Venley

Sentencia N.º 196

Sentencia
N.º 196
Fecha
11/07/2017
Sala
Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa
Expediente
2017-0584
Ponente
Juzgado de Sustanciación
Procedimiento
Recurso de Nulidad

SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA

JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN

 

Caracas, 11 de julio de 2017

207º y 158º

 

Por escrito presentado en fecha 27 de junio de 2017, los ciudadanos ANDRÉS RAMÓN GIUSSEPE AVALO, ISIDRO ANTONIO MAURERA SILGUERA, JULIO RAMÓN ANTEQUERA VILLEGAS, ZENAIDA MARÍA DA COSTA SUÁREZ e ISMAR ANTONIO MAURERA PERDOMO, titulares de las cédulas de identidad Nros. 11.161.976, 1.385.108, 3.864.247, 4.430.964 y 10.804.521, respectivamente, el último de los nombrados inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 151.857, los cuatro primeros integrantes del movimiento “Profesionales de Venezuela”, asistidos por el mencionado abogado y actuando todos igualmente en nombre propio, interpusieron demanda de nulidad “contra la Resolución signada con el Núm. 651 de fecha 17 de abril de 2017, publicada  en la Gaceta Oficial Núm. [41.132] de fecha 17 de abril de 2017 suscrita por la ciudadana Abogada LUISA ORTEGA DIAZ, en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual consta la designación del ciudadano Abogado RAFAEL ARCANGEL GONZALEZ ARIAS, titular de la cedula (sic) de identidad Núm. V-4.927.468 como Vicefiscal General de la República (Encargado)”. (Resaltado y agregado del Juzgado. Folio 2 del expediente).

Recibido el expediente de la Sala, se dio cuenta el 4 de julio de 2017, por lo que siendo tiempo hábil para decidir acerca de la admisibilidad de la pretensión propuesta, se pasa a emitir pronunciamiento en los términos siguientes:

En el presente caso, observa el Juzgado que mediante el acto recurrido, a saber, la Resolución N° 651 de fecha 17 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.132 de la misma data, la ciudadana Luisa Ortega Díaz, procediendo con el carácter de Fiscal General de la República y en “ejercicio de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en uso de las atribuciones establecidas en los numerales 1 y 3 del artículo 25 eiusdem”, designó como punto único y con efectos a partir de esa fecha “y hasta nuevas instrucciones de [esa] Superioridad”, al ciudadano Rafael González Arias, ya identificado, como Vicefiscal General de la República (Encargado), quien se venía desempeñando como “Director de Política Criminal”.

Conforme al texto de la Resolución en cuestión, el prenombrado ciudadano “podrá intervenir como representante del Ministerio Público en los asuntos de la Institución, en cualquier lugar del territorio nacional”; y asimismo, le fue delegada “la firma de los asuntos rutinarios o de mera tramitación”. (Folio 21 del expediente).

Destacado el contenido del acto objeto de impugnación, importa señalar que la legitimación para el ejercicio del recurso contencioso administrativo de nulidad varía según se pretenda el control jurisdiccional de actos de efectos particulares o de efectos generales; toda vez que dicha legitimación en el procedimiento cuyo objeto es la declaratoria de nulidad de un acto administrativo de efectos particulares, impone al recurrente la invocación y acreditación de un interés para actuar que deviene de encontrarse afectado en su propia esfera jurídica por el acto cuestionado, mientras que cuando se trata de actos de efectos generales, resulta suficiente con que el ciudadano ostente un interés amplio, no restringido o limitado al aporte de pruebas que demuestren la vulneración de un derecho o situación jurídica subjetiva propia.

Llegado a este punto, aprecia el Juzgado que si bien la providencia recurrida en el presente caso es un acto de efectos particulares, no es menos cierto que el aspecto concerniente a la legitimación para recurrir en causas como la de autos debe ser interpretada con mayor amplitud, particularmente en consideración a: i) la naturaleza del cargo de Vice Fiscal General de la República y de las funciones inherentes al mismo a nivel nacional, y ii) la contraloría social que ejerce cualquier ciudadano frente al ejercicio de determinadas funciones públicas.

Sin perjuicio de lo anterior, conoce este órgano sustanciador por motivos de notoriedad judicial, que:

a) El 19 de junio de 2017, se dio cuenta en la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, de la presentación del escrito suscrito por los ciudadanos Luisa Ortega Díaz, Rafael González Arias y Zair Mundaray, quienes indicaron actuar en su carácter de Fiscal General de la República, Vicefiscal General de la República y Director General de Actuación Procesal, respectivamente, contentivo del “recurso de nulidad por inconstitucionalidad del Decreto emanado del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela número 2.878, del 23 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 41.156 de la misma fecha en el que se establece las Bases Comiciales para la Asamblea Nacional”.

b) Mediante sentencia N° 470 del 27 de junio de 2017, la Sala Constitucional: i) se declaró competente para conocer y decidir el aludido recurso de nulidad; ii) declaró “NULA por ser CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, la Resolución n° 651 de fecha 17 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 41.132 de esa misma fecha, donde la ciudadana Luisa Ortega Díaz, en su condición de Fiscal General de la República, designó al ciudadano RAFAEL GONZÁLEZ ARIAS (…), como Vicefiscal General de la República (Encargado). En consecuencia, (…) NULOS de nulidad absoluta y no tienen por tanto efectos jurídicos, los actos y actuaciones realizadas por el prenombrado ciudadano, en las cuales haya fungido como ‘Vicefiscal General de la República’”; iii) dispuso que esa Sala, “por auto separado, designará de manera temporal al Vicefiscal General de la República”, lo que finalmente ocurrió en fecha 4 de julio de 2017; y iv) declaró “INADMISIBLE, la acción de nulidad propuesta por haber operado la cosa juzgada”. (Resaltado del texto).

Visto lo expuesto, esto es, la declaratoria de nulidad absoluta por parte de la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, de la Resolución N° 651 de fecha 17 de abril de 2017, contentiva de la designación del prenombrado ciudadano en el cargo de Vice Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los actos y actuaciones que hubiere realizado este en ejercicio de dicho cargo; este órgano sustanciador estima pertinente traer a colación el contenido  de  los artículos 16 del Código  de  Procedimiento  Civil -de aplicación supletoria a tenor del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa- y 29 de esta última, cuyos textos son del tenor siguiente:

 

“Artículo 16.- Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual (…)”. 

“Artículo 29.- Están legitimadas para actuar en la Jurisdicción Contencioso Administrativa todas las personas que tengan un interés jurídico actual”. (Subrayado añadido).

 

 

Asimismo, el artículo 35 numeral 7 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, prevé que:

 

“Artículo 35.- La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes:

…omissis…

7. Cuando sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley.” (Subrayado añadido).

 

En este sentido, interesa referir a lo expresado por la Sala Político Administrativa en sentencia N° 6.051 del 2 de noviembre de 2005, en torno al interés jurídico actual exigido para la interposición de una demanda. En dicho fallo, la Sala estableció lo siguiente:

 

“El interés al que se refiere el artículo citado (…), es el llamado interés procesal, la necesidad del proceso como único medio para obtener la satisfacción de la pretensión hecha valer en la demanda y que se supone incumplida por aquel contra el cual aquella es planteada. La reconocida concepción del proceso como instrumento que permite el desarrollo de la función jurisdiccional adquiere notable sentido con el llamado interés procesal, desde que resultaría inútil activar el inicio de una controversia judicial cuando no se tenga necesidad de hacerlo. (…)”. (Subrayado del Juzgado).

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Sala Constitucional en la referida sentencia  N° 470 del 27 de junio del año en curso, a través de la cual declaró -entre otros considerandos- la nulidad de “la Resolución signada con el Núm. 651 de fecha 17 de abril de 2017”, acto contra el cual los accionantes supra identificados interponen el presente “RECURSO DE NULIDAD”, se impone para este Juzgado concluir que no se verifica para la fecha un interés jurídico actual en obtener de la Sala Político Administrativa un dictamen de nulidad de un acto que ya ha sido declarado nulo por la mencionada Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, con los efectos jurídicos establecidos en el fallo de esta última.

Con base en lo anterior, constatada la inexistencia del presupuesto procesal que exigen las mencionadas disposiciones a los fines de proponer la demanda o “para actuar en la Jurisdicción Contencioso Administrativa” -derivada de la comentada declaratoria de nulidad-, este Juzgado declara inadmisible la presente demanda, de conformidad con lo previsto en los artículos 29 y 35 numeral 7, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, por falta de interés jurídico actual de los recurrentes. Así se decide. (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa N° 865 del 17 de julio de 2013 y decisión del Juzgado N° 107 del 25 de abril de 2017).

Notifíquese a la Procuraduría General de la República, a tenor de lo contemplado en el artículo 109 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Líbrese oficio y anéxese copia certificada de este pronunciamiento. Así se decide.

La Jueza,

 

 

Belinda Paz Calzadilla

  La Secretaria,

 

 

                                                             Noemí del Valle Andrade

 

Exp. N° 2017-0584/DA-JS

En fecha once (11) de julio del año dos mil diecisiete (2017), se publicó la anterior decisión bajo el Nro. 

                                                                               La Secretaria,

 

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