Sentencia N.º 1934
- Sentencia
- N.º 1934
- Fecha
- 21/11/2006
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 06-0765
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El 23 de mayo de 2006, los abogados RÓMULO JESÚS PACHECO FERRER, JOSÉ LUIS GONZÁLEZ y CARLOS CHOURIO, en su carácter de Fiscales Décimo Séptimo a nivel Nacional con competencia plena, Tercero y Decimoprimero del Ministerio Público de
El 26 de mayo de 2006, se dio cuenta en
Efectuado el estudio de los recaudos consignados, pasa esta Sala a decidir, previas las consideraciones siguientes:
DE
Fundamentaron los actores su solicitud de revisión, en lo siguiente:
1.- Que en el caso concreto, el Ministerio Público es del criterio que se incurrió en un exagerado formalismo en la interpretación del artículo 454 del Código orgánico Procesal penal, que regulaba y discriminatoriamente restringía los Recursos de casación solo a decisiones condenatoria, cuando era emanadas de Juzgado constituidos con jurados y por tanto se vulneraron los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso del Ministerio Público y de las Víctimas, todos previstos en los artículos 49 y 26 del Texto Fundamental, que impone a esta honorable Sala Constitucional, su restablecimiento a través de la revisión y anulación de la decisión.
2.- Que la decisión dictada por
3.- Que en el caso concreto,
DEL FALLO CUYA REVISIÓN SE SOLICITA
Fundamentó la referida Sala de Casación su fallo, en lo siguiente:
El Juzgado Décimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, constituido con jurados, en fecha 15 de mayo de 2000, absolvió a los ciudadanos Sobeida Meneses Fernández, Riberto Meneses Fernández y Reinaldo José Beltrán venezolanos, naturales de Maracaibo, y con cédulas de identidad números 9.771.796, 14.738.045, 11.688.226, respectivamente, del delito de homicidio calificado, previsto en el artículo 408, ordinal 1°, del Código Penal, por el cual les formuló cargos el Fiscal Tercero del Ministerio Público.
Los hechos, por los cuales se sigue el presente juicio, son los siguientes: El día 25 de diciembre de 1999, siendo aproximadamente las 8:00 p.m, en el Restaurante El Mamón, situado en
El ciudadano Fiscal Tercero del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, propuso y fundamentó recurso de casación contra la referida sentencia en los siguientes términos: Con fundamento en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denunció la infracción del artículo 365, ordinales 3° y 4°, ejusdem, por considerar que la recurrida incurrió en inmotivación.
Emplazado el abogado Daniel Olmos, no identificado en autos, en su carácter de defensor de los procesados, para la contestación del recurso, no lo hizo y el día 7 de septiembre de 2000, fueron remitidas las actuaciones a este Tribunal Supremo de Justicia. Recibidas las actuaciones, el día 6 de octubre de 2000, se dio cuenta en Sala de Casación Penal y se designó Ponente al Magistrado Doctor Rafael Pérez Perdomo quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.
Cumplidos, como han sido, los trámites procedimentales del caso y encontrándose
El artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, segundo aparte, establece los motivos de procedencia del recurso de casación contra los veredictos y sentencias dictadas por los Tribunales de jurados, señalando que si el veredicto fue emitido por mayoría, el recurso podrá fundarse, además en la insuficiencia de prueba o errónea apreciación de la realizada que evidencie la existencia de una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado. En el presente caso, la sentencia es absolutoria, por lo cual el dispositivo de la sentencia, no se corresponde con los supuestos anteriormente descritos y que hacen admisible el recurso. En consecuencia, esta Sala considera procedente declarar inadmisible el recurso. Así se decide.
COMPETENCIA DE
Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión constitucional y, a tal fin, observa:
Esta Sala ha mantenido su doctrina respecto de su facultad para revisar las actuaciones de las otras Salas de este Supremo Tribunal y de los demás tribunales y juzgados del país que contraríen las normas y principios contenidos en
Igualmente
La novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 5, numerales 4 y 16, atribuyó a esta Sala Constitucional la competencia para revisar las sentencias dictadas por las otras Salas de este Máximo Tribunal y las definitivamente firmes de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de leyes y normas jurídicas, dictadas por los demás tribunales de
Siendo ello así,
En atención a la anterior denuncia y con fundamento en las consideraciones precedentemente expuestas,
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Como se acotó precedentemente la potestad de revisión atribuida a esta Sala por el artículo 336.10 de
Ahora bien, esta norma constitucional no dispone, de manera alguna, la creación de una tercera instancia en los procesos cuyas decisiones son sometidas a revisión. El precepto constitucional referido lo que incorpora es una potestad estrictamente excepcional y facultativa para
Por su parte, el señalado artículo 5.4 de
A criterio de esta Sala, el caso de autos, es producto de la valoración soberana realizada por
La interpretación y aplicación de las reglas que regulan el acceso a los recursos legalmente establecidos es, en principio, una cuestión de legalidad ordinaria, cuyo conocimiento compete exclusivamente a los jueces, a quienes corresponde precisar el alcance de las normas procesales.
Dichos preceptos legales que regulan el acceso a los recursos, son necesarios, tomando en cuenta la naturaleza y finalidad del proceso, debiendo respetarse determinados formalismos que establecen que, ciertas consecuencias, no se tendrán por producidas cuando no se observen los requisitos de admisibilidad o procedibilidad, todo esto en aras de la certeza y la seguridad jurídica.
Tales exigencias formales, que cumplen, por lo general, un cometido eminente en la ordenación del proceso, deben interpretarse en el sentido más favorable para su efectividad, tratando que no se conviertan en un obstáculo insalvable que no permita la continuación del proceso, y sólo deben causar la grave consecuencia de la inadmisión del recurso o de la petición cuando no sean perfectamente observadas por el recurrente.
Por ello, en el presente caso, no se da el supuesto de procedencia invocado por los solicitantes a los fines de motorizar la revisión de tal sentencia la cual tiene el carácter de cosa juzgada- toda vez que no se observa en ella el desconocimiento de algún criterio interpretativo de normas constitucionales que haya sido previamente establecido por esta Sala Constitucional, en especial el referido al derecho al debido proceso denunciado como infringido-, razón por la cual la presente solicitud de revisión no contribuye a sustentar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, toda vez que la revisión constitucional no constituye un medio de defensa ante la configuración de pretendidas violaciones o sufrimientos de injusticias, sino una potestad extraordinaria y excepcional de esta Sala Constitucional.
Por último, respecto del alegato de los actores, en cuanto a que, en el caso concreto
El para la época vigente artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuya disposición se basó la mayoría sentenciadora de
La referida norma permitía deducir, que además de las decisiones señaladas en el igualmente vigente -para la época- artículo 451, como recurribles en casación, también lo eran las sentencias del Tribunal de Jurados dictadas luego de un veredicto de culpabilidad con base en los motivos taxativos en ella expresados; por lo que, obviamente, debía concluirse que la sentencia del Tribunal de Jurados dictada luego de un veredicto de inculpabilidad, no lo era, toda vez que no existía disposición en el derogado Código Orgánico Procesal Penal de 1999, que expresamente así lo previera o de la cual ello podía deducirse. Por tanto, contra ésta última sentencia no era admisible ni el recurso de apelación como expresamente lo disponía el artículo 443- ni tampoco el de casación. Por tanto, la inimpugnabilidad en casación de la sentencia inculpatoria dictada por un Tribunal de Jurados, no era una potestad que le correspondía a
Por otra parte, no es la revisión constitucional la vía para atacar la constitucionalidad del tantas veces señalado artículo 454. Si el Ministerio Público pretende eliminar los efectos nocivos que dicha norma le pudo causar, debido a razones de inconstitucionalidad total o parcial, debe tratar de conseguir la nulidad de la misma, mediante el medio procesal idóneo para ello, y luego lograr se anulen, además, los efectos nacidos de la ley inconstitucional.
Con base en lo anterior, esta Sala declara que no ha lugar la solicitud de revisión interpuesta, y así se declara.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente-Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
Pedro Rafael Rondón Haaz
Francisco Carrasquero López
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Carmen Zuleta de Merchán
Arcadio Delgado Rosales
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp: No. 06-0765
JECR/
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