Venley

Sentencia N.º 1934

Sentencia
N.º 1934
Fecha
21/11/2006
Sala
Constitucional
Expediente
06-0765
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Recurso de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

El 23 de mayo de 2006, los abogados RÓMULO JESÚS PACHECO FERRER, JOSÉ LUIS GONZÁLEZ y CARLOS CHOURIO, en su carácter de Fiscales Décimo Séptimo a nivel Nacional con competencia plena, Tercero y Decimoprimero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, respectivamente, solicitaron ante esta  Sala Constitucional de conformidad con lo establecido en el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la revisión de la sentencia No. 563, dictada el 10 de julio de 2001 por la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal “que desestimo por inadmisible el Recurso de casación interpuesto por el Fiscal Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia en contra de la sentencia Absolutoria dictada por el Juzgado Décimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del referido Estado, constituido con jurados, en fecha 15 de mayo de 2000, a favor de los ciudadanos SOBEIDA MENESES FERNÁNDEZ, RIBERTO MENESES FERNÁNDEZ y REINALDO JOSÉ BELTRÁN (…) quienes fueron acusados por la comisión del delito de Homicidio Calificado, previsto en el artículo 408, ordinal 1º del Código penal vigente para la fecha de los hechos (sic)”.

El 26 de mayo de 2006, se dio cuenta en la Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Efectuado el estudio de los recaudos consignados, pasa esta Sala a decidir, previas las consideraciones siguientes:

DE LA REVISIÓN SOLICITADA

Fundamentaron  los actores su solicitud de revisión, en lo siguiente:

1.- Que “en el caso concreto, el Ministerio Público es del criterio que se incurrió en un exagerado formalismo en la interpretación del artículo 454 del Código orgánico Procesal penal, que regulaba y discriminatoriamente restringía los Recursos de casación solo a decisiones condenatoria, cuando era emanadas de Juzgado constituidos con jurados y por tanto se vulneraron los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso del Ministerio Público y de las Víctimas, todos previstos en los artículos 49 y 26 del Texto Fundamental, que impone a esta honorable Sala Constitucional, su restablecimiento a través de la revisión y anulación de la decisión”.

2.- Que “la decisión dictada por la Sala de Casación Penal (…)evidentemente es violatoria de los valores de igualdad y justicia contemplados en nuestra carta Magna, al circunscribir el Recurso de Casación a sentencias condenatorias a tenor de lo dispuesto en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal penal, vigente para la época (sic)”

3.- Que “en el caso concreto, la Sala de Casación Penal violó el derecho a la defensa del Ministerio Público, al admitirse la existencia de impugnaciones privilegiadas (…) si la Sala Penal estableció el derecho de recurrir que tiene el condenado por una sentencia emanada del Tribunal con Jurados, en base a lo establecido en el antiguo artículo454 del Código Orgánico Procesal Penal, de la misma Constitución (…) ha de derivarse la concesión de ese mismo derecho a todas las partes (sic)”.

DEL FALLO CUYA REVISIÓN SE SOLICITA

La Sala de Casación Penal de este Supremo Tribunal en sentencia del 10 de julio de 2001, cuya copia certificada consta en autos, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Fiscal Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia contra la sentencia del Juzgado Décimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del referido Estado, constituido con jurados, que absolvió a los ciudadanos SOBEIDA MENESES FERNÁNDEZ, RIBERTO MENESES FERNÁNDEZ y REINALDO JOSÉ BELTRÁN.

Fundamentó la referida Sala de Casación su fallo, en lo siguiente:

“El Juzgado Décimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, constituido con jurados, en fecha 15 de mayo de 2000, absolvió a los ciudadanos Sobeida Meneses Fernández, Riberto Meneses Fernández y Reinaldo José Beltrán venezolanos, naturales de Maracaibo, y con cédulas de identidad números 9.771.796, 14.738.045, 11.688.226, respectivamente, del delito de homicidio calificado, previsto en el artículo 408, ordinal 1°, del Código Penal, por el cual les formuló cargos el Fiscal Tercero del Ministerio Público.

Los hechos, por los cuales se sigue el presente juicio, son los siguientes: El día 25 de diciembre de 1999, siendo aproximadamente las 8:00 p.m, en el Restaurante “El Mamón”, situado en la Avenida Principal del Barrio El Mamón de la misma ciudad, varios sujetos, portando armas de fuego, realizaron varios disparos a consecuencia de los cuales resultó mortalmente herido el ciudadano Luis Alberto Fernández.

El ciudadano Fiscal Tercero del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, propuso y fundamentó recurso de casación contra la referida sentencia en los siguientes términos: Con fundamento en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denunció la infracción del artículo 365, ordinales 3° y 4°, ejusdem, por considerar que la recurrida incurrió en inmotivación.

Emplazado el abogado Daniel Olmos, no identificado en autos, en su carácter de defensor de los procesados, para la contestación del recurso, no lo hizo y el día 7 de septiembre de 2000, fueron remitidas las actuaciones a este Tribunal Supremo de Justicia. Recibidas las actuaciones, el día 6 de octubre de 2000, se dio cuenta en Sala de Casación Penal y se designó Ponente al Magistrado Doctor Rafael Pérez Perdomo quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.

Cumplidos, como han sido, los trámites procedimentales del caso y encontrándose la Sala en la oportunidad para pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del recurso, lo hace en los siguientes términos:

El artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, segundo aparte, establece los motivos de procedencia del recurso de casación contra los veredictos y sentencias dictadas por los Tribunales de jurados, señalando que si el veredicto fue emitido por mayoría, el recurso podrá fundarse, además en la insuficiencia de prueba o errónea apreciación de la realizada que evidencie la existencia de una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado. En el presente caso, la sentencia es absolutoria, por lo cual el dispositivo de la sentencia, no se corresponde con los supuestos anteriormente descritos y que hacen admisible el recurso. En consecuencia, esta Sala considera procedente declarar inadmisible el recurso. Así se decide”.

 

COMPETENCIA DE LA SALA

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión constitucional y, a tal fin, observa:

Esta Sala ha mantenido su doctrina respecto de su facultad para revisar las actuaciones de las otras Salas de este Supremo Tribunal y de los demás tribunales y juzgados del país que contraríen las normas y principios contenidos en la Constitución, así como aquellas que se opongan a las interpretaciones que sobre tales norma y principios haya realizado esta Sala Constitucional, en ejercicio de las atribuciones conferidas de forma directa por el Texto Constitucional, según lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución.

Igualmente la Sala ha señalado que tal facultad de revisión persigue garantizar el cumplimiento, vigencia y respeto de los postulados constitucionales, así como la integridad de la interpretación, en tanto se trata de una Sala con facultades expresas para tal función, concebida como un órgano especializado para ello. Sin embargo, aún cuando la Sala posee los mas amplios poderes de revisión sobre aquellas decisiones en las que el ordenamiento constitucional permite su intervención, no se trata de una potestad genérica e irrestricta, en el sentido de que pueda revisar cualquier decisión, antes bien, debe tratarse de específicas sentencias que, en todo caso, serán precisadas por la legislación que se dicte.

La novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 5, numerales 4 y 16, atribuyó a esta Sala Constitucional la competencia para revisar las sentencias dictadas por las otras Salas de este Máximo Tribunal y las definitivamente firmes de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de leyes y normas jurídicas, dictadas por los demás tribunales de la República. 

Siendo ello así, la Sala observa que la solicitud de revisión fue interpuesta contra la sentencia No. 563, dictada el 10 de julio de 2001 por la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, respecto de la cual los solicitantes estimaron que infringió “disposiciones constitucionales relativas al debido proceso”

En atención a la anterior denuncia y con fundamento en las consideraciones precedentemente expuestas, la Sala estima pertinente asumir su competencia para conocer y decidir la revisión solicitada, en tanto que la misma estará sujeta al examen que de las actas del proceso se realice a fin de constatar la existencia de un error evidente o craso en la interpretación de la Constitución vigente, o de la sustracción absoluta de los criterios interpretativos de normas constitucionales adoptados por esta Sala Constitucional, y así se declara.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Como se acotó precedentemente la potestad de revisión atribuida a esta Sala por el artículo 336.10 de la Constitución comprende tanto los fallos definitivamente firmes que dicten las otras Salas de este Máximo Tribunal, como los demás Tribunales de la República, con la indicación de que el objeto de este recurso es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según el artículo 335 del Texto Fundamental.

Ahora bien, esta norma constitucional no dispone, de manera alguna, la creación de una tercera instancia en los procesos cuyas decisiones son sometidas a revisión. El precepto constitucional referido lo que incorpora es una potestad estrictamente excepcional y facultativa para la Sala Constitucional que, como tal, debe ejercerse con la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de recursos de revisión de sentencias definitivamente firmes.

Por su parte, el señalado artículo 5.4 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal establece como supuestos de procedencia de la revisión que se denuncie fundadamente lo siguiente: la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República o, que la sentencia haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación.

A criterio de esta Sala, el caso de autos, es producto de la valoración soberana realizada por la Sala de Casación Penal sobre el asunto sometido a su conocimiento, respecto del cual en sentencia del 9 de junio de 2005 (Caso: Giuseppe Antonio Valenti Damiata y otro) se pronunció esta Sala, en los términos siguientes:

“La interpretación y aplicación de las reglas que regulan el acceso a los recursos legalmente establecidos es, en principio, una cuestión de legalidad ordinaria,  cuyo conocimiento compete exclusivamente a los jueces, a quienes corresponde precisar el alcance de las normas procesales.

Dichos preceptos legales que regulan el acceso a los recursos, son necesarios, tomando en cuenta la naturaleza y finalidad del proceso, debiendo respetarse determinados formalismos que establecen que, ciertas consecuencias, no se tendrán por producidas cuando no se observen los requisitos de admisibilidad o procedibilidad, todo esto en aras de la certeza y la seguridad jurídica.

Tales exigencias formales, que cumplen, por lo general, un cometido eminente en la ordenación del proceso, deben interpretarse en el sentido más favorable para su efectividad, tratando que no se conviertan en un obstáculo insalvable que no permita la continuación del proceso, y sólo deben causar la grave consecuencia de la inadmisión del recurso o de la petición cuando no sean perfectamente observadas por el recurrente”.

Por ello, en el presente caso, no se da el supuesto de procedencia invocado por los solicitantes a los fines de motorizar la revisión de tal sentencia –la cual tiene el carácter de cosa juzgada- toda vez que no se observa en ella el desconocimiento de algún criterio interpretativo de normas constitucionales que haya sido previamente establecido por esta Sala Constitucional, en especial el referido al derecho al debido proceso –denunciado como infringido-, razón por la cual la presente solicitud de revisión no contribuye a sustentar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, toda vez que la revisión constitucional no constituye un medio de defensa ante la configuración de pretendidas violaciones o sufrimientos de injusticias, sino una potestad extraordinaria y excepcional de esta Sala Constitucional.

Por último, respecto del alegato de los actores, en cuanto a que, en el caso concreto “la Sala de Casación Penal violó el derecho a la defensa del Ministerio Público, al admitirse la existencia de impugnaciones privilegiadas”,  toda vez que “en virtud del principio de igualdad de las partes, que es inherente a la noción de proceso, no pueden existir recursos exclusivos para el condenado y no para el Ministerio Público, quien es parte, por lo que no puede tener más derechos procesales que las otras, pero tampoco menos. Más aun, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, exigen que todas las partes en el proceso tengan las mismas facultades de impugnar un fallo que le es desfavorable. Si la Sala Penal estableció el derecho de recurrir que tiene el condenado por una sentencia emanada del tribunal con jurados, en base a lo establecido en el antiguo artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, de la misma Constitución (…) en su artículo 21, numeral 2 ha de derivarse la concesión de ese mismo derecho a todas las partes (sic)”,  estima esta Sala preciso acotar, lo siguiente:

El para la época vigente artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuya disposición se basó la mayoría sentenciadora de la Sala de Casación Penal, para declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la representación del Ministerio Público, establecía: “Artículo 454. Veredicto y sentencia del tribunal de jurados. Si el veredicto de culpabilidad es pronunciado por la unanimidad de los jurados, el recurso sólo podrá fundarse en un quebrantamiento u omisión de formas sustanciales que cause indefensión, o cuando la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal consista en que el juez presidente declaró en la sentencia como ilícito un hecho lícito, o incurrió en un error de derecho al calificar el delito, la participación del acusado o al aplicar la pena. Si el veredicto fue emitido por mayoría, el recurso podrá fundarse, además, en la insuficiencia de prueba, o errónea apreciación de la realizada, que evidencie la existencia de una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado”.

La referida norma permitía deducir, que además de las decisiones señaladas en el igualmente vigente -para la época- artículo 451, como recurribles en casación, también lo eran las sentencias del Tribunal de Jurados dictadas luego de un veredicto de culpabilidad con base en los motivos taxativos en ella expresados; por lo que, obviamente, debía concluirse que la sentencia del Tribunal de Jurados dictada luego de un veredicto de inculpabilidad, no lo era, toda vez que no existía disposición en el derogado Código Orgánico Procesal Penal de 1999, que expresamente así lo previera o de la cual ello podía deducirse. Por tanto, contra ésta última sentencia no era admisible ni el recurso de apelación –como expresamente lo disponía el artículo 443- ni tampoco el de casación. Por tanto, la inimpugnabilidad en casación de la sentencia inculpatoria dictada por un Tribunal de Jurados, no era una potestad que le correspondía a la Sala de Casación Penal; sino, por el contrario, por expresa negativa legal.

Por otra parte, no es la revisión constitucional la vía para atacar la constitucionalidad del tantas veces señalado artículo 454. Si el Ministerio Público pretende eliminar los efectos nocivos que dicha norma le pudo causar, debido a razones de inconstitucionalidad total o parcial, debe tratar de conseguir la nulidad de la misma, mediante el medio procesal idóneo para ello, y luego lograr se anulen, además, los efectos nacidos de la ley inconstitucional.

Con base en lo anterior, esta Sala declara que no ha lugar la solicitud de revisión interpuesta,  y así se declara.

 

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República  por autoridad de la Ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por los abogados RÓMULO JESÚS PACHECO FERRER, JOSÉ LUIS GONZÁLEZ y CARLOS CHOURIO, en su carácter de Fiscales Décimo Séptimo a nivel Nacional con competencia plena, Tercero y Decimoprimero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, respectivamente, de la sentencia No. 563, dictada el 10 de julio de 2001 por la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal.

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 21 días del mes de noviembre de dos mil seis (2006). Años: 196 ° de la Independencia y 147° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

 

Francisco Carrasquero López

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

 

Arcadio Delgado Rosales

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp: No. 06-0765

JECR/

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