Sentencia N.º 1933
- Sentencia
- N.º 1933
- Fecha
- 11/10/2001
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 01-1738
- Ponente
- Iván Rincón Urdaneta
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta
Mediante escrito presentado en esta Sala el 1 de agosto de 2001, los abogados Jesús Alberto Díaz Peña, Humberto Arenas Machado y Ricardo Baroni Uzcategui, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 70.823, 4.955 y 49.220, respectivamente, actuando el primero de ellos como Síndico Procurador Municipal del MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA, y los dos últimos como apoderados judiciales de dicho ente municipal, ejercieron acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 1 de febrero de 1999, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas con ocasión a una demanda por reivindicación y daños y perjuicios ejercida por la C.A. El Cafetal.
En esa misma oportunidad se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Del contenido del libelo de demanda y de los recaudos acompañados a ella, se desprenden los siguientes hechos que justifican el ejercicio del amparo constitucional:
Con ocasión a una demanda de reivindicación de unos terrenos ubicados en la Urbanización El Cafetal, conjuntamente con daños y perjuicios, incoada por la C.A. El Cafetal contra el Municipio Baruta del Estado Miranda, el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, por decisión del 28 de julio de 1997, la declaró con lugar.
Ejercido recurso de apelación contra dicho fallo, subieron los autos al Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, el cual, por sentencia definitivamente firme del 1 de febrero de 1999, confirmó la decisión apelada, condenando al ente municipal a:
PRIMERO: A Restituir a la empresa C.A. El Cafetal la parcela de terreno BD-2, ubicada en Plaza las Américas, Urbanización El Cafetal, Municipio Baruta del Estado Miranda, Caracas, la cual tiene una superficie de 2.257,52 mts.2.......
SEGUNDO: A restituir dicha parcela de terreno en las mismas condiciones en que se hallaba para el 08 de julio de 1993, fecha de la ocupación, libre de edificaciones y bienhechurías.
TERCERO: A respetar la zonificación C3 (comercio Comunal) que corresponde a la parcela de terreno y asignarle las variables urbanas propias de dicha zonificación e inscribirla en el Registro Catastral llevado al efecto por la Alcaldía de Baruta, para que la demandante pueda ejercer plenamente el dominio y posesión del inmueble.
CUARTO: A pagarle a la empresa C.A. El Cafetal los daños y perjuicios causados con motivo de la ocupación ilegal del inmueble identificado en el punto PRIMERO, y que consiste en lo siguiente:
1.- La suma de TREINTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 30.000.000,00), que la empresa C.A. El Cafetal debe restituir a la empresa Inmobiliaria 2290 C.A., como penalización por el incumplimiento de la opción de compraventa pactada sobre el terreno en cuestión.
2.- Los intereses que devengue esa cantidad, calculados a la tasa de interés corriente en el mercado, desde la fecha en que venció la última prórroga concedida a la empresa C.A. El Cafetal para cumplir con su obligación, el 09 de febrero de 1994, hasta la fecha de la sentencia más la compensación por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, que deberá calcularse mediante experticia complementaria.
3.- La utilidad dejada de percibir por la demandante por concepto de intereses, con la colación (sic) de la suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 174.400.000,00), que habría recibido de la empresa Inmobiliaria 2290 C.A.........
Según oficio Nº 0786 del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas del 24 de abril de 2001, la cantidad de dinero a ser pagada por el Municipio Baruta a la C.A. El Cafetal asciende a la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE BOLIVARES CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 1.642.821.159,46).
Igualmente condenó al Municipio Baruta al pago de las costas procesales conforme al artículo 105 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
Contra la sentencia definitivamente firme, dictada el 1 de febrero de 1999, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas el Municipio Baruta ejerció ante esta Sala Constitucional acción de amparo constitucional, por considerar vulnerado su derecho a ser juzgado por sus jueces naturales y por estar incurso todo el juicio principal en un fraude procesal, conforme lo disponen los artículos 49 y 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 11, 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil.
Para fundamentar tales denuncias expusieron sus abogados:
Que corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa condenar a la Administración Pública al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de ésta, conforme lo dispone el artículo 259 de la vigente Constitución.
Que de un análisis concatenado del artículo 259 de la Constitución, con el ordinal 1º del artículo 183 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, no cabe dudas de que el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas es el competente para conocer en primera instancia de una demanda ejercida contra un estado o un municipio.
Ahora bien, respecto a la apelación de las decisiones dictadas por los juzgados que conozcan en primera instancia de una demanda incoada contra un estado o un municipio, el ordinal 3º, del artículo 182 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia atribuye la competencia para su conocimiento a los tribunales a que hace alusión el artículo 181 eiusdem, esto es, a los Juzgados Superiores con competencias en lo Contencioso Administrativo.
Que dicho criterio viene siendo sustentado por recientes decisiones de la Sala Político Administrativa, dentro de las que citaron las del 15 de mayo y 21 de junio de 2001.
Que en el caso de autos, la apelación ejercida contra la sentencia del 28 de julio de 1997, dictada por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, no era competencia del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, sino de cualquiera de los Juzgados Superiores con competencias en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, motivo por el cual se produjo la violación del derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de 1999.
Que a pesar de que la decisión impugnada es de 1999, no opera el consentimiento expreso de la lesión consagrado como causal de inadmisibilidad en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que la competencia por la materia es de orden público, tal como lo ha expresado esta Sala en sentencias que al efecto citan, como lo son las del 15 de febrero de 2000, 24 de marzo de 2000, 1 y 9 de marzo de 2001, 6 de abril de 2001, 5 de junio de 2001.
Adicionalmente a lo anterior, luego de un análisis del tracto legal del terreno objeto de la reivindicación en el juicio principal, denuncian un fraude procesal, por considerar que:
De todo lo explicado anteriormente se obtiene como conclusión que para el momento en que C.A. El Cafetal intentó su demanda de reivindicación conjuntamente con acción indemnizatoria de daños y perjuicios, en contra del Municipio Baruta, con ocasión de la parcela BD-2, dicha empresa ya no era para ese momento propietaria de esa parcela, por cuanto el Banco Venezolano de Crédito, en el año 1963 la había adquirido en propiedad en virtud del remate judicial tantas veces mencionado, y vendido posteriormente en el año 1964 a la empresa Venezolana de Bienes, C.A., siendo que ésta (sic) empresa reparceló en el año 1968 en el sector donde estaba ubicada la parcela BD-2, en cuanto a la zonificación, destinando a esta parcela (BD2) como Parque Público e identificándola con el No. 22.
Siendo lo anterior así, no procedía que el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas condenara al Municipio Baruta a entregarle a la empresa C.A. El Cafetal una parcela que es propiedad de la municipalidad, de conformidad con el documento de parcelamiento protocolizado en fecha 15 de octubre de 1968, ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, bajo el Nº 13, Tomo 26, Protocolo Primero, en concordancia con el oficio No. 573 y artículo 98 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística; y menos aún, procedía condenar al Municipio Baruta a indemnizar a esa empresa por concepto de daños y perjuicios, responsabilizando al Municipio Baruta del incumplimiento en el cual supuestamente incurrió C.A. El Cafetal con la empresa Inmobiliaria 2290 C.A., empresa esta última a la cual C.A. El Cafetal había vendido, mediante un documento de opción de compra-venta, un bien destinado a un servicio público propiedad del Municipio Baruta.
Lo anterior demuestra que el ciudadano Yehya Youwayed Kahuati, representante de C.A. El Cafetal, utilizó el proceso incoado en contra de nuestra representada, con fines distintos a la obtención de una justicia leal, real, verdadera y efectiva, muy por el contrario, empleó ese proceso para satisfacer injustas pretensiones fraudulentas, las cuales no fueron otras que el de lograr una injusta sentencia condenatoria de contenido patrimonial en contra del Municipio Baruta, a los fines de acrecentar su propio patrimonio, lo que se agrava aún más en el presente caso si tomamos en cuenta que los bienes afectados por dicha sentencia están destinados a la prestación de un servicio público, como lo es parque infantil; y afecta indudablemente el erario municipal, al condenarse al municipio Baruta al pago de cantidades de dinero.
Adicionalmente a lo anterior, solicitaron les fuera decretada medida cautelar con el objeto de suspender la ejecución mientras dure el presente juicio.
Finalmente, solicitaron les fuera restituida la situación jurídica infringida mediante la nulidad de las decisiones impugnada, así como la de todo el proceso.
II
DE LA COMPETENCIA
Esta Sala, al delimitar su competencia en materia de amparo constitucional, a través de su sentencia del 20 de enero de 2000, Caso Emery Mata Millán, se declaró competente para conocer de las acciones de amparo constitucional contra sentencias dictadas por los Juzgados Superiores, en los siguientes términos:
Igualmente, corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales
En el presente caso, se ejerce la acción de amparo constitucional contra una decisión emanada del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, motivo por el cual, esta Sala, congruente con el fallo mencionado ut supra, se declara competente para conocer de la presente acción, y así se decide.
III
ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Una vez analizado el contenido de la acción propuesta a la luz de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala estima que la misma no está incursa en ninguno de los supuestos de dicho artículo, por tratarse de denuncias graves que de ser ciertas afectarían el orden público. Además la acción propuesta satisface las exigencias del artículo 18 eiusdem, debe ser admitida cuanto ha lugar en derecho, y así se declara.
IV
DE LA MEDIDA CAUTELAR
La parte actora solicita le sea acordada medida cautelar innominada, con la finalidad de que mientras dure el presente proceso se suspenda la ejecución de la decisión impugnada.
Observa la Sala que respecto a la solicitud de medidas cautelares dentro de juicios de amparo constitucional, tal como lo estableció en su sentencia del 24 de marzo de 2000 (Corporación L Hotels, C.A.), el peticionante no está obligado a probar la existencia de fumus boni iuris ni del periculum in mora, sino que, dada la celeridad y brevedad que caracterizan al proceso de amparo constitucional, depende únicamente del sano criterio del juez acordar o no tales medidas, tomando en consideración las circunstancias particulares del caso sometido a su examen.
Al respecto, esta Sala aprecia que, de los hechos narrados por el accionante y su defensor, así como del análisis de las actas procesales, se evidencia la existencia de una situación que amerita la utilización por parte de esta Sala Constitucional de sus amplios poderes cautelares, por lo cual declara procedente la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, acuerda la suspensión de la ejecución del fallo dictado, el 1 de febrero de 1999, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mientras dure el presente proceso. Así finalmente se declara.
V
DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE AMPARO CONTRA SENTENCIAS
Definida la competencia de esta Sala para conocer de la presente causa y admitida como ha sido la misma, resta por determinar el procedimiento a seguir para su tramitación, el cual deberá ceñirse al cumplimiento de los principios de oralidad, brevedad, publicidad, gratuidad y no sujeción a formalismos, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Esta Sala, obrando dentro de la facultad que le confiere el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en conjunción con los principios mencionados en el párrafo anterior, los cuales están consagrados en los artículos 26 y 49 del nuevo Texto Fundamental, interpretó con relación al procedimiento a seguir para la tramitación de los amparos contra sentencias, que el mismo deberá desarrollarse en lo adelante de la manera siguiente:
Cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más y por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la causa donde se admitió el fallo, inmediatamente a su recepción, se notificará al juez o encargado del Tribunal, así como las partes en su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia.
Las partes del juicio donde se dictó el fallo impugnado podrán hacerse partes, en el proceso de amparo, antes y aún dentro de la audiencia pública, más no después, sin necesidad de probar su interés. Los terceros coadyuvantes deberán demostrar su interés legítimo y directo para intervenir en los procesos de amparo de cualquier clase antes de la audiencia pública.
La falta de comparecencia del Juez que dicte el fallo impugnado o de quien esté a cargo del Tribunal, no significarán aceptación de los hechos, y el órgano que conoce del amparo, examinará la decisión impugnada (Sentencia de esta Sala del 1º de febrero de 2000, Caso José A. Mejía).
Ahora bien, teniendo en cuenta que en el presente caso se ejerce la acción de amparo constitucional contra sentencia, esta Sala, congruente con el fallo antes parcialmente trascrito, aplicará el procedimiento por ella previsto para su tramitación, y así se declara.
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
1) Se ADMITE la acción de amparo constitucional ejercida por los abogados Jesús Alberto Díaz Peña, Humberto Arenas Machado y Ricardo Baroni Uzcategui, actuando el primero de ellos como Síndico Procurador Municipal del MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA, y los dos últimos como apoderados judiciales de dicho ente municipal, contra la decisión dictada el 1 de febrero de 1999, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.
2) Se ORDENA la notificación del Juez del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, para que concurra a la audiencia constitucional el día y hora que fije la Secretaría de esta Sala, verificada como sea su notificación en el presente expediente, advirtiéndosele que su no comparecencia no se entenderá como aceptación de los hechos. Igualmente, se ORDENA la notificación del demandante C.A. El Cafetal- en el juicio principal por intermedio del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, con la advertencia que de no realizarlo a la brevedad posible se reputará como un desacato a una orden de este máximo Tribunal.
3) Notifíquese de la presente acción al ciudadano Fiscal General de la República.
4) Se ACUERDA la medida cautelar innominada solicitada por la accionante. En consecuencia se suspenden los efectos de la ejecución de la decisión dictada el 1 de febrero de 1999, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Líbrense las correspondientes boletas de notificación. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 11 de OCTUBRE del dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente-Ponente,
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
José Manuel Delgado Ocando
Magistrado
Antonio García García
Magistrado
Pedro Rafael Rondón Haaz
Magistrado
El Secretario,
José Leonardo Requena
Exp. 01-1738
IRU/rln/gps
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias