

Arcadio Delgado Rosales

 

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

Exp. 06-0502

JECR/

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