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Magistrada Ponente Doctora YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ.
I
El 18 de abril de 2013, se recibió ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, un escrito contentivo de RECURSO DE CASACIÓN, interpuesto por el ciudadano abogado ÁNGEL GONZÁLEZ PARRA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°.- 83.273, en su condición de apoderado judicial de la víctima ciudadana ELSA RUBY GONZÁLEZ MORALES DE LEAL, en contra de la decisión dictada el 15 de febrero de 2013, por la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial ciudadano FREDDY HUERTA RODRÍGUEZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del referido Circuito Judicial Penal, que declaró con lugar la solicitud de desestimación de la denuncia presentada por la ciudadana ROSANGEL URDANETA MORGILLO, Fiscala Auxiliar del Ministerio Público, por cuanto los hechos denunciados no revestían carácter penal.
El 18 de abril de 2013, se dio cuenta a los ciudadanos Magistrados y Magistradas que integran la Sala de Casación Penal y previa distribución, correspondió el conocimiento de la misma a la ciudadana Magistrada Doctora YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ
II
DE LA COMPETENCIA
Debe previamente la Sala de Casación Penal, determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación y al efecto observa:
Con relación al conocimiento del referido medio recursivo, el numeral 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone:
Artículo 29. Es de la competencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:
Omissis
2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes, en materia penal.
Omissis
Del contenido del dispositivo legal ut supra transcrito, se observa que corresponde a la Sala de Casación Penal, el conocimiento de los recursos de casación que en materia penal se ejerzan contra las decisiones de los Tribunales de última instancia; en consecuencia la Sala, declara su competencia para conocer del presente asunto en aplicación del artículo 29 numeral 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
III
DEL RECURSO DE CASACIÓN
El recurso de casación planteado por el ciudadano abogado ÁNGEL GONZÁLEZ PARRA, apoderado judicial de la ciudadana ELSA RUBY GONZÁLEZ MORALES DE LEAL, se ejerció en contra de la sentencia dictada el 15 de febrero de 2013, por la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con fundamento en los términos siguientes:
PRIMERA DENUNCIA ( ) Con fundamento en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncio la violación del ley, POR FALTA DE APLICACIÓN del artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, aduciendo la falta de motivación de la sentencia recurrida, ello en virtud que la Corte de Apelaciones se limitó a transcribir el contenido de la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia, sin analizar detallada y exhaustivamente el contenido del recurso de apelación, dando respuesta parcial y de igual manera obviando varios particulares vertidos dentro del mismo, relacionados con la clara comisión de delitos de acción pública, que no dependen ni pueden subsumirse en los supuestos de la herencia de los bienes existentes al fallecimiento ab-intestato de una persona, y regulados en el ordenamiento jurídico venezolano con el procedimiento de partición para dividir los bienes de la comunidad mortis causa, y adjudicar las correspondientes alícuotas para cada causahabiente ( ) ya que una forma esencial de la justicia transparente es, la adecuada motivación de las decisiones judiciales, lo cual solo es posible cuando el Tribunal resuelva o de respuesta a todos y cada uno de los aspectos de los asunto sometidos a su consideración ( ) Estos hechos así denunciados y descritos, y cuyas pruebas también fueron acompañadas por la víctima a la denuncia respectiva, y se encuentran agregadas a las actas procesales, constituyen delitos de acción pública tipificados por el ordenamiento sustantivo penal, que el Ministerio Público debía investigar, sin que le sea exigible legalmente al denunciante su pre-calificación, como si es requerido al querellante ( ) Tales conductas están reguladas en el artículo 463.3 del Código Penal vigente para el momento de los hechos, y se conoce como DEFRAUDACIÓN o VENTA DE LA COSA AJENA, y se configura enajenando, gravando o arrendando como propio algún inmueble a sabiendas de que es ajeno; y está sancionado con pena de prisión de uno a cinco años ( )
( ) De lo antes transcrito se observa que procedió la segunda instancia de una forma incompleta al resolver solo parcialmente los puntos que le fueron planteados por la representación judicial de la Denunciante, omitiendo o silenciando toda referencia a explicar por qué estos hechos de disposición y desaparición de bienes ajenos realizados antes de la muerte del ciudadano ALBERTO GONZALEZ ECHEVERRI, no constituyen los delitos señalados de HURTO DE VEHÍCULO, DEFRAUDACIÓN o VENTA DE LA COSA AJENA; menos aun, se refiere a la FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, utilizada como medio para despojar a mi representada de sus derechos, ni al delito de FRAUDE FISCAL ( )
Siendo las cosas así, ciudadanos magistrados, evidentemente el cuerpo colegiado que conoció de la Apelación interpuesta contra la decisión proferida por el Tribunal Decimotercero de Control del Estado Zulia, EN NINGÚN MOMENTO SE PRONUNCIÓ RESPECTO A ESTOS PUNTOS ( ) es indudable que estamos en presencia de una clara y determinante inmotivación del fallo, y por tanto, al confirmar la decisión de la primera instancia dejó subsistente el vicio denunciado ( )
( ) SEGUNDA DENUNCIA ( ) denuncio la violación de ley, POR FALTA DE APLICACIÓN del artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, que dispone que Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación, al considerar que la Alzada incurrió en inmotivación de su decisión, cuando no explicó suficiente y adecuadamente, por qué se apartaba del criterio garantista de derechos fundamentales como son el debido proceso y el derecho a la defensa como contenido de aquél, fijado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de manera reiterada ( )
( ) Como se deduce claramente de una simple lectura a la sentencia de la Corte de Apelaciones, nada indica ese cuerpo colegiado por qué se parta tan ostensiblemente del criterio jurisprudencial fijado por la sala de Casación Penal, respecto de la necesidad de convocar y celebrar una audiencia oral para escuchar a la víctima, antes de acordar la desestimación de la denuncia, o en su defecto razonar en auto separado o previamente, porque no considera necesario su convocatoria ( ) la no realización de la referida audiencia vulneró el derecho fundamental de la víctima a ser oído, como uno de los aspectos medulares del debido proceso y el derecho a la defensa ( )
( .) TERCERA DENUNCIA ( ) denuncio la violación de ley, POR ERRONEA INTERPRETACION de los artículos 768 del Código Civil, 777 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 453 en su último aparte del Código Penal, relacionados el primero con la partición de la comunidad, el segundo con las acciones de división y partición de herencia y, el último con el delito de hurto, toda vez que el órgano de la Apelación confirmó la decisión de la primera instancia que desestimó la denuncia formulada por mi representada ( ) el recurso de apelación interpuesto por mi representada contra la decisión dictada por el Juzgado Décimo Tercero de Control, se le planteó de manera prolija a la Alzada, al igual que al Ministerio Público, una serie de hechos realizados por las denunciadas ( ) perfectamente subsumibles en diversos tipos penales tales como el fraude, la venta de la cosa ajena, el hurto de vehículo, el hurto de la herencia, el agavillamiento ( ) los cuales fueron desestimados por la recurrida con un argumento contradictorio al afirmar que se trataba de hechos que no revisten carácter penal, pero que podrían llegar a serlo, si el interesado cumplía previamente un procedimiento judicial civil de RENDICION DE CUENTAS y DIVISION Y PARTICION DE HERENCIA ( )
( ) CUARTA DENUNCIA ( ) denuncio la violación de ley, POR INDEBIDA APLICACIÓN del artículo 435 del Código Orgánico Procesal Penal, al considerar la Alzada en la decisión recurrida que la motivación exigua, en la que paladinamente reconoce incurrió la jueza de instancia, resulta una formalidad o esencial, porque en definitiva, por las razones ya explicadas en las primeras tres denuncias de este escrito casación, a su entender, los hechos denunciados no revisten carácter penal ( ) toda vez que el órgano de la Apelación confirmó la decisión de la primera instancia que desestimó la denuncia formulada por mi representada respecto de hechos típicos, jurídicamente reprochables penalmente, algunos de acción ´pública, sobre la base errónea de considerar que los hechos denunciados no revestían carácter penal, tal como se dijo, lesionando en definitiva el debido proceso y la tutela judicial efectiva . (Subrayado del recurrente).
Finalmente, el recurrente solicitó a la Sala de Casación Penal que se declare con lugar el recurso de casación y en consecuencia, se anule el fallo N°.- 039-13, dictado por la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, publicado el día 15 de febrero de 2013
IV
DE LOS HECHOS
La Sala observa que del escrito presentado por el Ministerio Público, donde solicita la desestimación de la denuncia interpuesta por la ciudadana ELSA RUBY GONZÁLEZ MORALES DE LEAL, se desprenden los hechos siguientes:
en fecha 18/10/2011, la ciudadana ELSA RUBY GONZALEZ MORALES DE LEAL, interpone escrito de denuncia por ante el Despacho de la Fiscalía Décima Séptima del Ministerio Público, en la cual entre otras cosas expone: Finalmente señalo otras conductas presuntamente delictivas de MARGARITA AYALA GUARIN, ya identificada como son:1) El uso, después de su fallecimiento de la tarjeta de crédito de mi padre, dejando un saldo en la tarjeta de crédito Master Card del Banco Mercantil por Dieciséis Mil trescientos Veinticinco Bolívares con Diez Céntimos (B. 16.325,10) el cual ahora se convierte en una carga para la Sucesión que mantengo con ella 2) el uso de fondos provenientes de alquileres, después del fallecimiento de mi padre, de inmuebles propiedad de ambas sucesiones y de los cuales no ha rendido cuenta ( ) .
V
DE LA ADMISIBILIDAD
Revisado como ha sido el recurso de casación interpuesto por apoderado judicial de la víctima ciudadana ELSA RUBY GONZÁLEZ MORALES DE LEAL, la Sala procede a resolverlo su admisibilidad o no, con base a las siguientes consideraciones:
En lo que respecta al primer presupuesto de admisibilidad referido a legitimación activa para recurrir, el recurso de casación fue interpuesto por el profesional del derecho ÁNGEL GONZÁLEZ PARRA, quien posee legitimación por fungir como por apoderado judicial de la víctima, la ciudadana ELSA RUBY GONZÁLEZ MORALES DE LEAL, tal como se desprende del instrumento poder que aparece agregado al folio 36 y 37 del cuaderno de Casación que forma parte del presente expediente.
En lo que respecta a la recurribilidad de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, observa la Sala que en el presente caso el recurso de casación se ejerce, en contra del fallo dictado por la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante el cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial ciudadano FREDDY HUERTA RODRÍGUEZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del referido Circuito Judicial Penal, que declaró con lugar la solicitud de desestimación de la denuncia presentada por la ciudadana ROSANGEL URDANETA MORGILLO, Fiscala Auxiliar del Ministerio Público, por cuanto los hechos denunciados no revestían carácter penal.
Ahora bien, delimitado lo anterior precisa la Sala que de acuerdo al artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal, Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos.
En el presente caso, donde lo que se impugna es la confirmatoria de una decisión que declaró con lugar la desestimación de la denuncia solicitada por el Ministerio Público, es ejercitable el recurso de apelación de acuerdo, pues de acuerdo con el artículo 284 del Código Orgánico Procesal Penal, la víctima tiene la posibilidad de ejercer el recurso de apelación, contra la decisión que declare con lugar la desestimación de la denuncia, al señalar el citado dispositivo entre otras cosas lo siguiente: será apelable por la víctima, se haya o no querellado, debiendo interponerse el recurso dentro de los cinco días siguientes a la fecha de publicación de la decisión .
Ahora, en lo que respecta al Recurso de Casación, el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal establece:
El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites.
Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior.
Del contenido de la mencionada norma, se observa que la decisión que pretende impugnarse a través del recurso de casación, no es de aquellas que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación ; por cuanto en el caso de autos, con la desestimación de la denuncia dictada por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia y posteriormente confirmada por la alzada; el proceso penal nunca llegó a iniciarse, debido a que la Representación Fiscal, quien ejerce la acción penal en nombre del Estado Venezolano, solicitó la desestimación de la denuncia realizada por el recurrente, por considerar que los hechos no revestían carácter penal, de manera que el referido modo de proceder a la investigación y al inicio del proceso, tal y como lo fue en este caso, la denuncia nunca se llegó a formalizar.
En consideración a lo ut supra indicado, advierte la Sala de Casación Penal que la decisión mediante la cual el Juzgado de instancia DECLARÓ CON LUGAR LA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN DE LA DENUNCIA interpuesta por la ciudadana Fiscala Auxiliar del Ministerio Público, es una decisión que únicamente es revisable por las Cortes de Apelaciones, mediante el ejercicio del recurso de apelación, motivado a que las decisiones que confirman la desestimación de la denuncia, no se encuentran tipificadas entre los fallos recurribles en casación, tal y como lo dispone el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.
Así, lo ha expuesto en reiterada jurisprudencia la Sala de Casación Penal:
En consideración a lo anterior, advierte la Sala que la decisión mediante la cual el Juzgado Vigésimo Octavo de Control DECLARÓ CON LUGAR LA SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN DE LA DENUNCIA interpuesta por la ciudadana Fiscala del Ministerio Público, es una decisión que únicamente es revisable por las Cortes de Apelaciones, mediante el ejercicio del recurso de apelación, debido a que las decisiones que confirman la desestimación de la denuncia, no se encuentran señaladas entre los fallos recurribles en casación, tal y como lo estipula el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal . (Vid. Sala de Casación Penal, sentencia N°.- 146 de fecha 24.4.2011).
En consecuencia, esta Sala de Casación Penal, estima procedente DECLARAR INADMISIBLE, el recurso de casación propuesto por el ciudadano Abogado ÁNGEL GONZÁLEZ PARRA, quien actúa en este acto como apoderado judicial de la ciudadana ELSA RUBY GONZÁLEZ MORALES DE LEAL. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de casación propuesto por el ciudadano Abogado ÁNGEL GONZÁLEZ PARRA, contra el fallo dictado el 15 de febrero de 2013, por la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia.
Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los VEINTIOCHO días del mes de MAYO de dos mil trece. Años 203° de la Independencia y 154º de la Federación.
La Magistrada Presidenta,
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
El Magistrado Vicepresidente,
HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES
EL Magistrado,
PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA
La Magistrada,
YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ
Ponente
La Magistrada,
ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENAREZ
La Secretaria,
GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
CAUSA: 2013-000145
YBKD