Sentencia N.º 1930
- Sentencia
- N.º 1930
- Fecha
- 14/07/2003
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 02-1597
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente Jesús Eduardo Cabrera Romero
El 2 de julio de 2002, el abogado Leopoldo Palacios, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 005, actuando como apoderado judicial del ciudadano Plinio Musso Jiménez, titular de la cédula de identidad número 891.004, interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el 3 de mayo de 2000 por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia.
En la misma oportunidad, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, subscribe el presente fallo.
Efectuado el estudio de las actas que conforman el expediente, pasa esta Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:
Del Recurso de Revisión
Los fundamentos del recurso interpuesto se hallan contenidos en la siguiente síntesis:
La ciudadana Delia del Carmen Chirinos Rosales de Añez Laredo, cuya Partida de Nacimiento la acredita como hija de Antonio Chirinos y Ricarda Rosales de Chirinos, ...omissis... demandó por ante el Juzgado 4º de Primera Instancia en lo Civil, con sede en esta Ciudad, a Plinio Musso Urdaneta, por inquisición de paternidad, alegando que ella es Delia del Carmen Linares, concebida en una supuesta unión concubinaria que aquél mantuvo con su madre pre-muerta, Delia del Carmen Linares.
La parte recurrente, opuso la excepción de falta de legitimación de las partes, la cual se decide en la sentencia definitiva, previa al fondo de la demanda.
En primer lugar señaló el recurrente que, la demandante carecía de legitimación activa debido a que la partida de nacimiento que acompañó como documento fundamental de la demanda, correspondía a una persona llamada Delia del Carmen Linares y, la actora se llamaba Delia del Carmen Chirinos Rosales de Añez.
Igualmente señaló que había falta de legitimación pasiva, ya que no podía exigírsele la paternidad de Delia del Carmen Chirinos Rosales al ciudadano, Plinio Musso Urdaneta, debido a que ella tenía una Partida de Nacimiento donde se le atribuía la condición de hija legítima de Antonio Chirinos y Ricarda Rosales; por lo que si alguien podía intentar la acción de inquisición en contra de él, sería la ciudadana Delia del Carmen Linares.
Además de ejercer dicha defensa perentoria, al contestar el fondo de la demanda, rechazaron y contradijeron la demanda en toda y cada de sus partes, por considerar inciertos los hechos narrados e inaplicable el derecho alegado.
El 2 de abril de 1991, el tribunal de la causa declaró sin lugar la demanda por considerar que la parte actora, al ser una persona distinta, no tenía el carácter que pretendía atribuirse y por ende carecía de cualidad e interés para intentar el referido juicio. Asimismo, señaló que el ciudadano Plinio Musso Urdaneta carecía de legitimidad pasiva para sostener dicho juicio.
La parte recurrente señaló que, a pesar de esta declaración que equivale a una declaración de improcedencia del examen de las pruebas promovidas por la actora-, el Juzgador comenta el contenido del artículo 210 del Código Civil, examina la deposición de testigos y decide sobre informe del IVIC, para concluir que ni el dicho de los testigos, ni el hecho de no haberse realizado la prueba de ADN podía ser tomado como presunción en contra del demandado, porque de ninguna manera podía desvirtuar el efecto de los documentos públicos (partida de nacimiento, partida de matrimonio, ficha de datos personales para la obtención de la cédula de identidad), que no fueron impugnados por la parte actora y en los cuales se le atribuye la condición de hija legítima de los ciudadanos Antonio Chirinos y Ricarda Rosales.
El 21 de octubre de 1997, el Juzgado Superior Segundo de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas confirmó la sentencia dictada por el a quo, y señaló que en materia relativa al establecimiento de filiación por vía judicial es necesario el cumplimiento del Código Civil en lo que se refiere a la prueba de los hechos, porque es materia de evidente orden público.
Además señaló el Juzgado Superior que, los referidos documentos públicos tenían valor erga omnes por lo que no podían ser desvirtuados con simples declaraciones de testigos, sino por medio de la tacha de falsedad de los mismos.
Igualmente señaló la sentencia del ad quem que, la parte actora debió haber impugnado la filiación por parte de Antonio Chirinos y Ricarda Rosales, para poder inquirirle la paternidad al demandado o a los herederos del mismo. En tal sentido, indicó que procedía la defensa de falta de cualidad opuesta por la parte demandada, y consideró innecesario analizar las declaraciones de los testigos en relación a probar la posesión de estado de hija o a comprobar la cohabitación de Delia del Carmen Linares y Plinio Musso Urdaneta durante el período de concepción de la demandante.
El 4 de febrero de 1998, la parte perdidosa formalizó ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación ejercido contra la sentencia del Juzgado Superior, que comprendía tanto el recurso de forma como el de fondo, de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Se denunció en el referido recurso de casación, como vicios de forma, la incongruencia y la inmotivación del fallo y, se pretendió rebatir con el principio de exhaustividad que informa al precepto contenido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, lo que señaló el juzgado ad quem, acerca de que los documentos públicos que constan en autos como la partida de matrimonio y la solicitud de cédula de identidad en las que se señala a sí misma como hija de Antonio Chirinos y Ricarda Rosales, los cuales no pueden impugnarse sino mediante el juicio de tacha de falsedad, además de rebatir lo concluido por la Alzada con respecto a que, si no había partes legitimadas no podía haber demanda, por lo que resultaba inoficioso examinar las declaraciones de testigos, tendientes a probar la posesión de estado y la cohabitación de la parte actora con el demandado.
En relación con el recurso de fondo, alegó la falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil que ordena a los jueces a analizar y juzgar todas las pruebas que hayan sido producidas, aún aquellas que no fuesen idóneas para ofrecer elemento de convicción alguno, así como la falta de aplicación de los artículos 210 y 230 del Código Civil que se refieren a las pruebas de la filiación y la paternidad.
El 3 de mayo de 2000, la Sala de Casación Social casó la sentencia de alzada, y señala la parte recurrente que fundamentó su decisión en una supuesta colisión entre los artículos 26, 257, 334 y 335 de la Constitución con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil a tenor del 20 ejusdem, que le permitió invertir los términos que fueron planteados en los Recursos contra la Recurrida. De allí que decidiera primero la infracción de los artículos 210 y 230 del Código Civil, pero silenció la oposición, que para ser decidida previa al fondo, había sido opuesta.
En el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil se establece que la Casación resolverá primero el recurso de forma y de no existir las faltas denunciadas, pasará a decidir el recurso de fondo, mientras que si se declara con lugar el primero de ellos, se ordenará al Juez de Reenvío que decida de conformidad con la doctrina establecida al respecto.
La Sala de Casación Social señaló en su sentencia que dicha norma contradecía lo señalado en el artículo 257 constitucional, donde se establece que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, ya que debe ser examinado en primer lugar si el fallo impugnado en Casación cumplió con su fin, a pesar de sus deficiencias de forma, siendo dicho fin, resolver la controversia con fuerza de cosa juzgada, posibilidad de ejecución y suficiente garantía para las partes. Por tal razón, la referida Sala en la sentencia sometida a revisión, inaplicó el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil.
Señaló así la parte accionante que, la determinación de las partes en juicio -que es su legitimación-, son formalidades esenciales de toda sentencia, por lo que acoger el criterio de dicha Sala sería concluir que se puede dictar una sentencia sin saber quiénes son las partes, lo que conduciría a la violación del ordinal 2º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal 2º del 243 y 244 ejusdem.
Apuntó el abogado recurrente que, la Sala de Casación Social al contrario de la Alzada que decidió que la única manera de enervar la validez de un documento público es mediante el juicio de tacha de falsedad, violentó lo dispuesto en el artículo 438 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que el criterio por el cual el tribunal de alzada omitió el examen de las pruebas, de acuerdo con el artículo 230 del Código Civil, es retador de la sana y eficaz administración de justicia. En tal sentido agregó que, la referida Sala no interpretó el cuerpo jurídico en su integridad sobre la supuesta infracción de los artículos 210 y 230 del Código Civil en armonía con el 1.357, 1.359 y 1.360 ejusdem y el 438 del Código de Procedimiento Civil.
Aunada a la falta de aplicación del artículo 230 del Código Civil, la Sala de Casación Social declaró que la sentencia de alzada, igualmente incurrió en un vicio de juzgamiento por falta de aplicación del artículo 210 del mismo Código.
Además observó el recurrente que, la Sala silenció totalmente, y, por supuesto, no resolvió la oposición nuestra sobre la falta de cualidad e interés de las partes para intentar y sostener, respectivamente, el presente juicio. Esta curiosa omisión vicia la decisión dictada, de nulidad absoluta y radical, a tenor de los ordinales 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 244 ejusdem.
En relación con la colisión entre la norma contenida en el Código de Procedimiento Civil y la Constitución, decretada por la Sala de Casación Social, el recurrente señaló que dicha Sala se limitó a declarar que existe colisión, entre las normas mencionadas, sin análisis, ni comparación alguna entre ellas, que fundamentó en el principio de economía procesal, y agregó que para la mencionada Sala, la oposición de falta de legitimación de las partes nada incidía sobre el fondo del asunto debatido; que por el contrario, y de acuerdo con la jurisprudencia de esa ilustre Sala (Constitucional) y la mejor doctrina sobre el particular, para decidir cualquier colisión de normas jurídicas planteada, es necesario contra-ponerlas en conflicto, para una adecuada decisión, lo cual debe constituir su parte motiva, que implica precisar las razones doctrinarias, jurisprudenciales y legales en las cuales se sustente el criterio adoptado.
Por ello, consideró el recurrente que la referida decisión violentó el artículo 49 de la Constitución de la República, sobre el debido proceso, y los ordinales 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el 244 ejusdem.
La parte recurrente hizo diversas menciones doctrinarias y jurisprudenciales acerca de la cualidad y el interés para estar en juicio, y posteriormente indicó que la Sala de Casación Social, aún cuando se refiere tangencialmente a la cuestión de falta de cualidad e interés de las partes para intentar y sostener, respectivamente, el presente juicio, se abstuvo de decidir este punto, que le fue planteado para ser decidido previo al fondo, con lo cual además, violentó el principio del debido proceso, lo que la vicia de inconstitucionalidad.
A juicio del recurrente, no existe la referida colisión entre el Código de Procedimiento Civil y la Constitución, además de haber infringido la sentencia sometida a la presente revisión, el orden establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, contraría el artículo 26 de la Constitución que consagra el derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y a obtener oportuna y adecuada respuesta.
De la Sentencia sometida a Revisión
El 3 de mayo de 2000, la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar el recurso de casación, decretó la nulidad de la sentencia del 21 de octubre de 1997, dictada por el Juzgado Superior Segundo de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y ordenó al tribunal que conociese en reenvío a dictar una nueva sentencia acorde con la doctrina asentada en dicho fallo.
En dicha sentencia, la referida Sala inaplicó la norma contenida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil por considerarla contradictoria con los principios constitucionales que ordenan no sacrificar la justicia por omisión de formalidades no esenciales, a obtener una justicia expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, establecidos en las disposiciones de los artículos 26, 257, 334 y 335 de la Carta Magna, (y) en acatamiento del deber, también constitucional, de aplicar con preferencia las disposiciones y principios constitucionales y garantizar su supremacía y efectividad, con fundamentos en lo dispuestos en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil.
Por tal motivo, la Sala de Casación Social pasó a decidir lo correspondiente a las denuncias de vicios de fondo contenidas en el recurso de casación antes de declarar la nulidad del fallo por defectos en su forma intrínseca, y de tal forma, examinar si el mismo, a pesar de su deficiencia, alcanzó con su fin, el cual no es otro que resolver la controversia con fuerza de cosa juzgada, posibilidad de ejecución y suficiente garantía para las partes.
Luego, desechó la denuncia de falta de aplicación de ley del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, y declaró que en la sentencia de alzada se violaron los artículos 210 y 230 del Código Civil por falta de aplicación de los mismos, y en tal sentido, declaró con lugar el referido recurso de casación de fondo.
Análisis de la Situación
En primer lugar, corresponde a esta Sala Constitucional dilucidar su competencia para conocer el recurso de revisión que ha sido planteado en contra de una sentencia proferida por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, a cuyo efecto observa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 336.10 constitucional y en el mismo sentido expuesto por la jurisprudencia dictada por la Sala respecto de las potestades conferidas por el precepto constitucional aludido (stc. 93/2001, caso: Corpoturismo), corresponde a esta Sala el examen del recurso interpuesto. Así se declara.
Precisada su competencia, a los fines de proveer sobre el caso sub exámine, la Sala observa que la decisión cuya revisión se pretende, inaplicó el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil por considerar que el mismo, contradecía principios constitucionales, específicamente el establecido en el artículo 257 de la Constitución.
Atendiendo a dicha apreciación la Sala de Casación Social procedió a revisar los vicios de fondo de la sentencia recurrida en casación, sin pronunciarse acerca de los vicios de casación de forma que habían sido alegados por la parte recurrente, en específico lo concerniente a la legitimación de las partes.
Primero, observa la Sala que el presente caso surgió a partir de un juicio de inquisición de paternidad intentado por la ciudadana Delia del Carmen Chirinos Rosales en contra del ciudadano Plinio Musso Urdaneta.
La demandante, para el momento en el que interpuso la referida demanda, tenía una partida de nacimiento que la identificaba como hija de los ciudadanos Antonio Chirinos y Ricarda Rosales de Chirinos, por lo que carecía de legitimación para intentar dicho juicio, ya que afirmaba ser una persona distinta a la titular del derecho exigido.
Debe señalar esta Sala que, si la demandante quería intentar un juicio de inquisición de paternidad contra el ciudadano Plinio Musso Urdaneta, debió primero impugnar su filiación con respecto a los que aparecen como sus padres, tanto en su partida de nacimiento como en su partida de matrimonio con el ciudadano Whener Ingres Sánchez Laredo, siendo éstos los ciudadanos Antonio Chirinos y Delia del Carmen Linares. De lo contrario, ¿cómo puede pretender la demandante el establecimiento de una filiación con el ciudadano Plinio Musso Urdaneta, si existió el reconocimiento voluntario de paternidad por parte del ciudadano Antonio Chirinos?, ¿acaso debe entenderse que la ciudadana Delia del Carmen Chirinos Rosales pretendía el reconocimiento de la paternidad de dos personas distintas?.
Atendiendo a tales situaciones, el artículo 221 del Código Civil establece lo siguiente:
Artículo 221: El reconocimiento es declarativo de filiación y no puede revocarse, pero podrá impugnarse por el hijo y por quien quiera que tenga interés legítimo en ello.
De conformidad con el referido artículo, la demandante debió impugnar previamente su estado de hija con respecto al ciudadano Antonio Chirinos, y así tendría la cualidad o legitimación requerida para intentar la demanda de inquisición de paternidad en contra del ciudadano Plinio Musso Urdaneta.
Establecido lo anterior, debe esta Sala aclarar los conceptos de legitimación o cualidad para ser parte en juicio, para así establecer si la misma se refiere al fondo de la controversia o es una formalidad (esencial o no) de la consecución de la justicia.
Anteriormente se confundían, los conceptos de legitimación de las partes, con la titularidad del derecho solicitado y con el interés personal necesario para accionar.
La cualidad o legitimación ad causam, es un problema de afirmación del derecho, es decir, está supeditada a la actitud que tome el actor en relación a la titularidad del derecho. Si la parte actora se afirma titular del derecho entonces está legitimada activamente, si no entonces carece de cualidad activa.
Incluso la legitimación pasiva está sometida a la afirmación del actor, porque es éste quien debe señalar que efectivamente el demandado es aquél contra el cual se quiere hacer valer la titularidad del derecho.
El juez, para constatar la legitimación de las partes no revisa la efectiva titularidad del derecho porque esto es materia de fondo del litigio, simplemente observa si el demandante se afirma como titular del derecho para que se dé la legitimación activa, y si el demandado es la persona contra la cual es concedida la pretensión para la legitimación o cualidad pasiva.
La legitimidad se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico venezolano en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica, debido a que ella, le permite al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario y que no se produzca la contención entre cualesquiera parte, sino entre aquellas en las cuales ciertamente existe un interés jurídico susceptible de tutela judicial.
En el primer aparte del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, referente a la contestación de la demanda, se establece que:
Junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación podrá éste hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio y las cuestiones a que se refieren los ordinales 9 °, 10 y 11 del artículo 346, cuando estas últimas no las hubiese propuesto como cuestiones previas.(Subrayado de la Sala)
A diferencia de como lo establecía el antiguo Código de Procedimiento Civil, es decir, como excepción de inadmisibilidad para ser decidida in limine litis, la falta de cualidad, de conformidad con el referido artículo, es una excepción que va a ser decidida en la sentencia de fondo, así ella pueda obrar contra el derecho de acción.
Es necesaria una identidad lógica entre la persona del actor en el caso concreto y la persona en abstracto contra la cual la ley ha concedido la acción, lo que se manifiesta en la legitimación tanto activa como pasiva, que pueda ser controlado por las partes en ejercicio del derecho constitucional a la defensa.
Esta Sala observa que, en el presente caso la parte recurrente negó su condición de demandado y alegó en todas las instancias del proceso la falta de legitimidad tanto de la parte actora como de ella, como parte demandada; ya que mal podía ser Plinio Musso padre de la accionante, si legalmente, su padre era otra persona, cuyo reconocimiento seguía siendo válido. Siendo así, mal podría Delia del Carmen Chirinos afirmarse hija de Plinio Musso y poder hacer declaraciones de derecho en su contra, si legítimamente aparecía como hija de Antonio Chirinos, a quien no se le impugna tal condición, por lo que la Sala de Casación Social, al no pronunciarse en su sentencia, en relación a dichos alegatos lesionó el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 de la Constitución.
A lo anterior añade la Sala que, la referida excepción de falta de cualidad, ciertamente es una excepción que ataca a la acción, pero debido a que se encuentra ligada indisolublemente a la pretensión y responde a principios consagrados constitucionalmente como lo son la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, representa una formalidad esencial para la consecución de la justicia.
Una vez establecido lo precedente, debe esta Sala revisar si efectivamente existe la colisión decretada por la Sala de Casación Social entre el Código de Procedimiento Civil y la disposición contenida en el artículo 257 constitucional.
El artículo 320 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:
Artículo 320: En su sentencia del recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia, se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, sin extenderse al fondo de la controversia, ni al establecimiento ni apreciación de los hechos que hayan efectuado los Tribunales de instancia, salvo que en el escrito de formalización se haya denunciado la infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos, o de las pruebas o que la parte dispositiva del fallo sea consecuencia de una suposición falsa por parte del Juez, que atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo.
Podrá también la Corte Suprema de Justicia extender su examen al establecimiento o valoración de los hechos cuando tratándose de pruebas no contempladas expresamente en la ley, el Juez las haya admitido o evacuado sin atenerse a la analogía a que se refiere el artículo 395 de este Código, o no las haya apreciado según las reglas de la sana crítica a que se refiere el artículo 507 ejusdem.
Si al decidir el recurso la Corte Suprema de Justicia encontrare una infracción de las descritas en el ordinal 1° del artículo 313, se abstendrá de conocer las otras denuncias de infracción formuladas, y decretará la nulidad y reposición de la causa al estado que considere necesario para restablecer el orden jurídico infringido. Igual abstención hará cuando declare con lugar una infracción que afecte una interlocutoria que haya producido un gravamen no reparado en la definitiva.
Si no hubiere habido las infracciones aludidas en el párrafo anterior, la Corte Suprema de Justicia entrará a conocer de las denuncias formuladas conforme al ordinal 2° del artículo 313, pronunciándose sobre ellas afirmativa o negativamente mediante análisis razonado y estableciendo además, cuáles son las normas jurídicas aplicables para resolver la controversia, ya sean éstas las indicadas por las partes en los escritos de formalización o de contestación, o las que la propia Corte Suprema de Justicia considere que son las aplicables al caso.
Podrá también la Corte Suprema de Justicia en su sentencia hacer pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que ella encontrare, aunque no se las haya denunciado.
En la sentencia del recurso se hará pronunciamiento expreso sobre costas conforme a lo dispuesto en el Título VI de este Libro. La condena en costas del recurso será obligatoria en caso de desistimiento o cuando se le deje perecer.
Si en un mismo juicio se anunciaren y admitieren varios recursos de casación al mismo tiempo, la decisión de ellos se abrazará en una sola sentencia que contenga tantos capítulos como recursos, pero la sustanciación se hará en cuadernos separados (Subrayado de la Sala).
De conformidad con dicho artículo la casación debe revisar, en primer lugar, si existe alguna de las infracciones descritas en el ordinal 1º del artículo 313, es decir los vicios de forma o errores in procedendo contenidos en la sentencia recurrida. De ser así, debe abstenerse de conocer las demás denuncias formuladas, decretará la nulidad y ordenará la reposición de la causa al estado que considere necesario.
De tal forma que, sólo procederá el tribunal de casación a decidir sobre los vicios de fondo o errores in iudicando, si no encontrare ningún vicio de casación de forma en la sentencia de alzada.
El artículo 257 de la Constitución establece lo siguiente:
Artículo 257: El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales (Subrayado de la Sala).
Dicho artículo establece que no se sacrificara el mérito de la decisión por la omisión de alguna formalidad no esencial, ya que resulta evidente que la justicia no se sacrificará en ningún caso.
Asimismo, la referida norma constitucional, de manera implícita señala que por el incumplimiento de los requisitos de forma esenciales sí se sacrificará la decisión de fondo, es decir que, no se puede dictar una sentencia de fondo cuando no se ha observado el debido proceso.
De manera que, lo que debe revisar el tribunal de casación es si los defectos de forma que están planteados configuran incumplimiento de formalidades esenciales o alguna inobservancia de los principios que rigen el debido proceso, para lo cual debe resolver cada uno de los motivos de casación de forma, antes de decidir sobre los vicios de casación de fondo.
Es así como a juicio de esta Sala que, el artículo 257 de la Constitución obliga constitucionalmente y le da pie de apoyo al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, cuando obliga primero a considerar los motivos de casación de forma y, tras declarar que no existen infracciones con respecto a éstos, entrar a considerar los motivos de casación de fondo. Por lo que no considera esta Sala que exista colisión entre los referidos artículos y en tal sentido la Sala de Casación Social realizó una interpretación errónea del texto constitucional.
Sin embargo, en el caso bajo examen la Sala de Casación Social no resolvió los motivos de casación de forma, para entrar directamente a conocer los motivos de casación de fondo, con lo cual violentó el artículo 257 constitucional, ya que la legitimidad de las partes configura una formalidad esencial del proceso, de lo contrario se pondría en juego la seguridad jurídica, al interponerse acciones entre cualesquiera partes, incluso entre las que no se afirman titulares del derecho reclamado.
En conclusión, de conformidad con lo expresado esta Sala anula la decisión impugnada mediante revisión y, en consecuencia, la causa debe ser repuesta al estado en que la Sala de Casación Social dicte nueva sentencia del recurso de casación. Así se declara.
III
Decisión
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de revisión intentado por el abogado Leopoldo Palacios, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 005, actuando como apoderado judicial de la Plinio Musso Jiménez, titular de la cédula de identidad número 891.004, interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el 13 de mayo de 2002 por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, ANULA la decisión objeto de revisión y REPONE la causa al estado en que dicha Sala dicte una nueva decisión correspondiente al recurso de casación.
Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada del presente fallo a la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de julio de 2003. Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
Iván RINCÓN Urdaneta
El Vicepresidente-Ponente
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
José Manuel Delgado Ocando
Antonio José García García
Pedro Rafael Rondón Haaz
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 02-1597
JECR/
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