Venley

Sentencia N.º 1935

Sentencia
N.º 1935
Fecha
21/11/2006
Sala
Constitucional
Expediente
06-0783
Ponente
Jesús E. Cabrera Romero
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

El 23 de octubre de 2006, la ciudadana ANA MARÍA BOTIFOLL, mediante la asistencia de la abogada VILMA PANTOJA, solicitó aclaratoria de la sentencia No. 1841, dictada por esta Sala el 20 de octubre de 2006, en la que declaró inadmisible –por ininteligible- la acción de amparo que conjuntamente con la ciudadana ROMELIA M. DE BOTIFOLL interpuso el 25 de mayo de 2006.

En la oportunidad señalada, la Secretaría de la Sala dio cuenta del escrito contentivo de la referida solicitud, el cual se acordó agregar al presente expediente.

Realizado el estudio del caso, esta Sala pasa a pronunciarse en los siguientes términos:

DE LA ACLARATORIA SOLICITADA

            En su solicitud de aclaratoria, la peticionante, entre otras consideraciones, señaló lo siguiente:

“ (…) a fin de solicitar al Magistrado Ponente de la sentencia (…) una aclaratoria, mi progenitora (…) y yo estamos siendo víctimas de hostigamiento y una serie de atropellos por parte de la CANTV y de un grupo de vecinos; esto lo denunciamos ante la Defensoría del Pueblo, (…) en vista de que la Defensoría del Pueblo aparentemente no actuó (…) recurrimos (…) para introducir un recurso de amparo contra la Defensoría del Pueblo y no contra la CANTV (…) razón por la cual solicito aclaratoria de si esa es la razón de ser ininteligible mi solicitud y aprovecho la oportunidad para rectificar y expresar que mi progenitora y yo, somos concesionarias de la líneas telefónicas del Parcelamiento Pipe Abajo, Parroquia Caricuao (…) y CANTV (…) pasando por encima de los derechos de la concesionaria Botifoll ha efectuado instalaciones de líneas telefónicas sin contar con la debida autorización (sic)”.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Para decidir acerca de la aclaratoria solicitada, observa la Sala lo siguiente:

La norma adjetiva de derecho común contenida en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, reza:

"Después de pronunciada la sentencia  definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.

Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente". (Resaltado de la Sala).

La disposición antes transcrita ha sido examinada por esta Sala en diversas decisiones, así en sentencia dictada el 9 de marzo de 2001 (Caso: Luis Morales Bance), se sostuvo:

“De la transcrita norma procesal se extrae, en primer lugar, la imposibilidad del tribunal de revocar o reformar su propia decisión -sea definitiva o interlocutoria sujeta a apelación-, lo cual responde a los principios de seguridad jurídica y de estabilidad e inmutabilidad de las decisiones.

Sin embargo, valoró el legislador que ciertas correcciones en relación con el fallo dictado sí le son permitidas al tribunal, por cuanto no vulneran los principios antes mencionados, sino, por el contrario, permiten una efectiva ejecución de lo decidido. Estas correcciones al fallo, conforme al único aparte del citado artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, se circunscriben a: i) aclarar puntos dudosos; ii) salvar omisiones; iii) rectificar errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia; iv) dictar ampliaciones.

Además, la posibilidad de salvar omisiones, rectificar errores manifiestos o dictar ampliaciones, no corresponde de oficio al tribunal que dictó el fallo sino que debe operar a solicitud de parte, en el breve lapso previsto en el transcrito artículo 252: el día en que se publica el fallo o al día siguiente.

De lo anterior se colige que la solicitud de rectificación del fallo, en los términos previstos en el único aparte del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, es un medio otorgado por dicha ley procesal a las partes en juicio cuyo fin no es otro que lograr que el tribunal aclare los puntos dudosos, salve las omisiones y rectifique los errores manifiestos de copia, de referencia o de cálculo numérico o dicte ampliaciones.

                                                           (…)

Por lo que respecta al caso concreto de la solicitud de ampliación  de sentencia, se puede señalar que la misma se trata -como ya se dijo- de un medio dado a las partes en juicio para que expresen al tribunal las razones que consideren pertinentes en relación con algún pedimento o asunto no resuelto por el sentenciador, pero sin que ello implique alterar la sentencia ya dictada, pretendiendo la revocatoria o modificación del fallo, por diferir del criterio allí expuesto por el tribunal. Es decir, subsiste la prohibición contenida en el encabezamiento del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, mediante la cual se imposibilita al tribunal revocar o/ modificar la sentencia  pronunciada.

En tal sentido, la solicitud de ampliación  de sentencia, tiene una doble función: correctiva y preventiva, toda vez que mediante la misma se corrige la falta de congruencia de la sentencia con lo pretendido por la parte actora y lo alegado por el legitimado pasivo en su defensa, en el punto o cuestión objeto de la ampliación, y previene la declaratoria de nulidad de la sentencia, por haber solucionado la decisión ampliatoria -la cual forma parte integrante de la sentencia definitiva o de la interlocutoria sujeta a apelación- el requisito intrínseco de forma cuya omisión afecta de nulidad la sentencia...”.

Conforme lo expuesto, en el presente caso, la Sala advierte, lo siguiente:

1.- Que la solicitud de aclaratoria fue presentada el 23 de octubre de 2006, esto es, en la primera oportunidad después de la publicación del fallo cuya aclaratoria pidió, motivo por el cual dicha solicitud cumple con el requisito de la temporalidad establecido en el señalado artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.

2.- Que en dicha solicitud, tal como precedente se señaló,  la ciudadana ANA MARÍA BOTIFOLL, fundó su pretensión en el hecho de que: “(…) mi progenitora (…) y yo estamos siendo víctimas de hostigamiento y una serie de atropellos por parte de la CANTV y de un grupo de vecinos; esto lo denunciamos ante la Defensoría del Pueblo, (…) en vista de que la Defensoría del Pueblo aparentemente no actuó (…) recurrimos (…) para introducir un recurso de amparo contra la Defensoría del Pueblo y no contra la CANTV (…) razón por la cual solicito aclaratoria de si esa es la razón de ser ininteligible mi solicitud (…)”.

Aprecia la Sala, de los términos en los cuales ha sido expresada la solicitud formulada, no sólo la existencia de una evidente confusión con respecto a la finalidad o propósito de la aclaratoria o ampliación de un fallo, sino que, además, denota la intención del solicitante de utilizar la vía de aclaratoria o ampliación de una sentencia con una orientación distinta a la que la misma persigue.

En efecto, en anteriores oportunidades, esta Sala ha establecido que la posibilidad de aclarar o ampliar la sentencia tiene como propósito la de rectificar los errores materiales, dudas u omisiones que se hayan podido cometer en el fallo, pero con la advertencia, de que dicha facultad no se extiende hasta la revocatoria o reforma de éste, sino a corregir las imperfecciones que le resten claridad a sus declaraciones. En consecuencia, la posibilidad de hacer aclaratorias o ampliaciones de las decisiones judiciales está limitada a exponer, con mayor precisión, algún aspecto del fallo que haya quedado ambiguo u oscuro, bien porque no esté claro su alcance en un punto determinado de la sentencia (aclaratoria); o bien, porque se haya dejado de resolver un pedimento (ampliación). Además, la aclaratoria permite corregir los errores materiales en que haya podido incurrir la sentencia (errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos).

Siendo ello así, a criterio de esta Sala, en el presente caso, no se dan los supuestos de hecho establecidos en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, antes transcrito, para proceder a la aclaratoria requerida, toda vez que no existiendo puntos dudosos, omisiones, errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, en la decisión cuya aclaratoria se solicitó, resulta a todas luces improcedente la misma.

De modo que, a juicio de la Sala, resulta improcedente la solicitud de aclaratoria formulada, en virtud de que no existe ambigüedad ni oscuridad en la sentencia No. 1841 del 2º de octubre de 2006, y así se declara.

DECISIÓN

Por las razones que han sido expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria formulada por la ciudadana ANA MARÍA BOTIFOLL, mediante la asistencia de la abogada VILMA PANTOJA, de la sentencia No. 1841 del 20 de octubre de 2006.

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 21 días del mes de noviembre_ de dos mil seis (2006). Años: 196 ° de la Independencia y 147° de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Los Magistrados,

 

 

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

 

 

Francisco Carrasquero López

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

 

Arcadio Delgado Rosales

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp. No. 06-0783(aclaratoria)

JECR/

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